2A La Prensa Panamá, domingo 15 de febrero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Sheyla Castillo, sostuvo que las investigaciones por presunto nepotismo en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no solo confirmaron irregularidades, sino que dejaron al descubierto prácticas administrativas que, según dijo, contravienen el Código de Ética y las normas sobre conflicto de interés. Castillo enfatizó que los hallazgos no responden a percepciones ni a presiones externas, sino a expedientes “sólidos y debidamente sustentados”, producto de un análisis técnico que —aseguró— refleja con claridad la realidad interna de esa casa de estudios superiores. Como se recordará, Antai recomendó recientemente la destitución de 29 funcionarios de la Unachi. No obstante, la funcionaria detalló que, además, mantiene abiertas 40 investigaciones. Aclaró que Antai no es un ente de designación, sino que su rol, conforme a la ley, es analizar los casos y emitir recomendaciones sustentadas en expedientes “robustos”. Otros casos Castillo detalló que el alcance de las actuaciones no se limita a la Unachi. En el último período, la entidad también ha recomendado la separación de cerca de 20 funcionarios de otras dependencias del Estado y ha impuesto sanciones pecuniarias que rondan los 40 mil dólares, cuando así corresponde. “Trabajamos con expedientes sólidos”, subrayó al defender el sustento técnico de cada resolución. El mensaje, añadió, va dirigido especialmente a los funcionarios de alto mando y a quienes ocupan cargos de designación: deben conocer y cumplir el Código de Ética en materia de nepotismo y conflicto de interés. En el caso específico de la Unachi, sostuvo que la evidencia está contenida en los propios expedientes y reiteró que, además de los 29 Directora de Antai sobre casos de nepotismo en Unachi: ‘Trabajamos con expedientes sólidos’ INVESTIGACIÓN casos recomendados para destitución, aún hay 40 procesos en curso. La directora anunció que Antai está recopilando información de todas las entidades del Estado para verificar si han acogido o no las recomendaciones emitidas durante el último año. Con esos datos, dijo, se publicará un comunicado en los próximos días para informar a la ciudadanía qué instituciones han cumplido. Precisó que solo resta recibir la respuesta de la Universidad de Panamá para cerrar ese balance. Consultada sobre si ha sostenido conversaciones con la rectora, Etelvina Medianero de Bonaga, por los señalamientos de nepotismo, Castillo fue tajante: no mantiene acercamientos con autoridades y prefiere trabajar “de manera prístina” con los expedientes. “Mis acercamientos son con los casos, no con las personas”, afirmó al reiterar que el proceso se rige por la documentación y las pruebas recabadas. Planilla de la Unachi La Unachi ha sido objeto de cuestionamientos no solo por las investigaciones de nepotismo, sino también por el tamaño y la composición de su planilla laboral. Según datos de la Contraloría, la planilla global de la universidad incluye alrededor de 2,000 colaboradores entre docentes y personal administrativo, de los cuales más de 200 perciben salarios de 7,000 dólares o más al mes —una cifra comparable al sueldo del presidente de la República—, lo que genera un impacto aproximado de 1.5 millones de dólares mensuales solo en ese grupo y cerca de 18 millones de dólares al año en remuneraciones elevadas. Estos datos han alimentado las críticas sobre la gestión de los recursos públicos en la casa de estudios, ya que se señala que esa proporción de sueldos altos podría no ajustarse al mérito académico o a las necesidades institucionales, sino responder a prácticas de favorecimiento interno. Además, la revisión de la planilla forma parte de las investigaciones de la Antai por presunto nepotismo y conflicto de interés, que hasta ahora han alcanzado a decenas de funcionarios en ese centro académico. Una de las figuras más polémicas en medio de este debate es la rectora, Etelvina Medianero de Bonaga. Fachada de la Asamblea Nacional, Órgano del Estado conformado por 71 diputados. Carlos Moore Asamblea Nacional cerró 2025 con un aumento presupuestario del 67% Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PRESUPUESTO Durante 2025, los fondos asignados a la Asamblea pasaron de 98.7 millones de dólares, establecidos inicialmente en la Ley de Presupuesto, a 164.8 millones de dólares. Apesar de las reiteradas promesas de contención del gasto, en la Asamblea Nacional se ha vuelto una práctica habitual cerrar cada año con un presupuesto superior al solicitado originalmente. El año 2025 no fue la excepción. De acuerdo con los informes más recientes de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondientes al período comprendido entre enero y diciembre de 2025, el Órgano Legislativo registró un incremento significativo en sus asignaciones, del 67%, consolidando así una tendencia que contradice los compromisos públicos de austeridad. Durante 2025, los fondos asignados a la Asamblea pasaron de 98.7 millones de dólares, establecidos inicialmente en la Ley de Presupuesto, a 164.8 millones de dólares. Este ajuste representa una ampliación de 66.1 millones de dólares, lo que equivale a un aumento aproximado del 67%. El informe del MEF indica que el incremento contempla tanto gastos operativos como partidas de inversión, aunque no especifica en qué programas o actividades se concentraron los mayores aumentos. Los detalles En el desglose por tipo de gasto, los recursos destinados a funcionamiento pasaron de 95.7 millones a 160.5 millones de dólares, con una ejecución de 148.6 millones hasta diciembre de 2025, lo que equivale al 92.6 % del total modificado. En cuanto a las inversiones, el monto aprobado aumentó de 3 millones a 4.3 millones de dólares, de los cuales se ejecutó el 100 %. El informe no precisa cuáles fueron las obras realizadas. En 2024 ocurrió un patrón similar: se aprobó un monto que, progresivamente, fue aumentando. El presupuesto de funcionamiento pasó de una proyección inicial de 138.3 millones a 167.9 millones de dólares, lo que implicó una modificación de 29.6 millones de dólares al cierre de ese año. En materia de inversión, la Ley de Presupuesto de 2024 estipulaba 11.7 millones de dólares, mientras que el presupuesto modificado alcanzó los 18.7 millones. Esto elevó el total del presupuesto de 150 millones de dólares, en su versión original, a 186.6 millones de dólares al finalizar 2024. La diputada del movimiento Vamos, Janine Prado, quien ha seguido de cerca el incremento del presupuesto legislativo, atribuyó responsabilidad directa a los dos últimos presidentes de la Asamblea Nacional por los traslados de partidas que elevaron el gasto por encima de lo originalmente aprobado. Prado busca esclarecer de qué manera se realizaron esos movimientos, si contaron con la aprobación formal correspondiente o si, por el contrario, se recurrió a la figura del silencio administrativo para viabilizarlos. La diputada informó que ha solicitado copia de lo actuado en la Comisión de Presupuesto, así como de las actas y resoluciones vinculadas a esos traslados. Recordó que la reducción del presupuesto fue una promesa reiterada por los presidentes del Legislativo, pero —según sostuvo— no se ha cumplido. “Estamos pidiendo la documentación para verificar cómo se tomaron estas decisiones”, enfatizó, al insistir en la necesidad de mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos. Los dos últimos presidentes de la Asamblea, Dana Castañeda (2024-2025) y Jorge Herrera (20252026), han prometido reducir el gasto mediante la disminución de la planilla; sin embargo, en la práctica, se mantienen niveles de gasto operativo similares. En el caso de Herrera, desde su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional delineó una agenda institucional centrada en la transparencia y la eficiencia. Anunció que impulsaría la revisión del reglamento interno, la eliminación de las llamadas “botellas” —personas que cobran sin trabajar—, la digitalización de procesos y la rendición de cuentas al final de cada período legislativo. Práctica habitual En los últimos años, la Asamblea ha mantenido la práctica de solicitar un presupuesto inicial específico para luego incrementarlo considerablemente durante el transcurso del año, a través de créditos adicionales o traslados de partidas aprobados internamente. Por ejemplo, en 2020 el presupuesto aprobado inicialmente fue de 99.6 millones de dólares; sin embargo, al cierre del año el gasto real ascendió a 164.9 millones, un incremento de más de 65 millones. Esta dinámica continuó en los años siguientes, con aumentos igualmente significativos. En 2021, el presupuesto pasó de 107.1 millones a 200.9 millones de dólares, mientras que en 2022 aumentó de 143.9 millones a 230.5 millones. En 2023, el presupuesto pasó de 150 millones a 188.9 millones de dólares y, aunque en 2024 la cifra inicial fue de 150 millones, cerró con un monto de 186.6 millones. La Asamblea Nacional se ha convertido en el órgano del Estado más cuestionado por el uso discrecional de sus recursos. La directora de Antai, Sheyla Castillo. Isaac Ortega
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