9A La Prensa Panamá, miércoles 28 de enero de 2026 Panorama Un fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó el veredicto absolutorio a favor de 185 personas procesadas por el delito de peculado, relacionado con la compensación de buses tipo “diablos rojos”. Los magistrados José Hoon Justiniani, Manuel Mata Avendaño y Eyda Amarilis Juárez confirmaron en todas sus partes el fallo emitido por la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, el 25 de agosto de 2025, que también favoreció a los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT): Roberto Moreno Olivares, Juan Pablo Mora, Ricardo Fábrega y Ventura Vega, quienes ejercieron durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (20092014). Estos dos últimos son actualmente colaboradores cercanos del presidente José Raúl Mulino. Durante el juicio, realizado en 2025 y que se extendió por espacio de tres meses, la Fiscalía solicitó al tribunal un veredicto absolutorio para los exdirectivos de la ATTT y uno condenatorio para el resto de los procesados. Según el fallo del Tribunal Superior, la valoración realizada por la juez Águeda Rentería fue correcta al momento de analizar las pruebas aportadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por los abogados defensores. En su fallo, Rentería sostuvo que no se demostró que los funcionarios procesados omitieran deliberadamente sus deberes de control, ni que hubiesen facilitado de manera consciente un esquema fraudulento en beneficio de terceros. Tampoco se probó que la conducta de los imputados tuviera la intención de causar una lesión patrimonial. No obstante, en este caso, una auditoría de la Contraloría había determinado una lesión patrimonial calculada en 24 millones de dólares, debido a que muchos dueños de “diablos rojos” fueron compensados en más de una ocasión por el mismo vehículo. Incluso, se asignaron fondos a buses que ni siquiera estaban en servicio o que operaban rutas en el interior del país. En 2010, durante el gobierno de Martinelli, desde el Ministerio de la Presidencia se puso en marcha un millonario plan para modernizar el transporte público, cuyo objetivo era retirar de circulación a los “diablos rojos”. La estrategia consistía en reemplazarlos por los nuevos buses del sistema Metro Bus, servicio que posteriormente se complementó con los trenes del Metro. Tribunal confirma absolución a favor de 185 procesados CASO DIABLOS ROJOS El ministro y el equipo que coordinará la integración. Cortesía La comisión para integrar Minsa y CSS ya está definida Aleida Samaniego C. [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] POLÍTICAS PÚBLICAS El Gobierno designó a los miembros de la comisión que coordinará la integración entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, un proceso clave para reorganizar el sistema público de atención sanitaria. Luego de años de debates, diagnósticos y propuestas inconclusas, el proceso de integración de la atención en salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) comenzó a tomar forma con la instalación, el pasado 26 de enero, de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un órgano técnico encargado de coordinar, supervisar y dar seguimiento a uno de los cambios estructurales más relevantes del sistema público de salud panameño. La instalación de la Comisión marca el inicio formal de un proceso que busca reducir la fragmentación histórica entre ambas instituciones, optimizar recursos y ampliar el acceso a los servicios de salud, tanto para asegurados como para no asegurados. El plan arrancará como proyecto piloto en las provincias de Herrera y Los Santos, seleccionadas por sus características demográficas y geográficas, así como por experiencias previas de coordinación entre el Minsa y la CSS. La Comisión está presidida por Carlos Abadía, médico, experto en seguridad social y actual asesor del despacho superior del Minsa. Abadía cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, habiéndose desempeñado como viceministro de Salud y subdirector de la CSS, cargos desde los cuales se ha destacado como crítico recurrente de la fragmentación del sistema sanitario y de los problemas estructurales de la CSS. Abadía ha defendido públicamente la necesidad de del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). • Dra. Marlin Cedeño Vergara, directora nacional de Servicios de Salud de la CSS. • Dr. Luis Carlos Bravo, presidente del Patronato del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en representación de los patronatos. Esta composición busca equilibrar la rectoría del Minsa, la autonomía de la CSS, la sostenibilidad financiera del sistema y la participación de los actores que administran hospitales públicos bajo esquemas de patronato. No obstante, hace unos meses, dos gremios médicos señalaron la falta de participación de los médicos y de los pacientes en la comisión. Azuero como laboratorio de integración Las provincias de Herrera y Los Santos funcionarán como laboratorio para poner a prueba la integración funcional de los servicios. Según explicó Abadía, se trata de regiones con distancias manejables, una red de instalaciones que permite complementar servicios y una población que facilita evaluar resultados antes de una eventual expansión a otras áreas del país. Un elemento clave es que el Minsa ya cuenta con expediente clínico electrónico en todas sus instalaciones de estas provincias, lo que abre la puerta a procesos de interoperabilidad, mientras la CSS desarrolla soluciones temporales para reducir la brecha tecnológica que aún mantiene. La integración no implicará, al menos en esta fase, la fusión de presupuestos ni de estructuras administrativas, sino una coordinación funcional de los servicios. El plan también contempla el uso de telemedicina y la capacitación progresiva del personal de salud, incluidos médicos generales y personal de enfermería, ante la escasez de especialistas, una problemática que —según Abadía— no es exclusiva de Panamá, sino un fenómeno global que afecta a los sistemas públicos de salud. Respaldo institucional y marco legal El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que el Minsa, como ente rector del sistema sanitario, tiene la responsabilidad constitucional de garantizar una coordinación efectiva entre las instituciones públicas. “Estamos llamados a asegurar una coordinación que eleve el nivel de bienestar de cada panameño. Esta Comisión trabajará para que la articulación entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad en la atención diaria”, afirmó. Desde la CSS, el director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, Marcos Young, indicó que ya se han establecido mecanismos para la compensación de costos y la optimización de recursos concurrentes, de modo que ambas instituciones puedan coordinar la evaluación de los servicios sin comprometer la separación de sus presupuestos ni de sus estructuras orgánicas. La iniciativa se sustenta en el artículo 115 de la Constitución Política y en el Texto Único de la Ley 51 de 2005, reformado hasta 2025, que ordenan la integración orgánica y funcional de los sectores gubernamentales de salud. El objetivo de fondo es avanzar hacia un sistema público con cobertura nacional y acceso universal, bajo la rectoría del Minsa y con respeto a la autonomía de la CSS, en un contexto de crecientes presiones financieras y demanda de servicios por parte de la población. avanzar hacia un sistema integrado de salud, con redes hospitalarias articuladas, especialmente en el interior del país, y con el expediente clínico único como eje central para garantizar la continuidad de la atención. También ha participado activamente en el debate sobre las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad financiera tanto del sistema de salud como del sistema de pensiones, al que ha calificado en distintas ocasiones como resultado de décadas de mala gestión. Composición de la Comisión La Comisión no está conformada únicamente por el Minsa. En ella participan representantes de distintas instancias del Estado y de la sociedad civil, lo que refleja el carácter interinstitucional del proceso. La integran: • Franklin Oduber, asesor del presidente de la República, en representación del Ministerio de la Presidencia. • Rubilú Rodríguez, directora de Políticas Públicas
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