1A La Prensa Panamá, jueves 9 de julio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 9 de julio de 2026 - Año 45 - Nº 15331 Hoy por hoy Los habitantes de Changuinola, en Bocas del Toro, aún recuerdan la injustificada violencia de la Policía Nacional para sofocar las manifestaciones que hace 16 años dejaron dos muertos, más de 500 heridos y unas 70 personas con discapacidad para trabajar el resto de sus días. Algunos siguen envenenándose con el plomo de los perdigones alojados aún en sus cuerpos, imposibles de extraer sin perjudicar órganos vitales. Cuando ocurrieron estos hechos, el entonces ministro de Seguridad y hoy presidente de la República acusó a los indígenas que participaban en las protestas de emborracharse, mientras los hacía responsables de la violencia, a pesar de que la institución a su cargo envió a la zona de conflicto a la policía militarizada del Servicio Nacional de Vivir + La puerta que abrió Consuelo A. Blake 4B $16.4 millones en flota policial Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS El Ejecutivo busca reparar la flota policial seis meses después de adquirir nuevos vehículos para seguridad. El Gabinete aprobó un crédito adicional de $11.7 millones para reparar y reactivar la flota de la Policía Nacional. Con esta decisión, el Ministerio de Seguridad Pública eleva a al menos $16.4 millones los recursos destinados a vehículos de los organismos de seguridad. La nueva asignación llega apenas seis meses después de que el ministerio gastara $4.7 millones en la compra de camionetas, motocicletas, sedanes y camiones para la Policía, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. El Ejecutivo no ha precisado cuántos vehículos requieren reparación ni por qué la inversión realizada a finales de 2025 no resolvió el problema. El Gabinete también aprobó otro crédito por $5.8 millones para proyectos de seguridad pública y la modernización tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5. Ambos créditos, que suman $17.6 millones, deberán ser avalados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que aún no se ha instalado. El deterioro de la flota policial tampoco es un problema nuevo. En 2020, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, el Ministerio de Seguridad Pública reconoció que más de la mitad de sus vehículos no estaban en condiciones operativas y recurrió a contratos directos para reforzar la movilidad. VEA 4A Mulino reúne a bancadas aliadas; excluye a Vamos y Seguimos AGENDA LEGISLATIVA Eliana Morales Gil [email protected] El presidente José Raúl Mulino se reunió con la directiva de la Asamblea Nacional y los jefes de las bancadas del PRD, Partido Panameñista, RM, CD y Alianza, pero dejó fuera a las bancadas de oposición Vamos y Seguimos. El encuentro coincidió con las negociaciones para integrar las 15 comisiones permanentes del Legislativo, entre ellas las de Presupuesto, Credenciales y Gobierno. Según la De izquierda a derecha, la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; y los diputados del PRD, Benicio Robinson y Raúl Pineda. De espaldas, el presidente José Raúl Mulino. Cortesía Presidencia, se acordó dar prioridad a proyectos sobre empleo, agua e infraestructura. En la reunión también participaron el contralor Anel Flores, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y otros altos funcionarios del Ejecutivo. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red en la DGI que habría borrado cuentas tributarias que suman $40 millones. VEA 2A El exadministrador de la AMP, Noriel Araúz fue aprehendido ayer en el Aeropuerto de Tocumen al regresar de Paraguay, por una investigación por presunto enriquecimiento injustificado de $1.3 millones. VEA 2A Destapan red en la DGI que borraba cuentas Aprehenden a Noriel Araúz a su llegada de Paraguay La exclusión fue cuestionada por el diputado Ernesto Cedeño, de Seguimos, quien afirmó que la reunión “genera suspicacias”, mientras que diputados de Vamos confirmaron que tampoco fueron convocados y criticaron la decisión del Ejecutivo. VEA 2A Fronteras, al Servicio Nacional Aeronaval y hasta al SPI. Cada año, las víctimas de ese injustificado uso de la fuerza y de armas de fuego caminan en silencio para recordar esos incidentes. Y hace apenas una semana, el presidente se describía a sí mismo como un defensor de los derechos humanos, sin recordar lo que sufren estas personas desde entonces. El gobernante debería tener más respeto por las víctimas de la represión, la verdad y la historia. $7 millones para renovación urbana en Albrook El Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyecta una renovación urbana en Albrook con una primera inversión de $7 millones para calles, parques y espacios públicos, como parte del desarrollo de la Ciudad Gubernamental. VEA 3A
2A La Prensa Panamá, jueves 9 de julio de 2026 A la reunión en el Palacio de las Garzas también asistieron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Cortesía/Presidencia de la República El presidente Mulino reúne a los jefes de las bancadas aliadas Eliana Morales Gil [email protected] EJECUTIVO/LEGISLATIVO Mulino se reunió con los jefes de bancada del PRD, Panameñista, Realizando Metas, CD y Alianza. Las opositoras Vamos y Seguimos no fueron convocadas. El presidente José Raúl Mulino se reunió ayer con la directiva de la Asamblea Nacional y con los jefes de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y Alianza. En la convocatoria no figuraron las dos bancadas de oposición: Seguimos y Vamos. El jefe de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, confirmó a La Prensa que no fueron invitados. La reunión coincidió con las negociaciones para conformar las 15 comisiones permanentes del Legislativo, un proceso que arrancó el lunes y que tiene como piezas más codiciadas las comisiones de Presupuesto, Credenciales, y Gobierno, entre otras. La directiva de la Asamblea está conformada por Shirley Castañedas, de RM, como presidenta; Manuel Cohen, de CD, como primer vicepresidente; y Manuel Cheng, de la libre postulación, como segundo vicepresidente. El encuentro fue en el Palacio de las Garzas y según un comunicado del Ministerio de la Presidencia, el mandatario y los diputados acordaron “impulsar y darle prioridad a los proyectos que busquen el beneficio de la población panameña”. De acuerdo con fotografías divulgadas por la Presidencia, en la cita participaron el contralor Anel Flores, al igual que los asesores presidenciales Jorge Ricardo Fábrega, Anibal Galindo y Ventura Vega. También asistieron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien además ocupa el cargo de secretario de Metas del Gobierno de Mulino, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. De acuerdo con la Presidencia, Mulino destacó ante los diputados su plan de generación de empleos a través de proyectos en ejecución, como la carretera Panamericana Oeste, de 192 kilómetros entre Loma Campana (Panamá Oeste) y Santiago (Veraguas), parte del programa “Panamá pa Ti”, que abarca los ejes de empleo, salud y agua. En materia de agua potable, el gobernante informó, según la nota de prensa, que se trabaja en 20 potabilizadoras, de las cuales 13 están en ejecución o en formulación de contratos. También advirtió sobre el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario, aunque aseguró que el Gobierno garantizará el abastecimiento de productos como el arroz. Los ausentes: ‘Genera suspicacias’ Ni Seguimos ni Vamos, las dos bancadas que agrupan a la oposición en la Asamblea, no fueron convocadas al encuentro. Consultado por La Prensa, el jefe de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, confirmó la exclusión y de paso expuso su lectura del tema: “Debe ser que tienen algún tipo de acuerdo con alguno de esos diputados y saben que nosotros no vamos a aceptar un proyecto en contra del orden institucional”. Cedeño aseguró que su bancada no es “un obstáculo”, y precisó la línea que marcará su voto: “Si viene algún proyecto que contraríe el orden constitucional, nos opondremos; si es un proyecto que beneficie al país, lo apoyamos”. Sobre el hecho de que la reunión ocurriera en medio del reparto de las comisiones permanentes, el diputado fue escueto: “Genera suspicacias”. Este medio llamó a Jorge González, jefe de bancada de Vamos pero no respondió. Tampoco lo hizo el subjefe de bancada Miguel Ángel Campos. En cambio, la diputada Janine Prado, miembro de esa fracción política si contestó. Aseguró a este medio que no fueron convocados. Otro que reaccionó al asunto fue el diputado Luis Duke. “No invitó porque en su agenda no está luchar contra la corrupción para construir el país, sino todo lo contrario, como mantiene sometidos a algunos diputados para que se haga lo que Mulino quiere, para beneficiar a los suyos y no al pueblo”. Noriel Araúz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. La aprehensión fue solicitada por la fiscalía anticorrupción el pasado 4 de junio, pero no se había podido ejecutar dado que Araúz se encontraba fuera del país. Finalmente fue capturado ayer por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el aeropuerto de Tocumen, cuando retornó en un avión procedente de Paraguay. De acuerdo con las investigaciones, Araúz no habría podido justificar ingresos por $1.3 millones, tras concluir su gestión como director de la AMP.F uentes del Ministerio Público explicaron que el exfuncionario será presentado en las próximas horas ante un juez de garantías para las audiencias de legalización de la aprehensión, imputación de cargos e imposición de medidas cautelares. Por tanto, pasaría Exadministrador de la AMP Noriel Araúz es aprehendido cuando retornaba al país ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO la noche del miércoles bajo custodia. La investigación inició cuando la Contraloría General de la República entregó un informe de auditoría en abril pasado y se verificaron sus ingresos durante los cinco años que fungió como administrador de la AMP. Bajo su gestión, la AMP renovó las concesiones portuarias de Panama Ports Company (PPC), en Balboa y Cristóbal, y Panama Colon Container Port (PCCP), en isla Margarita. Ambas decisiones fueron muy cuestionadas. Posteriormente, el contrato de PPC quedó sin efecto por mandato de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el de PCCP fue rescindido por incumplimiento. Juan Manuel Díaz [email protected] Noriel Araúz. Archivo Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Una operación, desarrollada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, permitió desmantelar una red de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) que borraba cuentas millonarias de los contribuyentes, que se gestionaban a través del sistema E-Tax y que habían sido pagados al fisco. La investigación, a cargo del fiscal Emeldo Márquez, estableció que los funcionarios de la DGI borraban la información con la intención de que los créditos otorgados quedaran bajo pago no aplicados, para luego venderlos a una entidad crediticia por su valor real. En este caso, la DGI ha establecido una afectación patrimonial en perjuicio del Estado que asciende a los $40 millones. La entidad informó que detectó anomalías en el manejo realizado por algunos funcionarios, por lo que procedió a interponer una denuncia en el Ministerio Público. La fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, realizaron 23 allanamientos en las provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé en las que recuperaron equipos y otras evidencias. Hasta ahora se han girado órdenes de captura contra 16 personas, entre funcionarios de la DGI y particulares, quienes presuntamente sacaron provecho económico de esta actividad ilegal. Las diligencias forman parte de la denominada operación Pandora, que se desarrolla desde hace varios meses por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Desmantelan red de corrupción en la DGI que borraba deudas millonarias OPERACIÓN PANDORA El director de la DGI, Camilo Valdés, detalló que aún se realizan investigaciones administrativas para determinar el alcance definitivo y el impacto de los actos ilícitos hoy bajo investigación. Las investigaciones que se llevan a cabo sugieren que algunos funcionarios de la DGI habrían recibido pagos ilegales, fuera de sus salarios, a cambio de efectuar los ajustes internos en los sistemas eTax que permitían trasladar las deudas de unos contribuyentes a favor de terceros. En septiembre de 2025, seis funcionarios de la DGI fueron imputados por delitos informáticos y blanqueo de capitales por el manejo irregular de cuentas tributarias. En este caso los imputados alteraban los registros legítimos de pagos, asignándoselos a terceros y generando un desbalance en los estados fiscales de distintos contribuyentes. En algunos casos se detectó la anulación de boletas de pago, sin que el contribuyente hubiese alterado dicha transacción, lo que generó una investigación interna. Ante estos hechos, la DGI alertó a los contribuyentes para denunciar cualquier situación irregular al momento de realizar sus diligencias ante esa entidad. Juan Manuel Díaz [email protected] Sede de la DGI en la avenida Balboa. Archivo
3A La Prensa Panamá, jueves 9 de julio de 2026 Panorama El Plan de renovación urbana de Albrook se ubicará en los terrenos estatales ubicados detrás de la estación de Albrook, en el corregimiento de Ancón, donde actualmente se encuentran antiguos hangares y depósitos del Ministerio de Obras Públicas. Anel Asprilla Actualizarán polígono en Albrook: primera fase costará $7 millones Yaritza Mojica [email protected] INFRAESTRUCTURA La primera fase del plan de transformación urbana incluye la construcción de infraestructura vial, recuperación de áreas verdes y la adecuación de terrenos cercanos a la estación del metro. Unos $7 millones podría requerir la primera fase del proyecto de renovación urbana en el área de Albrook, una iniciativa que busca concretarse mediante la actualización del Plan Parcial del área de influencia de la Línea 1 del Metro de Panamá, S. A., que actualmente está en proceso consulta. La propuesta contempla la reorganización de terrenos estatales ubicados detrás de la estación de Albrook, en el corregimiento de Ancón, donde actualmente se encuentran antiguos hangares y depósitos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En este sector se proyecta desarrollar espacios comerciales, institucionales y la futura Ciudad Gubernamental. El plan maestro abarca un área aproximada de 50 hectáreas, de las cuales 38 hectáreas corresponden al desarrollo ubicado detrás de la estación del metro en Albrook. El director de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP) del MOP, Luis Sosa, explicó que los primeros $7 millones serían destinados a habilitar los terrenos mediante la construcción de calles, aceras y la recuperación de espacios públicos. “Son calles y veredas, y recuperar la parte de los parques que tenemos acá, que es lo que estamos implementando en esta fase”, detalló Sosa durante una jornada de participación ciudadana realizada el martes, en la que se presentó la actualización de las normas urbanas para este sector. El funcionario aclaró que esta inversión corresponde únicamente a una primera etapa del proyecto, que abarcará unas 8 hectáreas ubicadas alrededor de la estacióndelmetroenAlbrook. Esta fase forma parte de un masterplan que contempla el desarrollo total de 38 hectáreas dentro de terrenos estatales que no pueden ser vendidos. Sosa indicó que la actualización del Plan Parcial busca retomar los lineamientos establecidos en la Ley 21 del 2 de julio de 1997, relacionada con el ordenamiento territorial de la antigua Región Interoceánica, incorporando usos mixtos y el concepto de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). Según el MOP, el objetivo es “aprovechar mejor el espacio urbano y promover un desarrollo más ordenado alrededor de la estación del metro en Albrook”, un punto donde a futuro convergerán los usuarios de las líneas 1 y 3. Buscan reducir pago de alquileres Con el desarrollo de la futura Ciudad Gubernamental, el Ejecutivo busca reducir los pagos por arrendamiento de oficinas estatales en edificios privados, como Plaza Edison, donde actualmente se destinan alrededor de $8 millones anuales en alquileres.Un ejemplo es el Ministerio de Comercio e Industrias, que durante más de 20 años ha mantenido oficinas arrendadas en Plaza Edison, con pagos acumulados superiores a los $24 millones durante ese periodo. En este mismo edificio también funcionan oficinas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, entidad que participa en la actualización del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del Polígono de Influencia de la Línea 1 del metro. Durante la presentación a los moradores se les informó que el proyecto contempla edificios gubernamentales de hasta 45 metros de altura, equivalentes aproximadamente a entre 10 y 12 pisos, tomando en cuenta la cercanía del aeropuerto Marcos A. Gelabert, que continúa operando en el área. Se informó además que el primer edificio gubernamental previsto dentro de este desarrollo sería destinado al Órgano Judicial. Concesiones El director de la UCIP informó que los espacios comerciales contemplados en el proyecto no serán desarrollados directamente por el Estado, sino mediante concesiones a operadores privados. “El Estado no va a invertir en esto; simplemente el que viene a concesionarlo va a adecuarlo para crear estos locales”, afirmó. Sosa aclaró que la propuesta no corresponde a un centro comercial tradicional, sino a espacios destinados a actividades gastronómicas, comerciales y comunitarias que permitan mantener negocios locales y generar empleo, así como oficinas públicas donde se realizan trámites. “Esto no es un centro comercial. Es un lugar gastronómico, porque cuando movilizamos las áreas de distintos lugares, la gente se queda sin espacios donde poder comer o trabajar. Lo que necesitamos es que el negocio local siga existiendo y generar empleo”, explicó. De acuerdo con el cronograma presentado, las primeras labores podrían iniciar a mediados de 2027. Sin embargo, antes deberán completarse varias etapas técnicas y administrativas. El proyecto continuará con nuevas jornadas de participación ciudadana en las comunidades cercanas. En la primera reunión participaron residentes de Albrook, Altos y Llanos de Curundú y Diablo Heights. Sesión del pleno de ayer. Cortesía/Asamblea Nacional Propuesta para eliminar privilegio de autos enfrenta a diputados durante discusión para reformar el RORI ASAMBLEA NACIONAL José González Pinilla [email protected] La eliminación de la prerrogativa que permite a los diputados importar vehículos exonerados de impuestos entró ayer al debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional. La propuesta fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, durante el segundo debate del proyecto de ley 594, que modifica el reglamento legislativo. La iniciativa plantea derogar el artículo 230 del reglamento, que actualmente otorga a los diputados beneficios como la franquicia postal y telefónica, además de la posibilidad de importar, durante cada período constitucional, hasta dos vehículos libres del pago de derechos de introducción y otros gravámenes para su uso personal y el de sus familiares dependientes. Los diputados han seguido utilizando este beneficio. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, 19 diputados de distintas bancadas importaron 20 vehículos — varios de ellos de lujo— mediante este mecanismo, lo que representó exoneraciones fiscales por 208,517.14 dólares, recursos que el Estado dejó de percibir. La propuesta de Cedeño generó posiciones encontradas en el pleno. El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, rechazó la eliminación de esta prerrogativa y sostuvo que se ha construido un discurso que busca desprestigiar al Legislativo. Aseguró que durante años se ha presentado el reglamento interno como “el origen de los problemas de corrupción del país”, cuando, a su juicio, esa percepción “no corresponde con la realidad”. Pineda señaló que la eliminación de prerrogativas “debilita a la institución” y defendió que los vehículos adquiridos mediante estas exoneraciones son utilizados para el ejercicio de sus funciones en los circuitos electorales. “Yo no estaría nunca de acuerdo en que se les quiten prerrogativas a los diputados, no porque hoy soy diputado, sino porque la disminución de la protección de esta Asamblea como institución es grave para la democracia”, manifestó. También argumentó que existen beneficios fiscales similares para otros sectores, como empresas que participan en ferias comerciales, por lo que consideró que el debate debería abarcar todas las exoneraciones existentes y no únicamente las de los diputados. Esto incluiría a ministerios. Durante su intervención, Pineda cuestionó además que el reglamento interno se haya convertido “en una bandera política” y aseguró que su discusión no resolverá los principales problemas de los ciudadanos. En tanto, el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, presentó varias modificaciones al proyecto de reformas. Entre ellas, propuso eliminar dentro del proyecto el artículo que prohíbe a los diputados nombrar como funcionarios a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, restricción que había sido incorporada al proyecto durante el primer debate en la Comisión de Credenciales. Camacho también planteó eliminar la disposición que hace responsables a los diputados de la asistencia del personal nombrado en sus despachos e incorporar al reglamento la juramentación obligatoria de los diputados suplentes al inicio de cada período legislativo. La discusión continúo este miércoles por segundo día consecutivo. A eso de las 7:00 p.m., luego de que el pleno rechazara una propuesta que presentó Camacho para que se citara a la procuradora de la Administración, el primer vicepresidente Manuel Cohen declaró un receso hasta hoy. Zhang Xiangyan. Cortesía Zhang Xiangyan asume como nuevo embajador de China en Panamá DIPLOMACIA Martha V. Concepción [email protected] El nuevo embajador de la República Popular China, Zhang Xiangyan, llegó a Panamá para asumir formalmente sus funciones diplomáticas en el país. A su llegada, el embajador Zhang manifestó que para él representa un gran honor asumir este cargo. El diplomático fue recibido en el aeropuerto el martes, por Ángela Álvarez, Directora General Encargada de Protocolo y Ceremonial de la Cancillería panameña, así como diplomáticos de la Embajada de China en Panamá. Su llegada fue informada ayer. Zhang expresó su total disposición para trabajar estrechamente con el Gobierno panameño y con líderes de diversos sectores de la sociedad de manera coordinada, con el objetivo de elevar el nivel de la comunicación bilateral a nuevos horizontes de entendimiento mutuo. Zhang Xiangyan es el tercer Embajador de China en Panamá. Los otros dos embajadores que antecedieron a Zhang fueron: Wei Qiang, quien asumió el cargo en octubre de 2017, poco después del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países, y culminó sus funciones en febrero de 2024. Mientras que Xu Xueyuan, fue la segunda embajadora, desde marzo de 2024 hasta junio de 2026. Xiangyan enfatizó que centrará sus esfuerzos en profundizar la amistad histórica entre ambos pueblos y en impulsar nuevos avances en la cooperación práctica dentro de distintas áreas estratégicas. Según detalló el diplomático, estas acciones buscan maximizar y otorgar mayores beneficios compartidos que impacten de forma positiva el desarrollo socioeconómico de los dos países.
4A La Prensa Panamá, jueves 9 de julio de 2026 Tal Cual Mónica Palm [email protected] ¡SALUD! El presidente Mulino ofreció un almuerzo a la junta directiva de la Asamblea y a los jefes de bancada de RM, PRD, Panameñista, CD y Alianza. O, dicho de otro modo, a los jefes de todas las facciones, menos las de Vamos y Seguimos. Algunos de los comensales eran, hasta hace poco, enemigos declarados. Parece que los lazos que de pronto unen a toda esta gente son más fuertes que el amor propio. ACIDEZ. Por cierto, en aquel almuerzo, al ministro Felipe Chapman lo sentaron al lado de la presidenta de la Asamblea y confidente de Martinelli, Shirley Castañedas. Hace año y medio, Chapman dijo que Martinelli era un mitómano: “miente todos los días… Se para delante del espejo y se miente a sí mismo… Ha estado continuamente atacando al presidente de la República y a los que estamos aquí”. ¿Habrán hablado de eso en la sobremesa? Porque los dos tienen muy buena memoria. SIN CABELLO. Luego de que el alcalde Mayer Mizrachi advirtiera (gracias al seguimiento que hizo con unos AirTag) que las donaciones de Panamá terminaron en zonas muy alejadas de las afectadas por los terremotos en Venezuela, Diosdado Cabello despreció la ayuda humanitaria, asegurando que se trata “de pura merma”. Parece que estamos viendo la versión del perro del hortelano: ni hace ni deja hacer. BILIS. Bolota se la pasa hablando pestes de las reformas a la CSS, aprobadas hace un año. Alega que “esa ley ha sido un fracaso a nivel nacional”. Si tanto le disgustan esas reformas, entonces, ¿por qué se ha aliado con un gobierno que impulsó su aprobación? RETORNO. El PRD desistió de ocupar algún cargo en la junta directiva de la Asamblea, a cambio de la presidencia de Flota vehicular de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad pública, presentada como parte de las mejoras en infraestructura y equipamiento para fortalecer el trabajo de las fuerzas de seguridad en el país. Elysée Fernández El Gobierno eleva la inversión en vehículos policiales Eliana Morales Gil [email protected] SEGURIDAD CIUDADANA El Ministerio de Seguridad Pública elevará a $16.4 millones la inversión en la flota policial en poco más de seis meses, tras la aprobación de un nuevo crédito por $11.7 millones para reparar vehículos. El Consejo de Gabinete aprobó ayer un crédito adicional suplementario de $11,723,301 para la Policía Nacional, destinado, según la información oficial, a la “reactivación” de su flota vehicular. La cifra se suma a los $4,695,929.62 que el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) gastó a finales de 2025 en la compra de camionetas, motocicletas, sedanesycamionesparalaPolicía Nacional y otros brazos operativos como el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. Es decir que en poco más de seis meses el Minseg ha destinado al menos $16.4 millones a su parque vehicular, todo en un momento en que la ciudadanía cuestiona los efectos de las estrategias de seguridad para combatir el crimen en las calles. Según la información divulgada, los $11.7 millones se asignarán a la reactivación física, compra de repuestos y la reparación de vehículos de policía. Sin embargo, el Ejecutivo no ha precisado cuántos son, ni por qué la millonaria inversión en flota ejecutada hace apenas seis meses no resolvió el problema. Adicionalmente, mediante la Resolución 72-26, el Gabinete aprobó otro crédito adicional por $5,873,071 para proyectos, servicios y adquisiciones de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública y la modernización tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5. Ambas resoluciones suman $17,596,372 y deberán pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación. Sin embargo, esa instancia legislativa aún no se ha instalado. ¿Licitación o contratos directos? Hasta el cierre de esta edición, el portal PanamaCompra no registraba actos públicos, licitaciones ni órdenes de compra asociadas a la ejecución de estos recursos. Tampoco se ha informado si la “reactivación” se hará vía licitación pública o si, como ocurrió con las compras de diciembre pasado, se recurrirá a mecanismos de contratación directa. Antecedente: compras directas en emergencia En febrero pasado, La Prensa informó que el Minseg aprovechó la vigencia de la Resolución de Gabinete No. 48 de mayo de 2025, que declaró el estado de emergencia en Bocas del Toro tras los cierres de vías contra la Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social, para concretar compras directas por $4,695,929.62 en vehículos. Los contratos favorecieron a tres proveedores: Panameña de Motores, S.A., a la que se le asignó un contrato de $2,473,277.17 por la compra de 67 camionetas Nissan Frontier 4x4. Hyundai Truck and Bus Panama, S.A., recibió otro por $1,115,418.59 por la compra de buses y camiones, incluido un bus de lujo de 50 pasajeros valorado en $194,450. A Ford Auto Panama, S.A. se le adjudicó otro por un valor de $1,107,233.86 por 12 vehículos. La justificación oficial: el “desgaste evidente y significativo” de los vehículos durante la Operación Omega, con la que se replegaron las protestas y el hecho de que el 70% de la flota operativa supera los cinco años de antigüedad. La nueva flota de vehículos fue presentada en febrero pasado en un acto en que participaron el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. “Hoy no estamos entregando vehículos, hoy estamos fortaleciendo la autoridad del Estado panameño”, afirmó el ministro. Un problema crónico de varios gobiernos El deterioro de la flota policial no es nuevo ni exclusivo de esta administración. En octubre de 2020, bajo el gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el propio Minseg, entonces a cargo de Juan Manuel Pino, admitió en informes técnicos que solo el 46% de la flota vehicular estaba en condiciones operativas y que el 78.29% de los vehículos había superado su vida útil. La solución de entonces también fue excepcional: contratos directos para alquilar 259 autos por $4,079,225, a un costo de $15,749.90 anuales por vehículo. Seis años después, el diagnóstico es prácticamente el mismo. La millonaria inversión en movilidad policial convive con los indicadores de seguridad. Cifras del Ministerio Público revelan que hasta mayo pasado se habían registrado 251 homicidios en el país, 22 más que en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 229. El 94% de las víctimas fueron hombres. El Ejecutivo afirma que los créditos aprobados buscan “fortalecer la lucha contra el crimen” y mejorar los tiempos de respuesta. Las preguntas La Prensa envió un cuestionario a la Policía Nacional para conocer cuántos vehículos permanecen fuera de servicio y desde cuándo; si los $11.7 millones se ejecutarán mediante licitación pública o contratación directa; por qué la reparación de la flota no se incluyó en el presupuesto ordinario de 2026. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta. Una vez la institución la envíe, será incorporada a esta nota. Aleida Samaniego C. [email protected] La nota mínima, según criterio de 2025 era 45% de aprobación. Elysée Fernández Minsa descarta reducir la exigencia del examen de certificación en medicina FORMACIÓN MÉDICA El Ministerio de Salud mantendrá los estándares de aprobación del Examen de Certificación Básica en Medicina, pese a que solo el 11.31% de los aspirantes logró superar la primera convocatoria de 2026. La institución descartó reducir la exigencia de la evaluación y afirmó que la prueba responde a estándares académicos y científicos alineados con parámetros internacionales. Remarcó que este mecanismo busca garantizar que los médicos que ingresen al internado cuenten con las competencias necesarias para brindar una atención segura y de calidad. En la convocatoria de enero pasado participaron 601 aspirantes. De ese grupo, 68 lograron alcanzar el puntaje mínimo requerido para aprobar el examen, mientras que 533 no superaron la evaluación. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la intención no es limitar el ingreso de nuevos profesionales al sistema sanitario, sino asegurar que quienes inicien el internado médico posean los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar los retos de la práctica clínica. Añadió que la certificación busca evaluar que los futuros médicos cuenten con una base científica sólida antes de incorporarse a una etapa formativa en la que tendrán contacto directo con pacientes. Como parte de las medidas para fortalecer la preparación de los estudiantes de medicina, el Minsa inició mesas de trabajo con directores y decanos de las facultades de medicina del país. Estos encuentros tienen como objetivo revisar los planes de estudio, analizar los contenidos académicos y promover mejoras en la formación de los estudiantes antes de presentar la evaluación de ingreso al internado médico. La decisión de mantener los estándares de aprobación está sustentada en la Resolución No.02 del 24 de febrero de 2026, adoptada tras una recomendación del Minsa para elevar de manera progresiva los criterios de aprobación del examen. De acuerdo con la resolución, a partir de la tercera convocatoria de este año, prevista para agosto, los aspirantes deberán obtener un puntaje mínimo de 458 puntos, equivalente al 50% de aprobación. Hasta ahora, el requisito establecido era de 427 puntos, correspondientes al 45%. El ajuste forma parte de un incremento escalonado de la exigencia. La planificación contempla elevar posteriormente el requisito al 55% y alcanzar el 61% de aprobación en 2027. por lo menos seis comisiones legislativas. La de Presupuesto sería para Benicio Robinson, quien ya ejerció ese rol en ocho ocasiones (aunque no consecutivas). Bajo su liderazgo, en la Comisión de Presupuesto se escucharon expresiones como “qué hay pa’ ella”, salió a relucir el uso del “cuartito”, se obstaculizó la cobertura de los medios y se aprobaron traslados de partida que no constaban en actas. Ya pueden imaginarse por qué quiere el cargo… PRENSA.COM Escanee el QR y acceda a información sobre los hechos del 8 de julio de 2010. La herida de un conflicto en Changuinola: 16 años después Panorama
5A La Prensa Panamá, jueves 9 de julio de 2026
6A La Prensa Panamá, jueves 9 de julio de 2026 Con una objeción por inconveniencia e inexequibilidad, el presidente José Raúl Mulino frenó el Proyecto de Ley 571, impulsado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, que buscaba modificar la legislación que protege los arrecifes coralinos de Panamá. La iniciativa, aprobada por la Asamblea Nacional, proponía modificar la Ley 304 de 2022, considerada el principal instrumento legal para la conservación de los arrecifes coralinos y de los ecosistemas marino-costeros asociados. La decisión del Ejecutivo, formalizada el 12 de junio, se sustentó en un análisis técnico elaborado con el respaldo del Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Estación Científica Coiba. El documento concluye que las reformas propuestas implicaban una reducción del nivel de protección ambiental vigente y representaban un riesgo para la biodiversidad marina del país. Las inquietudes Entre las principales preocupaciones planteadas por la Presidencia destaca el cambio en el régimen de protección de los pastos marinos. Mientras la legislación vigente prohíbe, de forma general, las actividades de construcción o modificación en estos ecosistemas, la reforma abría la puerta a autorizarlas mediante permisos administrativos, un cambio que, según el Ejecutivo, flexibilizaba significativamente las restricciones existentes. El análisis gubernamental advierte que el proyecto no establecía criterios técnicos, límites ni parámetros legales para otorgar esas autorizaciones. Esa ausencia de reglas claras dejaría un amplio margen de discrecionalidad al Ministerio de Ambiente, lo que, a juicio del Ejecutivo, podría traducirse en decisiones inconsistentes y en una menor seguridad jurídica para la conservación de los ecosistemas marinos. Otro de los aspectos cuestionados fue la incorporación del concepto de “daño directo” para determinar las afectaciones a los arrecifes coralinos. La Presidencia sostiene que ese término carece de una definición jurídica en la legislación vigente y podría dificultar la aplicación de sanciones, ya que obligaría a demostrar una relación causal inmediata, pese a que muchos impactos ambientales ocurren de forma acumulativa o se manifiestan años después. Ecosistemas asociados La objeción presidencial también señala una omisión relevante en el texto aprobado por la Asamblea: la exclusión de los ecosistemas asociados, como manglares, humedales y albinas. A diferencia de la Ley 304 de 2022, que reconoce la interdependencia entre estos hábitats y los arrecifes coralinos, la reforma limitaba la protección únicamente a estos últimos, dejando sin cobertura legal parte del entorno que garantiza su supervivencia. Desde la perspectiva constitucional, el Ejecutivo sostiene que el Proyecto de Ley 571 vulnera el RégiPresidente Mulino veta reforma que debilitaba la protección de los arrecifes ECOSISTEMAS MARINOS men Ecológico previsto en la Constitución. El documento recuerda que los artículos 118 al 121 obligan al Estado a garantizar un ambiente sano, prevenir la degradación ambiental y proteger los recursos naturales, principios que, según el análisis oficial, quedarían debilitados con las modificaciones propuestas. La Presidencia también encontró una contradicción entre el discurso que acompañó la iniciativa y el contenido de la reforma. Aunque los proponentes afirmaban que el objetivo era fortalecer la vigilancia y la protección de los arrecifes coralinos, el articulado sustituía varias prohibiciones por un sistema de autorizaciones administrativas que, según el Ejecutivo, reducía las salvaguardas establecidas en la legislación vigente. En su objeción, el Ejecutivo calificó la propuesta como una medida regresiva en materia de política ambiental. A su juicio, el proyecto no solo disminuía los estándares de protección alcanzados en 2022, sino que también se apartaba de los principios de conservación, restauración y uso sostenible que orientan la gestión de los ecosistemas marino-costeros en Panamá. Con la devolución del Proyecto de Ley 571 a la Asamblea Nacional, el Gobierno dejó claro que cualquier modificación a la normativa ambiental deberá reforzar, y no debilitar, las herramientas legales destinadas a proteger los arrecifes coralinos y los ecosistemas marinos. La vigilancia El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) sostuvo que el veto presidencial al proyecto de ley constituye una muestra de que la protección de los ecosistemas requiere una vigilancia permanente frente a iniciativas que puedan debilitar las salvaguardas ambientales. La organización destacó el respaldo de ciudadanos, especialistas y diversos colectivos que se sumaron al llamado para frenar la propuesta, al considerar que habría puesto en riesgo, a largo plazo, los arrecifes coralinos, los pastos marinos y otros ecosistemas asociados. Asimismo, recordó que el Ejecutivo objetó la iniciativa por razones de inconveniencia e inexequibilidad, al concluir que reducía el nivel de protección ambiental y contravenía los artículos 118, 119, 120 y 121 de la Constitución, argumentos que, según CIAM, fueron advertidos durante el debate legislativo y posteriormente reforzados por organizaciones ambientales y expertos que solicitaron el veto presidencial. Imagen ilustrativa elaborada con herramientas de inteligencia artificial. Rusia califica de ‘propaganda’ historia de Dante en Ucrania Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONFLICTO BÉLICO Artemiy Nosach, tercer secretario de la Embajada de Rusia en Panamá, aseguró que su relato contiene numerosas afirmaciones falsas y alejadas de la realidad. La Embajada de Rusia en Panamá rechazó el relato del joven panameño que contó a La Prensa sobre su participación en la guerra de Ucrania, luego de ser enrolado por reclutadores rusos cuando se encontraba —por casualidad y sindinero—devisitaenBerlín. Artemiy Nosach, tercer secretario de la misión diplomática, cuestionó la veracidad de lo ocurrido a Dante (como fue nombrado en las notas periodísticas, por razones de seguridad), reclamando que se trata de “una historia inventada” e irreal, y directamente acusó a La Prensa de reproducir “propaganda occidental sobre el conflicto”. Nosach fue contactado por La Prensa ayer; el día anterior, en la cuenta de Instagram @embruspan, la embajada rusa descalificó el trabajo periodístico, señalando que era parte de un “menú de mentiras”. En ese post no mencionó en qué consistía su inconformidad o cuál era la información supuestamente inexacta. Cuando La Prensa se puso en contacto con la embajada en la mañana de este miércoles, respondió Nosach. En primer lugar, el diplomático objetó la ilustración utilizada: según él, se trata de un mapa con errores geográficos. “Desaparecieron países enteros”, como Dinamarca y Suecia, además de la provincia rusa de Kaliningrado, reclamó. Lo que sí reconoció como “correcto” es que Crimea aparecía en un mapa identificado como territorio ruso, “y eso sí lo apreciamos”. Parte del conflicto armado entre Rusia y Ucrania se origina en una disputa territorial, con el gobierno de Vladimir Putin ordenando en 2022 la invasión total del país vecino, tomando por la fuerza el control de regiones como el Donbás, luego de que ya en 2014 se había anexado Crimea. Dante relató a La Prensa que sus reclutadores lo sacaron de Alemania por tierra, en un camión, junto a medio centenar de personas (inmigrantes, mercenarios, etc.) que también habían sido contactadas “para pelear” en favor de Rusia. La travesía fue refutada por el diplomático: “Hay controles migratorios muy estrictos entre Polonia y Bielorrusia... No puede pasar ni una mosca desapercibida”. El relato de Dante incluye un vuelo en un avión militar de cuatro motores que sobrevolaba una zona de guerra (el Donbás), desde el que fue obligado a lanzarse en paracaídas en medio de disparos y explosiones. Nosach cuestionó esta versión al señalar que el último accidente aéreo registrado en esa zona ocurrió en enero de 2024, cuando un avión ruso IL-76 fue derribado en Bélgorod, y que no existe un registro público de otro incidente con esas características. “Le aseguro que, si de verdad hubiera pasado algo por el estilo, muchísimos medios, tanto ucranianos como rusos, habrían escrito algo sobre el tema”, agregó. Pero Dante nunca aseguró que el avión en el que viajó fuera derribado. De hecho, no sabe qué ocurrió o a dónde se dirigió la nave luego de saltar. El diplomático también cuestionó el recorrido que, según Dante, siguieron los jóvenes reclutados por localidades del este de Ucrania. Sostuvo que ese itinerario no era compatible con la geografía de la zona y atribuyó las inconsistencias a un supuesto desconocimiento del terreno. “Pareciera que la persona que conversaba con ustedes, ni el periodista que conversaba con él, tienen buen conocimiento de la geografía de la región”, expresó el funcionario. También le pareció inverosímil que Dante caminara mil kilómetros al día. Según sus cálculos, eso no es posible, porque hay muchas zonas boscosas y con nieve. Nosach insistió en que las observaciones de la embajada no responden únicamente a diferencias de interpretación sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino a lo que considera inconsistencias en hechos narrados por Dante. Uno de los principales señalamientos estuvo relacionado con la descripción de los supuestos combates en Donetsk. Nosach afirmó que la ciudad “está 100 % controlada” por Rusia desde su incorporación tras los referéndums celebrados en septiembre de 2022 —una anexión rechazada por la mayor parte de la comunidad internacional— y sostuvo que la línea del frente se encuentra a varios kilómetros de distancia. “Imaginar siete semanas de combates callejeros en Donetsk, ni hablar de los casos de canibalismo que se describen allá, esto es totalmente falso”, manifestó. El funcionario aseguró que la vida en Donetsk transcurre con normalidad. “Allá todo vive bastante pacífico y allá no hay ningún combate. Incluso se organizan regularmente eventos con participación de visitantes internacionales”, afirmó. Otra de las objeciones del representante ruso se dirigió al campamento militar en el área de Chernóbil, mencionado en el relato de Dante. Según él, las fuerzas rusas abandonaron el norte de Ucrania en 2022 y negó que exista una base militar en esa zona. Al cierre de la llamada, Nosach subrayó que para la embajada resulta “muy claro” en beneficio de qué intereses fue difundida la serie de artículos. También advirtió que, si no quedaba conforme con esta nota, enviaría una réplica. La Prensa se mantiene en la veracidad de la crónica, como fue publicada, basada en la experiencia de un joven panameño reclutado en Berlín, que estuvo en la zona del conflicto ruso-ucraniano desde diciembre de 2025 y que logró salir con vida por Bielorrusia en marzo de 2026. José Raúl Mulino y Benicio Robinson. Archivo Panorama
7A La Prensa Panamá, jueves 9 de julio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. y no en simples espectadores del crecimiento nacional. La pregunta es inevitable: si esta estrategia no ha logrado disminuir las desigualdades territoriales durante décadas, ¿por qué insistimos en repetirla? Lo paradójico es que cuando finalmente surge una iniciativa que podría diversificar el desarrollo económico hacia otras regiones del país, inmediatamente aparecen posiciones absolutas que reducen el debate a un simple “no”. El caso de Puerto Barú, en Chiriquí, es un ejemplo claro. Diversos grupos ambientalistas han advertido, en términos casi apocalípticos, que el proyecto significará el fin del ecosistema marino del Pacífico y afectará incluso áreas protegidas como Coiba. Sin duda, toda preocupación ambiental merece ser escuchada y atendida. Nadie Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La hora de los resultados Gobernabilidad puestas pueden traducirse en una mejor calidad de vida para millones de personas. Porque la verdadera prueba no es ganar elecciones. La verdadera prueba es gobernar bien. La Doctrina Social de la Iglesia ofrece una perspectiva valiosa para analizar este momento. Desde la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, hasta Centesimus Annus, de San Juan Pablo II, la Iglesia ha defendido simultáneamente la dignidad de la persona humana, el derecho a la propiedad privada y la responsabilidad hacia el bien común. Estas enseñanzas recuerdan que la propiedad privada es un derecho legítimo y necesario para la libertad de las personas y las familias. Pero también enseñan que la riqueza nunca puede separarse de una responsabilidad moral hacia la sociedad. La economía debe estar al servicio de la persona humana, y no la persona humana al servicio de la economía. Esta visión continúa vigente. El papa León XIV ha insistido en que la dignidad humana debe permanecer en el centro de toda actividad económica, política y tecnológica. En una época marcada por la inteligencia artificial y los cambios acelerados en Alfredo Motta La locura de seguir haciendo lo mismo Naturaleza Albert Einstein solía decir que “la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Más allá de la discusión sobre el origen de la frase, lo cierto es que pocas reflexiones describen con tanta precisión el modelo de desarrollo que Panamá ha seguido durante las últimas décadas. Gobierno tras gobierno, independientemente del partido político que ocupe el poder, la apuesta ha sido prácticamente la misma: concentrar la inversión pública y privada en la provincia de Panamá y, más recientemente, en Panamá Oeste, bajo la premisa de que el crecimiento de estas regiones terminará irradiando prosperidad hacia el resto del país. Sin embargo, los resultados están a la vista. Mientras la capital continúa expandiéndose, el interior enfrenta problemas estructurales de desempleo, migración, falta de inversión y escasas oportunidades. Provincias con enorme potencial económico, como Colón y Chiriquí, siguen esperando políticas públicas que las conviertan en verdaderos polos de desarrollo que valore el patrimonio natural del país puede minimizar esos riesgos. Pero existe una enorme diferencia entre exigir estudios científicos rigurosos, medidas de mitigación y supervisión permanente, y condenar cualquier proyecto antes de analizar si existen alternativas que permitan hacerlo de manera responsable. Como ambientalista, comparto la convicción de que el desarrollo económico no puede construirse sacrificando irreversiblemente nuestros recursos naturales. Pero también considero que el inmovilismo tiene un costo social que pocas veces se menciona: desempleo, pobreza, falta de oportunidades y migración forzada hacia la capital. Lo mismo ocurre con el debate sobre la minería. Personalmente, creo que la actividad minera puede representar un factor importante para el desarrollo económico del país. Sin embargo, eso no significa aceptar cualquier modelo de explotación. La minería a cielo abierto, por sus impactos ambientales, plantea enormes desafíos que deben ser evaluados con extrema rigurosidad. Existen ejemplos internacionales que demuestran que es posible elevar los estándares. En Canadá, por ejemplo, las empresas mineras están obligadas a presentar planes de cierre y recuperación ambiental desde el inicio del proyecto, así como garantías financieras que aseguren la restauración de las áreas intervenidas una vez concluOpinión LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es empresario, consultor, Caballero de la Orden de Malta. el mundo laboral, ha recordado que el verdadero progreso debe medirse por su capacidad de servir al ser humano, fortalecer a las familias y promover el bien común. La libertad económica no puede evaluarse únicamente por indicadores financieros o por el crecimiento del producto interno bruto. Debe medirse por su capacidad de generar oportunidades reales para quienes más las necesitan. Debe traducirse en empleos dignos, seguridad, educación de calidad, acceso a la salud, vivienda adecuada y posibilidades concretas de progreso para las familias. La dignidad humana también está estrechamente ligada al trabajo. San Pablo escribió: “El que no quiera trabajar, que tampoco coma”. No se trata de una invitación a la indiferencia frente a la pobreza, sino de un recordatorio de que toda persona está llamada, en la medida de sus capacidades, a contribuir al bienestar propio, de su familia y de la comunidad. Una sociedad sana no es aquella donde las personas dependen permanentemente del Estado, sino aquella que crea las condiciones para que cada individuo pueda salir adelante por sus propios medios, desarrollar sus talentos, emprender, trabajar y construir un futuro mejor para sus hijos. La verdadera inclusión consiste en abrir oportunidades, no en perpetuar dependencias. La lucha contra la pobreza tampoco consiste en empobrecer a quienes han logrado prosperar. Consiste en ayudar a que quienes están abajo puedan ascender. El objetivo no es bajar a los de arriba, sino elevar a los de abajo. La riqueza productiva, cuando se genera de manera ética y responsable, América Latina parece estar viviendo uno de esos momentos históricos en los que el péndulo político cambia de dirección. En distintos países de la región, millones de ciudadanos han decidido confiar en líderes que prometen fortalecer la libertad económica, atraer inversiones, impulsar el emprendimiento y generar empleo como herramientas para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Hoy observamos una tendencia que abarca buena parte del continente. Presidentes como Nayib Bukele, de El Salvador; Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Luis Abinader, de República Dominicana; José Raúl Mulino, de Panamá; y José Antonio Kast en Chile, junto con recientes triunfos o resultados favorables para Laura Fernández, en Costa Rica; Keiko Fujimori, en Perú; y Abelardo de la Espriella, en Colombia, representan una corriente de liderazgo que ha prometido fortalecer la iniciativa privada, la inversión y la generación de oportunidades. Más allá de las diferencias que puedan existir entre ellos, todos enfrentan ahora el mismo desafío: demostrar que sus proGobierno tras gobierno, independientemente del partido político que ocupe el poder, la apuesta ha sido prácticamente la misma: concentrar la inversión pública y privada en la provincia de Panamá y, más recientemente, en Panamá Oeste, bajo la premisa de que el crecimiento de estas regiones terminará irradiando prosperidad hacia el resto del país. Rosela Nasta La lucha contra la pobreza tampoco consiste en empobrecer a quienes han logrado prosperar. Consiste en ayudar a que quienes están abajo puedan ascender. El objetivo no es bajar a los de arriba, sino elevar a los de abajo. crea empleos, impulsa inversiones y amplía las oportunidades para toda la sociedad. Por ello, el desafío de nuestros tiempos no es repartir pobreza con mayor equidad, sino crear prosperidad con mayor amplitud. No se trata de destruir riqueza, sino de generar más riqueza. No se trata de enfrentar a unos ciudadanos contra otros, sino de construir las condiciones para que más personas puedan acceder a una vida digna, formar un patrimonio, adquirir una vivienda adecuada y ofrecer un mejor futuro a sus hijos. Los ciudadanos no viven de teorías económicas. Viven de resultados. En última instancia, el criterio más importante para evaluar cualquier gobierno no será la cantidad de discursos pronunciados ni el número de promesas realizadas. Será su capacidad para mejorar la vida concreta de las personas. América Latina parece estar entrando en una nueva etapa política. Quienes hoy gobiernan —o se preparan para gobernar— han recibido una gran oportunidad y una enorme responsabilidad. La historia no recordará cuántas elecciones ganaron. Recordará cuántas vidas ayudaron a mejorar. Porque, al final, el futuro no juzgará las promesas. Juzgará los resultados. #TodosSomosUno Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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La reforestación, la recuperación del paisaje y el monitoreo posterior forman parte de las obligaciones legales y no de simples promesas. ¿Por qué en Panamá el debate suele reducirse a dos extremos irreconciliables? O se plantea un desarrollo sin suficientes controles ambientales, o se propone detener cualquier iniciativa sin ofrecer alternativas viables. El país necesita superar esa falsa dicotomía. El verdadero reto consiste en construir un modelo donde el crecimiento económico y la protección ambiental no sean enemigos, sino aliados. Eso exige instituciones fuertes, estudios técnicos independientes, participación ciudadana informada y una fiscalización permanente. Decir “no” puede ser una posición legítima cuando existe evidencia científica que así lo justifique. Pero decir “no” sin proponer soluciones también implica asumir la responsabilidad sobre las oportunidades que se pierden para miles de panameños que esperan empleo, inversión y mejores condiciones de vida. Necesitamos dejar de repetir las mismas fórmulas esperando resultados distintos. Descentralizar el desarrollo, aprovechar responsablemente nuestros recursos y exigir los más altos estándares ambientales no son objetivos incompatibles. Son, precisamente, el camino hacia un país más equilibrado, más justo y verdaderamente sostenible.
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