2A La Prensa Panamá, domingo 5 de abril de 2026 La incorporación del lema “Con paso firme” en las nuevas placas vehiculares en Panamá ha desatado cuestionamientos desde distintos sectores, entre ellos figuras políticas y usuarios en redes sociales. La principal crítica apunta a que este eslogan —asociado a la actual administración— quedará visible en vehículos privados durante al menos cinco años, lo que para algunos constituye un uso indebido de un elemento oficial con posibles fines políticos. El eslogan, identificado con la actual administración del presidente José Raúl Mulino, forma parte del diseño de las placas correspondientes al nuevo periodo (2026-2030), elaborado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), tal como lo establece la Ley 214 del 4 de mayo de 2021. Esta norma indica que en Panamá las placas vehiculares metálicas tienen una vigencia de cinco años, iniciando con las emitidas en 2021, las cuales fueron válidas hasta diciembre de 2025. El pasado 30 de marzo, la ATTT informó que recibió 19,940 unidades correspondientes al primer lote de placas vehiculares del quinquenio, por parte del Centro Vocacional Chapala, encargado de su confección. Este lote inicial fue entregado al Municipio de Panamá para los automóviles de primer ingreso (ventas en agencias). Al momento de la entrega, las placas fueron supervisadas por el director de la ATTT, Nicolás Brea. Su diseño incluye, en la parte superior, el nombre “Panamá” en mayúsculas, en colores rojo y azul, acompañado de dos estrellas del mismo color. Además, en la esquina superior izquierda se ubica el logo de la ATTT. En el centro, en mayor tamaño, se presenta la numeración. En la parte inferior, de forma centrada, aparece el periodo de vigencia “26-30”, y en la esquina inferior izquierda, el lema “Con paso firme”, en mayúsculas y acompañado de dos estrellas a sus lados. Entre las voces críticas destaca la diputada Yamireliz Chong, quien manifestó que las placas vehiculares no deben convertirse en espacios de propaganda del gobierno de turno. A su juicio, se trata de una imposición que vulnera la neutralidad que deben mantener los documentos oficiales del Estado. En su cuenta de la red social X indicó que “ningún panameño debe aceptar una placa vehicular con el eslogan de un gobierno que no paga ni el carro ni la placa”. Asimismo, expresó que “es una imposición arbitraria por parte de la Alcaldía y de la ATTT que rompe con la neutralidad institucional Critican uso de eslogan político ‘Con paso firme’ en las placas vehiculares EJECUTIVO que deben tener los documentos oficiales del Estado. Las placas no son espacios de propaganda del gobierno de turno. Es una falta de respeto y no lo podemos permitir”. No es la primera vez que un gobierno apela a consignas para reforzar su narrativa. A lo largo de las últimas décadas, distintas administraciones han recurrido a este recurso: desde expresiones de corte nacionalista como “Todo por la patria”, durante la dictadura militar, hasta eslóganes más recientes como “Uniendo Fuerzas”, utilizado en el gobierno de Laurentino Cortizo en medio de la pandemia. En ese contexto, la actual administración parece retomar una práctica ya vista. De hecho, José Raúl Mulino estaría emulando lo que hizo - aunque de forma más sutil- el gobierno anterior con las placas vehiculares. Las matrículas que aún circulan en el país, correspondientes a 2024, incluyen la frase “Unidos lo logramos”, acompañada de la silueta de una familia, un mensaje que pasó prácticamente desapercibido en su momento, aunque en línea con el eslogan “Uniendo Fuerzas”. En redes sociales, ciudadanos también han expresado su rechazo, argumentando que las placas tienen una vigencia de varios años, por lo que no deberían estar vinculadas a una administración específica. Lineth M., indicó en redes sociales que “está totalmente en desacuerdo con esa decisión”. El transfondo de su mensaje se replica. Dijo, que más allá de lo estético, considero que es una falta de respeto hacia los panameños que cumplimos con nuestras responsabilidades, pagamos impuestos y asumimos el costo de nuestras placas con esfuerzo propio”. La controversia se da en medio del proceso de implementación de las nuevas placas vehiculares, que serán distribuidas progresivamente a nivel nacional. El proceso de confección de las placas presentó retrasos, ya que desde enero debían entregarse a todos los municipios; sin embargo, la fabricación inició tarde debido a que la licitación del proveedor de los materiales no se realizó a tiempo. Yaritza Mojica [email protected] Llegan las primeras placas vehiculares para el quinquenio 2026-2030. Cortesía/ATTT Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ilustración conceptual de IA (OpenAi) del uso de la partida discrecional. LP Proponen eliminar la ‘caja menuda’ de los presidentes de la República Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Desde 1994, los distintos gobiernos han destinado al menos $201.4 millones en partidas discrecionales, un gasto sin fiscalización que ahora se busca prohibir mediante una nueva propuesta de ley. La partida discrecional, fondos que el Ejecutivo utiliza bajo su propio criterio, una vez más regresa a la agenda pública. El diputado del circuito 8-2 (San Miguelito) Luis Duke Walker, de Vamos, presentó una propuesta de ley para prohibir estas asignaciones en la administración pública. El anteproyecto de ley, que reposa en la Comisión de Economía y Finanzas, contiene apenas ocho artículos, pero uno de ellos, el número 3, es rotundo: “Se prohíbe la asignación en el presupuesto del Estado de partidas presupuestarias cuyo uso sea discrecional de servidores públicos. Ninguna autoridad o servidor público podrá destinar recursos públicos a ayudas, subsidios o beneficios individuales o colectivos cuando estos no se encuentren sustentados en programas institucionales previamente establecidos en el presupuesto del Estado”, se lee en el documento. El artículo 4 contiene el alcance de la medida. Propone que la prohibición cubra los presupuestos asignados para ejecución del presidente de la República y el vicepresidente; los ministros y viceministros; directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas; administradores y subadministradores de entidades autónomas o semiautónomas; secretarios generales de los ministerios o entidades autónomas y semiautónomas; secretarios ejecutivos nacionales de la Presidencia de la República; gerentes y subgerentes de empresas estatales; directores y subdirectores de ministerios y entidades autónomas, semiautónomas, empresas estatales o cualquier otra entidad pública del gobierno central o de las autoridades locales. Para la transparencia El artículo 5 dispone que todas las entidades públicas deberán publicar en sus portales institucionales información detallada sobre la ejecución de los recursos públicos, incluyendo traslados de partidas, créditos adicionales, ayuda social, subsidios, becas, transferencias y cualquier otro beneficio otorgado o recibido con fondos públicos. La ley definirá los campos mínimos obligatorios que deben publicarse. Hasta el momento ninguna entidad de gobierno cumple con esta disposición. El gasto de presidente a presidente En la exposición de motivos del proyecto, Duke Walker explica que la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos deben constituir un pilar esencial de la administración estatal. Sin embargo, advierte que el país ha sido testigo de numerosos escándalos relacionados con gastos excesivos e injustificados, producto de vacíos legales que permiten tales prácticas. El diputado documenta un patrón que se repite en todos los periodos presidenciales. Entre 1994 y 1999, gobierno de Ernesto Pérez Balladares, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), administración que formalizó estos recursos, se destinaron $25 millones. Destacan al menos $200 mil para carnaval. Según reveló en su momento La Prensa, el documento daba cuenta de compras en joyerías para “atenciones del Despacho Superior”, sin especificar qué se compró, para qué ni para quién. Otros $38 mil fueron al renglón “imprevistos para cubrir el costo de tarjeta de crédito”. De 1999 a 2004, gobierno de Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, la partida discrecional alcanzó los $23 millones. Duke destacó en la exposición de motivos un dato que en su momento generó escándalo: más de $588 mil en joyerías y cerca de $942 mil en tiendas de ropa de lujo. En la administración de 2004 a 2009, gobierno de Martín Torrijos, en ese entonces líder del PRD, el gasto de la partida discrecional llegó a $22.3 millones. Buena parte del dinero se destinó a “servicios profesionales y asesorías”, sin detallar cuáles fueron esos servicios. También se destinaron miles de dólares en viajes y protocolos. Entre 2009 y 2014, administración de Ricardo Martinelli, en ese momento del partido Cambio Democrático, la caja menuda del Palacio de las Garzas registró su mayor incremento histórico: $55.7 millones. Se destacaron cirugías estéticas y donaciones políticas disfrazadas de ayuda social, entre otros gastos con dinero público. Entre 2014 y 2019, gobierno de Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, se utilizaron $41.7 millones. Se gastaron al menos $17 mil en una cirugía bariátrica del que fue su director del Consejo de Seguridad Nacional. En ese gobierno también se financiaron gastos médicos para cirugías de menores y adultos en Panamá y el extranjero. En la administración de Laurentino Cortizo, del PRD, el erario destinó $31.2 millones. Una investigación de La Prensa reveló que el Ministerio de la Presidencia desembolsó al menos $711 mil para pagar cirugías bariátricas a 46 personas, realizadas en hospitales privados del país: 33 en Punta Pacífica, 8 en Panamá Clinic, 3 en San Fernando, 1 en Paitilla y 1 en el Hospital Nacional. Hasta febrero pasado, el gobierno de José Raúl Mulino, de Realizando Metas, había gastado $2.5 millones. Si bien una parte importante se destinó a ayudas médicas en el exterior, especialmente para menores con enfermedades cardíacas, el informe también registra gastos como la compra de equipos médicos a una empresa privada, reparación de vehículos presidenciales para atender visitantes VIP, una donación de $20 mil a la Diócesis de Chitré para la causa de beatificación de la Niña Anita, y $40 mil a una fundación para la esterilización de perros y gatos en Coclé. La iniciativa del diputado de San Miguelito persigue tres objetivos: prohibir la asignación de estas partidas, reforzar la transparencia en el gasto público y garantizar que los recursos destinados a urgencias sean canalizados directamente a las instituciones competentes, con los controles correspondientes. En total, desde que la partida discrecional fue formalizada en 1994 hasta febrero de 2026, los distintos gobiernos han destinado al menos $201.4 millones en gastos sin fiscalización adecuada, una cifra que el diputado Duke Walker utiliza como argumento central para sustentar la necesidad de eliminar estos recursos del Presupuesto General del Estado. Más información Lo que dice el alcalde Mayer Mizrachi El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, se distanción de la decisión de color el eslogan político “Con paso firme” en las placas vehiculares. Recordó que “las alcaldías no tienen nada que ver en el diseño ni en la impresión de las placas. Eso lo hace el gobierno nacional por medio de la ATTT”.
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