7A La Prensa Panamá, domingo 22 de marzo de 2026 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA El hurto organizado devora el hato ganadero en Panamá Lejos de ser un delito aislado, el hurto pecuario, se ha transformado en una operación organizada que desmantela la producción ganadera en Panamá, costando al sector millones. Cuando los cuatreros roban el ganado y lo sacrifican, la carne deja de existir como evidencia. Archivo Yolanda Sandoval [email protected] El productor ganadero Ovidio Saavedra no habla desde la teoría. Habla desde la pérdida. Le robaron un semental. No lo revendieron como ganado. Lo sacrificaron y lo vendieron como carne. Un semental puede valer hasta cinco veces más que su precio en canal, porque no es solo un animal, es el eje reproductivo de la finca. Es el encargado de preñar a las vacas, mejorar la genética del hato y sostener la productividad a largo plazo. Al perderlo, el golpe no es solo inmediato. Es acumulativo: menos crías, menor calidad del ganado y años de inversión que se pierden en un solo acto. Su pérdida no es aislada. Se repite, con matices distintos en las fincas a lo largo del país. Y ocurre en un país donde las penas por hurto pecuario se han endurecido y donde, en teoría, existen controles sanitarios, guías de traslado y vigilancia institucional. La pregunta cae por su propio peso: ¿cómo es que esto sigue pasando? “Antes se robaban una vaca. Ahora se pueden llevar un camión entero”, dice, con una mezcla de frustración y resignación. Lo que describe Saavedra ya no es el viejo cuatrerismo de oportunidad. Es otra cosa. “Esto dejó de ser un simple cuatrero. Ahora son bandas organizadas que tienen todo amarrado”. Y cuando dice “todo”, se refiere a una cadena que va desde quien ubica el ganado, hasta quien emite documentos, transporta y finalmente coloca la carne en el mercado. Según relata, los vacíos de control facilitan el “negocio”, pero lo que realmente lo hace posible es que funcionarios tengan las manos embarradas en el delito. “Aprovechan carnicerías donde la inspección no es tan efectiva. No porque las autoridades no sepan hacerlo, sino porque no alcanzan a cubrir todo al mismo tiempo. Eso les da espacio para vender carne a menor precio”. Además, “funcionarios municipales pueden emitir guías de traslado o recibos de deshuello. Eso le da una apariencia de legalidad a un animal robado”. El resultado es una red que se mueve entre provincias, se adapta a los controles y encuentra rutas para veces es cierto, porque la evidencia ya no existe”. Las redes interprovinciales hacen que el problema sea aún más complejo. Las investigaciones han revelado conexiones entre bandas de distintas provincias, desde Coclé hasta el este de provincia de Panamá. En zonas como Darién, donde los controles dificultan el traslado de animales vivos, el esquema cambia: sacrificio inmediato y venta local, adaptándose a los vacíos de supervisión y a la geografía que impone barreras naturales y retenes. El impacto económico no es menor. Saavedra calcula que solo en un año, el sector perdió de forma inmediata 3 millones de dólares en ganado hurtado. Pero para quienes viven del campo, la cifra se queda corta. “No es solo el animal. Es el valor productivo que se pierde. El trabajo duro en el campo, que es de día a día, desde que sale el sol”, insiste. En paralelo, el consumo de carne ha mostrado una ligera disminución, en parte porque los panameños han reemplazado parte de su dieta con proteínas más económicas. Cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que, en febrero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, el sacrificio de ganado vacuno presentó una baja de 6.2%, mientras que en porcino registraron incrementos de 21.2%. Pero la caída en el sacrificio no se debe únicamente a cambios en la demanda. Una parte de la reducción responde a la pérdida de animales reproductores. “Se sacrificaron muchos vientres, muchas hembras”, para el consumo inmediato de carne, explicó Saavedra. En otras palabras, el golpe es doble. Por un lado, se enfrentan al robo de sus crías, y por otro, la capacidad de renovar y mejorar el ganado se ve comprometida, lo que afecta a todo el sector a mediano y largo plazo. GANADERÍA desaparecer la evidencia. “La carne es la prueba del delito… y desaparece. Nos la comemos. Ahí está una de las grandes fallas”, explica. Cuando los cuatreros roban el ganado y lo sacrifican, la carne deja de existir como evidencia. A diferencia de un objeto robado que puede recuperarse, el animal desaparece literalmente del sistema; se convierte en alimento, en un producto que se mezcla con la carne legal y entra al mercado sin rastros. Eso convierte el proceso judicial en un rompecabezas casi imposible. La policía puede documentar el hurto, el Servicio Nacional de Fronteras puede rastrear transporte y la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ) puede seguir pistas, pero cuando llega a los tribunales, no hay “objeto del delito” que presentar. Sin la carne como prueba física, los jueces muchas veces argumentan que no hay suficiente evidencia para condenar, aunque todas las autoridades hayan hecho su trabajo. En otras palabras, el crimen se oculta en el mismo acto que lo materializa: la carne se vende o se consume, y con ella desaparece la prueba que podría responsabilizar al culpable. Esto explica, en gran parte, por qué el hurto pecuario se ha sofisticado y por qué los productores sienten que, a pesar de leyes más duras y controles oficiales, el delito sigue avanzando. “Ellos dicen que no hay suficiente evidencia. Y muchas Juan Manuel Díaz [email protected] Vaca Gate: condenan a miembros de red criminal dedicada al robo de ganado Las pérdidas de reses estaba en aumento por una lógica conocida: el avance del cuatrerismo en zonas rurales. Sin embargo, esa simple lectura comenzó a resquebrajarse. Lo que se asumía como un delito tradicional hoy apunta, a una red más sofisticada, en la que no solo habría logística organizada, sino también la presunta participación de funcionarios de distintas esferas, cambiando radicalmente la naturaleza de los casos hasta ahora reportados. Un total de siete personas fueron condenadas a penas de 48 y 60 meses de prisión y otras siete quedaron imputadas por el delito de asociación ilícita quienes eran parte de una red criminal dedicada al hurto pecuario en las provincias de Los Santos y Herrera. El juez de garantías, Bosco Monterrey, validó acuerdos de pena a siete de los investigados e imputó cargos a otras siete personas, entre ellas tres funcionarios, quienes manejaban una red dedicada al hurto de ganado vacuno en la región de Azuero. Entre los imputados figuran un funcionario de la Caja de Seguro Social, a quien la fiscalía señala como presunto cabecilla; un funcionario de la Alcaldía de Pesé, en la provincia de Herrera; y otro del Municipio de Los Santos; a quienes se les acusa de colaborar con la estructura criminal para la movilización del ganado hurtado. La participación de funcionarios municipales sería clave. En Panamá, la emisión de la Guía de Degüello y Embarque de ganado, gestionada en las tesorerías municipales, no solo es un requisito previo al sacrificio, sino también un punto neurálgico donde converge la actuación de funcionarios y el control sobre la legalidad del ganado movilizado. También entre los imputados figura un médico veterinario, transportistas y jornaleros quienes se encargaban de la movilización de los animales hurtados. Durante la audiencia el de Los Santos y Herrera. Las investigaciones de la fiscalía revelaron que los funcionarios imputados ayudaban a legalizar el registro del ganado hurtado para luego poder venderlo a través de la subasta ganadera. La operación judicial requirió la participación de funcionarios de la Policía Nacional y el Ministerio Público que lograron ubicar evidencias relacionadas con la sustracción del ganado. juez Monterrey también aplicó medidas cautelares de reporte periódico a otros siete implicados, quienes no se acogieron a acuerdos de pena y prefirieron enfrentar un juicio. A los imputados se les formularon cargos por los delitos de hurto pecuario, asociación ilícita, asociación ilícita para delinquir, falsedad de documentos y corrupción de funcionarios. La investigación, que se inició en el año 2024, incluyó allanamientos en los poblados de El Carate, Peña Blanca en la provincia de Los Santos y Pesé en la provincia de Herrera. También se realizaron inspecciones oculares en la alcaldías de Las Tablas, Pesé y el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) de Los Santos en donde ubicaron documentos relacionados con la tenencia del ganado hurtado. La información del ISA es otro punto neurálgico, al tratarse de una entidad que maneja información del valor del ganado que está asegurado. El Ministerio Público logró vincular a los imputados con siete eventos delictivos en las provincias El Ministerio Público realizó allanamientos en las provincia de Los Santos y Herrera. Cortesía EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos a uentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 Elevación sobre el nivel del mar en pies 87.82 249.89
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==