Página 4 | MI DIARIO Martes 16 de abril de 2024 Mi comunidad Sin transparencia REDACCIÓN Mi Diario En medio de una creciente preocupación por la transparencia en las gestiones del Estado, la Contraloría General de la República ha sido objeto de críticas tras negar información sobre los pagos del Gobierno Central, una información que la Ley de Transparencia declara de acceso público sin necesidad de sustentar o justificar la solicitud. La solicitud de acceso a la información fue presentada por la presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega, el pasado 29 de febrero al contralor Gerardo Solís. En su carta, Vega ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y acceso público, solicitó una base de datos detallada de todos los gastos del Estado con refrendo de la Contraloría desde el 1 de julio de 2019 hasta la fecha. Sin embargo, la respuesta de la Contraloría no satisfizo las expectativas de transparencia. En lugar de proporcionar la información solicitada, se le indicó a Vega que dirigiera su solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente a la Dirección General de Tesorería, adscrita al Viceministerio de Finanzas. Esta negativa a proporcionar información de acceso público ha generado preocupación sobre el compromiso real de la Contraloría con los principios de transparencia y rendición de cuentas. La Ley de Transparencia establece claramente que cualquier persona puede solicitar información pública en poder de las instituciones estatales, y la Contraloría tiene la obligación de garantizar este acceso. La situación se agrava después de que La Prensa revelara una base de datos con información sobre 4,909 auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), con un gasto conjunto de $141.1 millones. La lucha de María Gerbaud: en defensa del río Pacora CARLOS ÁVILA RIVAS [email protected] María Eugenia Gerbaud, portavoz de la Defensa del río Pacora desde 1991, ha expresado su preocupación por la aprobación de la Ley No. 181 de 17 de noviembre de 2020, impulsada por la diputada del PRD, Cenobia Vargas. Según Gerbaud, esta ley amenaza la integridad del Río Pacora y sus siete afluentes. Gerbaud critica la actitud de Vargas, quien, a pesar de la oposición pública, promovió la ley que, aunque protege la cuenca alta del río, deja desprotegidas las cuencas media y baja de Pacora, entregándolas a la industria. En una reunión en el gimnasio de San Martín, Gerbaud recibió un amplio respaldo de la comunidad en contra de la ley, con la excepción de la secretaria de Elías Vigil. Vargas, tras escuchar las explicaciones de Gerbaud y el rechazo de los habitantes de San Martín, prometió consultar con el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, la ley fue promulgada en pocos días. Gerbaud acusa a Vargas de hipocresía, afirmando que, a pesar de sus promesas de proteger el río Pacora, ha hecho lo contrario. Gerbaud advierte a la comunidad que, aunque Vargas pueda ofrecer incentivos, votar por ella contribuiría al daño del río Pacora y a la pérdida de su agua, turismo, agricultura, paisajismo y riqueza natural. Además, Gerbaud cuestiona la fuente de los fondos utilizados por Vargas para su campaña publicitaria en todo el circuito 8-6. Recuerda que Vargas es secretaria de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y está asociada con el diputado Benicio Robinson, conocido por utilizar $100.5 millones de ahorros de la deuda pública para pagar planillas de personal transitorio. Gerbaud concluye su comunicado con una crítica a la corrupción en el PRD. La Ley N° 181, aunque protege la cuenca alta del río Pacora, ha generado controversia debido a que no ofrece la misma protección para las cuencas media y baja del río. Esto significa que estas áreas quedan vulnerables a la explotación industrial. Gozaine defiende a Panamá CARLOS ÁVILA RIVAS [email protected] La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, ha criticado duramente el reciente informe de Human Rights Watch, calificándolo de “irresponsable ” y “nada objetivo”. Afirmó que el informe es un reflejo de una agenda “ideológica y política”. Gozaine destacó que, solo entre 2023 y lo que va de 2024, se han realizado 30 operaciones contra el tráfico de personas, lo que, según ella, demuestra que la migración no es un flujo legal, sino un negocio en el que está involucrado el crimen organizado. También criticó que el informe no refleja los verdaderos derechos humanos. Puso como ejemplo las críticas al sistema biométrico, que ha permitido detectar a personas con antecedentes penales. Contraloría niega información sobre los pagos del Estado
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