2A La Prensa Panamá, sábado 4 de abril de 2026 Lo que durante años fue un rumor persistente quedó al descubierto esta semana, cuando el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reconoció que personas que no cumplen con los criterios de vulnerabilidad y elegibilidad se benefician de los programas de transferencias. Un cruce de datos entre el Mides y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) reveló que 8,010 beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada figuran con algún registro vehicular: 7,976 con placas de vehículos y 205 con cupos de transporte público, lo que activó un proceso de revisión. Según los criterios oficiales, poseer un cupo de transporte constituye una causal directa de exclusión, al tratarse de una fuente comprobada de ingresos, mientras que la tenencia de una placa vehicular funciona como un indicador referencial que no implica una salida automática del programa, pero sí la apertura de una revisión. La asignación anual En medio de este nuevo hallazgo, surge una pregunta de fondo: ¿cuánto le cuestan al país, cada año, los programas de transferencias monetarias, como Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el bono alimenticio? Entre 2019 y 2025, estas transferencias acumularon una asignación total de 1,580.1 millones de dólares, lo que evidencia la continuidad de este mecanismo dentro del gasto social del Estado. A lo largo de este período, los montos anuales presentan variaciones que reflejan ajustes en la política de transferencias dirigidas a poblaciones vulnerables. En 2019, el programa contaba con 231.2 millones de dólares. Al año siguiente, la cifra se situó en 230.5 millones, y en 2021 alcanzó los 227.5 millones. Para 2022, el presupuesto se fijó en 224.2 millones, marcando un ritmo contenido, sin sobresaltos, en la asignación de recursos. En 2023 se registró una asignación de 225.4 millones de dólares, seguida de 223.7 millones en 2024, en una oscilación que se mantiene dentro de márgenes estrechos, sin romper la inercia del período. Para 2025, la proyección sitúa la asignación en 217.6 millones de dólares. Son cifras que, más que hablar de rupturas, dibujan una trayectoria continua, una forma de sostener el programa en el tiempo mientras se ajustan sus límites y alcances. En paralelo, la cantidad de beneficiarios también cuenta su propia historia. En 2019, alrededor de 200 mil personas formaban parte de estos programas; hoy, la cifra ronda las 191 mil. Son rostros que entran y salen de las listas, en una dinámica que acompaña los cambios del sistema y redefine, año tras año, quiénes permanecen dentro de ese círculo de apoyo estatal. Desordeny depuración A su llegada a la entidad, la ministra de Desarrollo So- $1,580 millones en siete años: el costo y las grietas de la asistencia social en Panamá FONDOS PÚBLICOS cial, Beatriz Carles de Arango, indicó que, de los cerca de 191 mil inscritos en estos programas, había unos 100 mil que no contaban con un estudio socioeconómico que certificara su elegibilidad para recibir esta ayuda. De hecho, la ministra reconoció que, al inicio de la actual administración, los programas de transferencias monetarias condicionadas operaban con importantes vacíos en la información de sus beneficiarios, lo que limitaba la verificación de los criterios de elegibilidad. “Desde que llegamos, encontramos falta de información. Mucho más de la mitad de nuestros beneficiarios no tenía ningún tipo de registro que certificara su elegibilidad para los programas”, afirmó. Ante este escenario, la entidad inició un proceso de depuración y actualización de datos que, según la ministra, ya alcanza un avance significativo. “Ya llevamos el 85% del registro depurado, con toda la información que requiere cada uno de los beneficiarios, y seguimos en ese proceso”, explicó, al tiempo que destacó que el equipo técnico ha desplegado visitas en campo para verificar directamente las condiciones de quienes reciben la ayuda estatal. La funcionaria también confirmó que este proceso ha implicado la exclusión de personas que no cumplían con los requisitos. “Claro que sí, y es eso… nosotros tenemos un recurso finito, y es eso lo que nos permite incluir a las personas que en realidad cumplen con todos los requisitos”, sostuvo, al subrayar que la depuración busca garantizar que los fondos lleguen efectivamente a quienes califican para los programas. Gremios empresariales como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá han insistido, a través de los años, en la necesidad de replantear el esquema de subsidios estatales, proponiendo una revisión profunda que permita mejorar la focalización y reducir su alcance. Desde su perspectiva, el modelo actual no solo presenta fallas en la asignación de recursos, sino que además ejerce una presión creciente sobre las finanzas públicas. El sector privado advierte que los niveles actuales de subsidio resultan difíciles de sostener en el tiempo y terminan configurando una carga significativa para el gasto del Estado. El Municipio de San Miguelito es uno de los que reclama los fondos no transferidos para cumplir con las necesidades que requiere la población. Elysée Fernández Advierten sobre recorte de hasta $115 millones anuales del IBI Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, Nadine González, dijo que, pese al aumento en la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, el monto que se les asigna sigue congelado. La discusión sobre la descentralización y el manejo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) vuelve a tensar la relación entre el Gobierno central y los municipios, en medio del debate de un proyecto de ley que aún no avanza a primer debate en la Asamblea Nacional. El principal reclamo de los gobiernos locales gira en torno al incumplimiento en las transferencias del IBI, el cual representa millones de dólares al año tanto para funcionamiento como para inversión en 701 juntas comunales y 81 municipios. La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, en entrevista con La Prensa, cuestionó que, pese al incremento sostenido en la recaudación, el monto asignado a los municipios se mantiene congelado; es decir, el mismo monto en los últimos dos años. “Ellos [el Ministerio de Economía y Finanzas] volvieron a presupuestar la misma cifra del año pasado: 83 millones”, señaló, en referencia a los fondos que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) distribuye entre los 81 municipios del país. El contraste entre lo recaudado y lo transferido es, según Amupa, el núcleo del problema. González detalló que, de acuerdo con cifras oficiales, el Estado recaudó 168 millones de dólares el año pasado y 198 millones el anterior, pero continúa entregando apenas 83 millones. “Nos están dejando de dar prácticamente hasta 115 millones por año”, reclamó. Este desfase tiene efectos concretos en la distribución de recursos. La presidenta de Amupa explicó que, de haberse transferido la totalidad recaudada, solo el municipio de Panamá habría recibido unos 84 millones de dólares, equivalente a lo que hoy se reparte entre todos los municipios. “Al municipio de Panamá solo le están tocando 21 millones, cuando ahora se recauda más que cuando la ley inició”, sostuvo. Comportamiento histórico El comportamiento histórico de las cifras refuerza este reclamo. En los primeros años (2020–2021), aunque ya existían diferencias, la asignación presupuestaria incluso superaba o se acercaba a la recaudación, lo que sugería un intento de sostener las transferencias a los municipios por encima de lo efectivamente ingresado. Sin embargo, a partir de 2022 se produjo un giro: la recaudación comenzó a crecer de forma sostenida, pasando de unos 174 millones a más de 223 millones en 2024, mientras que la asignación cayó abruptamente, de más de 100 millones a apenas 70 millones. El punto más crítico se alcanzó en 2024, cuando se registró la mayor brecha entre ambos indicadores: una recaudación superior a los 223 millones frente a una asignación significativamente reducida de 70 millones. Aunque en 2025 y 2026 se proyecta una leve recuperación del presupuesto —alrededor de 83 millones—, este monto continúa muy por debajo de lo recaudado, que se mantiene cercano o por encima de los 196 millones. González también cuestionó la interpretación que hace el Gobierno sobre la palabra “estimación” contenida en la ley de descentralización. A su juicio, el término ha sido utilizado para justificar transferencias parciales. “Ellos quieren decir que la palabra estimación es lo que ellos estimen darnos, y no es así”, afirmó, al insistir en que la norma establece que debe transferirse la totalidad de lo recaudado. La propuesta Otro de los puntos críticos es la administración de los fondos dentro de la Cuenta Única del Tesoro, lo que, según la alcaldesa, diluye el destino específico del IBI. “Ese dinero entra a la cuenta única del Estado… y ahí lo usan para todo”, explicó, al proponer la creación de una cuenta exclusiva que garantice que los recursos lleguen íntegros a los municipios. La falta de recursos, sumada al retraso en las transferencias, impacta directamente la capacidad operativa de los gobiernos locales. González advirtió que el aumento en costos, como el combustible, está comprometiendo servicios básicos. “Si vamos a este mismo ritmo, si acaso llegamos a agosto en el tema del combustible”, dijo, al tiempo que subrayó que los municipios terminan asumiendo funciones que corresponden al Gobierno central, como la reparación de escuelas. Frente a este escenario, la organización que agrupa a los municipios del país insiste en la necesidad de reformar la ley para eliminar ambigüedades y garantizar transparencia. “La hoja de ruta es que la reforma le quite la palabra estimación… y que haya mecanismos de transparencia”, planteó González, quien también destacó que el uso de estos fondos está sujeto a consulta ciudadana y múltiples controles, lo que, a su juicio, contradice las críticas hacia los gobiernos locales sobre una supuesta mala ejecución. La mayoría de los beneficiarios del Mides se concentra en el programa 120 a los 65. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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