6A La Prensa Panamá, miércoles 6 de mayo de 2026 Panorama Agua: la prioridad que se evaporó Sabrina Bacal [email protected] En su cierre de campaña, José Raúl Mulino tenía clarísimo cuán urgente era atender la crisis del agua. “Con el agua pasa lo mismo que con el chen chen, hay mucha pero le llega a muy poca gente”, declaró eufórico el entonces candidato, mientras prometía solucionar el problema “de una vez por todas”. Dos años después, aquella lucidez electoral parece haberse evaporado. Ni el “chen chen”, ni el agua potable le llegan a la gente. Y para rematar, el desdén presidencial frente a la crisis hídrica resulta chocante. “La historia del IDAAN está llena de ingenieros y ahí está el desastre de institución que es”, aseguró Mulino. Entre eso y el dedo acusador contra “opinólogos y opinólogas”, el mandatario pretendió justificar la designación del nuevo director del IDAAN. Un abogado que forma parte de su círculo cero: hijo de su amiga “Chelín” González. Azuero es la expresión más severa de una crisis que ya dejó de ser regional. Cerca de cien mil panameños llevan más de un año sin acceso regular a agua potable. Expuestos a fuentes contaminadas y obligados a depender de camiones cisterna y agua embotellada para cocinar, bañarse, limpiar o mantener abiertos sus negocios. Inaceptable. En cualquier otro país del mundo esto habría desatado protestas masivas. Y después de que el propio mandatario denunciara “mano criminal” detrás de la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, los responsables —incluidos poderosos dueños de porquerizas— terminaron pagando multas irrisorias. Unas que suenan menos a justicia y más a costo operativo. Ahora la gran respuesta del gobierno es perforar pozos. Sí. El meme “Con pozo firme” no es otro mal chiste presidencial. Es el nuevo paliativo. El problema es que los pozos son vulnerables a los mismos factores de contaminación que afectan las fuentes superficiales. Por profundo que se cave, no se está llegando al fondo del problema. Panamá es el quinto país más lluvioso del planeta, con 52 cuencas y más de 500 ríos. Y aun así, 1.9 millones de panameños viven con inseguridad hídrica. La verdadera sequía en Panamá es institucional. Lo que el país necesita no son pozos, ni otro nombramiento desde el círculo cero presidencial. Ni muchos menos renuncias sin explicación y fuegos convenientemente localizados en el IDAAN. Panamá necesita un nuevo modelo de gobernanza del recurso hídrico. Una visión integral, no fragmentada. Y una despolitización total de su gestión. Porque mientras miles de panameños viven sin agua potable, hoy ex diputados y diputados siguen beneficiándose alquilando carros cisterna al IDAAN. Cuando el agua se convierte en negocios para los de siempre, la crisis deja de ser una emergencia. Se convierte en un modelo. Y ningún país supera una crisis mientras haya demasiada gente viviendo de ella. Si frente a la peor crisis hídrica del país no ha habido voluntad de tocar intereses cercanos ni de impulsar soluciones de fondo; ¿por qué creer que habrá determinación para hacerlo en el resto del país? Y es que la falta de agua ya dejó de ser el problema de comunidades rurales o de sectores alejados. Ahora golpea también zonas urbanas que durante años dieron el servicio por sentado. Betania. San Francisco. El Dorado. Los grifos vacíos, la baja presión y las protestas ya no están en la periferia. Están tocando el corazón mismo de la ciudad. Solo en la ciudad de Panamá y San Miguelito, el IDAAN pierde 38% del agua potable que procesa diariamente por roturas, fugas y daños en la red. Eso equivale a 120 millones de galones diarios. Más de mil barcos al año cruzando el Canal. Y aun así, los recursos públicos y el escaso capital político del gobierno siguen agotándose en proyectos y batallas que no tocan la vida de la inmensa mayoría de los panameños: aviones de combate, Villas Diplomáticas, etanol obligatorio. Y ahora, la próxima gran batalla no solo tendrá cosProtagonistas del caso New Business: el principal imputado, Ricardo Martinelli, el fiscal Emeldo Márquez y la jueza Baloisa Marquínez. LP New Business: así han evitado ir a la cárcel 7 de los 9 condenados Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA A casi tres años de las sentencias, siete personas, incluido Ricardo Martinelli, han evitado cumplir prisión por el caso New Business, mientras los recursos legales prolongan la ejecución de las penas. Ricardo Martinelli Berrocal no es el único condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business que ha evitado ir a prisión. En total, nueve personas fueron declaradas culpable por su participación en el desvío de fondos públicos destinados a la compra de acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en diciembre de 2010, cuando Martinelli era presidente de la República. Solo dos de los nueve condenados ha cumplido la pena de prisión, pese a que la sentencia de la juez penal Baloisa Marquínez está ejecutoriada desde el 4 de mayo de 2024. Algunos incluso han logrado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les reconozca una absolución mediante distintos recursos legales. Los únicos dos que han ingresado a un penal son Iván Arrocha Chevalier y Daniel Ochy Diez. La Prensa conoció que ambos se encuentran en El Renacer. A Janeth Vásquez, en tanto, se le reemplazó la pena de prisión por trabajo comunitario, ya que la misma era de 60 meses, el mínimo conmutable permitido por la ley. A continuación, se detalla la lista de los nueve condenados en el caso New Business y la conducta que se les atribuye. Cinco fueron declarados culpables por la juez Marquínez en 2023; tres más por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en 2024, y uno, en un juicio individual, también por Marquínez en 2025. Ricardo Martinelli Berrocal, presidente de la República 2009-2014. Condena: 128 meses de prisión y multa de $19.2 millones, equivalente al doble del beneficio económico recibido. Motivo: Dirigió y ejecutó actividades para encubrir dinero ilícito proveniente de fondos del Estado entre 2010 y 2014, con el fin de adquirir Epasa. También utilizó estos fondos para cancelar créditos de Henri Mizrachi en la Caja de Ahorros y cubrir la compra del 20% de las acciones de Epasa. Solicitó a varios colaboradores que aportaran dinero a la cuenta canasta a nombre de New Business Services Ltd., pero ninguno recibió acciones. Mizrachi era el accionista minoritario de Epasa y logró un acuerdo con la fiscalía, transfiriendo su participación accionaria al Estado. El 7 de marzo de 2024, tres días después de que quedara ejecutoriada la sentencia condenatoria de la juez Marquínez, Martinelli ingresó a la embajada de Nicaragua, a fin de evitar su ingreso a prisión. Finalmente, el 10 de mayo de 2025, se marchó a Colombia, como asilado político. Janeth Ibeth Vásquez Sanjur, directora de cobros de Condotte Panamá & Asociados, contratista del proyecto de la ciudad deportiva en Colón y David. Condena: 60 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo. Motivo: Firmó un cheque por $600,000 con fondos provenientes de delitos contra la administración pública. Alegó desconocimiento y que actuaba bajo instrucciones de su jefe directo, Iván Arrocha. Con ese dinero se pagaron obligaciones crediticias de Henri Mizrachi en la Caja de Ahorros. Iván Arturo Arrocha Chevalier, vicealcalde de la ciudad de Panamá (2004-2009) y titular del 49% de la cuota de participación en Condotte Panama & Asociados. Condena: 70 meses de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio por el mismo periodo. Motivo: Simuló un contrato de arrendamiento para dar apariencia legal a los fondos transferidos, permitiendo colocar fondos públicos en cuentas personales. Daniel Miguel Ochy Diez, accionista y beneficiario de Transcaribe Trading (TCT), contratista del ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera. Condena: 96 meses de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio por igual término. Motivo: Utilizó intermediarios para transferir grandes sumas de dinero de origen ilícito desde TCT, facilitando la adquisición de Epasa y ocultando a Martinelli como beneficiario final. Entre noviembre y diciembre de 2010, TCT aportó $4 millones, relacionados con fondos públicos entregados a TCT y Excavaciones del Istmo, S.A., que tenían sobreprecios según auditorías de la Contraloría. Valentín Martínez Vásquez, abogado de Martínez Acha y Asociados. Condena inicial: 80 meses de prisión e inhabilitación para funciones públicas, posteriormente revocada por la Sala Penal de la Corte Suprema. Motivo: Realizó gestiones y contratos ficticios para encubrir y dar apariencia legal a fondos obtenidos ilícitamente. La absolución dictada por la Sala Penal se basó en “nuevas” evidencias presentadas por sus abogados, incluida una declaración notariada de Riccardo Francolini, dentro de un recurso de revisión de sentencia. Dina Mar Ochy Diez, tesorera de TCT. Condena: 80 meses de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio. Motivo: Desvió parte de los pagos recibidos por contratos con el Estado hacia la cuenta canasta de New Business Services Ltd. Fue juzgada por separado porque cuando inició el juicio, en mayo de 2023, se encontraba prófuga. Su hermano David Ochy, extraditado en 2025, sigue detenido preventivamente. Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, de Grupo Corcione. Condena inicial: 60 meses de prisión cada uno; posteriormente absueltos por la Sala Penal de la Corte Suprema. Motivo: Desviaron $1.9 millones recibidos por la construcción del edificio de oficinas de la Asamblea Nacional hacia la cuenta canasta de New Business. Aunque inicialmente fueron absueltos, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la absolución, pero la Sala Penal volvió a absolverlos en 2025. Gonzalo Germán Gómez Wong, representante legal de Excavaciones del Istmo, S.A. Condena: 60 meses de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio. Motivo: Absuelto por la juez Marquínez en 2023, luego condenado por el Tribunal Superior en 2024 y finalmente absuelto por la Sala Penal en 2025. Su empresa recibió $27.8 millones para rehabilitar caminos en Panamá Oeste, y $2 millones de ese monto se desviaron a la cuenta canasta de New Business. No recibió acciones de Epasa. to político. También la pagaremos en agua. Tanto para el consumo humano como para el Canal: la mina de Donoso. “El futuro del agua de Panamá está en los bosques; no podemos destruirlos con la mina”, ha dicho hasta el cansancio Stanley Heckadon Moreno. Rodrigo Noriega recordó que producir una sola tonelada de cobre requiere 110 mil litros de agua dulce. Entre la mina y la advertencia de la llegada de un Niño fuerte, conviene recordar que toda situación mala es susceptible de empeorar. Porque Mulino tenía razón en campaña: hay mucha agua, pero le llega a muy poca gente. La pregunta, dos años después, es por qué, frente a la mayor prioridad nacional, el gobierno sigue gastando su atención, sus recursos y su capital político en casi cualquier cosa... menos en agua.
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