1A La Prensa Panamá, domingo 22 de marzo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 22 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15328 Hoy por hoy El hurto pecuario ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una amenaza constante para el campo panameño. Productores de distintas regiones denuncian pérdidas recurrentes, mientras la respuesta institucional sigue siendo insuficiente o tardía. No se trata solo de animales robados. Detrás de cada caso hay inversión, sustento familiar y una cadena productiva que se debilita. Sin embargo, el problema parece moverse en una zona gris: ocurre lejos de los centros urbanos, sin la visibilidad mediática que sí tienen otros delitos. Cuando robar ganado resulta fácil y las probabilidades de sanción son bajas, el mensaje es claro: el delito encuentra espacio para crecer. Y con él, la desconfianza en las instituciones encargadas de prevenirlo y castigarlo. El país debe preguntarse si está dispuesto a seguir normalizando este tipo de delitos o si, por el contrario, asumirá la protección del sector agropecuario como una prioridad real. Porque cuando el campo queda desprotegido, pierde el país. Ellas.pa Chivato y La OG Royal, historia de dos burgers 6B Chiriquí vuelve a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 1B Deportes Panorama Víctimas de explosión en PH Urbana logran un acuerdo 2A ADEMÁS $20 millones en pérdidas por fraude bancario 5A Hurto pecuario: se organiza y se legaliza impune Yolanda Sandoval Juan Manuel Díaz [email protected] CRIMINALIDAD Redes organizadas, funcionarios implicados y fallas en controles permiten que el ganado robado ingrese al mercado, mientras la evidencia desaparece y los casos se debilitan. El hurto pecuario en Panamá ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una actividad organizada que involucra redes criminales y, en algunos casos, la participación de funcionarios públicos. Estas estructuras no solo roban ganado, sino que logran insertarlo en el mercado mediante documentos que le dan apariencia de legalidad, utilizando guías y registros que facilitan su comercialización. A pesar de que existen leyes con penas severas, el problema radica en la dificultad para investigar y probar los delitos, ya que la evidencia desaparece cuando el animal es sacrificado y su carne se mezcla con la oferta legal. El exfiscal Aurelio VásLeblanc, Russo y Valencia , en la carrera por la Defensoría Tres aspirantes concentran la atención en la carrera por la Defensoría del Pueblo: Eduardo Leblanc apuesta por la continuidad; Ángela Russo llega con trayectoria y polémicas, incluido su papel en decisiones judiciales que beneficiaron al actual presidente; y Ricardo Valencia irrumpe desde la política partidista, en una contienda que pone a prueba la independencia institucional y el rol de la entidad. VEA 2A Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Modelo privado para operar los 662 ‘parking’ del Metro Los estacionamientos de Villa Zaíta seguirán cerrados mientras el Metro de Panamá realiza una licitación para un operador privado que gestione el complejo de 662 espacios, incluyendo seguridad, mantenimien- Entre tinta y máquinas Un día con Yulissa, la única prensista Yulissa Ayala, prensista con más de 20 años en la rotativa de Corporación La Prensa, prepara manualmente las planchas y la tinta, demostrando experiencia y dedicación en un área donde ha sido la única mujer. Desde la impresora industrial hasta la consola de calidad, su trabajo exige precisión constante y conocimiento técnico. Su historia refleja perseverancia y la capacidad de abrirse camino en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. VEA 5B Alexander Arosemena quez advierte que las investigaciones son complejas: se desarrollan en zonas apartadas, con evidencias degradadas y sin personal especializado para preservarlas adecuadamente. Además, la falta de controles en el transporte y la identificación del ganado permite que estas redes operen con relativa facilidad, generando pérdidas económicas y debilitando la confianza en las instituciones del Estado. VEA 7A to y cobro de tarifas. El modelo busca eficiencia sin costos para el Estado, aunque ha recibido críticas por posibles beneficios para terceros y la necesidad de mantener tarifas accesibles. VEA 5A Especial mes de la mujer . Elysée Fernández
2A La Prensa Panamá, domingo 22 de marzo de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama La Defensoría del Pueblo manejo un presupuesto de unos 7 millones de dólares. Archivo La batalla por la Defensoría del Pueblo: perfiles, polémicas, política y poder Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ELECCIÓN Los diputados de la Asamblea Nacional deberán evaluar los perfiles y escoger al candidato más idóneo para ejercer como defensor del pueblo frente al poder. El reloj marcó las 4:00 p.m., del viernes y, con ese golpe seco del tiempo administrativo, se cerró la puerta para quienes aspiraban a dirigir la Defensoría del Pueblo. Entre los 35 inscritos —una cifra que habla de interés, aunque no necesariamente de posibilidades reales— hay nombres que ya no necesitan presentación. En esa lista sobresalen el actual defensor, Eduardo Leblanc González, que busca extender su gestión; la exmagistrada Ángela Russo, cuya trayectoria judicial arrastra tanto experiencia como controversias; y el diputado suplente Ricardo Valencia, que irrumpe desde la política partidista. ¿Qué decisiones han marcado su rol como figuras públicas? En el caso de Russo ingresó a la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2015, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2025. Su paso por el máximo tribunal, a lo largo de una década, estuvo rodeado de claroscuros, entre decisiones judiciales relevantes y cuestionamientos sobre su actuación. Las decisiones Por ejemplo, en septiembre de 2017 representantes de la sociedad civil organizada exigieron la renuncia de Russo, ponente, y de los otros siete magistrados, que avalaron el fallo que dejó sin efecto la parte medular del proceso judicial por presuntas irregularidades en la compra de 19 radares por $125 millones durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Esa decisión, adoptada en 2017, benefició al entonces exministro y exviceministro de Seguridad durante la administración de Martinelli —José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, respectivamente—, quienes eran investigados en ese caso. En la actualidad, Mulino ocupa la Presidencia de la República. En otro polémico caso, Russo fue una de los magistrados que en 2021 consideró que el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) no cometió delitos de actos libidinosos contra menores de edad. En aquel momento, cinco magistrados —Luis Ramón Fábrega, María Eugenia López Arias, Carlos Vásquez, Otilda Valderrama y Miguel Espino— concluyeron que Arias era responsable de uno de los cuatro delitos sexuales que le atribuían la parte querellante y el magistrado fiscal Olmedo Arrocha. La votación reflejaba una mayoría clara, pero no suficiente para cerrar el caso. Del otro lado, el bloque conformado por Ángela Russo, Cecilio Cedalise, José Ayú Prado y Hernán De León se apartó de esa conclusión y terminó definiendo el rumbo del proceso. Al tratarse de un diputado en funciones, el artículo 495 del Código Procesal Penal exigía una mayoría calificada de dos tercios —seis de nueve votos— para dictar condena. Así, el resultado de 5 a 4, aunque mayoritario, no alcanzó el umbral necesario y dejó sin efecto la posibilidad de condena en ese momento. En otros temas de derechos humanos Russo dejó constancia de posturas divergentes dentro del pleno de la Corte Suprema. Así ocurrió con el fallo que cerró la puerta al matrimonio igualitario en Panamá, frente al cual fue la única magistrada en salvar su voto. En un escrito de 18 páginas, Russo advirtió que el Estado incumplía obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, justicia y no discriminación, y cuestionó que la decisión —con ponencia de María Eugenia López Arias— se apoyara en definiciones “ya superadas” de familia y matrimonio, marcando distancia. Eso ocurrió en marzo de 2023, en la que el pleno declaró que no es inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. Gestión de Leblanc En el caso de Eduardo Leblanc González, uno de los principales argumentos a su favor es que bajo su administración, la Defensoría del Pueblo recuperó el estatus A ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, lo que le devolvió reconocimiento internacional. Su presencia también se hizo visible en terreno: desde inspecciones en estaciones migratorias en Darién hasta pronunciamientos sobre condiciones en centros penitenciarios y fallas en servicios básicos. Sin embargo, ese protagonismo ha estado acompañado de cuestionamientos. Aunque su discurso ha insistido en la necesidad de despolitizar la institución, su actuación en coyunturas sensibles —como protestas sociales en Bocas del Toro, persecución judicial contra ambientalistas o decisiones del Ejecutivo en materia migratoria— ha sido observada con cautela por organizaciones civiles y sectores jurídicos. En varios de estos episodios, su intervención se ha centrado en llamados al diálogo y la mediación, por encima de posturas de confrontación directa, lo que ha llevado a que su papel sea percibido por algunos sectores como más reactivo que determinante frente al poder político. Esa percepción se acentuó recientemente en su comparecencia ante la Asamblea Nacional —órgano encargado de elegir al defensor—, donde defendió una propuesta de ley que beneficiaría al expresidente Ricardo Martinelli, actualmente asilado en Colombia tras ser condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business. Transfuguismo Por su parte, Valencia, quien es el actual suplente de la diputada de Realizando Metas, Shirley Castañedas, se le recuerda por su pasado en la Asamblea cuando fue diputado entre 2009 y 2014. En 2011, Valencia se convirtió en el primer diputado panameñista tránsfuga al inscribirse en las filas del partido Cambio Democrático. Con apenas 22 años, el entonces diputado —uno de los más jóvenes de la Asamblea— habría formalizado su adhesión de manera reservada, marcando un temprano giro en su trayectoria política. Su paso por el Legislativo también estuvo acompañado de cuestionamientos. Valencia fue señalado por su baja participación en el pleno y por figurar entre los diputados con mayor número de ausencias. Ese historial reaparece ahora en el debate público, en momentos en que busca proyectarse hacia la Defensoría del Pueblo. La lista de aspirantes también incluye perfiles que combinan trayectoria técnica con experiencia política, aunque con menor visibilidad mediática. Es el caso de Gloria Young Chizmar, además de su trabajo en derechos humanos, cuenta con paso por la Asamblea Nacional como diputada. A su lado aparecen nombres como Venicia Clementina Chang, vinculada al ámbito académico, y juristas como Rodrigo García Rodríguez y Raúl Eduardo Peñaloza Testa, con trayectorias en espacios legales y administrativos. Trasunacuerdoextrajudicial indemnizatorio alcanzado por las partes, la jueza de garantías, Sandra Enid Castillo, accedió a una petición para archivar el proceso penal seguido contra diez personas por la explosión ocurrida el 1 de noviembre de 2022 en el edificio PH Urbana, en Obarrio. Durante una audiencia celebrada el pasado viernes en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la jueza acogió la petición de los querellantes para desestimar los cargos, así como la solicitud del Ministerio Público de aplicar el principio de oportunidad (que permite al fiscal renunciar a la acción penal cuando el investigado busca reparar a la víctima). La moción fue presentada por el abogado Ramses Álvarez, uno de los querellantes, previo a conversaciones sostenidas con los abogados de los imputados. Durante la audiencia, la jueza Castillo, luego de escuchar la moción, conocer el parecer de la defensa y la fiscalía, y corroborar que la propuesta cumplía con las normas del Código Penal, decidió acoger la petición y dejar sin efecto todas las medidas cautelares aplicadas a los imputados. La decisión de la jueza se fundamentó en el numeral 2 del artículo 212 del Código Procesal Penal, que establece el archivo de la causa cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el interés de la colectividad o cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia. El acuerdo, cuyo monto no fue revelado, obliga al pago de una indemnización por parte de las empresas relacionadas con la construcción del edificio, la supervisión de la obra, el servicio de alarmas y la promotora, a faVíctimas por explosión en PH Urbana logran acuerdo extrajudicial DESISTIMIENTO vor de las 18 personas afectadas por la explosión. El suceso ocurrió el 1 de noviembre de 2022, en la calle 54, ubicada en Obarrio. A las 7:15 a.m., una potente explosión en el piso 12 del PH Urbana (de 33 pisos) rompió ventanas, derrumbó muebles y arrojó escombros que afectaron a ciudadanos y vehículos. El hecho dejó un saldo de 21 personas heridas, entre ellas una mujer que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Un informe del Cuerpo de Bomberos atribuyó la explosión a una acumulación de gas proveniente de una estufa en el apartamento 12C del inmueble. Según los bomberos, la estufa actuó como un reservorio de gas que contribuyó a magnificar la fuerza de la explosión, generando vectores en diferentes direcciones. La deflagración —como definieron los bomberos la explosión de ese día— obligó a la evacuación de todos los ocupantes del edificio por razones de seguridad y para evitar mayores riesgos. Sin embargo, un peritaje realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) concluyó que la causa de la fuga de gas se debió a dos perforaciones en la tubería ubicada en el piso 14, específicamente entre los cilindros que conectan los apartamentos C-1 y C-2. Juan Manuel Díaz [email protected] La explosión ocurrió en el edificio ubicado en el sector de Obarrio. Archivo Infografía: LP - Fuente: Datos propios Candidatos para defensor (a) del Pueblo Johana Patricia Diaz Alberola Boris Alexis Corcho Diaz Luis Antonio Aldeano Ortiz Esperanza Anayansi Ruiz Ceron Anahi Quintero Belda Jahaira Esther Rangel Nuñez Joel Alexis De León Quintero Dilia Estela Cornejo Meneses Rodrigo Alberto García Rodríguez Igor Jomir Herrera Brugiati Cleovis Madrid Ledezma Eduardo Leblanc González Rodrigo Alonso Frago Madrigales Jorge Zúñiga Sánchez Angela Russo Mainieri Giselle Annette Emiliani Duque José Luis Carles Rodríguez Joyce Janette Araujo Lasso Raúl Eduardo Peñaloza Testa Gloria Del Carmen Young Chizmar Félix Humberto Paz Moreno Venicia Clementina Chang Monterrey Guillermo Santamaría Jorge Enrique Aguirre Leason Allan Poher Barrios Rosario José Antonio Collado Valencia Gina Larissa Correa Hils Meiky Luz Quintero Hernandez Roberto Rivera Concepción Rubén Darío Frías Ortega Johanna Yamileth Aguirre Frías Alexander Rojas Figueroa Ela Marife Jaén Herrera Edgar Manuel Castillo Santamaría Ricardo Alejandro Valencia Arias
3A La Prensa Panamá, domingo 22 de marzo de 2026 HOY EXHIBICIÓN EXCLUSIVA DE AUTOS Y MOTOS
4A La Prensa Panamá, domingo 22 de marzo de 2026 Panorama Anel Asprilla ‘Me decían que tenía que aprender a tragar sapos... Y definitivamente sí, lo aprendes’ Simón Tejeira ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El chitreano Ronald de Gracia, de 45 años de edad, representa al circuito 7-2. Antes de su elección como diputado de RM fue gerente de una ganadera. Estudió negocios, banca y finanzas. ¿Cómo terminaste en la política? Vengo de una familia de productores. Mi padre es productor ganadero, porcinocultor. Y esa ha sido mi vida, siempre. Pero, aunque parezca irónico, me llevó a participar de la política la decepción. La decepción de ver que cada cinco años le dábamos oportunidad a gente que no peleaba por las cosas mínimas necesarias. Las cosas básicas de nuestra gente. ¿Hubo alguien que te influyera? ¿Algún padrino político? No tan directo, pero cuando comencé, sí veía con buena visibilidad el futuro político en aquel momento de Ricardo Martinelli. Sabíamos todos los problemas que tenía, pero la sociedad lo pedía como líder. De allí me comuniqué con un gran amigo, Ventura Vega, un político de mucha trayectoria del área nuestra, hoy en día secretario general de la Contraloría. Y le pedí una cita en su casa en Guararé. Me senté con él y le dije: “Ventura, mira, tengo aspiraciones políticas, me gustaría ser diputado del circuito nuestro y quiero preguntarte si me puedes guiar”. Para la bendición... No tanto como la bendición, porque ese era mi norte. Si Dios me había dado la visión, yo iba por ahí. Pero sí pedí la experiencia del señor Ventura. Me dijo incluso cómo formar una estructura, porque desconocía el tema estructural político. Y comencé a inscribir personas. Recuerdo que el primer día inscribí a tres personas. ¿Empezó con tres personas? Con tres personas y como a los dos días se me borraron dos. Y yo dije: “Guau, esto es duro”. Pero hay algo que me distingue: la perseverancia. Fui inscribiendo hasta llegar al punto en donde hacía inscripciones de 300, 400 personas por día. Se lograron inscribir 7,766 personas en mi circuito. Muy significativo, porque somos un circuito pequeño. Fui electo en las primarias. Incluso fui el diputado más votado a nivel nacional. ¿Usted fue el diputado más votado a nivel nacional? Porcentualmente, sí. Mi compañera y amiga difunta, que Dios la tenga en la gloria, Delfía Cortés, tenía 17,000 inscritos y yo solamente tenía 7,000, y sacamos el mismo número de votos. Una de las cosas que me enseñó la política es que descubre quién es tu amigo y quién no, y eso es muy bonito. También puede ser muy feo. Sí, claro, porque te llevas esos choques difíciles que nunca te esperabas. Incluso me decían que tienes que aprender a tragar sapos y yo no sabía qué era eso. Y definitivamente sí, lo aprendes. ¿Qué no entienden los diputados del resto del país acerca de su circuito? El santeño tiene algo que lo distingue: somos gente de trabajo. A nosotros no nos vas a ver cerrando una calle. Nosotros lo único que le exigimos al Estado es lo básico: medicamentos, un sistema de salud funcional para nuestra gente, carreteras, vialidad para nuestros productores y nuestros turistas. Cuando pienso en necesidades urgentes, pienso en el río La Villa. ¿Cómo ha sido su perspectiva de ese problema? Mi padre, Orlando De Gracia, es uno de los porcinocultores más grandes de esa área y somos uno de los productores de carne más grandes del país. Y cuando esto inició, comenzaron a atacar a las fincas de cerdo, diciendo que la contaminación venía de los cerdos. Y obviamente lo vi venir como un tema político, porque todos mis adversarios políticos comenzaron a invertir en el tema publicitario. Le estaban diciendo que usted había contaminado el río La Villa, usted personalmente. Se hicieron inspecciones a las fincas de mi padre. Se veía obvio que solamente inspeccionaban las fincas de mi papá, cuando hay ahí cualquier cantidad de productores. Claro, hay una tensión entonces entre los industriales y el medio ambiente. Sí, y el Ministerio de Ambiente es el más exigente en ese tema. Yo quería que se descubriera de dónde honestamente nace la contaminación. Les pedí a los ministros que fueran también al vertedero del Colmón, que es una reserva forestal. Y, aunque parezca irónico, ese vertedero estuvo por años dentro de la reserva forestal. Esto no es un problema solamente de fincas de cerdos, de lecherías o de personas que fumigan. Esto es un problema multifactorial. El punto neurálgico es este: yo tengo 37 corregimientos en los tres distritos y solamente uno tiene alcantarillado. Cuando el tanque séptico se llena, no todo el mundo tiene la capacidad de pagar una cisterna para que retire el producto. ¿Dóndevaaterminaresaagua? En las barriadas, en los sistemas de aguas servidas colapsados. Y los lixiviados del vertedero del Colmón estaban a 2.7 kilómetros en línea recta del río La Villa. Se eliminó el depósito de basura allí, pero la basura acumulada de 60 años se mantiene. Usted fue presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea. De los proyectos que vio, ¿cuáles han sido los que más apoya o incluso los que rechaza? Siempre lo he hablado con muchos compañeros, más específicamente con los compañeros de Vamos, que ellos sí tienen una artillería de presentación de proyectos en la Asamblea, pero se les caían muchos dentro de la Comisión de Economía porque no eran viables. Aprendí que todo proyecto de economía que tenga que ver con dinero tiene que llevar una emisión de concepto del Ministerio de Economía y Finanzas y, dependiendo del caso, también de la Contraloría.Muchossecaíanporque no cumplían con esos requisitos. Los llevaban sin hacer las consultas previas. Me puse a investigar los proyectos de ley que usted ha impulsado. Y esto como un paréntesis, porque es una de esas cosas que a veces los capitalinos no entendemos. Leyes como, por ejemplo, para penalizar el cuatrerismo. ¿Por qué esa ley? ¿Por qué es importante? El cuatrerismo —cuatro patas— tiene que ver con todo lo que son animales semovientes. Nosotros, como productores, hemos sufrido por décadas el flagelo del hurto pecuario. En mi caminar político, la mayoría de la gente me pedía: “Ronald, elimina el desistimiento”. ¿Desistimiento? El desistimiento era una herramienta que favorecía tanto al afectado como al acusado. Tú me robabas una vaca a mí... Yo no haría eso, para que quede constancia. Es el ejemplo... Y yo te denunciaba. Tú ibas detenido. Pero el amigo me conoce a mí y es primo tuyo. Y ya te iban a decir: “Este señor quiere que le quites la denuncia. Esa vaca costaba $1,000, él te va a dar $3,000”. Obviamente, el productor, al ver el dinero, decía: “no hay problema, le quito la denuncia”. El productor, según él, salía bien. Y el malhechor quedaba libre. Al eliminar el desistimiento ya no hay oportunidad de negociar. Te encuentran culpable, vas detenido entre cuatro y seis años. Y el afectado no te puede quitar la denuncia porque ya no se puede. Sí, aquí está el tema de que, si aprietas de esa manera, lo que estás buscando es eliminar la conducta criminal en lugar de darle la oportunidad de negociarla. Por esa línea, el proyecto de no contratación de empresas condenadas por corrupción pasó por la Comisión de Economía y Finanzas y no salió. ¿Cuál es su perspectiva de por qué no se dio? Ese proyecto no pasó porque no le correspondía directamente a la Comisión de Economía, sino a la de Gobierno, porque ese anteproyecto tocaba términos como “empresas que habían sido juzgadas”. Son términos legales que automáticamente tienen que salir del área de economía. Fuera de eso, también hay un tema con las empresas que estuvieron inmiscuidas en algún tema legal. Los representantes legales tuvieron temas de delaciones premiadas y cuanta cosa, pero no están detenidos. Entonces, las empresas siguen. Yo pienso que el tema tiene que ser más puntual: no con la empresa como tal, sino con los representantes legales. ¿Separar a la empresa de las personas? Es correcto. También hubo un proyecto para proteger a los denunciantes de corrupción. Tampoco pasó. Entonces hay como una tendencia a darle mucha tolerancia a ciertas conductas que tal vez queremos apretar. Pero ahí hay que ser muy cuidadoso. Hemos visto en gobiernos pasados que metieron a un montón de gente que después quedó libre, pero se pasaron año y medio presos, y eso nadie se los va a retribuir. El sufrimiento de esas familias, porque una persona X, ya sea porque le pagaron o porque le caes mal, va y te pone una denuncia. ¿Quién te devuelve esos seis meses preso? Y después resulta que no tenías nada que ver con esto. Pasen una ley que devuelva el tiempo perdido. Es muy difícil y lo sabes. Para pasar ya a un tema más de visión a futuro: ¿cuáles son los temas que usted está apoyando y los proyectos de ley que le gustaría ver aprobados? Yo voy a apoyar todos los proyectos de ley que lleguen a la Asamblea que yo sienta que son viables y positivos para mi país. A mí nadie me obliga a firmar o apoyar una ley porque me mandaron una línea. Los que más me interesan los leo todos por completo. Pregunto, analizo, averiguo. No quiero que me pase lo que le pasó a antiguos compañeros con la ley de la mina: nunca leyeron el bendito contrato minero y mira lo que eso arrojó. ¿Quiere tirarse al ruedo y darme su opinión acerca de la reapertura? Yo estoy a favor de la apertura de la mina. Te soy muy honesto. Yo siento que ya la mina está. Hay que mejorar muchas cosas, pero este país ya no aguanta ¿Aun con un fallo de inconstitucionalidad y una ley que dice que no se puede dar concesión nueva? Es un tema bastante delicado, pero yo hablo por mí: estoy a favor de que se reabra la mina. En términos económicos hay que pensar bastante. Este país necesita muchas más cosas. Algo que lo haya desilusionado de ser diputado y algo que lo haya ilusionado. La ilusión es ver y poder palpar a diario, a través de mi gestión, los resultados. Porque yo vine a trabajar a la Asamblea. No soy el diputado que se pierde. Todos los fines de semana estoy en mi pueblo e intento estar un fin de semana en cada distrito de mi circuito. Me gusta llegar, bajarme en la calle y saludar a la gente. Y sentir esa reciprocidad del ciudadano santeño, del campesino, hacia mí de una manera amorosa. Que se sienten orgullosos de que haya un diputado que fue a la Asamblea a trabajar y no a dormirse, no a modelar. Y lo que me desilusiona es la burocracia. Definitivamente es un tema que tiene a este país inmerso en la decadencia. Nosotros deberíamos ser un país más futurista, más de primer mundo, pero eso me entristece.
5A La Prensa Panamá, domingo 22 de marzo de 2026 Panorama En la estación de Villa Zaíta se construyó una terminal de estacionamiento con el objetivo que las personas dejarán sus vehículos y utilizaran el metro, sin embargo, esta plaza será dada en contrato a un operador privado. Elysée Fernández Estacionamientos del Metro en Villa Zaíta tendrá operador privado Yaritza Mojica [email protected] SISTEMA FERROVIARIO Hay 662 espacios de estacionamiento, de los cuales 222 estarán destinados a la policlínica de Las Cumbres, mientras el Metro de Panamá avanza en la estructuración del pliego para la licitación. Los estacionamientos de Villa Zaíta, que por casi un año han estado a la espera de ser utilizados por los usuarios de Panamá Norte, seguirán inhabilitados debido a que el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) realizará un proceso de licitación pública para seleccionar a un operador privado que se encargue de su administración. Así lo confirmó la empresa estatal, que explicó que busca un operador privado que asuma la administración, operación y mantenimiento del complejo de estacionamientos del intercambiador de la estación Villa Zaíta, como parte de un modelo que procura garantizar eficiencia y sostenibilidad sin generar costos adicionales al Estado. De acuerdo con la entidad, el esquema contempla la gestión integral del complejo por parte de un concesionario especializado, bajo la supervisión del Metro. Entre sus funciones se incluyen el control de accesos, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento, la implementación de sistemas de pago, así como la explotación de áreas comerciales y espacios publicitarios. La contratación se realizará mediante la modalidad de licitación por mejor valor, evaluando no solo la propuesta económica, sino también la experiencia, la capacidad técnica y la solvencia de los participantes. El MPSA destacó que el proceso se encuentra en su fase final de estructuración del pliego de cargos, tras la realización de análisis técnicos, operativos y financieros, además de una validación de mercado para medir el interés del sector privado. Una vez culminada esta etapa, se prevé convocar el acto público, conforme a la normativa vigente. El complejo cuenta con 662 espacios de estacionamiento, de los cuales 222 estarán destinados a la policlínica de la Caja de Seguro Social “Dr. Edilberto Culiolis”, ubicada junto a la estación del Metro. El resto estará disponible para usuarios del sistema y el público en general, con el objetivo de facilitar la intermodalidad del transporte en la zona de Panamá norte. Negocio para terceros El modelo ha generado cuestionamientos. El diputado de la coalición Vamos y representante de Panamá Norte, Neftalí Zamora, advirtió que la propuesta podría convertirse en un negocio para terceros sin que exista una inversión real en la infraestructura. A su juicio, existe una diferencia entre tercerizar la operación y permitir que un operador privado obtenga ganancias sobre un activo ya construido. “Si se generan incentivos para que haya un operador que cobre sobre el proyecto, se tendrá a una persona lucrando sobre algo en lo que no invirtió”, señaló el diputado, quien cuestionó qué valor agregado aportaría el concesionario, tomando en cuenta que la infraestructura, la tecnología y los sistemas ya están instalados. Zamora indicó que los estacionamientos de Villa Zaíta cumplen una función pública: facilitar el traslado de ciudadanos de Panamá Norte hacia el centro de la ciudad y reducir la cantidad de vehículos en circulación. Destacó que, para cumplir con ese objetivo, su uso debe ser lo más accesible posible, sin comprometer la seguridad ni el mantenimiento mínimo requerido. “Se debe cobrar, pero a un precio que motive a la gente a dejar el carro y utilizar el metro, especialmente en áreas como Panamá Norte, donde hay una alta demanda”, sostuvo. El diputado reiteró que, aunque el servicio no debe ser gratuito, las tarifas deben fijarse en niveles que incentiven el uso del transporte público. “Quien asuma el costo del mantenimiento y la seguridad de los estacionamientos —sea subsidiado o no— debe garantizar su fin público”, enfatizó. Además, expresó preocupación por el tiempo que la infraestructura ha permanecido sin operar plenamente. Según indicó, el estacionamiento lleva más de un año —e incluso cerca de dos— listo sin ser utilizado en su totalidad, por lo que instó a las autoridades a aclarar el modelo de gestión y garantizar que el beneficio económico permanezca en el Estado. La causa de la decisión El Metro de Panamá explicó que la decisión de recurrir a un operador privado responde a la complejidad del proyecto, que no solo abarca estacionamientos, sino también un intercambiador modal con servicios asociados. Según la entidad, asumir directamente esta operación implicaría mayores costos recurrentes y la necesidad de ampliar su estructura administrativa. Por ello, el modelo permite trasladar al concesionario los costos operativos y los riesgos, e incluso generar ingresos no tarifarios para la institución. La habilitación de estos estacionamientos dependerá de la adjudicación del contrato y de la entrada en operaciones del operador seleccionado. Aunque las tarifas aún no han sido definidas, el Metro adelantó que deberán mantenerse en rangos accesibles, considerando que se trata de un segmento de usuarios sensible al precio y que el modelo busca operar sin subsidios estatales. La construcción de esta terminal, que empezó en 2021 y terminó en abril de 2024, que incluyó los estacionamientos y la estación del Metro, tuvo un costo de 177.9 millones de dólares, además de un financiamiento de 25.6 millones. El proyecto fue desarrollado para beneficiar a más de 300 mil personas que residen en Panamá Norte y atender la demanda de transporte hacia áreas como San Isidro. La creciente ola de fraudes electrónicos mantiene en alerta al sistema bancario panameño, que ha intensificado sus medidas de seguridad para frenar estafas antes de que impacten a los clientes. Según datos de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), en 2025 se detectaron intentos o sospechas de fraude por unos 125 millones de dólares, de los cuales alrededor de $20 millones se concretaron en distintos casos. El superintendente de bancos de Panamá, Milton Ayón, advirtió sobre la dimensión del problema en materia de ciberseguridad y señaló que, aunque el impacto efectivo fue limitado, de haberse materializado en su totalidad habría representado el 4.2% de las ganancias del centro bancario en 2025. El presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, Ernesto Antonio Boyd García de Paredes, advirtió que los ciberataques contra el sistema financiero no solo continúan, sino que van en aumento, lo que representa un reto creciente para la protección de los clientes y sus ahorros. Señaló que estas amenazas son cada vez más sofisticadas y que muchas veces las personas resultan vulnerables sin ser plenamente conscientes del riesgo. Destacó que los ataques están dirigidos principalmente al sistema bancario porque allí se concentran los recursos de los clientes. “Al final del día, el objetivo es el dinero de las personas”, afirmó, al tiempo que reconoció que muchas estafas se concretan cuando los usuarios caen en esquemas como el phishing, que es una forma de suplantación de identidiad, u otras modalidades de engaño. El eslabón más vulnerable: el usuario Pese a los avances tecnológicos, los expertos coinciden en que la mayoría de los fraudes no ocurre por fallas en los sistemas, sino por errores humanos. “En la mayoría de los casos, el delincuente no rompe el sisPérdidas por fraudes bancarios alcanzaron los$20 millones en 2025 CRIMINALIDAD tema: convence al usuario”, advirtió Xavier Carrera Mackenzie, presidente de la Comisión de Seguridad de la Información y Ciberseguridaddel gremio bancario. Entre los errores más comunes están compartir códigos de verificación, confiar en llamadas que simulan ser del banco, hacer clic en enlaces sospechosos o utilizar contraseñas débiles. También se suman prácticas de riesgo como conectarse a la banca en línea desde redes Wi-Fi públicas o no revisar con frecuencia los movimientos de sus cuentas. Más ataques, más sofisticados El panorama se vuelve más complejo con el aumento de ciberataques en el país. Eli Faskha, experto en ciberseguridad, señala que una organización promedio en Panamá recibe cerca de 2,600 ataques semanales, mientras que el sector bancario puede enfrentar hasta 3,300 ataques por semana, principalmente a través de bots, ransomware y robo de información. Además, los ataques ya no solo buscan bloquear sistemas, sino robar datos para explotarlos posteriormente, lo que incrementa el riesgo para los usuarios y las instituciones. Reyna Katiuska Hernánez [email protected] No compartir nunca códigos, contraseñas ni datos personales Activar alertas de movimientos, accesos y transacciones Usar contraseñas únicas y seguras Evitar enlaces y acceder siempre desde la app oficial o escribiendo la dirección Revisar las cuentas con frecuencia Desconfiar de mensajes o llamadas urgentes Cómo protegerse El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) realizará un proceso de licitación pública para seleccionar a un operador privado. Foto/Elysée Fernández
6A La Prensa Panamá, domingo 22 de marzo de 2026 El desmoronamiento democrático Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS El retroceso democrático global marca una nueva era de autocratización, con debilitamiento institucional, censura y erosión de libertades incluso en democracias históricamente consolidadas. L a democracia liberal atraviesa su momento más crítico desde el inicio de la tercera ola de democratización. Tras 15 años de estancamiento, el 74% de la población mundial —alrededor de 6.000 millones de personas— vive hoy bajo regímenes autocráticos, mientras que otro 41% —unos 3.400 millones— reside en países donde la democracia se encuentra en deterioro. Durante décadas, buena parte del pensamiento político asumió que, pese a sus retrocesos ocasionales, la expansión democrática conservaba una lógica de largo plazo: podía desacelerarse o sufrir crisis temporales, pero la dirección general del movimiento parecía clara. El reciente informe 2026 del Instituto VDem de la Universidad de Gotemburgo —presentado esta semana—, que lleva como título El Desmoronamiento de la Era Democrática (Unraveling the Democratic Era), sugiere que esa premisa ya no se sostiene. Según sus autores —tesis que comparto— no estamos ante una recaída pasajera ni frente a una simple “fatiga democrática”; estamos ante una nueva era de autocratización. La evidencia que presenta el informe es contundente. La democracia global ha retrocedido hasta niveles comparables con los de finales de la década de 1970. En otras palabras, gran parte de las conquistas alcanzadas durante la llamada tercera ola de democratización —iniciada en 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal— ha sido erosionada. El ciudadano promedio del mundo vive hoy en condiciones democráticas semejantes a las de 1978. Es la constatación de que medio siglo de avances institucionales y de libertades ha sido, en gran medida, revertido. Lo más inquietante de este proceso no es solo su escala, sino su localización. La autocratización ya no se concentra exclusivamente en Estados periféricos o democracias de baja intensidad. Ha llegado al corazón mismo del orden liberal occidental. Según V-Dem, por primera vez en más de medio siglo, Estados Unidos ha perdido su estatus de democracia liberal. El dato tiene un peso geopolítico inmenso: se trata del deterioro interno de la democracia más influyente del mundo y también del debilitamiento del país que, hasta hace poco, era el principal garante histórico del orden internacional basado en reglas. De acuerdo con el citado informe, el segundo mandato de Trump se caracteriza por una rápida y agresiva concentración de poder en la Presidencia, que altera de manera sustantiva el equilibrio institucional. El deterioro más pronunciado se observa en las restricciones legislativas. No obstante, el documento subraya que, por ahora, los mecanismos electorales se mantienen estables. La verdadera prueba se medirá en las elecciones legislativas de medio término del próximo 3 de noviembre. Deterioro global El deterioro estadounidense no debe leerse como una anomalía aislada. Es parte de una tendencia global. Según V-Dem, el mundo tenía 92 autocracias y 87 democracias a fines de 2025. El 74% de la población mundial (6 mil millones) reside en autocracias, mientras que apenas el 7% (600 millones) vive en democracias liberales, siendo Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza, Estonia e Irlanda quienes encabezan el índice democrático. La tendencia global es igualmente negativa: mientras solo 18 países en el mundo están democratizándose —una cifra históricamente baja—, 44 están en proceso de autocratización, casi una cuarta parte del total mundial. Además, en 2025, había más personas viviendo en autocracias cerradas (28%, o sea 2.3 mil millones) que en democracias electorales y liberales combinadas (26%, o sea 2.2 mil millones). Estas cifras revelan que la democracia liberal no solo ha dejado de expandirse: ha pasado a ser, demográficamente, una condición minoritaria Europa tampoco está al margen de esta ola de desmoronamiento: siete países están afectados por procesos de autocratización: Hungría, Serbia, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia, Italia y Rumanía —los primeros cuatro figuran entre los de mayor autocratización—. La advertencia es relevante porque desmonta una ilusión persistente: la de que Europa, por la densidad de sus instituciones y la madurez de sus democracias, estaría inmunizada frente al deterioro autoritario. No lo está. El ascenso de fuerzas de extrema derecha, la radicalización del discurso público y la tolerancia de sectores conservadores hacia líderes iliberales muestran que la vulnerabilidad europea es real. Por su parte, América Latina y el Caribe exhiben un panorama de claroscuros. Si bien en 2025 se mantiene como la segunda región más democrática del mundo, su trayectoria es descendente desde los máximos alcanzados a comienzos de la década de 2000. Tras una recuperación puntual en 2023 —impulsada en gran medida por las mejoras en Brasil—, la tendencia vuelve a deteriorarse como resultado de los retrocesos en Argentina, México y Perú, tres de los países que figuran entre los diez con mayores niveles de autocratización a nivel global. A este cuadro se suman los efectos persistentes de los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela —en un contexto geopolítico hoy más complejo—, así como la deriva autoritaria en El Salvador y la condición de colapso estatal en Haití, lo que en conjunto configura una región que, pese a conservar importantes anclajes democráticos, enfrenta una erosión sostenida y heterogénea de sus instituciones. En síntesis, el actual desmoronamiento democrático a escala global responde a tres dinámicas principales: el retroceso de democracias históricamente consolidadas; la regresión de países que habían logrado afianzar sus procesos de transición a fines del siglo XX y principios del XXI; y la profundización de tendencias autoritarias en regímenes ya autocráticos. La libertad de expresión, la principal víctima El informe permite observar no solo dónde avanza la autocratización, sino cómo lo hace. La herramienta más extendida sigue siendo la censura de medios, utilizada por 32 de los 44 gobiernos en retroceso. A ello se suma la represión creciente de la sociedad civil, presente en 30 países, y el deterioro de la calidad de las elecciones, que empeoró en 22 países durante 2025 y solo mejoró en 7. La libertad de expresión es, de hecho, el componente más dañado de la democracia global: 44 países registran retrocesos en este ámbito y solo 11 países muestran avances. La conclusión es inequívoca. La nueva autocratización no necesita abolir las elecciones; le basta con vaciarlas de sustancia, restringir el pluralismo, intimidar a la prensa y debilitar, paso a paso, los mecanismos de rendición de cuentas. Ese patrón explica por qué el concepto de “regímenes híbridos” resulta cada vez más central. Muchas autocracias contemporáneas no prescinden de las urnas; las conservan como instrumento de legitimación, pero desmontan el ecosistema institucional que hace posible una competencia genuina. El resultado es una democracia de fachada: elecciones sin equidad, parlamentos sin autonomía, tribunales bajo presión y medios disciplinados. Las implicancias geopolíticas de esta tendencia son profundas. En primer lugar, el debilitamiento de las democracias reduce el compromiso con el multilateralismo y acelera la transición desde un orden basado en reglas hacia otro regido por relaciones de poder. En segundo lugar, la expansión de modelos iliberales incrementa la tolerancia hacia prácticas autoritarias y reduce los costos internacionales de la represión interna. En tercer lugar, la autocratización fragmenta aún más el sistema internacional, en un momento en que las rivalidades geopolíticas, la crisis de gobernanza global y los conflictos armados exigen niveles de cooperación cada vez más difíciles de alcanzar. Reflexión de cierre ¿Hay espacio para un optimismo prudente? Sí, pero acotado. El informe de V-Dem muestra que el mundo ha cruzado un umbral peligroso. La democracia ya no puede ser entendida como el horizonte natural de la modernidad política ni como el punto de llegada inevitable del desarrollo. Ha pasado a ser un régimen en disputa, acosado desde fuera por autocracias consolidadas y erosionado desde dentro por líderes que, una vez electos, utilizan las instituciones democráticas para vaciarlas de contenido. La cuestión ya no es si la democracia está en retroceso. La evidencia acumulada en el informe de V-Dem confirma que lo está. La verdadera incógnita es otra: si las sociedades democráticas serán capaces de reaccionar a tiempo para defender sus instituciones, reconstruir su legitimidad y renovar un contrato social que articule libertad, representación y eficacia; o si, por el contrario, terminará imponiéndose una contra-ola autoritaria de mayor alcance y duración. Ambos escenarios siguen abiertos. Pero su desenlace no dependerá únicamente de gobiernos o élites políticas. También recaerá —de manera decisiva— en la conducta, las convicciones y el compromiso de los propios ciudadanos. Porque, en última instancia, la democracia no se erosiona ni se renueva en abstracto: se sostiene —o se pierde— en la acción concreta de quienes creen en ella. Sin demócratas comprometidos, no hay democracia que perdure. El autor es director y editor de Radar Latam 360. Aleida Samaniego C. [email protected] Los nuevos elevadores permanecen tapados con unas lonas en los estacionamientos desde hace semanas. Elysée Fernández. Elevadores sin instalar en el Complejo Dr. Arnulfo Arias: solo uno funciona CSS Pacientes, familiares y personal de salud del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid , ubicado en la vía Transístmica, continúan enfrentando dificultades para desplazarse dentro de este centro hospitalario, uno de los más concurridos del país. Durante una visita realizada esta semana por La Prensa, se constató que, de los tres elevadores del área principal, solo uno se encontraba en funcionamiento, lo que complica la movilidad de pacientes, visitantes y trabajadores.} Los nuevos ascensores, que deben reemplazar los equipos actuales, permanecen en el área de estacionamientos del complejo, aún sin ser instalados Según la Caja de Seguro Social (CSS), el hospital cuenta con un calendario de trabajo para la instalación de cinco elevadores nuevos, anunciado en febrero, con el objetivo de mejorar la movilidad de pacientes, colaboradores y visitantes, especialmente adultos mayores y personas con movilidad reducida. La directora nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS, Yariela de De Sanctis, explicó en una entrevista concedida al programa 180 Minutos de Radio Red que el primer ascensor debía instalarse a finales de febrero. Sin embargo, al 16 de marzo, durante el recorrido de este medio, no se observaban avances en la instalación. Según el cronograma de la institución, el segundo elevador está programado para el 30 de marzo, el tercero en junio, el cuarto en julio y el quinto en septiembre de 2026, fecha prevista para la culminación del proyecto. La administración de la CSS había informado en septiembre de 2025 que los nuevos ascensores ya habían sido licitados y adjudicados. No obstante, su instalación depende del proveedor encargado del suministro y montaje, lo que ha prolongado la espera. De De Sanctis señaló que el proceso no es inmediato, ya que implica evaluaciones técnicas, certificaciones y coordinación con distintas áreas responsables de la infraestructura hospitalaria. Panorama
7A La Prensa Panamá, domingo 22 de marzo de 2026 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA El hurto organizado devora el hato ganadero en Panamá Lejos de ser un delito aislado, el hurto pecuario, se ha transformado en una operación organizada que desmantela la producción ganadera en Panamá, costando al sector millones. Cuando los cuatreros roban el ganado y lo sacrifican, la carne deja de existir como evidencia. Archivo Yolanda Sandoval [email protected] El productor ganadero Ovidio Saavedra no habla desde la teoría. Habla desde la pérdida. Le robaron un semental. No lo revendieron como ganado. Lo sacrificaron y lo vendieron como carne. Un semental puede valer hasta cinco veces más que su precio en canal, porque no es solo un animal, es el eje reproductivo de la finca. Es el encargado de preñar a las vacas, mejorar la genética del hato y sostener la productividad a largo plazo. Al perderlo, el golpe no es solo inmediato. Es acumulativo: menos crías, menor calidad del ganado y años de inversión que se pierden en un solo acto. Su pérdida no es aislada. Se repite, con matices distintos en las fincas a lo largo del país. Y ocurre en un país donde las penas por hurto pecuario se han endurecido y donde, en teoría, existen controles sanitarios, guías de traslado y vigilancia institucional. La pregunta cae por su propio peso: ¿cómo es que esto sigue pasando? “Antes se robaban una vaca. Ahora se pueden llevar un camión entero”, dice, con una mezcla de frustración y resignación. Lo que describe Saavedra ya no es el viejo cuatrerismo de oportunidad. Es otra cosa. “Esto dejó de ser un simple cuatrero. Ahora son bandas organizadas que tienen todo amarrado”. Y cuando dice “todo”, se refiere a una cadena que va desde quien ubica el ganado, hasta quien emite documentos, transporta y finalmente coloca la carne en el mercado. Según relata, los vacíos de control facilitan el “negocio”, pero lo que realmente lo hace posible es que funcionarios tengan las manos embarradas en el delito. “Aprovechan carnicerías donde la inspección no es tan efectiva. No porque las autoridades no sepan hacerlo, sino porque no alcanzan a cubrir todo al mismo tiempo. Eso les da espacio para vender carne a menor precio”. Además, “funcionarios municipales pueden emitir guías de traslado o recibos de deshuello. Eso le da una apariencia de legalidad a un animal robado”. El resultado es una red que se mueve entre provincias, se adapta a los controles y encuentra rutas para veces es cierto, porque la evidencia ya no existe”. Las redes interprovinciales hacen que el problema sea aún más complejo. Las investigaciones han revelado conexiones entre bandas de distintas provincias, desde Coclé hasta el este de provincia de Panamá. En zonas como Darién, donde los controles dificultan el traslado de animales vivos, el esquema cambia: sacrificio inmediato y venta local, adaptándose a los vacíos de supervisión y a la geografía que impone barreras naturales y retenes. El impacto económico no es menor. Saavedra calcula que solo en un año, el sector perdió de forma inmediata 3 millones de dólares en ganado hurtado. Pero para quienes viven del campo, la cifra se queda corta. “No es solo el animal. Es el valor productivo que se pierde. El trabajo duro en el campo, que es de día a día, desde que sale el sol”, insiste. En paralelo, el consumo de carne ha mostrado una ligera disminución, en parte porque los panameños han reemplazado parte de su dieta con proteínas más económicas. Cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que, en febrero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, el sacrificio de ganado vacuno presentó una baja de 6.2%, mientras que en porcino registraron incrementos de 21.2%. Pero la caída en el sacrificio no se debe únicamente a cambios en la demanda. Una parte de la reducción responde a la pérdida de animales reproductores. “Se sacrificaron muchos vientres, muchas hembras”, para el consumo inmediato de carne, explicó Saavedra. En otras palabras, el golpe es doble. Por un lado, se enfrentan al robo de sus crías, y por otro, la capacidad de renovar y mejorar el ganado se ve comprometida, lo que afecta a todo el sector a mediano y largo plazo. GANADERÍA desaparecer la evidencia. “La carne es la prueba del delito… y desaparece. Nos la comemos. Ahí está una de las grandes fallas”, explica. Cuando los cuatreros roban el ganado y lo sacrifican, la carne deja de existir como evidencia. A diferencia de un objeto robado que puede recuperarse, el animal desaparece literalmente del sistema; se convierte en alimento, en un producto que se mezcla con la carne legal y entra al mercado sin rastros. Eso convierte el proceso judicial en un rompecabezas casi imposible. La policía puede documentar el hurto, el Servicio Nacional de Fronteras puede rastrear transporte y la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ) puede seguir pistas, pero cuando llega a los tribunales, no hay “objeto del delito” que presentar. Sin la carne como prueba física, los jueces muchas veces argumentan que no hay suficiente evidencia para condenar, aunque todas las autoridades hayan hecho su trabajo. En otras palabras, el crimen se oculta en el mismo acto que lo materializa: la carne se vende o se consume, y con ella desaparece la prueba que podría responsabilizar al culpable. Esto explica, en gran parte, por qué el hurto pecuario se ha sofisticado y por qué los productores sienten que, a pesar de leyes más duras y controles oficiales, el delito sigue avanzando. “Ellos dicen que no hay suficiente evidencia. Y muchas Juan Manuel Díaz [email protected] Vaca Gate: condenan a miembros de red criminal dedicada al robo de ganado Las pérdidas de reses estaba en aumento por una lógica conocida: el avance del cuatrerismo en zonas rurales. Sin embargo, esa simple lectura comenzó a resquebrajarse. Lo que se asumía como un delito tradicional hoy apunta, a una red más sofisticada, en la que no solo habría logística organizada, sino también la presunta participación de funcionarios de distintas esferas, cambiando radicalmente la naturaleza de los casos hasta ahora reportados. Un total de siete personas fueron condenadas a penas de 48 y 60 meses de prisión y otras siete quedaron imputadas por el delito de asociación ilícita quienes eran parte de una red criminal dedicada al hurto pecuario en las provincias de Los Santos y Herrera. El juez de garantías, Bosco Monterrey, validó acuerdos de pena a siete de los investigados e imputó cargos a otras siete personas, entre ellas tres funcionarios, quienes manejaban una red dedicada al hurto de ganado vacuno en la región de Azuero. Entre los imputados figuran un funcionario de la Caja de Seguro Social, a quien la fiscalía señala como presunto cabecilla; un funcionario de la Alcaldía de Pesé, en la provincia de Herrera; y otro del Municipio de Los Santos; a quienes se les acusa de colaborar con la estructura criminal para la movilización del ganado hurtado. La participación de funcionarios municipales sería clave. En Panamá, la emisión de la Guía de Degüello y Embarque de ganado, gestionada en las tesorerías municipales, no solo es un requisito previo al sacrificio, sino también un punto neurálgico donde converge la actuación de funcionarios y el control sobre la legalidad del ganado movilizado. También entre los imputados figura un médico veterinario, transportistas y jornaleros quienes se encargaban de la movilización de los animales hurtados. Durante la audiencia el de Los Santos y Herrera. Las investigaciones de la fiscalía revelaron que los funcionarios imputados ayudaban a legalizar el registro del ganado hurtado para luego poder venderlo a través de la subasta ganadera. La operación judicial requirió la participación de funcionarios de la Policía Nacional y el Ministerio Público que lograron ubicar evidencias relacionadas con la sustracción del ganado. juez Monterrey también aplicó medidas cautelares de reporte periódico a otros siete implicados, quienes no se acogieron a acuerdos de pena y prefirieron enfrentar un juicio. A los imputados se les formularon cargos por los delitos de hurto pecuario, asociación ilícita, asociación ilícita para delinquir, falsedad de documentos y corrupción de funcionarios. La investigación, que se inició en el año 2024, incluyó allanamientos en los poblados de El Carate, Peña Blanca en la provincia de Los Santos y Pesé en la provincia de Herrera. También se realizaron inspecciones oculares en la alcaldías de Las Tablas, Pesé y el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) de Los Santos en donde ubicaron documentos relacionados con la tenencia del ganado hurtado. La información del ISA es otro punto neurálgico, al tratarse de una entidad que maneja información del valor del ganado que está asegurado. El Ministerio Público logró vincular a los imputados con siete eventos delictivos en las provincias El Ministerio Público realizó allanamientos en las provincia de Los Santos y Herrera. Cortesía EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos a uentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 Elevación sobre el nivel del mar en pies 87.82 249.89
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==