4A La Prensa Panamá, miércoles 6 de mayo de 2026 Panorama TANTEO. En Realizando Metas (RM), ya están pensando en las elecciones del próximo 1 de julio en la Asamblea. Entre los que empiezan a exteriorizar sus aspiraciones para presidir ese órgano del Estado se encuentran Dana Castañeda, Shirley Castañeda y Ronald De Gracia. ¿Alguno de ellos le ganará a Jorge Herrera? INDIFERENCIA. Mientras la fiscalía electoral realizaba una nueva visita a la alcaldía de Arraiján, la alcaldesa Stefany Peñalba compartía en Instagram un video que grabó con unos albañiles que pavimentaban una de las aceras de la comunidad. Cuesta creer que esa actividad sea más importante que atender al personal de la fiscalía. Los investigadores inspeccionaron incluso el despacho superior, pero ella nunca llegó. ¿Será que ahora sí el distrito se anima a recoger las firmas para la revocatoria o se la aguanta por tres años más? ‘OBSTÁCULO’. En su carta de renuncia como miembro de la junta directiva de la CSS —en la que ocupaba el cargo de presidente—, Ricardo Sotelo alegó diferencias “irreconciliables” con el director general Dino Mon, “constituyendo obstáculos insalvables para el buen ejercicio de mis funciones”. También señala que la junta directiva, renovada en octubre de 2024 por instrucción del presidente Mulino, es incapaz de conducir las estrategias necesarias para un desempeño eficaz. Aquí falta una explicación de por qué, durante año y medio, se ha guardado silencio sobre algo tan grave y por qué nadie ha hecho nada en todo este tiempo. ELEGIDO.Por cierto, en la junta directiva de la CSS continúa ocupando un puesto, en representación de los servidores públicos, Encuentro entre los diputados Jorge Bloise y Augusto Palacios (centro) y la rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas (izq.). Cortesía Unachi: profesores ganan más que el presidente de la República Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS Dentro de la estructura de Unachi, 249 funcionarios devengan salarios que superan los 7,000 dólares mensuales. La gestión de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, vuelve a colocarse bajo escrutinio público. Con una planilla que supera los 2,000 funcionarios entre personal académico y administrativo, el costo mensual de esa planilla asciende a 5.8 millones de dólares, una cifra que refleja el peso financiero que representa esta casa de estudios superiores para el Estado. Dentro de esa estructura, 249 funcionarios devengan salarios que superan los 7,000 dólares mensuales. La propia Medianero de Bonagas encabeza la escala con un ingreso de 12,000 dólares, una remuneración que sobrepasa la del presidente de la República, José Raúl Mulino, cuyo salario se sitúa en 7,000 dólares. Este contraste ha alimentado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y los criterios de asignación salarial en la institución. El desglose de la planilla revela, además, que 212 funcionarios perciben sueldos que oscilan entre los 5,000 y 7,000 dólares, mientras que otros 96 se ubican en el rango de 3,000 a 5,000 dólares mensuales. Estas cifras evidencian una alta concentración de salarios en los niveles medios y altos, en comparación con otras entidades públicas. En la base de la pirámide salarial se encuentra el grupo más numeroso: 1,148 funcionarios que reciben entre 1,000 y 3,000 dólares al mes. Aestossesuman309trabajadores con ingresos entre 500 y 1,000 dólares, y un reducido grupo de ocho funcionarios que perciben menos de 500 dólaresmensuales. La crisis Este martes 5 de mayo, autoridades de esa casa de estudios superiores llevaron a cabo una reunión debido a la crisis financiera que enfrenta la entidad. Para este año, la Unachi cuenta con un presupuesto de 69.2 millones de dólares para funcionamiento y 11.5 millones para inversión. No obstante, debido a su elevada planilla, el monto resulta insuficiente. De hecho, el año pasado se le asignó un presupuesto similar y, después de agosto, el Tesoro Nacional tuvo que asumir gastos de funcionamiento, como el pago de los salarios del personal académico y administrativo. Este año, la institución va por el mismo camino. Profesores que prefirieron mantener el anonimato para evitar represalias señalaron que probablemente la entidad no tendrá recursos para pagar los salarios a partir de la primera quincena de mayo. Incluso, actualmente no está pagando las cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS). Precisamente, el pasado 22 de abril, el vicerrector de la Unachi, Pedro González, informó ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que mantienen una mora con la CSS por un monto que supera los 12 millones de dólares. Medianero de Bonagas no acude a la Asamblea desde 2024, tras el cambio de Gobierno. Uno de los momentos más sensibles de la sustentación surgió al abordar la ejecución del gasto en 2025. Aunque el presupuesto asignado fue de 72 millones, el gasto ejecutado alcanzó los 91 millones. “Este desfase no es producto de un gasto excesivo, sino de obligaciones laborales legalmente adquiridas”, aclaró González, al tiempo que reveló que el Estado solo había presupuestado pagos salariales hasta mitad de año. “La Caja Única del Tesoro hizo los pagos directamente… hasta diciembre de 2025”, añadió, evidenciando una dependencia extraordinaria para cumplir con la planilla. A este panorama se suman compromisos pendientes con la seguridad social. El vicerrector advirtió que existe “un déficit por incumplimiento del Estado de aproximadamente 27.6 millones”, dentro del cual destacó una deuda de “12.4 millones en concepto de cuota obrero-patronal con la Caja de Seguro Social y 265 mil dólares con el Siacap”, obligaciones que no fueron transferidas oportunamente y que han tenido que ser cubiertas con el presupuesto de 2026. El nepotismo En medio de la crisis económica que enfrenta la universidad en la provincia de Chiriquí, también se desarrollan investigaciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por presuntos casos de nepotismo. Incluso, ya se ha recomendado la destitución de varios funcionarios. En ese contexto, la entidad anunció la sanción de 29 servidores públicos de la Unachi, tras una investigación iniciada de oficio a finales de 2024. El proceso se activó luego de la difusión de denuncias públicas y derivó en la revisión administrativa y laboral de 86 funcionarios, en un intento por verificar posibles irregularidades en la contratación y permanencia del personal. El análisis se sustentó en lo establecido en el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos, que prohíbe el nombramiento o permanencia de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad dentro de una misma entidad, especialmente si existe relación de supervisión o control. Como resultado, la Antai recomendó la destitución de 15 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, además de imponer sanciones económicas: a 12 servidores se les aplicó una multa equivalente al 50% de su salario mensual, mientras que otras dos funcionarias fueron sancionadas con el 10%. La entidad también informó que mantiene abiertas unas 40 investigaciones adicionales relacionadas con personal de la Unachi, lo que sugiere que el alcance del caso podría ampliarse en los próximos meses. De momento, la rectora no se ha pronunciado sobre estas irregularidades. Juan Manuel Díaz [email protected] Penas de prisión y juicio pendiente por amaños de partidos en el fútbol panameño FÚTBOL Dos sentencias condenatorias se han producido en los últimos dos años por el delito de amaños de partidos en el fútbol nacional; tal es el caso de la operación Garra, realizada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en la que los futbolistas Óscar McFarlane y Lilio Mena fueron sancionados con penas de 24 meses de prisión. La pena fue impuesta por un juez de garantías, luego de que McFarlane y Mena alcanzaron un acuerdo de pena de 24 meses de prisión, mientras que el otro imputado en este caso, Rolando Gumbs, enfrentará un juicio el próximo 7 de septiembre. En la investigación realizada por la Fiscalía se estableció que los investigados participaron en un esquema de amaño de partidos de fútbol que organiza la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Durante la investigación, la fiscalía pudo establecer que McFarlane era la persona que contactaba a los jugadores para ofrecerles dinero, con el objetivo de intervenir en los resultados de los partidos. Un futbolista de la LPF reveló a la fiscalía que fue contactado por McFarlane para pedirle que se dejara meter dos goles en el primer tiempo de un partido, a cambio de $10 mil. También se hicieron ofrecimientos de $1,500 y $4,500 a otros futbolistas para arreglar los partidos. La fiscalía logró tener acceso a múltiples interceptaciones de llamadas telefónicas hechas entre los jugadores en las que conversaban sobre los posibles arreglos y los montos a cobrar. La investigación se inició cuando la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) reportó en 2023 irregularidades en varios encuentros de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El técnico Gary Stempel fue una de las primeras voces en señalar públicamente los supuestos amaños de partidos en la LPF cuando se iniciaron las investigaciones en el año 2024. En esa ocasión, la LPF y la Federación Nacional de Fútbol (Fepafut) anunciaron la suspensión temporal de siete jugadores, entre ellos McFarlane, Gumbs y Mena, quienes, a la postre, fueron los únicos a los que se les hicieron cargos penales. Ahora, las autoridades del fútbol también se encuentran investigando la posible existencia de amaños de partidos a raíz de una serie de situaciones registradas en recientes encuentros. La nueva polémica surgió tras el incidente ocurrido en el minuto 90 del partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito el pasado fin de semana. En ese momento, con el marcador empatado 2-2, un jugador del Alianza lanzó un centro aparentemente controlable para el arquero del Sporting, José Calderón, sin presión ofensiva cercana. Sin embargo, Calderón no logró controlar el balón y terminó enviándolo a su propia portería, sellando la victoria 3-2 del Alianza. La acción fue registrada como autogol, lo que provocó la molestia de su compañero Gustavo Herrera, quien abandonó el terreno de juego sin que mediara un cambio oficial. Tras el encuentro, el técnico Julio Dely Valdés encendió las alertas al aludir a posibles irregularidades, mientras que la LPF emitió un comunicado en el que solicitó la apertura de una investigación formal. A la fecha, no se han realizado señalamientos concretos contra jugadores o técnicos que podrían estar involucrados. el señor Emguelbert Estrada. En diciembre pasado se conoció que Estrada era investigado por presunto peculado agravado (en un caso que no guarda relación con la CSS). Además, figura en la planilla administrativa de Unachi como “coordinador de la comunicación institucional”. En todo el sector público hay 248,189 trabajadores. ¿En serio no había nadie más apto para representarlos en la CSS? Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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