10A La Prensa Panamá, lunes 9 de marzo de 2026 los miles de muertos y heridos de la guerra. En algunos casos se les denomina simplemente como el costo de la conflagración o como “daños colaterales”, presentando apenas condolencias y lamentos, sin comprender el dolor familiar ni el impacto emocional profundo que pueden dejar las pérdidas humanas. Se nos pide entender que el enorme costo económico de la guerra —miles de millones de dólares— tiene como finalidad la liberación o la pacificación. Sin embargo, en ese proceso el orden y el derecho quedan fracturados o subordinados a la ley del más fuerte, a pesar que la historia demuestra que las guerras traen consigo dolor y devastación. Los gastos militares directos incluyen operaciones, logística, movilización de tropas y despliegue de armamento. Luego de una semana de escalada, el conflicto suma más de diez mil millones de dólares entre los involucrados, con proyecciones que podrían alcanzar los cien mil millones si la confrontación se prolonga, según estimaciones de expertos. A ello se suman los costos económicos regionales y globales. Por ejemplo, el precio del petróleo superó los noventa dólares por barril y aumentó cerca de 25% en una semana. También se registran caídas en bolsas internacionales, aumentos en el precio El mecanismo oculto que devora tu salario Ingresos Cada vez que un panameño recorre los pasillos del supermercado o intenta comprar una vivienda, se enfrenta a una realidad asfixiante: la quincena ya no alcanza. Mientras el ciudadano de a pie, que depende exclusivamente de su salario, pierde poder adquisitivo a un ritmo alarmante, las élites políticas y financieras ven sus fortunas multiplicarse. La intelectualidad estatista suele culpar a la “avaricia empresarial” o a los fallos del mercado de esta creciente brecha patrimonial. ¡Falso! Nos encontramos ante una estafa matemática institucionalizada y diseñada desde la cúspide del poder: el “efecto Cantillon”. Para comprender esta injusticia, debemos desnudar la gran ilusión de la expansión monetaria y el mal llamado “gasto social”. A menudo, bajo el noble pretexto de ayudar al pueblo o estimular la economía, los gobiernos y los bancos centrales emiten deuda o crean dinero de la nada. Sin embargo, este dinero fresco no llega a toda la sociedad al mismo tiempo ni de manera uniforme. ¿Quiénes son los primeros invitados a este banquete? El Estado, los bancos comerciales y el sistema financiero. Al recibir esta inmensa liquidez antes que nadie, tienen el privilegio de comprar activos y bienes a precios antiguos, mucho antes de que la inflación golpee las calles. El gran perjudicado de este esquema perverso es siempre el mismo: la clase trabajadora. Para cuando ese nuevo dinero finalmente se gasta y va filtrándose hacia las capas más bajas de la economía, los precios de los activos y del costo de vida ya se han disparado. Los salarios reaccionan muchísimo más tarde que la inflación, resultando en una brutal pérdida real de poder adquisitivo para el ciudadano común. Este fenómeno distributivo, observado en el siglo XVIII por el banquero Richard Cantillon, demuestra que la emisión de crédito estatal no es neutral: tiene una clara ventaja estructural para quienes están más cerca de la máquina de imprimir billetes. La historia es terca y repite este patrón destructivo incansablemente. Lo sufrieron las clases bajas en Panamá durante el auge de las zonas libres o la expansión del Canal, donde el crecimiento económico masivo enriqueció a ciertas élites, provocando un aumento en el costo de vida y una inflación de activos. También lo vimos con la crisis financiera global de 2008 y los estímulos durante la pandemia de covid-19 en 2020: inyecciones masivas que, aunque no directamente monetarias debido a la dolarización, generaron recuperaciones récord en sectores como la construcción o los bienes raíces para los ricos, mientras los trabajadores sufrían la alta inflación de los bienes de consumo y el estancamiento de los salarios. Panameños, es imperativo despertar ante este saqueo. Este sistema crea una inmensa brecha patrimonial: quienes solo tienen un salario reciben el dinero devaluado, mientras que quienes poseen activos (casas, acciones) ven sus propiedades revalorizarse, permitiéndoles acumular más riqueza y dejando a la clase trabajadora fuera del “circuito de revalorización”. La verdadera cura a nuestra desigualdad no es aplaudir el gasto social financiado con deuda; es exigir el fin de la manipulación monetaria que, según esta visión, empobrece día tras día bajo el disfraz de una falsa filantropía. Parlacen: de la proclamación atada a la incertidumbre de la reforma (1999-2029) Reforma electoral Tribunal Electoral) y César Mario Escobar, asistidos por un grupo comprometido de suplentes como Ezra Zury Silvera, Camilo Alleyne, Víctor Cucalón, Elsa Guanti, Manuel Vásquez y Francisco Fong. Nuestra labor fue de una transparencia absoluta, pero ejecutando reglas que hoy la historia ha puesto en tela de juicio. En aquel entonces, la JNE no realizó un escrutinio manual de papeletas del Parlacen por la sencilla razón de que no existían en forma separada. El sistema imperante era el de “lista cerrada y bloqueada”, donde el voto por el candidato presidencial arrastraba automáticamente la lista del partido al Parlacen. El Tribunal Electoral nos suministró los consolidados de la votación presidencial y, sobre esa base técnica, nuestra Junta proclamó a los veinte diputados. Aquel receso histórico que vivimos en Atlapa no fue por indecisión, sino por rigor legal. No podíamos proclamar a nadie hasta tener el cien por ciento de las actas nacionales para poder aplicar la fórmula de adjudicación. Fuimos los custodios de una ley que, aunque garantizaba la aritmética, limitaba la libertad de elección del ciudadano al amarrarla a una sola casilla. Durante veinticinco años, ese modelo de “voto atado” se convirtió en un estándar. Lo que en 1999 ejecutamos como un mandato legal terminó transformándose con el tiempo en un cuestionado refugio de jurisdicción especial para figuras políticas. Sin embargo, el ciclo de la lista cerrada llegó a su fin en septiembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucioRoberto Lombana García Conflicto en Irán: la normalización de lo anormal Costos económicos Pasada una semana del inicio del conflicto en Irán, el balance de la guerra muestra una rápida escalada regional con ataques masivos, represalias iraníes y repercusiones globales, con consecuencias nefastas para la humanidad. El escritor Eduardo Galeano mencionaba que las guerras dicen ocurrir por nobles razones: la seguridad internacional, la dignidad nacional, la democracia, la libertad, el orden, el mandato de la civilización o la voluntad de Dios. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: “Yo mato para robar”. Antes de comentar la realidad después de siete días de enfrentamientos en Irán, conviene recordar un episodio nefasto de guerra ocurrido en 2002, cuando tres millones de civiles murieron en el Congo. Murieron por el coltán, aunque muchos ni siquiera lo sabían. Poco o nada valía este mineral hasta que se descubrió que era imprescindible para la fabricación de teléfonos celulares, naves espaciales, computadoras y misiles. Entonces pasó a ser más caro que el oro. El Congo, país con escasos recursos económicos, es riquísimo en minerales, y ese regalo de la naturaleza se ha convertido en una maldición histórica. Algo similar evocan algunos africanos cuando llaman al petróleo “excremento del diablo”, por el tipo de conflictos que genera. Retomando el balance del conflicto actual, observamos cómo se han normalizado del gas y del transporte marítimo, así como presiones inflacionarias que terminan reflejándose en mayores precios para los consumidores. Esta situación anormal —en la que los presupuestos se orientan hacia operaciones militares que producen muertes y pérdida de poder adquisitivo— se encuentra en abierta contradicción con lo que debería ser normal para la humanidad: la paz y el bienestar. Esos recursos podrían destinarse a erradicar el hambre y la pobreza extrema. Según Naciones Unidas, acabar con el hambre mundial requeriría alrededor de cincuenta mil millones de dólares anuales, mientras que el Banco Mundial estima que la erradicación de la pobreza extrema necesitaría cerca de cien mil millones de dólares al año. Aunque estos objetivos no representen beneficios para corporaciones armamentistas ni para estrategias de control de recursos estratégicos, sí representarían un paso hacia una verdadera humanización de la humanidad y hacia el bienestar colectivo. Al final, el verdadero desafío no es determinar quién gana en un conflicto bélico. El desafío es que gane la humanidad. Se trata de respeto, tolerancia y convivencia entre individuos. Se trata de fortalecer instituciones legítimas y normas que permitan resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Solo así será posible enfrentar los grandes problemas socioeconómicos, de seguridad global y de gobernanza mundial que hoy afectan al planeta. EL AUTOR es analista independiente. EL AUTOR es profesor de la Universidad de Panamá y exdiputado del Parlacen. EL AUTOR es exintegrante de la JNE de 1999. Dimas Cornejo nal este sistema. La justicia electoral le ha dado finalmente la razón a la tesis de que el ciudadano tiene derecho a elegir a sus diputados regionales con nombre y apellido, separando su destino del cargo presidencial. Estamos ahora, a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), trabajando en las reglas para 2029, buscando implementar la “quinta papeleta” y el voto selectivo. Pero aquí surge un temor bien fundado: el paso del proyecto por la Asamblea Nacional. Existe el riesgo real de que, en el calor del debate partidista, los diputados actuales decidan echar para atrás los avances logrados en la mesa técnica. La tentación de modificar la ley para mantener el control de las listas o dificultar la libre postulación es latente. Si la Asamblea contamina la reforma para preservar privilegios de cúpula, estaríamos ante un retroceso democrático que ignoraría el mandato de la Corte y la voluntad ciudadana. A la par de la reforma, se mantiene viva la corriente que aboga por la salida de Panamá del organismo, pero la experiencia es clara: tras el intento fallido de 2009, sabemos que no existen atajos legales. El retiro requiere denunciar el tratado internacional y lograr un consenso regional complejo. Mientras esa ruta diplomática no se concrete, nuestra única salvaguarda es una elección digna y directa. La experiencia de 1999 nos enseñó que la transparencia no se negocia por rapidez. Si en aquel año logramos proclamar con certeza basándonos en actas físicas y suministros técnicos, en 2029 no hay excusa para no tener un escrutinio propio —quizás más lento, pero transparente—, donde el diputado al Parlacen deba su curul al elector y no al favor de su candidato presidencial. La democracia panameña ha madurado; es hora que las reglas del juego en la Asamblea estén a la altura de esa madurez. La memoria política de un país suele ser corta, pero los hitos que definen su institucionalidad merecen ser rescatados hoy, cuando estamos inmersos en un nuevo y decisivo ciclo de reformas electorales. Para comprender el debate actual sobre el Parlamento Centroamericano (Parlacen), es imperativo retroceder a 1999, el año en que Panamá, por primera vez, realizó el ejercicio de elegir directamente a sus representantes regionales. Es necesario precisar que en 1994 no hubo tal elección directa; fue en mayo de 1999 cuando se estrenó el proceso bajo una arquitectura legal que no fue producto del azar, sino de decisiones tomadas en la Sala de Acuerdos por los magistrados de aquella época: Eduardo Valdés Escoffery, Denis Allen Frías y Erasmo Pinilla. Ellos reglamentaron la elección de 1999 bajo una premisa de practicidad administrativa, alejándose quizás de las discusiones que años antes, en los albores de la reconstrucción democrática, sostenía el magistrado Guillermo Márquez Amado antes de su salida en 1995. Mientras que en los periodos fundacionales se debatía el fortalecimiento de la relación directa entre el elector y el elegido, la reglamentación final de finales de los noventa optó por el modelo de lista cerrada, una decisión que, aunque legal, sembró la semilla de la desconexión ciudadana que hoy tratamos de corregir. Fue bajo ese marco que tuve el honor de formar parte de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) de 1999, con sede en Atlapa, un equipo de ciudadanos independientes liderado por Roberto Lombana (yo), junto a Narciso Arellano (hoy magistrado del El desafío es que gane la humanidad. Se trata de respeto, tolerancia y convivencia entre individuos. Se trata de fortalecer instituciones legítimas y normas que permitan resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Juan Pablo García Farinoni Durante veinticinco años, ese modelo de “voto atado” se convirtió en un estándar. Lo que en 1999 ejecutamos como un mandato legal terminó transformándose con el tiempo en un cuestionado refugio de jurisdicción especial para figuras políticas. Opinión
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==