4A La Prensa Panamá, miércoles 28 de enero de 2026 La juez de garantías de la provincia de Colón, Ilse Chu, imputó cargos por la presunta comisión de un delito contra el orden económico, relacionado con el uso de tarjetas de crédito y cheques, a María Eugenia Ramos Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón. No obstante, ordenó la suspensión provisional del proceso, tras acoger una solicitud para remitir el caso al Centro de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. La decisión se adoptó durante una audiencia iniciada a las 11:00 a.m. de este martes, en el Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón, en la que la juez Chu admitió la imputación presentada por el Ministerio Público. La acusación se origina en una denuncia interpuesta por una empresa de la Zona Libre de Colón, que alega que Ramos mantenía una deuda de $75 mil, la cual intentó cancelar mediante cheques que supuestamente carecían de fondos. Durante la audiencia, el abogado defensor Virgilio Juez imputa cargos a la presidenta de Cámara de Comercio de Colón AUDIENCIA Puertas solicitó que el caso fuera remitido al Centro de Mediación, petición que fue aceptada por el tribunal. En consecuencia, la juez ordenó la suspensión del proceso por un mes, plazo en el que las partes deberán intentar alcanzar un acuerdo. De lograrse una conciliación, esta deberá ser notificada al juez de garantías para su validación. Ramos fue aprehendida un día antes de la audiencia, luego de que se le señalara por presuntamente girar un cheque sin fondos. Su conducción había sido solicitaJosé Gabriel Carrizo fue conducido a la sede de la DIJ. Isaac Ortega José Gabriel Carrizo no habría podido justificar $1.9 millones Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA El exvicepresidente José Gabriel Carrizo regresó al país sin juramentarse, fue esposado y enfrentará audiencia hoy miércoles, investigado por presunto enriquecimiento injustificado. El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, no habría podido justificar $1.9 millones. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público ordenó su aprehensión apenas pisó el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su regreso de Guatemala. Se le investiga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. La cifra fue compartida por Víctor Orobio, uno de sus abogados defensores. Orobio inicialmente había mencionado que era alrededor de $3 millones, pero en horas de la tarde, en conversación con este medio, confirmó que se trataba de $1.9 millones. En ese momento, la fiscalía ya le había dado acceso al expediente. Esposado Carrizo, el hombre que en el periodo presidencial 2024-2029 mandaba en Panamá, llegó a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) con las manos esposadas. Vestía una camisa azul celeste de estilo deportivo. Lo custodiaban varios agentes de la Policía Judicial. Pasaría la noche de este martes 27 de enero en una de las celdas de la entidad. Este miércoles 28 de enero irá a una audiencia de garantías, donde un juez de control legalizará su aprehensión, se le imputarán cargos y se decidirán las medidas cautelares que enfrentará mientras avanza la investigación. Orobio insiste en que su cliente es una persona que salió del país recientemente, regresó y no representa un riesgo para la investigación. El discurso es similar al que ha expresado el propio Carrizo, quien ha señalado que se trata de una “persecución política”. ‘Aquí estoy’ “Aquí estoy […] Preferí venir a Panamá con la frente en alto”, dijo Carrizo en sus primeras declaraciones a los periodistas que lo esperaban en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. “Soy inocente”, gritó frente a las cámaras de los equipos periodísticos que cubrían la noticia. En la terminal aérea estaban familiares y algunos de sus copartidarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD). En las elecciones de mayo de 2024, el exvicepresidente fue el candidato de esta agrupación política a la Presidencia de la República. Balbina Herrera, secretaria electa de este colectivo, estaba en primera fila. Ella apeló al debido proceso. No fue la única perredista que se pronunció. El diputado Benicio Robinson, presidente de este partido, publicó un mensaje en la red social en el que, al igual que Herrera, exigió el debido proceso. “Todos los compañeros que hoy enfrentan investigaciones están en Panamá, dando la cara y ejerciendo su derecho a la defensa. Como partido hemos sido claros desde el inicio: no nos oponemos a las investigaciones, pero exigimos debido proceso, presunción de inocencia y respeto a la dignidad humana. Rechazamos que la justicia se convierta en un espectáculo, así como los juicios mediáticos y las condenas anticipadas promovidas desde redes sociales, actores políticos o algunos medios. Las responsabilidades las deciden los tribunales, no las redes”, escribió. No pudo juramentarse en el Parlacen Carrizo estaba en Guatemala, país centroamericano donde está la sede del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pretendía juramentarse como diputado de este foro regional, pues tiene derecho a una silla por su condición de exvicepresidente de la República. El dijo que optó por no atender su juramentación como parlamentario y prefirió venir a Panamá, un día después de que se conociera que la fiscal anticorrupción. Sin embargo, Karla Gutiérrez, presidenta del Parlacen, contó en el programa radial de Álvaro Alvarado que el tema no estaba en la agenda del organismo. La que sí logró juramentarse como diputada del Parlacen fue Xiomara Castro de Zelaya, expresidente de Honduras. Pero mientras el episodio perdía fuerza en el ámbito político regional, en Panamá la maquinaria institucional ya se había puesto en marcha. Antes de que la fiscal anticorrupción, Adela Cedeño, solicitara el 26 de enero de 2026 la aprehensión y conducción de Carrizo, el contralor Anel Flores ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que autoriza a un grupo de diputados a ejercer como abogados mientras ocupan una curul, una decisión que reabre el debate sobre los conflictos de interés entre la función legislativa y la práctica privada del derecho. La resolución, fechada el lunes 26 de enero de 2026, concede licencia a diputados que son profesionales del derecho para litigar durante su periodo como legisladores, con base en el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución, que permite este tipo de autorizaciones “fuera del periodo de sesiones o dentro de este, mediante licencia”. El documento establece que la licencia se mantendrá vigente hasta el final del mandato para el cual fueron electos. La iniciativa fue aprobada con 34 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención. El pleno la sometió a votación luego de que varios diputados, entre ellos Luis Eduardo Camacho y Jaime Vargas, exigieran suspender la discusión en curso y modificar el orden del día para abordar el tema de manera inmediata. Entre los diputados beneficiados figuran Isaac MosDiputados se autorizan a sí mismos legislar y litigar al mismo tiempo RESOLUCIÓN quera, Shirley de la Rosa Castañeda, Jamis Gaspar Acosta Guerra, Dana Daris Castañeda Guardia, Ernesto Cedeño Alvarado, Didiano Pinilla Ríos, Nelson Jackson Palma y Jairo Ariel Salazar Ramírez, además de suplentes como Hilda Marín Guzmán Cedeño, Arnulfo Antonio Arias Olivares, Ana María Poveda Herrera y Daryelis Aponte Rodríguez. A partir de ahora, podrán actuar como litigantes ante los tribunales, pese a que su rol institucional incluye legislar sobre justicia, fiscalización y el funcionamiento del Estado. La decisión revive un debate que estalló en julio de 2024, cuando la Asamblea intentó conceder licencias similares a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos con notoriedad pública como defensores en casos de narcotráfico y blanqueo de capitales. En esa ocasión, la iniciativa fue retirada tras una fuerte reacción pública y denuncias de diputados que afirmaron no haber autorizado su inclusión. Aunque la Constitución contempla esta posibilidad, especialistas y organizaciones de la sociedad civil advierten que permitir que diputados litiguen mientras legislan resulta incompatible con estándares modernos de integridad pública y debilita la confianza ciudadana en el Legislativo. Eliana Morales Gil [email protected] María Eugenia Ramos. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama da a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) desde el pasado 21 de enero, y pasó la noche detenida en la sede de la DIJ en Colón. Sede del palacio Justo Arosemena. Archivo
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==