1A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 16 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15322
2A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026
3A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 Hoy por hoy La violencia que hoy sacude al país y las debilidades del sistema educativo no son problemas aislados. Forman parte de una misma cadena social. Mientras Panamá enfrenta un repunte de homicidios asociado a la guerra entre pandillas, el debate educativo revela otra fragilidad estructural: muchos estudiantes aprenden a memorizar contenidos, pero no desarrollan pensamiento crítico ni herramientas para analizar la realidad. Ese déficit tiene consecuencias más allá del aula. Cuando la escuela no logra ofrecer horizontes de movilidad social ni formar capacidades sólidas, miles de jóvenes quedan expuestos a otras formas de pertenencia y poder. El crimen organizado entiende muy bien ese vacío. Las pandillas reclutan donde el Estado llega tarde o llega mal. Las autoridades explican que buena parte de los asesinatos responde a disputas por el microtráfico y los llamados “tumbes” de droga. Pero detrás de esas cifras hay una realidad más profunda: la violencia no es solo un desafío policial. También refleja una deuda educativa que sigue alimentando el ciclo del crimen. Ellas.pa Calle Abajo de Las Tablas designa a su reina 2027 9B Teen Sport: Goles y goleadas en la Atevo Cup 6B Deportes Panorama La crisis en Cuba se profundiza; infraestructura eléctrica es obsoleta 10A Economía La India pisa fuerte en Panamá 2B Panamá enfrenta un ‘rezago incómodo’: urge una reforma educativa integral Un diagnóstico respaldado por la OCDE revela fallas estructurales en la educación panameña y plantea reformas en formación docente, autonomía escolar, alimentación estudiantil y tiempo pedagógico. VEA 10A PPC: 15 años en espera y, de pronto, $150 millones Mónica Palm [email protected] Durante casi 15 años, Panama Ports Company (PPC) no pagó Siete de cada 10 dólares que el Estado recibió en dividendos de Panama Ports Company llegaron en un solo año, 2021, cuando la empresa buscaba renovar su concesión. dividendos al Estado panameño por el 10% de participación accionaria que le corresponde en la empresa. Antes de 2021, los aportes habían sido mínimos: apenas $8 millones entre 2015 y 2019. Sin embargo, el 21 de mayo de 2021 la compañía entregó dos cheques que sumaban $150 millones, justo cuando se discutía la renovación de su concesión portuaria. El monto incluía dividendos atrasados, pagos adelantados por cinco años y aportes extraordinarios. En casi tres décadas, el Estado recibió alrededor de $160 millones en dividendos, de los cuales más del 80% se concentró en ese único año. Posteriormente, la Corte Suprema declaró inconstitucional la concesión y el gobierno ocupó temporalmente los puertos de Balboa y Cristóbal. VEA 1B Amador Vecinos advierten que peligra la ‘Ciudad Jardín’ La construcción de cuatro torres residenciales en Amador ha encendido la preocupación de vecinos, que advierten sobre posibles afectaciones ambientales, urbanísticas y de servicios básicos. Aunque la promotora asegura cumplir la normativa vigente, residentes denuncian tala de árboles, cambios de zonificación y presión sobre agua, tráfico y alcantarillado en un área concebida como “Ciudad Jardín”. VEA 6A Elyseée Fernández La expansión de bandas, el sicariato y los “tumbes” de droga alimentan la violencia en Panamá. Aunque las estadísticas mostraban una leve baja de homicidios hasta febrero, en marzo se registró un repunte con crímenes de alto impacto, como el asesinato de una abogada en Costa del Este, un hombre acribillado en Don Bosco y el hallazgo de un cuerpo calcinado en Chepo. Autoridades atribuyen muchos de los casos a pandillas y disputas por territorio. VEA 4A CRIMINALIDAD SIP: reforma puede debilitar el derecho a informar Egresados de medicina, sin espacio para su internado Pandillas, tumbes y sicariato; lo que está detrás de la ola de homicidios Martha Ramos, de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SiP), rechazó la reforma al derecho a réplica en Panamá. VEA 4A El aumento de médicos graduados en Panamá genera preocupación por la falta de plazas de internado, requisito clave para ejercer, lo que evidencia desajustes entre formación universitaria y sistema de salud. VEA 8A PRONUNCIAMIENTO FORMACIÓN UI UNIDAD INVESTIGATIVA Cifras rojas 80% Es el porcentaje de los homicidios en Panamá que estarían vinculados con pandillas y disputas por el microtráfico, según estimaciones de las autoridades de seguridad. Del 7% al 10% De la droga que pasa por Panamá se queda en el país como pago para bandas dedicadas al microtráfico. El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 16 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15322
4A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 Panorama La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, alertó sobre el riesgo que representa la propuesta legislativa que busca modificar el derecho a réplica en Panamá. Ramos resaltó que el derecho a réplica tiene como principio ético fomentar un periodismo responsable, plural y transparente. Además, destacó que mantiene el equilibrio entre la libertad de prensa y la responsabilidad social. “La iniciativa que se impulsa en Panamá rompe este equilibrio intentando debilitar el derecho de informar y de estar informado”, afirmó Ramos. Este pronunciamiento se suma a otras voces gremiales del periodismo que han SIP alerta sobre riesgos de propuesta que modifica el derecho a réplica en Panamá LEGISLACIÓN expresado su rechazo a esta propuesta, que fue aprobada de forma unánime en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Lea aquí: Reforma al derecho a réplica aviva debate entre diputados y gremios periodísticos: ¿regular lo que ya está normado? Organizaciones periodísticas como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí también advirtieron que, tal como está planteada, la iniciativa altera el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial. Las organizaciones sostienen que el proyecto transforma un principio tradicional de autorregulación propio de la ética periodística en un mecanismo coercitivo sujeto a eventuales sanciones judiciales. La propuesta, identificada como el proyecto de ley 391, busca reformar la Ley 22 de 2005 (que regula el derecho a réplica) y redefine las condiciones bajo las cuales los medios de comunicación deberán publicar rectificaciones cuando una persona considere que ha sido afectada por información inexacta o agraviante. Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) recolectan evidencias en una de las escenas que marcan el repunte de violencia. Archivo El sicariato y el tumbe de drogas disparan los homicidios en Panamá Eliana Morales Gil [email protected] Henry Cárdenas [email protected] CRIMINALIDAD Aunque las cifras oficiales mostraban una leve reducción de homicidios hasta febrero, recientes asesinatos con extrema violencia evidencian el repunte de una guerra entre pandillas vinculadas al narcotráfico. Las estadísticas oficiales, actualizadas hasta el pasado 22 de febrero, dicen que los homicidios en el país se redujeron en comparación con el 2025. En ese momento se habían registrado 68 asesinatos, según los reportes del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) que elabora el Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, el propio director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admite que en marzo se ha dado un repunte de los homicidios. Con saña Algunos de esos crímenes han ocasionado ruido por la saña, la hora y los escenarios. Es el caso del homicidio de la abogada Nadine Silvera, de 37 años, en Costa del Este, un sector de alta seguridad y con vigilancia tecnológica. Un día después de ese crimen, el sábado 7 de marzo, otro hombre fue acribillado a tiros en Don Bosco. En los últimos días también se encontró un cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Chepo. Mientras que en Chitré, Herrera, un comerciante fue asesinado, lo que prendió las alarmas por la migración del crimen hacia el interior del país. Los números del SIEC también reflejan que la mayoría de los crímenes se concentran en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste. También sobresalen términos como rencillas delincuenciales y pandillerismo. Experto: No todo es crimen organizado Para el experto en seguridad Severino Mejía, es fundamental no caer en generalizaciones apresuradas. Si bien reconoce que existe una expansión de las bandas hacia el interior del país, una realidad que antes no era común en provincias ajenas al trasiego de drogas, advierte que no todos los delitos deben etiquetarse automáticamente como consecuencia del crimen organizado. Según Mejía, la intensa presión policial en “corredores” críticos como la capital, San Miguelito y Colón podría estar desplazando la delincuencia, pero subraya que corresponde al Ministerio Público investigar la génesis de cada hecho. “Antes de sacar conclusiones, se debe identificar la raíz de estos homicidios, pues no siempre están relacionados con el pandillerismo”, puntualiza. Más de seis tiros: ‘no es normal’ Buena parte de la teoría de las autoridades de seguridad descansa sobre lo que dice el SIEC. El director de la Policía afirmó en TVN que “no es normal” que una persona fallezca con más de seis tiros. A su juicio, eso refuerza la hipótesis de que el 80% de los homicidios están ligados a pandillas, antecedentes penales y las disputas por el control del territorio para el microtráfico, la venta y distribución de drogas al por menor en las comunidades locales. Los tumbes de droga Según la Policía Nacional, se estima que entre el 7% y el 10% de la droga que pasa por Panamá se queda en el territorio nacional como pago para los grupos locales. A finales de febrero de este año, en la denominada Operación Azuero, las autoridades capturaron a 20 personas en Los Santos y Herrera que se dedicaban al microtráfico. Durante los allanamientos se encontraron sobres, bolsas y carrizos con droga, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Este excedente de sustancias ilícitas es lo que Fernández llama el “oxígeno” de las bandas, lo que a su vez genera el fenómeno conocido en el mundo del crimen como “tumbe” o robos de droga que elevan los niveles de violencia y derivan en ejecuciones. Fernández, quien llegó a la entidad en julio de 2024, reveló además que la inteligencia policial ha detectado órdenes de asesinato emitidas por criminales desde el interior de las cárceles, lo que ha obligado a la institución a ejecutar operativos diarios denominados “Armagedón”. La pugna por el control y el reclutamiento Más allá de las cifras, el jefe de la Policía reveló que la actual ola de violencia responde a una guerra declarada entre dos grandes grupos criminales que han mutado sus operaciones hacia el narcotráfico. Además del control de las rutas, existe un esfuerzo marcado por reclutar nuevas unidades para que se afilien a sus líneas, lo que eleva drásticamente el índice de violencia en zonas críticas. En Panamá operan actualmente más de 180 pandillas, con una concentración masiva en los distritos de San Miguelito y Colón. La profesionalización del crimen: el sicariato En Panamá las autoridades de seguridad tienen una “carpetilla” con los nombres de múltiples personas que se dedican exclusivamente a cometer homicidios. El crimen de la abogada que transitaba por Costa del Este, ocurrido la noche del viernes 6 de marzo, fue cometido por hombres que se desplazaban en una motocicleta. El sicariato es un fenómeno importado. Pasó de ser una actividad ocasional a una industria tercerizada. En países como Colombia y México, por ejemplo, las estructuras criminales operan bajo un modelo de outsourcing, o por encargo, donde grupos locales son contratados por carteles mayores solo para ejecutar “limpiezas” o ajustes de cuentas. Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras, afirme que la mayoría de las personas que se dedican a estas prácticas son panameños, aunque advierte que algunos vienen del extranjero. ‘Vienen a hacer trabajos a Panamá, ajustician a alguien y se van en los vuelos de la tarde si no son aprehendidos’, aseguró. El brazo financiero y la justicia En el quinquenio pasado, el Ejecutivo, entonces liderado por Laurentino Cortizo, impulsó un proyecto de ley de extinción de dominio de bienes de personas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, no fue apoyado por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional. En Panamá, el narcotráfico también convive con la política. Hay múltiples casos. Algunos de ellos han llegado a los estrados judiciales. El presidente José Raúl Mulino ha hablado de impulsar un proyecto de ley que permita “quebrar financieramente” a las organizaciones criminales, pero hasta la fecha eso no ha sucedido. El juicio por presuntos sobrecostos en dos proyectos viales ejecutados en Panamá cerró con dos decisiones de la juez Águeda Rentería. Anunció que se acoge al término que fija la ley para emitir la sentencia y, además, ordenó levantar las medidas cautelares que pesaban sobre los imputados. Las fiscales Ruth Morcillo, Thalia Palacio y Jenisbeth Malek, en representación del Ministerio Público de Panamá, no objetaron la decisión del tribunal. Hasta ahora, los procesados tenían impedimento de salida del país y además debían presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales como parte de las medidas cautelares impuestas durante el proceso. El proceso judicial se desarrolló en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y se centró en supuestos sobrecostos en dos proyectos de infraestructura: la rehabilitación del patrimonio histórico en el Casco Antiguo y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz. Ambos contratos formaron parte de las intervenciones viales impulsadas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). La investigación por la supuesta comisión del delito de peculado alcanzó a Federico Suárez, quien fue ministro de Obras Públicas durante un periodo del gobierno de Martinelli, y al empresario Marcelo De la Rosa, así como a los miembros de la comisión evaluadora de los proyectos: María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. Juez Rentería levanta medidas cautelares mientras toma una decisión JUSTICIA Otros dos procesados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción: Mauricio Cort y Jorge “Churro” Ruiz. Ruiz fue director de proyectos especiales en el MOP. Cort, que además es delator de la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso de los sobornos de Odebrecht, es identificado como testaferro. La acusación del Ministerio Público sostiene que en esas contrataciones se inflaron los precios de referencia para favorecer a determinados contratistas y generar pagos irregulares dentro del sistema de licitaciones públicas. Auditorías de la Contraloría calcularon que el presunto perjuicio al Estado supera los 90 millones de dólares: más de $51 millones en el proyecto del Casco Antiguo y cerca de $47 millones en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz. El cierre del juicio se dio el pasado miércoles, después de una semana de alegatos en los que la Fiscalía pidió condena contra Suárez y De la Rosa, y solicitó la absolución para los cinco miembros de la comisión evaluadora. Las defensas centraron su estrategia en cuestionar el peritaje que sustenta la acusación de sobreprecio. Los abogados argumentaron que el informe técnico del perito que calculó los presuntos sobrecostos carece de validez y contiene inconsistencias. Uno de los argumentos planteados sostiene que el perito habría comenzado a trabajar antes de juramentarse formalmente en el cargo, lo que, según la defensa, invalida el informe que sirve como base para la investigación. Los abogados también afirmaron que auditorías de la Contraloría revisaron los contratos en distintas etapas y concluyeron que se ajustaban a la ley, por lo que cuestionaron que la Fiscalía construyera la acusación penal a partir de un único informe técnico. La decisión de Rentería definirá si existió responsabilidad penal en los precios de las obras. Eliana Morales Gil [email protected]
5A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026
6A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 La empresa que desarrolla el PH Passage asegura que se están cumpliendo todas las normas urbanísticas, ambientales y de construcción vigentes. Elysée Fernández Alertan sobre presión a servicios y ecosistema en Amador Yaritza Mojica [email protected] DESARROLLO URBANO Los vecinos de Amador aseguran que no se oponen al desarrollo del área. Solo exigen que las construcciones respeten la normativa vigente y las características ecológicas del lugar, en particular lo establecido en la ley que define Clayton y áreas aledañas del corregimiento de Ancón como Ciudad Jardín. En una zona reconocida por su abundante vegetación, biodiversidad y vistas privilegiadas hacia la entrada del Canal de Panamá, residentes de Amador han encendido las alarmas ante el avance de varios proyectos inmobiliarios que, según denuncian, podrían alterar el equilibrio ambiental y urbano del sector y afectar la calidad de vida de sus habitantes. Los vecinos aseguran que no se oponen al desarrollo del área. Sin embargo, exigen que las construcciones respeten la normativa vigente y las características ecológicas del lugar, en particular lo establecido en la Ley 21 de 1997, que define Clayton y áreas aledañas del corregimiento de Ancón — incluyendo Amador— bajo el concepto de “Ciudad Jardín”. Margot López, presidenta de la Asociación de Vecinos de Amador, explicó que la comunidad mantiene varias preocupaciones sobre la forma en que se están desarrollando algunos proyectos en el área. Entre las irregularidades que señalan figuran edificaciones que superarían las alturas permitidas, proyectos que ocupan casi el doble del área autorizada para lotificación y el incumplimiento de la obligación de conservar al menos el 30 % del arbolado existente. A esto se suma —según denuncian— la tala de árboles longevos, algunos con décadas de crecimiento, que deberían estar protegidos por la legislación ambiental. Los residentes también advierten que la infraestructura del sector no está preparada para la densidad de población que podrían generar estos desarrollos. Actualmente, señalan, ya se registran problemas de tráfico, baja presión de agua y desbordamientos de aguas servidas. De acuerdo con la comunidad, estas dificultades se presentan incluso antes de que los nuevos proyectos estén habitados, lo que incrementa la preocupación sobre el impacto que podrían generar cuando entren en funcionamiento. Escasez de agua y riesgos para la salud El crecimiento urbano sin planificación adecuada ya está teniendo efectos en la vida cotidiana de algunos residentes. Una familia de Amador enfrenta una situación particularmente delicada, ya que, la vida de uno de sus integrantes depende directamente del suministro de agua. Una vecina del sector — que pidió mantener su identidad en reserva debido al estado de salud de su hermana— relató que hace dos años tuvieron que instalar una máquina de diálisis en su vivienda para mantenerla con vida. Sin embargo, la presión del agua en el área era casi inexistente. Explicó que el problema de baja presión comenzó hace algunos años, cuando se construyeron varios edificios en el sector sin que se ampliara la infraestructura de agua potable. Para poder realizar el tratamiento médico, la familia tuvo que adquirir un tanque de almacenamiento y una bomba eléctrica. En 2026 la situación volvió a agravarse. La mujer sufrió una nueva falla renal que la mantiene hospitalizada y deberá retomar el tratamiento de diálisis. La preocupación de la familia es mayor porque un nuevo proyecto inmobiliario en construcción se conectó al suministro de agua del vecindario, lo que ha reducido aún más la presión. Temen que, si el problema no se soluciona, la paciente no pueda regresar a su casa, ya que la máquina de diálisis requiere una presión de agua estable para funcionar correctamente. Crecimiento urbano y presión sobre los servicios Para los residentes de Amador, el problema no se limita a permitir o no nuevos desarrollos inmobiliarios. Lo que consideran urgente es que las autoridades evalúen la capacidad de los servicios básicos en comunidades que están creciendo sin una planificación integral. Según López, uno de los mayores retos está relacionado con el proyecto habitacional Passage Amador, que contempla albergar hasta 700 personas en un solo complejo. A su juicio, una densidad de este tipo podría generar mayor congestión vehicular, presión adicional sobre el sistema de agua potable y sobrecarga en la red de alcantarillado. La vocera comunitaria también indicó que uno de los proyectos en planificación habría provocado la eliminación de cerca de 10,000 metros cuadrados de bosque, afectando un ecosistema que, según afirma, no puede recuperarse fácilmente mediante programas de reforestación. “Eso no se reforesta. Aunque digan que lo van a hacer, lo que se ha perdido es un ecosistema completo con biodiversidad”, señaló. Aunque la promotora contaba con permisos para la tala, desde el Ministerio de Ambiente (Miambiente) indicaron que estos fueron otorgados durante la administración pasada. “Amador no es solamente de los que vivimos aquí. Es un símbolo de las áreas revertidas y un lugar donde cualquier panameño puede venir a disfrutar de la naturaleza y de la entrada del Canal”, agregó López. Cuestionan cambios de zonificación El urbanista Álvaro Uribe considera que los cambios de zonificación vinculados a proyectos inmobiliarios en Amador generan interrogantes sobre la planificación del área. Explicó que originalmente los terrenos tenían una zonificación R2D3, asociada al modelo de Ciudad Jardín, que establece límites claros sobre la ocupación del terreno y la preservación de áreas verdes. Sin embargo, en 2009 los propietarios solicitaron modificar la zonificación a TU (Turismo Urbano) con la intención de desarrollar proyectos hoteleros, cambio que fue aprobado mediante una resolución administrativa. Años después, los promotores volvieron a solicitar una nueva modificación para convertir el área nuevamente en residencial, luego de que el proyecto turístico no prosperara. Para Uribe, estos cambios responden principalmente a intereses comerciales más que a una visión coherente de planificación urbana. Inspección municipal y situación del proyecto Ante las preocupaciones de la comunidad, residentes han iniciado acercamientos con distintas instituciones públicas, entre ellas la Dirección de Planificación Urbana y el Ministerio de Ambiente. Consultada sobre el tema, la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá confirmó que el proyecto fue objeto de una inspección. El 3 de marzo de 2026, autoridades municipales realizaron una verificación en el sitio y emitieron una boleta por incumplimientos en medidas de seguridad y por la colocación de materiales de construcción en la vía pública. El proyecto residencial P.H. Passage, ubicado en el corregimiento de Ancón, cuenta con planos registrados y permisos de construcción para las etapas de infraestructura y para la etapa 2, que incluye los edificios 3 y 4. No obstante, no existe registro de permisos de construcción para los edificios 1 y 2, correspondientes a la etapa inicial del desarrollo. Según la Alcaldía, el proyecto se rige por la zonificación R2C, establecida mediante la Resolución No. 019 de 2022, basada en las normas de desarrollo urbano para el Área del Canal definidas en la Resolución No. 160 de 2002. De acuerdo con los registros oficiales, no existen otros proyectos inscritos en la calle Loma Terrace, donde se desarrolla esta construcción. La posición de la promotora del proyecto La empresa responsable del proyecto Passage Amador aseguró que el desarrollo se ejecuta cumpliendo con todas las normas urbanísticas, ambientales y de construcción vigentes en Panamá. Iván A. Herrera, gerente del proyecto, explicó que el complejo contempla la construcción de 252 apartamentos distribuidos en cuatro torres, además de ocho locales comerciales. Indicó que la tala de árboles realizada forma parte de un plan aprobado por las autoridades, el cual incluye medidas de reforestación como parte del desarrollo. La empresa también aseguró que el proyecto contará con infraestructura independiente de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de no afectar los servicios existentes en la comunidad. Asimismo, señaló que el diseño de los accesos vehiculares busca dirigir la mayor parte del tráfico hacia las avenidas principales cercanas, reduciendo el impacto en las calles internas del vecindario. Herrera reiteró que el proyecto cumple con la zonificación R2C de mediana densidad aplicable en el área de Amador y manifestó la disposición de la empresa a mantener el diálogo con la comunidad. Sin embargo, los vecinos aseguran que continuarán solicitando a las autoridades revisar los permisos otorgados y garantizar que cualquier desarrollo en la zona respete la normativa urbanística y ambiental vigente, con el fin de preservar el valor natural y paisajístico de Amador. Ubicación del proyecto Passage de amador Panorama
7A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 Panorama Momento en que el presidente de Estados Unidos firma la proclama, escoltado por 12 presidentes de la región. Tomada dewhitehouse.gov/ P Cumbre Escudo de las Américas sigue generando cuestionamientos Alis Fernández [email protected] GEOPOLÍTICA En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores corrigió información previa y confirmó que Panamá no ha firmado ningún tratado y en su lugar se realizó un ‘acuerdo tácito’ con los otros países. Una semana después de la firma del documento en la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami, Estados Unidos (EUA), sigue siendo incierto el alcance, el impacto y los compromisos que Panamá podría (o no...) haber asumido. Esto es lo que sabe hasta ahora. El evento fue promovido por el mandatario estadounidense Donald Trump, con el objetivo de emplear nuevas estrategias para combatir los cárteles de drogas, el narcotráfico y la migración ilegal. José Raúl Mulino y otros 11 presidentes de la región (la mayoría de derecha) fueron testigos de aquella firma, que ocurrió en un resort de golf propiedad de Trump en El Doral, Miami. Con la firma de esa proclama, EUA pretende impulsar una coalición militar con otros países de América Latina. Kristi Noem, que sigue ejerciendo como secretaria de Seguridad Nacional (aunque Trump anunció la semana pasada que será reemplazada), actúa como “enviada especial” para el “Escudo de las Américas”, aunque aún no se ha especificado de qué se trata este puesto o qué funciones debe cumplir. Y poco más. ¿Qué dice el documento firmado por Trump? La proclama presidencial publicada en redes por la Casa Blanca y replicada por la embajada de EUA, recalca que “la región está lista para poner en práctica un poderío duro” y de esta forma detener las amenazas a nuestra seguridad y civilización. Se resalta además que estos son graves peligros que se “abordarán” utilizando “todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles” en compañía de las naciones asociadas. Algo que llama la atención son los puntos en los que se divide el documento. En los dos primeros enunciados se menciona el compromiso que deben tener los países asociados con la erradicación de los grupos criminales y la nula tolerancia a su presencia en el territorio de alguno de los países que forman parte de la coalición. Sin embargo, el tercero menciona que EUA se compromete a “entrenar y movilizar los ejércitos de las naciones aliadas”, algo interesante dado que Panamá no posee ejércitos, por mandato constitucional. De igual forma, en el cuarto y último enunciado se lee una oración en la que EUA se compromete a mantener a raya las “amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del Hemisferio Occidental”. Trump manifestó que este acuerdo simboliza una nueva alianza que tiene como objetivo primordial la “erradicación de los cárteles” ya que promueve “tolerancia cero” a las pandillas y la criminalidad. Se desconoce cómo influenciará este documento en Panamá y si ello tendrá alguna influencia en nuestras relaciones internacionales. Mulino, que se sepa, no firmó ningún acuerdo mientras participó en la cumbre. Tampoco ha sometido a consideración del Gabinete o de la Asamblea ningún documento o tratado derivado de aquel evento. En un principio todo parecía indicar que el presidente Mulino había firmado un acuerdo en la cumbre. Sin embargo, hace algunos días, mediante un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores corrigió la información y confirmó que Panamá no ha firmado ningún tratado y en su lugar se realizó un “acuerdo tácito” con los otros países de la región. Por tanto, el compromiso adquirido sería simbólico o carente de formalidad. Reacciones El abogado y analista Julio Linares Franco, en conversación con La Prensa, se refirió a esta reunión, señalando que bajo los preceptos del derecho internacional público y desde un punto de vista formal, lo de El Doral no fue una “cumbre”, sino una “invitación individual” de Trump a mandatarios que él considera aliados. “Para mí fue una concentración basada en una ideología”, añadió, resaltando el hecho de que fue realizada en una de las propiedades del presidente de EUA. Linares resalta que este documento es una “proclamación” individual, que no tiene por qué involucrar y comprometer a otros Estados. En caso tal de que se dé la firma de un documento similar a este por parte de Panamá, debería entonces tomarse en consideración el numeral 9 del artículo 184 de la Constitución, por el que cualquier acuerdo internacional celebrado por el presidente con su ministro respectivo deberá ser sometido a la consideración del Órgano Legislativo. Que se sepa, nada de esto ha ocurrido y no hay planes que apunten a esa dirección. Otro punto importante a tocar es la posición de Panamá en cuanto al tema de fuerzas militares. Linares opinó que Panamá no debería inmiscuirse, pues “debilitaría el concepto de neutralización que arropa al Canal de Panamá”. Además de los presidentes de Panamá y EUA, asistieron a esta reunión Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Paz (Bolivia), Luis Abinader (República Dominicana), Mohamed Irfaan Ali (Guyana) y Rodrigo Cháves (Costa Rica). Además, acudió José Antonio Kast, quien cuatro días después tomó posesión como presidente de Chile, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
8A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 En Panamá se gradúan cerca de 750 médicos al año, pero el sistema de salud requiere entre 400 y 500 nuevos profesionales. Archivo El internado: la puerta estrecha para los nuevos médicos Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Cada año se gradúan más médicos de los que el sistema de salud puede absorber para su internado, lo que abre un debate sobre planificación y acceso. El aumento en la cantidad de médicos graduados en Panamá comienza a generar preocupación entre quienes están dando sus primeros pasos en la profesión. Guillermo Corrales, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), asegura que el principal obstáculo aparece justo después de terminar la carrera: conseguir una plaza para realizar el internado, requisito indispensable para obtener la idoneidad y ejercer la medicina. La situación quedó en evidencia en octubre de 2025, cuando 203 médicos recién graduados quedaron fuera del proceso de asignación de plazas conocido como “Viva Voz”. Sin ese paso, no podían iniciar su internado. Meses después, esos mismos egresados volvieron a presentarse al proceso más reciente, realizado el pasado 13 de marzo. En esta ocasión lograron ingresar junto con otros 193 aspirantes. En total, se espera que en abril comiencen su internado 396 médicos en instalaciones del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) y de la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS). Corrales no formó parte del grupo de los 203 médicos que quedó fuera en 2025, pero consideró que el episodio refleja una preocupación creciente entre los nuevos profesionales. “Hay médicos que se gradúan y no consiguen plaza. Les toca esperar, y en ese tiempo pueden pasar meses o incluso años”, comentó. El joven médico relata que incluso ha recibido llamadas de colegas frustrados por no poder iniciar su práctica. “He recibido llamadas de personas que me dicen que estudiar medicina fue la peor decisión de su vida porque no han logrado ejercer”, contó. A su juicio, el problema radica en que actualmente se están graduando más médicos de los que el sistema público de salud puede absorber para realizar el internado. Durante la conversación también destacó los resultados académicos de la última promoción MED-19 de la Facultad de Medicina de la UP, en el examen de certificación básica. “De 74 estudiantes, 34 obtuvimos puntaje internacional. El puntaje más alto fue de 93 y hubo varios compañeros con notas por encima de 90”, explicó. Según detalló, cerca del 45% de su promoción alcanzó puntajes internacionales, uno de los mejores resultados registrados por la facultad. Corrales el viernes acudió al proceso de “Viva Voz” para escoger su plaza. Desde días antes tenía claro que realizaría su internado entre la Ciudad de la Salud y el Hospital Nelson Collado. Presupuesto y capacidad hospitalaria Corrales señaló que una de las principales limitaciones es el presupuesto del Estado, así como la capacidad de los hospitales para formar médicos internos. Explicó que cada interno debe atender un número mínimo de pacientes como parte de su formación, por lo que saturar las salas con demasiados estudiantes afectaría la calidad del aprendizaje. “Cada médico interno debe tener un mínimo de pacientes para poder formarse adecuadamente. No se puede poner tres internos para cinco pacientes, porque entonces ninguno aprende lo suficiente”, indicó. También manifestó que las plazas suelen variar durante el año dependiendo de los recursos disponibles. Tradicionalmente se abren más cupos al inicio del año, cuando el presupuesto institucional es mayor. Aumento del puntaje de certificación Ante esta situación, Corrales consideró que una de las medidas que podría ayudar a mejorar el sistema sería aumentar la nota mínima para aprobar el examen de certificación médica. Actualmente, el puntaje mínimo ronda los 50 puntos, pero el joven propone elevarlo a 60. “Ya no es suficiente sacar 50 o 55. Eso no garantiza una plaza. Si queremos mantener la meritocracia y asegurar que los mejores estudiantes ingresen al sistema, el puntaje debería aumentar”, sostuvo. El examen de certificación es una prueba nacional que deben aprobar los egresados de medicina para poder realizar el internado hospitalario, pues el puntaje es clave para lograr una plaza. Incluso, el Consejo Interinstitucional de Certificación Médica del Ministerio del Minsa aumentó el puntaje mínimo del examen de certificación médica del 41 al 45, según la Resolución No. 1 publicada el 4 de junio de 2025. Desde 2014, el examen de certificación básica, administrado en conjunto con la UP y el Consejo de Evaluación Médica de Estados Unidos (National Boards of Medical Examiners), tiene como objetivo garantizar que los aspirantes al internado médico cuenten con los conocimientos esenciales para ejercer la medicina con seguridad y calidad. Regular el ingreso a las universidades Otra preocupación es el aumento en la cantidad de estudiantes que ingresan a la carrera, especialmente en universidades privadas. Corrales considera que debería existir un filtro de admisión más riguroso para evitar una sobreoferta de médicos en el país. “Las universidades tienen que hacer un filtro. Un estudiante de 17 o 18 años muchas veces no sabe realmente a lo que se enfrenta en medicina. Es una carrera que exige mucho sacrificio”, explicó. En ese sentido, respaldó la propuesta del Minsa de que se realice una prueba nacional de admisión obligatoria para todos los estudiantes que deseen ingresar a estudiar la carrera en universidades privadas, como se realiza en la Universidad de Panamá. “Es algo que debimos tener desde hace mucho tiempo. Es mejor tarde que nunca”, afirmó. Según las proyecciones del Minsa, Panamá requiere entre 400 y 500 nuevos médicos por año. Sin embargo, el número de estudiantes que inicia la carrera supera ampliamente esa cifra, lo que genera una sobrepoblación de egresados sin espacios para completar su formación clínica. Actualmente, se gradúan cerca de 750 médicos idóneos por año, lo que implica que cada dos años se incorporan alrededor de 1,500 nuevos profesionales al mercado laboral. Esta diferencia entre la demanda del sistema de salud y la cantidad de egresados genera una sobrepoblación de médicos que buscan completar su formación clínica. Consejos para quienes quieren estudiar medicina Ante el creciente nivel de competencia en la profesión, Corrales recomendó a los jóvenes que desean estudiar medicina hacerlo principalmente por vocación. “Medicina es una carrera muy hermosa, pero no debe estudiarse por dinero. Implica muchos años de sacrificio y dedicación”, expresó. También aconseja a los futuros médicos buscar formas de diferenciarse profesionalmente mediante la investigación, la participación en congresos y el desarrollo académico. “Hoy ya no basta con tener el título. Hay que hacer investigación, presentar trabajos en congresos y seguir formándose constantemente”, afirmó. Mientras se prepara para iniciar su internado, Corrales ya piensa en el siguiente paso de su carrera: especializarseprimeroenmedicina interna y luego en cardiología. “En Panamá hacen falta muchos cardiólogos. Es un área que me apasiona y en la que me gustaría desarrollarme”, señaló. Mientras se prepara para iniciar su internado, Corrales consideró que el país debe abrir una conversación más amplia sobre la planificación del recurso humano en salud. Aseguró que, sin medidas que equilibren la formación de nuevos médicos con la capacidad del sistema para incorporarlos, el problema podría repetirse en los próximos años. Tal Cual Mónica Palm [email protected] FOUL. En el partido inaugural del estadio Mariano Bula, el pasado viernes 13, no apareció Freddy Krueger, pero sí PPC. La portuaria era patrocinadora de la novena de Colón, pero su nombre desapareció misteriosamente de las camisetas del equipo. Quién habrá pedido ese retiro... MILLAS. El avión presidencial está en Cleveland, Ohio, desde el pasado viernes, por trabajos de mantenimiento. Como la Presidencia se ha convertido en una virtual agencia de viajes y si el HP-1A no puede transportar a Mulino, ¿quién lo va a hacer? ¿Pagaremos por boletos comerciales mientras ya pagamos por el avión presidencial y su mantenimiento? Qué mal negocio… PEREGRINOS. El diputado Jorge Herrera solicitó una partida de $10.3 millones, que será destinada principalmente a pagar el salario de personal “transitorio”, algunos con hasta 15 años laborando en la Asamblea. ¿Por qué tienen tanto tiempo laborando en esa condición? Ni que estuvieran transitando el desierto con Moisés… MULTINACIONAL. Herrera dijo que en la Asamblea hay 107 divisiones administrativas. Alucinante. En Panamá hay más de 180 empresas SEM y ni una tiene tantas divisiones. SOBREPESO. El presidente de la Asamblea también solicitó $260,000 para pagar combustible a los diputados, porque —según explicó— ese gasto forma parte de la “dieta” a la que tienen derecho. Una dieta forzada, en cambio, es la que debe hacer el resto de los ciudadanos para poder afrontar los nuevos precios del petróleo y sus consecuencias. Quizá lo más saludable sería poner a los diputados a dieta de las dietas. BABOSADA. El loco propone castigar a los gobernantes y funcionarios que, “por motivos políticos”, paralicen las obras de infraestructura pública. Y para aquellos que “paralizaron” la transparencia para darle paso a las coimas, los sobreprecios y demás expresiones de la corrupción, ¿no? A todos esos, ¿qué hay que darles? ¿Un premio? Panorama
9A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026
10A La Prensa Panamá, lunes 16 de marzo de 2026 Los apagones afectaban ayer hasta el 58% de Cuba de manera simultánea en el horario de mayor consumo de energía, en la tarde-noche, de acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE. Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social con protestas en distintos puntos de la isla. La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, estimaba para el horario “pico” de ayer una capacidad de generación de 1,320 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,050 MW. Desde que Cuba comenzó a difundir regularmente estadísticas energéticas en 2022, la mayor tasa de déficit se registró el pasado viernes 7 de marzo, cuando un 68% de la isla quedó sin servicio eléctrico de manera simultánea. Dos días antes se produjo un apagón masivo que dejó a seis millones de cubanos sin corriente en varias provincias -incluida La Habana- debido a una avería en una central termoeléctrica del oeste del país, considerada vital para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Al igual que la víspera, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40% del mix energético). Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de Estados Unidos (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones. De otro 40% del mix era responsable la llamada geSe profundiza la crisis en una Cuba con infraestuctura cada vez más obsoleta TENSIÓN SOCIAL neración distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible. Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de Estados Unidos.ElGobiernocubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”. Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, incluidas las reportadas durante esta semana, en barrios de La Habana, Morón (centro) y Holguín (noreste). La protesta en Morón, un municipio de la provincia Ciego de Ávila, tuvo lugar el viernes por la noche cuando varios centenares de personas se manifestaron golpeando cazuelas tras pasar más de un día sin corriente eléctrica en sus casas y por la escasez de alimentos en la isla, según informó el medio oficial Invasor. Durante esa protesta escalaron las tensiones con incidentes violentos que concluyeron con la detención de al menos cinco personas, y algunos testimonios en redes sociales reportaron heridos. Niños y jóvenes participan en clases en un aula en Panamá, donde la educación enfrenta retos en calidad. Elysée Fernández Estudiantes que memorizan, pero no aprenden a pensar Aleida Samaniego C. [email protected] EFE. LA HABANA, CUBA EDUCACIÓN Los resultados educativos revelan una brecha preocupante: estudiantes que repiten contenidos, pero carecen de herramientas para analizar, cuestionar y resolver problemas en una economía del conocimiento. En Panamá, los padres no pueden exigir judicialmente que el Estado garantice que sus hijos aprendan. Mientras que en cerca del 70 % de los países de América Latina existen mecanismos legales para demandar por deficiencias educativas, en el país la legislación prioriza la antigüedad docente y la burocracia administrativa por encima de los resultados de aprendizaje. Este es uno de los planteamientos del informe Lecciones Internacionales para la Reforma Educativa en Panamá, elaborado por el equipo de trabajo del diputado i ndependiente y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise. El documento ofrece un diagnóstico técnico que utiliza datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa), evidenciando la urgencia de reformar el sistema educativo. De acuerdo con expertos de la OCDE, como Andreas Schleicher, director de Educación del organismo, y Tue Halgreen, analista principal de Políticas Educativas, el 84% de los jóvenes de 15 años en Panamá no alcanza el nivel básico de competencia en matemáticas, según los resultados de la última prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). “No es que los estudiantes no asistan a la escuela; es que la escuela no les está enseñando a pensar”, señalan los expertos. Los alumnos son capaces de reproducir información, pero presentan dificultades para aplicarla en situaciones nuevas. Además, más de 120,000 niños y jóvenes están fuera del sistema educativo, según el informe Análisis sobre la Población en Panamá, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El documento también cuestiona la idea de que pagar una escuela privada garantice excelencia: solo el 3% de los estudiantes de colegios particulares alcanza los niveles más altos de PISA, frente al 30% en Costa Rica y 40% en Brasil, un rezago preocupante para un país con el nivel de ingresos de Panamá, planteó Javier González, director de Summa. De hecho, los expertos en educación de la OCDE y Summa participaron en enero pasado en un ciclo de conferencias, realizado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con el objetivo de establecer las bases y los elementos necesarios para lograr un proyecto de reformas educativas ampliamente consensuado. Una ley anclada en el pasado Expertos en educación plantean que la Ley 47 Orgánica de Educación, vigente desde 1946, se mantiene como uno de los principales obstáculos para mejorar la educación en Panamá. Varias disposiciones limitan la calidad del aprendizaje y frenan el progreso. El Artículo 218 establece que los ascensos de los docentes dependen de la antigüedad y los títulos, no del desempeño en el aula ni del impacto en el aprendizaje de los estudiantes, dejando sin incentivos a quienes más se esfuerzan. En cuanto a los requisitos para ejercer, Panamá exige únicamente educación postmedia, mientras que la OCDE recomienda al menos una licenciatura, y en muchos casos una maestría. Otro problema crítico es la alimentación escolar. El Artículo 255 califica los comedores como “opcionales”, pese a que el 14% de la niñez sufre retraso en el crecimiento, lo que afecta directamente el rendimiento académico. A diferencia de países como Chile o Ecuador, los maestros panameños no cuentan con tiempo protegido durante su jornada para planificar sus clases, lo que dificulta la preparación y la calidad de la enseñanza. Para la especialista en educación Nivia Rossana Castrellón, cualquier reforma educativa debe impactar directamente en la experiencia de estudiantes y docentes dentro del aula. “Una ley puede ser impecable técnicamente, pero si no cambia la realidad cotidiana, no produce resultados reales”, señaló. Castrellón subrayó la necesidad de garantizar cobertura obligatoria hasta los 14 años y un proceso gradual de implementación, con un período de transición de cinco a diez años. La especialista también enfatizó la formación docente de calidad, con selección rigurosa y desarrollo profesional continuo, así como un financiamiento oportuno y equitativo, programas de alimentación escolar y pertinencia curricular que prepare al estudiante para la vida productiva. Destaca la educación dual y la certificación de competencias como herramientas clave para conectar la escuela con el mercado laboral. Castrellón advirtió que la evaluación de la reforma debe ir más allá de los indicadores generales: “Hay que observar qué ocurre realmente en las aulas: si los docentes enseñan de manera diferente, si los estudiantes desarrollan pensamiento crítico, creatividad y colaboración, y si el clima escolar es seguro. La prueba ácida de cualquier cambio educativo está en el aprendizaje efectivo dentro del aula”. Evidencia internacional Según Yair Velásquez, coordinador del proceso de Reforma Educativa presidido por Bloise, Panamá enfrenta una oportunidad histórica para superar lo que los expertos llaman un “rezago incómodo”. La evidencia internacional, incluida la OCDE y Summa, indica que la calidad de la inversión educativa es clave. Sostuvo que países como Vietnam logran mejores resultados con menos recursos que Estados Unidos al priorizar la formación docente y otorgar tiempo protegido para planificar y colaborar. Sistemas exitosos como el japonés muestran que docentes mejor capacitados y apoyados generan aprendizajes más significativos. A juicio de Velásquez, las experiencias de Colombia y Ecuador destacan la importancia de una agenda de reformas estructurada, con un mandato social claro, evaluación autónoma y apoyo pedagógico a los docentes. Además, acotó que los pilares de la propuesta incluyen formación docente, gobernanza para la mejora, descentralización del sistema, evaluación efectiva y financiamiento equitativo, garantizando trayectorias completas hasta la educación universitaria, dijo. Hacia una reforma con autonomía El informe no solo diagnostica, sino que propone fundamentos para una nueva Ley Orgánica inspirada en Colombia y Ecuador, donde la autonomía escolar se combina con rendición de cuentas. La exministra colombiana María Victoria Angulo señaló que “no se trata de mercantilizar la educación, sino de usar datos objetivos para diseñar políticas efectivas”. La pregunta central es si la Asamblea Nacional tendrá la voluntad política para convertir estos compromisos históricos en obligaciones legales exigibles. En tanto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ya ha sostenido reuniones con miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes para discutir la nueva Ley Orgánica, que actualizará la vigente Ley 47 de 1946. Según Meduca, la reforma busca que las políticas educativas respondan a los desafíos actuales y futuros. En los encuentros participaron los diputados Jorge Bloise, Gertrudis Rodríguez, Miguel Ángel Campos, Lilia Emérita de Batista, Paulette Thomas, Osman Gómez, Yuzaida Marín y el suplente Pedro Quijano. Por su parte, Humberto Montero, del Frente Nacional de Educadores Independientes, destacó la descentralización educativa. Aunque Panamá aprobó este modelo en 1995 mediante la Ley 28, el sistema sigue altamente centralizado 31 años después, limitando la capacidad de acción de las direcciones regionales. La modernización del sistema educativo está actualmente sobre la mesa. Su objetivo es que las futuras políticas respondan a los retos presentes y a las necesidades de los estudiantes. La implementación dependerá del avance del proceso legislativo y del seguimiento de las instancias responsables de la educación en Panamá. Vehículos eléctricos para transportarse. EFE Panorama
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==