1A La Prensa Panamá, lunes 6 de abril de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 6 de abril de 2026 - Año 45 - Nº 15343 Hoy por hoy Nueve años después del caso Blue Apple, donde empresarios admitieron el pago de coimas a cambio de contratos públicos, las empresas involucradas no solo siguen operando, sino que continúan acumulando millones de dólres en obras estatales. En paralelo, en el ámbito político, figuras vinculadas a la llamada descentralización paralela han consolidado su ascenso dentro del Partido Revolucionario Democrático sin rendir cuentas por el manejo de fondos públicos durante la administración de Laurentino Cortizo. Mientras alcaldes y representantes enfrentan procesos judiciales por estos hechos, otros actores clave avanzan sin mayores obstáculos en la estructura partidaria o en el negocio con el Estado. Ambos casos reflejan una misma falla estructural: la normalización de la impunidad, tanto en el plano económico como político. El problema radica en un sistema que tolera, legitima y reproduce el poder y los contratos pese a antecedentes de corrupción o malos manejos. Prensa.com Escanee el QR y vea la entrevista a Tomás Mendizábal Cine, cultura, gastronomía: calendario de eventos de abril 8B Ellas.pa Panorama Ulloa advierte que la violencia penetra todos los espacios 8A Economía Teleférico: nueva fecha para entregar propuestas 2B Caso Blue Apple: el escándalo que no inhabilitó a ningún contratista confeso Nueve años después de las confesiones en Blue Apple, empresas como Meco, Bagatrac, Rodsa e Ingeniería REC, siguen acumulando contratos millonarios con el Estado. Algunos altos ejecutivos, incluso, pasean banderas en festividades populares. VEA 2A Defensoría: pugna por intento de filtrar candidatos Eliana Morales Gil [email protected] La elección del Defensor del Pueblo ha desatado una disputa interna en la Asamblea Nacional sobre el alcance del rol de la Comisión de Gobierno. Mientras el presidente de NOMBRAMIENTO Diputados discrepan sobre si la Comisión de Gobierno debe enviar uno, varios o la lista completa de aspirantes. la comisión, Luis Eduardo Camacho, sostiene que puede remitir desde un solo candidato hasta la lista completa de aspirantes, otros diputados rechazan cualquier tipo de preselección. Y es que definir cuántos nombres llegan al pleno implica determinar quién controla la decisión final de los 71 diputados. Algunos sectores, como el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, advierten que una lista reducida limitaría la capacidad de elección del pleno, mientras que una lista amplia trasladaría esa responsabilidad a todos los diputados, en un proceso más abierto y transparente. VEA 4A Gimnasia artística Hillary Heron, medalla de plata en Copa del Mundo EFE PRD premia a operadores de la descentralización paralela La cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD), liderada por Balbina Herrera y Benicio Ronson, designó a Edward Mosley Ibarra y Francisco Vigil en cargos nacionales, pese a su rol en la descentralización paralela durante el goNUEVOS CARGOS Ampliación del aeropuerto de Isla Colón sube a $15 millones La Autoridad Aeronáutica Civil elevó a $15 millones el proyecto de ampliación del aeropuerto de Isla Colón, en Bocas del Toro, que incluye mejoras en seguridad, pista, terminal, accesos y conectividad aérea, ante el aumento sostenido del tráfico de pasajeros. VEA 1B Wilfredo Jordán En seis meses, tres hechos con saldo de cinco muertos y 39 heridos han reactivado el debate sobre la seguridad del transporte en Panamá Este, donde operan los llamados “diablos verdes”. El caso más dramático ocurrió el pasado 5 de marzo en Juan Díaz, cuando un bus atropelló a dos trabajadoras de aseo que cruzaban por un paso de cebra; una de ellas falleció. El servicio lo presta la cooperativa San Cristóbal de Chepo, intervenida por el Ipacoop. Aunque las unidades estaban en regla, persisten fallas en fiscalización, control y modernización. El problema recuerda los riesgos que llevaron a reemplazar los “diablos rojos”. VEA 8A TRANSPORTE PÚBLICO Cinco muertos en seis meses: la nueva pesadilla sobre ruedas tiene otro color bierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). Mientras otros implicados enfrentan procesos, ambos consolidan su ascenso político sin investigaciones conocidas ni sanciones, en medio de cuestionamientos sobre el manejo de millones transferidos a gobiernos locales. VEA 5A La gimnasta panameña Hillary Heron, de 22 años de edad, conquistó ayer una medalla de plata en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, disputada en El Cairo, Egipto, consolidándose entre la élite del salto y reafirmando el crecimiento de Panamá en esta disciplina, tras una actuación destacada que la proyecta hacia nuevos logros internacionales.. VEA 10A
2A La Prensa Panamá, lunes 6 de abril de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Los empresarios, de izquierda a derecha, Carlos Cerdas (Constructora Meco), Alberto Jurado (Bagatrac), Juan Alexis Rodríguez (Constructora Rodsa) y Eduardo Di Bello (Ingeniería REC), admitieron ante la fiscalía el pago de millones de dólares en sobornos en el caso Blue Apple, durante la administración de Ricardo Martinelli. LP Confesaron coimas en Blue Apple; 9 años después acumulan millones en contratos Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Empresas como Meco, Bagatrac, Rodsa e Ingeniería REC, cuyos directivos admitieron sobornos en Blue Apple, siguen contratando con el Estado pese a acuerdos de colaboración eficaz. Nueve años después de admitir pagos ilícitos en el caso Blue Apple, constructoras como Meco, Bagatrac, Rodsa e Ingeniería REC siguen contratando con el Estado y acumulan millones de dólares, ya sea mediante licitaciones o a través de contrataciones directas por estado de emergencia, especialmente en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La costarricense Constructora Meco ejecuta la ampliación del Corredor de las Playas, un proyecto de $228.4 millones. Este monto concentra buena parte de las adjudicaciones registradas en los primeros meses de 2026. En 2025, la empresa también figuró entre las favorecidas con 17 contratos directos otorgados en apenas dos días —11 y 12 de febrero— por $10.6 millones, bajo la figura de emergencia ambiental, para la rehabilitación de caminos y la construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé. El vínculo de Meco con Blue Apple no es insignificante. Su dueño y apoderado, el costarricense Carlos Cerdas, admitió a la fiscalía anticorrupción haber pagado unos $9.4 millones en sobornos, a cambio de agilizar trámites y desembolsos por avance de obra, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Los pagos se hacían a través de una sociedad canasta denominada Blue Apple Services, Inc., y correspondían a un porcentaje que oscilaba entre el 5% y el 10% del valor bruto de sus contratos con el MOP, en concepto de “ayuda política”. Carlos Cerdas suscribió en 2017 un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción que, entre otros beneficios, contempló la no imputación de cargos en su contra. No fue su único caso judicial. El empresario fue detenido en 2021 en el marco del caso “Cochinilla”, una investigación por presuntos sobornos en contratos de obras públicas en Costa Rica. Por este caso, debió pagar una fianza cercana a los $5 millones para evitar la prisión preventiva y se le impuso el uso de un brazalete electrónico como medida cautelar. El proceso penal en ese país aún no concluye y se mantiene en trámite, en contraste con Panamá, donde la empresa que dirige continúa ejecutando contratos públicos millonarios. Contratos, poder y rumba El esquema se repitió con otras empresas. Bagatrac acumuló $42.8 millones en 14 contratos con el MOP en 2025, de los cuales $8.9 millones fueron adjudicados de forma directa invocando emergencia ambiental. Su presidente, Alberto Jurado, al igual que Cerdas, confesó el pago de coimas por casi $3 millones en Blue Apple. Al igual que Cerdas, Jurado suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía, lo que le permitió acceder a beneficios procesales a cambio de aportar información sobre el esquema. A pesar de estos antecedentes, ha sido electo en dos ocasiones consecutivas — desde 2019— como representante de corregimiento de Tijeras, en el distrito de Boquerón, Chiriquí, por la libre postulación. La dualidad entre su rol político y empresarial, sumada a su confesión de pago de coimas, no ha limitado su acceso a contratos públicos. Durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), Bagatrac acumuló más de $219 millones entre 2021 y 2023, según un informe del MOP. Varias de las órdenes de proceder de estos contratos fueron entregadas personalmente por Cortizo. Una investigación de este medio reveló, además, que Bagatrac fue donante de la campaña presidencial de Cortizo por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), en 2019. El Código Electoral vigente al momento de las elecciones de 2019 no prohibía que empresas contratistas del Estado realizaran donaciones a campañas políticas. La normativa permitía estos aportes siempre que fueran reportados al Tribunal Electoral, lo que abría la puerta a que compañías con contratos públicos financiaran candidaturas. En la actual administración de José Raúl Mulino, en noviembre de 2024, el MOP solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación para traslados de partida por unos $24 millones a favor de Bagatrac. En esas mismas fechas también pidió el aval para pagar $37 millones a Constructora Meco. El pasado 19 de marzo, Jurado —a quien todos llaman “Beto Bagatrac”— fue abanderado en la cabalgata en honor de San José, en Chiriquí. Como buen abanderado de la festividad, hizo un despliegue de fuegos artificiales, se trepó en una tarima y, al son de música típica, bailó junto a la cantante Sandra Sandoval. Jurado también figura en varias sociedades anónimas junto a la alcaldesa de Boquerón, Jesenka Espinosa Ríos, quien confirmó en su hoja de vida haber sido gerente general de Bagatrac entre 2007 y 2019. Contratos bajo excepción En la misma línea de contrataciones directas aparece Constructora Rodsa. En noviembre pasado recibió un contrato del MOP por más de $12 millones, invocando el estado de emergencia ambiental, para la ampliación del cauce del río Tonosí, en Los Santos. En enero de este año se firmó el acta final de aceptación de los trabajos. Bajo ese mismo mecanismo, un mes antes se le adjudicó otro contrato por cerca de $260 mil por parte del Ministerio de Ambiente, para el mantenimiento y operación del vertedero de Macaracas, también en Los Santos. Rodsa también fue favorecida con unos $7 millones en traslados de partida solicitados por el MOP en noviembre de 2024. Durante la administración de Cortizo, la empresa acumuló más de $118.1 millones en asocio con Ingeniería y Remodelaciones Civiles. El presidente de Rodsa, Juan Alexis Rodríguez, confesó haber realizado pagos a funcionarios del MOP en concepto de “ayuda política” en el caso Blue Apple. No obstante, Rodríguez contó en la fiscalía que a él, en lugar de exigirle pagos por el 5% del valor de sus contratos, le pidieron entre el 8% y el 10%. Según consta en la investigación, los movimientos efectuados de las cuentas de Blue Apple Services Inc. en tres bancos reflejan que esta sociedad recibió $39.6 millones, en su mayoría correspondientes a desembolsos emitidos por Rodsa y Meco. Rodríguez también alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz, lo que derivó en el archivo de la causa en su contra bajo la figura de “ruptura procesal”. A cambio, proporcionó información que permitió identificar a otras empresas vinculadas al entramado, según consta en la vista fiscal del caso. Pese a que los principales contratistas implicados — Meco, Bagatrac y Rodsa— admitieron haber pagado millones de dólares en sobornos dentro del esquema, no existe un registro público detallado que permita conocer cuánto devolvió cada empresa al Estado de manera individual. Las autoridades han informado la recuperación global de al menos $20 millones en efectivo y $5 millones en bienes. Más beneficiados Otra firma que admitió pagos en Blue Apple es Ingeniería REC, que recientemente obtuvo un contrato por $14.8 millones —por encima del precio de referencia— con la Autoridad Nacional de Aduanas para la construcción de un centro de control de frontera en Guabito, Bocas del Toro. Su representante legal, Eduardo Di Bello, admitió a la fiscalía haber realizado pagos vinculados al esquema. La investigación detectó un cheque por más de $805 mil hacia la estructura financiera y, como parte de un acuerdo, devolvió $1.3 millones al Estado. En la pasada administración, la empresa obtuvo, además, un contrato por más de $152 millones en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Por el caso Blue Apple, la juez penal Baloisa Marquínez dictó sentencia condenatoria en noviembre de 2023 contra siete personas, incluyendo al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y al expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini. La sentencia de la juez Marquínez fue confirmada en 2024 por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Sin embargo, la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y el Código Penal no establecen una inhabilitación automática para empresas vinculadas a actos de corrupción, lo que ha permitido que aquellas cuyos directivos han confesado continúen contratando con el Estado. A pesar de que en los últimos años se han presentado iniciativas legislativas para prohibir esta práctica —incluyendo propuestas de inhabilitación permanente—, estas no han prosperado o permanecen estancadas en la Asamblea Nacional. Mulino anunció en diciembre pasado que en enero presentaría una reforma profunda a la Ley de Contrataciones Públicas —a la que calificó como un “desastre” que genera corrupción—, hasta la fecha no se ha presentado un anteproyecto de ley ante la Asamblea. El propio mandatario indicó que la propuesta sería llevada primero al Consejo de Gabinete y posteriormente al Legislativo, pero por ahora el tema no ha sido abordado formalmente. Dos personas fallecieron en distintos incidentes registrados en el país, en medio de una alta movilización hacia el interior por la Semana Santa 2026, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). De acuerdo con el informe preeliminar, una de las víctimas murió en un accidente de tránsito en David, provincia de Chiriquí, mientras que la otra se registró por presunta inmersión en el río Indio, en Coclé. A su vez, aseguraron que aún se mantiene la búsqueda de un ciudadano francés de 70 años, desaparecido tras ingresar al mar en horas de la mañana del sábado 4 de abril, en el distrito de Soná, proDos fallecidos durante Semana Santa; más de 5 mil personas visitaron las playas BALANCE vincia de Veraguas, específicamente en el área de Santa Catalina y playa El Estero. El último reporte, en la tarde de ayer, detallaba que, se habían contabilizado 43,099 desplazamientos de personas, así como la presencia de 5,520 baYasser Yáñez García [email protected] Miles de personas visitaron las playas del país. LP UI UNIDAD INVESTIGATIVA ñistas en playas a nivel nacional. Además, se realizaron 516 acciones de verificación en zonas costeras, donde se mantienen operativos de prevención, vigilancia y rescate acuático. En materia de salud, el Ministerio de Salud reportó 7,991 atenciones, de las cuales 567 corresponden a traumas. También se contabilizaron 30 accidentes vehiculares, seis defunciones en total y 407 traslados hospitalarios.
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4A La Prensa Panamá, lunes 6 de abril de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DESMEMORIADOS. Una conveniente amnesia contagió a la Comisión de Gobierno de la Asamblea cuando entrevistaba a la exmagistrada Ángela Russo con motivo de la elección del defensor del Pueblo. Ninguno de los honorables recordó que su colega Arquesio Arias quedó libre como una paloma después de que los magistrados de la Corte Suprema lo declararan no culpable de cometer cuatro delitos sexuales contra dos mujeres (una de ellas menor de edad) en el año 2021. No obstante, por uno de esos delitos (el de actos libidinosos), cinco magistrados consideraron que Arias sí era responsable; los otros cuatro no estuvieron de acuerdo. Como el Código Procesal Penal dicta que la sentencia contra un diputado debe contar con una mayoría de dos terceras partes (6 votos de un total de 9), Arias se salvó. Uno de esos cuatro magistrados que lo liberaron fue nada menos que Russo. Un antecedente como ese debió ser suficiente para descalificar a cualquier aspirante a la Defensoría. PASO FIRME. Como todo el mundo se ha dado cuenta, la entrega de las placas vehiculares ha tenido un enorme retraso. Pero estas no son unas placas cualquiera; son las primeras que incluyen un mensaje político del gobierno y da la casualidad de que van a circular por cinco años. Es decir, que con la demora el gobierno se ha asegurado que, con el dinero de los contribuyentes, su mensaje será visible un par de años después del fin de esta administración. Qué barato es hacer política para algunos… OLA. El alcalde Mayer Mizrachi presentó una propuesta para que Playa Prieta, en San Felipe, sea conocida ahora con el nombre de Playa Las Garzas. Si ya en el Palacio de las Garzas no quedan de esas aves, ¿por qué no le ponen el nombre de algo que sí hay, como gallotes? TRAIDOR. Parece que el loco estuvo viendo las transmisiones de la Semana Santa Luis Eduardo Camacho preside la Comisión de Gobierno. Archivo Elección del Defensor del Pueblo: entre la lista completa o el filtro político Eliana Morales Gil [email protected] LEGISLATIVO La Asamblea enfrenta una división interna entre quienes exigen que los 35 candidatos lleguen al pleno y quienes plantean un filtro previo desde la comisión. La elección del Defensor del Pueblo para el período 2026-2031 llegará al pleno de la Asamblea Nacional envuelta en una disputa estratégica: ¿cuántos candidatos debe presentar la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales: uno, cinco o los 35 que aplicaron? El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido oficialista Realizando Metas (RM), y presidente de esa comisión, anunció que este lunes se reunirán para definir el destino del proceso. Su argumento: todos los que están en la lista cumplen con los requisitos que exige la Constitución, por lo que la comisión podría enviar al pleno desde un solo nombre hasta la lista completa. De los 35 que presentaron papeles uno declinó y tres no se presentaron a la entrevista, pero eso, según Camacho, eso no los excluye automáticamente. Quien controla el filtro, controla la elección Sin embargo, en el ajedrez legislativo, la matemática es simple: quien controla cuántos nombres llegan al pleno, controla el resultado. Si la comisión, integrada por nueve comisionados, decide presentar un solo candidato o una terna reducida, los 71 diputados se verán obligados a votar únicamente por los nombres que Camacho y su equipo decidieron seleccionar. Si, por el contrario, se remite la lista completa, el pleno elegirá sin un filtro previo. La línea del oficialismo ya está trazada. El partido Realizando Metas anunció públicamente su respaldo a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo. “El partido RM apoya la elección de la licenciada Ángela Russo y, por tanto, instruye a su bancada a votar por ella”, publicó el colectivo liderado por el expresidente Ricardo Martinelli en su cuenta de X. No obstante, hay algunas reservas. “Bueno, ellos deciden como directiva, pero nosotros acá en la bancada somos autónomos”, advirtió el diputado Alaín Cedeño. Pero el político también elogió el perfil de Russo: “veo a la magistrada Russo como una persona que ya tiene un 50 % de experiencia para manejar ese tema. Yo no he visto qué capacidad tienen los otros 30 aspirantes”. En tanto, en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), se baraja la posibilidad de intentar la reelección de Eduardo Leblanc. No es raro teniendo en cuenta que Leblanc fue nombrado en ese puesto por una Asamblea controlada por el PRD. El choque de interpretaciones La postura de Camacho (filtrar candidatos) choca frontalmente con la del diputado Ernesto Cedeño (Movimiento Otro Camino), integrante de la bancada Seguimos, quien rechaza cualquier intento de preselección. “No vengan con eso, a mí no me van a preseleccionar candidatos a la Defensoría del Pueblo”, sentenció Cedeño durante el último periodo de incidencias. Argumentó que si los 35 aspirantes cumplen con la ley, los 35 deben ser sometidos a la votación del pleno. El peso de las normas El marco legal que rige la elección del Defensor del Pueblo tiene una compleja dualidad. Por un lado, el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea establece en su artículo 211 que cualquier diputado puede proponer un candidato y que la elección se decide por mayoría absoluta tras las exposiciones. Sin embargo, el mismo artículo señala que la elección del Defensor se rige por su propia ley especial. Aquí es donde entra la Ley 504 de 2025, una norma reformada el año pasado y que el propio Camacho impulsó. Se trata de la misma ley que le abrió la puerta de reelección a Leblanc. La derogada Ley 7 de 1997 decía que el defensor podría ser reelegido una sola vez. La Ley 507 no limita la reelección. Por su parte, el artículo 129 de la Constitución establece que el Defensor del Pueblo es nombrado por el Órgano Legislativo para un período de cinco años. El artículo 130 fija los requisitos: ser panameño por nacimiento, estar en pleno goce de derechos civiles y políticos, tener al menos 35 años, no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más, tener solvencia moral y prestigio reconocido, y no tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el presidente de la República, miembros del Consejo de Gabinete, magistrados de la Corte Suprema ni diputados. La Carta Magna no detalla quién filtra ni cuántos candidatos llegan al pleno. Reyna Katiuska Hernández [email protected] Juan Arias y Aurelio Barría Pino. Archivo Cámara de Comercio insistirá en lograr una reforma educativa en Panamá BALANCE El presidente saliente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, aseguró que el gremio empresarial seguirá insistiendo en la necesidad de una reforma educativa, al considerar que este tema fue el punto en común en todas las regiones del país durante su gestión. “En cada conversación que sostuvimos en estos dos años —sin excepción— había un punto en común: la educación”, expresó. Arias destacó que actualmente Panamá cuenta con cerca de 900 mil estudiantes en el sistema educativo, por lo que advirtió sobre la urgencia de mejorar su formación. “Si no los preparamos bien, todo lo demás se queda corto”, afirmó, al subrayar la importancia de impulsar cambios estructurales en el sistema educativo. El dirigente gremial indicó que la Cámara de Comercio continuará participando activamente en este tema, promoviendo espacios de diálogo y aportando propuestas. “Ahí vamos a seguir presentes acercando puntos de vista por una reforma educativa en favor del futuro de los panameños”, sostuvo en su mensaje de despedida. En su balance de gestión, Arias repasó los principales temas abordados durante su presidencia y reiteró el compromiso del sector privado con el desarrollo del país. “Panamá lo tiene todo: ubicación, talento y gente que no se rinde. Lo que necesitamos es seguir haciendo lo correcto”, resaltó. Arias destacó el crecimiento y alcance del gremio empresarial, que sumó 480 nuevos miembros para superar las 1,800 empresas de 15 sectores económicos. Además, resaltó la firma de una treintena de acuerdos de cooperación con cámaras e instituciones nacionales e internacionales, así como los resultados de las ferias de 2026, que reunieron a más de 800 empresas de más de 30 países, generaron más de 19 mil contactos de negocio y oportunidades valoradas en más de 165 millones de dólares. También mencionó las misiones comerciales a Brasil, Corea y Japón como parte de la estrategia de internacionalización del país. “Me voy tranquilo, con la camisa de Panamá bien puesta… Porque al final, hay algo que no cambia: la patria siempre, siempre, va primero”, concluyó Arias al despedirse de la presidencia del gremio que ahora será presidida por Aurelio Barría Pino. en el Casco Antiguo, porque precisamente ahora que salió el anda de la Última Cena, publicó en redes sociales el siguiente mensaje: “Una noche como hoy, Judas, con un beso (símbolo de lealtad), entregó a Jesús”, acompañado de un video en el que era abrazado por alguien que, por la espalda, se parecía a José Raúl Mulino. ¿De qué traición habla el loco? Ojalá que encuentre un círculo de lectura de la Biblia en Bogotá, para que aprenda a echar el cuento completo. Ernesto Cedeño LP
5A La Prensa Panamá, lunes 6 de abril de 2026 Panorama Edward Mosley Ibarra y Francisco Vigil. LP Cúpula del PRD nombra a Mosley y Vigil como secretarios clave Eliana Morales Gil [email protected] GESTIÓN PÚBLICA Mientras alcaldes y representantes vinculados a la descentralización paralela enfrentan procesos penales o están presos, Edward Mosley Ibarra y Francisco Vigil se consolidan en la estructura del PRD. Edward Mosley Ibarra y Francisco Vigil, quienes se desempeñaron como jefes de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), no solo no han rendido cuentas por su rol protagónico en el escándalo de la denominada descentralización paralela, sino que hoy tienen una activa y ascendente vida política dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Mientras docenas de alcaldes y representantes de corregimiento vinculados a la trama de corrupción enfrentan procesos penales o están detrás de las rejas, estos dos exfuncionarios se consolidan en la estructura del PRD. El sello y las firmas El Comité Ejecutivo Nacional del PRD designó a Mosley Ibarra como Secretario Nacional de Organización y ratificó a Vigil como Secretario de Asuntos Comunitarios. La decisión consta en una resolución publicada en el Boletín Electoral número 6,002 del 30 de marzo de 2026, que lleva las firmas del diputado Benicio Robinson, presidente del partido, así como de José Luis Fábrega, primer vicepresidente; Jesenka Espinosa Ríos, segunda vicepresidenta; Balbina Herrera Araúz, secretaria general; y los seis subsecretarios generales: Raphael Buchanan, Carlos Pérez Herrera, Raúl Pineda Vergara, Ricardo Torres Díaz, Julio Mendoza González y Arquesio Arias Félix. El Consejo Directivo Nacional ratificó la decisión el pasado 5 de marzo mediante la Resolución N°001-CDNPRD, con la firma adicional de decenas de presidentes de área de todo el país, desde Bocas del Toro hasta las comarcas indígenas. El PRD completo firmó. El historial que el partido ignora Edward Mosley Ibarra hoy es un empresario turístico y avícola en Veraguas. Francisco Vigil da clases en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Ibarra, ahora al frente de la Secretaría Nacional de Organización, fue director de la AND cuando el escándalo estalló con toda su magnitud. Al menos $320 millones fueron transferidos a gobiernos locales controlados por diputados del PRD y sus aliados, sin control. Cuando en 2023 la Procuraduría de la Administración inició una investigación sobre el asunto, Ibarra presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia y logró frenar la pesquisa. La AND contrató los servicios del abogado Ángel Álvarez para representarlo en la Corte. El costo, según Panamá Compra: $190 mil. Ibarra nunca explicó con qué criterios se asignaban millones a gobiernos locales del PRD vinculados a Robinson, Pineda o Jairo Bolota Salazar. Las juntas comunales de Bocas del Toro, por ejemplo, recibieron $28.9 millones. Vigil, actual secretario de Asuntos Comunitarios del PRD, dirigió la AND entre junio y agosto de 2021. En su administración se ejecutaron las primeras transferencias a los fortines del entonces partido de gobierno. Mientras controlaba la Autoridad de Descentralización, cargo en el que ganaba al menos $6,000, paralelamente recibía otros $4,748 como docente de la estatal Universidad Autónoma de Chiriquí. ¿Fuero? Son autoridades de un partido político legalmente constituido, ¿Los ampara el fuero electoral penal? Es una de las preguntas que podría surgir. El artículo 305 del Código Electoral establece que los secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos no pueden ser investigados, detenidos ni procesados sin autorización previa de los juzgados administrativos electorales. Pero el abogado Javier Ordinola descarta ese argumento con dos premisas. La primera: el fuero aplica mientras la persona es candidata a un puesto, ya sea de elección popular o interno del partido. Cuando se produce la proclamación o designación, el fuero desaparece. El boletín del Tribunal Electoral no es otra cosa que el anuncio oficial de quiénes ocupan esos cargos. La segunda: los secretarios nacionales del PRD no forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, que es el organismo donde residen los cargos de secretario general y subsecretarios generales que menciona el Código Electoral. Son figuras auxiliares del CEN, de menor jerarquía, según el propio estatuto del partido. “Habría que ver si ellos encajan dentro de ese concepto”, dice Ordinola, “y eso solamente se sabrá si hay algún proceso en donde estén investigando a estas personas y ellos vayan a aducir que tienen fuero”. ¿Son procesados? Por lo pronto, se desconoce si el Ministerio Público investiga a los dos exdirectores de la Autoridad de Descentralización que manejaron el flujo de millones hacia los bastiones electorales del PRD durante el gobierno de Cortizo. Lo que sí es público y oficial es que el partido al que sirvieron les devolvió el favor con cargos de dirección nacional. La justicia no se ha pronunciado, pero el PRD sí.
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8A La Prensa Panamá, lunes 6 de abril de 2026 Panorama Los buses, operados por una cooperativa que ha sido intervenida por Ipacoop, tienen fallas técnicas que en algunos casos producen contaminación del aire. Al lado, el accidente en el puente de Pacora Los ‘diablos verdes’ y el regreso de un pasado que ya cobró vidas Yaritza Mojica [email protected] TRANSPORTE PÚBLICO Tres hechos en seis meses, con cinco fallecidos, reavivan el debate sobre la seguridad del transporte colectivo en Panamá Este y la persistencia de buses tipo “diablos verdes”. En seis meses, tres hechos con saldo de cinco fallecidos y 39 heridos han vuelto a poner bajo la lupa la seguridad del transporte colectivo en Panamá Este, donde aún operan buses conocidos como “diablos verdes”. Los casos, ocurridos entre octubre de 2025 y marzo de 2026, reactivan el debate sobre la fiscalización, la modernización del sistema y los riesgos que persisten en estas rutas. El 9 de octubre de 2025, en La Unión de Azuero, un autobús procedente de Chepo se volcó con 60 pasajeros a bordo. El hecho dejó tres fallecidos, entre ellos una adolescente de 15 años estudiante del Instituto Profesional y Técnico de México. El 12 de enero de 2026, un bus de la ruta Tanara–Vía España (Chepo) se volcó sobre el río Pacora. Una mujer de 50 años falleció y 13 personas resultaron heridas, algunas con lesiones de consideración. El 5 de marzo de 2026, un autobús de la Cooperativa San Cristóbal de Chepo atropelló a dos trabajadoras de aseo que cruzaban por un paso de cebra en la avenida José Agustín Arango, a la altura del Tabernáculo de la Fe, en Juan Díaz. Una de ellas falleció tras varios días hospitalizada. Estos hechos han reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los usuarios y peatones, así como la regulación del transporte colectivo. Música, modificaciones y velocidad Para los usuarios, la circulación de estos buses representa una necesidad constante. Este servicio opera en rutas de Chepo y Pacora, así como en los corredores de Chepo que llegan hasta la 5 de Mayo. Actualmente, estas rutas no están concesionadas a la empresa estatal Transporte Masivo de Panamá, S.A., que opera el sistema Metrobús. El servicio lo presta la Cooperativa San Cristóbal de Chepo R.L., intervenida por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) tras detectar presuntas irregularidades administrativas, financieras y manejo inadecuado de fondos en julio y agosto del año pasado. Usuarios del transporte han manifestado su preocupación por la seguridad, especialmente ante la recurrencia de accidentes con víctimas fatales. Entre las principales causas señaladas figuran el exceso de velocidad, la música a alto volumen, las modificaciones ilegales en los vehículos y el desorden en el manejo. Moisés Forsythe, representante de los usuarios ante la junta directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), atribuyó estos problemas a la falta de fiscalización y a las limitaciones para modernizar la flota, especialmente en el caso de los buses “diablos verdes”. Explicó que el Gobierno restringió la entrada de estos vehículos debido a irregularidades en el sistema de compensaciones, lo que ha frenado la renovación de unidades. A esto se suma la dificultad para conseguir piezas y dar mantenimiento, aumentando el riesgo de fallas mecánicas. También advirtió que, ante la debilidad en los controles, algunos transportistas operan sin cumplir normas, aplican cobros irregulares y mantienen un servicio desordenado. “El transportista hace lo que le da la gana con nosotros”, afirmó. ATTT defiende controles, pese a accidentes El director de la ATTT, Nicolás Brea, aseguró que se mantienen operativos de fiscalización sobre los buses que ingresan desde Chepo hacia la ciudad, en zonas donde no opera el Metrobús. “Estamos fiscalizando para garantizar que los vehículos que ingresan al distrito capital vengan en regla”, indicó. Añadió que también se realizan inspecciones para detectar modificaciones ilegales. No obstante, afirmó que en los casos recientes los vehículos cumplían con los requisitos. “Tanto en el vuelco como en el caso de la trabajadora de aseo, los buses estaban en regla, con póliza, permisos y conductores con licencia vigente”, sostuvo. Incluso, precisó que en uno de los hechos el propietario conducía la unidad. Aun así, reconoció el desafío: evitar la pérdida de vidas. “En materia de tránsito siempre van a ocurrir hechos, pero buscamos reducirlos al mínimo”, señaló. Persisten brechas El funcionario explicó que el distrito de Chepo no fue incluido en el plan de modernización del transporte, lo que ha permitido la permanencia de estos buses en operación. Indicó además que muchos usuarios optan por descender en puntos como la 24 de Diciembre para continuar su trayecto en el Metro, lo que ha impulsado ajustes en las rutas. “Estamos promoviendo que estas rutas se acorten y que los buses lleguen solo hasta puntos estratégicos, reduciendo su entrada a la ciudad”, explicó. Alta demanda y presión en el este El crecimiento poblacional en Panamá Este también incide en la presión sobre el sistema. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el corregimiento de Pacora cuenta con más de 70 mil habitantes, mientras que el distrito de Chepo supera las 66 mil personas. La ATTT calcula que unos 26 mil vehículos se movilizan cada mañana desde sectores como Nuevo Tocumen y Cabra hacia la ciudad, con un flujo similar en horas de la tarde. Desde las 5:00 a.m. ya se observa alta demanda de usuarios que se dirigen hacia el Metro. En la zona convergen rutas provenientes de Cabra, Nuevo Tocumen, Las Garzas y Pacora, operadas por distintas prestatarias. Como parte de las acciones para mejorar la movilidad, la ATTT anunció un plan piloto de inversión de carriles en Cabra, que se aplicaría en horas pico matutinas, desde la salida de ese sector hasta la rotonda de la 24 de Diciembre. Transportistas responden Ante este escenario, dirigentes del sector transporte hicieron un llamado a la ATTT para retomar iniciativas de modernización y reforzar la regulación del servicio. El dirigente transportista Esteban Rodríguez señaló que existe disposición para mejorar el servicio. “Hay muchos transportistas que sí quieren hacerlo, afirmó. Recordó además que el actual director de la ATTT participó en un Plan Nacional de Mejoramiento del Transporte Selectivo y Colectivo que no llegó a ejecutarse. “Él tiene la gran oportunidad de resolver algunas cosas que el público está pidiendo y que los usuarios están solicitando para mejorar el servicio”, sostuvo. Conviene recordar que la transformación del sistema de transporte en la capital —con la implementación final del Metro y del Metrobús en reemplazo de los llamados “diablos rojos”— no fue una decisión espontánea, sino la respuesta a una cadena de hechos que evidenciaron los riesgos del modelo anterior. El más emblemático ocurrió el 23 de octubre de 2006, cuando el autobús identificado como 8B-06 se incendió en la vía Transístmica. El hecho dejó 18 personas fallecidas y decenas de heridos, marcando un punto de quiebre en la discusión sobre la seguridad del transporte público en Panamá. El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, advirtió sobre el avance de la violencia en el país, al señalar que se está extendiendo hacia los barrios, los hogares e incluso los espacios deportivos, afectando la paz y la esperanza de la población. Durante su mensaje, instó a no normalizar esta realidad y a asumir una respuesta activa como sociedad frente a un fenómeno que, dijo, deteriora el tejido social. Ulloa vinculó esta problemática con otras que afectan al país, como la corrupción, la indiferencia y la exclusión, a las que describió como “sepulcros” que deben ser abiertos. “El sepulcro de la indiferencia, el sepulcro de la corrupción que roba esperanza y cierra el futuro, el sepulcro de la violencia que se mete en nuestros barrios”, enumeró, al plantear la necesidad de enfrentar estas situaciones desde una responsabilidad colectiva. El prelado subrayó que la transformación del país no depende únicamente de las instituciones, sino también de decisiones individuales que impactan en la sociedad. En ese sentido, insistió en que la fe debe reflejarse en acciones concretas. “La fe no es un adorno, es un criterio de vida”, afirmó, al exhortar a los panameños a actuar con coherencia, verdad y compromiso con el bien Misa pascual: Ulloa advierte que la violencia se extiende a todos los espacios MENSAJE común. También hizo un llamado a dejar atrás el miedo, la desesperanza y la pasividad, destacando que aún es posible revertir el deterioro social. “Si Él vive, nada está perdido… Panamá puede levantarse”, expresó, en un mensaje que apeló a la responsabilidad ciudadana como punto de partida para el cambio. Estas declaraciones se dieron en el marco de la misa de Pascua o Resurrección, celebrada en la Catedral Basílica Metropolitana Santa María La Antigua, una de las fechas más importantes del calendario cristiano, que simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte. Tras la eucaristía, se realizó la tradicional procesión de la alegría en el Casco Antiguo. El anda del Cristo Resucitado salió desde la Iglesia San Francisco de Asís, mientras que la imagen de la Virgen de la Alegría partió desde la Iglesia de la Merced. Ambas se encontraron en la plaza de la Catedral, en un acto simbólico acompañado por fieles, autoridades y visitantes. La procesión fue animada por bandas de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval, mientras cofrades cargaban las imágenes y los asistentes participaban con cánticos. Al momento del encuentro entre ambas andas, las campanas de la Catedral repicaron, mientras el arzobispo impartía la bendición final. Reyna Katiuska Hernández [email protected] José Domingo Ulloa LP Comunidades que se ubican en el sector de Panamá Este y usan el servicio de transporte público de 'diablos verdes' CHEPO PACORA ESPAVÉ LA FLORESTA LAS GARZAS CERRO AZUL LA MESA CABRA MONTE RICO LAS PAREDES TATARÉ FELIPILLO NUEVA ESPERANZA
9A La Prensa Panamá, lunes 6 de abril de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. de sus títulos de propiedad. Ellos se involucraron en todo el proceso de titulación impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La respuesta que reciben es desalentadora: sus registros no aparecen en la base de datos. Ambas realidades están distantes geográficamente, pero conectadas por lo mismo: un modelo de participación que se presenta como inclusivo, pero falla en algo básico: escuchar, incorporar y coordinar entre instituciones. En un caso, se otorga un permiso ignorando una ley ambiental y se menciona una consulta ciudadana que, según el Centro de Incidencia Ambiental, nunca se realizó —y la justicia le dio la razón—. En el otro, se promete seguridad jurídica, pero los registros desaparecen en la burocracia. Tanto los ciudadanos de Río Pacora como los campesinos de Río Indio pusieron trabajo, esfuerzos y recursos para implicarse en las soluciones para sus comunidades. Unos impulsaron espacios de formaLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. En democracia, la fortaleza de las instituciones va más allá de sus líderes Defensoría del Pueblo más lo haga con honestidad, entereza, capacidad absoluta y entrega devocional, no es un Estado de derecho, sino un Estado de voluntades. Incluso en el supuesto de que contemos con el mejor servidor público posible, el problema persiste si se mira la cuestión a la inversa. ¿De qué sirve tener a la persona más preparada, con conocimiento, capacidad y voluntad, si la infraestructura institucional no le permite ejercer sus funciones? Ya sea porque la institución es frágil desde sus cimientos o porque a ningún poder real le conviene que funcione de verdad, y por eso no le dan las herramientas ni el presupuesto necesarios para operar. Pero volvamos a la Defensoría. No pretendo calificar la formación de los postulantes ni soy quién para opinar sobre su “solvencia” moral. Lo cierto es que Panamá ha tenido defensores con toda la formación en derechos humanos, administración pública y derecho constitucional, cuyo conocimiento pocos podrían poner en duda, así como también ha tenido defensores cuya área de experticia no era precisamente la de los derechos humanos. ¿El resultado? En ambos casos, la institución siguió siendo lo que su diseño le permitió ser. Ni más ni menos. Por eso, la pregunta que importa no es quién llega, sino qué encuenAlexis Martínez Scigliani Democracia desde la base: el desafío de escuchar a Panamá Participación ciudadana Son las 4:00 de la mañana. La señora Ana sale de su casa en el corregimiento de San Martín, en Panamá Este, rumbo al Ministerio de Comercio. Va en busca de información sobre un permiso de extracción de arena: en su comunidad una empresa la está sacando de sus cerros, aunque está prohibido por ley: es área protegida. Al llegar recibe una respuesta desconcertante: la concesión cuenta con todos los permisos y, según la institución, ha sido avalada mediante participación local. Ana advierte que se trata de una reserva hidrológica y la norma suspendió este tipo de proyectos. La funcionaria es breve y reiterativa: no sabe de eso, las consultas ya fueron realizadas, la concesión no puede ser revertida. En las narrativas oficiales se sostiene que la participación es la base de la democracia. La frase parece obvia: si la democracia es el gobierno del pueblo, entonces el pueblo debe participar. Sin embargo, ¿dónde y cómo participa realmente? En otro punto del país, un grupo de campesinos de Río Indio acude a la Oficina Operativa de Adjudicación en busca ción para que las instituciones comprendan la ley que protege su cuenca; otros organizaron asambleas comunitarias. Viajes, llamados, reuniones. ¿De qué sirvió? La participación suena linda como proclama, pero falla en la práctica. No solo expone a los ciudadanos a la indiferencia institucional: los estanca. Pueden pasar años sin acceso a agua potable, salud o seguridad sobre su tierra, aun después de trámites y reclamos. Terminan haciendo el trabajo del Estado: explicar la ley, insistir para ser escuchados y empujar procesos que las instituciones deberían garantizar. Desde la experiencia del trabajo comunitario, la participación solo funciona cuando hay escucha, comprensión de los tiempos locales y respuestas sostenidas. La democracia no se juega solo en oficinas. Se juega en la vida cotidiana: en vecinos que se organizan por el agua, en comunidades que defienden sus ríos. Cuando los acuerdos generados por esos procesos no se sostienen, la desconfianza crece. Una distancia que no es solo política; es también social y cultural. En ese contexto, propuestas que buscan limitar la protesta social o regular la manifestación pública son percibidas como intentos de silenciar el descontento. La paradoja es evidente: no son escuchados, no pueden peticionar y mucho menos protestar. Aunque los escándalos más graves nunca provengan de sus territorios, hay quienes catalogan de “vándalos” a quienes marchan. El desafío para que la democracia subOpinión EL AUTOR es animador comunitario. Produjo esta columna en el Programa de Escritura “Pensar Panamá / Narrar la Democracia”, de Concolón y la Embajada del Reino Unido en Panamá. LA AUTORA forma parte de la Fundación Libertad. tra cuando llega: el recurso humano, las herramientas legales y presupuestarias, y los medios reales para tutelar los derechos fundamentales de la población. La Ley 504 de 18 de diciembre de 2025, que subroga la antigua Ley 7 de 1997, rediseñó la Defensoría. Estableció una autonomía funcional, administrativa y financiera que impide, al menos en el texto, que la institución reciba instrucciones de alguna autoridad, órgano del Estado o persona. Creó una Carrera Defensorial basada en méritos, con la obligación de elaborar manuales de clasificación de puestos y, entre otras reformas, amplió las atribuciones para investigar, denunciar, mediar y actuar de oficio. A pesar de ello, la pregunta sigue en pie: ¿esa autonomía financiera es real? ¿La Carrera Defensorial operará con transparencia o será otro mecanismo para disfrazar nombramientos políticos de meritocracia? ¿Los manuales de clasificación de puestos se elaboraEn torno a la elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, las redes sociales se llenan de pronósticos. ¿Quién será? Esa es la pregunta que domina la conversación pública. Rara vez alguien pregunta: ¿con qué herramientas contará la persona elegida para hacer su trabajo? Esta costumbre de centrarnos en el “quién” y no en el “cómo” o en el “con qué” revela una creencia profundamente arraigada: que la calidad y la eficacia de una institución dependen de la persona que la encabeza. Si llega alguien capaz, funciona. Y, si no, fracasa. Es un pensamiento cómodo, porque reduce el margen de análisis del Estado: ya no se trata de un tema estructural, que requiere pensamiento avanzado y políticas de Estado, sino de un problema de entrevistas y “castings”. Sin embargo, esta forma de administrar el Estado está destinada a la fragilidad. Un Estado que depende de que un individuo haga su trabajo, y que adeEntre permisos cuestionados y trámites perdidos, comunidades denuncian un modelo de participación que no escucha ni incorpora sus demandas en decisiones que impactan su vida cotidiana. Alberto Agrazal El debate sobre la Defensoría del Pueblo revela una falla estructural: se discuten nombres, pero no las condiciones reales que determinan el funcionamiento de las instituciones. rán con rigor técnico o se archivarán junto con tantas otras buenas intenciones legislativas? Una ley bien escrita es, cuando mucho, el primer paso. En una democracia que aspire a ser participativa, y no meramente representativa, es la sociedad la que tiene que exigir no solo que la institución funcione, sino que lo haga con los más altos estándares de excelencia. De lo contrario, la Defensoría se quedará en el papel: una aspiración pendiente más dentro de esa lista de obligaciones incumplidas del Estado. Por lo pronto, tenemos que trabajar en nuestra constante tendencia a buscar mesías. Seguimos esperando que un nombre, el correcto, el brillante, el salvador, resuelva lo que solo puede resolver una estructura que funcione con independencia de quien la encabece. Una democracia madura no necesita héroes en cada despacho. Panamá tiene pendiente ese tránsito: pasar de la cultura del caudillo institucional a la del diseño institucional. Y, para eso, hace falta algo más difícil que elegir bien a una persona: hace falta exigir que los mecanismos se activen, que el presupuesto sea real y que la autonomía no sea nominal. sista es reconstruir el vínculo entre el Estado y las comunidades. La participación no se decreta: se construye con presencia, escucha y decisiones sostenidas. La democracia desde la base no es un ideal romántico. Es una necesidad práctica en un país donde amplios sectores no tienen voz y la frustración se acumula. Panamá, con toda su riqueza y diversidad, tiene una oportunidad histórica: demostrar que el desarrollo va de la mano de su gente. Eso exige algo fundamental: escuchar. Como dicen en Río Indio: “Millones para qué, si el pueblo no los ve”. No los ve Ana, cuando se permiten actividades que afectan los acueductos. No los ven las comunidades campesinas, cuando los planes ignoran su forma de vida. Cuando la participación no nace desde abajo —desde necesidades concretas y organización comunitaria—, la democracia deja de ser promesa y se vuelve frustración. Y en esa frustración aparece otra posibilidad: construir un país donde las decisiones no se anuncian desde arriba, sino que se toman con la gente. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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