1A La Prensa Panamá, jueves 7 de mayo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 7 de mayo de 2026 - Año 45 - Nº 15374 Hoy por hoy La Asamblea Nacional, a través de su presidente Jorge Herrera, tiene un papel clave en garantizar que los límites institucionales se respeten y, con ello, se salvaguarde el Estado de Derecho. La situación de los 43 funcionarios de los despachos de ocho diputados de Vamos, cuyos salarios fueron retenidos por la Contraloría, evidencia un desafío en el respeto a la institucionalidad. Hasta ahora, Herrera ha sostenido que no hay actuación administrativa que sustente la medida, pero tampoco ha mediado activamente para resolver el conflicto. La bancada Vamos, que lo apoyó para la presidencia de la Asamblea, recuerda que la figura laboral de estos funcionarios tiene respaldo legal desde 2019 y exige su restitución inmediata. Frente a un organismo de control cuyo titular fue nombrado por el Legislativo, es responsabilidad de Herrera asumir un papel proactivo, garantizar que la Contraloría actúe dentro del marco legal y coordinar con las partes involucradas. Sin esta intervención, se corre el riesgo de normalizar la arbitrariedad y debilitar la autoridad de la Asamblea. Ellas.pa ‘El corsario’, el gran estreno del Ballet Nacional 4B Panorama Tres denuncias por amaño de partidos 3A Economía Más ‘hackeos’ a plataformas del Estado 2B Unachi: procurador investiga títulos exprés Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, investiga la actuación de docentes y funcionarios administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) que habrían obtenido títuFONDOS PÚBLICOS Títulos expedidos por universidades extranjeras no acreditadas habrían permitido a docentes de la Unachi obtener a ascensos y mejoras salariales. los académicos expedidos por las universidades American Andragogy University y Atlantic International University, instituciones no acreditadas oficialmente. El Ministerio Público, el pasado 4 de mayo de 2026, pidió nombres, cargos, fechas de ingreso y procedimientos de validación académica, así como cualquier impacto de esos títulos en nes evaluadoras de los títulos y sus integrantes. La planilla de la universidad supera los 2,000 funcionarios, con 249 percibiendo más de $7,000 mensuales y la rectora con $12,000, cifras que contrastan con el salario presidencial de $7,000, evidenciando la carga financiera de la institución. VEA 4A Roberto Zúñiga, Jorge Herrera y Anel Flores. Archivo Eliana Morales Gil [email protected] La bancada Vamos pidió al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, asuma un papel proactivo frente a la retención de salarios de 43 funcionarios de sus despachos, medida que atribuyen directamente al contralor Anel Flores y que califican como arbitraria. Aunque Herrera ha señalado que no hay actuación administrativa que sustente la medida, la bancada considera que su intervención es indispensable para destrabar la controversia y garantizar el respeto a la legalidad y a la institucionalidad, evitando que se normalice la arbitrariedad dentro del Legislativo. VEA 2A INSTITUCIONALIDAD Vamos le pide a Herrera que reclame al contralor por las licencias sin sueldo Pagar en bolívares y vender en dólares; Carretero y el petróleo Rolando Rodríguez B. [email protected] El diario estadounidense The New York Times puso el foco en los negocios petroleros de Ramón Carretero, empresario panameño incluido en la Lista Clinton, y sus vínculos con el venezolano Carlos Malpica Flores. Señala cómo Carretero habría comprado petróleo venezolano a bajo precio y lo vendió en dólares a mercados internacionales, utilizando empresas en Panamá y China. El reporte destaca posibles conexiones con familiares del presidente Nicolás Maduro y operaciones que, según expertos, aprovecharían condiciones favorables de PDVSA, generando cuestionamientos sobre transparencia, ganancias millonarias y riesgos legales internacionales en el manejo del crudo venezolano. VEA 2A INVESTIGACIÓN Caso Polymarket confirma que urge reforma a multinacionales Ministra ignoró tres citaciones de la Comisión de Educación El diputado Eduardo Gaitán afirmó que el caso Polymarket, que opera en Panamá sin oficinas ni empleados, evidencia la necesidad de reformas legales como el proyecto de ley de sustancia económica, actualmente en agenda de la Comisión de Economía y Finanzas que él preside. VEA A 1B La ministra Lucy Molinar ignoró tres citaciones de la Comisión de Educación durante el último periodo legislativo. Su inasistencia genera cuestionamientos sobre la fiscalización del sector, la supervisión de proyectos, la infraestructura escolar y la gestión de recursos. VEA 6A EMPRESAS DE PAPEL FISCALIZACIÓN ascensos, reclasificaciones y mejoras salariales. La documentación fue requerida formalmente a la secretaria general de la universidad. La pesquisa incluye 110 profesores identificados con esos diplomas, de los cuales 27 habrían usado las credenciales en trámites administrativos o académicos. Además, se solicita información sobre las comisioEncuentro Herzog-Mulino Acuerdan cooperación en tecnología y agua El presidente de la República, José Raúl Mulino, posa junto al presidente de Israel, Isaac Herzog, durante la rueda de prensa en el Palacio de las Garzas ayer. Esta visita “fortalece y mejora las relaciones” entre Panamá e Israel en muchos ámbitos, desde “el tratamiento de aguas hasta la tecnología, desde la ciencia hasta la agricultura”, teniendo “mucho que compartir” afirmó Herzog. VEA 5A EFE
2A La Prensa Panamá, jueves 7 de mayo de 2026 Vamos, la bancada más grande de la Asamblea Nacional rindió cuentas de su trabajo en la última legislatura. En una conferencia de prensa desde el salón Carlos Titi Alvarado del Legislativo, los presidentes de comisiones hablaron de los proyectos de ley aprobados, los que están en espera, los retos, al igual que lo que se espera a partir del próximo 1 de julio, cuando se renueva la directiva del palacio Justo Arosemena. Roberto Zúñiga, jefe de bancada, presentó los números de la agrupación: 147 anteproyectos de ley presentados, pero más de 290 si se toman en cuenta los de la legislatura anterior, 48 proyectos en segundo debate, 11 leyes de la República ya promulgadas y 7 proyectos aprobados en tercer debate que esperan la firma del presidente de la República. La bancada además presume de más del 95% de asistencia al pleno y a las comisiones. “Hemos asumido el objetivo número uno de este gran reto: ser transparentes y rendir cuentas a la ciudadanía”, dijo Zúñiga. “Hemos venido a trabajar realmente para cambiar la realidad nacional”, añadió. En la conferencia estabanpresenteslospresidentes de comisiones que forman parte de esta facción política. Ellos son: Alexandra Brenes (Comisión de la Mujer), Walkiria Chandler (Comisión de Relaciones Exteriores), Eduardo Gaitán (Economía y Finanzas), Lenín Ulate (Población y Ambiente) y Jorge Bloise (Educación). Cada uno explicó el trabajo de su comisión y detalló las principales iniciativas. El 1 de julio La rueda de prensa también puso la mirada en los retos inmediatos. El próximo 1 de julio, con la renovación de la directiva de la Asamblea, la bancada Vamos enfrenta otro de sus exámenes políticos. Zúñiga recordó que la bancada ya apoyó a Jorge Herrera para la presidencia del Legislativo el 1 de julio de 2025. Sobre si presentarán candidato propio o pactarán con alguna agrupación política, adelantó que lo evaluarán a medida que se acerque la fecha. “Esta bancada accedió a apoyar al diputado y presidente Jorge Herrera, eso es un conocimiento público. Lo que va a pasar en el futuro es algo que nosotros como bancada tenemos que sentarnos a analizar”, dijo el jefe de bancada, y aclaró que la prioridad del día era otra: el balance del trabajo legislativo de la legislatura. “Ya nos tocará como equiEl balance de Vamos: entre la gestión legislativa y el choque con el contralor BANCADA LEGISLATIVA po sentarnos nuevamente a analizar cuáles van a ser nuestras acciones y movidas para ese primero de julio”. La pugna con el contralor La conferencia también dio espacio a un reclamo concreto y sin resolver: la retención de salarios a 43 funcionarios de los despachos de ocho diputados de Vamos, una medida que la bancada atribuye directamente al contralor Anel Flores y que califica de “arbitraria”. Zúñiga destacó que los afectados siguen en sus puestos pese a la incertidumbre. “Ellos están aquí hoy, a pesar de que no tienen certezas, están aquí hoy trabajando, eso tiene que saber el país”, explicó el jefe de bancada. La fracción legislativa exige el pago inmediato de los salarios retenidos y recuerda que la figura bajo la cual estos funcionarios laboran tiene respaldo legal desde Ramón Carretero Napolitano (Izq.) junto al presidente venezolano Nicolás Maduro, durante una inspección de las obras que construía años atrás el empresario panameño. Foto tomada de @nicolasmaduro Los negocios petroleros de Ramón Carretero, según ‘The New York Times’ Rolando Rodríguez B. [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] INVESTIGACIÓN La publicación vincula a Carretero con el venezolano Carlos Malpica y las multimillonarias ganancias por petróleo venezolano vendido a China a través de una empresa fantasma. Un artículo publicado el 5 de mayo de 2026 por The New York Times hace impactantes revelaciones en las que quedarían al descubierto impresionantes ganancias con la compra y venta de petróleo venezolano del empresario panameño Ramón Carretero, quien meses atrás fue incluido en la Lista Clinton, junto con quien se presume es su socio en este negocio: el venezolano Carlos Malpica Flores, sobrino de la exprimera dama venezolana Cilia Flores, esposa del expresidente Nicolás Maduro. De acuerdo con el rotativo norteamericano, aunque en teoría los representantes legales de una empresa china llamada Hangzhou estaban en China, en la práctica “fueron Malpica y un socio suyo –Ramos [sic] Carretero– quienes representaron a la empresa en reuniones con PDVSA [Petróleos de Venezuela, S.A.]”. Así lo confirmaron al diario funcionarios de la petrolera estatal y diversas fuentes del sector petrolero venezolano, “lo cual sugiere que ambos eran los beneficiarios finales de la compañía”. Y Hangzhou –que el diario estadounidense califica de “empresa fantasma”– no es cualquier compañía. De acuerdo con la citada publicación, en 2023 se convirtió en la segunda mayor exportadora de crudo venezolano, solo superada por Chevron. Copias de contratos muestran que Hangzhou Energy –registrada en China– recibió petróleo de PDVSA bajo condiciones sumamente favorables e inusuales, a pesar de carecer de un historial de actividad comercial, indica The New York Times. El diario añade que un contrato de 2022 revela que se autorizó a Hangzhou a vender cerca de una décima parte del volumen total de exportaciones del país durante ese año a cambio de suministrar al gobierno una cantidad no especificada de “ayuda humanitaria”. ¿Cuánta ayuda entregó Hangzhou a Caracas? Eso no se sabe, pero lo que sí ha corroborado Washington –y también investigaciones independientes de medios venezolanos, como Armando.info– es que este tipo de acuerdos (petróleo por alimentos) se convirtieron en importantes fuentes de corrupción durante los últimos años del mandato de Maduro, desviando miles de millones de dólares de las arcas del Estado para adquirir supuesta ayuda humanitaria, subraya la investigación periodística. Si estas afirmaciones son ciertas, ello supondría que Carretero y Malpica se habrían quedado con cientos o miles de millones de dólares de las arcas del Estado venezolano. Pero no es todo. Hangzhou mantenía otros acuerdos de pago, no solo inusuales, sino altamente lucrativos, como se verá, en la compra y venta de petróleo de Venezuela. Según la publicación, la mayoría de los compradores de petróleo venezolano debía pagar –en dólares– directamente a PDVSA. Pero ese no era el caso de Hangzhou. Esta empresa pagaba, no en dólares, sino en bolívares, y lo hacía al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), publicó el diario norteamericano, citando documentos internos de PDVSA y entrevistas con funcionarios del sector petrolero venezolano. Este esquema –pagar en bolívares– desafiaba la razón fundamental por la que las naciones exportan petróleo: obtener divisas fuertes para financiar las importaciones, subraya el diario. No obstante, Hangzhou habría comprado el petróleo venezolano en bolívares – la moneda local, altamente devaluada y con muy escaso valor monetario– y luego lo habría vendido en dólares a refinerías chinas. Ello supondría “enormes beneficios” para los propietarios de Hangzhou. Añade el medio neoyorkino que, con la desbocada inflación de Venezuela, cualquier bolívar que pagara Hangzhou al Bandes –que también estaba vinculada a Malpica– “quedaba prácticamente desprovisto de valor”. Carretero, viejo conocido Una publicación del sitio web intpolicydigest.org, fechada el 30 de abril de 2024, informa, a su vez, sobre las estrechas relaciones de Carretero con empresas comercializadoras de petróleo. Esa publicación revela, por ejemplo, que China es el mayor importador de petróleo crudo del mundo y que, desde principios de 2000, ha estado buscando expandir y diversificar sus fuentes de suministro, lo que ha dado lugar a la creación y crecimiento de un mercado alternativo de petróleo sancionado. Añade la noticia que China recibe envíos redirigidos y pagos no comprobados, ininterrumpidos y no detectados de petróleo de naciones sancionadas, y que en 2023, China supuestamente ahorró diez mil millones de dólares al comprar petróleo crudo de países sancionados, como Irán y Rusia. Y de esta realidad no escapa el petróleo venezolano, también sancionado por Estados Unidos, el cual ha sido vendido a China. La publicación sostiene que “desde, al menos, 2002, el cliente chino Hangzhou Energy ha sido un beneficiario con importantes asignaciones de petróleo de PDVSA, por un total estimado de $7,000 millones en los últimos años. Una investigación reciente sobre sus tratos ha revelado una corrupción preocupante. En el corazón de esta corrupción se encuentra Ramón Carretero, un ciudadano panameño que ha sido identificado como un representante de los familiares de Maduro desde principios de la década de 2010”, subraya el mencionado sitio web. El artículo describe las relaciones de Carretero con un grupo empresarial chino –denominado Grupo Joy Kie– fabricante de bicicletas, el negocio de su familia, cuyas fábricas se ubican en la localidad de Hangzhou, China. Añade la publicación que la asociación de Carretero con empresas con sede en Hangzhou se remonta a la construcción del estadio de béisbol de Caracas, un proyecto sumido en acusaciones de corrupción y falta de transparencia, donde Joy Kie facilitó transacciones, afirma la nota. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aclaración En la nota Solo dos de los nueve condenados en el caso New Business ingresaron a prisión, publicada el 6 de mayo de 2026, se modificó el título y el texto para precisar la cantidad de condenas que actualmente están vigentes. El nuevo título es New Business: condenas y absoluciones; solo dos están en prisión. antes de que comenzara la administración actual. “Pedimos nuevamente que por favor se les restituya el salario a nuestros trabajadores y que inmediatamente se les aplique una figura que ya se les ha dado desde hace mucho tiempo, incluso desde el 30 de diciembre de 2019”, señaló. El jefe de bancada además emplazó al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, a intervenir en la disputa y contribuir a destrabar la controversia. Herrera hasta ahora ha dicho poco sobre el tema. Lo que sí argumentó es que la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea certificó que no se ha tramitado ni autorizado licencia sin sueldo alguna respecto a los funcionarios, “por lo que no existe actuación administrativa de esta institución que sustente la adopción de dicha medida”. Sin acercamientos con el Ejecutivo El jefe de bancada fue tajante al afirmar que no existe canal alguno de coordinación entre Vamos y el Ejecutivo. “No he tenido ningún tipo de comunicación con el órgano ejecutivo. Pueden ver que con esta bancada no se ha tenido ningún tipo de comunicación”, afirmó. En los últimos días el presidente José Raúl Mulino se reunió con las bancadas Realizando Metas y el Partido Revolucionario Democrático. A la fecha, el mandatario no ha extendido ninguna invitación formal a la bancada independiente. “No se ha realizado ninguna invitación de parte del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, a esta bancada para alguna reunión en el Palacio de las Naciones”, precisó Zúñiga.
3A La Prensa Panamá, jueves 7 de mayo de 2026 Panorama La Liga Panameña de Fútbol (LPF) acumula más de tres denuncias formales por manipulación de partidos, según confirmó su comisionado. Archivo Tres denuncias por amaño de partidos sacuden al fútbol Eliana Morales Gil [email protected] PROPUESTA DE LEY Las denuncias llegaron a través de la oficina de integridad de la LPF, explicó el comunicado Giorgio Famiglietti. La Liga Panameña de Fútbol (LPF) acumula más de tres denuncias formales por manipulación de partidos, según confirmó su comisionado, Giorgio Famiglietti, luego de una reunión con diputados de la Asamblea Nacional. “Dentro de la propia comisión, ya pueden ser más de tres denuncias que se hayan presentado directamente”, dijo Famiglietti, sin ofrecer detalles sobre el estado de las investigaciones. Las denuncias llegaron a través de la oficina de integridad de la LPF, una estructura que obliga a cada club a tener su propio oficial de integridad y que conecta con la comisión de integridad de la Federación Panameña de Fútbol. Se trata de un sistema internacional que monitorea en tiempo real si hay movimientos sospechosos en las apuestas vinculadas a los partidos. La propuesta Pese a los casos, en Panamá, el amaño de partidos no existe como delito en el Código Penal. No hay tipo penal, no hay pena, no hay juez que pueda condenar a nadie por arreglar un resultado. Sin embargo, La LPF impulsa una propuesta de ley que busca tipificar la manipulación de partidos con penas de entre 5 y 10 años de prisión. “Lo que buscamos es que pueda quedar tipificado el delito de la manipulación de partidos, que hoy no se encuentra tipificado”, explicó el comisionado. Famiglietti y otros directivos de la LFP se reunieron este miércoles con un grupo de diputados de la Asamblea para hablar del tema. Participaron los diputados Luis Duke, Roberto Zúñiga, de la bancada de Vamos y José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos. De acuerdo con el comisionado de la LPF, revisaron las leyes de Alemania, España, Portugal y El Salvador antes de redactar su propia versión. “Quisimos ampliar un poco más, no solamente a si los partidos se ganan, se empatan o se pierden, sino también que pueda ser tipificado cuando se acuerdan cuántas tarjetas amarillas, cuántas tarjetas rojas, cuántos córneres van a ir en un partido específico”, detalló. Mientras tanto, afirma que tiene un esquema de prevención que funciona todo el año. “Nosotros realizamos campañas todo el año en conjunto con los clubes, con los jugadores y con los propios cuerpos técnicos de los equipos, donde les hacemos charlas de cómo presentar las denuncias, cuáles son las maneras, cómo se maneja la manipulación de partido y principalmente cuáles son los procesos de integridad que nosotros tenemos con el sistema internacional que nosotros manejamos, que nos informa si existe o no existe una manipulación de los partidos”, explicó. ‘Rarísimo’ Este fin de semana surgió otro escándalo vinculado a los amaños de partidos. Julio César Dely Valdés, técnico del Sporting San Miguelito, calificó como “rarísimo” el partido en el que su equipo cayó 3-2 ante Alianza FC, en el estadio Rommel Fernández, durante la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol. “Partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, cosas muy raras, muy raras. Y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende”, dijo Dely Valdés en una entrevista a TVMax, quien insistió en que las sensaciones no se limitaron a una jugada puntual, sino a lo observado a lo largo del compromiso. Valdés incluso dijo que habría que preguntarle a los jugadores ¿qué pasó? Después de ese suceso la LPF informó a través de un comunicado que “ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido (…) que podría comprometer la integridad de la competencia”. El Sporting San Miguelito, generó un comunicado en el que advirtió sobre “indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del fútbol”.
4A La Prensa Panamá, jueves 7 de mayo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DESCARO. Según la Unachi, el MEF solo le ha depositado los montos correspondientes al salario neto de sus trabajadores, razón por la que no ha podido pagar las cuotas patronales de la CSS desde julio de 2025. También se queja porque le han recortado el 37% de su presupuesto. No obstante, en su planilla hay 249 funcionarios que ganan más de $7,000 al mes. Además, su rectora tiene asignado un salario de $9,500, más gastos de representación de $3,000, a lo que hay que sumar los $5,864.74 que le corresponden como profesora permanente de la Facultad de Economía. Con razón la plata no les alcanza. ¿Qué están esperando las autoridades para hacer algo? FRESCURA 1. Este jueves se reúne la Comisión de Presupuesto de la Asamblea para atender las solicitudes de traslado de partida de 11 entidades. El resto de las comisiones legislativas no puede prohijar anteproyectos ni aprobar proyectos en primer debate durante el período de receso, a menos que el Ejecutivo las convoque a sesiones extraordinarias. Aunque sí podrían celebrar audiencias, consultas, citaciones y reuniones de subcomisión, la mayoría no ha dado señales de vida. Pensarán que para qué van a trabajar los 12 meses si les pagan lo mismo aunque solo laboren ocho. FRESCURA 2. La Comisión de Economía sesionará el próximo lunes para discutir el proyecto de “sustancia económica”. Es la única que ha sido convocada a sesiones extraordinarias. El resto aparentemente planea no hacer nada hasta el 1 de julio. NERD ALERT. El diputado Jorge Bloise aspira a reelegirse como presidente Las autoridades universitarias identificaron a unos 110 profesores de la Unachi que presentaron títulos logrados en universidades extranjeras. Archivo MP investiga títulos exprés para ascensos y mejoras salariales Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] UNACHI El Ministerio Público pidió a la Unachi información sobre títulos de universidades extranjeras. Es parte de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, sigue la pista de docentes y funcionarios administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) que habrían obtenido títulos académicos expedidos por las universidades American Andragogy University y Atlantic International University, ambas con oficinas en Estados Unidos. A través de la nota PGNSS-SPA-368-2026, fechada el 6 de marzo de 2026, Gómez Rudy solicitó formalmente a la secretaria general de la Unachi, Enis Grajales, una amplia documentación relacionada con procesos de validación, homologación y reconocimiento académico realizados dentro de la institución. La solicitud surge en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito contra la administración pública. En el oficio, el Ministerio Público pidió las generales completas de todas las personas que hayan tramitado títulos emitidos por ambas universidades, incluyendo nombres, números de identidad, cargos y cualquier otro dato que permita individualizarlas dentro de la estructura universitaria. La petición también abarca cualquier procedimiento de evaluación académica aplicado a esos títulos. Otros requerimientos El requerimiento va más allá de la validación de credenciales universitarias. La Procuraduría exigió identificar cuáles de esas personas fueron contratadas posteriormente por la Unachi o prestaron servicios en calidad de docentes, administrativos o consultores profesionales. Además, solicitó detallar los cargos desempeñados, las fechas de ingreso y la modalidad de contratación utilizada en cada caso. La investigación también apunta a establecer si esos títulos tuvieron un impacto directo en la carrera laboral y salarial de funcionarios universitarios. El Ministerio Público pidió determinar si, como consecuencia de la presentación o reconocimiento de esos diplomas, algunos trabajadores recibieron ascensos, reclasificaciones, cambios de categoría, mejoras salariales u otros beneficios económicos dentro de la universidad. Para ello, exigió copia autenticada de las resoluciones y actos administrativos que respaldaron esas decisiones. Otro de los elementos relevantes del oficio es que la Procuraduría no fijó límites temporales para la entrega de la información. La solicitud ordena revisar “la totalidad de los casos registrados” dentro de la Unachi vinculados a títulos expedidos por ambas universidades. El documento, al que tuvo acceso La Prensa, concluye señalando que toda la información requerida será utilizada como “elemento de convicción” dentro de la noticia criminal que adelanta el Ministerio Público. Diplomas exprés Este medio realizó una búsqueda preliminar sobre ambas casas de estudios superiores. Las dos universidades afirman tener oficinas en Hawái y se promueven como “online universities”, es decir, instituciones que ofrecen programas de estudio a distancia o virtuales. De hecho, en sus páginas web aclaran que “no están acreditadas” por ninguna agencia reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos, debido a que utilizan métodos de enseñanza no tradicionales. Profesores de la Unachi que prefirieron mantener el anonimato ante posibles represalias indicaron que estos diplomas permitieron que varios de sus colegas pasaran de devengar salarios de $1,800 mensuales a percibir cerca de $5,000 al mes. Precisamente, esa es parte de la información que busca precisar el Ministerio Público. Llama la atención que los diplomas emitidos por ambas universidades no son aceptados en varias jurisdicciones de Estados Unidos, e incluso son rechazados por universidades nacionales como la Universidad de Panamá. Así lo manifestó el propio rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, el año pasado. “La UP no reconoce, por normativa del Consejo Académico, los títulos del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua, de la American Andragogy University de Honolulu, Hawái; los títulos de la Atlantic International University, ni los de ninguna otra universidad extranjera que no esté debidamente reconocida en su respectivo país”, manifestó Flores Castro. Este fue uno de los reclamos que el exdiputado Juan Diego Vásquez hizo en su momento a la rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, al cuestionar que se estuvieran otorgando nombramientos como profesores a tiempo completo a personas con supuestas maestrías y doctorados de corta duración expedidos por instituciones no acreditadas por agencias reconocidas en Estados Unidos. El exdiputado independiente cuestionó que, para un profesor, contar con un doctorado permite obtener más rápidamente un nombramiento a tiempo completo. Por ello, Vásquez sostuvo que la Unachi estaba fomentando una competencia desleal entre sus propios docentes. Incluso, citó como ejemplo el caso de la Universidad de Panamá, que únicamente reconoce doctorados que impliquen al menos dos años de estudio. “No hay un doctorado serio en la vida que dure seis meses y ustedes le están dando valor a ese título, pese a que no tiene reconocimiento en Estados Unidos y está generando una competencia desleal entre sus propios docentes”, le dijo Vásquez a Medianero de Bonagas al referirse a los llamados diplomas exprés. Los beneficiados Además de la nota de la Procuraduría, se conoció que, durante una intervención ante el Consejo Académico del pasado 14 de abril de 2026, el vicerrector académico de la Unachi, Jorge Bonilla, confirmó que el foco principal de las pesquisas del Ministerio Público son los títulos emitidos por universidades extranjeras y utilizados dentro de la institución para procesos de validación, homologación, reconocimiento y equiparación académica. Según Bonilla, las autoridades universitarias identificaron a unos 110 profesores que presentaron esos títulos. De ese total, 27 docentes habrían utilizado esas credenciales en trámites administrativos o académicos dentro de la universidad, mientras que el resto únicamente las incorporó a su hoja de vida o expediente personal. No obstante, fuentes internas de la Unachi informaron a este diario que la cantidad podría ser mucho mayor. La investigación no se limita a quienes poseen los diplomas. El Ministerio Público también solicitó información sobre las comisiones encargadas de evaluar esos títulos, incluyendo los nombres de sus integrantes y la forma en que se desarrollaron los procesos de análisis y aprobación. Uno de los temas que más llama la atención dentro de la Unachi son los elevados salarios que reciben algunos profesores y funcionarios, un factor que, según voces internas, ha contribuido a la crisis económica que enfrenta actualmente la institución. Con una planilla que supera los 2,000 funcionarios entre personal académico y administrativo, el costo mensual asciende a $5.8 millones, lo que evidencia el peso financiero que representa esta casa de estudios superiores para el Estado. Dentro de esa estructura, al menos 249 funcionarios devengan salarios superiores a los $7,000 mensuales. La propia rectora encabeza la escala con un ingreso de $12,000, por encima del salario del presidente de la República, José Raúl Mulino, fijado en $7,000. Este contraste ha reavivado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y los criterios de asignación salarial dentro de la institución. Este medio intentó obtener la versión de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas sobre las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación. La llamada fue contestada por una mujer con una voz muy similar a la de la rectora, aunque aseguró ser su secretaria. “Habla su secretaria, ¿qué desea?”, preguntó al otro lado de la línea. Al explicarle que se buscaba una reacción sobre las pesquisas del Ministerio Público, la interlocutora respondió con aparente conocimiento del caso: “Toda esa información ya se le entregó al Ministerio Público y, por tratarse de una investigación, es mejor no emitir comentarios”. Acto seguido, recomendó contactar al vicerrector Pedro González. Sin embargo, las llamadas realizadas posteriormente a González tampoco fueron respondidas. Etelvina de Bonagas Archivo de la Comisión de Educación. En Clayton deben estar que se muerden los puños de la rabia. MAE. El presidente Mulino asistirá a la toma de posesión de Laura Flores como presidenta de Costa Rica el viernes 8 de mayo. Hasta ahora, su viaje más famoso a ese país fue aquel que hizo dos semanas antes de ganar las elecciones, con Félix Falabella y Michael Soto Movilla. Luis Carlos Gómez Rudy Archivo
5A La Prensa Panamá, jueves 7 de mayo de 2026 Panorama El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (d), habla junto al presidente de Israel, Isaac Herzog. EFE/ Bienvenido Velasc Mulino busca cerrar acuerdo con Israel para asesoría en agua José González Pinilla [email protected] VISITA Herzog se convirtió en el primer presidente israelí en visitar el Istmo. Para Mulino, el encuentro reafirmó la relación bilateral entre ambos países, sustentada en más de siete décadas de cooperación. Panamá busca concretar un acuerdo con Israel para recibir asesoría técnica en materia de agua, en momentos en que el país enfrenta una crisis hídrica que afecta a varias regiones. Así lo informó el presidente José Raúl Mulino, tras reunirse ayer con su homólogo israelí, Isaac Herzog, en el Palacio de las Garzas. “Estoy seguro de que sin burocracia y sin tantos trámites podemos concretar esa colaboración”, declaró Mulino en una conferencia que ofreció en el Salón Amarillo de la Presidencia tras la reunión bilateral que sostuvo con Herzog. Herzog se convirtió en el primer presidente israelí en visitar el Istmo. Para Mulino, el encuentro reafirmó la relación bilateral entre ambos países, sustentada —dijo— en más de siete décadas de cooperación, confianza y respeto mutuo. Por ello, destacó que Israel aportará experiencia en gestión eficiente del recurso hídrico y proyectos tecnológicos, especialmente en zonas golpeadas por la escasez como el Arco Seco. Panamá también pidió en abril pasado el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) para realizar un diagnóstico integral sobre la crisis del agua potable que afecta desde hace meses a la región de Azuero. Mulino también mencionó donaciones y proyectos ya en marcha, incluyendo un sistema de potabilización NUF500 destinado a Veraguas y microplantas de tratamiento de agua para comunidades en la comarca Guna Yala, Madugandí, el distrito de Barú y Valle del Risco, en Almirante, Bocas del Toro. Además, señaló que ambas delegaciones abordaron temas relacionados con seguridad, logística, comercio bilateral y cooperación internacional, así como la posibilidad de ampliar intercambios en el área de salud. ‘Día histórico’ Herzog aterrizó en Panamá en la mañana de ayer junto a su esposa, Michal Herzog. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen lo esperaban, a eso de las 7:00 a.m., el canciller Javier Martínez Acha y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen. Al Palacio de las Garzas llegó a las 10:35 a.m., acompañado de una delegación y bajo un despliegue de seguridad que incluyó la vigilancia de un helicóptero de los estamentos de seguridad del Estado. “Un día histórico”, dijo por su lado el embajador Mattanya Cohen minutos antes de que llegara Herzog. En la entrada del Palacio de las Garzas ya lo esperaba el presidente Mulino junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. En el lobby del Palacio, donde se ubica la fuente adornada con estatuas de garzas, estaban los ministros Martínez Acha, Julio Moltó, de Comercio; Fernando Boyd, de Salud, y Frank Ábrego, de Seguridad. También estaban Salomón “Salo” Shamah, director general de Promtur, el embajador de Panamá en Israel, Ezra Cohen, y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia. El mandatario panameño saludó a Herzog con un fuerte apretón de manos y un abrazo. La Banda Republicana fue la encargada de entonar los himnos de cada nación. Cuando terminaron de cantar, Mulino hizo pasar al mandatario israelí hasta donde estaban los ministros y empezó a mostrarle algunos detalles del histórico edificio presidencial. El encuentro bilateral, que duró hora y media, se realizó en el salón Belisario Porras donde se reúne el Consejo de Gabinete. Tras esa reunión, Herzog calificó la visita como histórica y destacó que Panamá e Israel, aunque distantes geográficamente, comparten una posición estratégica entre regiones. “Ambas naciones son puertas”, dijo, al señalar que Panamá conecta continentes, océanos y mercados a través del Canal, mientras Israel es un puente histórico entre civilizaciones y regiones. Añadió que esa posición implica una responsabilidad para promover el diálogo y la cooperación. Herzog recordó el respaldo de Panamá a la creación del Estado de Israel y afirmó que su país valora profundamente esa amistad, especialmente en el contexto internacional actual. En su intervención, se refirió al conflicto en Medio Oriente y sostuvo que Israel “no busca guerras”, pero tiene “el derecho y la responsabilidad de defenderse”, al mencionar la masacre del 7 de octubre de 2023 y el enfrentamiento con grupos como Hamás y Hezbollah, así como con Irán. Para el mediodía, Mulino invitó a Herzog a un almuerzo en el Palacio junto a su equipo, integrado por el director general de la Presidencia, Eyal Shviki; el asesor de Política Exterior, Amos Amit Zarouk; el secretario militar, Gil Elia; el vocero del presidente, Hagay Oren; la asesora para Asuntos de la Diáspora Judía, Boostan Doron; el asesor de Medios Extranjeros, Benjamín Alexander Lee; y la primera secretaria de la Embajada de Israel en Panamá, Anya Yonathan Leus. Playa Prieta, en en el Casco , pasa a llamarse Las Garzas El cambio de nombre de playa Prieta a playa Las Garzas, aprobado ayer por los representantes en el Concejo de Panamá, ha generado diversas reacciones y reabre el debate sobre la preservación de la memoria histórica en el país, específicamente en el Casco Antiguo. La decisión fue impulsada en el marco de un plan de recuperación de espacios públicos en la entrada del Casco Antiguo —detrás de la Plaza Quinto Centenario y cerca del Palacio de Las Garzas— y busca, según las autoridades de la Alcaldía de Panamá, revitalizar la zona costera y devolverla al uso ciudadano bajo criterios de seguridad y turismo. El exdirector de la Oficina del Casco Antiguo, Fernando Díaz Jaramillo, calificó la decisión como un precedente “peligroso” y advirtió que “no es atribución de la Alcaldía renombrar lugares con el pretexto de haberlos recuperado”. Díaz Jaramillo, quien también forma parte de la Coalición Comunitaria del Centro Histórico, sostuvo que la medida “borra la identidad y la memoria histórica de la ciudad”, al sustituir un nombre con raíces documentadas por una denominación que —según afirma— responde más a intereses simbólicos o políticos que a la historia del sitio. MEMORIA HISTÓRICA Yaritza Mojica [email protected] Turistas en la Playa Prieta, ahora Las Garzas”. Elysée Fernández
6A La Prensa Panamá, jueves 7 de mayo de 2026 Panorama Niños, senadores y diplomacia: el camino de los Tratados Torrijos-Carter José Alejandro Rodríguez [email protected] PONLE LA FIRMA Entre quema simbólica de tratados y negociaciones en los despachos del Senado estadounidense, los Torrijos-Carter lograron aprobarse gracias a maniobras políticas y reservas de senadores, dejando una huella histórica de estrategia y controversia. Tras la firma del Tratado de Neutralidad y el Tratado del Canal, que se conocerían como los Tratados Torrijos-Carter, estudiantes de todo el país fueron convocados para quemar copias del tratado Hay-Bunau Varilla, el acuerdo que había permitido la presencia estadounidense en el país y que eventualmente quedaría eliminado. Fueron actos oficiales, con permiso y presencia de autoridades. Pero la firma no era el último paso. Faltaba que ambos países los aprobaran. Según la Constitución de Panamá debían aprobarse mediante un plebiscito: una votación popular de “sí” o “no”. Omar Torrijos Herrera, jefe de Estado de facto en Panamá, hizo campañas televisivas, conversatorios, incluso publicó el tratado en el periódico. En contraste, había partidos políticos desplazados, estudiantes, trabajadores y exiliados que rechazaban los tratados. El 23 de octubre de 1977, más de 766 mil panameños participaron. La mayoría votó “SÍ”, que era lo predecible. Pero lo que sorprendió al gobierno fue que el “NO” obtuvo casi un tercio de los votos. 1 de cada 3 panameños estaba en contra. Sin embargo, el objetivo se logró, y faltaría la última batalla: el Senado de los Estados Unidos. El presidente estadounidense, el demócrata James “Jimmy” Carter necesitaba dos terceras partes del Senado (que es similar a nuestra Asamblea) para ratificar los tratados. Había 100 senadores, así que necesitaba 67. Sin embargo, muchos senadores no creían que debían entregar el Canal. Un gran actor ayudaría a tratar de convencerlos. John Wayne era una leyenda de Hollywood por sus películas de vaqueros. Su primera esposa era panameña y tenía negocios en el país: era el propietario de la isla Taborcillo, en Punta Chame, conocida como la isla de John Wayne. Se había reunido con Torrijos en su casa en Farallón para conversar. Al principio, Wayne -miembro del Partido Republicano y duro crítico del comunismo- no apoyaba los tratados, pero Torrijos y su equipo lo convencieron y llegó a enviar cartas a los 100 senadores defendiendo los tratados y la política de Torrijos. Carter reconoció que el respaldo de Wayne fue quizás el mayor apoyo conservador que recibió para la causa. Aun así, algunos senadores manifestaron que no querían negociar con un régimen militar. Torrijos entendió que debía ofrecer una apertura hacia la democracia para conseguir los votos. Los invitó a Panamá y prometió avanzar hacia la legalización de partidos políticos, la libertad de prensa y el regreso de exiliados, aunque el régimen siguió siendo militar y mantuvo restricciones. Pero seguían sin tener los votos suficientes y aquí vinieron las maniobras políticas de otros senadores. Dennis DeConcini, senador de Arizona por el Partido Demócrata (el mismo que Carter) quería atraer votos del Partido Republicano. Entonces introdujo una enmienda (algo que se añade o modifica al tratado) que autorizaba a los Estados Unidos a usar la fuerza militar para reabrir el Canal o restaurar sus operaciones. Paralelamente, Sam Nunn, senador demócrata por Georgia, impulsó otra modificación, que dejaba abierta la posibilidad de la permanencia de militares en Panamá después de 1999. Torrijos y Carter se oponían, pero terminaron aceptándolas para asegurar los votos. La votación se dividió en dos: el Tratado de Neutralidad y luego el Tratado del Canal. La tensión era tanta que, tres días antes del primer voto, Carter anotó en su diario: “Es difícil concentrarse en cualquier cosa, excepto Panamá”. Según relata el entonces negociador de los tratados, Aristides Royo, Durante la primera votación para el Tratado de Neutralidad, hubo senadores que inicialmente apoyaron, pero sintieron temor al último momento y se refugiaron en el baño. Otros senadores tuvieron que ir a buscarlos para asegurar que votaran. Necesitaban 67 votos a favor. Al finalizar, registraron 68 votos. Ahora faltaría la votación del Tratado del Canal. Carter presentó una modificación al Tratado del Canal antes de la votación para contrarrestar las acciones de DeConcini y Nunn. Se les llamó la reservas senatoriales y reafirmaban el principio de que Estados Unidos no debe intervenir en los asuntos internos de Panamá. Y sin saber muy bien cómo reaccionarían los senadores, vendría la última votación. El día de la votación, Torrijos en una rueda de prensa advirtió: “Yo sé que cuando a un pueblo se le cierran todas las rutas de negociación pacífica, a quienes dirigimos, no nos queda otro camino que elegir la ruta de la liberación violenta”. Torrijos se retiró a su casa en Calle 50, con Aristides Royo, Rómulo Escobar y la periodista estadounidense Barbara Walters, quien le estaba dando cobertura a la votación desde Panamá. Escucharon la votación por radio, traducida al español. Torrijos terminó rompiendo varios radiotransistores mientras escuchaba el debate. Finalmente, llegó la votación. Necesitaban 67 votos y obtuvieron 68. Estados Unidos ratificó los Tratados Torrijos-Carter. Omar, Aristides y Rómulo dejaron a la periodista en una televisora y después se dirigieron a la comandancia. Al llegar Omar le dijo a las unidades que “se desmonta la Operación Potable”. Torrijos había organizado un plan secreto con la Guardia Nacional. Ese día, había alrededor de 200 agentes en puntos estratégicos. Para no levantar sospechas, se dejaron crecer el pelo y barba. Algunos se disfrazaron de turistas o campesinos. El objetivo era actuar si Estados Unidos rechazaba los tratados, activando una operación militar en el Canal. Estaban escuchando la radio. Si Torrijos decía que los tratados “no eran potables”, la operación empezaba sin vuelta atrás. pero, como el senado lo ratificó, Torrijos canceló el plan secreto y hubo celebración. El Canal y la Zona, al fin, serían panameños. Durante el último periodo legislativo, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado independiente Jorge Bloise, cerró sus sesiones sin la comparecencia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, a pesar de las citaciones emitidas por el órgano legislativo. La ausencia de la titular, incluida la sesión de instalación de la comisión, representó un vacío en el ejercicio de fiscalización parlamentaria del sector educativo. Desde su instalación en agosto de 2025, la comisión enfrentó ausencias y tensiones políticas. El día de su conformación, Molinar se reunió con algunos diputados mientras otros no asistieron al acto. En ese contexto, el presidente de la comisión calificó la situación como lamentable y enfatizó la necesidad de mantener el trabajo conjunto en materia educativa. En abril de 2026, la ministra fue citada en tres ocasiones —8, 22 y 27 de abril— para abordar temas relacionados con transformación digital, alimentación escolar, rediseño curricular, textos educativos, condiciones e infraestructura de los centros educativos y contratos de mantenimiento. En cada convocatoria presentó excusas formales o remitió respuestas por escrito. El 8 de abril, mediante nota oficial, indicó que los temas solicitados estaban en investigación, por lo que se consideró prudente no asistir. En la sesión del 22 de abril, envió respuestas escritas sobre la licitación por 273 millones de dólares para la adquisición de laptops y componentes tecnológicos, Ausencias de la ministra entorpecen fiscalización de la Comisión de Educación ASAMBLEA NACIONAL sin detallar criterios técnicos, pedagógicos o administrativos. También se abordó la distribución de recursos destinados a paneles solares y mantenimiento de escuelas de difícil acceso, sin desglosar montos ni asignaciones directas. Respecto a la Prueba Nacional Censal de Inglés de 2026, Meduca indicó que se aplicaría por etapas desde el segundo trimestre, sin calendario regionalizado ni metas medibles. Sobre la preparación de Panamá para PISA 2029, el ministerio mencionó acciones de fortalecimiento de competencias, pensamiento lógico y mejora de aprendizajes, sin incluir cronogramas específicos ni presupuesto asignado. Finalmente, la comisión consultó sobre docentes separados de sus cargos tras protestas relacionadas con la Caja de Seguro Social, solicitando cifras y el impacto económico de reintegros judiciales. El 27 de abril, día en que debía presentar la memoria institucional 2025, la ministra informó que no asistiría por reuniones con directores regionales y actividades vinculadas a la implementación de la nueva ley educativa. Ante estas ausencias, se solicitó dejar constancia formal en la Comisión de Presupuesto. Aleida Samaniego C. [email protected] Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. Cortesía Campaña publicitaria del Tribunal Electoral pautada en los diarios de la época. Archivo
7A La Prensa Panamá, jueves 7 de mayo de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. cobra una tarifa que le aporta los recursos para llevar el agua potable a nuestros hogares. Desafortunadamente, en el Idaan las prioridades cambian cada cinco años, con cada nuevo gobierno y/o con cada nuevo director de la institución. Es notoria también la falta de empatía, casi ideológica, que genera el Idaan en la mayoría de los responsables de las finanzas públicas, que se oponen a proporcionar los recursos que necesita una institución tan cercana a la gente, porque garantiza vida y salud. Las soluciones a los problemas inmediatos del Idaan no demandan acuerdos; requieren ejecución. Pero la solución al trauma estructural del Idaan exige concertar un acuerdo nacional entre el gobierno y las fuerzas políticas, que establezca metas quinquenales de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y aguas servidas para los próximos 20 años, así como los recursos necesarios para inversión y funcionamiento que demandará el cumplimiento de tales metas, cada cinco años. Las inversiones deberían priorizarse y ejecutarse cada cinco años durante los próximos 20 años, y podrían ser modificadas o ajustadas por situaciones imprevistas. De igual manera, para administrar, operar y mantener dichas inversiones, se estimarían los gastos quinquenales de funcioLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Sobre bates, potreros y pastos marinos Protección ambiental coralinos y los ecosistemas marinos asociados. Para ello, Robinson contó con 46 votos a favor por parte del pleno de la Asamblea Nacional. Inexplicablemente, contó además con el aval del Ministerio de Ambiente, al mando de su copartidario Juan Carlos Navarro. El punto medular de este asunto radica en que, mientras la legislación ambiental vigente (Ley 304 de 2022) prohíbe de forma categórica cualquier tipo de construcción o intervención en arrecifes, pastos marinos y zonas vinculadas a la protección de nuestras costas, el nuevo texto propuesto por el diputado Robinson diluye perniciosamente el carácter restrictivo de la norma que hasta ahora funcionaba como una barrera legal, y por ende propicia el escenario para un espantoso margen de discrecionalidad en favor de intereses económicos de particulares, que podrán realizar, sin cortapisas, edificaciones sobre los pastos marinos, los cuales el diputado Robinson, en su argumentación en el pleno, calificó despectivamente como simples “hierbas de un potrero”. Robinson sostuvo que la norma vigente ha limitado el desarrollo, especialmente en provincias como Bocas del Toro, donde, según dijo, “la abundancia de pastos marinos impide actualmente nuevas edificaciones”. Todo indica que el diputado Robinson se “paveó” de las clases de Ciencia, al desconocer de manera aberrante la extraordinaria importancia de los pastos marinos para la salud y supervivencia de los ecosistemas marinos tanto en Bocas del Toro, como en el resto del país y en todo el mundo. De hecho, es de sobra conocido, tanto por el ministro Navarro como por todos nosotros, que los pastos marinos, más allá de ser una fuente de alimento esencial para la bioJoaquín González J. ¿Qué hacer con el Idaan? Crisis de agua De acuerdo con el Censo de 2023, 7.3 de cada 10 hogares ocupados en Panamá reciben agua las 24 horas, y la diferencia, 2.7 de cada 10, la reciben de forma no continua. En 2023, 325 mil hogares —más de un millón de personas— no recibían agua de forma continua. Estoy seguro de que hoy la situación es peor. Medios y redes nos lo recuerdan a diario. En Panamá, el promedio anual de precipitación es de 2,924 litros por m2, mientras que el promedio en Europa es de 756 litros por m2. Debido a esa escasez, los países europeos han desarrollado los sistemas de gestión, tratamiento y calidad del agua más avanzados y sostenibles del mundo. Esas son las diferencias entre una pésima administración de la abundancia y una óptima gestión de la escasez. En varios momentos de mi vida profesional trabajé en instituciones vinculadas al recurso hídrico. Aprendí que las soluciones a los retos del Idaan se observarán en el largo plazo, porque son el resultado de la continuidad de sus políticas públicas y de sus procesos de gestión. El Idaan es una prestadora de servicios. Invierte recursos en ampliar su cobertura, ya sea mediante mayor producción de agua o en mejorar la calidad de su distribución. Invierte también en comercialización, innovación, tecnología y administración. Y namiento —administración, operación y mantenimiento— del Idaan; programación que también debería ser materia del acuerdo propuesto. En el acuerdo se deberían definir también las fuentes y montos de financiamiento para los gastos y las inversiones acordadas, que normalmente proceden de transferencias del Gobierno Central y deuda, así como un necesario nuevo sistema tarifario. El nuevo sistema tarifario sería de aplicación escalonada y solo en la medida en que las comunidades perciban mejoras en la dotación de sus servicios. Los recursos tarifarios deberían destinarse a financiar los gastos de funcionamiento y no las inversiones del Idaan, que son responsabilidad del Estado. El modelo de gestión administrativa del Idaan para cumplir con esas metas, inversiones y gastos de funcionamiento sería otra de las decisiones del acuerdo. La gobernanza del agua en Panamá pasa por varias instituciones, con poca o nula coordinación entre ellas. Idaan, Minsa, ACP, PSP, Mi Ambiente, Conades, ASEP, MiCI y Conagua tienen funciones definidas por ley; solo necesitan coordinación interinstitucional. Finalmente, este tipo de acuerdo no es novedoso. Se logró en el pasado con el Canal y la ACP. El agua, recurso estratégico porque nos garantiza vida y mayores ingresos, debería ser materia de un nuevo acuerdo nacional, de obligado cumplimiento para quienes gobiernen en los próximos 20 años. Solo así podríamos ver luz al final del túnel. Opinión EL AUTOR es exministro de la Presidencia. EL AUTOR es pintor y escritor. diversidad de especies marinas y una guardería crítica para numerosas especies — desde microorganismos hasta larvas de camarones de diversos géneros, estrellas de mar, erizos, pepinos de mar, moluscos y grandes vertebrados marinos—, incluida la icónica tortuga verde (Chelonia mydas) y el manatí del Caribe (Trichechus manatus), dependen directa y especialmente de la conservación de estos pastizales marinos. Además, consolidan el sustrato al anclarse en los sedimentos, estabilizando el fondo marino, previniendo de esta forma la erosión y protegiendo la costa de la pérdida de suelo. Los pastos marinos, lejos de ser simples potreros ociosos como sugiere el diputado Robinson, son considerados por los expertos en la materia como ecosistemas de importancia crítica, ya que actúan como los pulmones del océano, por su alta e insustituible capacidad para absorber carbono y producir oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis. Contribuyen, además, a mejorar la calidad del agua al atrapar sedimentos y absorber nutrientes y contaminantes; sin dejar de mencionar que son fundamentales para el sostenimiento de la pesca local, al albergar especies comerciales y contribuir a asegurar la seguridad alimentaria. Ante lo dicho y hecho, solo queda esperar que el presidente Mulino, quien tiene la facultad constitucional última para sancionar o vetar esta ley, recurra al buen juicio e independencia de criterio que pregona, y reivindique el sentir mayoritario de los panameños por encima de los intereses económicos de quienes le intentan susurrar al oído, dejándonos ver, de paso, con esta decisión, si en verdad su gobierno está dispuesto a priorizar el desarrollo sin tirar por la borda la conciencia ambiental, como desafortunadamente acaba de hacerlo su ministro de Ambiente, al solidarizarse con este abominable proyecto de ley propuesto por el diputado Robinson. Al diputado bocatoreño del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, le apodan “El gato”, y el apodo está bien justificado, tomando en cuenta que, al parecer, siempre cae de pie, al resultar electo cuantas veces le ha venido en gana, sin importar la cantidad de acusaciones, denuncias, escándalos y triquiñuelas de todo tipo en que ha estado involucrado, y de las cuales ha salido sin sufrir un solo rasguño. Es necesario recordar que, además de su rol sempiterno como diputado de la República, Robinson también fue presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) durante dos períodos consecutivos, de 2015 a 2023, cargo en el que, para no perder la costumbre, también resultó duramente cuestionado por diferentes motivos, entre los cuales se destaca el posible sobrecosto en la compra irregular de implementos deportivos, incluidos bates de béisbol de $1,000 y hasta $2,000 por unidad, para la comarca Ngäbe Buglé, lo cual, si consideramos que, incluso a la fecha, en la comarca no existen canchas ni estadios adecuados para jugar béisbol, en verdad aquel hecho resultó, por decir lo menos, insólito. Pese a ello, Robinson destinó, por cuenta de la Fedebeis, para este propósito, entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016, la suma de $515,000.00, y nunca se sintió en la obligación de rendir cuentas ni dar mayores explicaciones a nadie sobre el destino final de estos fondos del Estado panameño. Más recientemente, ha vuelto a salirse con la suya, en esta ocasión al lograr la aprobación, en tercer debate, del proyecto de ley 571, que configura o modifica para mal el marco de protección de los arrecifes La crisis del agua en Panamá exige ejecución inmediata y un acuerdo nacional que garantice inversión sostenida, mejor gestión y metas claras de cobertura y calidad. Rafael Mezquita La reforma legal sobre ecosistemas marinos abre riesgos ambientales y cuestionamientos sobre discrecionalidad, en un debate que enfrenta desarrollo económico y protección de recursos naturales. La tríada: agua, espacio y sociedad Planificación urbana En muchas ciudades, el agua se percibe como un elemento del paisaje o como un recurso que debe gestionarse. Sin embargo, en el contexto panameño, su papel va mucho más allá: no solo está presente, sino que condiciona la forma en que se vive el entorno. Desde esta perspectiva, puede entenderse como una tríada interdependiente entre agua, espacios abiertos y sociedad. Estos tres elementos no funcionan de manera aislada, sino que se articulan mutuamente y definen las dinámicas de la vida en el país. El agua configura el entorno, los espacios abiertos facilitan el encuentro y la sociedad los experimenta y transforma diariamente. En Panamá, esta relación está condicionada por un clima de alta precipitación anual que supera los 2,500 milímetros. Sin embargo, esta abundancia no garantiza acceso equitativo ni gestión eficiente, evidenciando un conflicto entre disponibilidad natural y organización urbana. Esta problemática, persistente durante décadas, se agrava con el crecimiento de la población y sistemas que no se adaptan a nuevas demandas. El desarrollo urbano y la generación de empleo son esenciales para el crecimiento del país, pero requieren planificación integral que contemple tanto la expansión como la capacidad de los sistemas existentes para sostenerla. Las decisiones públicas y privadas deben armonizarse para que el crecimiento ocurra de manera articulada, considerando la realidad territorial y las necesidades de la población. La tensión se refleja en la coexistencia de riqueza y precariedad. Comunidades cercanas a fuentes de agua enfrentan limitaciones en el acceso potable, mientras los espacios abiertos pierden su función social cuando el entorno se deteriora. Esto fragmenta el tejido urbano y debilita la cohesión territorial. En última instancia, es en esta interacción donde se define el territorio: no solo por sus condiciones físicas, sino por cómo la sociedad lo habita, lo enfrenta y lo transforma. LA AUTORA es arquitecta. Marieta Navarro Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Gerente General Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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