6A La Prensa Panamá, sábado 31 de enero de 2026 Panorama Esta ha sido de las peores semanas de los últimos meses. No sé ni por dónde empezar. Veamos este hecho, que no ha pasado inadvertido: la eleccióndel nuevo subcontralor, Omar Castillo, prenda que hará perfecta mancuernacon el contralor, Bolo Flores. Nada bueno –especialmente en materia electoral– ha salido en redes de este señor. Y como van las cosas, no dudo que alguien meta sus manos para salvarle el pellejo, como, por ejemplo, se ha hecho con un caso contra el alcalde de la capital, investigado por la Fiscalía Electoral pordonaciones irregulares, caso que prescribiría este fin de semana. O la absolución de 185 acusados en el caso de las indemnizaciones de los diablos rojos –fallo conocido esta semana– que beneficia a políticos y funcionarios actuales y pasados, como Roberto Moreno Olivares, Juan Pablo Mora, Ricardo Fábrega y Ventura Vega. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se conoció a finales de esta semana, declaró inconstitucional el contrato de la empresa PanamaPorts Company (PPC). No se había secado la tinta de la firma de los magistrados en la sentencia cuando el Gobierno salió a informar de un plan para mantener la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, sin ninguna posibilidad de negociación con PPC, lo cual está bien, pues se trata de una sentencia que anuló el contrato, pero me pregunto ¿por qué se descartó una negociación con Hutchison, pero no con la minera First Quantum? Quisiera entender la lógica de esta decisión. Nos vendrán algunas demandas multimillonarias y problemas diplomáticos con una potencia mundial (China), por lo que insisto: ¿Cuál es la lógica de negociar con uno y no con el otro? Paralelamente, esta semana, los magistrados decidieron mantener en secreto la identidad de los beneficiarios finales de las empresas contratistas del Estado, lo cual es una perfecta sinvergüenzura. Así, estos “honorables” magistrados se convierten en cómplices de la corrupción de políticos que ya no quieren $5 millones en coima, sino el 15% de la empresa víctima de su codicia. Entonces, ¿para qué pagarles a los magistrados $14 mil al mes, si esa cantidad apenas satisface sus exigentes gustos culinarios? Quizás pensarían en integridad si sus ingresos sumaran $2 millones al mes, pero ni así estaríamos seguros de ello, porque es que para ellos ya no hay límites. Esa clase de codicia es la que, según auditores y fiscales, tiene ahora a Gaby Carrizo encerrado en su cárcel de oro. El exvicepresidente deberá demostrar el origen del “poquito” dinero y bienes que le encontraron y que son la causa de acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito. Así dio comienzo esta semana, con el ridículo espectáculo de un político de cerebro extirpado que se hizo filmar –como si no lo hubiese planeado él– para apelar a la compasión e indulgencia social proyectándose como padre inmaculado. Fue una idea desquiciada, ya que públicamente arrastra a sus hijos a su propia desgracia, como si tuvieran algo que ver con su carencia de juicio, en lugar de protegerlos del escándalo que supone ser el centro de una investigación por el supuesto robo de recursos del Estado–. Ni María ni Jesús se salvaron de su torpeza, que, según él, son sus abogados. Seguramente necesitará de toda su divinidad para que lo libren de todo mal. Por último, el presidente Mulino, al tiempo que se celebra en Panamá el más importante juicio por corrupción de la historia –el caso Odebrecht– condecoró con la orden Manuel Amador Guerrero al presidente Lula da Silva, quien estuvo preso en su natal Brasil por el caso Lava Jato, en el que también fueron investigados los sobornos de Odebrecht. Es la segunda vez que el gobernante impone esta condecoración a polémicos políticos extranjeros. La primera vez fue en agosto pasado, cuando se la dio al presidente tico, Rodrigo Chávez, execrable personaje, intolerante y protagonista de incontables escándalos en su país. Panamá camina dando saltitos de gusto y alegría a su autodestrucción con casos como estos, en los que los menos idóneos y los más controvertidos son los que gobiernan y controlan. Es por la basura gubernamental que nos miran con escepticismo, porque, lejos de proyectarnos como una nación seria y digna, somos una pobre caricatura de país, en cuya capital se yerguen rascacielos que hacen que los racimos de banano estén más altos, pero república bananera, al fin y al cabo. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Puerto Balboa del lado Pacífico del Canal de Panamá. Alexander Arosemena PPC rechaza fallo y advierte sobre riesgos para la seguridad jurídica Yasser Yánez García [email protected] PPC advirtió que el fallo pone en riesgo la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la reputación del país como destino confiable para la inversión extranjera. Panama Ports Company (PPC) expresó su rechazo a la decisión del Órgano Judicial que declaró inconstitucional la Ley N.º 5 de 1997 relativa a la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, al considerar que el fallo es incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato que ha sustentado sus operaciones por casi 28 años. La empresa indicó que, hasta el momento, no ha sido notificada formalmente de la decisión. Según PPC, esta resolución representa el más reciente episodio de una serie de acciones del Estado panameño que durante más de un año han afectado la concesión y a su inversionista. La compañía recordó que, desde el inicio del contrato, ha invertido más de $1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, superando ampliamente los compromisos adquiridos, inversiones que —subrayó— han sido claves para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de alcance global. En entrevista con Telemetro Reporta, Alejandro Kouruklis, director de Relaciones Institucionales de PPC, valoró positivamente las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, en torno a la protección de los trabajadores y la continuidad de la operación portuaria. “Nos tranquiliza que se garanticen los derechos laborales y que no se paralice el servicio, algo crucial no solo para Panamá sino para el comercio mundial”, afirmó, al reiterar la disposición de la empresa a cooperar con las autoridades marítimas y el Gobierno. No obstante, Kouruklis cuestionó el fondo del fallo al señalar que el Estado estaría descalificando sus propias decisiones históricas. “La adenda de 2005 obligaba a invertir mil millones de dólares y la empresa invirtió $1,800 millones. Esa inversión se hizo bajo leyes que hoy se declaran inconstitucionales. El mensaje que se envía es que una ley que ampara un contrato no da ninguna garantía al inversionista”, advirtió, calificando la situación como inédita en Panamá y comparable a escenarios de nacionalización en regímenes no democráticos. Sobre los señalamientos de la Contraloría relacionados con supuestos ingresos no percibidos por el Estado, Kouruklis sostuvo que se trata de un malentendido. Aclaró que el propio contralor reconoció que la empresa ha cumplido íntegramente con el contrato vigente y que las cifras cuestionadas corresponden a inversiones obligatorias, no a pagos directos. “Eso no es justificación para declarar inconstitucional un contrato; si hay diferencias, el propio contrato establece mecanismos como el diálogo o el arbitraje”, enfatizó. PPC también advirtió que el fallo pone en riesgo la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la reputación del país como destino confiable para la inversión extranjera. La empresa confirmó que, una vez conocido el fallo completo, sus abogados analizarán las acciones a seguir, sin descartar recursos legales, aunque insistió en que su principal apuesta sigue siendo el diálogo con el Gobierno para evitar disrupciones en un sector estratégico para el país. En términos similares se expreso la empresa a través de un comunicado emitido tras el fallo. En uno de sus párrafos, PPC remarcó que la decisión es “el último desarrollo de una campaña del Estado panameño impactando a PPC y a su inversionista por más de un año, que ha incluido un rango de acciones inesperadas contra la Concesión y PPC”. Además, indicó que “la concesión de PPC fue producto de una licitación internacional transparente” y que desde entonces la compañía “ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración”. Yasser Yánez García [email protected] APM Terminals está dispuesta a operar Balboa y Cristóbal de manera temporal Como una de las primeras señales del mercado, luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panama Ports Company (PPC), la gigante APM Terminals informó que está dispuesta a operar de manera temporal los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. Según un comunicado de APM Terminals, la empresa buscaría mitigar riesgos que puedan afectar la continuidad de los servicios esenciales para el comercio regional y global. La empresa señaló que cualquier ingreso para operar los puertos se realizará en estricto cumplimiento de las formalidades y procedimientos establecidos en la ley, y únicamente después de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia sea debidamente ejecutoriada, un plazo que —aclaró— no depende de la compañía. APM Terminals, una subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, precisó que no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones relacionadas con la estructura o administración futura, ya sea a corto o largo plazo, de los puertos de Balboa y Cristóbal. Actualmente, APM Terminals opera 60 terminales en 34 países. En agosto de 2025, APM Terminals, una división independiente de la naviera danesa Maersk, desembolsó 600 millones de dólares para hacerse con la operación del ferrocarril de Panamá. APM Terminals ha estado insistiendo en el último año en la necesidad de que se amplíe la cantidad de puertos que operan en Panamá, ya que todos los países vecinos están haciendo lo propio y se benefician de la enorme demanda que hay en el mercado. De alguna manera esto anticipa su interés a largo plazo en terminales como las que planea licitar el Canal de Panamá. CONTRATO LEY DE 1997
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