4A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 Panorama La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, alertó sobre el riesgo que representa la propuesta legislativa que busca modificar el derecho a réplica en Panamá. Ramos resaltó que el derecho a réplica tiene como principio ético fomentar un periodismo responsable, plural y transparente. Además, destacó que mantiene el equilibrio entre la libertad de prensa y la responsabilidad social. “La iniciativa que se impulsa en Panamá rompe este equilibrio intentando debilitar el derecho de informar y de estar informado”, afirmó Ramos. Este pronunciamiento se suma a otras voces gremiales del periodismo que han SIP alerta sobre riesgos de propuesta que modifica el derecho a réplica en Panamá LEGISLACIÓN expresado su rechazo a esta propuesta, que fue aprobada de forma unánime en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Lea aquí: Reforma al derecho a réplica aviva debate entre diputados y gremios periodísticos: ¿regular lo que ya está normado? Organizaciones periodísticas como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí también advirtieron que, tal como está planteada, la iniciativa altera el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial. Las organizaciones sostienen que el proyecto transforma un principio tradicional de autorregulación propio de la ética periodística en un mecanismo coercitivo sujeto a eventuales sanciones judiciales. La propuesta, identificada como el proyecto de ley 391, busca reformar la Ley 22 de 2005 (que regula el derecho a réplica) y redefine las condiciones bajo las cuales los medios de comunicación deberán publicar rectificaciones cuando una persona considere que ha sido afectada por información inexacta o agraviante. Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) recolectan evidencias en una de las escenas que marcan el repunte de violencia. Archivo El sicariato y el tumbe de drogas disparan los homicidios en Panamá Eliana Morales Gil [email protected] Henry Cárdenas [email protected] CRIMINALIDAD Aunque las cifras oficiales mostraban una leve reducción de homicidios hasta febrero, recientes asesinatos con extrema violencia evidencian el repunte de una guerra entre pandillas vinculadas al narcotráfico. Las estadísticas oficiales, actualizadas hasta el pasado 22 de febrero, dicen que los homicidios en el país se redujeron en comparación con el 2025. En ese momento se habían registrado 68 asesinatos, según los reportes del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) que elabora el Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, el propio director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admite que en marzo se ha dado un repunte de los homicidios. Con saña Algunos de esos crímenes han ocasionado ruido por la saña, la hora y los escenarios. Es el caso del homicidio de la abogada Nadine Silvera, de 37 años, en Costa del Este, un sector de alta seguridad y con vigilancia tecnológica. Un día después de ese crimen, el sábado 7 de marzo, otro hombre fue acribillado a tiros en Don Bosco. En los últimos días también se encontró un cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Chepo. Mientras que en Chitré, Herrera, un comerciante fue asesinado, lo que prendió las alarmas por la migración del crimen hacia el interior del país. Los números del SIEC también reflejan que la mayoría de los crímenes se concentran en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste. También sobresalen términos como rencillas delincuenciales y pandillerismo. Experto: No todo es crimen organizado Para el experto en seguridad Severino Mejía, es fundamental no caer en generalizaciones apresuradas. Si bien reconoce que existe una expansión de las bandas hacia el interior del país, una realidad que antes no era común en provincias ajenas al trasiego de drogas, advierte que no todos los delitos deben etiquetarse automáticamente como consecuencia del crimen organizado. Según Mejía, la intensa presión policial en “corredores” críticos como la capital, San Miguelito y Colón podría estar desplazando la delincuencia, pero subraya que corresponde al Ministerio Público investigar la génesis de cada hecho. “Antes de sacar conclusiones, se debe identificar la raíz de estos homicidios, pues no siempre están relacionados con el pandillerismo”, puntualiza. Más de seis tiros: ‘no es normal’ Buena parte de la teoría de las autoridades de seguridad descansa sobre lo que dice el SIEC. El director de la Policía afirmó en TVN que “no es normal” que una persona fallezca con más de seis tiros. A su juicio, eso refuerza la hipótesis de que el 80% de los homicidios están ligados a pandillas, antecedentes penales y las disputas por el control del territorio para el microtráfico, la venta y distribución de drogas al por menor en las comunidades locales. Los tumbes de droga Según la Policía Nacional, se estima que entre el 7% y el 10% de la droga que pasa por Panamá se queda en el territorio nacional como pago para los grupos locales. A finales de febrero de este año, en la denominada Operación Azuero, las autoridades capturaron a 20 personas en Los Santos y Herrera que se dedicaban al microtráfico. Durante los allanamientos se encontraron sobres, bolsas y carrizos con droga, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Este excedente de sustancias ilícitas es lo que Fernández llama el “oxígeno” de las bandas, lo que a su vez genera el fenómeno conocido en el mundo del crimen como “tumbe” o robos de droga que elevan los niveles de violencia y derivan en ejecuciones. Fernández, quien llegó a la entidad en julio de 2024, reveló además que la inteligencia policial ha detectado órdenes de asesinato emitidas por criminales desde el interior de las cárceles, lo que ha obligado a la institución a ejecutar operativos diarios denominados “Armagedón”. La pugna por el control y el reclutamiento Más allá de las cifras, el jefe de la Policía reveló que la actual ola de violencia responde a una guerra declarada entre dos grandes grupos criminales que han mutado sus operaciones hacia el narcotráfico. Además del control de las rutas, existe un esfuerzo marcado por reclutar nuevas unidades para que se afilien a sus líneas, lo que eleva drásticamente el índice de violencia en zonas críticas. En Panamá operan actualmente más de 180 pandillas, con una concentración masiva en los distritos de San Miguelito y Colón. La profesionalización del crimen: el sicariato En Panamá las autoridades de seguridad tienen una “carpetilla” con los nombres de múltiples personas que se dedican exclusivamente a cometer homicidios. El crimen de la abogada que transitaba por Costa del Este, ocurrido la noche del viernes 6 de marzo, fue cometido por hombres que se desplazaban en una motocicleta. El sicariato es un fenómeno importado. Pasó de ser una actividad ocasional a una industria tercerizada. En países como Colombia y México, por ejemplo, las estructuras criminales operan bajo un modelo de outsourcing, o por encargo, donde grupos locales son contratados por carteles mayores solo para ejecutar “limpiezas” o ajustes de cuentas. Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras, afirme que la mayoría de las personas que se dedican a estas prácticas son panameños, aunque advierte que algunos vienen del extranjero. ‘Vienen a hacer trabajos a Panamá, ajustician a alguien y se van en los vuelos de la tarde si no son aprehendidos’, aseguró. El brazo financiero y la justicia En el quinquenio pasado, el Ejecutivo, entonces liderado por Laurentino Cortizo, impulsó un proyecto de ley de extinción de dominio de bienes de personas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, no fue apoyado por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. En Panamá, el narcotráfico también convive con la política. Hay múltiples casos. Algunos de ellos han llegado a los estrados judiciales. El presidente José Raúl Mulino ha hablado de impulsar un proyecto de ley que permita “quebrar financieramente” a las organizaciones criminales, pero hasta la fecha eso no ha sucedido. El juicio por presuntos sobrecostos en dos proyectos viales ejecutados en Panamá cerró con dos decisiones de la juez Águeda Rentería. Anunció que se acoge al término que fija la ley para emitir la sentencia y, además, ordenó levantar las medidas cautelares que pesaban sobre los imputados. Las fiscales Ruth Morcillo, Thalia Palacio y Jenisbeth Malek, en representación del Ministerio Público de Panamá, no objetaron la decisión del tribunal. Hasta ahora, los procesados tenían impedimento de salida del país y además debían presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales como parte de las medidas cautelares impuestas durante el proceso. El proceso judicial se desarrolló en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y se centró en supuestos sobrecostos en dos proyectos de infraestructura: la rehabilitación del patrimonio histórico en el Casco Antiguo y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz. Ambos contratos formaron parte de las intervenciones viales impulsadas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). La investigación por la supuesta comisión del delito de peculado alcanzó a Federico Suárez, quien fue ministro de Obras Públicas durante un periodo del gobierno de Martinelli, y al empresario Marcelo De la Rosa, así como a los miembros de la comisión evaluadora de los proyectos: María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. Juez Rentería levanta medidas cautelares mientras toma una decisión JUSTICIA Otros dos procesados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción: Mauricio Cort y Jorge “Churro” Ruiz. Ruiz fue director de proyectos especiales en el MOP. Cort, que además es delator de la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso de los sobornos de Odebrecht, es identificado como testaferro. La acusación del Ministerio Público sostiene que en esas contrataciones se inflaron los precios de referencia para favorecer a determinados contratistas y generar pagos irregulares dentro del sistema de licitaciones públicas. Auditorías de la Contraloría calcularon que el presunto perjuicio al Estado supera los 90 millones de dólares: más de $51 millones en el proyecto del Casco Antiguo y cerca de $47 millones en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz. El cierre del juicio se dio el pasado miércoles, después de una semana de alegatos en los que la Fiscalía pidió condena contra Suárez y De la Rosa, y solicitó la absolución para los cinco miembros de la comisión evaluadora. Las defensas centraron su estrategia en cuestionar el peritaje que sustenta la acusación de sobreprecio. Los abogados argumentaron que el informe técnico del perito que calculó los presuntos sobrecostos carece de validez y contiene inconsistencias. Uno de los argumentos planteados sostiene que el perito habría comenzado a trabajar antes de juramentarse formalmente en el cargo, lo que, según la defensa, invalida el informe que sirve como base para la investigación. Los abogados también afirmaron que auditorías de la Contraloría revisaron los contratos en distintas etapas y concluyeron que se ajustaban a la ley, por lo que cuestionaron que la Fiscalía construyera la acusación penal a partir de un único informe técnico. La decisión de Rentería definirá si existió responsabilidad penal en los precios de las obras. Eliana Morales Gil [email protected]
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