9A La Prensa Panamá, lunes 6 de abril de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. de sus títulos de propiedad. Ellos se involucraron en todo el proceso de titulación impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La respuesta que reciben es desalentadora: sus registros no aparecen en la base de datos. Ambas realidades están distantes geográficamente, pero conectadas por lo mismo: un modelo de participación que se presenta como inclusivo, pero falla en algo básico: escuchar, incorporar y coordinar entre instituciones. En un caso, se otorga un permiso ignorando una ley ambiental y se menciona una consulta ciudadana que, según el Centro de Incidencia Ambiental, nunca se realizó —y la justicia le dio la razón—. En el otro, se promete seguridad jurídica, pero los registros desaparecen en la burocracia. Tanto los ciudadanos de Río Pacora como los campesinos de Río Indio pusieron trabajo, esfuerzos y recursos para implicarse en las soluciones para sus comunidades. Unos impulsaron espacios de formaLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. En democracia, la fortaleza de las instituciones va más allá de sus líderes Defensoría del Pueblo más lo haga con honestidad, entereza, capacidad absoluta y entrega devocional, no es un Estado de derecho, sino un Estado de voluntades. Incluso en el supuesto de que contemos con el mejor servidor público posible, el problema persiste si se mira la cuestión a la inversa. ¿De qué sirve tener a la persona más preparada, con conocimiento, capacidad y voluntad, si la infraestructura institucional no le permite ejercer sus funciones? Ya sea porque la institución es frágil desde sus cimientos o porque a ningún poder real le conviene que funcione de verdad, y por eso no le dan las herramientas ni el presupuesto necesarios para operar. Pero volvamos a la Defensoría. No pretendo calificar la formación de los postulantes ni soy quién para opinar sobre su “solvencia” moral. Lo cierto es que Panamá ha tenido defensores con toda la formación en derechos humanos, administración pública y derecho constitucional, cuyo conocimiento pocos podrían poner en duda, así como también ha tenido defensores cuya área de experticia no era precisamente la de los derechos humanos. ¿El resultado? En ambos casos, la institución siguió siendo lo que su diseño le permitió ser. Ni más ni menos. Por eso, la pregunta que importa no es quién llega, sino qué encuenAlexis Martínez Scigliani Democracia desde la base: el desafío de escuchar a Panamá Participación ciudadana Son las 4:00 de la mañana. La señora Ana sale de su casa en el corregimiento de San Martín, en Panamá Este, rumbo al Ministerio de Comercio. Va en busca de información sobre un permiso de extracción de arena: en su comunidad una empresa la está sacando de sus cerros, aunque está prohibido por ley: es área protegida. Al llegar recibe una respuesta desconcertante: la concesión cuenta con todos los permisos y, según la institución, ha sido avalada mediante participación local. Ana advierte que se trata de una reserva hidrológica y la norma suspendió este tipo de proyectos. La funcionaria es breve y reiterativa: no sabe de eso, las consultas ya fueron realizadas, la concesión no puede ser revertida. En las narrativas oficiales se sostiene que la participación es la base de la democracia. La frase parece obvia: si la democracia es el gobierno del pueblo, entonces el pueblo debe participar. Sin embargo, ¿dónde y cómo participa realmente? En otro punto del país, un grupo de campesinos de Río Indio acude a la Oficina Operativa de Adjudicación en busca ción para que las instituciones comprendan la ley que protege su cuenca; otros organizaron asambleas comunitarias. Viajes, llamados, reuniones. ¿De qué sirvió? La participación suena linda como proclama, pero falla en la práctica. No solo expone a los ciudadanos a la indiferencia institucional: los estanca. Pueden pasar años sin acceso a agua potable, salud o seguridad sobre su tierra, aun después de trámites y reclamos. Terminan haciendo el trabajo del Estado: explicar la ley, insistir para ser escuchados y empujar procesos que las instituciones deberían garantizar. Desde la experiencia del trabajo comunitario, la participación solo funciona cuando hay escucha, comprensión de los tiempos locales y respuestas sostenidas. La democracia no se juega solo en oficinas. Se juega en la vida cotidiana: en vecinos que se organizan por el agua, en comunidades que defienden sus ríos. Cuando los acuerdos generados por esos procesos no se sostienen, la desconfianza crece. Una distancia que no es solo política; es también social y cultural. En ese contexto, propuestas que buscan limitar la protesta social o regular la manifestación pública son percibidas como intentos de silenciar el descontento. La paradoja es evidente: no son escuchados, no pueden peticionar y mucho menos protestar. Aunque los escándalos más graves nunca provengan de sus territorios, hay quienes catalogan de “vándalos” a quienes marchan. El desafío para que la democracia subOpinión EL AUTOR es animador comunitario. Produjo esta columna en el Programa de Escritura “Pensar Panamá / Narrar la Democracia”, de Concolón y la Embajada del Reino Unido en Panamá. LA AUTORA forma parte de la Fundación Libertad. tra cuando llega: el recurso humano, las herramientas legales y presupuestarias, y los medios reales para tutelar los derechos fundamentales de la población. La Ley 504 de 18 de diciembre de 2025, que subroga la antigua Ley 7 de 1997, rediseñó la Defensoría. Estableció una autonomía funcional, administrativa y financiera que impide, al menos en el texto, que la institución reciba instrucciones de alguna autoridad, órgano del Estado o persona. Creó una Carrera Defensorial basada en méritos, con la obligación de elaborar manuales de clasificación de puestos y, entre otras reformas, amplió las atribuciones para investigar, denunciar, mediar y actuar de oficio. A pesar de ello, la pregunta sigue en pie: ¿esa autonomía financiera es real? ¿La Carrera Defensorial operará con transparencia o será otro mecanismo para disfrazar nombramientos políticos de meritocracia? ¿Los manuales de clasificación de puestos se elaboraEn torno a la elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, las redes sociales se llenan de pronósticos. ¿Quién será? Esa es la pregunta que domina la conversación pública. Rara vez alguien pregunta: ¿con qué herramientas contará la persona elegida para hacer su trabajo? Esta costumbre de centrarnos en el “quién” y no en el “cómo” o en el “con qué” revela una creencia profundamente arraigada: que la calidad y la eficacia de una institución dependen de la persona que la encabeza. Si llega alguien capaz, funciona. Y, si no, fracasa. Es un pensamiento cómodo, porque reduce el margen de análisis del Estado: ya no se trata de un tema estructural, que requiere pensamiento avanzado y políticas de Estado, sino de un problema de entrevistas y “castings”. Sin embargo, esta forma de administrar el Estado está destinada a la fragilidad. Un Estado que depende de que un individuo haga su trabajo, y que adeEntre permisos cuestionados y trámites perdidos, comunidades denuncian un modelo de participación que no escucha ni incorpora sus demandas en decisiones que impactan su vida cotidiana. Alberto Agrazal El debate sobre la Defensoría del Pueblo revela una falla estructural: se discuten nombres, pero no las condiciones reales que determinan el funcionamiento de las instituciones. rán con rigor técnico o se archivarán junto con tantas otras buenas intenciones legislativas? Una ley bien escrita es, cuando mucho, el primer paso. En una democracia que aspire a ser participativa, y no meramente representativa, es la sociedad la que tiene que exigir no solo que la institución funcione, sino que lo haga con los más altos estándares de excelencia. De lo contrario, la Defensoría se quedará en el papel: una aspiración pendiente más dentro de esa lista de obligaciones incumplidas del Estado. Por lo pronto, tenemos que trabajar en nuestra constante tendencia a buscar mesías. Seguimos esperando que un nombre, el correcto, el brillante, el salvador, resuelva lo que solo puede resolver una estructura que funcione con independencia de quien la encabece. Una democracia madura no necesita héroes en cada despacho. Panamá tiene pendiente ese tránsito: pasar de la cultura del caudillo institucional a la del diseño institucional. Y, para eso, hace falta algo más difícil que elegir bien a una persona: hace falta exigir que los mecanismos se activen, que el presupuesto sea real y que la autonomía no sea nominal. sista es reconstruir el vínculo entre el Estado y las comunidades. La participación no se decreta: se construye con presencia, escucha y decisiones sostenidas. La democracia desde la base no es un ideal romántico. Es una necesidad práctica en un país donde amplios sectores no tienen voz y la frustración se acumula. Panamá, con toda su riqueza y diversidad, tiene una oportunidad histórica: demostrar que el desarrollo va de la mano de su gente. Eso exige algo fundamental: escuchar. Como dicen en Río Indio: “Millones para qué, si el pueblo no los ve”. No los ve Ana, cuando se permiten actividades que afectan los acueductos. No los ven las comunidades campesinas, cuando los planes ignoran su forma de vida. Cuando la participación no nace desde abajo —desde necesidades concretas y organización comunitaria—, la democracia deja de ser promesa y se vuelve frustración. Y en esa frustración aparece otra posibilidad: construir un país donde las decisiones no se anuncian desde arriba, sino que se toman con la gente. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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