2A La Prensa Panamá, lunes 30 de marzo de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Mario Miller Archivo Miller va a la CSJ; busca anular condena de 13 años de prisión PECULADO El exdiputado del partido Cambio Democrático (CD), Mario Miller, recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se deje sin efecto la condena de 13 años de prisión que le fue impuesta por el delito de peculado doloso en perjuicio de la Asamblea Nacional. A través del edicto No. 39, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales informó que remitió a la Sala Penal de la Corte los recursos de casación presentados por Miller, Eréndira GonzálezyEdithNavarro,estasdos últimas funcionarias de la Asamblea que también fueron condenadas en este proceso. En octubre de 2024, Miller fue condenado a la pena de 13 años de cárcel, tras comprobarse que participó en la elaboración de contratos de servicios profesionales que no cumplían con los requisitos del Departamento de Recursos Humanos del Órgano Legislativo. A través de estos contratos se emitieron cheques por sumas elevadas, que fueron depositados en la cuenta de una empresa sin vínculo con la entidad. La sentencia también señaló que se evidenció falsedad en documentos, ya que se emitieron cheques a nombre de personas analfabetas e incluso de personas fallecidas. Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la condena de Miller y otros implicados, tras demostrar el uso fraudulento de las planillas de del Legislativo para defraudar al Estado. A raíz del proceso judicial, Miller fue separado del partido Cambio Democrático (CD), en el que militaba, para enfrentar el juicio. En el proceso, la Fiscalía Anticorrupción afirmó que funcionarios de la Asamblea, junto con Miller, desviaron fondos destinados a programas de interés social para su propio beneficio. Las pesquisas por este caso se iniciaron en 2014, tras una publicación del diario La Prensa, que reveló que algunos diputados utilizaban las planillas del Legislativo para defraudar al Estado mediante la emisión de cheques a nombre de terceros. Usualmente, estos terceros cobraban los cheques y recibían una comisión, mientras que el resto del dinero era entregado a Miller y a los demás implicados. Los cheques emitidos por la Asamblea supuestamente estaban destinados a ayudas económicas para comunidades necesitadas, pero los fondos nunca llegaron a sus beneficiarios. La Contraloría General de la República hizo una serie de auditorías a junta comunales, municipios sobre fondos manejados por los diputados lo que reveló que unos $50 millones carecían de facturas fiscales y otras $20 millones no tenían justificación. A raíz de estos hallazgos, se presentaron denuncias contra 11 diputados. El presidente José Raúl Mulino y Louis Sola, de la Comisión Federal Marítima (FMC) de Estados Unidos, se reunieron en una fecha no especificada durante la visita de Sola a Panamá, del 29 de julio al 1 de agosto. Para entonces, Sola ya estaba al tanto de que La Prensa investigaba el proyecto en Amador. En la foto, de izquierda a derecha: Mulino, Sola, Daniel Maffei, expresidente de la FMC, y Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente. Foto: Web de FMC. Marina de Amador: empresa presenta fianzas para dar continuidad a su contrato Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Las fianzas presentadas por Amador Marina reactivan su concesión en isla Flamenco, pese a la orden presidencial de revisarla, sin que exista claridad sobre decisiones administrativas ni supervisión estatal. La concesión a favor de Amador Marina, S.A. se mantiene vigente. La sociedad, que insiste en desarrollar una marina privada en la entrada del lado Pacífico del Canal de Panamá, presentó dos fianzas para garantizar la continuidad de su concesión de fondo de mar: una de cumplimiento de ejecución, por $657,930.98, y otra de cumplimiento de inversión, por $307,900. Las fianzas, que juntas suman casi $1 millón, fueron enviadas a la Contraloría General de la República por la Oficina de Fiscalización de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el pasado 26 de marzo, para su correspondiente aval. De ese modo, Amador Marina, S.A. pretende dar permanencia a su contrato con la AMP, el cual se supone está bajo escrutinio desde hace más de un año, cuando el presidente José Raúl Mulino ordenó revisar — presuntamente para eventualmente rescindir— esa concesión y también otra a favor de la misma sociedad, pero en tierra firme, en una pequeña porción de isla Flamenco, suscrita con la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR). La vigencia de ambas fianzas es por un año y cubre el periodo entre enero 2026 a enero 2027, según consta en los registros (Scafid) de la Contraloría. En la práctica, estos desembolsos mantienen activas las obligaciones contractuales mientras no se concrete la revisión ordenada por el Ejecutivo. En el contrato de concesión con la AMP —refrendado por el entonces contralor Gerardo Solís en el año 2023— se establece que estas garantías debían ser presentadas al momento de la firma. Se desconoce por qué las mismas no estaban vigentes, ya que esa es una obligación contemplada en la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Desafío? La instrucción pública de Mulino de revisar estas concesiones se dio en febrero de 2025, un mes después de que Louis Sola —actuando como presidente de la Federal Maritime Commission de Estados Unidos— afirmara en una audiencia en el Senado, en Washington, que existía un presunto control de China sobre las operaciones de la vía acuática, un señalamiento ampliamente desmentido por el Ejecutivo y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La hija de Sola, Carolyne, es la presidenta y representante legal de Amador Marina y él mismo ha impulsado el desarrollo de este proyecto. Incluso en la audiencia en el Senado se quejó porque el gobierno panameño le quería quitar la concesión a su familia, obviando que se trata de terrenos propiedad de la nación. Cuando Mulino escuchó a Sola, aseguró que no se otorgarían “concesiones importantes” a “alguien que nos ataca miserable y falsamente”. “Que vaya viendo dónde va a hacer negocios”, añadió. Posteriormente, en entrevista con La Prensa, el presidente insistió en que “la orden está dada”, al ser consultado sobre la falta de notificación formal a la AMP y la UABR, entidades que — ocho meses después— alegaban no haber recibido comunicación oficial para iniciar la revisión. En medio de esos señalamientos, la empresa continuó con movimientos de tierra y relleno en el área contempla una marina para yates, un eventual puerto de cruceros y desarrollo comercial. La Prensa solicitó información sobre qué actos administrativos ha emitido la AMP para iniciar el proceso de revisión de la concesión, por qué la empresa pagó fianzas y garantías pese a la orden presidencial y quién autorizó los desembolsos remitidos a la Contraloría. También consultó al administrador de la UABR, Jorge Díaz, sobre el estado de la revisión ordenada por el presidente, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. concesionada desde octubre de 2025. Queda la duda sobre quién autorizó esos trabajos, ya que el propio Roquebert admitió desconocer detalles de su ejecución. Amador Marina acumula dos concesiones directas, sin licitación, en isla Flamenco: una de 11.3 hectáreas de fondo de mar, otorgada en 2023 por la AMP, con un canon de 15 centavos por metro cuadrado y ajuste anual del 5%; y otra de 2.7 hectáreas en tierra firme, concedida en 2021 por la UABR, con un canon anual de $6 por metro cuadrado de área útil. Ambos contratos tienen una vigencia de 20 años, prorrogables por dos décadas adicionales. El proyecto Datos clave $965,831 Es el monto total de las fianzas presentadas por Amador Marina para mantener vigente su concesión de fondo de mar. 20 años Es el periodo de vigencia de cada concesión otorgada a la empresa, con posibilidad de prórroga por dos décadas adicionales. 11.3 ha Es el área de fondo de mar concesionada en isla Flamenco para el desarrollo de la marina privada. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==