1A La Prensa Panamá, martes 16 de junio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 16 de junio de 2026 - Año 45 - Nº 15312 Hoy por hoy La discusión sobre el futuro de la mina ha dejado una lección que trasciende la propia actividad minera. En una decisión de semejante importancia nacional, los ciudadanos tienen derecho a saber quién financia campañas publicitarias, plataformas digitales y esfuerzos destinados a influir en la opinión pública. Ese principio debe aplicarse por igual a quienes apoyan la reapertura, a quienes la rechazan y a cualquier otro actor con intereses en juego. Pero existe una preocupación adicional. Cada vez son más frecuentes el acoso, el hostigamiento y la descalificación contra personas que expresan una posición o informan sobre temas que incomodan. Cuando el debate se traslada de las ideas a los ataques personales, las instituciones se debilitan y la democracia pierde calidad. La preocupación es aún mayor porque la mina puede ser apenas un Panorama Carlos Abadía analiza avances de la integración Minsa-CSS 4A Economía Vía España: 5.4 kilómetros y seis carriles de vialidad 2B Coiba: una vieja idea para paliar una crisis Eliana Morales Gil [email protected] SISTEMA PENITENCIARIO Echar mano de la isla-patrimonio natural expone las grietas de un sistema carcelario marcado por hacinamiento, fugas y críticas. El traslado de 29 reclusos de alta peligrosidad a instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en Coiba reabrió un debate que Panamá creía cerrado desde el fin de la antigua colonia penal. El Gobierno sostiene que la medida busca impedir que cabecillas criminales continúen operando desde prisión, tras detectar vulnerabilidades en Punta Coco y días después de la fuga de 195 reclusos de La Joyita. La decisión ocurre en medio de una crisis penitenciaria marcada por el hacinamiento: 24,831 privados de libertad ocupan cárceles diseñadas para 14,695 personas. Organizaciones de derechos humanos cuestionan que el traslado evidencie fallas de control en centros de máxima seguridad, mientras la Iglesia denuncia condiciones deficientes en los penales. El caso también abrió un frente ambiental y turístico, ya que Coiba es Parque Nacional y Patrimonio Mundial de la Unesco, y sectores locales advierten sobre el impacto que la medida podría tener en la imagen internacional del país y en comunidades que dependen del turismo. VEA 2A Insultos, amenazas y ‘deepfakes’: así castigan e intentan silenciar la crítica ambiental TALADORES DIGITALES Daniel Molina Alarco ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Insultos, amenazas, campañas de desprestigio y deepfakes forman parte del hostigamiento digital que enfrentan defensoras ambientales en Panamá y otros países de la región por expresar posiciones críticas sobre proyectos con impacto ecológico. Así quedó documentado en Taladores Digitales, una investigación transfronteriza liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con La África frenó a las potencias Prensa, Concolón y otros seis medios de comunicación de la región. El trabajo revela cómo activistas y líderes ambientales como Raisa Banfield, Camila Aybar y Martita Cornejo se han convertido en blanco de ataques coordinados en redes sociales por expresar posiciones críticas sobre proyectos exLas mujeres olvidadas del Canal La historia del Canal suele contar la hazaña de ingenieros y obreros. Pero la historiadora Joan Flores-Villalobos rescata a las mujeres afroantillanas que alimentaron, alojaron, lavaron ropa y cuidaron a miles de trabajadores durante la construcción del Canal de Panamá. Su investigación plantea que, sin ese trabajo doméstico y de cuidados, invisibilizado durante décadas, una de las mayores obras de ingeniería del siglo XX difícilmente habría podido completarse. VEA 1B ACP/Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari anticipo. Si estas prácticas se normalizan, Panamá podría enfrentar una próxima campaña electoral marcada por agresiones digitales, desinformación y esfuerzos opacos de influencia. Hoy el tema es la minería; mañana podría ser cualquier empresa, proyecto o candidatura. Por eso, la transparencia no puede ser una exigencia selectiva. Debe ser una condición básica para la convivencia democrática. tractivos, ambientales o de desarrollo. Las agresiones incluyen desinformación, manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial, mensajes intimidatorios y contenidos sexistas destinados a desacreditar su trabajo, afectar su reputación y reducir su influencia pública. VEA 5A La producción de bebidas alcohólicas en Panamá alcanzó 96.1 millones de litros entre enero y abril de 2026, un crecimiento de 8.4% frente al mismo período de 2025, según cifras preliminares del INEC. La cerveza continuó dominando el mercado al representar casi 96% del volumen total producido. El repunte contrasta con la caída de 6.2% registrada durante todo 2025. Sin embargo, abril cerró con una contracción de 6.7%, lo que plantea dudas sobre si la recuperación podrá sostenerse durante el resto del año y consolidar un cambio de tendencia. VEA2B INDUSTRIA LICORERA La producción de alcohol revierte la caída de 2025 Los equipos africanos impusieron respeto en la jornada mundialista de ayer. Cabo Verde frenó a España con un empate sin goles y Egipto arrancó un punto valioso ante Bélgica. La sorpresa también alcanzó a Uruguay, que igualó frente a Arabia Saudita. Los favoritos dejaron escapar puntos ante rivales que compitieron sin complejos. VEA 8A
2A La Prensa Panamá, martes 16 de junio de 2026 Eloisa Lasso, doctora en Ecología, investigadora asociada del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, científica de la Estación Científica Coiba-AIP e investigadora II del Sistema Nacional de Investigación (SNI), expresó su rechazo al traslado de 29 privados de libertad de alta peligrosidad a la isla Coiba. Lasso advirtió que Panamá no debe enfrentar sus problemas de seguridad sacrificando uno de sus patrimonios naturales más valiosos. La investigadora sostuvo que Coiba ha dejado atrás su pasado como colonia penal para convertirse en un símbolo de conservación, investigación científica y turismo sostenible. Según explicó, la isla alberga ecosistemas de enorme riqueza biológica, con especies como tiburones martillo, mantarrayas, ballenas y monos carablanca, además de ser un importante centro de estudios científicos impulsado por la Estación Mirada científica: ‘Coiba no puede volver a ser una prisión’ Científica Coiba-AIP. Lasso argumentó que reactivar el uso penitenciario de la isla no resolverá la crisis de seguridad del país y podría afectar la biodiversidad, el turismo, la economía local, la reputación internacional de Panamá y los compromisos ambientales adquiridos por el Estado. También destacó que numerosas comunidades de tierra firme dependen económicamente de las actividades turísticas y de conservación vinculadas al parque nacional. Requisa policial en las cárceles del complejo de La Joya. Cortesía La fuga que cambió el tablero Eliana Morales Gil [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] CRISIS PENITENCIARIA La decisión del gobierno de José Raúl Mulino reabre una vieja discusión sobre seguridad, derechos humanos y protección ambiental en una isla que el país transformó de penal a patrimonio natural. En diciembre de 2011, José Raúl Mulino, entonces ministro de Seguridad Pública, inauguró en isla Coiba la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, bautizada así en memoria del teniente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que murió durante un patrullaje aéreo en la zona. La obra costó alrededor de $1.8 millones y respondía a una estrategia de vigilancia marítima, control del narcotráfico y presencia estatal en un punto vital del Pacífico panameño. Casi 15 años después, con Mulino sentado en la Presidencia de la República, esa base del Senan recibió a 29 reclusos considerados de alta peligrosidad. Ocurrió el pasado sábado 13 de junio. El Gobierno presentó el traslado como una medida de seguridad nacional: aislar a cabecillas de organizaciones criminales, cortar su capacidad de mando y responder a la “vulnerabilidad” detectada en Punta Coco, desde donde, según las autoridades, se coordinaban actividades ilícitas. Hacinamiento llega al 69% La operación revivió la vieja postal penitenciaria que el país creía archivada: Coiba como castigo remoto, como último recurso para cuando las cárceles en tierra firme se desbordan. De acuerdo con cifras oficiales, el sistema penitenciario panameño alberga 24,831 personas privadas de libertad en instalaciones diseñadas para 14,695. El exceso supera los 10,000 reclusos, un hacinamiento del 69%. La provincia de Panamá concentra 16,612 reclusos distribuidos en los tres centrosdelcomplejodeLaJoya. La Nueva Joya, la más moderna, tiene 5,599 internos; La Joya, 4,872; y La Joyita, donde ocurrió la fuga, 4,788. El escenario en los centros penitenciarios del país es similar. A eso se suma que el 35.2% de los privados de libertad, uno de cada tres, no tiene condena. Esperan sentencia en el hacinamiento. La fuga El traslado de los 29 presos a la isla llega después de la fuga masiva de 195 reclusos de La Joyita, suceso ocurrido el pasado 1 de junio tras un motín que dejó tres privados de libertad muertos, varios heridos y varias preguntas sin responder. Hasta ahora, el país conoce la cifra de evadidos, los reportes de recaptura y la promesa de investigaciones. Pero desconoce las circunstancias exactas de las tres muertes, la cadena real de mando durante la crisis y la dimensión de la posible complicidad interna. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario, continúan en sus cargos. Y entonces aparece Coiba en el entorno. La abogada, activista y defensora de derechos humanos Magaly Castillo plantea el asunto desde una contradicción difícil de esquivar. Recuerda que en 2014 La Nueva Joya fue presentada a la ciudadanía como una megacárcel de máxima seguridad, diseñada para neutralizar al crimen organizado y ordenar el colapso penitenciario. Hoy, añade, con una población que ronda la capacidad de más de 5,600 privados de libertad, el Estado parece confesar que sus propias estructuras de seguridad no logran impedir que el crimen mande desde adentro. “Resulta contradictorio que, mientras países como Colombia gestionan a más de 4,000 presos de alta peligrosidad en centros continentales sin recurrir a islas penales, Panamá se declare incapaz de controlar a menos de treinta sujetos en una instalación de “máxima seguridad”. Este traslado deja al descubierto una crisis de mando, control y corrupción”, advierte. ¿Qué garantías existen de que una isla penal no termine siendo utilizada, mañana, para confinar voces críticas o actores políticos en momentos de conflictividad social? plantea la abogada. El mensaje de la Iglesia Católica Mientras que organizaciones de la Iglesia Católica, como Pastoral Social Cáritas, Comisión Justicia y Paz y Pastoral Penitenciaria, expresaron su preocupación por las condiciones en los complejos de La Joya, Colón, Chiriquí y Coiba tras la fuga del 1 de junio. Con base en denuncias de familiares, alertaron que las requisas posteriores se realizaron de forma desproporcionada, humillante y abusiva. Entre las afectaciones reportadas mencionan decomiso de biblias, materiales educativos y artículos de aseo; escasez de agua, alimentos y medicamentos; suspensión de visitas familiares y conyugales; y cancelación de todos los programas de resocialización, trabajo y educación intramuros. La Iglesia exigió restituir el acceso al agua, la alimentación, la atención médica y la asistencia espiritual, y pidió permitir la verificación independiente del estado de los penales. “Muchas de las dificultades que hoy afloran no son el resultado de una sola administración, sino la consecuencia de problemas estructurales que, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en una crisis sistémica”, aseguran. Chorrillo y Chorrillito La colonia penal, creada en 1919, albergó durante décadas a homicidas, violadores, presos comunes y también se asoció a la persecución política durante la dictadura militar. Oriel Ortega, exdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), conoce la zona y aporta una mirada operativa que ayuda a entender por qué Coiba seduce tanto a los gobiernos cuando sienten que las cárceles continentales se quedan cortas. Según explica, el área vinculada al antiguo campamento central concentraba celdas preventivas y espacios conocidos como Chorrillo y Chorrillito, nombres heredados de la época penal. Ortega presume que los 29 reclusos podrían permanecer en el área de Chorrillito, frente a la playa, cerca de la pista de aterrizaje y de las instalaciones del Senan. En declaraciones a RPC Radio, Ortega alegó que Coiba no ofrece seguridad absoluta sino aislamiento. El exoficial del Senafront contó que en 2011, durante operaciones en la isla, no había señal de comunicación como en la ciudad. También rememora intervenciones para eliminar semovientes (búfalos, caballos y ganado) porque sus cascos afectaban el suelo, en cumplimiento de instrucciones relacionadas con la protección del sitio. En esas operaciones, relata, se identificaron otras estructuras del pasado militar en sectores como Playa Hermosa y Playa Brava, donde funcionó una escuela de comandos de las antiguas Fuerzas de Defensa. Había cuadras, instalaciones tipo barraca y áreas con rasgos carcelarios. La Prensa solicitó una entrevista a personal del Senan para profundizar sobre las instalaciones donde fueron trasladados los presos, pero no hubo respuesta. Ambiente y turismo Al debate se suma la dimensión ambiental. Coiba figura como Parque Nacional y Patrimonio Mundial de la Unesco, parte de uno de los ecosistemas más valiosos del Pacífico tropical oriental. El país la promueve como destino de buceo, turismo científico y conservación marina. Por eso el traslado de los presos generó reacciones fuera del ámbito penitenciario. El Ministerio de Ambiente (Miambiente) había advertido, en una carta fechada el 10 de junio, que una reapertura penitenciaria en Coiba era ilegal e improcedente, por tratarse de un área protegida cuyos usos se limitan a conservación, investigación y ecoturismo. Pero el domingo en la noche el ministerio a cargo de Juan Carlos Navarro afirmó en un comunicado distribuido desde la Presidencia de la República que la operación se hizo “bajo la más estricta confidencialidad” y por esa razón, ese ministerio “desconocía de dicha acción”. Agrega que la carta del 10 de junio “se dio en referencia a la posibilidad de transformar Coiba en un Centro Penitenciario Permanente con nuevas edificaciones e instalaciones de seguridad, lo cual no es viable por razones legales, ambientales y de protección del patrimonio de la humanidad”. Pero la aclaración no cerró el debate. La Cámara de Turismo de Veraguas advirtió que asociar un patrimonio de la humanidad con reclusión afecta la imagen del país, desalienta el turismo extranjero y golpea a comunidades que dependen económicamente de la isla, entre ellas Santa Catalina. Eloisa Lasso, investigadora de planta en la Estación Científica Coiba-AIP. Archivo Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, martes 16 de junio de 2026
4A La Prensa Panamá, martes 16 de junio de 2026 Panorama AUXILIO. El personal de la Unachi no cobró la última quincena. Con esta, ya son cuatro las que están pendientes de pago. Por esa razón, el rector interino Pedro González solicitó la intervención del presidente Mulino y la instalación de una “mesa técnica”. Debe ser la misma ayuda que el ministro de Economía se aburrió de ofrecerle a Etelvina y que ella despreciaba. Lo primero que tienen que hacer es revisar y disminuir los salarios, porque con lo que ganaba Etelvina y su combo, cualquier institución se queda sin plata para pagarle a los demás. SAQUE. El ministro de Salud se fue detrás de la Sele. Está en Canadá, para el primer juego de Panamá en el Mundial 2026, que será este miércoles. ¿Se fue solo o con el exsocio de Bio Materiales? CABEZAZO. La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, que preside Pérez Barboni, presentó un informe de gestión. En el último año, hicieron recorridos a los proyectos de la línea 3 del metro, el cuarto puente sobre el Canal, la cinta norteña, río Indio, entre otros. Y el resto de los diputados, ¿no piensa rendir cuentas? La mayoría seguramente está haciendo planes para ver los partidos del Mundial. PIN. Rubén Darío Campos se presentó en Telemetro Reporta para anunciar la formación de un nuevo partido político, luciendo un pin del Parlacen en la solapa. ¿Para qué? La sede de ese organismo ni siquiera está en Panamá. Además, el reglamento interno del Parlacen identifica cuáles son sus símbolos, pero no autoriza a sus miembros a utilizarlos en actividades de proselitismo político. CHIFEO. Bolota es el único diputado del PRD que no participó en las reuniones convocadas por MuliCarlos Abadia, coordinador de la integración Minsa-CSS LP ‘El centro es la población’, Abadía defiende la integración Minsa-CSS Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA El Minsa y la CSS avanzan en un proceso de integración progresiva que incluye expediente clínico único, compensación de costos y reorganización del sistema. La integración entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) avanza como uno de los procesos más amplios de reorganización del sistema sanitario panameño, con transformaciones que abarcan desde la atención médica hasta la gestión administrativa y tecnológica. En el centro de ese rediseño, hay una idea que guía cada decisión: que el sistema de salud debe girar en torno a la población y no a las instituciones. El presidente de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos en Salud, Carlos Abadía, explica que no se trata de una reforma con resultados inmediatos ni de aplicación rápida. Es una construcción progresiva, sostenida en ajustes técnicos, decisiones operativas y redefiniciones estructurales que aún están en marcha y que requieren tiempo para consolidarse. “Hay un porcentaje de avance, pero es un proceso muy complejo porque son muchos temas que hay que ir integrando”, admite Abadía, al describir el punto en el que se encuentra la iniciativa. Abadía evita las cifras cerradas. No habla de porcentajes exactos ni de fechas definitivas. Prefiere describir el proceso como una transición continua, en la que cada avance abre nuevas capas de trabajo y obliga a nuevos ajustes. En medio de esa complejidad, insiste en regresar al principio que considera el eje de la reforma. “El centro no es la institución; el centro no somos los profesionales. Nosotros somos una herramienta para que la población tenga un nivel alto de salud. El centro es la población”, afirma. Un expediente clínico único para todo el sistema La integración entre el Minsa y la CSS implica una reorganización profunda de dos sistemas que han funcionado durante décadas de manera paralela. Esa separación, reconoce Abadía, ha generado duplicidades, diferencias operativas y brechas en la atención que ahora se intenta corregir. Uno de los ejes principales del proceso es la creación de un expediente clínico electrónico único. Hasta ahora, ambas instituciones han trabajado con plataformas independientes, lo que ha dificultado el seguimiento de los pacientes cuando transitan de una red a otra. “Un tema que estábamos discutiendo con el ministro, el director de la Caja y el equipo de tecnología es tener una aplicación única del expediente clínico”, explica. El objetivo es que la información médica del paciente no dependa de la institución que lo atienda, sino que esté disponible en todo el sistema público de salud. “Ambas instituciones lo estaban haciendo por separado; ahora lo estamos haciendo juntos, con los ajustes necesarios para construir una sola aplicación”, añade. Este cambio tecnológico no es menor. Implica integración de bases de datos, homologación de procesos y coordinación entre equipos técnicos que, hasta hace poco, trabajaban de forma independiente. Compensación de costos entre el Minsa-CSS A la par del expediente clínico único, la integración contempla un sistema de compensación de costos entre el Minsa y la CSS. Este mecanismo busca ordenar el flujo financiero cuando un paciente es atendido en una institución distinta a la que le corresponde por cobertura. “Los procedimientos que se realizan en una instalación del Seguro Social se calculan en costo y el sistema genera automáticamente la cuenta para el Ministerio de Salud cuando se atiende a un no asegurado en la Caja, y viceversa”, detalla. El propósito, aclara, no es únicamente contable, sino de transparencia y equilibrio en la carga del sistema. En el terreno, la integración ya ha comenzado a aplicarse en fases piloto en las provincias de Herrera y Los Santos, donde se han introducido ajustes en la organización de servicios y en la coordinación entre ambas instituciones. Uno de los avances más relevantes, según el coordinador, ha sido la designación de un responsable específico del proceso en esas regiones. “Ya tenemos al doctor Avelino Escobar, encargado de la integración en Herrera y Los Santos. Es un paso importante que se había perdido en intentos anteriores”, señala. Estas provincias funcionan como un laboratorio del modelo. Lo que se ajuste allí servirá como base para la expansión hacia otras regiones del país. El siguiente paso ya tiene un horizonte definido. “Esperamos que en unas seis semanas podamos iniciar en Chiriquí y Bocas del Toro”, adelanta. La expansión no será idéntica en cada región. Abadía reconoce que el sistema debe adaptarse a las particularidades territoriales, tanto en infraestructura como en capacidad instalada. La integración también está redefiniendo la organización de los hospitales. Algunos servicios se redistribuyen entre instalaciones, mientras otros cambian de perfil clínico para responder a nuevas necesidades. “Bien lo has dicho: la parte pediátrica del hospital Nelson Collado pasaría al Cecilio Castillero; la parte de adultos del Cecilio Castillero pasaría al Nelson Collado”, ejemplifica. El hospital Anita Moreno, por su parte, se proyecta como un centro con mayor énfasis en geriatría y oncología, lo que implica una reorganización interna de servicios y especialidades. Abadía plantea que estos cambios tienen impacto en el recurso humano, aunque descarta que la integración implique reducción de personal. “Sería irresponsable decir que vamos a necesitar menos personal. Con esta redistribución puede haber exceso en algunos lugares y déficit en otros”, explica. El desafío, añade, no es solo clínico, sino también logístico. La distribución de medicamentos y suministros ha sido históricamente uno de los puntos más débiles del sistema de salud panameño. “La parte de medicamentos tiene una falla histórica de más de 40 años. Parte del problema ha sido la logística”, señala. Incluso menciona episodios recientes de pérdidas y fallas en la cadena de distribución como evidencia de la necesidad de una reorganización estructural. Pese a los retos, Abadía insiste en que la integración no responde a una coyuntura política, sino a una visión de largo plazo. “Esto es una política de Estado, no de un gobierno”, subraya. En ese sentido, compara el proceso con experiencias internacionales como las de Costa Rica y Brasil, países que han desarrollado modelos propios de integración de servicios de salud. Más allá de las comparaciones, sostiene que el enfoque panameño busca equilibrar autonomía institucional con coordinación funcional, sin eliminar las identidades de cada entidad. Al final de la entrevista, el mensaje vuelve al mismo punto de partida: la población como eje del sistema. “Las decisiones las estamos tomando basadas en lo que le conviene a los cuatro millones y medio de panameños”, concluye. EFE. CIUDAD DE PANAMÁ Un trabajador durante las labores de mantenimiento. EFE/Carlos Lemos La ACP reacondiciona las esclusas centenarias de Gatún MANTENIMIENTO Las esclusas centenarias de Gatún, en el Canal de Panamá, son sometidas desde ayer a obras de reacondicionamiento que incluyen la sustitución de unas válvulas, en el marco del programa de mantenimiento general de la vía interoceánica que involucra más de 500 millones de dólares anuales. El Canal de Panamá cuenta con cinco esclusas: tres centenarias —operativas desde agosto de 1914— y dos de la ampliación construida durante unos ocho años y en servicio desde el 26 de junio de 2016. Los trabajos iniciados, que se prolongarán varios días, se realizan en cámara seca, es decir, vaciada de forma temporal para permitir el acceso seguro a estructuras y componentes que normalmente permanecen bajo el agua. El Canal cuenta con un total de 14 cámaras, 12 de las cuales están en las esclusas centenarias y conocidas como panamax. Estas cámaras miden cada una 304,8 metros de largo y 33,5 de ancho, y son necesarios 101,000 metros cúbicos de agua para llenarlas, de acuerdo con la información oficial. Hay 46 compuertas de bisagra. Estas tienen un tamaño de 65 pies (19,8 metros) de ancho y 7 pies (2,1 metros) de grosor. Sin embargo, la altura varía de 47 (14,32 metros) a 82 pies (24,9 metros) dependiendo de su posición. “Estas que estamos trabajando son las compuertas 33 y 34 de la esclusa de Gatún”, explicó a EFE el ingeniero de recondicionamiento de la división de Esclusas, Wilfredo Yao, quien cumplirá 30 años trabajando en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). En estas obras se están cambiando “seis válvulas”, cuatro de las cuales “tenían algunos daños y había que corregirlos” a fin de “evitar fugas”, dijo el ingeniero Yao. no con las diferentes bancadas. Este diputado es casi de la bancada de RM. ¿Con ellos tampoco acudió? FUERA. Adrián Hernández y Justo Vargas, los dos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones destituidos la semana pasada, no son parte de la carrera judicial, lo cual facilitó que sus nombramientos fueran dejados sin efecto. Que los demás se miren en ese espejo y se comporten. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, martes 16 de junio de 2026 Panorama Raisa Banfield, Camila Aibar y Martita Cornejo. La imagen de Camila (Der.) fue generada con inteligencia artificial. Insultos, amenazas y ‘deepfakes’ Daniel Molina Alarco ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] TALADORES DIGITALES Las víctimas más recurrentes de ataques digitales en contra de ambientalistas en Panamá son mujeres. Tres casos revelan cómo funcionan las operaciones para desacreditar y hostigar en redes sociales. Cuando el presidente panameño José Raúl Mulino anunció su intención de reabrir Cobre Panamá, la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, Raisa Banfield, arquitecta y una de las voces más visibles del movimiento ambientalista en Panamá, supo que volverían los ataques contra ella. Basta con escribir en redes sociales una crítica a la minería para activar un mecanismo de linchamiento digital. Le reprochan que use productos fabricados con minerales. Se mofan de sus propuestas ambientales para reactivar la economía. Cuestionan la legitimidad de su activismo. Son agresiones que, para ella, no son aisladas: se sienten como una campaña orquestada en la que los defensores ambientales ocupan la primera línea de fuego. “Al inicio era muy fuerte y te viene la depresión”, dice Banfield, desde su oficina en el Centro para la Integración de la Naturaleza y Ciudades, donde dirige la sección de Desarrollo Sostenible. “Tengo más de 20 años con una voz propia, a un costo muy alto, personal, profesional y político”. En Panamá, muchas personas que se han opuesto a la reapertura de la concesión minera de Cobre Panamá (declarada inconstitucional en dos fallos de la Corte Suprema de Justicia), que han cuestionado los daños causados por proyectos como Puerto Barú o que, simplemente, defienden el ambiente, han sufrido hostigamiento digital, acoso judicial o represalias laborales. A Banfield le fabrican decenas de videos en plataformas digitales calificándola de mala líder; la hostigan en pódcast para forzarla a hacer un recorrido por las instalaciones de la mina; la tildan en redes sociales de mentirosa y de oponerse al crecimiento económico. Son ataques que replican figuras de medios y líderes de opinión y que ocupan titulares, como el célebre: “Exministro recrimina a Raisa Banfield su oposición al desarrollo económico del país”, publicado en el periódico Panamá América en noviembre de 2025. Ella dice que cree que quienes la atacan tienen un respaldo institucional que los blinda de represalias legales por calumnia o injuria. El hostigamiento le pasa factura en el plano emocional y también en el profesional: desde hace un tiempo dejaron de invitarla a ciertos espacios donde puede aportar su experiencia en temas de arquitectura y ciudad. Los ataques que ha recibido en los últimos años terminaron por empañar su imagen y lamenta que ahora la encasillen como “conflictiva” o “problemática”. “Todo esto es muy sensible —dice la ambientalista panameña— porque trabajo con la academia, coordino un centro de investigación para estudiantes y esto afecta mi posición. Es algo que me condena, que me limita, y es una manera de desanimarme, de dar a entender que, si hago activismo o tengo una expresión pública, entonces no puedo dedicarme a mi profesión”. Banfield dice que siempre hubo críticas al activismo ambiental en Panamá, pero que la campaña por la reapertura de la mina llevó el hostigamiento a otro nivel. Ataques planificados Las estadísticas respaldan la intuición de Raisa sobre una “estrategia articulada”. Una investigación colaborativa y transfronteriza, “Taladores Digitales”, realizada por La Prensa y Concolón, en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros seis medios de la región, pone en evidencia patrones del acoso digital que sufren los defensores ambientales en Panamá en X, TikTok e Instagram. Son estigmatizados como enemigos públicos, hostigados de forma persistente, difamados con contenido fabricado, suplantados mediante deepfakes y expuestos, pues han revelado públicamente sus datos personales. Entre los atacantes hay cuentas con identidad ficticia y de fachada informativa, referentes de medios de comunicación e influencers con miles de seguidores. Camila Aybar, comunicadora, creadora de contenido digital y activista ambiental, también ha sido víctima de ataques. Durante las protestas antimineras de 2023, decidió anunciar públicamente que viajaría para asistir a un concierto cuyos boletos había comprado meses antes de que comenzaran las movilizaciones. Temía que alguien la fotografiara en el aeropuerto o la acusara de abandonar la causa. Por eso, grabó un video para explicarlo. Mientras lo hacía, lloró. “Cuando eres activista, de verdad te sientes mal por tomar tiempo libre. La gente no entiende eso, pero llevas una culpa constante por todo lo que haces”, dice hoy Aybar, fundadora de la agrupación 5Gatos y una de las líderes del movimiento Sal de las Redes, que articuló las masivas protestas antimineras de 2023. Desde aquel episodio, sus detractores siguen llamándola “la Swifty”, una etiqueta que, según ella, busca desacreditarla y reducir sus seis años de activismo ambiental a una sola decisión personal. Aybar sabe que, cuando varias personas le envían el mismo enlace por mensaje directo, es porque apareció un nuevo ataque contra ella. Cuando está trabajando para una organización, asesorando a clientes o viajando por el país, empiezan a llegar las notificaciones. Abre Instagram o TikTok y encuentra un nuevo video, una nueva publicación o una nueva campaña. “Estoy normal, en mi día, y me llegan los videos”, dice. Durante años guardó capturas, enlaces y videos de los ataques. Pero llegó a un punto de desgaste. “Creo que lo que más me ha marcado es cuando usan inteligencia artificial con mi voz, mi cara y mi cuerpo para hacer videos donde parezco decir cosas que nunca dije —dice Aybar—. Después esos videos se hacen virales y la gente cree que son reales”. Quien aparece en la pantalla se parece a ella. Habla como ella. Pero el mensaje es delirante, malicioso y tiene una clara intención de desprestigiarla. Son videos creados con inteligencia artificial, conocidos como deepfakes. Provocan inseguridad en la víctima y desdibujan la línea que divide la percepción entre lo real y lo falso. Ver tu propio rostro y escuchar tu propia voz diciendo mentiras fabricadas por otros genera un profundo shock, dice Aybar. Y le preocupa que esos videos echen por la borda los años que lleva como activista. “Me da miedo perder la reputación y la credibilidad que me ha costado tanto tiempo construir”, dice. Un análisis de más de 500 mensajes de hostigamiento a ambientalistas panameños aporta decenas de registros de deepfakes o falsificaciones de identidad dirigidos contra ocho personas distintas. La sofisticación técnica que requieren estas piezas sugiere un nivel de coordinación difícil de producir por actores espontáneos o improvisados. El resultado es contenido que puede confundir al público, afectar la imagen de activistas opuestos a la mina y enturbiar el debate sobre el impacto ambiental que tiene la minería a cielo abierto en Panamá. “También se han hecho videos míos diciendo que a mí me paga el Partido Comunista y los pautan en YouTube”, dice Aybar. “Sale primero la pauta de Cobre Panamá y después una pauta diciendo ‘Camila mentirosa’, ‘Camila comunista’ o ‘Conoce a Camila’, y aparece un personaje ficticio animado, pero igualito a mí. ¿Me vas a decir que esas dos pautas están juntas así de la nada?”. El mismo video es distribuido por decenas de cuentas en X (antes Twitter), TikTok e Instagram: un comportamiento que sugiere que se trata de algo coordinado y no de indignación espontánea. Navegar el odio en línea Los años de ataques le enseñaron a Banfield a identificar patrones: qué cuentas actúan como bots, cuáles amplifican contenido prominero y quiénes orbitan alrededor de la campaña digital. “Estoy en Twitter (X) desde 2010 —dice—. Es una red que te enseña a identificar cuándo se trata de crear un terreno pantanoso para que caigas y luego generar controversia en un medio de comunicación formal para que te veas como la histérica, la loca”. Cuentas anónimas, comentaristas y figuras públicas afines a la reapertura minera repetían uno de los apodos que comenzó a circular contra ella por su ambientalismo: “la arquitecta mentirosa”. La investigación Países Minados II, de Concolón, CLIP y La Voz de Guanacaste, documentó una campaña a favor de la reapertura de la mina a cielo abierto de la canadiense First Quantum Minerals para reposicionar el proyecto Cobre Panamá ante la opinión pública. La propia empresa reconoció en una circular interna del año pasado “una fuerte oposición a la mina en Panamá”, y la atribuyó, aparentemente, a errores de comunicación: “podríamos haber actuado de manera diferente y habernos comunicado más ampliamente en el país”. La solución que encontraron fue articular un ambicioso plan de comunicaciones que, desde comienzos de 2024, ha alcanzado a cientos de miles de panameños, llevándolos a visitas guiadas, ofreciendo charlas en universidades y participando en más de 150 eventos de discusión sobre la mina. Taladores Digitales siguió ahora el perfil de las cuentas que hoy atacan a Raisa, Camila y otras defensoras. El hostigamiento digital no solo afectó a los activistas panameños que movilizaron las protestas en las calles en defensa del ambiente. Los ataques también impactaron a quienes lucharon contra la minería en los tribunales. Ese fue el caso de la abogada ambientalista Martita Cornejo, una de las juristas que demandó por inconstitucional el contrato ley que ratificó la gestión del presidente Laurentino Cortizo con Minera Panamá en 2023. La campaña coordinada contra Cornejo empezó el 23 de abril de 2026, acusándola de ocupar simultáneamente dos cargos públicos (en la Alcaldía de San Miguelito y en la Asamblea Nacional), algo que es ilegal en Panamá. Sin embargo, la planilla del municipio, que es pública y de libre acceso, así como una fuente institucional, confirmaron que la abogada no trabajaba en la primera entidad desde el 31 de diciembre de 2024. Entonces, la campaña mutó para tildarla de “botella” (cobrar sin trabajar) en el Legislativo. El relevamiento de Taladores Digitales registró decenas de mensajes en X, TikTok e Instagram, con una producción replicada por una lista de cuentas similar a la de los ataques contra Raisa Banfield y Camila Aybar. El diario Crítica publicó una glosa difamatoria y el periodista Atenógenes Rodríguez, del programa de opinión Cuarto Poder, se hizo eco de la narrativa. A la cadena, que es constantemente replicada por una red de cuentas a favor de la mina, se sumaron influencers como la abogada Karisma Karamañites, con más de 70 mil seguidores en TikTok, quien la acusó además de ser una activista “financiada por el Estado”. Frente a todos estos ataques, la jefa de Cornejo, la diputada Alexandra Brenes, desmintió la acusación en redes. En paralelo, la Contraloría General de la Nación suspendió el pago del salario de Cornejo y algunos de sus compañeros de trabajo de la bancada independiente Vamos. El contralor Anel Flores justificó la medida basándose en una auditoría de un período anterior al ingreso de Cornejo a la Asamblea Nacional: ella ingresó el 2 de febrero de 2026 y la auditoría corresponde a 2025. Cornejo y otros funcionarios denunciaron al contralor ante la justicia por abuso de poder y falsedad. “Ni siquiera he estado cobrando en donde laboro y me dicen que soy botella”, dice la abogada ambientalista, quien ya recurrió a procesos legales y presentó pruebas que contradicen la posición oficial. “No nos podemos acostumbrar a esto”. Violencia de género Como lo confirma la base de datos sobre hostigamiento digital a ambientalistas, en Panamá los ataques ocurren con mayor frecuencia contra las mujeres. El estudio Seguras en Línea, del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (Ipandetec), realizado entre 2021 y 2023, documentó las principales causas de la violencia en línea. Ocho de cada 10 personas aseguran haber sido víctimas de acoso u hostigamiento digital al menos una vez en su vida. La mayoría eran mujeres o miembros de la comunidad LGBTIQ+. “Me ha pasado que toman fotos mías fuera de contexto, las suben a un sitio y les ponen hashtags sexuales”, dice Aybar. Para la abogada especializada en derecho digital Lía Hernández, los ataques no ocurren al azar. Las mujeres siguen siendo “el eslabón más débil” dentro de estructuras conservadoras y machistas. Y, cuando son figuras mediáticas, como Raisa Banfield o Camila Aybar, el hostigamiento digital se intensifica por el choque con intereses políticos y económicos alrededor de la minería. El fenómeno trasciende Panamá. Un informe de Global Witness sobre amenazas digitales contra defensores ambientales encontró que nueve de cada diez activistas sufrieron acoso o abuso en línea relacionado con su trabajo. Muchos describieron un mismo patrón: atacantes anónimos, granjas de troles y difusión de contenido falso, como deepfakes. Es un libreto universal: las mujeres reciben ataques enfocados en su apariencia, moralidad y sexualidad, como le ocurre a Aybar con la hipersexualización de sus imágenes. Muchas personas deciden no denunciar la violencia digital. De acuerdo con Hernández, los activistas no acuden a las autoridades por desconocimiento o porque no confían en los funcionarios judiciales competentes. Además, desde un punto de vista psicológico, las víctimas evitan los mecanismos legales para no ser cuestionadas o revictimizadas durante el proceso. Después de recopilar las pruebas, el 3 de febrero de 2026 Aybar denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos que hackearon una cuenta que ella no usaba desde la adolescencia. Los atacantes extrajeron fotografías suyas y las difundieron sin su consentimiento en redes y grupos. La justicia aún no ha podido localizar a los responsables. “Esto no es un juego, no es un rumor, es un proceso legal donde mi dignidad, mi integridad, mi honra, mi privacidad y mi salud emocional se ven severamente afectadas”, dijo en una publicación compartida en sus redes sociales. A pesar de los ataques, Camila Aybar continúa generando contenido ambiental en sus canales digitales. Raisa Banfield permanece activa pronunciándose en defensa del ambiente en medios y redes sociales. Martita Cornejo sigue en su lucha por defender el ambiente a través de iniciativas legislativas. En cualquier momento podría salir a la luz un nuevo deepfake, otro mensaje violento o una nueva amenaza. Pero las tres parecen coincidir en algo: nada las silenciará. El autor es periodista de la revista digital Concolón.
6A La Prensa Panamá, martes 16 de junio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. 2024 causó una profunda conmoción en la sociedad coreana. De manera sorpresiva, fue declarada la ley marcial. En una época en la que muchos creían que la democracia ya se encontraba plenamente consolidada, esta situación anacrónica generó honda preocupación e inquietud entre la gran mayoría de los coreanos. Las fuerzas que promovieron la declaración de la ley marcial quizá creyeron que su intento tendría éxito. Sin embargo, pasaron por alto el factor más importante: la resistencia espontánea de los ciudadanos que, en defensa de la democracia, rodearon la Asamblea Nacional para proteger su funcionamiento. A ello se sumó un amplio consenso social en torno a los valores constitucionales y las Fuerzas Armadas, por su parte, mantuvieron una actitud de contención. Al final, el último bastión de la democracia fue preservado. El intento de quebrantar el orden constitucional recibió una respuesta inmediata y legítima, dentro del marco de la Constitución. El 14 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la moción de destitución contra el presidente. Posteriormente, el 4 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional declaró que el presidente había defraudado gravemente la confianza del pueblo y resolvió destituirlo del cargo. Todo este proceso se llevó a cabo de manera pacífica y estrictamente conforme a los procedimientos constitucionales. Tras una nueva elección, el 4 de junio de 2025 asumió el cargo el presidente Lee Jaemyung, dando inicio al “Gobierno de Soberanía Popular”. Por supuesto, ningún sistema institucional es perfecto. Sin embargo, esta experiencia confirmó una vez más que, incluso en momentos de crisis, la democracia puede recuperarse mediante la Constitución y las instituciones. Sobre todo, demostró que la fuerza más poderosa para protegerla residía en la madurez cívica de sus ciudadanos. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una estrategia de IA sin datos es un avión sin pista de aterrizaje Gobernanza de datos ción crítica en gestión de datos. Detrás de esa frase técnica hay una realidad concreta: el productor agropecuario de Chiriquí que quiere adoptar agricultura de precisión, el emprendedor de logística en Colón que busca optimizar rutas, o el médico en una comarca indígena que necesita datos epidemiológicos actualizados enfrentan el mismo muro: la información pública no está disponible, no es confiable o no existe en formato útil. La respuesta pasa por aplicar modelos de madurez de datos a cada institución pública, evaluar en qué nivel se encuentran y publicar los resultados. Sustituir la discrecionalidad por decisiones basadas en evidencia requiere un cambio en la forma en que el Estado se relaciona con los ciudadanos. El segundo déficit es el talento, y tampoco se resuelve formando ingenieros. Solo el 15,2% de los graduados panameños provienen de carreras STEM frente al 23,35% en Colombia. La inversión en investigación y desarrollo representa el 0,16% del PIB cuando el promedio de la OCDE supera el 2,7%. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025 asigna a Panamá puntaje cero en desarrollo de capacidades y ubica al país en la posición once entre diecinueve naciones. El problema más grave es el del funcionario que toma decisiones diarias sin evidencia. Una estrategia seria debe fortalecer las capacidades del servidor público en general —no soNivia Rossana Castrellón La democracia defendida por la Constitución y la ciudadanía Congreso Anfictiónico A finales de junio, Panamá acogerá durante una semana diversos encuentros internacionales, entre ellos la Reunión Ministerial de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco de la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Se trata de una ocasión profundamente significativa, que representa los ideales de integración y solidaridad regional. En ese contexto, el 25 de junio está prevista la celebración de la Reunión Ministerial de la Comunidad de Democracias. Esta reunión tiene un significado especial: Panamá ejerce este año la Presidencia de la Comunidad de Democracias, mientras que la República de Corea forma parte, junto con Panamá, de su Consejo Ejecutivo. Con motivo de esta importante ocasión, quisiera compartir con los lectores panameños una experiencia reciente de Corea: una crisis que puso a prueba nuestra democracia y la forma en que el pueblo coreano logró superarla. Corea es un país que se levantó de las ruinas de la guerra. En apenas una generación, logró escribir una historia singular: la de alcanzar al mismo tiempo un notable desarrollo económico y la consolidación de la democracia. Sin embargo, la democracia coreana nunca fue un regalo ni un resultado automático del progreso. Fue una conquista valiosa, alcanzada con dificultad gracias al sacrificio de ciudadanos que enfrentaron la dictadura militar. Por ello, el episodio del 3 de diciembre de La responsabilidad y la solidaridad democrática expresadas por ciudadanos comunes dejaron claro cuál es la verdadera fortaleza de la democracia coreana. Corea y Panamá se encuentran geográficamente lejos. No obstante, nos unen valores fundamentales como la democracia, la economía de libre mercado, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Estoy convencido de que el pueblo panameño, que conoce bien el valor del camino democrático, podrá identificarse profundamente con la experiencia de Corea. Además, nuestros dos países comparten ciertas características: ambos cuentan con territorios relativamente pequeños y mantienen una estrecha vinculación con el entorno internacional. Para países como los nuestros, el camino hacia la prosperidad y la convivencia pacífica con otros Estados es claro. En el plano interno, debemos seguir fortaleciendo nuestras instituciones democráticas. En el plano externo, debemos defender los principios del respeto a la soberanía y la paz. El compromiso con la solución pacífica de las controversias y con el multilateralismo constituye una orientación que debemos seguir promoviendo juntos. Deseo expresar mis más sinceras felicitaciones a Panamá por el bicentenario del Congreso Anfictiónico. Hace 200 años, el sueño de Simón Bolívar no fue el de la confrontación ni la división, sino el de un futuro de armonía y convivencia. Espero sinceramente que los eventos conmemorativos de esta semana permitan poner de relieve la vigencia de aquel ideal en nuestros días. Asimismo, confío en que esta conmemoración nos invite a reflexionar una vez más sobre el inmenso valor de la democracia, así como sobre la responsabilidad y la solidaridad necesarias para protegerla. Opinión EL AUTOR es embajador de Corea del Sur en Panamá. LA AUTORA es aspirante a la maestría de Gestión de Proyectos de IA Generativa de la Universidad de Salamanca. lo los de tecnología— en el uso de IA y en el manejo de datos para decidir con evidencia. Un Estado que no entrena a su propio personal no puede liderar una transformación que justo exige eso. A ello hay que sumar un programa de becas de posgrado en áreas prioritarias con compromiso claro de retorno al país. El tercer déficit es la infraestructura. Sin capacidad HPC (High-Performance Computing) y GPU local, seguiremos siendo consumidores de tecnología foránea. La estrategia debe responder cómo y con qué presupuesto el país accede a cómputo soberano en cinco años, considerando que la red eléctrica no soporta centros de datos a gran escala y el impacto ambiental que conlleva. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025 lo cuantifica: Panamá obtiene 2,8 sobre 100 en el indicador de estrategia de IA, con puntaje cero en diecisiete subindicadores que incluyen presupuesto, ética, hoja de ruta y perspectiva de género. No por falta de intención, sino de resultado. Una estrategia que se firma pero no se financia es papel. Una que se financia pero nadie vigila es burocracia. Siendo la Senacyt una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, es la Secretaría de Metas quien debería verificar públicamente su implementación y reportar avances. El ILIA medirá en 2026 si Panamá pasó de cero a algo concreto. La primera piedra de este andamiaje no es un modelo de lenguaje: es una base de datos pública y funcional. Sin ese cimiento, el avión más sofisticado del mundo nunca despegará. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) anunció, en febrero de 2025, que el primer borrador de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA) estaría lista en mayo de ese año. De manera oficial, Senacyt anunció que en junio o julio de 2026 será presentada, dieciséis meses después del plazo prometido. Que exista es una buena noticia. Que lleve tanto tiempo en gestación obliga a preguntarse qué debe contener para que la espera valga la pena, y a quién le cambiará la vida cuando finalmente llegue. Una estrategia de IA es una decisión sobre qué país queremos ser. Requiere cinco componentes no negociables: una hoja de ruta con plazos y presupuesto real; una política de datos que preceda y sostenga la IA; un plan de talento con metas cuantificadas; infraestructura computacional soberana; y un marco de gobernanza con seguimiento institucional verificable. Todos necesitan recursos, legislación y voluntad de comprometer que trasciendan gobiernos. Lo más urgente es lo más ignorado: antes de tener una estrategia de inteligencia artificial, Panamá necesita una estrategia de datos. La IA procesa datos como un motor procesa combustible. Si ese combustible está disperso en silos institucionales sin estandarización, sin interoperabilidad y sin acceso público, el modelo más sofisticado del mundo no arranca. El propio secretario Eduardo Ortega Barría advirtió ante la Asamblea Nacional que hay una situaLuciano (B.J.) Han La futura Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial será insuficiente si no resuelve antes los déficits de datos, talento e infraestructura que hoy limitan la capacidad de Panamá para competir en la economía digital. Crítica al crítico Libertad de expresión Dice Vladimir Nabokov que “después del derecho a crear, es el derecho a criticar el don más valioso que la libertad de pensamiento y de expresión puede ofrecer”, pero no de cualquier manera: tener un derecho no convierte su ejercicio en algo útil ni para el propio individuo ni para el conjunto de sus pares. Expresar con libertad el disenso o el acuerdo con cualquier asunto público no convierte esa expresión ni en positiva ni en respetable: se respeta a la persona, pero no lo que dice, que puede y debe ser objeto de elogio o escarnio, pero, y esta es la clave, con criterio, con conocimiento de causa, con respeto y, a ser posible, con pedagogía. Ante el aluvión de críticos, es necesaria una crítica al fondo y a la forma del discurso, que últimamente se ha convertido en un vulgar verter pensamientos por escrito y con mala ortografía. Panamá necesita cada vez más que los “críticos” (comillas irónicas) se callen y vayan a aprender cómo hilar correctamente sus ideas, cómo dotarlas de criterio y cómo expresarlas de tal manera que no falte la necesaria pedagogía, que nos lleva a entender al otro para refutarlo de manera correcta, o a cambiar nosotros de criterio porque, no lo olvide: que usted lo crea no quiere decir que sea verdad. La “crispación crítica” (léase con ironía), que no es más que “pataleo de ahogado” de toda la vida, pero con soporte digital, se genera a partir del diálogo de sordos que se da cuando se lanzan opiniones sin fundamento ni contexto, sujetas al criterio único del gusto o del propio interés, lo que proporciona a los de siempre, al gatopardismo del patio, un punto ciego de la sociedad en el que seguir generando corrupción y crispación, dos elementos fundamentales para debilitar la voluntad de cualquier democracia. Antes de hablar, piense, lea, piense otra vez y después cállese; quizá eso fortalezca su criterio para criticar como nos hace falta. EL AUTOR es escritor. Pedro Crenes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Gerente General Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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