3A La Prensa Panamá, domingo 5 de abril de 2026 Panorama El caso de Marisol Angelina Barría Rodríguez, desaparecida en 1997 y declarada víctima de un homicidio por el que dos personas fueron condenadas en 2009, vuelve a ser objeto de atención tras la aparición de versiones que ponen en duda su fallecimiento. Rubén Darío Campos, abogado vinculado al entorno de la víctima, indicó que existe disposición de allegados a la vícitima para someterse a los análisis necesarios que permitan determinar si Barría Rodríguez está con vida. Campos relató que Barría desapareció en 1997 y que desde ese momento desconocen su paradero. Sus familiares -dijo- no participaron del proceso judicial que llevó a la condena de Eloy y César Ávila. Según su relato, los padres de Barría, quienes residen en Las Minas de Herrera, fueron citados en una ocasión por el Ministerio Público para reconocer unos restos que supuestamente correspondían a su hija; sin embargo, se trataba de restos óseos que no pudieron identificar. Ella residía en el corregimiento de Pedregal en Panamá y era pareja sentimental de un militar que, en su momento, formó parte de la escolta de Manuel Antonio Noriega. Hace poco, Eliécer Plicett, abogado de Eloy y César Ávila, sostuvo públicamente que existirían registros en el Tribunal Electoral asociados a Marisol Angelina Barría, lo que —según su versión— pondría en duda su fallecimiento. Sin embargo, Gilberto Estrada, director nacional de Cedulación, aseguró que, tras una investigación, se determinó que desde 1985 no aparece ningún trámite relacionado con Barría y que tampoco ha sido reportada como fallecida por sus Nuevas versiones ponen en duda la muerte en un caso con condena JUSTICIA familiares o alguna autoridad. El TE no ha confirmado la existencia de registros recientes. El caso El 14 de diciembre de 1997 fue la última vez que Barría fue vista con vida. Ese día asistió a un baile en el Jardín Club Unión, en La Chorrera, amenizado por Manuel de Jesús Ábrego. Marisol estaba en compañía de Aida Ávila, Eloy, César y Germán Ávila, primos de esta última. El 23 de diciembre de 1997, la Personería Municipal de La Chorrera ubicó un cuerpo en avanzado estado de putrefacción en la cima de un cerro cerca de La Pesa. Las investigaciones del Ministerio Público llevaron a la posible vinculación de un grupo de personas que fue visto en el área el día de la fiesta. La declaración rendida por Aida Ávila, recogida por las autoridades, reveló que, alrededor de la 1:00 a.m., abandonó el baile junto a Marisol, Eloy, César y Germán, y que se dirigieron en taxi hacia La Pesa. En un lugar apartado, según este relato, Eloy y César Ávila abusaron sexualmente de Marisol; posteriormente, uno de ellos la golpeó en la mandíbula, y el otro le cortó el cuello con un cuchillo. Durante las pesquisas, Aida identificó, a través de una fotografía, a Barría como la persona encontrada sin vida. También describió la ropa, la ubicación del cuerpo, una fractura en la mandíbula Juan Manuel Díaz [email protected] Las autoridades quitaron los techos de algunos puentes peatonales usados como residencia. Alexander Arosemena Vivir en la calle: una realidad en expansión sin respuesta sostenida Alis Fernández [email protected] CONTRASTES El aumento de personas en situación de calle se refleja en parques y espacios públicos, mientras iniciativas oficiales y proyectos de ley permanecen sin avances concretos. Dormir en parques, refugiarse en áreas protegidas o improvisar techos en espacios públicos se ha vuelto una escena cada vez más común en la ciudad de Panamá. La presencia creciente de personas en situación de calle, visible incluso en zonas como Ancón, evidencia una problemática que avanza sin una respuesta sostenida del Estado. Se considera en situación de calle a quienes viven o pernoctan de forma habitual en espacios públicos o en lugares que no constituyen una vivienda, según el Acuerdo 14 del 16 de enero de 2014 del Municipio de Panamá. La problemática ha sido abordada en distintas instancias gubernamentales; sin embargo, las iniciativas impulsadas no han logrado consolidarse en políticas sostenidas. Alerta de las autoridades locales Durante su intervención en el Concejo Municipal el pasado martes, la representante de Ancón, Yamireth Batista, expuso cómo su corregimiento enfrenta una nueva realidad: los parques nacionales Metropolitano y Camino de Cruces están siendo, poco a poco, habitados por personas en situación de calle. Batista señaló, además, que la presencia de estas personas se refleja incluso en los predios de Merca Panamá, donde comienzan a observarse refugios improvisados. Esta realidad también se ha extendido a las faldas del cerro Ancón. La representante pidió apoyo a la Alcaldía de Panamá y recordó que, tiempo atrás, se realizaron mesas de trabajo interinstitucional para abordar este tema. Indicó que, aunque en su momento se registraron avances, la iniciativa no tuvo continuidad, por lo que solicitó su reactivación. “Ya tenemos más de un año y medio pidiendo que se le dé una solución de raíz”, resaltó. Añadió que este no es un tema exclusivo del gobierno local o de la Alcaldía, sino uno que debería ser atendido por el gobierno central. En conversación con La Prensa, la jefa de Trabajo Social de la Junta Comunal de Ancón, Katherine Ojo Díaz, señaló que estas mesas de trabajo surgieron luego de un recorrido por el corregimiento, en el que se evidenció el aumento de personas que tienen la calle como su hogar. Según explicó, el objetivo era coordinar acciones con distintas entidades, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya que identificaron que el país carece de programas, departamentos o instituciones dedicadas a atender a esta población en situación de riesgo social. Agregó que, pese a las reiteradas solicitudes dirigidas a la Presidencia y a la Alcaldía, no han obtenido respuestas concretas. La Prensa intentó comunicarse con personal del Municipio de Panamá; sin embargo, no obtuvo respuesta. De acuerdo con Ariel López, director del centro San Juan Pablo II —un hogar que desde hace más de ocho años ofrece programas de prevención y atención integral a personas con diversas adicciones y grupos vulnerables—, en el distrito de Panamá existen actualmente entre 550 y 600 personas en situación de calle. Por otro lado, a finales de 2025, la Alcaldía estimó que esta población rondaba las 900 personas en el distrito. En tanto, el censo nacional de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) en 2020 contabilizó 400 personas en esta situación. Cabe destacar que, más que una cifra fija, el número de personas en situación de calle se encuentra en constante variación. Esta realidad está marcada por una dualidad diaria: el surgimiento de nuevas vulnerabilidades que incrementan la estadística, frente a los casos de superación que logran la reintegración a una vida autónoma. Perspectiva legislativa Mientras la situación se agrava en las calles, en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, reposan dos proyectos de ley que buscan atender este fenómeno, sin avances concretos hasta ahora. Se trata del proyecto de ley 17, presentado por el diputado independiente Manuel Cheng Peñalba en julio de 2024, y del proyecto 363, impulsado el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, en julio de 2025. Ambas iniciativas proponen la creación de mecanismos de rehabilitación para personas con adicciones, así como la implementación de un centro gubernamental encargado de ejecutar estos programas. En ambos casos se plantea la reinserción social y la atención integral de esta población. Sin embargo, aunque comparten objetivos similares, una de las iniciativas lleva casi dos años en espera de su discusión en primer debate, mientras que la otra cumplirá su primer aniversario en tres meses, sin haber sido considerada. A escasos metros del Palacio Legislativo, la presencia de personas en situación de calle forma parte de la dinámica cotidiana para transeúntes, conductores, turistas y comerciantes. Los puentes vehiculares se han convertido en techo y hogar para cientos de personas en la ciudad de Panamá. Alexander Arosemena y la forma en que fue asesinada. El 5 de octubre de 2009, el Segundo Tribunal Superior de Justicia condenó a Eloy y César Ávila a 14 años de prisión por el delito de homicidio en perjuicio de Barría. Sin embargo, a este juicio no compareció ningún familiar de la occisa. Durante el proceso judicial, los abogados defensores de los condenados realizaron críticas a la investigación, señalando contradicciones en el testimonio de Aida Ávila, quien se encuentra detenida por el delito de estafa. Por lo pronto, el Sistema Penitenciario decidió trasladar a los detenidos de La Joyita a El Renacer, un centro con condiciones de reclusión menos restrictivas, mientras la defensa solicita la revisión de la sentencia y pide arresto domiciliario.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==