1A La Prensa Panamá, sábado 18 de julio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 18 de julio de 2026 - Año 45 - Nº 15340 Hoy por hoy La propuesta legislativa de sancionar la creación y difusión de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial para afectar la honra, dignidad y reputación responde a un problema real. Los llamados deepfakes pueden utilizarse para destruir indiscriminadamente, manipular procesos electorales, extorsionar ciudadanos o sembrar desinformación masiva. Una legislación bien diseñada podría ofrecer herramientas para proteger a las víctimas y establecer responsabilidades claras frente a estas nuevas formas de engaño digital. Pero resulta imposible ignorar quiénes impulsan ahora esta iniciativa. Pareciera que ya nadie recuerda cómo nacieron las campañas de difamación en las redes sociales o los call centers clandestinos. ¿Ya olvidaron cómo compraron voluntades y amplificaron ataques contra adversarios políticos? Todo surgió de una política sucia que convirtió la desinformación en un arma cotidiana. Ahora, quienes ayudaron a crear ese ecosistema nocivo y artificial se muestran preocupados porque la inteligencia artificial hace las mentiras más sofisticadas y creíbles. Quieren controlar al monstruo porque ahora están sufriendo sus consecuencias; buscan leyes para ponerle una camisa de fuerza a su invento, un bozal para quienes difunden esas campañas sucias. Eso no significa que la propuesta legislativa deba rechazarse o sea un disparate. Significa que debe analizarse con rigor para evitar que una ley como esta termine usándose para intimidar críticos, limitar el debate público o convertirse en letra muerta. Vivir+ Maqueta reconstruye sacrificio del Canal 5B La feria de autos llega a Westland este fin de semana Cero km Panorama Ifarhu: 86% del presupuesto para becas está comprometido 4A Economía El agua como eje del desarrollo territorial de Panamá 2B El 39% de los billetes de la LNB no se vende Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] NEGOCIOS DEL ESTADO El director de la Lotería dice que la venta ilegal de chances y billetes le resta a la entidad más de $100 millones al año. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) atraviesa uno de los momentos financieros más complejos de los últimos años. En junio de 2026 distribuyó 56.5 millones de billetes y chances, pero cerca de 21.9 millones regresaron sin vender, lo que equivale al 38.8% del total emitido. Según el director de la entidad, Isidro Carbonell, ese aumento en las devoluciones refleja el crecimiento del mercado clandestino, que le resta a la institución más de $100 millones al año y reduce los recursos destinados a programas de beneficencia. La situación se suma a problemas estructurales que la LNB arrastra desde hace décadas. Su ley orgánica permanece vigente desde 1969, varias áreas administrativas aún funcionan de forma manual y la institución enfrenta un importante rezago tecnológico. Carbonell asegura que la modernización de los sistemas, junto con una reforma legal para penalizar la venta clandestina, es indispensable para recuperar ingresos y fortalecer las finanzas de la entidad. VEA 6A Mbappé va por la Bota; Bellingham, por el orgullo Kylian Mbappé intentará alcanzar a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro este sábado, cuando Francia enfrente -partir de las 2:00 p.m- a la Inglaterra de Jude Bellingham por el tercer lugar. El domingo, el argentino buscará ampliar su ventaja ante España en la final del Mundial. VEA 4B Llegada de José Miguel Jurado Rovira a la audiencia de imputación. Alexander Arosemena Imputado manejó $23 millones en créditos fiscales, según la Fiscalía Anticorrupción El Estado inicia la compra de Petroterminal Juan Manuel Díaz C. [email protected] José Miguel Jurado Rovira, uno de los imputados en la operación Pandora, habría tramitado $23 millones en créditos fiscales a través de dos sociedades presuntamente utilizadas por la red que manipuló el sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), según la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. De forma paralela, entre 2024 y 2025, el imputado manejó $2.3 millones en sus cuentas personales, fondos que ingresaron mediante las sociedades Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside. Durante una audiencia de imputación celebrada ayer, la fiscalía sostuvo que ambas empresas actuaron como intermediarias en la cesión de créditos fiscales desviados de manera irregular por funcionarios de la DGI. Los créditos fueron vendidos al BAC International Bank, Inc.en diversas transacciones verificadas por los investigadores. La juez de garantías Meylín Jaén le imputó cargos por blanqueo de capitales, corrupción de funOPERACIÓN PANDORA El Estado inició el proceso para adquirir el 41% de Petroterminal de Panamá (PTP) que permanece en manos de la estadounidense NIC Holding Corp., con lo que asumiría el control total de la empresa. El Gobierno aseguró que la operación se financiará con los ingresos de la propia compañía, sin recurrir al Tesoro Nacional ni generar endeudamiento público. VEA 1B cionarios, falsificación de documentos y delincuencia organizada, y ordenó su detención provisional. VEA 2A ESTE DOMINGO 19 DE JULIO EN PRENSA.COM a.v./1251805
2A La Prensa Panamá, sábado 18 de julio de 2026 José Miguel Jurado Rovira es conducido a una sala de audiencias del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora a petición de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. Alexander Arosemena Operación Pandora: el asesor vinculado a $23 millones Juan Manuel Díaz C. [email protected] IMPUTACIÓN Durante una audiencia de solicitudes múltiples, una juez de garantías le imputó cargos a José Miguel Jurado por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación, corrupción de funcionarios y delincuencia organizada. José Miguel Jurado Rovira, el último sujeto imputado -hasta ahora...- como parte de la operación Pandora, habría desempeñado un papel clave en la estructura investigada por el presunto fraude con créditos fiscales que se desarrolló desde las entrañas de la Dirección General de Ingresos (DGI),entre 2024 y 2025. Según la investigación adelantada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, Jurado tramitó $23 millones a través de las cuentas bancarias de dos sociedades utilizadas en el esquema: Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside. Una auditoría interna e la DGI de octubre pasado identifica a Jurado como “representante legal” de ambas. De los $23 millones que circularon por las cuentas de estas dos sociedades, $2.3 millones acabaron depositados en cuentas personales a nombre de Jurado, un chiricano de 56 años de edad que se presenta como “asesor financiero”. Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside fueron utilizadas como “intermediarias” en la venta de los créditos fiscales a BAC International Bank, según la investigación que maneja la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. Durante una audiencia desarrollada ayer viernes 17 de julio, ante la juez de garantía Meylín Jaén, Jurado calculó que genera entre $20 mil a $30 mil mensuales por sus servicios de asesoría financiera, que prestaba desde unas oficinas ubicadas en el edificio Rally, en avenida Balboa. Esas oficinas fueron allanadas por agentes de la fiscalía y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Sin embargo, lo que encontraron fue un local vacío. El conserje del edificio les informó que hacía meses no llegaba nadie por ahí. El fiscal Dagoberto Alvarado relató que el Jurado era parte de la estructura criminal formada por funcionarios de la DGI que, a través de la manipulación del sistema e-Tax, alteraban créditos fiscales. También explicó que la red diversificaba sus tareas: unos funcionarios falsificaban los correos electrónicos; otros, los documentos; otro grupo gestionaba la venta de los créditos fiscales, y uno más estaba a cargo de canalizar y distribuir el dinero. Por eso, se les atribuye la comisión de tantos delitos: corrupción de funcionario público, blanqueo de capitales, falsificación de documento público y delincuencia organizada. Según Alvarado, la investigación, declarada como causa compleja, aún tiene pendiente la práctica de múltiples diligencias, entre ellas, la ubicación de 25 direcciones IP desde donde se enviaron correos electrónicos y se generaron múltiples comunicaciones. Sociedades y empresas afectadas Entre las sociedades y empresas que resultaron vinculadas con el esquema de Jurado está Thunderbird Resort, a la que se le anularon formularios de créditos fiscales por $1 millón. También The Shell Limited, con una afectación de $1.4 millones; Inversiones España ($16,852) y City Bank Overseas ($8.8 millones). En este último caso, los fondos fueron desviados a la sociedad Bonay Investment, ligada al abogado Jercovick Joyner, quien también está imputado y en detención provisional por este caso. Estas transacciones tienen como común denominador que se gestionaron a nombre de Dagoberto Segundo Díaz y René Ponziano, quienes no se encuentran en el país desde hace varios años, pero cuyas firmas aparecen en los registros de la notaría que dio fe de la gestión realizada. El fiscal Alvarado también explicó que la funcionaria Catherine Aguirre, una gestor de cobros de la DGI (con un salario mensual de $750), era la persona encargada de alterar los correos electrónicos para que los beneficiarios reales de los créditos fiscales no se enteraran de lo que había ocurrido con los mismos. El pasado viernes, la juez Jaén imputó cargos y ordenó la detención de Jurado, quien el día antes se había entregado voluntariamente. Su abogado Víctor Harding recalcó que Jurado no es funcionario de la DGI, que desconoce el funcionamiento del sistema e-Tax y que solo se dedicaba a brindar servicios de asesoría. Harding se mostró disconforme con la decisión de la juez de ordenar la detención provisional de su cliente, ya que este se presentó voluntariamente y entregó su pasaporte, lo que, a su juicio, demuestra que permanecerá en el país para hacer frente al proceso judicial. La juez sustentó que Jurado tenía varias residencias (una en Los Caobos, Don Bosco; otra en Boca la Caja, San Francisco y una más en la urbanización Rainforest, Playa Blanca), lo que podría dificultar su ubicación y constituirse en un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Otra razón por la que negó la adopción de una medida cautelar menos severa es la gravedad de los delitos que se le han imputado, explicó la juez. El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informaron que la adquisición de drones del fabricante estadounidense Kraus Hamdani Aerospace es parte de una donación a Panamá del Gobierno de Estados Unidos. La adquisición de esta tecnología por parte del Gobierno panameño fue anunciada previamente por el propio fabricante en redes sociales y en su portal digital esta misma semana. Tanto la nota de prensa como el mensaje en redes fueron eliminados ayer viernes. La Prensa tiene imágenes de ambos. Según un comunicado del Senan, esta donación pretende fortalecer las capacidades de seguridad del Estado en el marco de una “histórica y sólida relación de cooperación entre la República de Panamá y Estados Unidos de América”. Contrario a lo que divulgó el fabricante de los drones — que el equipo ya había sido entregado a Panamá el mes pasado—, el comunicado de la Aeronaval asegura que “se encuentra en proceso la recepción de una donación de cuatro Sistemas de Aeronaves No Tripuladas”. Según esta dependencia del Ministerio de Seguridad (Minseg), las aeronaves fortalecerán “las capacidades del Estado para la vigilancia y protección de los espacios aéreo y marítimo nacionales”, así como las operaciones contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y otras amenazas a la seguridad nacional. Igualmente, apoyarán labores de búsqueda y rescate, la protección de las fronteras y otras misiones institucionales. Estos drones se incorporarán al Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas del Comando Aéreo del Senan, cuyas unidades estarán a cargo de su operación y manejo. Para ello, actualmente pasan por una capacitación especializada, “en estricto apego a la ConstiMinistro Ábrego sostiene que los drones son una donación de Estados Unidos SEGURIDAD tución Política, la legislación nacional y el respeto a los derechos humanos”, precisa el comunicado de la Aeronaval. Por su parte, el ministro Ábrego fue entrevistado en el programa radial Panamá en Directo sobre un tema que ha sido criticado en los últimos días: haber logrado que el Órgano Ejecutivo decretara confidenciales -en un mes-, al menos, ocho compras millonarias que realizará la cartera a su cargo. El ministro eludió responder la pregunta, pero, en su lugar, abordó el tema de la donación de los drones de Kraus Hamdani Aerospace. Sobre esta, Ábrego se quejó de que el periódico publicó —“en vez de consultarnos”— que es una compra secreta que realiza el Ministerio de Seguridad, cuando se trata de una donación del Gobierno de Estados Unidos que será utilizada para proteger las fronteras y el mar territorial panameño. Dijo que esta vez sí tenían intención de hacer pública la nueva adquisición y que no la habían hecho antes porque el equipo no ha sido entregado de manera formal, aunque el comunicado del Senan afirma que el personal panameño que manejará los drones está “actualmente en capacitación especializada” y que el fabricante asegura que entregó los drones a Panamá el mes pasado. Pero Ábrego también admitió que las aeronaves ya están en el país, al mismo tiempo que se quejó de que la información sobre la entrega de los drones se haya divulgado en Panamá. Rolando Rodríguez B. [email protected] Senafront incorporó drones de vigilancia como parte de una nueva estrategia para reforzar la seguridad. Cortesía Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom La salsa de Rubén Blades desborda el Jazz de Vitoria La salsa de Rubén Blades desbordó ayer viernes el Festival de Jazz de Vitoria, en el norte de España, que vendió todo el papel en el recinto de Mendizorroza, 3,200 butacas, para ver y bailar con la leyenda latina que se explayó durante más de dos horas y media con 22 temas de mucha calidad. Las gradas de Mendizorroza se cayeron cuando el panameño apareció nueve años después en el escenario vitoriano repleto con la ‘big band’ dirigida por Roberto Delgado, que acompaña siempre al artista. El público comenzó volcado y coreó ‘Plástico’, que finalizó con Blades recitando todos y cada uno de los países latinos. ‘Ojos de perro azul’ combinó rock, jazz y salsa para dar paso a un mensaje de activismo político para salvar Panamá antes de interpretar ‘País portátil’. Envió varios mensajes para introducir los temas, que estuvieron protagonizados por los metales y la percusión de una banda con un sonido exquisito. Cada puente musical lo acompañó con sus nuevas maracas, después de entregar las anteriores al Instituto Cervantes dos meses antes, mientras que con ‘Paula C’ puso a bailar al público que bajó a la pista para sentir de cerca la música del polifacético artista, que celebró su 78 cumpleaños en la capital vasca con su inseparable sombrero ‘porkpie’. ESPAÑA EFE. El músico panameño se presentó en en la capital alavesa. EFE
3A La Prensa Panamá, sábado 18 de julio de 2026
4A La Prensa Panamá, sábado 18 de julio de 2026 Panorama El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, quizás piense que sus justificaciones para declarar confidencial la compra de bienes y servicios no dejan lugar a duda alguna. O cree que, después de ilustrarnos con su desbordante sabiduría, la incertidumbre es solo una necedad de quienes desconfiamos. Pues no es así. Sus palabras se asemejan más a un galimatías que a argumentos coherentes. Declarar confidencial la construcción de un edificio porque está buscando a un proveedor que sepa hacer edificios es un absoluto disparate. Si eso fuera una buena explicación, cualquier funcionario podría declarar secretas sus licitaciones, compras directas, etc. Adquirir uniformes para los funcionarios del Servicio Nacional de Migración en un acto ¿público? revestido de confidencial también es otro disparate. ¿Acaso esos uniformes están hechos de aleaciones secretas o el hilo con el que se coserán impedirá que los funcionarios se corrompan? Si fuera así, es mejor que compre toda la existencia y la reparta en todo el Gobierno, incluso entre aquellos que no han llegado a ese extremo… pero que lo estarían pensando. Insinuó que La Prensa, al publicar la adquisición de los drones de vigilancia que ha donado el Gobierno de Estados Unidos a Panamá, ha encendido las alarmas del mundo de los narcotraficantes, pues ahora sí estarán vigilados. Semejante ocurrencia me obliga a preguntarme si es que no los vigilaban antes. Hasta ahora yo pensaba que un narcotraficante tiene bastante claro que sus actividades siempre estarán bajo el escrutinio de los servicios de inteligencia y seguridad de los Estados donde cometen sus fechorías. Eso, señor Ábrego, es elemental. Ninguno de ellos se cobijaría en la luz diurna para contrabandear drogas. Si insinúa que este medio, al informar de esta adquisición, se convirtió en cómplice de las actividades de los narcos, quisiera leer la carta que usted le tendría que haber dirigido —antes de sus ridículas insinuaciones contra este medio— a Fatema Hamdani, la directora ejecutiva de Kraus Hamdani Aerospace, quien fue la que divulgó la noticia de la que luego este medio se hizo eco. Bien podría mandarme una copia de la carta en la que la reprende por su felicitación: “Estamos orgullosos de apoyar a la Fuerza Pública de Panamá y al Gobierno de los Estados Unidos en el fortalecimiento de las capacidades regionales de lucha contra el narcotráfico”. Quisiera ver su nota de queja —si es que existe— en la que le dice, al igual que nos dijo tácitamente a nosotros, que los fabricantes de esos drones son cómplices de los cárteles de la droga por dar a conocer la información que circuló en sus redes y en su sitio web. ¿O es que solo somos nosotros los cómplices? Ese absurdo secretismo en cosas que evidentemente son de carácter público es solo propio de funcionarios tercermundistas, que creen que la década de 1970 se ha extendido hasta este siglo. Su concepto sobre la seguridad nacional es retrógrado. Debería leer a Marshall McLuhan y entender lo que significa vivir en una “aldea global”. Lo que el ministro entiende como seguridad nacional es tan amplio como volver a la época del militarismo, cuando un simple capitán decidía qué era público y qué era secreto. Ese tiempo pasó. Y es mejor que empiece a digerir la idea, pues, por más que no quiera, vivimos en un mundo mucho más interconectado y mucho más informado. El ministro especuló sobre el origen de la información. Dijo que pudo haber sido un proveedor que periódicamente revisa la lista de actos públicos en busca de algún negocio con el Estado. Entonces, ese es su mundo, señor ministro, un mundo en el que hay comerciantes enterados de lo que ocurre en Panamá y en otros lugares del planeta. Esperar que ellos no estén informados es cosa de ilusos. Por eso, señor ministro, usted actúa con negligencia si está esperanzado en que todos le guarden sus secretos. Si ellos conocen sus secretos más controvertidos, no dudarán en revelarlos si con ello se benefician. Los políticos le enseñaron eso. Vivir en esa burbuja de seguridad que le dan sus numerosos guardaespaldas, armados hasta los dientes, ha hecho que pierda contacto con la realidad. Sé que hay cosas que deben ser confidenciales, como la fórmula de la Coca-Cola o las especificaciones de un arma, pero de ahí a guardarse los precios, los proveedores o el proceso de compra, eso no es seguridad nacional, es la confirmación de que algo huele mal en Dinamarca… o en Panamá. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] El director del Ifarhu asegura que la institución cuenta con los recursos y el flujo de caja necesarios para garantizar los pagos del periodo 2026-2027. Archivo El 86% del presupuesto para becas ya está comprometido José González Pinilla [email protected] INFORME De los $451.2 millones asignados para becas, el Ifarhu solo destinará un 14% a nuevas asignaciones, el resto es para compromisos adquiridos previamente. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) respondió un cuestionario de 23 preguntas formulado por la diputada independiente Janine Prado sobre el pago de becas, los compromisos financieros de la institución y la necesidad de transparentar el proceso de asignación. En sus respuestas, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, reveló que el 86% del presupuesto destinado a becas para 2026 ya está comprometido. De los $451.2 millones asignados a ese renglón, solo el 14% se destinará a nuevas asignaciones, mientras que el 86% restante cubrirá obligaciones previamente adquiridas. Entre esos compromisos figuran el pago completo del programa PASE-U —cuyo desembolso se encuentra actualmente en ejecución—, las becas socioeconómicas para funcionarios del Ifarhu y diversos apoyos económicos. Entre las nuevas asignaciones, Godoy detalla en un cuadro el otorgamiento de becas del concurso general para 120 mil estudiantes distinguidos, apoyo económico para 10 mil estudiantes con discapacidad y apoyo económico para 2 mil personas dentro del programa de erradicación del trabajo infantil. De acuerdo con el calendario del Ifarhu, el pago correspondiente al concurso general —para los estudiantes seleccionados en enero pasado y aquellos cuyos pagos se realizan los viernes— está previsto para agosto. Prado también preguntó si la entidad realizó un análisis de viabilidad financiera que garantice la continuidad de los desembolsos durante el actual periodo fiscal. Godoy respondió afirmativamente e indicó que la institución concluyó que “cuenta con los recursos y el flujo de caja necesarios” para garantizar la continuidad de los pagos durante el periodo fiscal 2026-2027, “sin afectar la estabilidad financiera de la institución”. Sobre la posibilidad de publicar la lista de beneficiarios de las becas y los criterios utilizados para su asignación, el director no asumió un compromiso de transparentar esa información. Su respuesta fue que el tema “se está evaluando”. Acto seguido, citó la Ley de Protección de Datos Personales. La diputada también consultó cómo se distribuyen y seleccionan los beneficiarios. Según Godoy, el proceso se realiza conforme a los criterios establecidos en la reglamentación vigente del Ifarhu. “Se procura una participación equitativa de todas las regiones del país”, respondió. TalenPro y Concurso de Oratoria Prado también solicitó información sobre los beneficiarios de programas especiales, como el convenio Minsa-Ifarhu, el concurso TalenPro y el Concurso Nacional de Oratoria, correspondientes hasta 2024. En su respuesta, el Ifarhu reconoció que, en su momento, se otorgaron beneficios sin el debido sustento jurídico. Es decir, algunos fueron concedidos sin resoluciones ni contratos, y en ciertos casos sin remitir los expedientes a la Contraloría General de la República para su refrendo. Godoy explicó que la institución tuvo que “subsanar” esos contratos y crear formalmente la figura de la “Beca por Convenio”, debido a que anteriormente esos beneficios se tramitaban como auxilios económicos y esa modalidad de beca “no había sido tramitada previamente”. Un total 25 jóvenes se beneficiaron del proceso de creación de los nuevos contratos, de los cuales, 12 son pertenecientes al Concurso Nacional de Oratoria 2022, 2023 y 2024 y unos 13 estudiantes al convenio Minsa– Ifarhu del año 2023. Rolando Rodríguez B. [email protected] EUA multa con $50 millones a banco sueco que ocultó información sobre los Panama Papers La superintendente interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés), Kaitlin Asrow, anunció este jueves 16 de julio que Swedbank AB y su sucursal de Nueva York acordaron que la entidad bancaria pague una multa de $50 millones por haber retenido deliberadamente información que solicitó el DFS en 2016, 2018 y 2019 sobre su relación —y la de sus clientes— con la desaparecida firma panameña Mossack Fonseca. La referida entidad bancaria, con sede en Suecia y con una filial en Nueva York, violó la Ley Bancaria de Nueva York al negarse a cooperar con las solicitudes de información que hizo el Departamento de Servicios Financieros. “Las instituciones financieras tienen la obligación legal de cumplir con las leyes y regulaciones de Nueva York diseñadas para proteger la integridad del sistema financiero”, advirtió la superintendente Asrow. El acuerdo al que llegaron el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y Swedbank AB y su sucursal de Nueva York es únicamente porque este último retuvo deliberadamente la información solicitada en los temas y años ya señalados. Pero el DFS se enteró de esta violación a la ley bancaria neoyorquina años después de haber hecho la primera solicitud, en 2016. Fue a principios de 2019 cuando se percató del ocultamiento. Ese año, medios de comunicación revelaron que el banco “no había proporcionado información sobre los vínculos de sus filiales bálticas con Mossack Fonseca y el escándalo de los Papeles de Panamá”. Para entonces, el banco había presentado algunas respuestas al DFS, pero, gracias a los reportes periodísticos, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York tuvo conocimiento de la existencia de información que Swedbank “no había incluido” en los documentos que presentó al DFS. ¿Por qué el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York comenzó a hacer preguntas sobre el escándalo que involucró a Mossack Fonseca a los bancos representados en ese estado? La respuesta era que la noticia “reveló el fracaso de las instituciones financieras en cumplir con las obligaciones legales”, así como con las de debida diligencia, incluidas las relacionadas con el lavado de dinero y la actividad offshore. Por esa razón, el DFS inició una revisión de los concesionarios bancarios con presencia en Nueva York, a fin de identificar las debilidades del sistema, manifestadas a través de sus relaciones —y las de sus clientes— con la firma de abogados panameña, incluido Swedbank. Pero este banco, cuyos empleados sí dieron con algunos hallazgos, decidió no informar de ello a las autoridades bancarias neoyorquinas.No obstante, el ocultamiento no duró para siempre. “El DFS encontró que el banco retenía información crítica que respondía a estas solicitudes. En respuesta a la primera solicitud [de información], el DFS encontró que el banco no informó de la exposición más allá de la sucursal de Nueva York; no reconoció la existencia de investigaciones regulatorias europeas y retuvo información relacionada con sus filiales bálticas en Letonia, Lituania y Estonia, incluidas las conexiones entre ciertos clientes y Mossack Fonseca”. Y no era todo. Las autoridades de Nueva York encontraron que “el banco no alertó al DFS de que los clientes de Swedbank en Estonia utilizaban Mossack Fonseca como agente registrado y que las personas a las que se hacía referencia en la filtración de los Panama Papers eran clientes o estaban asociadas con clientes de Swedbank”. Posteriormente, el DFS “descubrió que el banco excluyó intencionalmente a sus filiales bálticas […] para evitar revelar las numerosas conexiones de Swedbank con Mossack Fonseca, y no reveló los hallazgos adversos de los reguladores europeos”, a pesar de que los propios empleados del banco “reconocían que esta información debió haber sido incluida” en los informes que Swedbank presentó ante el regulador neoyorquino. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
5A La Prensa Panamá, sábado 18 de julio de 2026
6A La Prensa Panamá, sábado 18 de julio de 2026 Panorama La empresa Centroequipos, S.A., encargada del proyecto de renovación urbana y vial de El Chorrillo, solicitó una prórroga de 11 meses para concluir los trabajos, una petición que actualmente evalúa la Contraloría General de la República. El contralor Anel Flores inspeccionó ayer el avance de la obra y cuestionó los retrasos, al señalar que el proyecto debía estar terminado y que los principales afectados son los residentes y conductores que transitan por el sector. “Yo veo una obra inconclusa, ya tiene atrasos y están pidiendo una nueva adenda de tiempo, 11 meses más. Veo las carreteras en un estado muy delicado. Los dueños de los carros son los que están sufriendo por los daños a los vehículos, pero la obra no termina”, dijo. Flores añadió que este tipo de demoras son una de las principales deficiencias de la contratación pública. “Esto ya está vencido y no se ha terminado. Ahora se pretende una nueva adenda. Estos son los problemas que tenemos cuando la obra pública demora más de lo contemplado. Eso afecta al usuario, al pueblo panameño, que es el que necesita estas obras. Estamos tratando de corregir Centroequipos pide 11 meses más para concluir la renovación de El Chorrillo INSPECCIÓN estas situaciones para que los contratistas del Estado cumplan de buena fe y dentro de los plazos estipulados. No puede ser que todos los contratos se vayan extendiendo en el tiempo”, aseguró. Durante la inspección, Flores estuvo acompañado por el director nacional de Ingeniería de la Contraloría, Maxwell De Obaldía, quien explicó que el contrato original establecía un período de ejecución cercano a los tres años y contemplaba la culminación de los trabajos en marzo de 2026. Indicó que la Contraloría revisa la solicitud de extensión de plazo presentada por la empresa, así como una modificación al contrato para incorporar una nueva área de intervención en el corregimiento de Santa Ana. Isidro Carbonell, director de la Lotería Nacional habla sobre el alto porcentaje de devolución de chances y billetes. Alexander Arosemena/ Imagen creada con IA Lotería: pérdidas de hasta $200 millones por venta clandestina Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] José González Pinilla [email protected] ENTIDAD PÚBLICA En junio de 2026, la Lotería Nacional distribuyó 56.5 millones de billetes y chances, pero 21.9 millones (38.8%) fueron devueltos sin vender. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente. El crecimiento de la venta clandestina de chances y billetes, el rezago tecnológico, una ley orgánica que data de 1969 y un sistema de asignación de libretas cuestionado durante años han debilitado su capacidad operativa y financiera. En una entrevista con La Prensa, el director de la entidad, Isidro Carbonell, sostiene que la comercialización ilegal de lotería se convirtió en la principal amenaza para los ingresos de la institución. Asegura que el fenómeno se intensificó después de la pandemia y que actualmente afecta de forma directa los recursos destinados a los programas de beneficencia. Solo en junio de 2026, la LNB distribuyó 56.5 millones de billetes y chances, de los cuales cerca de 21.9 millones fueron devueltos sin vender. Esto equivale al 38.8% del total asignado; es decir, casi cuatro de cada diez productos regresaron a la institución sin encontrar comprador. Para el funcionario, combatir ese mercado ilegal exige primero modernizar una institución que, según describe, opera con un atraso tecnológico significativo. “Tenemos una desconexión tecnológica. No tenemos ni siquiera sistemas para almacenar información de forma efectiva”, señaló. Explicó que la administración ya inició la compra de servidores, equipos de almacenamiento y nuevos sistemas informáticos para digitalizar los procesos de venta, pago de premios y administración de la información. Deterioro de las ventas Uno de los indicadores que, según la administración, refleja el deterioro de las ventas es el aumento en las devoluciones de billetes y chances. Mientras que en 2019 representaban alrededor del 9% de las emisiones, actualmente alcanzan cerca del 39%. Carbonell atribuye ese incremento al auge de la clandestinidad y al desvío de compradores hacia redes no autorizadas. “Es muy fácil hacer ese tipo de negocio cuando la infraestructura de la Lotería se lo está permitiendo”, afirmó. Explicó que quienes venden lotería clandestina utilizan los resultados oficiales de los sorteos y toda la estructura pública de la institución, sin asumir los costos operativos que enfrenta el Estado para organizar cada extracción. El impacto financiero, asegura, es considerable. Según sus cálculos, la LNB deja de percibir más de 100 millones de dólares al año y las pérdidas podrían acercarse a los 200 millones. “Estamos hablando de más de 100 millones y, cuidado, que estamos llegando casi a los 200 millones solo por la clandestinidad”, sostuvo. Agregó que, mientras el presupuesto anual proyecta ingresos por unos 229 millones de dólares, el potencial de recaudación rondaría los 400 millones si ese mercado ilegal no existiera. Carbonell advierte que esa disminución de ingresos también afecta la labor social de la institución. La Lotería destina aproximadamente cinco millones de dólares al año a donaciones, becas, apoyos económicos y subsidios para hospitales y personas en condición de vulnerabilidad. “Ese beneficio social se está dejando de llevar a cabo precisamente por esta situación”, afirmó. Los operativos Como parte de la estrategia para combatir la clandestinidad, la LNB ha intensificado los operativos junto con los organismos de seguridad e inteligencia. El director asegura que las acciones se extenderán a todo el país y que ya existen perfiles definidos de los establecimientos donde se detecta esta actividad. “Más del 85% son comercios de asiáticos”, afirmó Carbonell, aunque aclaró que también se han identificado salones de belleza y otros negocios administrados por panameños. Añadió que la institución trabaja con los servicios de inteligencia de la Policía Nacional para ubicar a quienes comercializan lotería ilegal y pidió a los involucrados abandonar esa actividad. Además de los productos clandestinos que reproducen los sorteos panameños, la institución también mantiene bajo vigilancia la venta de loterías extranjeras. Entre ellas mencionó sorteos provenientes de Costa Rica y Nicaragua, cuyos premios, aseguró, no siempre cuentan con respaldo financiero verificable en Panamá. Consultado sobre la posibilidad de que la clandestinidad sea utilizada para blanquear capitales, Carbonell respondió que se trata de un riesgo que no puede descartarse. “Es una gran posibilidad”, indicó, al recordar que desde hace años ya existían personas que compraban grandes cantidades de billetes premiados para justificar recursos de origen dudoso. Carencias de estudios La modernización también incluye una revisión integral del funcionamiento interno de la institución. Según el director, nunca antes se había realizado un diagnóstico completo sobre las necesidades tecnológicas y administrativas de la LNB. Uno de los principales problemas identificados es que áreas esenciales, como la contabilidad, todavía funcionan de forma manual. “Ni siquiera contabilidad tenemos de forma sistemática; es completamente manual”, aseguró. Su meta es modernizar los procesos prioritarios antes de concluir su gestión y convertir la Lotería en una institución con estándares tecnológicos comparables a los de una entidad financiera. En paralelo, la administración impulsa dos reformas legales. La primera busca actualizar la ley orgánica de la LNB, vigente desde 1969. La segunda pretende convertir la venta clandestina de lotería en un delito, con penas de prisión de entre cuatro y ocho años, especialmente cuando existan agravantes o participación de funcionarios públicos. “Hoy la clandestinidad no es un delito; es una sanción administrativa”, explicó Carbonell. A su juicio, mientras esa conducta no tenga consecuencias penales, será difícil frenar un negocio que considera uno de los principales factores detrás del deterioro financiero de la institución. Sobre las críticas al sistema de asignación de libretas, históricamente señalado por presuntos criterios políticos y clientelistas, Carbonell asegura que la administración revisa los expedientes y verifica nuevamente los estudios socioeconómicos de los billeteros. También confirmó que algunos beneficiarios han renunciado a sus libretas tras admitir que actuaban como prestanombres. Al cierre de la entrevista, el director insistió en que su principal objetivo es recuperar la capacidad financiera de la institución mediante la modernización y el combate a la clandestinidad. “No puede ser posible que yo auditara la Lotería en 1997 y hoy, casi treinta años después, encuentre prácticamente la misma institución”, concluyó. La Contraloría pidió a la empresa reforzar las cuadrillas de trabajo para acelerar la obra. Cortesía/Contraloría Temblores sacuden Guatemala y México Guatemala fue sacudida ayer primero por un sismo de magnitud 5 y, una hora y media después, por el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro frente a las costas del estado mexicano de Chiapas, sin que se reportaran víctimas, aunque sí daños menores y evacuaciones preventivas. El primer sismo ocurrió a las 7:20 hora local (13:20 GMT) y tuvo epicentro en el océano Pacífico, de acuerdo con un boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala. A las 8:48 hora local (14:48 GMT), el país volvió a sacudirse por el terremoto cuyo epicentro fue localizado frente a las costas de Chiapas, en México, muy cerca de la frontera con Guatemala. El Insivumeh explicó que este segundo movimiento fue reportado inicialmente con una magnitud preliminar de 5.6 y epicentro en el departamento de Quetzaltenango. Sin embargo, tras revisar la información, determinó que se trataba del mismo terremoto de magnitud 7.4 cuyo epicentro estuvo frente a las costas del Pacífico de Chiapas. “La magnitud del evento fue de 7,4 y su ubicación fue en las costas del Pacífico frente a Chiapas (México), muy cercano al territorio nacional”, explicó el funcionario del Insivumeh Robin Yani en un mensaje publicado en las redes sociales de la institución Las autoridades mantienen activada una alerta anaranjada, de prevención, ante la alta probabilidad de que se produzcan réplicas. Ambos movimientos se sintieron con fuerza en varias regiones del país centroamericano. ALERTA EFE. GUATEMALA Evacuación de edificios. EFE
7A La Prensa Panamá, sábado 18 de julio de 2026 Panorama Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá ha recibido 1,524 planos en lo que va del año y cuenta con una planilla de 170 funcionarios. Elysée Fernández Una reforma para agilizar permisos y revisión de planos Yaritza Mojica [email protected] CONSTRUCCIÓN Una propuesta de ley pretende simplificar los trámites de construcción mediante una coordinación interinstitucional y la revisión técnica de profesionales privados acreditados, aunque expertos advierten que requiere ajustes. Un grupo de diputados independientes presentó una propuesta que busca agilizar los permisos de construcción mediante una Ventanilla Única obligatoria en todos los municipios y la creación de la figura del curador urbano, un profesional privado que revisaría técnicamente los proyectos. Se trata del anteproyecto de ley que regula los procedimientos de construcción, establece la Ventanilla Única y crea la figura del curador urbano, presentado el pasado 9 de julio ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional. La propuesta fue presentada por los diputados Jorge Bloise, Janine Prado y Miguel Ángel Campos. La propuesta establece que todos los municipios del país deberán implementar una Ventanilla Única obligatoria para centralizar los trámites de construcción mediante un sistema de coordinación interinstitucional, de manera que las entidades competentes revisen los proyectos de forma simultánea y no por etapas. Actualmente, varias entidades intervienen en el proceso para obtener un permiso de construcción, entre ellas el Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), otras instituciones. Según el documento, los municipios seguirán siendo los únicos responsables de otorgar o negar permisos de construcción, ocupación y demolición, así como de realizar inspecciones y aplicar sanciones, ya que la Ventanilla Única no sustituirá las competencias municipales. Crea figura del curador urbano La iniciativa también crea la figura del curador urbano como un profesional privado acreditado por el Miviot y designado por el Concejo de Panamá, quien ejercerá funciones públicas para agilizar la revisión técnica de los proyectos. Entre sus atribuciones estarán verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas, tramitar anteproyectos y planos, emitir un Concepto Técnico Vinculante, registrar los expedientes en la plataforma municipal y coordinar la revisión de seguridad con el CBP. No obstante, el curador urbano no podrá otorgar permisos de construcción, intervenir en proyectos fuera de su jurisdicción ni revisar obras en las que tenga conflictos de interés. Además, deberá contar con un seguro de responsabilidad civil y responder administrativa, civil y penalmente por el ejercicio de las funciones públicas que le sean delegadas. Aunque la propuesta aún no ha sido prohijada, ya es objeto de análisis por parte de diversos especialistas en urbanismo. Propuesta necesita más ajustes El urbanista, Carlos Antonio Solís, considera que la creación del curador urbano y la obligatoriedad de la Ventanilla Única podrían reducir parcialmente los tiempos de tramitación de los permisos de construcción; sin embargo, advirtió que la iniciativa requiere ajustes importantes para evitar problemas de implementación. El especialista comparó al curador urbano con un notario público, al señalar que su función sería certificar que los expedientes cumplen con los requisitos técnicos, mientras que la aprobación final seguiría siendo responsabilidad del Estado. No obstante, cuestionó que la iniciativa exija que los curadores cuenten con formación en urbanismo o planificación territorial, cuando, a su juicio, el perfil más adecuado es el de arquitectos o ingenieros civiles con experiencia en construcción y gestión de trámites. Solís también advirtió que la propuesta no resolverá por completo los cuellos de botella, ya que muchos de los retrasos se originan en entidades del Gobierno central y no únicamente en las direcciones municipales de obras y construcciones. Respecto a la Ventanilla Única, consideró inviable exigir que los 81 municipios del país implementen este sistema debido a las diferencias en capacidad técnica, recursos humanos y presupuesto. En su lugar, propuso evaluar esquemas regionales o provinciales para los municipios más pequeños. El urbanista recordó que en Colombia, donde funciona esta figura, las curadurías urbanas han enfrentado cuestionamientos por posibles conflictos de interés y riesgos de corrupción. Por ello, sostuvo que la ley debe incorporar salvaguardas claras para garantizar la transparencia, evitar oligopolios y asegurar que el nuevo sistema agilice los permisos de construcción sin comprometer el control técnico. Propone la figura del revisor técnico urbano Por su parte, el director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, Luis Carballeda, se refirió a la figura del curador urbano como una iniciativa que permitiría agilizar los trámites de construcción, especialmente en los municipios con menor capacidad técnica y presupuestaria. El funcionario explicó que conoce el anteproyecto de ley y considera que la propuesta no busca restar competencias a los municipios, sino brindarles una herramienta de apoyo para verificar el cumplimiento de las normas nacionales de construcción. “Nosotros debemos apostar más a un certificador, a un revisor técnico urbano. De esa manera permitiríamos descongestionar a los municipios, agilizar y transparentar los procesos”, sostuvo. Carballeda señaló que muchos municipios carecen de personal especializado, infraestructura y recursos para operar una Ventanilla Única, por lo que este mecanismo facilitaría la gestión de los permisos sin sustituir las funciones municipales. Como ejemplo, indicó que la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá ha recibido 1,524 planos en lo que va del año y cuenta con una planilla de 170 funcionarios para atender ese volumen de trámites, una capacidad que, según afirmó, no poseen la mayoría de los municipios del país. Respecto al retraso en la aprobación de los permisos, el funcionario aseguró que la mayor parte de la demora no recae en la administración municipal, sino en las correcciones que deben realizar los propios desarrolladores. “Lo que más tarda es la subsanación del contribuyente. La gente siempre dice que el municipio se demora, pero el 60% o 65% del tiempo corresponde a las correcciones que deben presentar los solicitantes”, afirmó. Asimismo, destacó que la figura del curador urbano reduciría las revisiones repetitivas por parte de las instituciones públicas y evitaría que los promotores deban trasladarse entre distintas entidades para completar un mismo trámite. Buscan reactivar el sector construcción En la exposición de motivos del proyecto, el diputado Jorge Bloise destacó que se busca unificar y modernizar la regulación de los trámites para el registro de planos y la expedición de permisos de construcción en el país. Además, explicó que la iniciativa establece plazos obligatorios para agilizar los procesos, delimita las competencias del BCBP y de las demás entidades involucradas, e incorpora la figura del curador urbano como una alternativa de revisión técnica para descongestionar la administración pública, impulsar la actividad económica y garantizar la seguridad en las construcciones. Como parte de la justificación de la propuesta, Bloise señaló que la desaceleración económica ha afectado al sector de la construcción, cuyo crecimiento sigue por debajo del ritmo de recuperación del Producto Interno Bruto (PIB). Citó un informe de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), según el cual el sector perdió más de 37,000 empleos entre 2018 y 2025 y aún no recupera su aporte histórico a la economía. El anteproyecto sostiene que agilizar los trámites para la obtención de permisos de construcción contribuirá a reactivar la inversión privada, generar empleo y fortalecer el crecimiento económico del país. Manuel Carol Ojo. Cortesía Identifican restos de Manuel Carol Ojo, desaparecido durante la invasión de Estados Unidos a Panamá 20 DE DICIEMBRE Getzalette Reyes [email protected] La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó sobre la identificación científica de los restos de Manuel Carol Ojo, desaparecido durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989. Los restos fueron recuperados durante las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en la manzana 90 Bis del Cementerio Jardín de Paz y su identidad fue confirmada mediante estudios de antropología forense y genética. De acuerdo con la Comisión, la identificación fue lograda por la Sección de Descarga Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación, como parte de los expedientes reabiertos sobre víctimas de la invasión, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los análisis científicos consistieron en comparar el perfil genético obtenido de los restos óseos exhumados con muestras biológicas aportadas por familiares de la víctima, lo que permitió confirmar su identidad. Manuel Carol Ojo era hijo de Francisco Carol Díaz y Eneida Ojo Pérez. Tenía 32 años, trabajaba como técnico hidrólogo en el entonces Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y desapareció durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, fecha en la que cumpliría 33 años. Según la Comisión, sus familiares emprendieron una búsqueda en hospitales, morgues, centros de detención y cementerios tras la invasión, sin conocer el lugar donde había sido sepultado. Durante más de tres décadas mantuvieron la esperanza de encontrar sus restos para poner fin a la incertidumbre. La identificación de Carol Ojo es uno de los resultados derivados de las exhumaciones efectuadas en el Cementerio Jardín de Paz en enero de 2020, diligencia judicial dirigida por el Ministerio Público, durante la cual fueron recuperados restos humanos y otras evidencias que permanecieron bajo análisis científico en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Con este caso, asciende a 13 el número de víctimas de la invasión estadounidense cuyos restos han sido identificados y restituidos, o que se encuentran en proceso de ser entregados a sus familiares. La Comisión 20 de Diciembre de 1989 fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 121 del 19 de julio de 2016, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las víctimas de la invasión militar. Proponen una ley para penalizar uso de IA para ‘dañar reputaciones’ ASAMBLEA José González Pinilla [email protected] Una propuesta de ley busca modificar el Código Penal para sancionar la creación y difusión de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial (IA) para afectar la honra, la dignidad y la reputación de las personas. La iniciativa fue presentada en el pleno de la Asamblea Nacional por la diputada oficialista de Realizando Metas (RM) y expresidenta del legislativo , Dana Castañeda, quien explicó que su propuesta se origina por el aumento en el uso de tecnologías capaces de generar imágenes, videos y audios con apariencia de autenticidad —conocidos como deepfakes— y, según la diputada, busca llenar un vacío en la legislación. Durante la sustentación del documento, Castañeda aseguró que la propuesta no pretende restablecer los delitos de calumnia e injuria para los funcionarios de elección popular, sino proteger a familiares y terceros que, según dijo, terminan siendo víctimas de campañas de desprestigio. “Este proyecto no pretende atentar contra la libertad de expresión. Nosotros, los servidores públicos de elección popular, estamos conscientes de que la calumnia e injuria está despenalizada en nuestro caso. Sin embargo, este proyecto pretende proteger la honra de la familia, de los menores y de las personas discapacitadas que son afectadas solamente por estar cerca de nosotros”, dijo.
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