11A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. sabilidades y dificulta la toma de decisiones. • Existen múltiples leyes y normas desactualizadas, sin armonización ni una visión integral de seguridad hídrica. • Las fallas actuales son de gobernanza y liderazgo, no de carácter técnico ni financiero. • El acceso al agua potable debe abordarse como un derecho humano y un asunto de seguridad nacional, no solo como un servicio público. ¿Por qué es factible? La propuesta plantea una implementación por fases, comenzando con la creación —mediante una ley marco— de una nueva empresa estatal (similar a ETESA, Tocumen, S.A. o el Metro de Panamá) con autonomía administrativa y financiera, responsable del ciclo integral del agua a nivel nacional. Esta entidad integraría inicialmente al IDAAN y al Programa de Saneamiento de Panamá, generando economías de escala, mayor eficiencia operativa y una clara rendición de cuentas, además de brindar apoyo técnico a los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario en zonas rurales. Su gobernanza se sustentaría en: • Una junta directiva con funciones claras y criterios técnicos, socialmente sensible y con buenas prácticas de gobierno corporativo. • Reglamentos, controles internos, sistemas financieros y de recursos humanos inspirados en el modelo del Canal de Panamá. • Selección meritocrática, pública y transparente de su administración, blindada de interferencias político-partidistas. • Auditorías internas y externas, así como Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una mirada cualitativa a los programas de alimentación escolar Inseguridad alimentaria 1995 y la práctica. Por ejemplo, el contenido nutricional de los alimentos distribuidos en la merienda escolar. Mientras que la galleta nutricionalmente mejorada se encuentra dentro de los parámetros, este no es el caso de la crema nutritiva enriquecida. La ley indica que “las cremas nutritivas enriquecidas tendrán un aporte nutricional no inferior a 350 calorías y 12 gramos mínimos de proteínas por cada 100 gramos del producto”. Sin embargo, una tabla presentada en el sitio web del Ministerio de Educación (Meduca) indica que 8 onzas (226 gramos) de la crema aportan solamente 180 calorías y 7 gramos de proteína. Los estudiantes que reciben la modalidad de crema no estarían recibiendo los nutrientes requeridos por la ley. En el año 2025 realicé un par de actividades de sondeo, fuera de las instalaciones del MEDUCA, una en la capital y otra en el interior del país, con maestras y madres de familia de diferentes escuelas dentro de estas zonas. En la capital, solo una escuela reportó recibir la modalidad de crema, y en ambas zonas esta se recibe de forma esporádica. Representantes de estas escuelas señalaron la preferencia de las niñas y los niños por la modalidad de crema, y que además esta satisface el hambre por más tiempo que la modalidad de leche. Dentro de estas actividades de sondeo pude identificar otra discrepancia entre lo establecido en la Ley No. 35 de 1995 y la manera en que el programa se desarrolla en la práctica. Uno de los artículos de la ley señala que “este programa bajo ninguna circunstancia podrá ser suspendido durante el período escolar”, por lo que el Meduca debe incluir anualmente en su presupuesto los recursos necesarios para su funcionamiento. Andrea Melgar ¿Cómo resolver la crisis nacional de agua potable y saneamiento? Propuesta Panamá enfrenta hoy una crisis estructural en el acceso al agua potable y al saneamiento que afecta a miles de ciudadanos y compromete la salud pública, la productividad económica y la seguridad nacional. Esta situación no responde a una falta de recursos hídricos, sino a debilidades profundas de gobernanza, fragmentación institucional, marcos legales desactualizados y prácticas de gestión ineficientes. La reciente inestabilidad en la dirección del IDAAN confirma que el problema es sistémico y que las soluciones coyunturales ya no resultan suficientes. La propuesta de transformación del sector de agua y saneamiento ofrece una salida estructural y sostenible. Parte del reconocimiento de que mantener el estatus quo no es opción, pero que privatizar el servicio tampoco resulta viable. Panamá ya cuenta con un modelo exitoso de empresa estatal moderna, autónoma y eficiente: el Canal de Panamá, cuya gobernanza ha demostrado que el Estado puede gestionar activos estratégicos y recursos hídricos con transparencia, excelencia operativa y estabilidad a largo plazo. ¿Por qué esta propuesta es necesaria? • La gestión del agua está dispersa entre más de 15 entidades, lo que diluye responcontrol fiscal permanente. ¿Por qué es oportuna? El país se encuentra en un momento crítico que exige liderazgo y decisiones de Estado. La crisis actual del sector agua, sumada a la pérdida de confianza ciudadana en la gestión del IDAAN, abre una ventana histórica para impulsar una reforma estructural alineada con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 y con una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos. Igualmente, la creación de un nuevo ente rector del ciclo del agua, como órgano asesor del Estado, fortalecería la coordinación interinstitucional, la planificación estratégica y la coherencia de las políticas públicas en materia de agua, basadas en los principios de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. En conclusión Esta propuesta no es un experimento ni una improvisación. Se trata de una solución integral, probada en su enfoque de gobernanza y diseñada para devolverle al Estado la capacidad de garantizar agua potable y saneamiento de forma eficiente, equitativa y sostenible. Adoptarla enviaría una señal clara de compromiso presidencial con la seguridad hídrica, la dignidad y la salud de los ciudadanos, así como con el desarrollo sostenible del país, en consonancia con los artículos 118 y 110, numeral 4, de la Constitución Política de la República de Panamá. Opinión EL AUTOR es miembro de la Iniciativa Ciudadana Pro Rescate del Agua. LA AUTORA es investigadora del Cieps. La siguiente es una cita directa de una profesora de una de las escuelas de la capital: “Los niños piden la merienda, pero el problema es la entrega. Debíamos llamar al Meduca y a Estrella Azul por retrasos en la distribución”. Dos profesoras de una escuela del interior compartieron que su centro educativo no recibió el programa durante un año completo y que, aunque posteriormente se restableció, la remesa solo alcanza para tres días de la semana. El propósito de este estudio es resaltar las experiencias vividas por quienes se benefician del programa, tanto las positivas como las negativas. Maestras y madres de familia de todas las escuelas que participaron en nuestras actividades de sondeo coinciden en que el programa es muy bueno y, sobre todo, necesario, particularmente por la inseguridad alimentaria que experimentan estudiantes en ambas zonas. La merienda escolar y el programa de almuerzo constituyen estrategias importantes para enfrentar este problema. También sirven como incentivo para la asistencia y el desempeño escolar. Mi meta es continuar realizando este tipo de actividades, entrevistas y observaciones. Sin embargo, he encontrado algunas limitaciones. He contactado a directores y maestros de distintas escuelas a nivel nacional que están interesados en participar, pero señalan que sin un permiso del Meduca no pueden recibirnos en los centros educativos. Desde febrero de 2025 he intentado conseguir estos permisos, en el marco de una colaboración institucional, para desarrollar entrevistas con estudiantes y observaciones de los procesos relacionados con estos programas. Estos programas son buenos, como lo han señalado maestras y madres de familia, y también son necesarios para atender los problemas de inseguridad alimentaria. Mi interés como investigadora es profundizar la comprensión de su importancia y de la percepción que tienen los usuarios sobre ellos. Marzo marcó el regreso a clases en Panamá. Miles de niñas y niños retornan con la ilusión de un nuevo año lleno de aprendizaje y experiencias, pero para muchos también significó algo más básico y urgente: volver al lugar donde saben que recibirán al menos una merienda y un almuerzo seguros. En nuestro altamente desigual país, las escuelas funcionan no solo como espacios de formación, sino también como una red de protección social. Estudios recientes sobre las condiciones de vida en Panamá señalan que cerca del 29% de los hogares panameños enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria, una cifra que aumenta a casi 50% en áreas indígenas. En ese contexto, cada inicio del calendario escolar recuerda que, para muchos estudiantes, a la escuela no solo se va a aprender: también se garantiza que, al menos por unas horas al día, el estómago no esté vacío. Como investigadora de desigualdades en la salud, el tema de la nutrición infantil fue uno de los que más llamó mi atención. Entender que llevar vidas saludables depende en gran medida de factores fuera de los sistemas de salud me llevó a querer analizar cómo los programas de nutrición escolar — principalmente el Programa de Alimentación Complementaria (PACE)— apoyan la salud y el bienestar de la infancia panameña. Para mí es importante resaltar la voz de las comunidades dentro de la investigación. Por eso propuse un estudio que busca entrevistar a beneficiarios de estos programas y realizar observaciones de cómo se desarrollan en la práctica. Mi investigación también incluye la revisión de documentos oficiales sobre los programas de alimentación escolar. He encontrado discrepancias entre lo establecido en la Ley No. 35 del 6 de julio de Eric Martínez Los programas de alimentación escolar son clave frente a la inseguridad alimentaria en Panamá, pero discrepancias entre la ley y su aplicación plantean retos para su efectividad. Negociar para sobrevivir Cuba Las conversaciones anunciadas entre Cuba y Estados Unidos marcan un momento decisivo en la historia reciente del Caribe. En medio de una profunda crisis económica caracterizada por escasez energética, dificultades de abastecimiento y crecientes tensiones sociales, el gobierno cubano ha decidido abrir un canal de diálogo con Washington. No se trata simplemente de un gesto diplomático. Es, sobre todo, una decisión estratégica orientada a aliviar una presión económica que se ha vuelto estructural y a explorar nuevas posibilidades de inserción internacional. Durante más de seis décadas, la relación entre ambos países ha estado condicionada por el embargo económico impuesto por Estados Unidos desde los años sesenta. Ese embargo ha limitado la capacidad de la economía cubana para integrarse al sistema financiero internacional, restringiendo su acceso al crédito externo, a la inversión extranjera y a mecanismos de financiamiento multilaterales. Desde una perspectiva de poder, el diálogo responde a intereses distintos pero convergentes. Para Cuba, el objetivo fundamental sería aliviar la presión económica interna y recuperar acceso a los mercados internacionales. Para Estados Unidos, las conversaciones podrían representar una oportunidad para promover cambios económicos que faciliten la integración de la isla al sistema económico global. Algunos analistas han planteado la posibilidad de que Cuba avance hacia reformas económicas similares a las adoptadas por China o Vietnam, manteniendo el control político del Estado mientras introduce mecanismos de mercado y amplía el sector privado. No obstante, el principal obstáculo para una normalización plena sigue siendo la política interna de Estados Unidos, ya que muchas de las disposiciones del embargo dependen del Congreso. La historia demuestra que los sistemas políticos que logran sobrevivir no son los que permanecen inmóviles, sino aquellos capaces de reformarse sin renunciar a sus principios fundamentales. Para Cuba, negociar puede no ser una señal de debilidad, sino una estrategia de supervivencia. EL AUTOR es especialista en ciencias sociales. Rogelio Mata Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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