1A La Prensa Panamá, jueves 14 de mayo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 14 de mayo de 2026 - Año 45 - Nº 15381 Hoy por hoy La controversia alrededor del contralor continúa escalando y deja cada vez más preguntas sobre el manejo institucional de esta crisis. La conferencia ofrecida por sus abogados terminó enviando un mensaje contradictorio: niegan que existiera una irrupción irregular, pero al mismo tiempo intentan justificar actuaciones que hoy son objeto de cuestionamientos públicos y legales. Lo que no se discute es que el Ministerio Público mantiene una investigación relacionada con las actuaciones del contralor. Ese hecho obliga a respaldar la labor de los fiscales y magistrados, cuya responsabilidad constitucional es investigar cualquier posible exceso o interferencia en procesos judiciales. Cumplir con ese deber no puede convertirse en motivo de presión política ni de descalificación pública. La situación resulta insólita y perjudicial para el funcionamiento institucional del país. Mientras continúan las confrontaciones y evasivas, Panamá sigue atrapada en una crisis que erosiona la confianza ciudadana y desvía la atención de otros problemas que demandan respuestas del Estado. Ellas.pa ¿Puede una madre registrar sola a su hijo? 7B Boone confirma titularidad del panameño José Caballero 10A Deportes Economía Chapman, a favor de excluir la marina mercante de la reforma 1B ADEMÁS Suiza se adhiere al Tratado de Neutralidad 6B Abogados del contralor Flores confirman investigación en su contra Anel Flores no se presentó ayer una conferencia de prensa sobre la irrupción de una diligencia judicial. Envió a sus abogados Carlos Herrera y Juan Antonio Kuan, quienes certificaron que existe una investigación de carácterr penal contra Flores. VEA 5A Asamblea: $4.2 millones y ninguna respuesta clara Eliana Morales Gil [email protected] El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Herrera, no parece tener muy claro a cuánto asciende el presupuesto acumulado de ese órgano, en lo que va de 2026. La Asamblea empezó el año con un presupuesto de $98.7 millones, pero este PRESUPUESTO El debate sobre el alza del presupuesto derivó en una discusión sobre transparencia y uso de recursos públicos. La AN empezó con una asignación de $98.7 millones y ya acumula $141.8 millones. monto se ha ido incrementando con traslados subsiguientes, como el que Herrera sustentó en la jornada de ayer, por $26.5 millones. Enlasesión,ladiputadaJanine Prado, que forma parte de la Comisión de Presupuesto, quiso saber en cuánto andaba el monto hasta la fecha, sin sumar los $26.5 millones solicitados ayer. Herrera respondió que ya el presupuesto iba por $111.1 millones. Pero acto seguido, que no, que ya la cifra andaba por $115.3 millones, es decir, $4.2 millones más. Seguidamente, Prado pidió que le explicaran de dónde salían esos $4.2 millones y en qué momento se habían autorizado. Nadie respondió. Si la cifra aportada por Mejía es correcta, con el traslado de $26.5 millones autorizados ayer, el presupuesto de la AN se eleva ya a $141.8 millones. VEA 4A Encuentro empresarial Congreso Mundial de Zonas Francas El presidente José Raúl Mulino saluda a Mohammed Al Zarooni, presidente ejecutivo de la Organización Mundial de Zonas Francas, durante la inauguración del XII Congreso Mundial de Zonas Francas, en el Panama Convention Center. El encuentro, que concluye hoy, reúne a empresarios, inversionistas, autoridades y representantes de zonas francas de distintos países. VEA 3B EFE Indira Candanedo. Archivo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La exdirectora de Recursos Humanos de la Unachi, Indira Candanedo, aseguró que la actual crisis de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se profundizó tras la reelección en 2023 de la rectora Etelvina Medianero. Denunció censura en los órganos de gobierno, crecimiento descontrolado de la planilla, nepotismo y presiones políticas dentro de la institución. También afirmó haber recibido instrucciones “inmorales” para favorecer nombramientos y cuestionó el papel de figuras políticas vinculadas a la universidad. VEA 2A UNACHI Otro intento por adquirir 531 mil ‘laptops’ por $268.5millones ‘El poder le quitó la máscara’, exfuncionaria acusa a rectora El Ministerio de Educación (Meduca) relanzó una licitación de $268.5 millones para adquirir más de 531 mil laptops destinadas a estudiantes del sistema oficial. VEA 6A LICITACIÓN DE AUMENTO A MAYO DE 2026 En millones de dólares $ 98.7 $ 141.8 PRESUPUESTO APROBADO EN 2026 PRESUPUESTO ACUMULADO 46.3% Presupuesto de la Asamblea 2026 Infografía: LP Aurelio Mejía, que es el director nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), replicó
2A La Prensa Panamá, jueves 14 de mayo de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Un viejo contenedor en desuso, al que estaba prohibido ingresar y ubicado en el patio del Puerto de Balboa, era utilizado por una red de funcionarios y operarios portuarios para ocultar cargamentos de droga con destino a Europa. El fiscal de Drogas, Julio Campines, informó durante la audiencia de imputación de cargos que los técnicos de refrigeración Abdiel Quintero y Miguel Araúz, contratados para atender contenedores refrigerados, habrían facilitado el ocultamiento de 48 kilos de cocaína dentro de este contenedor. La jueza de garantías Teodolinda Cardoze ordenó la detención provisional de ambos y concedió a la Fiscalía seis meses para concluir la investigación. Otro método detectado consistía en introducir droga procedente de la Zona Libre de Colón, clonar sellos de Aduanas y trasladarla al puerto. En un decomiso reciente, se hallaron 212 kilos de cocaína dentro de un camión, por lo que el conductor Giancarlo Williams fue detenido y enviado a detención provisional. Las audiencias continúan contra otros funcionarios de Contenedor en desuso era utilizado para ocultar droga con destino a Europa NARCOTRÁFICO Aduanas y transportistas implicados en la operación Dársena Cero, responsables de alterar documentos y simular que la droga era carga legítima destinada a Europa. Según la Fiscalía, la droga manejada por esta red criminal tenía como principales destinos Europa, Australia y Estados Unidos. La jueza Yuliet Ubillus decretó la detención provisional de Williams al considerar que se trata de un delito grave que puede afectar seriamente a la sociedad. El caso evidencia la participación de funcionarios portuarios y de Aduanas que permitían la entrada y salida de cargamentos ilegales, alterando documentos y facilitando que la droga llegara a mercados internacionales. La rectora Etelvina Medianero de Bonagas y la exjefa de planilla Indira Candanedo. Archivo Confesiones de la exdirectora de Recursos Humanos de la Unachi Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] CONTROVERSIA Indira Candanedo, exdirectora de Recursos Humanos y antigua colaboradora de la rectora Etelvina de Bonagas, reveló detalles sobre las tensiones, decisiones y conflictos de la Unachi. La crisis que hoy sacude a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no surgió de la noche a la mañana. Detrás de las denuncias sobre planillas abultadas, nepotismo, nombramientos políticos y destituciones internas aparece ahora la voz de una exfuncionaria que, durante más de dos décadas, formó parte de la estructura administrativa de la institución y que esta misma semana fue destituida de su cargo. Indira Candanedo, exdirectora de Recursos Humanos y antigua colaboradora cercana de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, reveló detalles sobre las tensiones, decisiones y conflictos que, según afirma, terminaron llevando a la universidad chiricana a su crisis más profunda de los últimos años. Con 27 años de servicio dentro de la institución, aseguró que las principales irregularidades comenzaron a profundizarse durante el último período de reelección de la rectora, especialmente después de 2022, cuando se aprobó la ley que le permitió mantenerse en el cargo por un tercer mandato consecutivo. “Los consejos, que son los máximos órganos de gobierno de Unachi, fueron cerrados y censurados. Yo le preguntaba directamente a la rectora por qué se hacía eso si no había nada que ocultar”, relató Candanedo. Según explicó, las reuniones de los órganos universitarios dejaron de ser abiertas al público y comenzaron a tomarse decisiones sin el debido contrapeso institucional. “Uno no esconde algo que está bien hecho”, sostuvo. Planilla abultada Uno de los puntos más delicados de la entrevista giró en torno al tamaño de la planilla de la Unachi. Al ser consultada sobre las denuncias de una nómina inflada, con más de 2 mil funcionarios entre administrativos y docentes, Candanedo señaló que existe una “responsabilidad compartida” entre las autoridades universitarias y las reformas legales aprobadas en la Asamblea Nacional. “La modificación de la ley en 2016 permitió que docentes se convirtieran automáticamente en profesores regulares tras cumplir cinco años, sin necesidad de concurso”, explicó. La exjefa indicó que esa figura provocó un incremento sostenido del gasto salarial dentro de la universidad. “Muchos docentes pasan a ganar salarios elevados y, aunque tienen tiempo completo, algunos solo dictan 12 horas de clases semanales. Eso obliga a seguir contratando más personal y creando nuevos bancos de datos”, denunció. Durante la conversación también surgió una de las preguntas más sensibles: si alguna vez la rectora le pidió actuar fuera de criterios éticos o administrativos. Candanedo respondió que recibió instrucciones que consideró “inmorales”. Relató que se le ordenó crear un cargo de carrera administrativa con el salario más alto para favorecer a una funcionaria recién llegada. “No era ilegal porque Recursos Humanos podía proponer cargos, pero sí era inmoral. Era una cachetada para quienes hicieron carrera durante años”, manifestó. El nepotismo Sobre las denuncias de nepotismo, Candanedo reconoció que sí existen casos dentro de la universidad y apuntó directamente hacia la rectoría. “El nepotismo se configura cuando la autoridad nominadora designa familiares y, en este caso, quien nombraba era la rectora”, sostuvo. Incluso mencionó el caso de familiares vinculados a la administración universitaria y cuestionó que las investigaciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) no hayan tenido consecuencias directas para la rectora. Candanedo reveló, además, que recientemente fue separada de su cargo junto con su esposo, sin derecho a salario, mientras avanzan investigaciones por presunto nepotismo. “No entiendo qué van a investigar si yo no nombro a nadie. Todos los actos fueron refrendados por Contraloría”, declaró. Añadió que nunca tuvo acceso completo a la estructura interna de nombramientos porque “ese era el secreto mejor guardado”. La política La polémica también alcanzó a la nueva directora de Recursos Humanos, Guillermina Martínez, quien anteriormente fungía como fiscalizadora de la Contraloría dentro de la universidad. Para Candanedo, existe un posible conflicto de interés. “Ella fue quien refrendó durante años todos esos actos administrativos y ahora tendría que investigarlos. Termina siendo juez y parte”, cuestionó. En materia política, la exfuncionaria confirmó que históricamente han existido nombramientos ligados a figuras partidarias dentro de la universidad. Aunque evitó mencionar nombres específicos, admitió que diputados del Partido Revolucionario Democrático y del Partido Panameñista mantuvieron influencia dentro de la institución. “Cuando un diputado pierde poder político, muchas veces también salen las personas que había recomendado”, afirmó. Consultada sobre el respaldo que recibió la rectora durante su última reelección en 2022, especialmente por parte del diputado del PRD Raúl Pineda, una de las figuras que públicamente la defendió, su respuesta fue directa: “En la universidad se comentaba que había muy buenas conexiones políticas con él, a través de personas cercanas al equipo de rectoría”, relató. Polémicos títulos Otro de los temas abordados fue el escándalo de los títulos obtenidos mediante convenios con universidades extranjeras a distancia, sin la debida acreditación. Candanedo sostuvo que esos programas fueron promovidos oficialmente por la universidad. “La propia rectora viajó a firmar ese convenio y luego la universidad lo legitimó mediante acuerdos de consejo”, aseguró. Aunque reconoció que los diplomas contaban con apostilla legal, cuestionó que ahora la universidad desacredite a docentes que participaron en esos programas. “Si la misma universidad vendió ese proyecto académico, no entiendo cómo después expone públicamente a quienes confiaron en él”, señaló. También criticó que las sanciones y revisiones hayan sido selectivas. En la parte más personal de la entrevista, Candanedo describió una transformación profunda en la figura de la rectora. “La persona trabajadora y cercana que conocí hace años ya no existe. El poder no corrompe; el poder le quita la máscara a las personas”, afirmó. En palabras de la exfuncionaria, la rectora siempre mantuvo una estrecha capacidad de maniobra política con distintos gobiernos y sectores partidarios a lo largo de sus años en el poder. “Dependía de la situación política. En el tiempo del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), él le firmó una reelección y estaba bien con ese gobierno. Antes también tuvo acercamientos cuando el grupo de Ricardo Martinelli (20092014) todavía mantenía fuerza política”, afirmó. Según la exdirectora de Recursos Humanos, la relación también se extendió al período del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024). “Quizás no directamente con él, pero sí con personas muy cercanas al partido y al gobierno. La última ley que permitió su reelección se aprobó precisamente durante la administración de Cortizo”, señaló. Para cerrar la entrevista, la exdirectora consideró que la actual crisis de la Unachi no es responsabilidad exclusiva de una sola persona, sino también de su equipo de confianza, de los organismos internos que dejaron de ejercer controles y de los gobiernos que la respaldaron. Sin embargo, insistió en que la universidad necesita recuperar su institucionalidad. “Los chiricanos merecemos nuestra universidad de vuelta. La dignidad no tiene precio y a mí no me van a callar”, concluyó. La droga que se ocultaba en el contenedor. Cortesía
3A La Prensa Panamá, jueves 14 de mayo de 2026
4A La Prensa Panamá, jueves 14 de mayo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DESPISTE. Carlos Herrera Ruiz, uno de los dos abogados que designó el contralor Anel Flores para que lo represente en el proceso que se adelanta en su contra, sostiene que la Ley 32 de 1984 otorga al contralor la función de “velar porque se cumplan los protocolos” y por eso se presentó en la Fiscalía Anticorrupción el 9 de abril, cuando declaraban las tres auditoras. Pero la norma asigna 16 atribuciones al contralor y ni una tiene que ver con “velar” por nada. Parece que no están muy claras las líneas que separan el ejercicio de la defensa y el derecho a mentir. ASEDIO. Por cierto, el diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda contencioso-administrativa contra el decreto invocado por el contralor como base para otorgar “licencias sin sueldo por investigación”. Si Flores creía que salirse con la suya sería tan fácil como cortar caña y molerla, sepa que se equivocó. TEAM. Parece que Martín Torrijos va detrás de una candidatura presidencial en las elecciones de 2029, porque el próximo domingo anunciará la conformación de un partido político. La presentación será en el Megápolis. En Panamá ya hay nueve partidos formalmente reconocidos por el Tribunal Electoral y tres más en formación. El subsidio electoral debe ser un incentivo lo suficientemente atractivo. DISTANCIA. La bancada de Realizando Metas (RM) irá con candidato propio en la elección del 1 de julio en el pleno legisEliécer Castrellón y Jorge Herrera, primer vicepresidente y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente. Archivo Diputados inflan su presupuesto en 43%; ya van $141.8 millones Eliana Morales Gil [email protected] LEGISLATIVO Contralor evita responder personalmente mientras sus abogados admiten investigación penal, en un caso que pone a prueba la transparencia pública y obliga a defender la independencia institucional. El presupuesto de la Asamblea Nacional para este año sigue creciendo. Con dos traslados de partidas que suman $26.5 millones, aprobados por la Comisión de Presupuesto en la tarde del miércoles 13 de mayo, el presupuesto de este órgano del Estado pasó de $98.7 millones, cifra asignada originalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2026, a $141.8 millones a la fecha. Es decir, se elevó en un 43.6%. Los números del Legislativo fueron examinados en una jornada en la que Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, sustentó los traslados de partidas.Fueunasesióncrispada, tensa e incómoda. Janine Prado, de la bancada Vamos, preguntó, cuestionó y refutó. En cambio, el resto de sus colegas brindaron un espaldarazo al presidente de la Asamblea y arremetieron contra Prado por pedir cuentas sobre el uso del dinero público. El recorte Herrera, diputado del Partido Panameñista y quien asumió la presidencia de la Asamblea el 1 de julio de2025,comenzósudiscurso quejándose del presupuesto que el MEF le aprobó para este año ($98.7 millones). Lo comparó con los de periodos anteriores para concluir que es significativamente inferior. “Se ha hecho un recorte del presupuesto”, manifestó. Sustentó dos partidas: una por $20.8 millones para pagar los salarios del personal permanente y otra por $5.7 millones para costear asuntos administrativos del Palacio Justo Arosemena. “Fácilmente me podría cruzar de brazos y que el próximo presidente que venga dé la cara (...)”, manifestó el presidente del Legislativo, quien ha expresado su intención de reelegirse en el puesto. La primera pregunta de la diputada Prado fue puntual: ¿A la fecha, cuál es el presupuesto real de la Asamblea? Herrera respondió que $111.1 millones. El dilema de los $4.2 millones Sin embargo, la diputada pidió al representante del MEF, Aurelio Mejía, que confirmara la cifra. Este funcionario respondió que a la fecha el monto asciende a $115.3 millones, lo que generó más controversia, pues Prado cuestionó en qué momento la comisión había aprobado los $4.2 millones de diferencia. En la segunda ronda de preguntas, Prado volvió a poner el dedo en la llaga: “No he escuchado aquí a ningún diputado preguntar cómo se trasladaron $4.2 millones”, manifestó. La diputada recordó que cualquier traslado inferior a $300 mil puede aprobarse sin pasar por la Comisión de Presupuesto. Y, de inmediato, le consultó a Herrera: “¿Esos traslados usted los solicitó o se aprobaron por silencio administrativo?”. Pero Herrera respondió que la información que tiene es hasta el 30 de abril, fecha en que el presupuesto legislativo era de $111.1 millones. Prado concluyó que, entre el 13 de abril y el 13 de mayo, se aprobó más presupuesto usando algún mecanismo. La diputada insistía en que le diera la respuesta; el presidente de la Asamblea se aferraba a sus cifras. La diputada pidió al representante del MEF que entregara un informe sobre el presupuesto. No obstante, el funcionario se retiró del recinto antes de atender la solicitud. El presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático, dijo que “estaba almorzando”. La planilla Más temprano la diputada solicitó detalles sobre la evolución de la planilla desde que Herrera asumió el cargo el 1 de julio de 2025. El diputado panameñista respondió que cuando llegó al puesto había 3,104 funcionarios de manera permanente y entre 1,500 a 1600 transitorios. Actualmente, añadió, el Legislativo tiene 3,221 permanentes y 1,137 transitorios. Desde su ingreso a la presidencia, 117 entraron a la categoría permanente. También consultó sobre el tiempo que estas personas tenían laborando en el Palacio Justo Arosemena. Herrera manifestó que Recursos Humanos no tenía esa información a la mano, pero que se la harían llegar. Cada tanto, el presidente de la Asamblea aprovechaba para enumerar los que considera sus logros: recibió a los distintos sectores de la sociedad en la Asamblea y debido a ello, es una Asamblea “de puertas abiertas”; eliminó los alquileres de carros para diputados, eliminó las tarjetas de combustible, y recordó que el proyecto que reforma el reglamento interno espera el segundo debate. “No todo es malo”, manifestó en una oportunidad. Poca transparencia Otro tema sensible generó otro choque. Prado cuestionó la falta de publicación de la planilla transitoria en la página web de la entidad. Actualmente solo se publican los nombres y salarios de la nómina de personal permanente. En cambio, los nombres de las personas que trabajan directamente en los despachos de los diputados, no es de acceso público. El diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fustigó a Prado por preguntar por este tema. Dijo que él no haría juicio por ese tema porque para eso está la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Y recordó que en el monitoreo de transparencia de la Antai la Asamblea tiene un 94% “de positivismo”. Además comparó el presupuesto de la Asamblea con los del Ministerio de la Presidencia y el Órgano Judicial, entidades que trabajan en 2026 con cifras más altas que las del Palacio Justo Arosemena. No fue el único que le dio un espaldarazo a Herrera. También lo hicieron Francisco Brea, del Partido Panameñista; y Eduardo Vásquez, de CD, entre otros. Prado fue la última en hablar. Al final, la comisión aprobó los dos traslados de partida con 11 votos a favor. Juan Manuel Díaz [email protected] Ernesto Cedeño presentó la denuncia. Cortesía Demandan facultad de la Contraloría para aplicar licencias sin sueldo por investigación ACCIÓN LEGAL Una demanda de nulidad contra la facultad que le permite a la Contraloría General de la República aplicar la figura de licencia sin sueldo por investigación a funcionarios públicos fue presentada este miércoles ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia por el diputado Ernesto Cedeño. El recurso presentado por Cedeño precisa que la Contraloría no puede enviar a un funcionario a licencia sin sueldo por investigación, ya que dicha figura no existe en el ordenamiento legal vigente. La demanda de Cedeño objeta un fragmento del Decreto N. 90-20- DNM y SC de 2 de diciembre de 2019, que introduce la denominada licencia sin sueldo por investigación. A través del citado decreto, la Contraloría estableció un procedimiento para el trámite y fiscalización de los movimientos de acciones de personal de las entidades del gobierno central, descentralizadas y empresas públicas adscritas al sistema de planilla y descuento. Según Cedeño, la denominada asignación de licencia sin sueldo por investigación viola varios artículos de la Ley de Carrera Administrativa y de la Ley de la Carrera Legislativa. El recurso también detalla que la categoría de licencia sin sueldo por investigación no está contemplada ni reconocida en la ley, y que la Contraloría General de la República no tiene facultades para otorgar licencias ni enviar a funcionarios de otras dependencias a licencias de ningún tipo. El documento también explica que la frase demandada ha permitido la suspensión material de salarios a múltiples funcionarios, entre ellos siete de la Asamblea Nacional que laboran para diputados de la coalición Vamos. Sostiene que dicha disposición carece de fundamento legal y que desnaturaliza el sentido conceptual, jurídico, administrativo y práctico de la licencia sin sueldo, ya que esta debe ser solicitada por el servidor público. El pasado jueves, miembros de la Asamblea Nacional se reunieron con el contralor Anel Flores en busca de un acuerdo para levantar las licencias sin sueldo por investigación aplicadas a funcionarios de la Asamblea por parte de la Contraloría. lativo. Si Jorge González alguna vez pensó que sería reelecto por aclamación, que sepa que ya tiene 15 votos menos.. AUTOBOMBO. En una reunión el pasado miércoles, Etelvina recordó que, cuando se incorporó a la planilla de la Unachi en 1978, esa universidad era un “cuchitril”. ¿Acaso eso la autoriza a hacer lo que le da la gana?
5A La Prensa Panamá, jueves 14 de mayo de 2026
6A La Prensa Panamá, jueves 14 de mayo de 2026 Meduca nuevamente lanza licitación de ‘laptops’ para estudiantes Yaritza Mojica [email protected] COMPRAS DEL ESTADO El Meduca publicó la licitación para adquirir 531,250 ‘laptops’ destinadas a estudiantes del sistema oficial, por un monto de referencia de $268.5 millones. El proceso contempla entregas escalonadas entre 2026 y 2029. Por cuarta vez, el Ministerio de Educación (Meduca) intenta concretar la adquisición de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial. El proceso, denominado “Adquisición de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial”, tiene un precio de referencia de $268.5 millones. Según el portal Panamá Compra, la nueva licitación fue publicada este 12 de mayo por el Meduca. El proyecto busca adquirir 531,250 equipos de computación a un precio unitario de $472.38, al que se suma un ITBMS de $33.07, para un total de $505.45 por equipo, cifra que, según la entidad, se ajusta al presupuesto global. Con respecto al límite de onerosidad, el pliego advierte que se considerará onerosa cualquier propuesta que supere los $295.3 millones, lo que representa un 10% por encima del precio de referencia. También destaca en el pliego de cargos que se otorgará un anticipo del 20% del valor total del contrato para la compra de memorias y discos, mientras que el resto se cancelará mediante pagos parciales tras cada entrega recibida a satisfacción. Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas electrónicamente, a través del sistema Panamá Compra, el 22 de mayo de 2026. Entre los requisitos obligatorios destacan una fianza de propuesta del 10%, experiencia previa comprobada en suministros similares y una capacidad mínima anual de facturación de $20 millones reflejada en sus estados financieros recientes. Una vez adjudicado, el contrato tendrá una vigencia total de 2,036 días calendario, lo que incluye el periodo de entregas, 1,826 días de garantía y soporte técnico, así como el tiempo requerido para la liquidación contractual. Con respecto al programa de entrega de equipos tecnológicos, el plan contempla distribuir 531,250 computadoras portátiles entre 2026 y 2029. De acuerdo con el cronograma establecido, la primera fase se desarrollará en 2026 con la entrega de 325,000 laptops, en un plazo de 150 días calendario tras la orden de proceder. El primer lote, de 40,000 equipos, deberá entregarse dentro de los primeros 90 días. Posteriormente, el plan incluye tres entregas adicionales de 68,750 computadoras cada una, programadas para enero de 2027, enero de 2028 y enero de 2029. La distribución se realizará de forma escalonada en las distintas direcciones regionales educativas del país, incluyendo provincias como Bocas del Toro, Chiriquí y Darién, así como las comarcas Emberá, Ngäbe Buglé y Guna Yala. Varios intentos por adquirir ‘laptops’ Desde 2024 hasta la fecha, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ha realizado diversas gestiones para la adquisición de computadoras portátiles. La primera fue la firma de un convenio con la fundación internacional One Laptop Per Child (OLPC), organización conocida por sus iniciativas de inclusión digital a nivel global. En este primer intento se planificó la compra de 654,000 laptops para docentes y estudiantes por un monto aproximado de $241.7 millones. No obstante, el acuerdo no prosperó debido a que la Contraloría General de la República no otorgó el refrendo correspondiente. A esto se sumaron cuestionamientos relacionados con la falta de aprobación previa del Consejo de Gabinete. En septiembre de 2025, el Meduca lanzó una licitación dividida en tres renglones: compra de laptops para docentes, laptops para estudiantes y licencias Microsoft M365 A3. En ese acto público, el valor de referencia fue de $230.2 millones para la compra de 585,250 computadoras y 21,000 licencias. Sin embargo, solo se adjudicó el renglón correspondiente a las computadoras portátiles para docentes a la empresa IS Group, que deberá entregar 54,000 equipos por un monto global de $28.4 millones, según consta en la resolución emitida el 29 de enero de 2026. Los renglones 1 y 3 fueron declarados desiertos. En la segunda licitación, publicada en febrero de 2026, el Meduca buscaba adquirir 531,250 laptops para estudiantes del sistema oficial y 21,000 licencias de software, por un monto de $268.5 millones. De ese acto público, solo se adjudicó a GBM de Panamá, S.A. el renglón correspondiente a las 21,000 licencias de software, por un monto de $4,445,700, al cumplir con los requisitos establecidos en el pliego. Actualmente, por tercera ocasión consecutiva, se publica el pliego de cargos para la compra de laptops destinadas a estudiantes. Cuestionan propuesta de entrega El dirigente magisterial de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), Armando Espinosa cuestionó la propuesta de entrega de laptops impulsada por el Meduca y planteó que esos recursos deberían destinarse a la construcción y rehabilitación de unas 3,000 aulas de informática en todo el país. Espinosa sostuvo que esta alternativa tendría menor costo, mayor durabilidad y permitiría beneficiar a casi el 100% de los estudiantes, a diferencia del plan de laptops que, según afirmó, no alcanzaría ni al 60% del alumnado, dejando por fuera a estudiantes de preescolar y primaria. El dirigente también advirtió que la vida útil de las computadoras portátiles sería de apenas dos o tres años y recordó que iniciativas similares implementadas durante las administraciones de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (20142019) terminaron fracasando porque los equipos desaparecieron o quedaron en desuso. Además, señaló que el sistema educativo enfrenta necesidades más urgentes, como las más de 1,400 aulas rancho, escuelas sin agua potable ni electricidad y la falta de libros de texto, laboratorios y materiales didácticos esenciales para materias como matemáticas, ciencias, química e inglés. Espinosa insistió en que, si el objetivo es fortalecer la tecnología educativa, lo más efectivo sería crear laboratorios de informática permanentes en los centros escolares, en lugar de invertir en laptops que, según dijo, “quedarán en el olvido”. El aumento de casos de sarampión (alfombrilla) en varios países de la región de las Américas ha reactivado las dudas sobre quiénes deben vacunarse y bajo qué condiciones, especialmente en adultos que no recuerdan con certeza su historial de inmunización. El infectólogo pediatra Xavier Sáez-Llorens explicó que actualmente el riesgo de transmisión local en Panamá es bajo, siempre que no exista exposición a zonas con brotes activos. Sin embargo, advirtió que la posibilidad de contagio aumenta cuando las personas viajan a países donde el virus circula con fuerza, como Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Perú y Bolivia, y mantienen contacto con múltiples individuos. En ese contexto, insistió en que el principal riesgo no está dentro del país, sino en los viajes internacionales hacia zonas con circulación activa del virus. En cuanto a la vacunación, detalló que en niños la recomendación es aplicar la vacuna MMR, que protege contrasarampión,paperasy rubéola. En personas mayores de 10 años, dependiendo del esquema disponible y la evaluación médica, puede utilizarse la vacuna MR. El especialista recordó además que en Panamá la vacunación contra el sarampión comenzó en 1972, por lo que una persona mayor de 55 años probablemente ya estuvo expuesta al virus de forma natural en el ¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión ante el repunte en la región? SALUD PÚBLICA pasado, cuando la enfermedad era frecuente en la población. Sáez-Llorens también explicó que, ante la duda sobre si una persona tuvo la enfermedad o recibió la vacuna, existe la posibilidad de realizar una prueba de anticuerpos IgG para confirmar inmunidad. No obstante, advirtió que se trata de un examen costoso. Subrayó que aplicarse una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión no representa un riesgo para la salud, incluso si la persona ya había sido inmunizada previamente. Panamá no registraba casos importados de sarampión —conocido históricamente como alfombrilla— desde 2011. Sin embargo, recientemente el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos contagios en turistas europeos que ingresaron al país tras recorrer varios destinos de Centroamérica. Los casos corresponden a un joven neerlandés que llegó a Bocas del Toro luego de viajar por México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y a una joven suiza de 19 años que ingresó por el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras permanecer en Costa Rica. Ambos presentaron fiebre, erupciones en la piel, tos y secreción nasal. Las muestras fueron analizadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, que confirmó el diagnóstico. En este momento, el Minsa mantiene bajo vigilancia a unas 386 personas que estuvieron en contacto con los casos importados, como parte de una estrategia de seguimiento de 21 días para descartar contagios secundarios. Las autoridades sanitarias han reiterado que no existe evidencia de transmisión comunitaria y que Panamá eliminó la circulación endémica del sarampión en 1995. No obstante, el escenario regional obliga a mantener la vigilancia activa y reforzar la vacunación en la población. Aleida Samaniego C. [email protected] El sarampión es una enfermedad vírica. iStock Costa Rica registra cuatro casos importados El Ministerio de Salud de Costa Rica ha confirmado cuatro casos de sarampión en 2026. Todos han sido importados y sin que los pacientes hayan sufrido complicaciones serias en su salud. El último caso endémico de sarampión en Costa Rica data del año 1999. El esquema de vacunación oficial de Costa Rica es de dos dosis (a los 15 meses y a los 4 años de edad).
7A La Prensa Panamá, jueves 14 de mayo de 2026 Los abogados Carlos Herrera y Juan Antonio Kuan. Gabriel Rodríguez Contralor Flores optó por mandar a sus abogados José González Pinilla [email protected] INSTITUCIONALIDAD El contralor no asistió a la conferencia de prensa para explicar su irrupción en una diligencia judicial. El contralor Anel Flores no apareció ayer en la conferencia de prensa que había convocado. En su lugar, envió a sus abogados particulares, Carlos Herrera y Juan Antonio Kuan. Ambos juristas confirmaron que Flores enfrenta una denuncia presentada directamente por el Ministerio Público, relacionada con una supuesta irrupción en una diligencia judicial en la que participaban tres auditores de la Contraloría el 9 de abril de 2026. Según explicaron los abogados, Flores fue notificado del proceso cuando ya había sido citado para la audiencia realizada la semana pasada, a la cual no asistió personalmente y en la que solo estuvieron presentes Herrera y Kuan, el 8 de mayo. “No se cumplió con el debido proceso y los plazos que establece la norma”, indicaron. Tampoco, dijeron, se realizó el debido proceso cuando se ordena la diligencia de extracción y fijación de imágenes respecto de los videos que fueron sacados de una red social en el que se observa al contralor “cuando se está retirando del lugar”. Durante esa audiencia, la magistrada María Eugenia López Arias, actuando como juez de garantías, validó una solicitud de control posterior sobre los videos publicados en redes sociales, así como grabaciones del sistema interno de cámaras del Ministerio Público. Esto, a solicitud del procurador Luis Carlos Gómez Rudy . “Esta defensa hizo valer [durante la audiencia] estos reclamos de violación a sus derechos constitucionales y legales. Inclusive, se demostró que el Ministerio Público, frente a la realización de esa diligencia, no hizo ningún intento de comunicación o notificación a nuestro representado”, explicó Kuan. La defensa sostuvo que nunca existió, bajo ningún concepto, una irrupción. Aseguraron que el Contralor únicamente ingresó al elevador para llegar al piso correspondiente, luego de que las auditoras se comunicaran con Flores para expresar que “se sentían, bajo la tónica de las preguntas realizadas, que ellas podían estar siendo investigadas”. Posteriormente, Flores “esperó en el pasillo” a ser atendido por el personal del Ministerio Público y, luego, se le observa retirándose. “Reiteramos que no existe ningún tipo de conducta delictiva”, insistió Kuan. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy solicitó la audiencia el pasado 27 de abril, 18 días después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación penal, luego de que la fiscal anticorrupción Adela Cedeño denunciara más temprano, ante el Despacho Superior, que funcionarios de la Contraloría irrumpieron en medio de una entrevista con tres auditoras, impidiendo así la culminación de la diligencia. Ese día, Flores estaba acompañado del subcontralor Omar Castillo. Las auditoras estaban siendo entrevistadas en el marco de la causa que se adelanta contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado, cuando la sesión fue suspendida por la aparición en escena de Flores y varios funcionarios. El 10 de abril, en un comunicado, la Contraloría rechazó haber interferido en diligencias del Ministerio Público y aseguró que la presencia del contralor en la Fiscalía Anticorrupción respondió únicamente “a la necesidad de conocer la situación” de las auditoras, ya que la entrevista se había prolongado por más de ocho horas. Los abogados de Flores adelantaron que a medida se desarrolle el proceso en la Corte Suprema analizarán los recursos que presentarán. Tanto Herrera como Kuan explicaron que únicamente fueron contactados por Flores para atender exclusivamente este tema. No se refirieron a los otros procesos contra él. Sobre Flores pesa otra denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad por el caso de la irrupción a la Fiscalía, la cual fue presentada por el abogado Guillermo Cochez. El contralor también fue denunciado por la suspensión unilateral de 43 funcionarios de la Asamblea Nacional, en su mayoría vinculados a la bancada independiente Vamos. Según la denuncia, el contralor no tendría competencia para ordenar dichas licencias, ya que esta facultad correspondería al presidente del Legislativo. Sobre el caso de los funcionarios que fueron puestos bajo la categoría licencia sin sueldo, el contralor sostuvo el pasado lunes una reunión con diputados de Vamos y el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. En ese encuentro se les comunicó que se reactivaría el pago de los salarios y se archivarían las “investigaciones” contra los 43 funcionarios que, según el contralor, no cumplen con un horario laboral. Panorama
8A La Prensa Panamá, jueves 14 de mayo de 2026
9A La Prensa Panamá, jueves 14 de mayo de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales. Aunque muchos la celebraron como un avance normativo que marcaría el inicio de una era de madurez digital, la ley no puede operar en el vacío. La protección efectiva de datos personales requiere que las organizaciones implementen controles técnicos y organizativos robustos, auditables y alineados con estándares internacionales reconocidos. Y justamente allí aparecen las grietas. Las normas ISO 27001, sobre gestión de seguridad de la información, e ISO 27701, sobre gestión de privacidad de la información, son marcos maduros ampliamente reconocidos como referentes mínimos de buenas prácticas y llevan varios años vigentes a nivel internacional. Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (Copanit) aún no las adopta oficialmente, lo que dificulta exigir esos estándares a las entidades públicas. ¿Existe actualmente algún marco obligatorio que sirva de base para las auditorías de sistemas, asumiendo que efectivamente se realizan? Quizás, en el concierto de la ciberseguridad estatal, sus intérpretes han preferido tocar de oído, sin consecuencias frente Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Reforma tributaria: Sí, por dos vías DGI una firma. Una firma. Parte de esto tiene una explicación conocida: los recortes presupuestarios se llevaron a funcionarios que sabían cómo se movía cada engranaje. El relevo todavía está aprendiendo. El problema es que ese aprendizaje no tiene rumbo claro, y el costo de esa curva lo termina pagando el contribuyente. “Si una devolución ya fue auditada y aprobada, no puede quedar meses engavetada esperando una firma”. El TAT, la asimetría y el silencio que nadie regula Hay un problema estructural que esta reforma podría corregir y que rara vez se discute en voz alta: en Panamá, el contribuyente vive bajo plazos perentorios para declarar, sustentar, corregir, pagar y apelar. La administración, en cambio, opera sin plazos efectivos cuando le toca devolver, certificar o ejecutar una decisión. El caso más visible es el del Tribunal Administrativo Tributario. Una vez el TAT falla a favor del contribuyente, esa decisión tiene que ejecutarse en la DGI. Y ahí, con frecuencia, el reloj simplemente se detiene. No es excepcional encontrar resoluciones del TAT esperando ejecución en Cuenta Corriente por seis, ocho o más meses, sin un mecanismo claro que obligue a la DGI a moverlas. El mérito jurídico está reconocido; lo que falta es la acción administrativa. Aquí es donde Panamá se quedó corto. En otras jurisdicciones de la región, cuando la administración tributaria no resuelve en el plazo legal, opera el silencio administrativo positivo: el recurso o la solicitud se entiende fallada a favor del contribuyente. Es una herramienta poderosa porque equilibra la balanza: si el Estado le exige al contribuyente cumplir plazos bajo amenaza de sanciones, el contribuyente debería poder exigirle al Estado cumplir los suyos bajo alguna consecuencia real. Una reforma seria del Código Fiscal debería, como mínimo: 1. Establecer plazos vinculantes para la DGI en devoluciones, ejecuciones de fallos del TAT y respuestas a peticiones del contribuyente. 2. Introducir alguna forma de silencio administrativo positivo o, al menos, un mecanismo de compensación automática cuando esos plazos se incumplan. 3. Reconocer y publicar anualmente la mora del Estado con el contribuyente: cuánto se debe en devoluciones y créditos fiscales reconocidos, desde cuándo se debe Brandon Eisenmann L. La información que el ‘ransomware’ sí reveló Ataques informáticos Los recientes ataques informáticos contra la Caja de Seguro Social y otras entidades del Estado no son solo tristes incidentes tecnológicos. Son el síntoma más visible de una enfermedad sistémica que Panamá ha preferido ignorar durante demasiado tiempo: una arquitectura institucional insuficiente para la gestión de riesgos de ciberseguridad y la protección de datos personales. Cuando una entidad que administra información médica, laboral y financiera de una parte sustancial de la población activa del país sufre una intrusión de esta naturaleza, las preguntas más pertinentes ya ni siquiera son las evidentes. Aunque las respuestas sean importantes, las interrogantes necesarias no son precisamente: ¿qué vulnerabilidad fue explotada? o ¿cuántos registros fueron comprometidos?, sino ¿bajo qué marco normativo operaban estos sistemas antes del ataque?, ¿con qué estándares de seguridad funcionaban? y ¿cuál era su nivel de rendición de cuentas y sobre qué bases se sustentaba? Me temo que ninguna de esas preguntas encuentra respuestas satisfactorias en términos de exigibilidad, verificabilidad y actualización. Desde 2021 está vigente en Panamá la al incumplimiento de controles básicos de seguridad. En ese contexto, los ataques no son una sorpresa. Son un resultado previsible y, en cierta medida, anunciado. Lo que ha quedado en evidencia tras estos ataques es que la seguridad y privacidad de los datos personales de los panameños descansa, en buena parte, sobre una frágil institucionalidad. No sobre sistemas auditados ni políticas verificables de gestión de riesgos. En el mejor de los casos, dependen de la buena voluntad de técnicos con recursos insuficientes y responsabilidades poco claras. En el peor —y quizás más frecuente—, descansan en la simple suerte de no haber despertado antes el interés suficiente para ser atacados. Esta situación no puede seguir tratándose como un problema técnico menor o una casualidad de la realidad digital. Un país que opera infraestructura crítica vinculada al comercio global, que aspira a consolidarse como hub regional de servicios y cuyas instituciones públicas gestionan datos sensibles de millones de ciudadanos en medio de una creciente digitalización, no puede darse el lujo de carecer de estándares adecuados de seguridad. Eso equivaldría a una negligencia institucional de primer orden. La adopción formal de las normas técnicas pertinentes por parte de Copanit, la incorporación de requisitos de seguridad de la información en la contratación pública tecnológica, la creación de mecanismos de auditoría independiente y la asignación de responsabilidades legales concretas frente a brechas de seguridad no pueden seguir siendo aspiraciones de largo plazo. Son exigencias mínimas de un Estado que toma en serio la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos en el entorno digital. Mientras esas condiciones no existan, cada nuevo ataque será una confirmación de que, como país, todavía preferimos reaccionar ante las crisis antes que prevenirlas. Opinión EL AUTOR es abogado especializado en derecho digital. EL AUTOR es empresario. y cuánto tarda en pagarse. La mora del contribuyente se cobra con intereses y recargos; la mora inversa hoy no tiene ni siquiera un registro público. 4. Acompañar todo lo anterior con una digitalización real, no decorativa. Tenemos factura electrónica, e-Tax y los datos. Lo que no tenemos es integración: la DGI no conversa con el municipio, ni con la ANATI, ni con el Registro Público. El contribuyente termina siendo el mensajero entre instituciones que deberían intercambiar información de forma automática. Modernizar la ley sin modernizar la infraestructura, y sin imponerle plazos al Estado, es legislar para el papel. Un modelo que ya existe dentro del mismo país Y vale recordar que esto no es una utopía importada. Dentro del propio Estado panameño ya existe un modelo de digitalización funcionando: la Alcaldía de Panamá, bajo la administración de Mayer Mizrachi, ha avanzado hacia trámites 100% digitales en buena parte de sus permisos, y el alcalde ha dicho públicamente que está abierto a colaborar con otras instituciones. Si esa disposición existe, lo lógico es que la colaboración ocurra. No como gesto político, sino como política pública. La sustancia empieza en casa Que las multinacionales tengan que demostrar que están aquí de verdad es justo. La misma vara debería aplicarse al Estado. Una administración tributaria con sustancia real es una que devuelve cuando le toca devolver, ejecuta los fallos del TAT cuando le toca ejecutarlos, firma cuando le toca firmar, responde con criterio técnico, mide su propia deuda con el contribuyente y opera bajo plazos que tengan consecuencias cuando no se cumplen. Hoy Panamá tiene la ventana legislativa abierta. Lo que falta no es diagnóstico. Lo que falta es decisión: que esta reforma fiscal no se mida solo por cuánto logra cobrar, sino por qué tan rápido, qué tan justo y qué tan digital es el Estado cuando le toca devolver. “Si vamos a exigirle al de afuera que demuestre que está aquí de verdad, primero demostremos que el Estado está aquí de verdad para el contribuyente que ya está adentro”. Hace unos meses escribí sobre por qué tantos asalariados en Panamá terminan renunciando a su propio dinero. La conclusión era incómoda: en el papel existe justicia tributaria; en la práctica, el sistema empuja al contribuyente a desistir. Hoy el país discute una reforma fiscal importante. Pero gran parte del debate está mirando hacia afuera, cuando una parte esencial del problema sigue estando adentro. La reforma del Código Fiscal presentada por el ministro Felipe Chapman incorpora el concepto de sustancia económica: las multinacionales tendrán que demostrar actividad real en Panamá o pagar 15% de impuesto sobre la renta bruta. La medida es necesaria y puede ayudar, por fin, a que la Unión Europea nos saque de su lista. Bien. Pero al leer la reforma surge una pregunta simple: si vamos a exigirle sustancia económica al que viene de afuera, ¿cuándo vamos a exigirle sustancia operativa al Estado que está adentro? El fiscalizador fuerte y la institución lenta El Gobierno tiene hoy probablemente el mejor equipo técnico-tributario en años, y los números macro lo confirman: la DGI cerró 2025 con 13.4% de crecimiento en ingresos tributarios y la lotería fiscal superando los 114 millones mensuales. Pero una cosa es la capacidad técnica arriba. Otra, muy distinta, es lo que vive el contribuyente abajo. Quienes acompañamos trámites tributarios todos los días vemos otra realidad: la tramitación interna sigue paralizada en demasiados frentes. Hay funcionarios que responden con vaguedad cuando se les pregunta sobre temas técnicos, y con errores cuando se les consulta sobre aspectos básicos. Hay devoluciones detenidas por meses en pasos triviales. Expedientes que ya fueron auditados, ya pasaron por todas las instancias y, aun así, no avanzan porque falta Los recientes ataques informáticos exponen debilidades institucionales, ausencia de estándares obligatorios y deficiencias en la protección de datos y gestión de riesgos digitales en Panamá. José Vega Gallardo Prevenir el Hantavirus, clave empresarial Salud y economía En el complicado escenario de la gestión empresarial contemporánea, la salud pública ha evolucionado de ser un asunto exclusivo de los hospitales a convertirse en un elemento esencial en las finanzas de los gerentes. El Hantavirus, una enfermedad zoonótica con tasa de letalidad superior al 30%, no solo representa un peligro para la vida humana, sino también un riesgo económico, especialmente en logística, agricultura y turismo. Medidas como el sellado de instalaciones, el control de plagas y la provisión de equipos de protección personal (EPP) solían considerarse un “gasto operativo”. Sin embargo, un análisis de costos muestra que invertir en prevención es más rentable que enfrentar un brote. Un contagio en instalaciones implica pérdida de talento humano, paralización de operaciones, multas legales y daño reputacional, con costos superiores al presupuesto anual destinado a prevención. Desde la Ingeniería Económica, estos gastos actúan como una póliza de seguros. El “lucro cesante”, dinero que la empresa deja de generar mientras sus actividades se detienen, suele superar ampliamente los costos de mitigación. Expertos en gestión estratégica subrayan que la viabilidad de una empresa depende de anticiparse a estos riesgos. No basta con cumplir regulaciones; es crucial asegurar la continuidad operacional frente a choques biológicos. La evaluación de costos obliga a mirar a largo plazo. La sostenibilidad se mide por la capacidad de recuperación, y la integración de riesgos sanitarios en la estrategia financiera es tanto responsabilidad social como decisión económica inteligente, asegurando rentabilidad y competitividad en entornos inciertos. La prevención del Hantavirus debe ser considerada un indicador de gestión. En un mercado global donde logística y seguridad determinan el éxito, el análisis económico es claro: reaccionar ante la enfermedad cuesta más que invertir en la salud del ambiente laboral. LA AUTORA es economista y docente. Lizbeth Jaramillo Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Gerente General Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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