1A La Prensa Panamá, lunes 10 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 10 de agosto de 2026 - Año 46 - Nº 15353 Antonio Domínguez, presidente de Maersk para América Latina y el Caribe, advierte que Panamá perdió oportunidades logísticas y urge acelerar Río Indio, nuevos puertos y tecnología. VEA 1B Wilford Lamastus Jr. relata cómo la apuesta por los cafés especiales y el geisha transformó una industria y convirtió a Panamá en referente mundial de calidad. VEA 2B Maersk: el crecimiento de Panamá pasa por Río Indio Geisha: el café que cambió la industria Hoy por hoy La descentralización es necesaria para acercar la administración pública a las comunidades y permitir que municipios y juntas comunales respondan con rapidez a sus necesidades. Por eso, el aumento de recursos para la Autoridad Nacional de Descentralización no debe verse, por sí mismo, como algo negativo. Pero los antecedentes obligan a extremar la vigilancia. El presupuesto proyectado para 2027 asciende a $296.4 millones, un 50.1% más que este año, mientras las investigaciones sobre la denominada descentralización paralela ya suman 99 imputados, la mayoría vinculados a estructuras políticas del período 2019-2024. Panamá no puede repetir esa experiencia, mucho menos en la recta hacia las elecciones de 2029, cuando la propia Asamblea allana el camino al clientelismo con una reforma de su Reglamento Interno que busca facultar a los diputados para gestionar obras y proyectos. Descentralizar no significa repartir dinero sin controles. Cada dólar debe responder a necesidades comprobables, proyectos verificables y estricta rendición de cuentas. Fortalecer la descentralización exige impedir que los recursos públicos vuelvan a convertirse en instrumentos electorales. Vivir+ Las pioneras del Código Morse 5B Mario Méndez apunta a mejorar las canchas 4B Deportes Panorama El último mensaje del exdecano de Medicina, Enrique Mendoza 6A Opinión Mujeres: el futuro de la IA 8A Los diputados podrán estar ‘presentes’ sin estar en el pleno José González Pinilla [email protected] La reforma al Reglamento Interno (RORI) de la Asamblea llega este lunes a la recta final de su tercer debate con cambios sustanciales frente a la propuesta original. Durante el segundo debate fueron eliminadas dispoASAMBLEA NACIONAL En la lista de modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional figuran nuevas reglas sobre asistencia, gestión de obras, incidencias, comisiones y controles que quedaron eliminados. siciones que buscaban aplicar descuentos salariales por ausencias injustificadas y prohibir el nombramiento de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En contraste, se aprobó que las actividades oficiales realizadas por los diputados en sus circuitos puedan contabilizarse como asistencia, además de inVenezuela Una nueva vida después del terremoto Más de seis semanas después del doble terremoto del 24 de junio, que dejó 6,125 muertos y cerca de 17,000 heridos en Venezuela, continúan las secuelas entre los sobrevivientes. La atención de quienes sufrieron amputaciones plantea ahora otro desafío. Juan Pablo Dos Santos (en la foto), líder de la fundación que lleva su nombre, impulsa una alianza para identificar y atender a los amputados. EFE Después de casi cuatro años en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el panameño Rony González tiene un mensaje para quienes piensan seguir ese camino: no recomienda a nadie ir. González, de 36 años, combate del lado ucraniano y aseguró en entrevista con La Prensa que “la suerte no es la misma para todos y el campo de batalla no perdona a nadie”. Contó que ha sido herido dos veces y actualmente opera drones utilizados contra objetivos rusos. Su vida también echó raíces en Ucrania: hace un mes se casó con una mujer de ese país. VEA 3A TESTIMONIO El déficit de especialistas que pesa sobre las UCI Descentralización tendrá 50% más recursos en 2027: $296 millones Panameñoen Ucrania: ‘sivienes por el dinero, morirás’ Panamá cuenta con 4.5 médicos intensivistas por cada 100,000 habitantes, lejos de los 8 a 10 considerados necesarios. El país forma apenas uno o dos especialistas al año, una brecha que limita la capacidad de las UCI ante pacientes críticos y futuras emergencias. VEA 6A El presupuesto de Descentralización aumentaría 50.1% en 2027, hasta $296.4 millones, mientras persiste el escrutinio por irregularidades en fondos del PDIS, que ya dejan 99 personas imputadas. VEA 4A SALUD PÚBLICA PRESUPUESTO corporar entre sus funciones la posibilidad de “gestionar” y “fiscalizar” obras. El pleno también aumentó de 30 a 45 minutos el periodo de incidencias, prohibió la colocación de carteles en las curules y estableció un plazo máximo de 10 días para conformar las comisiones permanentes después de instalada la junta directiva. VEA 2A Algunos de los cambios al RORI
2A La Prensa Panamá, lunes 10 de agosto de 2026 El mapa electoral del país volverá a estar sobre la mesa de la Asamblea Nacional. El Tribunal Electoral (TE) desempolvó el proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales y tiene previsto presentarlo en la segunda mitad de agosto, de cara a las elecciones generales de 2029. La iniciativa ya conoce el rechazo del Legislativo. Fue desestimada dos veces: primero en 2018 y luego en 2022, después de que los diputados no dieran paso a la propuesta del TE. “Estamos morosos con la sociedad”, reconoció el magistrado Luis Guerra. La Constitución, en su artículo 147, obliga al TE a realizar un reordenamiento de los circuitos electorales, tomando en cuenta los cambios en la población. El objetivo es ajustar la representación electoral a la realidad demográfica del país. Los magistrados han dicho que eso debe ocurrir cada 10 años. En 2018, los magistrados presentaron el proyecto, pero la propuesta encontró resistencia en la Asamblea y terminó archivada en la Comisión de Gobierno, entonces presidida por el panameñista Carlos Santana. Tres años después, en 2021, el TE volvió a intentarlo. El resultado fue el mismo. La iniciativa fue modificada en marzo de 2022, cuando la Comisión de Gobierno estaba presidida por el entonces diputado Víctor Castillo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Solo avalaron el cambio a la nomenclatura más no la redistribución de las curules. Ahora, el proyecto regresará a la Asamblea en un escenario un poco distinto, pero en el que aún siguen presentes diputados que en el pasado mostraron oposición. San Miguelito pierde uno Guerra adelantó que la nueva propuesta no contempla crear más circuitos ni aumentar o reducir el número total de diputados. Los 39 circuitos actuales se mantienen: 26 uninominales y 13 plurinominales. El cambio estará en la cantidad de curules que corresponden a determinadas circunscripciones, según el comportamiento de la población. Uno de los principales movimientos estará en el distrito San Miguelito. El circuito 8-2 pasaría de elegir siete diputados a seis. En 2014, de acuerdo a datos oficiales, registraba unos 350 mil habitantes, mientras que para 2024 la cifra había bajado a aproximadamente 280 mil. “Disminuyó tanto que no tiene derecho a un séptimo diputado, tiene derecho a seis diputados”, aseguró el magistrado. Reconfiguración de circuitos vuelve a la Asamblea: ¿se repetirá la historia? ELECCIONES 2029 La pérdida de representación también alcanzaría a los circuitos 8-3 y 8-4. El circuito 8-3, que incluye Ancón, Betania, Bella Vista, Pueblo Nuevo, El Chorrillo, Curundú, Calidonia, Santa Ana y San Felipe, pasaría de cinco a cuatro diputados. Lo mismo ocurriría en el circuito 8-4, integrado por Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco: de cinco curules bajaría a cuatro. Panamá Oeste y el este, ganan Mientras unos circuitos pierden representación, otros la ganan. La provincia de Panamá Oeste y el sector este del distrito de Panamá son los principales beneficiados por la redistribución. Arraiján, que corresponde al circuito 13-1, ganaría una curul. Pasaría de tres a cuatro diputados. La Chorrera, circuito 134, tendría el mismo incremento: de tres a cuatro diputados. También aumentaría la representación del circuito 8-6, conformado por 24 de Diciembre, Tocumen, Las Mañanitas, Pedregal, Pacora, San Martín y Las Garzas. Ese circuito pasaría de cuatro a cinco diputados. “Esto es un tema eminentemente legal. No hay ningún capricho de nosotros de decir que, por ejemplo, en San Miguelito se le va a poner uno y que al otro se le sume una curul. No, no, no”, sostuvo. El artículo 147 de la Constitución, recordó, establece que la asignación de curules debe atender criterios de proporcionalidad. Primer pulseo: Comisión de Gobierno El proyecto tendrá que superar nuevamente su primer obstáculo en la Asamblea Nacional: la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. En 2021, cuando los magistrados lo presentaron por segunda vez el proyecto, el que presidía esa instancia era el perredista Crispiano Adames (del circuito 8-3, donde se perdía una curul). La comisión está presidida actualmente por Benicio Robinson, diputado y presidente del PRD. Será allí donde comenzará el nuevo pulseo político por el mapa electoral. Los diputados José Luis Varela, del Partido Panameñista y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas. Archivo De descuentos por ausencias a giras como asistencia en el RORI José González Pinilla [email protected] José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El proyecto 594 será sometido a tercer debate. Quedaron por fuera artículos que impedían el nepotismo y aplicaban descuento a diputados que no asistían al pleno. La reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI) llega hoy a su tercer debate con varias de las propuestas que buscaban transparencia y eliminar privilegios fuera del texto, mientras los diputados incorporaron cambios que amplían su actuación dentro y fuera del pleno. El proyecto de ley 594, que originalmente planteaba modificaciones para mejorar el funcionamiento del Legislativo, terminó incluyendo durante el segundo debate disposiciones para considerar como asistencia la participación de los diputados en actividades dentro de sus circuitos electorales, ampliar el periodo de incidencias y permitirles “gestionar” y “fiscalizar” obras. Para diputados de la oposición, estos cambios perjudican el propósito de la reforma. “Se ha desvirtuado este proyecto”, aseguró el diputado independiente Luis Duke. La bancada Vamos evalúa incluso presentar una propuesta para devolver el proyecto a segundo debate, con el objetivo de que se reconsideren algunas de las modificaciones introducidas en el pleno. La asistencia que dejó de serlo Uno de los cambios que más críticas ha generado, adicional al que permite “gestionar” obras, es el relacionado con la asistencia de los diputados. El texto aprobado en primer debate establecía sanciones administrativas, entre ellas descuentos salariales, para quienes faltaran injustificadamente a las sesiones del pleno. Esa disposición fue eliminada. En su lugar, los diputados oficialistas Dana Castañeda y Luis Eduardo Camacho, ambos de Realizando Metas (RM), impulsaron una modificación para que, al momento de contabilizar la asistencia, se considere la participación de los diputados en “actividades oficiales” dentro de sus circuitos electorales. La disposición abre la puerta a que un diputado pueda ser considerado presente en el trabajo legislativo aunque no se encuentre en su curul durante la sesión plenaria. “Hay diputados que no vienen (al pleno) nunca. No van a trabajar”, cuestionó Jhonathan Vega, diputado de Vamos. Plazo para acabar con las comisiones eternas Otra modificación establece un plazo máximo de 10 días después de instalada la junta directiva de la Asamblea para conformar las comisiones permanentes. La propuesta fue impulsada por Camacho, con el respaldo de Castañeda y Manuel Chen. Actualmente no existe un plazo establecido. La conformación de las 15 comisiones suele extenderse durante semanas después de la elección de la nueva junta directiva. Este año, las primeras comisiones comenzaron a instalarse 15 días después de la conformación de la directiva. En 2025, el proceso tomó más de un mes y terminó con la elección, mediante votación secreta, de dos comisiones: la de Credenciales y Gobierno. El nuevo plazo busca evitar que ese proceso se prolongue, según lo proponentes. La pelea por los carteles Los diputados también aprobaron una propuesta que prohíbe colocar carteles, papeletas o cualquier tipo de rótulo en las curules, muebles o paredes del pleno legislativo. La iniciativa fue presentada por Alaín Cedeño, de RM, con el respaldo de Manuel Chen. El artículo, justificado en las normas de orden y decoro, faculta al presidente de la Asamblea para ordenar el retiro inmediato de los carteles. Los rótulos se han convertido en una forma expresión o de protesta utilizada por diputados de distintas bancadas. Uno de los primeros que marcó el actual periodo legislativo fue “Free Martinelli”, colocado en el pleno al inicio del quinquenio. Duke, quien también ha utilizado carteles para cuestionar al Ejecutivo, considera que prohibirlos limita una de las pocas herramientas que tienen los diputados para enviar mensajes al presidente de la República. En su curul, por ejemplo, ha colocado el mensaje “¿Dónde está el Chen Chen para el pueblo?”, dirigido al mandatario José Raúl Mulino. Argumentó que los diputados no tienen la posibilidad de interrumpir o cuestionar al presidente cuando este acude al pleno a rendir su informe al país, por lo que los carteles constituyen una forma de expresar su posición. “Muchas veces se desconecta de lo que realmente pasa en el país”, dijo. Nueva estructura para una ‘Medalla’ En medio de las reformas al reglamento, la mayoría de los diputados también aprobó la creación del Consejo de la Orden Justo Arosemena. La propuesta fue respaldada por la aplanadora integrada por RM, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), con el apoyo de diputados del Partido Panameñista.El nuevo consejo estará integrado por el presidente de la Asamblea, quien ejercerá como Gran Maestre de la Orden; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, como canciller; el secretario general o subsecretario, como vicecancilleres; el asesor del presidente y el director de Protocolo y Ceremonial Legislativo, quien actuará como Guardián de la Orden. El pleno también aprobó aumentar de 30 a 45 minutos el periodo de incidencias, espacio utilizado por los diputados para plantear denuncias y abordar asuntos políticos y comunitarios.Las intervenciones continuarán limitadas a cinco minutos por diputado. La propuesta contó con el respaldo de Raúl Pineda, del PRD; Francisco Brea, del Partido Panameñista, y Didiano Pinilla, de CD, entre otros. El panameñista José Luis Varela adelantó que votará a favor del proyecto en tercer debate porque, en su opinión, el paquete contiene “más avances que retrocesos”. Sin embargo, Varela reconoció que hay disposiciones que deben ser revisadas. Entre ellas, la que permite contabilizar como asistencia las actividades oficiales de los diputados en sus circuitos. Cuestionó que se haya eliminado la propuesta que impedía a los diputados nombrar a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Benicio Robinson preside la Comisión de Gobierno. Archivo Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, lunes 10 de agosto de 2026 Panorama Rony González (Der.) con las banderas de Panamá y Ucrania en su brazo. Cortesía Tres años bajo fuego: la vida de un panameño en la guerra Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONFLICTO BÉLICO La Cancillería ha confirmado la vinculación de unos 30 panameños con la guerra entre Rusia y Ucrania. Rony González es uno de ellos y actualmente combate en las filas del ejército ucraniano. A sus 36 años, Rony González ha aprendido a medir el tiempo de otra manera. Lleva tres años y nueve meses en Ucrania, una parte importante de ese tiempo combatiendo junto al ejército de ese país. La guerra, dice, le cambió la forma de mirar la vida: antes pensaba en lo que haría al día siguiente; ahora piensa en el momento, porque “el día de mañana no está prometido para nadie”. Cuando se le pregunta cómo describe el campo de batalla, González no necesita demasiado tiempo para responder. Habla de una tierra “desollada”, impregnada por el olor de la pólvora y de cuerpos en descomposición. A lo lejos se escuchan disparos que no siempre permiten identificar dónde está el enemigo. También están los drones, los morteros y la artillería. “Cada paso que das para avanzar es como caminar descalzo en un camino lleno de espinas”, cuenta. En ese escenario, dice, la muerte deja de ser una posibilidad abstracta. “Donde perder la vida es mejor que quedar herido”, afirma. Cada día que logra ver el sol trae consigo la incertidumbre de querer seguir viviendo. El mayor temor, explica, no es estar solo, sino enfrentar un asalto enemigo con vehículos blindados y apoyo de tanques. Incluso comer se convierte en una especie de recompensa: “Cada cucharada de comida es el alivio que llega a tu estómago y sacia tu hambre”. González también recuerda la falta de condiciones básicas. Hay momentos en los que pasan meses sin poder bañarse. “No sabes qué huele más feo: un pedo o el olor que tiene tu cuerpo después de meses sin bañarte”, dice, con una crudeza que refleja la cotidianidad de quienes permanecen durante largos periodos en posiciones de combate. Para él, esa es la guerra: hambre, suciedad, incertidumbre y la necesidad permanente de identificar de dónde puede llegar el próximo ataque. Su motivación Llegó a Ucrania por decisión propia. González asegura que fue el segundo panameño en incorporarse al ejército ucraniano. Antes que él, dice, ya había otro panameño desde el comienzo de la guerra y asegura que todavía está vivo. No mantiene contacto personal con él, salvo por videollamadas. Su llegada, aclara, no ocurrió porque aquel compatriota lo convenciera: viajó por su propia cuenta. Su historia tampoco comenzó, como se ha contado en Panamá, simplemente después de perder un empleo en una mina en Donoso. González explica que la decisión fue el resultado de varios años de dificultades para encontrar trabajo. Intentó emprender, pero las cosas tampoco funcionaron. A eso, según cuenta, se sumaron el desempleo, el aumento de la violencia y el crimen, y su percepción de que el Gobierno prestaba mayor atención a las discusiones políticas que a los problemas cotidianos de los ciudadanos. En Ucrania también encontró una vida que no esperaba. Hace un mes se casó con una ucraniana, después de un año de noviazgo. La conoció a través de un amigo de ese país, quien le pidió que entregara un mensaje a su esposa. La mujer era vecina de quien hoy es la esposa de González. Así comenzó una cadena de mensajes que terminó acercándolos. Su esposa, cuenta, no parece interesada en el dinero ni en las ventajas que pudiera representar estar casada con un extranjero que combate en una guerra. Todo lo contrario. “Todos los días me ruega que deje este trabajo y que me quede en su casa”, relata. Vivir entre drones y trincheras La guerra le ha dejado también heridas. González asegura haber sido herido dos veces, por fuego de artillería, una granada y un dron. La experiencia que más recuerda ocurrió cuando su posición quedó completamente rodeada por el enemigo. Eran tres combatientes frente a unos 10 adversarios. Combatieron y lograron resistir. González salió con una herida menor provocada por un fragmento de granada. “Muchas veces” ha estado cerca de la muerte, responde cuando se le pregunta por ello. “Quien no ha estado cerca de la muerte en una guerra no ha ido a línea cero”, sostiene. No habla de cuántas personas ha matado. Dice que perdió la cuenta hace mucho tiempo y que no tiene permitido revelar esa información. Pero, sobre todo, afirma que no es algo que lo haga sentir orgulloso. “Al final del día solo cumplo con mi trabajo y defiendo un territorio que está siendo invadido”, explica. Sobre los combatientes del otro lado, evita hacer generalizaciones. Su percepción de los ucranianos, en cambio, es distinta. Los describe como un pueblo unido, humilde y bueno. “Cuando te ganas su confianza eres uno más de ellos, no te miran como un extranjero, eres un hermano más”, dice. Él, que llegó desde Panamá y terminó incorporándose a una sociedad en guerra, asegura que ha encontrado allí una segunda casa. Por eso no descarta quedarse. Si la guerra termina, dice, le gustaría vivir en Ucrania.
4A La Prensa Panamá, lunes 10 de agosto de 2026 Panorama MENTE. Detrás de la creación de la Policía Municipal estaría nada menos que Isaac Brawerman, uno de los asesores estrella del alcalde y presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA). El cuento empieza a tener sentido. ALMA. El director de la Policía Municipal es el comisionado Ascanio Ellis, quien —según su hoja de vida— acumula más de 25 años de experiencia en la Policía Nacional y el Senafront. Estos datos deberían figurar en la demanda que presentará el diputado Ernesto Cedeño contra el acuerdo municipal que creó este engendro. RORI. Este lunes, el pleno legislativo retoma el tercer debate del proyecto de reformas al Reglamento Interno de la Asamblea. Ya se está gestando una solicitud para bajar la propuesta a segundo debate, a fin de poder hacer modificaciones. Todavía tienen oportunidad de hacer las cosas bien. Ojalá que no suceda lo mismo de siempre: que cada vez sacan algo peor que lo anterior. IRONÍA. Apede advirtió que permitir que los diputados “gestionen” proyectos y programas comunitarios fomentará el clientelismo y desnaturalizará el rol para el que fueron electos. Acto seguido, Camacho replicó que al gremio solo le interesa “la caja registradora de las empresas”. Lo dice él, que es el lacayo de un empresario. EFEMÉRIDE. Hoy se cumRoxana Méndez (Der.), directora de la Autoridad Nacional de la Descentralización junto a varios alcaldes. Archivo Entre reclamos y denuncias, alcaldes y ediles recibirían $99 millones más Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PRESUPUESTO 2027 Alcaldes y representantes reclaman al Gobierno más de $500 millones en transferencias del IBI, mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga el manejo de fondos de la descentralización. El presupuesto de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) aumentaría en 2027. Según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la entidad, que administra recursos destinados a municipios y juntas comunales, tendría $296.4 millones, frente a los $197.4 millones asignados para 2026. Esto representa un aumento de $98.9 millones, equivalente al 50.1%. El incremento se refleja tanto en los gastos de funcionamiento como en los recursos destinados a inversión. El presupuesto de funcionamiento pasaría de $48.8 millones en 2026 a $73.5 millones en 2027, un aumento de $24.7 millones. Dentro de este grupo, la partida de Administración Descentralizada subiría de $40.8 millones a $65.3 millones. Sin embargo, el mayor aumento se registra en el presupuesto de inversión, que crecería de $148.6 millones a $222.8 millones. Esto significa que la AND tendría $74.2 millones adicionales para este rubro en 2027. Transferencias La principal diferencia se encuentra en las transferencias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para inversión. Esta partida pasaría de $62.3 millones en 2026 a $136.5 millones en 2027. Es decir, tendría un aumento de $74.1 millones y más que duplicaría los recursos previstos para este concepto. En cambio, los fondos destinados directamente a obras públicas y servicios municipales prácticamente no variarían. Pasarían de $86.1 millones a $86.2 millones, un aumento de apenas $110,000. La partida de suministro y equipamiento también se mantendría en $100,500. El aumento del presupuesto de la AND es relevante porque estos recursos están vinculados al financiamiento de los gobiernos locales. Las polémicas En los últimos años, la realidad de los gobiernos locales ha estado marcada por dos situaciones que avanzan en paralelo. Por un lado, alcaldes y representantes de corregimiento han reclamado al Gobierno central el pago de más de $500 millones en transferencias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que, según sostienen, les corresponden por ley. Estos recursos constituyen una de las principales fuentes de financiamiento para que municipios y juntas comunales puedan desarrollar obras y atender las necesidades de sus comunidades. Por otro lado, el manejo de los fondos destinados a la descentralización también ha quedado bajo el escrutinio de las autoridades. La Fiscalía Anticorrupción analiza 72 informes de auditoría relacionados con posibles irregularidades en el uso de recursos de la denominada descentralización paralela y ha encontrado inconsistencias en 50 de ellos. Estas investigaciones han llevado hasta ahora a la imputación de cargos a 99 personas. Así, mientras los gobiernos locales reclaman mayores recursos para atender las necesidades de sus comunidades, también aumenta el escrutinio sobre la forma en que son utilizados los fondos públicos que reciben. El presidente de la Coordinadora Nacional de Representantes (Conare), Celestino Vargas, ha planteado que las juntas comunales constituyen el primer contacto de la población con las autoridades y que, ante las necesidades de las comunidades, en muchas ocasiones deben destinar recursos para atender obras y brindar ayuda social. Entre las labores que realizan las juntas comunales se encuentran el mantenimiento y recuperación de parques, aceras y áreas públicas; la reparación de calles y caminos; mejoras en canchas deportivas, instalaciones comunitarias y espacios recreativos; trabajos de limpieza, pintura e iluminación, así como apoyo a actividades sociales y comunitarias. Estas acciones, según Vargas, forman parte de las respuestas que las autoridades locales deben brindar a los residentes ante las necesidades que surgen en los corregimientos. En el país hay unos 80municipios y 700 juntas comunales. Aleida Samaniego C. [email protected] La inspección detectó intervenciones sin autorización que podrían afectar el cauce y el ecosistema marino-costero. Cortesía Miambiente detecta descarga sin concesión en proyecto de Playa Bijao AMBIENTE El Ministerio de Ambiente (Miambiente) ordenó la paralización inmediata de los trabajos para construir un colector de aguas pluviales y sanitarias de un proyecto hotelero en Playa Bijao, distrito de Antón, provincia de Coclé, luego de detectar irregularidades ambientales y una posible afectación al ecosistema marino-costero. La medida se adoptó tras una inspección de técnicos de la Dirección Nacional de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda), quienes determinaron que la obra no contaba con autorización para intervenir el cauce ni con una concesión para descargar aguas residuales. Durante la inspección se detectaron intervenciones que podrían modificar el comportamiento natural del cauce, generar erosión y sedimentación y afectar la calidad del agua. Miambiente realizó muestreos y verificaciones para determinar el posible impacto sobre el ecosistema de Playa Bijao. La directora de Diveda, Marilyn García Paredes, recordó que cualquier obra que intervenga cauces o descargue aguas residuales debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación ambiental. Aunque los trabajos fueron suspendidos, el responsable del proyecto podrá solicitar la concesión correspondiente para la descarga de aguas residuales. Miambiente conminó a la empresa a acreditar el inicio de ese trámite y anunció nuevas inspecciones para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas. La institución advirtió que, si los trabajos continúan pese a la paralización o se realizan nuevas descargas sin autorización, podrá ordenar el taponamiento de la tubería utilizada y aplicar otras sanciones previstas en el Decreto Ejecutivo No. 3 de 2026. El incumplimiento de la orden también podría conducir a medidas más severas, incluida la suspensión definitiva de la obra y, después del debido proceso administrativo, la demolición de estructuras construidas en contravención de las normas ambientales. Además, si las investigaciones determinan la posible comisión de un delito, el expediente podrá remitirse a las autoridades competentes para establecer eventuales responsabilidades penales. Miambiente indicó que sus actuaciones se sustentan en la Constitución, la Ley 41 de 1998 y otras normas ambientales y administrativas vigentes. plen 38 años de la muerte de Arnulfo Arias. Por ese motivo, el pasado fin de semana, el presidente Mulino estuvo en el Museo Arias Madrid, en Penonomé, visitando la tumba del expresidente. Con él estaban Mireya Moscoso, la primera dama, el canciller y varios ministros. Buen momento para recordar que el poder pasa, pero la historia queda. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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6A La Prensa Panamá, lunes 10 de agosto de 2026 Panorama Las unidades de cuidados intensivos requieren médicos especialistas y un equipo multidisciplinario para atender a pacientes en estado crítico. iStock De 4.5 a 10: la brecha de intensivistas en Panamá Aleida Samaniego C. [email protected] MEDICINA CRÍTICA Panamá cuenta con 4.5 médicos intensivistas por cada 100,000 habitantes, pero necesita entre 8 y 10. El país forma apenas uno o dos especialistas al año. Alfredo Matos advierte que Panamá no está preparado para enfrentar otra emergencia similar a la covid-19. Panamá tiene 4.5 médicos intensivistas por cada 100,000 habitantes, una cifra inferior a los 8 a 10 especialistas por cada 100,000 que, según Alfredo Matos, médico intensivista de la Caja de Seguro Social (CSS), debería alcanzar el país para fortalecer la atención de pacientes críticos. Matos es uno de los autores panameños del estudio multinacional Mapeo de la atención intensiva en Iberoamérica, publicado en Journal of Critical Care en julio pasado. La investigación analizó el estado de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en 21 países de Iberoamérica que forman parte de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Matos, quien presidió esa federación entre 2023 y 2025, explicó que diseñó el estudio para conocer la situación de las UCI en la región y establecer una base para investigaciones más detalladas sobre la capacidad de atención intensiva. El estudio reporta unos 200 especialistas en medicina crítica en Panamá, aunque Matos advierte que una revisión más rigurosa podría situar el número real en menos de 160. El problema es que el país forma apenas uno o dos nuevos intensivistas al año, por lo que cerrar la brecha tomaría varios años. “De 8 a 10 médicos intensivistas por cada 100,000 habitantes me parece que sería lo ideal”, explicó. Solo dos centros forman intensivistas en Panamá La formación de estos especialistas está concentrada actualmente en dos centros: el Hospital Santo Tomás y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Las plazas son limitadas. Según Matos, se están abriendo apenas una o dos plazas de residencia al año. El especialista propone aumentar a cuatro plazas en cada centro, para alcanzar ocho nuevos residentes de medicina crítica por año. Con ese ritmo, estima que Panamá podría comenzar a reducir la brecha en cinco o seis años. El camino para convertirse en intensivista también es largo. El médico debe completar primero una especialidad base y después realizar la formación específica en cuidados intensivos. Entre las especialidades de base están medicina interna, cirugía general y anestesiología. Para cuidados intensivos pediátricos, la base es pediatría. Para Matos, el déficit de intensivistas refleja además un problema más amplio: Panamá necesita formar más médicos especialistas y lograr que un mayor número de médicos generales continúe su preparación profesional. Una UCI necesita más que médicos La capacidad de una UCI no depende únicamente del número de médicos. El equipo también requiere enfermeras especializadas, terapeutas respiratorios y nutricionistas, además de medicamentos, equipos e insumos. Por eso, Matos considera que fortalecer las UCI implica aumentar el recurso humano especializado tanto en la capital como en el resto del país. Una unidad combina, según explica, tres elementos: personal capacitado, tecnología y pacientes con enfermedades graves. Aumentar las camas sin contar con suficiente personal no garantiza una mayor capacidad de atención. Panamá aumentó 81% las camas de UCI La capacidad instalada creció de manera importante durante la emergencia sanitaria. Antes de la pandemia, Panamá tenía unas 330 camas de UCI, equivalentes a 7.4 camas por cada 100,000 habitantes. De ese total, aproximadamente 230 estaban en el sector público y 100 en el privado. Con la llegada de la covid-19, el país llegó a unas 600 camas, un aumento aproximado de 81%. También creció el número de médicos involucrados en la atención de pacientes críticos, de unos 200 a 350. Sin embargo, estos últimos no eran todos intensivistas: el sistema tuvo que incorporar médicos de otras especialidades para responder al aumento extraordinario de pacientes. La experiencia dejó una diferencia clave: las camas pueden habilitarse en poco tiempo, pero formar un especialista requiere años. ‘No estamos preparados’ para otra emergencia similar Para Matos, esa vulnerabilidad permanece. Al preguntarle si Panamá estaría preparado actualmente para enfrentar una emergencia sanitaria de una magnitud similar a la covid-19, fue tajante: “En este momento, si estamos hablando de una emergencia similar al covid-19, pienso que no estamos preparados”. El reto volvería a involucrar no solo a los intensivistas, sino también a terapeutas respiratorios, enfermeras de cuidados intensivos y nutricionistas, además de equipos, medicamentos e insumos. Durante la emergencia sanitaria, los terapeutas respiratorios fueron fundamentales para atender a pacientes que necesitaban soporte ventilatorio. Un nuevo aumento extraordinario de pacientes críticos volvería a poner presión sobre un sistema que no cuenta con suficiente personal especializado. No todas las UCI tienen intensivistas las 24 horas El estudio también encontró limitaciones en la cobertura permanente de especialistas. Panamá no reportó una presencia consistente de intensivistas 24 horas al día, siete días a la semana, en todas sus UCI. Fuera del horario regular existen distintos mecanismos de cobertura. En algunos casos, el intensivista regresa al hospital cuando se requiere su presencia; en otros, permanece disponible durante determinado periodo o brinda orientación por teléfono. Matos aclara que esto no significa que los pacientes queden sin atención. “Ningún paciente se queda sin una atención”, aseguró. Sin embargo, considera que lo ideal sería contar con un intensivista presencial las 24 horas. La limitación vuelve a ser la disponibilidad de especialistas para garantizar esa cobertura en todas las unidades. Causas de ingreso a UCI La necesidad de fortalecer las UCI no depende únicamente de una futura emergencia sanitaria. El estudio regional encontró que la sepsis fue la principal causa de ingreso a UCI en 14 de los 21 países analizados y estuvo entre las dos primeras causas en 20. En Panamá, las principales causas identificadas fueron: sepsis, trauma, enfermedades neurocríticas y enfermedades cardiovasculares. La sepsis ocurre cuando una infección desencadena una respuesta desregulada del organismo que puede provocar daños graves en distintos órganos. Matos destaca la importancia de detectar y tratar las infecciones de manera temprana para evitar que evolucionen hacia cuadros que requieran cuidados intensivos. Panamá necesita más especialistas en medicina crítica En conjunto, el estudio identificó 23,803 intensivistas, con una mediana de 2.6 especialistas por cada 100,000 habitantes. Los países reportaron 78,723 camas de UCI antes de la pandemia. Durante la emergencia sanitaria, esa capacidad aumentó a 132,809 camas, un incremento de 69%. En cambio, el número de médicos involucrados en la atención de pacientes críticos aumentó mucho menos: 32% en los 20 países con información comparable. El contraste muestra una de las principales lecciones de la emergencia sanitaria: la capacidad física de las UCI puede ampliarse en meses, pero la formación de especialistas requiere años. Mientras tanto, las UCI seguirán atendiendo diariamente a pacientes con sepsis, traumas, enfermedades cardiovasculares y afecciones neurocríticas. La brecha de intensivistas no es solo un problema ante una futura emergencia sanitaria: es una necesidad que el sistema de salud enfrenta todos los días. Días antes de fallecer, el doctor Enrique Mendoza Posada, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, reiteró una preocupación que defendió durante años: la urgencia de construir una nueva sede para formar a los médicos que enfrentarán los desafíos del siglo XXI. En una entrevista grabada el 17 de junio con el médico interno Guillermo Corrales para el podcast Hablando de Medicina y publicada el 31 de julio, Mendoza advirtió que la facultad continúa funcionando en instalaciones que datan de 1951, concebidas cuando tenía cerca de 100 estudiantes. Hoy reúne unos 2,000 alumnos, más de 1,000 de ellos en la Escuela de Medicina, y ofrece varias carreras de ciencias de la salud. Recordó que el proyecto de una nueva sede en la Ciudad de la Salud dispone de 5.5 hectáreas y planos elaborados. La iniciativa buscaba integrar atención de pacientes, enseñanza e investigación científica y llegó a contar con un convenio para que el Ministerio de Salud aportara $70 millones. Sin embargo, tres licitaciones fallidas y otros obsLa última causa de Enrique Mendoza: nueva sede para la Facultad de Medicina MENSAJE PÓSTUMO táculos frenaron la obra. Según Mendoza, entre 2021 y 2026 no hubo avances significativos para retomarla. El exdecano sostenía que las nuevas instalaciones son necesarias ante cambios como la inteligencia artificial, la medicina de precisión y el envejecimiento de la población. En una de sus últimas reflexiones públicas, llamó a los estudiantes a liderar la defensa del proyecto y reivindicó el papel de la facultad en los grandes debates sanitarios del país. “No puede haber una facultad de medicina en silencio”, afirmó. También recordó que la institución ha sido clave durante crisis sanitarias y en la formación de especialistas en neurocirugía y cardiología clínica. Aleida Samaniego C. [email protected] Enrique Mendoza (derecha), entrevistado por el médico Guillermo Corrales.. Cortesía Alfredo Matos. Elysée Fernández Latinoamerica - 2024-2025 HABITANTES TOTALES INTENSIVISTAS TOTALES INTENSIVISTAS HOMBRES INTENSIVISTAS MUJERES Cantidad de intensivistas Infografía: LP - Fuente: Sociedades de Medicina Crítica de cada país presentes en la FEPIMCTI - Septiembre - Marzo 2024-2025 Argentina 45,540,000 2,3 51% 49% 5.0 Bolivia 12,240,620 245 67% 33% 2.0 Brasil 211,122,781 9 70% 30% 4.3 Chile 52,320,000 906 80% 20% 1.7 Colombia 5,106,000 32 90% 10% 0.6 Costa Rica 19,660,000 300 66% 34% 1.5 Cuba 11,020,000 1,3 54% 46% 11.8 Ecuador 17,980,643 980 61% 39% 5.5 El Salvador 6,310,000 66 80% 20% 1.0 España 48,350,875 4 30% 70% 8.3 Guatemala 18,120,000 48 54% 46% 0.3 Honduras 10,640,000 50 60% 40% 0.46 México 129,705,138 1 66% 34% 0.8 Nicaragua 6,824,866 46 74% 26% 0.7 Panamá 4,459,754 200 71% 29% 4.5 Paraguay 6,844,644 212 55% 45% 3.1 Perú 33,850,875 900 72% 28% 2.6 Portugal 10,580,726 701 52% 48% 6.6 República Dominicana 11,330,161 224 49% 51% 1.9 Uruguay 3,388,263 543 53% 47% 16 Venezuela 28,300,000 750 ? ? 2.6 Total 693,698,346 23,803 63% 37% 3.86 INTENSIVISTAS/ 100,000 HABITANTES PAÍS
7A La Prensa Panamá, lunes 10 de agosto de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. la deuda y con una inversión extranjera que no llega. La historia local desmonta el mito con cifras: la dictadura militar panameña (1968-1989) demuestra que la percepción de seguridad no es sinónimo de desarrollo. Bajo una fachada de orden y control, el régimen financió su estabilidad mediante un endeudamiento externo descontrolado. De menos de 300 millones de dólares en 1968, la deuda pública escaló a 5,173 millones hacia 1989, un incremento del 1,600% en la carga por habitante que se fraguó en los años setenta, precisamente cuando el aparato militar parecía más robusto. El mismo modelo que prometía “dormir con las puertas abiertas” dejó al país en quiebra, con la banca paralizada y cuatro de cada 10 panameños en la pobreza. La historia propia de Panamá demuestra, con cifras y no con opiniones, que la obsesión del Estado por vigilar a sus ciudadanos y la prosperidad económica sostenible avanzan en direcciones opuestas. La lección es clara: las cárceles, ni el Estado Policial construyen riqueza. La inversión internacional no busca solo calles patrulladas; busca seguridad jurídica, educación de calidad y un mercado con poder adquisitivo. Un orden punitivo puede apagar el fuego hoy, pero si no transforma la matriz productiva de un país, el resultado no es el desarrollo, sino una pobreza pacificada, vigilada y sin futuro. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Delimitación de la sustancia económica Tributación Recientemente, en distintos foros, como Café con La Prensa y el Congreso Internacional de Derecho Tributario, organizado por el Tribunal Administrativo Tributario (TAT), se ha abordado el novedoso tema de la sustancia económica, contenido en la Ley 526 de 28 de mayo de 2026, “Que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal relativos al impuesto sobre la renta y a la sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera”, la cual debe empezar a regir en el periodo fiscal de 2027. Esta introduce, básicamente, un elemento primordial de certeza en cuanto a la tributación internacional que se genere o no en el territorio nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas trabaja en su reglamentación, precisamente para delimitar ese concepto en su aplicación. Después de participar en estos foros de debate y análisis, así como de hacer un estudio más profundo de esta reciente ley, que adiciona el Capítulo II al Título I del Libro IV del Código Fiscal, reconocemos que esta responde a exigencias de organismos internacionales como la OCDE, como uno de los requisitos para salir de listas de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal. Es de sentido común y de justo derecho que algunas empresas deban demostrar con certeza que cuentan con presencia física o que su actividad económica es real en el territorio panameño, a fin de no perjudicar el sistema tributario nacional, aunado a fortalecer la reputación internacional del país bajo principios de transparencia y estándares definidos para que algunas empresas sean consideradas como “entidad calificada”. Respecto a este tema de “entidad calificada” o “persona calificada”, en la delimitación del concepto de sustancia económica que debe hacer la próxima reglamentación para una correcta aplicación, sería importante tomar en consideración cierta flexibilización y no ser estrictamente rígidos, conforme a las reglas que establece esta Ley 526, tomando en consideración la gran cantidad de entidades jurídicas constituidas en Panamá, como son las sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, entre otras. Propiamente, no se trata de entidades que buscan una evasión tributaria, como muchas veces le endilgan, con razón y sin razón, a nuestro sistema panameño, sino que simplemente nuestro país se ha caracterizado por ofrecer una mayor competitividad frente a otros regímenes jurídicos, principalmente por la estabilidad política democrática, estabilidad monetaria, operatividad de decenas de bancos internacionales, entre otros factores. Esperemos que en la reglamentación de la ley, clave para cumplir con las exigencias internacionales de cooperación fiscal, se haga un ejercicio práctico de lo que conllevaría aplicar una conceptualización muy rígida de las reglas para “entidad calificada”, ya que muchas no poseen esas condiciones de alto volumen para conservar su operatividad, cuando se define como actividad o conjunto de actividades esenciales, directamente vinculadas a la generación, administración, control, adquisición, conservación, explotación o disposición de rentas pasivas de fuente extranjera, cuya ejecución, dirección o control efectivo debe realizarse en la República de Panamá por la propia entidad o mediante su tercerización, conforme a las condiciones previstas en la propia Ley 526. Así, esta reforma al Código Fiscal delimita el concepto de rentas pasivas de fuente extranjera, como los dividendos o participaciones en utilidades, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas del capital inmobiliario y otras rentas de capital mobiliario, las cuales estarán sujetas a imposición, de manera excepcional, conforme a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable en el periodo fiscal respectivo, sin que ello conlleve la generación de ningún otro impuesto. ¡Amanecerá y veremos! Seguridad sin oportunidades es solo pobreza vigilada Libertades Panamá corre el riesgo de tropezar con la misma trampa histórica: la ilusión de que el progreso se mide en policías, retenes y cámaras de vigilancia. La evidencia es contundente: la fuerza puede imponer orden, pero es incapaz de generar productividad. La verdadera riqueza aparece cuando el Estado potencia la libertad y la iniciativa de sus ciudadanos, no cuando asfixia su cotidianidad para vigilarles. El Estado policial es un analgésico, no una cura. Puede anestesiar el delito temporalmente, pero jamás sustituirá la escuela, el empleo formal ni la movilidad social. Cuando la coerción se vuelve la única herramienta del gobierno, el orden deja de ser una plataforma para el progreso y se convierte en un simple instrumento para administrar la miseria. Quienes piden a gritos imitar el modelo salvadoreño ignoran la letra chica de su economía. El Salvador ha logrado una innegable pacificación militar de sus calles, pero sigue siendo uno de los países con menor crecimiento económico de Centroamérica, asfixiado por Elegir esta ruta tiene un costo de oportunidad devastador para el desarrollo humano a largo plazo. Cada centavo que se desvía para financiar una maquinaria punitiva hipertrofiada es un recurso que se le arrebata a áreas estratégicas como la innovación, la salud pública y la infraestructura. Al final, los presupuestos son finitos: cuando la seguridad absorbe las arcas del Estado, la paz del presente se compra hipotecando el progreso de las próximas generaciones. El mapa de la delincuencia ha cambiado muy poco en veinte años. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue únicamente policial; es estructural. El diagnóstico real no es que falte Estado en los barrios vulnerables, sino que este se presenta de forma incompleta y asimétrica. En los barrios más vulnerables el Estado llega siempre con el rostro del castigo a través de la patrulla, la fiscalía y la cárcel, pero es invisible como oportunidad al ausentarse de la educación de calidad, el empleo digno, la salud y el deporte. Un país que gasta más en perseguir criminales que en evitar que existan seguirá ganando titulares de prensa mientras pierde el futuro de su juventud. Las patrullas pueden ocupar un barrio por unas horas, pero solo las oportunidades reales pueden transformarlo para siempre. Opinión EL AUTOR es docente y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. EL AUTOR es amigo de la Fundación Libertad. Hernán De León Batista Bryan Brennan Réplica sobre Noticia del director de Pandeportes Panamá, 8 de agosto de 2026 Licenciado Jorge Molina Presidente | Director Corporación La Prensa Estimado Licenciado Molina: En relación con la publicación del sábado 8 de agosto de 2026 titulada “Pandeportes: ocho años, cuatro adendas y un contrato ligado a la cuñada de Ordóñez”, solicito respetuosamente el ejercicio del derecho de réplica que me reconoce la legislación vigente y agradezco su publicación tanto en la edición impresa como en la digital, así como en las redes sociales de La Prensa. La publicación contiene afirmaciones que, al omitir aspectos relevantes de la cronología del contrato y de las actuaciones administrativas desarrolladas durante distintas administraciones, pueden generar en los lectores una percepción que no refleja integralmente los hechos. Por esa razón considero necesario realizar las siguientes precisiones. La publicación señala que, en mi condición de Director General de PANDEPORTES, firmé una cuarta adenda a un contrato “beneficiando” al Consorcio Nueve Canchas Coclé, cuya representante legal mantiene un vinculo familiar conmigo. Planteada de esa manera, la información puede llevar a concluir que durante mi administración se originó o promovió una modificación contractual destinada a favorecer a dicho contratista. Esa conclusión no refleja adecuadamente la historia administrativa ni la cronología del contrato. El contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en la provincia de Coclé fue adjudicado y suscrito varios años antes de mi llegada a PANDEPORTES. De igual manera, las primeras tres adendas, incluyendo extensiones de tiempo y modificaciones al proyecto, fueron tramitadas y aprobadas durante administraciones anteriores. Asumi la Dirección General en julio de 2024, cuando este contrato acumulaba años de ejecución y mantenía diversos trámites administrativos pendientes. Es cierto que la cuarta adenda fue formalizada durante mi administración. Sin embargo, también es cierto que dicho instrumento no tuvo su origen en esta gestión. Su trámite había sido promovido y aprobado con anterioridad, correspondiendo a la administración que presido culminar un procedimiento administrativo previamente iniciado, con el propósito de permitir la continuidad y culminación de las obras. Por ello, resulta indispensable diferenciar entre la culminación de un procedimiento administrativo preexistente y la adopción de una decisión destinada a favorecer indebidamente a un contratista. También considero necesario referirme con absoluta transparencia a mi relación familiar con personas vinculadas a una de las empresas integrantes del consorcio. Nunca he ocultado esa relación. La existencia de un vínculo familiar exige actuar con especial transparencia, objetividad y prudencia en el ejercicio de la función pública Precisamente@ por ello, cualquier actuación que implique resolver solicitudes o reclamaciones en las que pudiera surgir una percepción de conflicto de interés deberá atenderse conforme a las reglas de impedimento previstas en nuestro ordenamiento juridico, garantizando la imparcialidad de la decisión administrativa. Sin embargo, la existencia de ese vinculo no puede utilizarse para atribuirme decisiones adoptadas años antes de asumir el cargo, ni para presentar como un favorecimiento personal la continuidad administrativa de actuaciones que se originaron durante administraciones anteriores. Respecto de la solicitud de equilibrio contractual presentada por el consorcio, he explicado que dicha figura se encuentra prevista en la legislación panameña y que toda petición de esta naturaleza debe ser analizada sobre la base de criterios técnicos y juridicos contenidos en el expediente administrativo. La sola existencia de una solicitud no implica que la misma proceda ni constituye un derecho adquirido a favor del contratista. Cualquier decisión deberá sustentarse en los informes técnicos y jurídicos correspondientes y adoptarse conforme al procedimiento establecido por la ley. No tengo objeción alguna al escrutinio público sobre mis actuaciones como servidor público. Por el contrario, considero que quienes ejercemos responsabilidades públicas debemos rendir cuentas y explicar nuestras decisiones con absoluta transparencia. Precisamente por ello, considero igualmente importante que ese escrutinio se realice sobre la base de hechos completos y debidamente contextualizados, distinguiendo claramente cuáles actuaciones fueron adoptadas durante mi administración, cuáles corresponden a administraciones anteriores y cuál ha sido mi participación concreta en cada una de ellas. Mi solicitud no pretende cuestionar el legítimo ejercicio del periodismo ni impedir que se investigue este u otros contratos de PANDEPORTES. Busca únicamente que los hechos sean presentados con la precisión, el contexto y el equilibrio necesarios para que la ciudadanía pueda formarse un criterio objetivo sobre mi actuación como Director General. Atentamente. Miguel Ángel Ordoñez Director General Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) * Las réplicas son publicadas tal como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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