6A La Prensa Panamá, viernes 30 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. región? Porque los grandes foros internacionales pueden convertirse en plataformas transformadoras o quedarse en ejercicios de visibilidad coyuntural. La pregunta que articuló el foro —¿cómo posicionar a América Latina y el Caribe en el escenario global?— no puede responderse únicamente desde la macroeconomía o la inversión. La región enfrenta rezagos estructurales en productividad, informalidad persistente, crisis de seguridad ciudadana, desigualdad y una creciente desconfianza hacia la democracia. Ignorar estos factores equivale a confundir posicionamiento internacional con marketing. Aquí es donde Panamá puede, y debe, aportar algo más que hospitalidad. Puede ofrecerse como un espacio permanente de diálogo estratégico, no solo entre gobiernos, sino entre todos los actores que inciden en el desarrollo. El Estado no puede hacerlo solo; tampoco el mercado ni la sociedad civil actuando por separado. Los desafíos actuales exigen gobernanza multiactor, coLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Un repaso histórico sobre la educación panameña Descentralización educativa su mercado laboral. Una educación sin propósito ni oportunidades reales de inserción laboral resulta, en ese sentido, insostenible. Desde el punto de vista cultural, el artículo 3 de la Ley 47 de 1946 establece que la educación panameña se fundamenta en principios cívicos, éticos, científicos y tecnológicos, entre otros. Sin embargo, la realidad dista de estos postulados cuando se observa el deterioro del tejido social y el hecho de que para muchos estudiantes resulte un privilegio acceder a una formación con recursos tecnológicos suficientes para integrarse al mundo digital. Con la promulgación de la Ley 34 de 1995, el sistema educativo fue reformado y varios artículos de la Ley 47 fueron subrogados. Entre los principales cambios se incluyeron la reestructuración de los niveles educativos, modificaciones en la obligatoriedad y una mayor articulación entre los distintos niveles de enseñanza. No obstante, con el paso del tiempo se evidenció que estas reformas resultaron insuficientes frente a las demandas crecientes del sistema educativo nacional. La Ley 47 de 1946 estableció el marco normativo y las bases institucionales de la educación panameña, que antes de su promulgación era menos estructurada. Este carácter varía según la etapa histórica del país. Durante el período colonial, la educación temprana estuvo principalmente a cargo de órdenes religiosas, responsables de impartir enseñanza básica y materias tradicionales del currículo colonial, en un sistema marcadamente elitista y de alcance limitado. Tras la separación de Colombia en 1903, Panamá comenzó a configurar un sistema educativo de carácter republicano, y la Constitución de 1904 estableció la gratuidad y obligatoriedad de la instrucción primaria, aunque su implementación fue parcial y desigual. El debate de la reforma educativa en 2026: una oportunidad para mejorar realmente El eje del debate debe dejar de ser si la Luis Credidío El ‘Davos’ de América Latina en Panamá: del prestigio al propósito Foro Económico Internacional Panamá ha vuelto a ser sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Por segundo año consecutivo, el encuentro ha reunido a presidentes, exmandatarios, líderes empresariales, organismos multilaterales y expertos regionales, consolidándose como lo que muchos ya denominan el “Davos de América Latina y el Caribe”. La decisión de la CAF de institucionalizar este foro y celebrarlo cada enero en Panamá no es menor. Responde a ventajas objetivas del país —conectividad, estabilidad y neutralidad—, pero también al respaldo político brindado por el gobierno del presidente José Raúl Mulino y su equipo de ministros. Ahora bien, una vez superado el éxito organizativo, la pregunta relevante es otra: ¿cómo traducir este prestigio en una estrategia de largo plazo para Panamá y para la rresponsabilidad y medición de resultados. Este enfoque no es retórico. La experiencia demuestra que, cuando el diálogo se estructura, se orienta a objetivos y se evalúa, la democracia recupera legitimidad. Cuando no ocurre, se abre espacio a la frustración ciudadana, al populismo y a la tentación autoritaria. Panamá, además, vive una coyuntura singular. La conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la reunión de presidentes y la Asamblea General de la OEA refuerzan una misma idea: el país vuelve a ocupar un lugar relevante en la arquitectura política internacional. Pero ese lugar no se consolida solo con eventos; se consolida con institucionalidad, continuidad y propósito. El “Davos de América Latina y el Caribe” debe ser el punto de partida para construir, incluso más allá del foro de Davos, un ecosistema permanente de pensamiento, diálogo y acción, donde economía, democracia, seguridad y desarrollo sostenible se aborden de manera integrada. Si Panamá logra pasar del prestigio al propósito, habrá hecho una contribución real al futuro de la región y a la credibilidad de la democracia como sistema capaz de ofrecer resultados. Opinión EL AUTOR es abogado y periodista EL AUTOR es internacionalista. educación debe o no ser obligatoria. De hecho, no existe herramienta más eficaz para garantizar la movilidad social que una educación de calidad. La modernización de la ley orgánica vigente desde 1946 no debe limitarse a una reforma superficial que modifique algunos artículos y mantenga intacta la misma estructura de enseñanza. Resulta impostergable dinamizar la transferencia de funciones hacia las direcciones regionales de educación, de modo que se reduzca la burocracia y se optimice la ejecución de las labores educativas conforme a las realidades locales. En enero de 2026 han resurgido las discusiones sobre las transformaciones del sistema educativo, impulsadas tanto por la sociedad civil como por iniciativas de la Asamblea Nacional. Este debate debe trascender las ideologías políticas y adoptar un enfoque técnico y profundo, con mesas de trabajo que incluyan a todos los sectores vinculados a la educación, el empleo y la economía nacional. En esencia, la agenda de reforma orientada a modernizar la estructura educativa debe priorizar la actualización de los modelos de gestión y la desconcentración de las decisiones hacia las comunidades educativas. Las necesidades de Veraguas, por ejemplo, no son las mismas que las de Colón, provincias con estructuras económicas, mercados laborales y dinámicas socioculturales distintas. Asimismo, deben establecerse programas permanentes de actualización y desarrollo profesional docente, acompañados de evaluaciones de desempeño y del logro de objetivos de aprendizaje en los estudiantes, lo que permitiría identificar con mayor precisión las áreas de mejora a partir de datos verificables. Finalmente, es indispensable incorporar de manera más activa a las familias y a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos periódicos de toma de decisiones educativas. Es en el diálogo entre ministerios, gremios y ciudadanía donde puede construirse una educación robusta, pragmática y orientada a resultados, sustentada en valores de universalidad y equidad que, al menos en el plano normativo, han guiado el sistema educativo panameño desde 1946. Entre 1904 y 1946, la educación en Panamá se fue expandiendo gradualmente mediante la creación de escuelas normales para la formación de educadores y la oferta de educación secundaria con aspiraciones a niveles más avanzados. Sin embargo, el sistema aún carecía de una política educativa integral y consolidada durante estas décadas. No fue sino hasta 1946, con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación o Ley 47 —excluyendo la Ley Orgánica de Educación N.º 1 de 1877, ya que para entonces Panamá formaba parte de la Gran Colombia—, cuando la responsabilidad del Estado de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional se definió con mayor claridad. No obstante, este derecho y deber de la República ha mostrado un progresivo deterioro con el paso de las décadas. Para nuestro país, la educación ha sido históricamente un pilar del desarrollo socioeconómico, dada su condición de país de servicios. Sin embargo, con la rápida expansión e innovación de las formas de comercio, las industrias y los servicios múltiples, la actualización permanente de la mano de obra se convierte en una obligación ineludible. Por ello, una revisión y posterior reforma de la normativa educativa debe responder exclusivamente a las necesidades de la sociedad y a las deficiencias del proceso formativo de los estudiantes, no a ideologías ni a intereses políticos coyunturales. La ley fundacional del sistema educativo actual en Panamá establece en su artículo 2 que el ser humano es el sujeto y objeto de la educación, principio que debe interpretarse tanto desde la perspectiva del desarrollo social como desde la autodeterminación individual. En primer lugar, la educación debe estar orientada a dotar a las personas de las habilidades y herramientas necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrece el país, considerando su economía y Panamá vuelve a ser sede del Foro Económico de América Latina y el Caribe, pero el reto es transformar visibilidad internacional en una estrategia regional sostenible con impacto democrático real. Enrique A. de Obarrio Un recorrido histórico por la educación panameña sirve de base para discutir la urgencia de una reforma estructural, técnica y descentralizada, acorde con los desafíos sociales y económicos de 2026. La opinión ciudadana en un contexto de incertidumbre Encuesta Tras un convulso quinquenio pospandémico caracterizado por un largo ciclo de protestas, en 2025 Panamá ha entrado en un nuevo momento histórico atravesado por importantes retos, como el devenir del proyecto minero de Donoso o las intenciones del nuevo presidente de Estados Unidos de retomar el Canal. En esta coyuntura, las personas entrevistadas en la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos (2025) expresan una mayoritaria predilección por la democracia (49%), acompañada por un creciente 27% que considera que en algunas ocasiones es preferible el autoritarismo. En términos económicos, empeora la calificación del desempeño del país, llegando al 87% las personas que evalúan de forma negativa y muy negativa la situación económica, el peor registro de la serie histórica. El descalabro del PIB en 2020, el posterior aumento de los precios, el incremento del desempleo en 2025, unido a la volatilidad de los mercados, entre otras causas, han tenido un efecto acumulativo en los bolsillos de la ciudadanía, lo que posiblemente esté agravando esta percepción. Pero, a pesar de las dificultades, un 62% prioriza el medioambiente por encima del crecimiento económico; en este sentido, la minería ocupa el último lugar entre las preferencias, siendo el turismo, la actividad agropecuaria y el Canal las actividades a priorizar según las personas entrevistadas. En cuanto al Canal de Panamá, hay que enfatizar que el 70% manifiesta que las intenciones de Donald Trump son reales. A pesar de ello, más de un 80% considera que el Canal debe permanecer en manos panameñas y más de un 70% se siente orgulloso de que el Canal le pertenezca a Panamá, un resultado que contrasta con más del 70% que considera que la ruta interoceánica no les beneficia. Esta ambivalencia entre el orgullo y la falta de socialización de los frutos del Canal puede estar indicando que, a pesar del reconocimiento de su importancia, las personas encuestadas demandan el cumplimiento de deudas sociales postergadas. En definitiva, en los resultados de la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos concurren una combinación de pesimismo económico y sensibilidad ambiental, acompañadas por una polaridad entre el apoyo a la democracia y la preferencia por el autoritarismo, en una compleja coyuntura cargada de desafíos. EL AUTOR es sociólogo e investigador del CIEPS para Ciencia en Panamá. Jon Subinas Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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