4A La Prensa Panamá, lunes 30 de marzo de 2026 Panorama Tal Cual RECLAMO. La Corte Suprema no admitió un habeas data que presentó Nadia De Río contra el contralor Anel Flores. La decisión fue adoptada el 24 de febrero, pero se conoció a partir del pasado viernes, cuando la Secretaría General del Órgano Judicial divulgó un edicto. Qué bueno que ahora le da importancia a la transparencia. Cuando estaba en las buenas, no estaba muy motivada a compartir información sobre los asuntos con los que se le relacionaba. POR FUERA. La mitad de los menores que se evadieron del albergue en Tocumen, hace casi una semana, continúa en paradero desconocido. Las autoridades todavía no han dado una explicación completa y satisfactoria de lo sucedido. Así, entre el secretismo institucional y la evasión de las conferencias de prensa, la vida transcurre color de rosa en uno de los países más felices del mundo. ACECHO. The Gentlemen, un grupo de ciberdelincuentes que ofrece servicios de ransomware a terceros, se atribuye el ataque a la CSS. Sostiene que el director Dino Mon fue notificado hace más de una semana y que su reacción fue “inadecuada”. ¿Eso qué significa? Independientemente de que esta vez haya sido la Caja, parece claro que estos ataques cada día son más recurrentes en el Estado panameño. Antes fue el Mitradel, el MEF, el Minsa… ¿Qué están esperando que suceda? ¡GOOOL!. El pasado viernes, a las 10:00 a.m. (es decir, en medio de la jornada laboral), la Dirección de Cultura y Deportes de la Asamblea organizó un concurso entre el personal para medir sus conocimientos sobre los mundiales de fútbol. Habría sido más apropiado si la temática hubiese sido cuánto saImagen conceptual sobre el escándalo de la descentralización paralela en los gobiernos locales. Ilustración de OpenAi Alcaldes y ediles deberán rendir cuentas al terminar el mandato Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROYECTO DE LEY La propuesta central establece un ‘deber de transición ordenada’, que obliga a alcaldes y representantes a dejar constancia documentada de su gestión al finalizar su gestión. Con los escándalos de la descentralización paralela como telón de fondo, la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, un proyecto que redefine la entrega del poder en los gobiernos locales al imponer una transición obligatoria entre autoridades. El núcleo de la propuesta es la creación del llamado “deber de transición ordenada”, una figura legal que obliga tanto a representantes de corregimiento como a alcaldes a dejar documentada su gestión antes de abandonar el cargo. La medida busca evitar vacíos administrativos y garantizar la continuidad de los servicios públicos. La aprobación de esta norma ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión de fondos públicos en los gobiernos locales. Tras la implementación de la denominada descentralización paralela, municipios y juntas comunales manejaron más de 214.5 millones de dólares sin controles efectivos, lo que derivó en investigaciones y en el arresto de representantes y alcaldes por presuntas irregularidades. El contenido Según el texto aprobado, las autoridades salientes deberán compilar y entregar una amplia gama de documentos oficiales. Entre ellos figuran presupuestos vigentes, estados financieros, cuentas bancarias, inventarios de bienes, registros de personal y reportes detallados sobre proyectos en ejecución y finalizados. La norma también exige la entrega de información sobre procesos legales en curso, así como certificaciones de paz y salvo con entidades como la Caja de Seguro Social y proveedores de servicios básicos. Se trata de un intento por transparentar la situación real de cada administración al momento del relevo. En medio del debate, el diputado de Vamos, Neftalí Zamora, proponente del proyecto, defendió el alcance de la iniciativa como una respuesta a la demanda ciudadana. “Me siento muy optimista de que la Asamblea Nacional puede aprobar leyes en beneficio del país, que atiendan la demanda ciudadana de transparencia y nos den una mejor administración pública”, afirmó. Uno de los elementos más relevantes del proyecto es que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en responsabilidades penales. La ley establece que entregar información incompleta, alterada o falsa podría ser considerado un delito contra la administración pública. Además de la documentación, los funcionarios salientes deberán garantizar el acceso a instalaciones, equipos, plataformas digitales y recursos financieros. Esto incluye desde las llaves de las oficinas hasta el control administrativo de sistemas informáticos y bases de datos institucionales. El proyecto también contempla la necesidad de que las administraciones entrantes cuenten con personal capacitado para asegurar una transición fluida. En ese sentido, se establece que las autoridades salientes deben procurar condiciones mínimas para la continuidad operativa. El mensaje Zamora también destacó el valor político del acuerdo alcanzado en el pleno. “Creo que esta es una oportunidad y un mensaje para todos los diputados: podemos construir puentes y lograr acuerdos, deponiendo intereses personales o partidistas para lograr mejores leyes”, sostuvo, al subrayar la importancia del consenso legislativo. En paralelo, la reforma introduce restricciones en el manejo de fondos públicos durante los últimos meses de gestión. En particular, se prohíbe a los gobiernos locales comprometer más del 50 % de sus recursos en los seis meses finales de mandato, salvo en casos de proyectos con cronogramas previamente definidos. Esta disposición busca evitar prácticas que puedan comprometer financieramente a la administración entrante, una situación que ha sido objeto de críticas en gestiones anteriores y que se agravó durante el manejo discrecional de fondos en la descentralización paralela. La medida también refuerza el rol de entidades como la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas en la supervisión del gasto. El proyecto incorpora, además, la posibilidad de que la Autoridad Nacional de Descentralización emita evaluaciones sobre el uso de los fondos asignados a las juntas comunales y municipios. Esto añade una capa adicional de control sobre la ejecución de recursos públicos. El diputado enfatizó el impacto práctico de la norma en la gestión local: “Hoy añadimos una responsabilidad necesaria e importante para todos los alcaldes y representantes del país: dejar la casa en orden y dar continuidad a la administración pública local”, expresó. EFE. JERUSALÉN, ISRAEL El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. EFE/Magda Gibelli Israel: extradición por atentado en Panamá es un paso clave hacia la justicia TERRORISMO El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, celebró ayer el anuncio de la extradición por Venezuela a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso de la explosión de un avión comercial panameño en julio de 1994 que dejó 21 muertos y tras el cual estaría la organización chií libanesa Hizbulá. “El atentado contra el vuelo 901 en Panamá en 1994, en el que fueron asesinados 20 pasajeros y miembros de la tripulación —la mayoría de ellos miembros de la comunidad judía, incluidos cuatro israelíes— sigue siendo una herida abierta”, expresó en español Saar mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. En el texto, el ministro afirmó que la decisión de extraditar de Venezuela a Jalil, anunciada por la Cancillería panameña este viernes, representa “un avance significativo”. “Se espera que esta medida impulse el descubrimiento de la verdad y arroje luz sobre sus vínculos con la organización terrorista Hizbulá, que también actúa para propagar el terrorismo en América Latina y representa una amenaza no solo para Israel, el Líbano y Oriente Medio, sino para la paz del mundo entero”, concluyó Saar su mensaje. En 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá. El caso fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga de Panamá, a lo que siguió el arresto del sospechoso en Venezuela en noviembre de 2025. En el atentado, que está considerado el más grave en la historia del país y que quedó sin resolver, no hubo sobrevivientes; y entre las víctimas se encontraban una docena de empresarios de la comunidad judía afincada en Panamá. El atentado tuvo lugar un día después del ataque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune. ben de los promotores deportivos de los diputados. QUEJA. Una exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo presentó una “impugnación” contra la candidatura del aspirante a la reelección, Eduardo Leblanc, ante la Comisión de Gobierno. La denunciante alega despido injustificado y acoso laboral. Eso mismo ocurrió cuando fue escogido en el año 2020, y no pasó nada. Mónica Palm [email protected]
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