5A La Prensa Panamá, viernes 30 de enero de 2026 La Autoridad de Aseo cuenta con 30 camiones volquetes y 15 retroexcavadoras. Cortesía AAUD admite contratación de empresas sin refrendo Yaritza Mojica [email protected] DESECHOS El administrador de la AAUD admitió contrataciones sin refrendo en la recolección de basura en San Miguelito, mientras diputados y la alcaldesa cuestionaron la tardía intervención y la afectación a la autonomía municipal. El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, compareció ayer ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, donde respondió un cuestionario de 26 preguntas sobre diversos temas relacionados con la recolección de desechos en Panamá este y San Miguelito. Durante su comparecencia y como parte de las respuestas ofrecidas a los diputados de la Comisión en torno a la estrategia de recolección de basura en San Miguelito, Moreno reconoció que mantiene a empresas privadas brindando el servicio de recolección en el distrito sin el refrendo de la Contraloría General de la República. Moreno informó que, entre las empresas que participan en la recolección en el distrito, se encuentran Volquetes Unidos de Panamá, Equipos y Volquetes Panamá Este, Grupo de Contratistas Internacional, Vicani Holding, Centenario Don Juan, Relleno Transporte y Equipo y Voltran, las cuales están operando sin refrendo de la Contraloría. Alegó que se ampara en el artículo 79 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, el cual permite realizar contrataciones mediante procedimientos excepcionales ante situaciones de urgencia evidente, imprevista e impostergable. Con base en esta normativa, Moreno aclaró que la situación en San Miguelito era evidente, inédita, probada e inmediata, por lo que era necesario actuar. “No podíamos cruzarnos de brazos. Teníamos que ayudar a los más de 280 mil residentes del distrito de San Miguelito”, expresó. Cabe recordar que la AAUD comenzó a brindar apoyo en la recolección de basura en San Miguelito el pasado 1 de enero de 2026; sin embargo, asumió el control definitivo del servicio el 19 de enero, tras concluir, luego de 20 años, la concesión con la empresa Revisalud. Durante su sustentación ante la Comisión de Salud, Moreno explicó que la inversión total destinada para atender la emergencia en San Miguelito asciende a 594,371.94 dólares, desglosados en 587,381.84 dólares en equipos, 6,847.50 dólares en alimentación para el personal operativo y voluntarios, y 192.60 dólares en gastos varios. La alimentación, precisó, fue necesaria debido a la participación de voluntarios que apoyaron las jornadas intensivas de recolección. Según Moreno, ante la crisis provocada por la acumulación inusual de desechos en San Miguelito, la AAUD activó un operativo especial de recolección que incluyó la contratación excepcional de empresas. En cuanto a la rendición de cuentas de la tasa de aseo, explicó que ENSA —empresa encargada del cobro de dicha tasa— presentó un informe a la AAUD en el que se detalla que 77,837 usuarios pagan este servicio a través de la facturación eléctrica. Moreno indicó que esta información será compartida con el Consejo Municipal y la Alcaldía de San Miguelito, junto con los datos sobre los ingresos generados. Aunque Moreno no precisó el monto de la recaudación mensual por la tasa de aseo, anunció la apertura de una cuenta bancaria exclusiva para San Miguelito, donde se depositarán estos fondos, con el objetivo de garantizar un control claro y verificable de los recursos. La entidad también se comprometió a presentar informes periódicos — quincenales o mensuales— que incluirán datos sobre las toneladas recolectadas por corregimiento, el tipo de equipo utilizado (camiones compactadores, volquetes u otros), los costos por tonelada y el gasto total del servicio. Los excedentes, de existir, serán administrados conforme a las decisiones del Consejo Municipal y destinados exclusivamente a mejorar la infraestructura relacionada con la gestión de residuos. En cuanto a la logística operativa, la Autoridad de Aseo detalló que actualmente se cuenta con una flota compuesta por 30 camiones volquetes, 15 retroexcavadoras —una facilitada por Merca Panamá y el resto por empresas privadas—, 14 camiones compactadores de compañías privadas, vehículos tipo rejilla propios de la institución y ocho autos asignados a supervisores, prestados por diversas entidades. Sobre la decisión de prestar el servicio en San Miguelito, pese a una denuncia presentada por la Alcaldía, Moreno indicó que este asunto se encuentra en manos de la Corte y prefirió no profundizar. Por su parte, Yarelis Rodríguez, diputada del circuito de San Miguelito, cuestionó la tardía intervención del Gobierno en el manejo de los desechos sólidos en el distrito de San Miguelito, al considerar que existían condiciones de “urgencia evidente” mucho antes de que se adoptaran medidas extraordinarias, en medio de una crisis ambiental y sanitaria que, según señaló, derivó incluso en muertes por dengue. Durante su intervención, la diputada lamentó que, pese a las reiteradas advertencias sobre el colapso del sistema de recolección y el aumento sostenido de casos de dengue, no se actuara oportunamente. Recordó que ya en noviembre se registraban cifras superiores a las del año anterior y se habían reportado al menos dos fallecimientos, situación que, a su juicio, pudo evitarse si se hubiese intervenido a tiempo en la recolección de basura. Rodríguez vinculó directamente la proliferación del mosquito transmisor del dengue con la deficiente recolección de desechos en San Miguelito y en ese contexto, expresó su inconformidad con el uso tardío del artículo de “urgencia evidente” de la Ley de Contrataciones Públicas, cuestionando por qué ese mismo fundamento legal no se aplicó antes para respaldar una intervención estatal inmediata. Rodríguez insistió en que el auxilio del Gobierno debió llegar sin condicionamientos, como el cobro de la tasa de aseo, y cuando la crisis aún no había cobrado vidas. “San Miguelito necesitaba ayuda cuando el problema estaba creciendo, no cuando ya había consecuencias irreversibles”, subrayó. Rodríguez manifestó su expectativa de que la Autoridad de Aseo logre mejorar los niveles de recolección, elevar los indicadores de eficiencia y garantizar transparencia en las mediciones y resultados. Intervención debilita la autonomía municipal La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, cuestionó ante la Comisión de Salud la decisión del Gobierno de asumir el control de la recolección de residuos en el distrito, al advertir que la medida debilita la autonomía municipal y no soluciona de fondo la crisis en el manejo de la basura, que afecta tanto a San Miguelito como a la ciudad de Panamá. Durante los cinco minutos de intervención, Hernández sostuvo que la centralización del servicio en manos de la Autoridad de Aseo responde más a razones políticas que a criterios de salubridad, sostenibilidad ambiental o bienestar ciudadano. Recordó que la recolección de desechos es una competencia municipal establecida en la Constitución y advirtió que este precedente podría extenderse a otros distritos y a otros servicios públicos, como el suministro de agua. La alcaldesa señaló que el principal impacto de estas decisiones sigue recayendo en los residentes. “Los problemas comunitarios deben resolverse de abajo hacia arriba, fortaleciendo a los gobiernos locales y no mediante una mayor concentración de funciones en entidades nacionales”. Asimismo, criticó la falta de planificación operativa por parte de la AAUD, al indicar que no se han definido con claridad las frecuencias de recolección por corregimiento. Aunque expresó su desacuerdo con la forma en que se ejecutó la intervención, la alcaldesa manifestó su disposición a colaborar, poniendo a disposición recursos municipales, como el centro de videovigilancia y el plan de gestión de residuos previamente elaborado por el municipio. No obstante, lamentó no haber sido informada ni haberse coordinado previamente dicha intervención. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió que Panamá y América Latina enfrentan una amenaza ambiental creciente asociada a la minería ilegal y la deforestación, fenómenos que, según explicó, están siendo financiados por estructuras del narcotráfico. Durante el Foro Económico Internacional 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la ciudad de Panamá, Navarro subrayó que no existe desarrollo económico posible sin protección ambiental, y calificó como una “fantasía” cualquier modelo que pretenda separar ambas dimensiones. El ministro alertó que la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la minería ilegal se han convertido en una “plaga continental”, impulsada por el lavado de dinero del crimen organizado. En el caso panameño, indicó que se han detectado operaciones de minería ilegal en zonas sensibles como la cuenca del Canal de Panamá, el Parque Nacional Chagres, Donoso y Darién. Estas actividades, explicó, involucran grupos armados que utilizan maquinaria pesada y sustancias altamente tóxicas, como el cianuro, provocando graves daños a ríos y bosques. Navarro confirmó que se han identificado trazas de cianuro en cuerpos de agua, incluso dentro de la cuenca del Canal, aunque aclaró que los niveles actuales se mantienen dentro de los límites permitidos. No obstante, advirtió que se trata de una señal de alerta que no puede ser ignorada, ya que estas afectaciones ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable, la generación hidroeléctrica y la operación de la principal vía interoceánica del país. Ante este escenario, dijo, el Estado ha tenido que intervenir con unidades de la Policía Navarro: La minería ilegal es una plaga regional financiada por el narcotráfico MEDIO AMBIENTE Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). En relación con la mina de cobre ubicada en Donoso, el ministro señaló que se trata de un problema heredado de administraciones anteriores, producto de decisiones irresponsables que otorgaron concesiones sin un manejo ambiental adecuado. Indicó que el país enfrenta un pasivo ambiental complejo, que incluye concentrado de cobre, nitrato de amonio y grandes volúmenes de material rocoso sin procesar. Navarro informó que la auditoría integral de la mina está en curso y que sus resultados estarán listos en abril, asegurando que cualquier decisión futura se tomará con base en criterios técnicos y será de conocimiento público. Navarro también recordó que Panamá perdió cerca de mil millones de dólares hace tres años debido a una severa sequía asociada al cambio climático, que afectó directamente la operación del Canal. Esta experiencia, dijo, evidenció la urgencia de ampliar la cuenca hidrográfica del Canal, especialmente mediante la incorporación de la cuenca oeste del río Indio, un proyecto que debió ejecutarse hace años. Insistió en que esta obra debe desarrollarse con salvaguardas ambientales y con la participación activa de las comunidades. Yasser Yáñez García [email protected] Los operativos se han realizado en al menos tres provincias y una comarca. Cortesía
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