1A La Prensa Panamá, martes 18 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 18 de agosto de 2026 - Año 46 - Nº 15361 Las dietas del Consejo del Siacap subirán de $28 mil a $48 mil y las consultorías de $23 mil a $187,500, aumentos cuestionados por diputados durante la presentación del presupuesto 2027. VEA 1B Un tercer hombre fue detenido por reclutar jóvenes panameños mediante TikTok para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania; ya son tres los aprehendidos por este caso. VEA 6A Siacap aumentó las dietas y las consultorías Cae tercer reclutador de panameños para la guerra Hoy por hoy Un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 legalizólaprimadeantigüedaden el sector público. Con ello, el despido de funcionarios se hizo más costoso, pues significa que reciben una indemnización, a pesar de que, en muchos casos, se trata de nombramientos que no responden a criterios técnicos ni profesionales, sino enteramente políticos. Una vez más, el dinero público es utilizado como piñata, como si no fuera poco el hecho de que una enorme cantidad de funcionarios carecen de los méritos, experiencia y calificaciones profesionales necesarias para ocupar sus respectivos cargos. Llegan al servicio público sin los más elementales conocimientos, que aprenden a base de error y ensayo, mientras devengan salarios inmerecidos o, peor aún, reciben ingresos por tareas no realizadas o sin que se presenten a trabajar. Lo más justo para los funcionarios sería ingresar al engranaje gubernamental mediante un sistema de méritos, con las habilidades probadas, haciéndose merecedores de pertenecer a la carrera administrativa. Pero lo que no debe ser es una ley general. Eso es privilegiar a quienes no se lo merecen, y de eso, lamentablemente, sobra en todos los gobiernos. Para colmo, el Estado ni siquiera cuenta con recursos para afrontar esas obligaciones, que son una carga adicional para unas finanzas públicas ya comprometidas. No se puede seguir legislando y gobernando como si el dinero fuera infinito. Vivir + Siete citas imperdibles de la Feria del Libro 5B Christiansen regresa al país y prepara la gira a Japón 4B Deportes Panorama Minsa aplicará anticuerpo contra el virus sincitial 4A Economía CSS: miles de asegurados no han cambiado de sistema 2B Millonaria deuda estatal por primas de antigüedad Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El Estado acumula unos $150 millones en deudas, pagos y obligaciones relacionadas con primas de antigüedad en al menos ocho instituciones. La cifra podría ser mayor, pues no existe un registro consolidado de todas las entidades públicas. Entre los principales casos están el Ministerio de Seguridad MOROSIDAD Al menos $150 millones en primas de antigüedad siguen pendientes de pago a miles de exfuncionarios. ($71 millones), Ministerio de Salud ($40 millones) y Caja de Seguro Social ($50 millones). La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, cuestionó que el Ministerio de Economía y Finanzas no tenga una cifra consolidada de la deuda por prima de antigüedad que el Estado mantiene con exfuncionarios, lo que a su juicio, evidencia “una negligencia e irresponsabilidad más de administraciones pasadas”. VEA 2A El superintendente de Bancos, Milton Ayón. Archivo ‘Laptops’: Meduca hizo adenda por $235 mil Aleida Samaniego C. [email protected] Tres meses después de firmar el contrato por $28.48 millones para 54,000 laptops, el Meduca tramitó una adenda que suma $234,956 y 75 días al acuerdo con IS Group, S.A. La adenda elevaría el costo por equipo de $527.41 a $531.62, sin que los documentos consultados detallen qué bienes o servicios justifican el aumento ni por qué se requieren los 75 días adicionales. La modificación, aún pendiente de refrendo, elevaría el contrato a $28.71 millones y llega mientras la Contraloría General de la República audita la compra y el Ministerio Público mantiene una investigación. VEA 4A CONTRATO SBP tendrá $25.7 millones, gracias al recorte del MEF La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) tendrá $25.7 millones en 2027, unos $1.6 millones menos de lo que había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Ministerio justificó la revisión, entre otros factores, en el nivel de ejecución presupuestaria de la entidad. El 87% del presupuesto de la SBP provendrá de tasas y derechos que cobra al sector supervisado, mientras administra un sistema con $121 mil millones en depósitos. VEA 1B Más de 18 meses después de la orden del presidente José Raúl Mulino, la UABR mantiene bajo estudio la concesión de Amador Marina sobre 2.7 hectáreas en isla Flamenco, sin aclarar si inició un proceso formal para rescindirla ni cuándo concluirá la revisión. La empresa, vinculada a Louis Sola, también mantiene otra concesión de 11.3 hectáreas de fondo de mar otorgada por la AMP. VEA 3A ÁREAS REVERTIDAS Concesión de Amador Marina sigue bajo revisión Minseg $71 millones Minsa $40 millones CSS $24.6 millones UP $10.5 millones MICI $2.1 millones Mides $2 millones MUPA $1.2 millones IFARHU $364,045 TOTAL $151.7 millones INSTITUCIÓN MONTO DOCUMENTADO Prima de antigüedad Infografía: LP - Fuente: Datos propios Algunos de los montos identificados *EL MONTO INCLUYE OBLIGACIONES PENDIENTES, CRÉDITOS APROBADOS, PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y PAGOS YA REALIZADOS
2A La Prensa Panamá, martes 18 de agosto de 2026 El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel suspendió, desde ayer, todas las cirugías electivas y los procedimientos que requieran hospitalización, debido al aumento de pacientes con cuadros respiratorios agudos. La medida se adopta mientras el hospital enfrenta una mayor presión sobre sus servicios de hospitalización y cuidados críticos. El director médico del hospital, Paul Gallardo, informó que hasta ayer habían 61 pacientes en las unidades de cuidados intensivos y semiintensivos, de los cuales 23 tienen virus sincitial respiratorio (VRS). Ante el incremento de pacientes, el hospital también ha tenido que adecuar otras áreas para habilitar espacios de hospitalización y atender la demanda. Gallardo explicó que la situación podría intensificarse durante las próximas semanas debido al comportamiento estacional de las enfermedades respiratorias. La mayor cantidad de casos suele registrarse entre agosto y septiembre, por lo que se espera que el número de pacientes continúe aumentando durante este periodo. La tendencia podría comenzar a disminuir hacia octubre. La situación se produce mientras el Hospital del Niño enfrenta dificultades presupuestarias que su director ya ha expuesto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El pasado 29 de julio, Gallardo planteó que presentaron una solicitud de $18.2 millones adicionales para cubrir las necesidades operativas del hospital. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un traslado de partida de $2.5 millones. El presupuesto asignado al Hospital del Niño para 2026 es de $104.1 millones, por debajo de unos $114 millones que recibió en 2025. Gallardo explicó entonces que, después de cubrir los Hospital del Niño suspende cirugías electivas: se elevan casos respiratorios TEMPORADA DE VRS salarios, al hospital le quedan alrededor de $19 millones para medicamentos, insumos médicos, equipos, mantenimiento y otros gastos de operación. Este antecedente cobra relevancia ahora que el hospital ha tenido que habilitar espacios adicionales para atender la demanda. La suspensión anunciada ayer aplica a las cirugías electivas y los procedimientos que requieran hospitalización. El hospital aclaró que las intervenciones que se generen en el Servicio de Urgencias continuarán realizándose con normalidad. También seguirán las cirugías que sean necesarias para los pacientes que ya se encuentran hospitalizados. Las personas que fueron citadas a la Consulta Externa Especializada deben acudir a sus citas para gestionar la reprogramación de las intervenciones quirúrgicas. La dirección del Hospital del Niño pidió comprensión y colaboración a los padres de familia y acudientes mientras dure la contingencia. El centro hospitalario es el principal establecimiento pediátrico de alta complejidad del país y atiende más de 200 mil consultas al año, además de realizar miles de cirugías. El Ministerio de Salud tiene prevista una visita al Hospital del Niño hoy 18 de agosto, en medio del aumento de pacientes respiratorios. El Ministerio de Seguridad Pública es una de las entidades con mayor deuda en concepto de prima de antigüedad. Elysée Fernández La deuda millonaria del Estado que crece sin orden ni control Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] PRESTACIONES Miles de exfuncionarios esperan el pago de una prestación que data de hace más de una década. Este medio identificó más de $150 millones vinculados al tema, pero el monto sería mayor. La prima de antigüedad en el sector público tiene más de una década de historia y no nació con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que reconoció el derecho de diputados, alcaldes, ministros y directores de entidades a recibir este beneficio. De hecho, hay instituciones que adeudan millones de dólares a miles de exfuncionarios. Este beneficio fue reconocido inicialmente mediante la Ley 39 de 2013 y posteriormente desarrollado por la Ley 127 de ese mismo año. Entre las prestaciones contempladas quedó una prima equivalente a una semana de salario por cada año trabajado. El primer episodio polémico ocurrió al final del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). A tres días de entregar el poder, el 26 de junio de 2014, Martinelli y la entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, firmaron el Decreto Ejecutivo 52, que reglamentó el pago de prestaciones a los servidores públicos, incluida la prima de antigüedad. La medida fue cuestionada por sectores que la consideraron un mecanismo para proteger a funcionarios de la administración saliente. El decreto, sin embargo, duró poco: el gobierno de Juan Carlos Varela lo derogó el 8 de julio de 2014. Tres años después, la Ley 23 de 2017 derogó las leyes 39 y 127, pero mantuvo el derecho a la prima de antigüedad dentro del régimen de los servidores públicos. La norma reconoció el beneficio para funcionarios permanentes, transitorios, contingentes y de Carrera Administrativa. De esta manera, la prestación sobrevivió a los cambios legales y quedó incorporada nuevamente al marco que regula las relaciones laborales del Estado. El giro El siguiente giro llegó en 2021, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley 241. La norma modificó el régimen de la prima y estableció que los servidores públicos tendrían derecho a recibir una semana de salario por cada año laborado, pero introdujo una serie de exclusiones para determinados cargos. Entre los funcionarios que quedaron fuera estaban ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, además de otras categorías contempladas expresamente en la ley. Esas exclusiones terminaron ante la Corte Suprema de Justicia. El pleno de la CSJ analizó una demanda de inconstitucionalidad contra varios numerales de la Ley 241 y, el 21 de julio de 2026, declaró inconstitucionales nueve de los diez numerales que establecían las restricciones. Solo permaneció vigente el numeral relacionado con el personal contratado bajo la modalidad de consultoría. Para la Corte, excluir a determinados servidores por el cargo que ocupan vulneraba el principio de igualdad y afectaba un derecho vinculado al trabajo. El alcance de la decisión es significativo. Con la eliminación de esas restricciones, funcionarios que antes estaban expresamente excluidos, entre ellos ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas y funcionarios elegidos por voto popular, pueden quedar comprendidos en el régimen de la prima, siempre que cumplan las condiciones legales. Los reclamos La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, ha señalado que la deuda acumulada por el pago de la prima de antigüedad en el sector público se ha convertido en un problema estructural que ninguna administración ha querido enfrentar. En sus palabras, existen “millones adeudados a miles de exfuncionarios en una prima de antigüedad que es un derecho laboral adquirido”, pero señaló que “ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene esa cifra”, lo que, a su juicio, evidencia “una negligencia e irresponsabilidad más de administraciones pasadas”. “Existen deudas desde 2014”, advirtió, al subrayar que los gobiernos dejaron el tema “a discreción” de cada institución, sin controles ni planificación presupuestaria. El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, se desmarcó de la responsabilidad del MEF sobre el monto que las instituciones públicas adeudan en concepto de prima de antigüedad. “Nosotros en el MEF no vemos eso. Eso es con cada institución”, afirmó al ser consultado sobre la deuda acumulada con exfuncionarios. Fernández explicó que cada entidad es responsable de administrar los recursos destinados a servicios personales y atender con ellos sus obligaciones laborales. “Cada una es responsable de administrar sus fondos en servicios personales para hacerle frente a estos temas”, sostuvo. Agregó que el MEF no mide ni administra esas partidas porque, según indicó, “no nos corresponde hacerlo”. Algunos casos Los casos son numerosos. En septiembre de 2025, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reveló que el Minsa arrastra una deuda cercana a los $40 millones en concepto de prima de antigüedad acumulada desde 2014. El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) arrastra una deuda de $71 millones en primas de antigüedad con jubilados de los estamentos de seguridad. La cifra fue revelada en julio de 2026 por un funcionario de la entidad, quien explicó que la obligación inicialmente rondaba los $90 millones, pero el Estado había desembolsado unos $19.5 millones para reducirla. La Caja de Seguro Social (CSS) también ha tenido que destinar millones de dólares para cumplir con el pago de primas de antigüedad. En 2024, la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de $24.6 millones para complementar el pago a unos 6,000 exfuncionarios que habían presentado solicitudes desde 2014. Posteriormente, la CSS informó que había destinado alrededor de $50 millones para atender estas obligaciones, mientras el proceso de pago continuaba en 2026. A estas cifras se suman partidas y recursos destinados al pago en otras instituciones, como la Universidad de Panamá, que obtuvo en 2023 un crédito extraordinario de $10.5 millones para atender pagos pendientes de prima de antigüedad a exservidores que se retiraron entre 2014 y octubre de 2018. En 2025, la institución reportó el pago de $2.3 millones por este concepto a 148 exfuncionarios. También el Ministerio de Comercio e Industrias incluyó en su presupuesto de 2026 $2.1 millones para este tema. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por ejemplo, informó que había desembolsado más de $2 millones a 2,204 exfuncionarios, mientras que la Alcaldía de Panamá reportó pagos superiores a $1.2 millones durante 2026. En el caso del IFARHU, se destinaron $364,045 para pagar a 511 excolaboradores. Las cifras públicas disponibles muestran más de $150 millones relacionados con el pago de primas de antigüedad en ocho instituciones. El monto incluye obligaciones pendientes, créditos aprobados, partidas presupuestarias y pagos ya realizados, aunque las cifras podrían ser mucho mayores si se toma en cuenta que el Estado está compuesto por alrededor de 100 entidades públicas y cada año hay destituciones. El Minsa reforzó el llamado a las embarazadas a vacunarse entre la semana 32 y 36 para proteger a sus bebés desde el nacimiento. Cortesía Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, martes 18 de agosto de 2026 Panorama La concesión de Amador Marina, vinculada a Louis Sola, abarca áreas de fondo de mar y tierra firme en isla Flamenco. El proyecto recibió contratos directos de la AMP y la UABR sin pasar por licitación pública. Alexander Arosemena Se mantiene concesión de Amador Marina, pese a la orden de Mulino Ereida Prieto-Barreiro [email protected] UNIDAD DE BIENES REVERTIDOS La entidad confirmó que el contrato sigue en revisión, pero evita precisar si abrió un proceso formal para rescindirlo. Más de 18 meses después de que el presidente José Raúl Mulino ordenara revisar las concesiones de Amador Marina, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) confirma que el contrato sigue bajo estudio, sin precisar si ya inició un procedimiento formal para rescindirlo. La concesión, otorgada en julio de 2021, corresponde a 2.7 hectáreas de tierra firme en isla Flamenco y tiene una vigencia de 20 años prorrogables por 20 más. La sociedad está vinculada al estadounidense Louis Sola. El subdirector de la UABR, Gilberto Alemán, dijo a La Prensa que la concesión forma parte de la evaluación que realiza la entidad sobre los contratos vigentes en Amador. “Este proceso se conduce con el rigor técnico y legal que exige una eventual modificación o rescisión contractual, a fin de garantizar el debido proceso y la solidez de las actuaciones del Estado”, respondió. Sin embargo, Alemán no precisó si la UABR abrió un procedimiento formal de rescisión, en qué etapa se encuentra el expediente ni cuándo concluirá la revisión. “La revisión se encuentra en curso y, a medida que avance, se adoptarán y comunicarán formalmente las decisiones que correspondan, en estricto apego al marco legal vigente”, añadió. Una revisión sin resultados conocidos Mulino ordenó la revisión en febrero de 2025, después de que Sola, entonces presidente de la Federal Maritime Commission (FMC) de Estados Unidos, hiciera señalamientos ante el Senado de ese país sobre un supuesto control chino de las operaciones del Canal de Panamá. En ese momento, el presidente declaró a La Prensa: “La orden está dada. Nadie que ataca a Panamá merece tener un negocio en este país”. Desde entonces, la UABR no ha informado si la revisión encontró irregularidades, si derivó en algún procedimiento administrativo o si existe un plazo para tomar una decisión. La concesión de tierra firme no es el único vínculo de Amador Marina con el área. La empresa también mantiene una concesión de 11.3 hectáreas de fondo de mar, otorgada en 2023 por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que continúa vigente. La Prensa reveló en abril pasado que Amador Marina presentó nuevas garantías por casi $1 millón para mantener esa concesión durante 2026. La AMP tampoco ha respondido las solicitudes de información que este medio mantiene desde octubre de 2025 sobre las inspecciones ordenadas por Mulino. Mientras tanto, la UABR sostiene que cualquier decisión sobre la concesión de tierra firme será comunicada una vez concluyan las evaluaciones técnicas y legales. Caen 14 personas tras vaciar $276,000 de una cuenta Catorce personas vinculadas a un presunto fraude financiero y blanqueo de capitales fueron capturadas ayer por la Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en medio de la “Operación Cenit” de manera simultánea en Panamá, Panamá Oeste y Colón. El caso penal inició el pasado 14 de febrero, durante las festividades del Carnaval. La víctima se encontraba en el Parque Porras de Las Tablas cuando le sustrajeron su dispositivo móvil. Según la denuncia formal, los criminales lograron vulnerar los sistemas de seguridad del aparato para acceder a su banca en línea. En cuestión de horas, realizaron múltiples transferencias no autorizadas hasta vaciar la suma de $276,000 de la cuenta bancaria. En los operativos efectuados se aprehendió a los sospechosos y se recolectaron indicios tecnológicos vinculados al fraude, informó el Ministerio Público. Los aprehendidos enfrentarían cargos por la presunta comisión de delitos financieros y de blanqueo de capitales. CRIMINALIDAD Martha V. Concepción [email protected]
4A La Prensa Panamá, martes 18 de agosto de 2026 Panorama VOCERO. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió la designación de Ventura Vega como reemplazo de Lucy Molinar en el Meduca. Alega que Vega ha demostrado tener “capacidad” y “buen manejo” en todos los cargos que ha ocupado. Parece que Orillac se saltó varios capítulos de la biografía del nuevo ministro. Por si fuera poco, hasta hace poco Vega estuvo en la junta directiva de por lo menos 10 entidades. ¿En cuál de ellas resolvió, aunque sea, un solo problema? ‘FIT’. Bolota fue el orador estrella del evento “Transforma tu imagen, fortalece tu salud”, celebrado en el auditorio de la Asamblea. El diputado compartió sus consejos sobre estilo de vida y nutrición. Ahora resulta que es un ejemplo. Después de todo, quién querrá parecerse a Bolota… QUEJOSO. A propósito de Bolota, ayer señaló —desde la inmunidad que le da la curul— que los jueces de garantías “no tienen independencia” y que están “secuestrados”, pero luego recalcó que tienen tal poder que hasta ordenan la detención de personas “sabiendo que son inocentes”. Así como hay buenos jueces, es cierto que hay otros con criterios que claramente ignoran que su trabajo es garantizar el respeto a los derechos de las partes; el problema es cuando el que se queja es Bolota. ¿En nombre de quién habla? MI CAJA. Hoy termina el plazo dado por la CSS para aquellos asegurados que quieran cambiar de sistema de pensiones. Las filas en los últimos días han sido eternas y la Caja advirtió que no habrá prórroga, ya que hubo más de un año para verificarse. Las ‘laptops’ adquiridas por el Meduca deben contar, según el pliego de cargos, con NPU de al menos 40 TOPS, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y un procesador de seis núcleos o más, además de capacidades para funciones de inteligencia artificial, visión y voz. Cortesía Meduca tramitó adenda por $235 mil y 75 días más Aleida Samaniego C. [email protected] COMPRA DE ‘LAPTOPS’ PARA DOCENTES El contrato S-04-2026, suscrito con IS Group, S.A. por $28.48 millones, incluido el ITBMS, fue firmado el 12 de marzo de 2026 y refrendado por la Contraloría el 15 de abril. La Adenda No. 1 ingresó a esa institución el 12 de junio. Tres meses después de firmar el contrato para adquirir 54,000 laptops para los docentes, el Ministerio de Educación (Meduca) acordó una adenda que otorga más tiempo y fondos a la empresa proveedora. El contrato S-04-2026, suscrito con IS Group, S.A. por $28.48 millones, incluido el ITBMS, fue firmado el pasado 12 de marzo y refrendado por el contralor Anel Flores el 15 de abril. Poco después, el 12 de junio, el Meduca remitió a la Contraloría la Adenda No. 1 al contrato S-04-2026. El documento no ha sido refrendado y surge la duda de si algún día se completará ese trámite, luego de que la Contraloría anunciara que auditará todo “el proceso de adquisición” de las computadoras portátiles. De momento, la adenda se mantiene en la Contraloría; no ha sido devuelta al Meduca. La adenda representa un aumento de $234,956 al monto total y otorga a la empresa 75 días calendario adicionales para completar su ejecución. De ser refrendada, la adenda elevaría el valor del contrato a aproximadamente $28.71 millones y llevaría de 1,521 a 1,596 días calendario el plazo total establecido. El periodo original comprendía 60 días para la entrega de los equipos (contados a partir de la orden de proceder) y 1,461 días de garantía. Con el aumento planteado en la adenda, el costo promedio de cada una de las 54,000 computadoras pasaría de aproximadamente $527.41 a $531.62, es decir, unos $4.20 adicionales por equipo. En términos globales, los $234,956 de incremento representan un aumento de 0.83% sobre el contrato original, aunque el documento consultado no detalla qué componentes, bienes o servicios explican ese mayor costo. 58 días después del refrendo La modificación fue presentada 58 días después de que el contralor Flores refrendara el contrato original, que firmaron la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, y el apoderado de IS Group, S.A., Hamzi Moussa El Reda Jaafar ¿Qué ocurrió para que, en tan corto periodo, fuera necesario aumentar el costo de la compra y ampliar el plazo de entrega? ¿Cómo se sustentan los $234,956 adicionales? ¿Por qué se requieren 75 días más para ejecutar el contrato? La orden de cambio incorpora $234,956 al valor contratado, equivalente a aproximadamente 0.83% del monto original. Los documentos revisados no detallan qué bienes, componentes o actividades generan el costo adicional. Tampoco explican, en la documentación consultada, qué condiciones cambiaron respecto de lo pactado inicialmente para justificar el mayor desembolso. El expediente consultao tampoco precisa qué situación motivó la ampliación ni si existe una relación directa entre el mayor plazo y el incremento del valor contractual. ¿Quiénes son IS Group? IS Group, S.A., la proveedora de las computadoras de los docentes, es una sociedad inscrita el 30 de junio de 2011. Supuestamente tiene operaciones en la Zona Libre de Colón. Sus directivos y dignatarios son Kassem Fares Redondo (presidente), Afef Fadiallal de Fares (tesorera) y Hamzi Moussa El Reda Jaafar (secretario). Como suscriptores figuran Josi Fares Fadiallal y Suraj Rajan Sharma. Yarilis Maribel Serrano es la agente residente. Una compra bajo escrutinio El contrato forma parte de una contratación tecnológica del Meduca destinada a dotar a docentes del sistema oficial de herramientas para acceder a plataformas digitales, planificar e impartir clases y desarrollar competencias tecnológicas. La adenda llega en medio del escrutinio sobre la compra de las laptops. La Contraloría General de la República audita todo el proceso y advirtió que remitirá al Ministerio Público cualquier elemento que pueda revestir carácter penal, mientras que el procurador Luis Carlos Gómez Rudy confirmó que ya existe una investigación sobre la adquisición. El proceso fue uno de los motivos que llevaron a Lucy Molinar a dejar el cargo el pasado miércoles 12 de agosto, según explicó la propia exministra. Aleida Samaniego C. [email protected] El virus respiratorio sincitial causa una infección que afecta a los pulmones y a las vías respiratorias. iStock Minsa aplicará desde el 24 de agosto el anticuerpo contra el virus sincitial SALUD PÚBLICA El Ministerio de Salud (Minsa) comenzará la aplicación del anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VSR) en recién nacidos y lactantes el próximo 24 de agosto, como parte de una estrategia para reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalizaciones asociadas con este virus. Las primeras dosis llegarán a Panamá esta semana y serán distribuidas en las 15 regiones de salud. La aplicación tendrá prioridad en áreas como las comarcas y la provincia de Darién, informó el Minsa. La estrategia está dirigida a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VSR durante el embarazo. Al menos 100 profesionales de salud participaron ayer en la capacitación nacional para preparar la implementación del medicamento. El jefe de la Sección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Minsa, Edgardo Ureña, explicó que el anticuerpo forma parte de una estrategia mixta de prevención, que combina la vacunación durante el embarazo con la protección directa de los bebés. El objetivo es ampliar la cobertura en las áreas priorizadas y reducir los casos graves y las hospitalizaciones relacionadas con el VSR. El director de Medicamentos e Insumos del Minsa, Eric Conte, informó que el Estado destinó $3.5 millones para adquirir el anticuerpo monoclonal. Por tratarse de un producto biotecnológico, requiere condiciones específicas de conservación y transporte, incluida la cadena de frío, para garantizar su distribución a las distintas regiones del país. ¿Cómo funciona? El anticuerpo se administra mediante una sola inyección intramuscular y proporciona protección inmediata contra el VSR. Este virus es una de las principales causas de bronquiolitis y hospitalización en bebés. A diferencia de la vacuna, el anticuerpo monoclonal proporciona directamente las defensas necesarias para proteger al bebé. La vacuna contra el VSR se administra a mujeres embarazadas entre las 30 y 36 semanas de gestación y también a personas mayores de 60 años. Con la incorporación del anticuerpo, el Minsa amplía las medidas de prevención contra el VRS y suma una herramienta para proteger directamente a los bebés que no cuentan con la protección derivada de la vacunación materna. Así que, si usted no averiguó a tiempo, está tirando los dados con su jubilación. Después no se queje. CLAUSURA. Alberto Ortega, gerente del Banco Hipotecario, acudió ayer a sustentar el que será el último presupuesto de esa entidad, ya que la misma cerrará el 31 de diciembre de 2027. Podrían echar llave a otras instituciones que nadie extrañaría en el Estado. Tal Cual Mónica Palm [email protected] Laptops a los educadores FECHA QUÉ OCURRIÓ CAMBIO PROPUESTO Cronología del contrato del Meduca Infografía: LP - Fuente: Panamá Compra 12 DE MARZO DE 2026 Meduca firma el contrato S-04-2026 con IS Group, S.A. El contralor Anel Flores refrenda el contrato. Meduca remite la Adenda No. 1 a la Contraloría. 15 DE ABRIL DE 2026 12 DE JUNIO DE 2026 +$234,95 75 días adicionales 1 2 3
5A La Prensa Panamá, martes 18 de agosto de 2026
6A La Prensa Panamá, martes 18 de agosto de 2026 Panorama Un total de 400 agentes de los estamentos de seguridad fueron desplegados desde ayer en el distrito de San Miguelito, al tiempo que se decretó un toque de queda en los corregimientos de Belisario Porras, Arnulfo Arias Madrid y Omar Torrijos. La medida incluye el despliegue de integrantes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración, que estarán operativos en las áreas más conflictivas de esos distritos. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, detalló que, en coordinación con la alcaldesa Irma Hernández, se dispuso iniciar la Operación Enfoque, con la intención de asumir el control de los sectores que registran un mayor índice de hechos de violencia. Como parte de la operación, se determinó aplicar un programa de restricción de la movilidad de lunes a jueves en un horario de 11:00 p.m. a 3:00 a.m., mientras que de viernes a domingo el toque de queda se hará efectivo de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. Según Ábrego, la operación estará focalizada en mantener una presencia policial activa para prevenir, proteger y recuperar las condiciones de seguridad en el distrito. Aplican toque de queda y despliegan 400 agentes contra la delincuencia SAN MIGUELITO Durante la última semana se han registrado varios homicidios en distintos puntos de San Miguelito. Entre ellos, un doble homicidio en el sector de Santa Librada, en el que dos hombres fueron muertos a tiros. En Belisario Porras un hombre fue asesinado a tiros el pasado fin de semana. Según cifras del Ministerio Público, hasta julio pasado se habían registrado 70 homicidios en este distrito. En 2025 hubo 63 crímenes. San Miguelito también aparece en las estadísticas con un alto número de delitos de violencia doméstica: 666 casos hasta julio pasado, solo superado por las provincias de Panamá (4,006), Panamá Oeste (3,425), Colón (931) y Chiriquí (1,893) en ese mismo período. La exfiscal Isis Soto en momentos en que se desarrollaba la audiencia del caso Panama Papers. Archivo Tribunal confirma cierre de los casos Panama Papers y Lava Jato Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] PROCESO JUDICIAL El fallo del Tribunal Superior de Liquidación de causas Penales concluye que el Ministerio Público no presentó evidencias para probar el blanqueo de capitales. La fiscalía aún puede interponer un recurso de Casación ante la Sala Penal de la Corte. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó que las pruebas recogidas por el Ministerio Público en las investigaciones Lava Jato y Panama Papers (Papeles de Panamá) por presunto blanqueo de capitales, no fueron suficientes para probar la comisión del delito. En un fallo con fecha del viernes 10 de agosto, los magistrados Manuel Mata Avendaño, José Ho Justiniani y Eyda Amarilis Juárez desestimaron un recurso de apelación presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada contra el fallo de primera instancia. La fiscalía todavía tiene la oportunidad de interponer un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte para revertir el fallo y lograr una sanción para los imputados. En el fallo, de 118 páginas, el Tribunal Superior concluyó que hubo falencias en el manejo de la cadena de custodia de los elementos informáticos obtenidos durante el allanamiento de la sede de la extinta firma Mossack Fonseca, en Marbella. Por ello, los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) no pudieron garantizar que se hubieran cumplido todas las normas y procedimientos establecidos para preservar las pruebas obtenidas durante la diligencia judicial. Los magistrados señalaron que no se pudo establecer que los imputados Jurgen Mossak y Ramón Fonseca Mora tenían conocimiento de que el dinero llegado al bufete procedía de un delito de corrupción ocurrido en Brasil. El fallo también señala que las declaraciones de la imputada María Mercedes Riaño, abogada de la oficina de Mossack Fonseca en Brasil, evidencian un delito relacionado contra la administración pública y no una actividad de blanqueo de capitales. Lo mismo ocurre con la declaración de la testigo Lurys Madrid, quien alcanzó un acuerdo de colaboración y pena con la fiscalía. Los magistrados sostienen que lo declarado por Madrid no tiene la fuerza suficiente para acreditar que hubo blanqueo. Asimismo, que no se pudo demostrar cómo las operaciones de Mossack Fonseca atentaron contra la economía nacional. Varios testigos declararon que la firma tenía la práctica de firmar documentos en blanco y de omitir la diligencia debida, pero el Tribunal consideró que eso no es suficiente para sostener que hubo blanqueo de capitales. El fallo reconoce que la fiscalía sí probó que Mossack Fonseca comercializaba sociedades anónimas y que incluso había todo un equipo ocupado únicamente a realizar esa tarea, pero —otra vez...— eso no debe interpretarse como un delito ni constituye un esquema para lavar. Las investigaciones Lava Jato y Panama Papers iniciaron el 16 de enero y 5 de abril de 2016, respectivamente, y requirieron de asistencias judiciales a Brasil, Suiza, Colombia, España y Estados Unidos, entre otros países. En julio de 2024, la entonces fiscal Isis Soto presentó un recurso de apelación contra el fallo de un juzgado que cerró ambos casos. En esa ocasión, Soto alegó que la juez Baloisa Marquínez no valoró debidamente las evidencias, informes de actividad financiera y asistencias judiciales de diversos países que demuestran la participación de miembros de la firma en actividades de blanqueo. En su escrito de apelación, la fiscal sostenía que Mossack Fonseca prestaba servicios de venta y administración de sociedades y fideicomisos, incluyendo la apertura de cuentas bancarias, entre otros, a clientes brasileños eran investigados por corrupción y blanqueo, como parte de la operación Lava Jato. Otro hombre fue aprehendido por presuntamente reclutar jóvenes panameños para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. Con él ya son tres. El hombre —cuyo nombre no ha sido divulgado— fue capturado el pasado domingo, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando regresaba al país. Las autoridades informaron que hoy el hombreserá conducido ante un juez de garantías, para la correspondiente legalización de la aprehensión e imputación de cargos. La investigación revela que el aprehendido usaba la red social Tik Tok para contactar a jóvenes panameños a quienes supuestamente ofrecía dinero para participar en el conflicto bélico que tiene lugar entre Rusia y Ucrania desde hace cuatro años. El Ministerio Público ya logró la imputación de cargos y la detención provisional para dos personas por el delito de trata con la intenAprehenden a un tercer reclutador para la guerra entre Rusia y Ucrania SECUELAS EN PANAMÁ ción de explotación laboral. Se trata de Mario Brooks y Efraín Almengor. De acuerdo con la fiscalía, ambos reclutaban panameños también a través de las redes sociales. Brooks y Almengor se mantienen detenidos provisionalmente en espera que el Ministerio Público concluya la investigaciones. El canciller Javier Martínez-Acha estima que hay al menos una veintena de panameños en las tropas rusas y unos 10 en las de Ucrania. Por lo menos hay un panameño fallecido. Juan Manuel Díaz [email protected] Uno de los presuntos reclutadores, cuando fue conducido a la audiencia de legalización de aprehensión. Cortesía/PN Como parte del operativo habrá patrullajes de acercamiento comunitario, patrullaje vehicular, puntos de controles móviles y retenes policiales. Cortesía
7A La Prensa Panamá, martes 18 de agosto de 2026 Panorama La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton cuestionó ayer la política exterior del presidente, Donald Trump. “El presidente está haciendo que la política de Estados Unidos sea más favorable hacia Corea del Norte y Rusia que hacia Canadá y Omán. ¿Me estás tomando el pelo?”, escribió la política en su cuenta de X. El mensaje de Clinton, que estuvo al frente de la política exterior de Estados Unidos entre 2009 y 2013, llega poco después de que Trump hiciera afirmaciones en contra de algunos socios de Washington en medios de comunicación y a través de redes sociales. El domingo, el mandatario adelantó que reducirá la escala de las maniobras militares entre Seúl y Washington porque envían un mensaje inadecuado a Corea del Norte, un país que consideró que ha sido “respetuoso” durante sus mandatos. Trump también criticó que Corea del Sur no se involucrara en la guerra para “desnuclearizar” Irán. Horas más tarde, ayer, Trump amenazó con bombardear “sin piedad” Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz, una afirmación que llegó después de que el portavoz de Exteriores iraní afirmara que se estaba conversando con Mascate sobre una ruta segura en el paso marítimo. Además, aseguró que el líHillary Clinton cuestiona política exterior de Donald Trump CRÍTICA INTERNA der de Corea del Norte, Kim Jong-un, respondió a los mensajes para dialogar que él le ha enviado y que los intercambios son “muy positivos”. Al ser preguntado por las acusaciones de que bajo su Gobierno Washington se muestra más cercano a países como Corea del Norte, técnicamente aún en guerra con EUA y Corea del Sur, que con sus aliados tradicionales, el presidente dijo que su decisión en realidad hace de la península coreana un lugar “más seguro” y que Kim siempre le ha “tratado con respecto” y le entiende bien. Clinton expresó su sorpresa por estas afirmaciones en materia de política exterior que, en su opinión, alejan a Estados Unidos de aliados tradicionales. En ese mismo sentido, la exsecretaria de Estado destacó también la sintonía con Rusia, sobre todo en la guerra con Ucrania, y la lejanía con Canadá, país vecino y aliado que convive desde la llegada de Trump a la Casa Blanca con afirmaciones sobre una posible anexión, imposiciones de aranceles y las Afectaciones de la Institución educativa Carrasquilla industrial, en Quibdó, Colombia. Shakira anunció que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, y que junto al filántropo Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. EFE Colombia: la reconstrucción costará al menos $9,500 millones EFE. BOGOTÁ, COLOMBIA EFE. WASHINGTON, EUA TERREMOTO ‘Imagínense ustedes la dimensión del desastre’, expresó el presidente Abelardo de la Espriella al cumplirse una semana del terremoto que se ha cobrado, a la fecha, la vida de 289 personas. Una semana después del terremoto que golpeó con fuerza el centro y suroeste de Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce que comienza una etapa de reconstrucción que será “dura” y costosa, mientras miles de familias siguen sin vivienda, decenas de miles de niños permanecen sin clases y las labores de rescate no terminan. En una alocución anoche, el presidente aseguró que la reconstrucción “va a exigir recursos” y será “dura”, pero dijo confiar en la capacidad de los colombianos para superar la tragedia. Estimó en 30 billones de pesos (unos 9,500 millones de dólares) el costo de la reconstrucción, anunció subsidios de vivienda y alivios económicos para los damnificados, para lo cual declaró la emergencia económica. “Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos”, indicó el mandatario en una alocución al país. De la Espriella agregó que la reconstrucción de edificaciones costará alrededor de 24.5 billones de pesos (unos 7,800 millones de dólares) y la de la infraestructura 5.5 billones (unos 1,700 millones de dólares), y agregó: “Imagínense ustedes la dimensión del desastre”. San José del Palmar, el municipio del Chocó epicentro del terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto, y las zonas del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas afrontan ahora una emergencia que se extiende mucho más allá del rescate: viviendas inhabitables, escuelas cerradas, familias que buscan recuperar sus pertenencias y comunidades que necesitan asistencia para comenzar de nuevo. De la Espriella advirtió de que las cifras todavía están en consolidación y que, “por respeto a las víctimas y a sus familias”, su Gobierno “solo comunicará datos debidamente consolidados”. El balance preliminar es de 289 muertos, 4 mil 187 heridos y 143 desaparecidos. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal informó ayer que ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto y ha identificado 300, incluidos 22 menores de edad. De Cali proceden 139 de los cuerpos identificados y de Pereira otros 107. Lluvias agravan la situación En los barrios afectados, la emergencia continúa formando parte de la vida cotidiana. En Chiminangos, uno de los sectores golpeados de Cali, familias que perdieron sus viviendas duermen en pequeñas carpas, reciben alimentos en ollas comunitarias y esperan poder entrar a sus antiguos apartamentos para recuperar ropa, documentos y electrodomésticos. Las lluvias que comenzaron el domingo han agravado las condiciones de quienes permanecen en estos refugios improvisados y también han obligado a interrumpir temporalmente algunas labores de remoción de escombros. En Pereira, las familias instaladas en el parque Olaya Herrera tuvieron que proteger las carpas con plásticos, mientras el suelo quedó mojado y el Hospital Universitario San Jorge registró inundaciones. La lluvia también dificulta las labores de emergencia en las zonas donde continúan las tareas de búsqueda, rescate y recuperación de cuerpos y añade un nuevo obstáculo a una respuesta que entra ya en su segunda semana. Sin educación Uno de los principales retos de la reconstrucción será el regreso de los niños a las aulas. Más de 3,200 escuelas han sufrido daños y decenas de miles de estudiantes permanecen temporalmente sin clases. La propuesta de trasladar las clases a internet resulta imposible para muchas comunidades rurales por la falta de señal y de dispositivos electrónicos. En Pereira, más de 58,000 estudiantes permanecen temporalmente desescolarizados después de que las autoridades consideraran críticas las condiciones de los 165 colegios de la ciudad. Por otro lado, a lo largo de las carreteras del centro y oeste del país circulan cientos de vehículos particulares y camiones con letreros de “Ayuda humanitaria” cargados de alimentos, agua, ropa, medicamentos, cobijas, colchones y artículos de higiene. Además, Colombia ha recibido más de 220 toneladas de suministros procedentes de varios países y equipos de rescate de Israel, Ecuador y Estados Unidos. Washington ha enviado cerca de diez toneladas de material para refugio, agua y saneamiento y ha comprometido 26.5 millones de dólares en asistencia. En medio de la sustentación de su presupuesto para 2027, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) justificaron ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un incremento de $2 millones en la planilla de personal para el próximo año. El salto refleja la contratación de al menos 22 nuevas posiciones, además de reajustes salariales para directores regionales y la formalización de cargos de mando que anteriormente laboraban en condición de eventual. La diputada Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, cuestionó directamente los números en la noche de ayer en momentos en que los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra Morales acudieron a la comisión a sustentar la cifra. “Pasamos de $50 millones a $52 millones en personal fijo, de $4 millones a $5.4 millones en personal transitorio y de $125 mil a $998 mil en personal contingente”, detalló la diputada, antes de solicitar el desglose específico de las 22 posiciones. Elba Domínguez, directora de Recursos Humanos del TE, explicó que el grueso del incremento se debe a la anualización de las 22 plazas creadas durante 2026. Explicó que estas posiciones quedaron pendientes de incorporar completamente al presupuesto vigente, por lo que su formalización completa requiere el ajuste presupuestario para 2027. Domínguez también afirTE pide $162.2 millones para 2027 y justifica alza de $2 millones en personal ASAMBLEA NACIONAL mó que el tribunal añadió un reajuste salarial para los directores regionales a nivel nacional, argumentando que sus responsabilidades administrativas y jurisdiccionales ameritaban nivelar sus remuneraciones con homólogos de otras regiones. El presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó al TE asciende a $162.2 millones. Los magistrados Arellano y Morales también respondieron preguntas de otros diputados que consultaron sobre aumentos de gastos en personal, en seguros, en promoción y publidad, en alimentación, en consultorías, así como los avances del Plan General de Elecciones (Plagel) entre otros. También se debatió sobre el costo de la democracia. El Plagel, por ejemplo, se activa en 2027 en concordancia con lo que establece el Código Electoral, que estipula que este debe comenzar dos años antes de las elecciones. Los comicios se celebrarán en mayo de 2029. Los magistrados también adelantaron que en los próximos días presentarán dos importantes proyectos de ley: el que reforma la ley electoral y el que redistribuye los circuitos electorales. Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático, cuestionó a diputados de la bancada Vamos que interrogaron al magistrado Luis Guerra sobre millonarios gastos para 2027. Recordó que ellos llegaron a la Asamblea a través del sistema de listas, lo que a su juicio es ilegal. Eliana Morales Gil [email protected] El magistrado Luis Guerra defendió el presupuesto. Archivo Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Estados Unidos. EFE
8A La Prensa Panamá, martes 18 de agosto de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. versión no llega y el negocio no gana la productividad que le permitiría pagar mejor: el círculo se cierra sobre sí mismo. Cada decisión es razonable por separado y ruinosa en conjunto. El empresario dirá, con razón, que no puede pagar más de lo que produce; y es cierto. Por eso, la tesis no es decretar salarios, sino crear las condiciones para que cada trabajador produzca más valor y se le pueda pagar mejor sin perder viabilidad: mover a la vez productividad y remuneración, no una sola. El problema, además, no termina en la planilla. Al proveedor pequeño y al contratista se les regatea el precio hasta el hueso y se les paga a noventa o ciento veinte días, como si su trabajo valiera menos por no ser empleados; pero ese proveedor exprimido es otra empresa que tampoco podrá pagar, invertir ni comprar. El circuito es siempre el mismo —empresa, trabajador, proveedor, consumidor y de vuelta a la empresa—, y cada eslabón, por cuidar su margen, aprieta al siguiente; pero, como todos son a la vez clientes unos de otros, el apretón vuelve y el mercado entero se encoge. Todo esto persiste por una razón que no es de carácter, sino de coordinación: no es un problema de malas personas, sino de un mal equilibrio, en el que cada una hace lo racional y el conjunto termina peor. Quien suba los salarios por sí solo carga con el costo, mientras sus competidores capturan gratis una parte de esos clientes con más plata; nadie quiere moverse primero. Por eso el hábito no cambia solo, y tampoco por decreto, porque se puede obligar a repartir, pero no a valorar. México lo probó: reparte por ley el 10% de las utilidades desde hace décadas, sigue entre los países más desiguales de la región, y la elusión mediante empresas tercerizadas fue tan extendida que en 2021 tuvo que reformar la ley para cerrarla. Frente a la obligación de compartir, muchas empresas no respondieron “es justo”; respondieron “¿cómo lo esquivo?”. Y si lo que falla es el equilibrio, la salida no puede depender de que una empresa decida sacrificarse sola por el bien del conjunto. ¿Cómo se sale, entonces? No con un sermón ni con una redistribución impuesta por ley que se terminará esquivando, sino cambiando el cálculo que sostiene la conducta. Y como el problema tiene varios eslabones, ninguna herramienta basta por sí sola. Una participación de los trabajadores Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La mala educación Educación La educación panameña recibió el pasado miércoles 12 de agosto su enésima herida de muerte: la renuncia de la ministra. Tan mala es la educación panameña y tal el deterioro del criterio ciudadano que algunos quieren vincular la salida de la periodista con su raza, su sexo o su profesión, pero no: ha sido, sin duda, la peor gestora de la educación panameña, superándose a sí misma respecto de su gestión de hace dos gobiernos. El nuevo ministro será peor, lo dicen sus antecedentes políticos y judiciales. Ojalá le vaya bien, eso queremos todos, pero estas heridas sistemáticas y bien calculadas, asestadas por la política a la educación desde hace tiempo, van minando a la ciudadanía para convertirla en material humano barato y con hambre, que, con saber leer y escribir, sirva de mano de obra barata para el gobernador estadounidense en nuestro país y su jefe, Pete el Guerrero, que, nunca mejor dicho, va por Panamá como «Pedro por su casa». No exagero cuando digo que nos encontramos en horas aciagas para nuestra educación: el nivel académico es cada día peor —tanto en la educación privada como en la pública—, la comprensión lectora es casi nula, la redacción es terrible —miren las redes— y no hablemos de los nuevos escritores, de los cuales salva a poquísimos la imperiosa necesidad de leer que tiene un escritor. Es vergonzoso lo que se sigue leyendo en las escuelas y la falta de respeto del Meduca y de MiCultura por las letras panameñas. Vendrá noviembre y nos gastaremos la plata celebrando una patria que cada día existe menos, a la que vienen a defender los de afuera, esos que dicen que compraron el Canal por un dólar. Nos quieren comprando barato, con sueldos de miseria, y empiezan por la educación: «barriga llena, corazón contento», en lugar de alimentar el criterio. «Pensar no paga», dicen; «nosotros pensamos mejor que ustedes», insisten; «además, escribimos su historia más bonito que ustedes». Y nosotros nos lo creemos desde hace tiempo. Una oportunidad para el nuevo ministro de Educación Meduca ciente: uno de cada tres niños panameños vive en pobreza multidimensional. En las comarcas ese porcentaje llega al 91%, con un 15% de la niñez indígena fuera del sistema escolar, el triple del promedio nacional, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Asegurar el acceso a educación en áreas de difícil acceso y de pobreza extrema es, de hecho, una de las metas que ya contempla el estudio de Fudespa y JuxlaE. La ruta establece cinco objetivos: mejorar la equidad e inclusión educativa; elevar la calidad de los aprendizajes; fortalecer la profesión docente; mejorar la gestión administrativa del sistema y elevar la inversión en educación, consensos validados durante casi tres décadas. JuxlaE las incluyó en “19 para el 19” y las actualizó en “24 para el 24”, propuestas de políticas públicas con acciones concretas ante escuelas sin agua, sin electricidad y sin conectividad; una educación inicial con cobertura mínima; leyes aprobadas nunca reglamentadas y programas cuyo alcance no trascendió la capital. El documento plantea cinco prioridades: un diagnóstico actualizado; atención prioritaria a quienes están fuera del sistema; un Meduca técnico; rendición de cuentas y escuelas seguras, las mismas cinco que la organización repitió en un comunicado publicado el 13 de agosto, el día en que Vega asumió el cargo. Prioridades que apuntan en la misma dirección que las conclusiones de la Ruta Acordada por Ejecutar: colocar en el centro de toda decisión a los niños y jóvenes del país. La renuncia de Molinar al Meduca, el 12 de agosto de 2026, ocurrió tras 25 meses de gestión en medio de cuestionamientos por la compra de laptops para docentes. El MeEsther Vallejos Para sanar el mercado local hay que valorar el trabajo ajeno Economía Pregúntele a un comerciante cómo va la economía y le dirá que mal, que nadie compra. Cada empresa que paga lo menos posible hace algo razonable para reducir sus costos, pero entre todas terminan formando al cliente que ya no vuelve: salarios bajos, demanda interna débil, poca inversión y baja productividad se alimentan entre sí. De ese círculo no se sale sin volver a valorar el trabajo ajeno. La paradoja aparece cuando se miran las dos cosas a la vez: las cuentas nacionales dicen que el producto interno bruto sigue creciendo, y la caja registradora dice que el cliente entra menos y compra menos. Ambas son ciertas. En estos años, la porción del producto que va a los salarios cayó de cerca del 30% a menos del 27%, mientras el desempleo pasaba del 7% a más del 10%. El cliente que falta es, casi siempre, el mismo trabajador cuyo sueldo no subió o cuyo empleo nunca se formalizó. No subió por una razón que pocas veces se nombra. En buena parte del mercado laboral panameño, la productividad no se ha traducido proporcionalmente en mejores remuneraciones; librado a sí mismo, el mercado ha tendido a devaluar el trabajo ajeno, como si pagar lo menos posible fuera una virtud gerencial y no un problema de todos. La señal más clara está en la cima: la prima que paga un posgrado se ha comprimido hasta casi rozar el salario de base —y ni hablar de técnicos y licenciados, cuya ventaja siempre fue más delgada—, en parte por desdén y en parte porque el mercado no absorbe ese conocimiento: un saber que no se demanda se desactualiza o emigra, y lo que no llega a producir tampoco se paga. Conviene ver adónde lleva ese hábito, porque termina golpeando a quien lo practica. Cada empresa que paga poco reduce su costo; pero el conjunto de trabajadores mal pagados es el conjunto de clientes que no pueden comprar, y cuando todas recortan a la vez, el consumo flaquea, la inen las utilidades, que sea general para que nadie quede en desventaja por dar el primer paso, ataca justamente el problema de coordinación. La formación que desemboca en un ascenso y un aumento salarial reales, y la inversión en sectores capaces de absorber ese talento, atacan la productividad y evitan que se capacite gente solo para exportarla. Y una mínima transparencia en los portales de empleo —que le muestre al postulante cuánto cuesta vivir en su área y en qué rango salarial paga el mercado ese puesto, con esos requisitos, o puestos similares— le devuelve al trabajador sin sindicato una parte del poder que perdió. Ninguna cambia la actitud por sí sola; juntas cambian las cuentas que hacen que pagar poco parezca un buen negocio. Conviene, además, invertir el orden en que suele contarse esta historia. Panamá tiene motores de clase mundial —el Canal, la logística, los servicios financieros— y sabe generar productividad; lo que falla es transmitirla al trabajador, a la empresa local, al consumidor. El reto con esos motores no es castigarlos ni repartir sus rentas por decreto, sino tenderles puentes con el tejido doméstico: proveedores que les vendan, trabajadores que absorban su conocimiento, consumidores que crezcan a su lado. El capital no se queda solo por los incentivos fiscales, sino, sobre todo, donde ve una población que consume y progresa. Hay, al final, un cambio de mirada que le conviene sobre todo al empresario: el trabajador o el proveedor que tiene enfrente no es solo una línea de costo en el flujo de caja. Es, a la vez, su cliente, el usuario de su servicio, el contribuyente que ayuda a pagar las calles y los servicios públicos de los que su negocio también vive, y la mitad del mercado que dice faltarle. Pagarle mejor no es caridad ni concesión: es construir el mercado del que depende el propio negocio. Y esta vez el crecimiento tendrá que venir de adentro, porque no parece razonable contar con otra ola de capitales que rescate la economía desde afuera; sanar el mercado local, empezando por el laboral, no compite con el crecimiento: es su condición más descuidada. Al final, incluso el capital necesita quedarse donde hay quien le compre. Opinión EL AUTOR es escritor. EL AUTOR es arquitecto y urbanista. LA AUTORA es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana. Pedro Crenes duca declaró desierta más de una vez la licitación de laptops para estudiantes, con un valor de referencia cercano a 300 millones de dólares para 531,250 equipos. A diferencia del contrato para docentes, concretado y hoy investigado por el Ministerio Público, la dotación de equipos para estudiantes quedó sin resolver. Por otra parte, el informe El Espejismo Tecnológico de Fudespa y JuxlaE explica que la “ilusión tecnológica” es creer que repartir laptops mejora el aprendizaje por sí solo. La evidencia internacional muestra efectos casi nulos en matemáticas y lectura, incluso con inversiones millonarias en países como Perú y Uruguay. Panamá planea invertir cientos de millones en laptops mientras persisten problemas básicos, como escuelas sin electricidad y un 84% de estudiantes sin competencias mínimas en matemáticas, lo que evidencia que invertir en estos equipos sería un desacierto. El documento advierte que ese dinero rinde de 5 a 10 veces más si se invierte en formación docente, tutorías o infraestructura escolar. Al nuevo ministro le corresponde resolver problemas administrativos, pero, más importante aún, le corresponde encauzar el sistema educativo para que cumpla su función y ofrecer acceso a educación de calidad mediante el cumplimiento de lo ya acordado, con metas y plazos verificables, y con mecanismos de rendición de cuentas, priorizando la educación como lo que debe ser: una política de Estado. El Ministerio de Educación (Meduca) tiene nuevo ministro. Ventura Vega asumió el cargo esta semana, tras la renuncia de Lucy Molinar. Llega a encargarse de un sistema con problemas identificados y una ruta ya acordada para resolverlos. Desde 1995, al menos 17 iniciativas de diálogo, planificación y consenso entre distintos sectores de la sociedad han señalado qué falla en la educación panameña y qué se necesita para corregirlo, según el estudio La Ruta Acordada por Ejecutar de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JuxlaE). El problema no es la falta de diagnóstico y propuestas. Es la falta de ejecución. Los problemas de calidad educativa están documentados desde hace años. La prueba nacional de carácter censal, Crecer 2018, mostró que 5 de cada 10 niños de tercer grado no alcanzaba el nivel mínimo en lectura. Según datos de Unicef, la cifra aumentaba a casi 9 de cada 10 en las comarcas. La prueba PISA, aplicada a estudiantes de 15 años, ha mostrado rezagos que afectan, sobre todo, a los estudiantes de menores ingresos, desafíos exacerbados por el cierre de las escuelas durante la pandemia. La inequidad tampoco es un hallazgo reCarlos Antonio Solís Tejada Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular.
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