10A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 Los apagones afectaban ayer hasta el 58% de Cuba de manera simultánea en el horario de mayor consumo de energía, en la tarde-noche, de acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE. Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social con protestas en distintos puntos de la isla. La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, estimaba para el horario “pico” de ayer una capacidad de generación de 1,320 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,050 MW. Desde que Cuba comenzó a difundir regularmente estadísticas energéticas en 2022, la mayor tasa de déficit se registró el pasado viernes 7 de marzo, cuando un 68% de la isla quedó sin servicio eléctrico de manera simultánea. Dos días antes se produjo un apagón masivo que dejó a seis millones de cubanos sin corriente en varias provincias -incluida La Habana- debido a una avería en una central termoeléctrica del oeste del país, considerada vital para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Al igual que la víspera, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40% del mix energético). Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de Estados Unidos (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones. De otro 40% del mix era responsable la llamada geSe profundiza la crisis en una Cuba con infraestuctura cada vez más obsoleta TENSIÓN SOCIAL neración distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible. Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de Estados Unidos.ElGobiernocubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”. Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, incluidas las reportadas durante esta semana, en barrios de La Habana, Morón (centro) y Holguín (noreste). La protesta en Morón, un municipio de la provincia Ciego de Ávila, tuvo lugar el viernes por la noche cuando varios centenares de personas se manifestaron golpeando cazuelas tras pasar más de un día sin corriente eléctrica en sus casas y por la escasez de alimentos en la isla, según informó el medio oficial Invasor. Durante esa protesta escalaron las tensiones con incidentes violentos que concluyeron con la detención de al menos cinco personas, y algunos testimonios en redes sociales reportaron heridos. Niños y jóvenes participan en clases en un aula en Panamá, donde la educación enfrenta retos en calidad. Elysée Fernández Estudiantes que memorizan, pero no aprenden a pensar Aleida Samaniego C. [email protected] EFE. LA HABANA, CUBA EDUCACIÓN Los resultados educativos revelan una brecha preocupante: estudiantes que repiten contenidos, pero carecen de herramientas para analizar, cuestionar y resolver problemas en una economía del conocimiento. En Panamá, los padres no pueden exigir judicialmente que el Estado garantice que sus hijos aprendan. Mientras que en cerca del 70 % de los países de América Latina existen mecanismos legales para demandar por deficiencias educativas, en el país la legislación prioriza la antigüedad docente y la burocracia administrativa por encima de los resultados de aprendizaje. Este es uno de los planteamientos del informe Lecciones Internacionales para la Reforma Educativa en Panamá, elaborado por el equipo de trabajo del diputado i ndependiente y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise. El documento ofrece un diagnóstico técnico que utiliza datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa), evidenciando la urgencia de reformar el sistema educativo. De acuerdo con expertos de la OCDE, como Andreas Schleicher, director de Educación del organismo, y Tue Halgreen, analista principal de Políticas Educativas, el 84% de los jóvenes de 15 años en Panamá no alcanza el nivel básico de competencia en matemáticas, según los resultados de la última prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). “No es que los estudiantes no asistan a la escuela; es que la escuela no les está enseñando a pensar”, señalan los expertos. Los alumnos son capaces de reproducir información, pero presentan dificultades para aplicarla en situaciones nuevas. Además, más de 120,000 niños y jóvenes están fuera del sistema educativo, según el informe Análisis sobre la Población en Panamá, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El documento también cuestiona la idea de que pagar una escuela privada garantice excelencia: solo el 3% de los estudiantes de colegios particulares alcanza los niveles más altos de PISA, frente al 30% en Costa Rica y 40% en Brasil, un rezago preocupante para un país con el nivel de ingresos de Panamá, planteó Javier González, director de Summa. De hecho, los expertos en educación de la OCDE y Summa participaron en enero pasado en un ciclo de conferencias, realizado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con el objetivo de establecer las bases y los elementos necesarios para lograr un proyecto de reformas educativas ampliamente consensuado. Una ley anclada en el pasado Expertos en educación plantean que la Ley 47 Orgánica de Educación, vigente desde 1946, se mantiene como uno de los principales obstáculos para mejorar la educación en Panamá. Varias disposiciones limitan la calidad del aprendizaje y frenan el progreso. El Artículo 218 establece que los ascensos de los docentes dependen de la antigüedad y los títulos, no del desempeño en el aula ni del impacto en el aprendizaje de los estudiantes, dejando sin incentivos a quienes más se esfuerzan. En cuanto a los requisitos para ejercer, Panamá exige únicamente educación postmedia, mientras que la OCDE recomienda al menos una licenciatura, y en muchos casos una maestría. Otro problema crítico es la alimentación escolar. El Artículo 255 califica los comedores como “opcionales”, pese a que el 14% de la niñez sufre retraso en el crecimiento, lo que afecta directamente el rendimiento académico. A diferencia de países como Chile o Ecuador, los maestros panameños no cuentan con tiempo protegido durante su jornada para planificar sus clases, lo que dificulta la preparación y la calidad de la enseñanza. Para la especialista en educación Nivia Rossana Castrellón, cualquier reforma educativa debe impactar directamente en la experiencia de estudiantes y docentes dentro del aula. “Una ley puede ser impecable técnicamente, pero si no cambia la realidad cotidiana, no produce resultados reales”, señaló. Castrellón subrayó la necesidad de garantizar cobertura obligatoria hasta los 14 años y un proceso gradual de implementación, con un período de transición de cinco a diez años. La especialista también enfatizó la formación docente de calidad, con selección rigurosa y desarrollo profesional continuo, así como un financiamiento oportuno y equitativo, programas de alimentación escolar y pertinencia curricular que prepare al estudiante para la vida productiva. Destaca la educación dual y la certificación de competencias como herramientas clave para conectar la escuela con el mercado laboral. Castrellón advirtió que la evaluación de la reforma debe ir más allá de los indicadores generales: “Hay que observar qué ocurre realmente en las aulas: si los docentes enseñan de manera diferente, si los estudiantes desarrollan pensamiento crítico, creatividad y colaboración, y si el clima escolar es seguro. La prueba ácida de cualquier cambio educativo está en el aprendizaje efectivo dentro del aula”. Evidencia internacional Según Yair Velásquez, coordinador del proceso de Reforma Educativa presidido por Bloise, Panamá enfrenta una oportunidad histórica para superar lo que los expertos llaman un “rezago incómodo”. La evidencia internacional, incluida la OCDE y Summa, indica que la calidad de la inversión educativa es clave. Sostuvo que países como Vietnam logran mejores resultados con menos recursos que Estados Unidos al priorizar la formación docente y otorgar tiempo protegido para planificar y colaborar. Sistemas exitosos como el japonés muestran que docentes mejor capacitados y apoyados generan aprendizajes más significativos. A juicio de Velásquez, las experiencias de Colombia y Ecuador destacan la importancia de una agenda de reformas estructurada, con un mandato social claro, evaluación autónoma y apoyo pedagógico a los docentes. Además, acotó que los pilares de la propuesta incluyen formación docente, gobernanza para la mejora, descentralización del sistema, evaluación efectiva y financiamiento equitativo, garantizando trayectorias completas hasta la educación universitaria, dijo. Hacia una reforma con autonomía El informe no solo diagnostica, sino que propone fundamentos para una nueva Ley Orgánica inspirada en Colombia y Ecuador, donde la autonomía escolar se combina con rendición de cuentas. La exministra colombiana María Victoria Angulo señaló que “no se trata de mercantilizar la educación, sino de usar datos objetivos para diseñar políticas efectivas”. La pregunta central es si la Asamblea Nacional tendrá la voluntad política para convertir estos compromisos históricos en obligaciones legales exigibles. En tanto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ya ha sostenido reuniones con miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes para discutir la nueva Ley Orgánica, que actualizará la vigente Ley 47 de 1946. Según Meduca, la reforma busca que las políticas educativas respondan a los desafíos actuales y futuros. En los encuentros participaron los diputados Jorge Bloise, Gertrudis Rodríguez, Miguel Ángel Campos, Lilia Emérita de Batista, Paulette Thomas, Osman Gómez, Yuzaida Marín y el suplente Pedro Quijano. Por su parte, Humberto Montero, del Frente Nacional de Educadores Independientes, destacó la descentralización educativa. Aunque Panamá aprobó este modelo en 1995 mediante la Ley 28, el sistema sigue altamente centralizado 31 años después, limitando la capacidad de acción de las direcciones regionales. La modernización del sistema educativo está actualmente sobre la mesa. Su objetivo es que las futuras políticas respondan a los retos presentes y a las necesidades de los estudiantes. La implementación dependerá del avance del proceso legislativo y del seguimiento de las instancias responsables de la educación en Panamá. Vehículos eléctricos para transportarse. EFE Panorama
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