1A La Prensa Panamá, miércoles 28 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 28 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15275
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3A La Prensa Panamá, miércoles 28 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 28 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15275 Así como el Canal conecta océanos y ordena el tránsito del comercio mundial, Panamá se ha convertido esta semana en punto de paso obligado para las ideas, las decisiones y las tensiones que atraviesan a América Latina y el Caribe. La presencia simultánea de varios presidentes en ejercicio, un presidente electo y figuras políticas de primer orden en el Foro Económico Internacional de la CAF confirma que el país se ha colocado —otra vez— en el centro del tablero regional. La calidad de los participantes refuerza ese mensaje. Premios Nobel de Economía, líderes académicos, expertos en inteligencia artificial, representantes de organismos multilaterales y del sector privado global elevan el nivel del debate muy por encima de la retórica habitual. Aquí no se discuten consignas, sino productividad, inversión, democracia, fragmentación global, transición tecnológica y reglas del comercio en un mundo cada vez más incierto. Que Panamá sea sede de este foro en un momento de desaceleración económica global y de tensiones geopolíticas reviste especial importancia. La región enfrenta bajo crecimiento, déficits de inversión y presiones sociales acumuladas. Convertir al país en un espacio de reflexión estratégica, diálogo político y articulación de soluciones es una apuesta que trasciende coyunturas y gobiernos. Este encuentro proyecta a Panamá como foco regional, no solo por su ubicación geográfica, sino por su capacidad logística, conectividad, estabilidad institucional relativa y vocación de puente. En tiempos de fragmentación, los espacios confiables para conversar importan tanto como los mercados. El cierre del mensaje es claro: la CAF ha escogido a Panamá como su centro regional. La decisión de establecer aquí su presidencia ejecutiva, respaldada por la construcción de un edificio en Obarrio con una inversión de 88 millones de dólares, trasciende lo simbólico. Es una apuesta estructural por el país como eje del desarrollo y la articulación económica de la región. Así, Panamá se consolida como un punto de articulación del futuro económico regional. Como el Canal, este encuentro está llamado a ser una bisagra determinante, donde el debate de alto nivel se traduzca en acuerdos concretos y las decisiones impacten, de forma real, la vida de la gente. Editorial Panamá, bisagra regional Foro Visión de La Prensa La ventaja logística bajo examen Gaby Carrizo Del avión a la justicia; debe justificar millones El Foro Visión de La Prensa puso sobre la mesa los principales desafíos que enfrenta Panamá de cara a 2026: la necesidad de planificación estratégica, inversión en infraestructura, fortalecimiento logístico y decisiones económicas con visión de largo plazo, en un entorno regional y global cada vez más exigente. VEA 1B, 2B y 3B El exvicepresidente José Gabriel Carrizo regresó al país sin juramentarse en el Parlacen, fue aprehendido en Tocumen y enfrentará audiencia hoy por presunto enriquecimiento injustificado. VEA 4A CAF 2026: Comienza en Panamá la cita del poder político y económico Con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Daniel Noboa, Rodrigo Paz, Bernardo Arévalo, Andrew Holness y el presidente electo José Antonio Kast, arranca en Panamá el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El foro abordará crecimiento, inversión, democracia, comercio y transición tecnológica, con la participación de los premios Nobel de Economía James Robinson y Philippe Aghion; de la Paz, Rigoberta Menchú, expertos en inteligencia artificial, y líderes como Iván Duque, Juan Manuel Santos, Laura Chinchilla y Enrico Letta. VEA 4B Curul y bufete: diputados se aprueban doble sombrero La Asamblea aprobó una resolución que permite a diputados ejercer la abogacía mientras ocupan una curul, reabriendo el debate sobre conflictos de interés y estándares de integridad pública. La licencia se mantendrá vigente durante todo el periodo para el cual fueron electos y beneficiará al menos a una docena de abogados diputados. VEA 4A Daniel Noboa. EFE José Antonio Kast EFE Luiz Inácio Lula da Silva. EFE Bernardo Arévalo. EFE
4A La Prensa Panamá, miércoles 28 de enero de 2026 La juez de garantías de la provincia de Colón, Ilse Chu, imputó cargos por la presunta comisión de un delito contra el orden económico, relacionado con el uso de tarjetas de crédito y cheques, a María Eugenia Ramos Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón. No obstante, ordenó la suspensión provisional del proceso, tras acoger una solicitud para remitir el caso al Centro de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. La decisión se adoptó durante una audiencia iniciada a las 11:00 a.m. de este martes, en el Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón, en la que la juez Chu admitió la imputación presentada por el Ministerio Público. La acusación se origina en una denuncia interpuesta por una empresa de la Zona Libre de Colón, que alega que Ramos mantenía una deuda de $75 mil, la cual intentó cancelar mediante cheques que supuestamente carecían de fondos. Durante la audiencia, el abogado defensor Virgilio Juez imputa cargos a la presidenta de Cámara de Comercio de Colón AUDIENCIA Puertas solicitó que el caso fuera remitido al Centro de Mediación, petición que fue aceptada por el tribunal. En consecuencia, la juez ordenó la suspensión del proceso por un mes, plazo en el que las partes deberán intentar alcanzar un acuerdo. De lograrse una conciliación, esta deberá ser notificada al juez de garantías para su validación. Ramos fue aprehendida un día antes de la audiencia, luego de que se le señalara por presuntamente girar un cheque sin fondos. Su conducción había sido solicitaJosé Gabriel Carrizo fue conducido a la sede de la DIJ. Isaac Ortega José Gabriel Carrizo no habría podido justificar $1.9 millones Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA El exvicepresidente José Gabriel Carrizo regresó al país sin juramentarse, fue esposado y enfrentará audiencia hoy miércoles, investigado por presunto enriquecimiento injustificado. El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, no habría podido justificar $1.9 millones. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público ordenó su aprehensión apenas pisó el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su regreso de Guatemala. Se le investiga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. La cifra fue compartida por Víctor Orobio, uno de sus abogados defensores. Orobio inicialmente había mencionado que era alrededor de $3 millones, pero en horas de la tarde, en conversación con este medio, confirmó que se trataba de $1.9 millones. En ese momento, la fiscalía ya le había dado acceso al expediente. Esposado Carrizo, el hombre que en el periodo presidencial 2024-2029 mandaba en Panamá, llegó a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) con las manos esposadas. Vestía una camisa azul celeste de estilo deportivo. Lo custodiaban varios agentes de la Policía Judicial. Pasaría la noche de este martes 27 de enero en una de las celdas de la entidad. Este miércoles 28 de enero irá a una audiencia de garantías, donde un juez de control legalizará su aprehensión, se le imputarán cargos y se decidirán las medidas cautelares que enfrentará mientras avanza la investigación. Orobio insiste en que su cliente es una persona que salió del país recientemente, regresó y no representa un riesgo para la investigación. El discurso es similar al que ha expresado el propio Carrizo, quien ha señalado que se trata de una “persecución política”. ‘Aquí estoy’ “Aquí estoy […] Preferí venir a Panamá con la frente en alto”, dijo Carrizo en sus primeras declaraciones a los periodistas que lo esperaban en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. “Soy inocente”, gritó frente a las cámaras de los equipos periodísticos que cubrían la noticia. En la terminal aérea estaban familiares y algunos de sus copartidarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD). En las elecciones de mayo de 2024, el exvicepresidente fue el candidato de esta agrupación política a la Presidencia de la República. Balbina Herrera, secretaria electa de este colectivo, estaba en primera fila. Ella apeló al debido proceso. No fue la única perredista que se pronunció. El diputado Benicio Robinson, presidente de este partido, publicó un mensaje en la red social en el que, al igual que Herrera, exigió el debido proceso. “Todos los compañeros que hoy enfrentan investigaciones están en Panamá, dando la cara y ejerciendo su derecho a la defensa. Como partido hemos sido claros desde el inicio: no nos oponemos a las investigaciones, pero exigimos debido proceso, presunción de inocencia y respeto a la dignidad humana. Rechazamos que la justicia se convierta en un espectáculo, así como los juicios mediáticos y las condenas anticipadas promovidas desde redes sociales, actores políticos o algunos medios. Las responsabilidades las deciden los tribunales, no las redes”, escribió. No pudo juramentarse en el Parlacen Carrizo estaba en Guatemala, país centroamericano donde está la sede del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pretendía juramentarse como diputado de este foro regional, pues tiene derecho a una silla por su condición de exvicepresidente de la República. El dijo que optó por no atender su juramentación como parlamentario y prefirió venir a Panamá, un día después de que se conociera que la fiscal anticorrupción. Sin embargo, Karla Gutiérrez, presidenta del Parlacen, contó en el programa radial de Álvaro Alvarado que el tema no estaba en la agenda del organismo. La que sí logró juramentarse como diputada del Parlacen fue Xiomara Castro de Zelaya, expresidente de Honduras. Pero mientras el episodio perdía fuerza en el ámbito político regional, en Panamá la maquinaria institucional ya se había puesto en marcha. Antes de que la fiscal anticorrupción, Adela Cedeño, solicitara el 26 de enero de 2026 la aprehensión y conducción de Carrizo, el contralor Anel Flores ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que autoriza a un grupo de diputados a ejercer como abogados mientras ocupan una curul, una decisión que reabre el debate sobre los conflictos de interés entre la función legislativa y la práctica privada del derecho. La resolución, fechada el lunes 26 de enero de 2026, concede licencia a diputados que son profesionales del derecho para litigar durante su periodo como legisladores, con base en el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución, que permite este tipo de autorizaciones “fuera del periodo de sesiones o dentro de este, mediante licencia”. El documento establece que la licencia se mantendrá vigente hasta el final del mandato para el cual fueron electos. La iniciativa fue aprobada con 34 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención. El pleno la sometió a votación luego de que varios diputados, entre ellos Luis Eduardo Camacho y Jaime Vargas, exigieran suspender la discusión en curso y modificar el orden del día para abordar el tema de manera inmediata. Entre los diputados beneficiados figuran Isaac MosDiputados se autorizan a sí mismos legislar y litigar al mismo tiempo RESOLUCIÓN quera, Shirley de la Rosa Castañeda, Jamis Gaspar Acosta Guerra, Dana Daris Castañeda Guardia, Ernesto Cedeño Alvarado, Didiano Pinilla Ríos, Nelson Jackson Palma y Jairo Ariel Salazar Ramírez, además de suplentes como Hilda Marín Guzmán Cedeño, Arnulfo Antonio Arias Olivares, Ana María Poveda Herrera y Daryelis Aponte Rodríguez. A partir de ahora, podrán actuar como litigantes ante los tribunales, pese a que su rol institucional incluye legislar sobre justicia, fiscalización y el funcionamiento del Estado. La decisión revive un debate que estalló en julio de 2024, cuando la Asamblea intentó conceder licencias similares a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos con notoriedad pública como defensores en casos de narcotráfico y blanqueo de capitales. En esa ocasión, la iniciativa fue retirada tras una fuerte reacción pública y denuncias de diputados que afirmaron no haber autorizado su inclusión. Aunque la Constitución contempla esta posibilidad, especialistas y organizaciones de la sociedad civil advierten que permitir que diputados litiguen mientras legislan resulta incompatible con estándares modernos de integridad pública y debilita la confianza ciudadana en el Legislativo. Eliana Morales Gil [email protected] María Eugenia Ramos. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama da a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) desde el pasado 21 de enero, y pasó la noche detenida en la sede de la DIJ en Colón. Sede del palacio Justo Arosemena. Archivo
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6A La Prensa Panamá, miércoles 28 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DÉJÁ VU. Brasil firmará un acuerdo de facilitación de inversiones con Panamá durante la visita de Lula da Silva. En Odebrecht deben estar enfriando la mejor champaña para brindar por el regreso a los viejos y buenos tiempos. ESCALA. A Gaby le están atribuyendo una supuesta parada en Colombia para visitar al loco, antes de completar su viaje a Guatemala. Después de todo, el loco sí sabe cómo ser juramentado en el Parlacen en circunstancias dudosas. Con ellos habría estado un diputado de Alianza, presuntamente experto en plomería. PEAJE. El diputado suplente Benicio Robinson Jr. (por su nombre, sobran explicaciones…) agradeció al director de la CSS, Dino Mon, por haberlo invitado a una gira por la bananera y a la inauguración de una sala de cuidados especiales en Changuinola, el pasado fin de semana. ¿Qué hacía él en medio de eso? ¿Será que ahora los demás funcionarios tienen que incluir al clan para poder circular por Bocas en paz? SEÑORÍAS 1. Doce diputados graduados en Derecho podrán ejercer ante los tribunales, protegidos con el influyente blindaje legislativo. Para colmo, dos de ellos (Dana Castañeda y Ernesto Cedeño) son actualmente miembros de la Comisión de Credenciales, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea. Es decir, que les toca juzgar o exculpar a los nueve magistrados del pleno de la Corte, quienes son los superiores jerárquicos de los tribunales en los que ahora pretenden litigar. El mundo al revés. SEÑORÍAS 2. Por cierto, en 2014, cuando la Asamblea concedió licencia para que 12 diputados ejercieran la abogacía mientras ocupaban la curul, el entonces ciudadano Cedeño presentó una demanda de inconstitucionalidad. En 2017, tres años y medio después, la Corte declaró que aqueYara Campo explicó cómo funciona el financiamiento privado de las campañas electorales y las restricciones que impone el Código Electoral. LP Funcionaria del TE y un ‘testaferro’ son los dos primeros testigos Juan Manuel Díaz [email protected] ODEBRECHT El juicio por Odebrecht avanza con testimonios clave sobre financiamiento político, evasión de controles electorales y el uso de testaferros para canalizar sobornos desde el extranjero. Yara Campo, directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, es la primera testigo que declarará en el juicio por los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá entre los años 2010 y 2014. Campo fue requerida por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo. Su testimonio es clave para explicar las donaciones que Odebrecht realizó a campañas electorales en los años 2009 y 2014, y cómo estas burlaron la ley electoral. Específicamente, el interrogatorio se centró en los dineros manejados por el Partido Panameñista y por la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático (CD) en las elecciones de mayo de 2014. Arias es uno de los acusados en este caso, lo mismo que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (20092014), fundador de CD. El Código Electoral prohíbe las donaciones de gobiernos extranjeros y sociedades que no tengan actividad en Panamá. Tampoco se permiten las donaciones anónimas, salvo aquellas que sean producto de alguna colecta popular. También sanciona a los políticos y partidos que utilizan cuentas bancarias extrajeras para financiar sus campañas. Desde 2017, se agregó que los contratistas del Estado también tenían impedido donar a los políticos y partidos. La testigo fue interrogada por la fiscal Yanisbeth Malek, quien es parte del equipo del Ministerio Público que acompaña a Morcillo. Campos explicó que la dirección de auditoría interna del TE recibe toda la documentación y hace una comparación entre los fondos recibidos y gastados por cada campaña. Toda la documentación aportada al TE debe llevar la firma del representante legal del partido y del tesorero de la campaña. Sobre las donaciones en “especie”, Campos dijo que todo es cuantificado, de acuerdo al valor que tengan en el mercado. Explicó que el financiamiento privado dado para la época a los partidos políticos debía ser registrado, a fin de determinar si los fondos tenían una procedencia lícita. No había tope (ahora, es de $10 millones por cada campaña presidencial). Esa información era confidencial (ahora es pública) y entonces solo podía ser requerida como parte de una investigación penal. En cuanto la fiscal Malek terminó su cuestionario, el abogado Arturo Sauri, defensor de Carlos Duboy, pidió contrainterrogar a Campo. Duboy fue tesorero de la junta directiva del partido Panameñista, en el periodo investigado por la Fiscalía Especial Anticorrupción. Campo dijo que no recordaba ninguna sanción o advertencia a Duboy, por faltas o violaciones a la ley electoral. Lo mismo dijo respecto a Jaime Lasso, otro acusado vinculado al Panameñista. Erasmo Muñoz, abogado de Lasso, preguntó a Campo si entre 2009-2014 se reportaban las donaciones a través de una declaración jurada ante el TE, a lo que la testigo contestó de forma afirmativa. Gabriel Alvarado Far fue el segundo testigo que llamó la fiscalía. Su declaración fue objetada por Alfredo Vallarino, abogado de Aurora Muradas, expareja del expresidente Martinelli. Vallarino se opuso porque Alvarado está ligado a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares -hijos del exgobernante-, quienes son procesados por la Corte Suprema de Justicia, ya que ambos son diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Ricardo Martinelli Linares también es suplente en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la juez Baloisa Marquínez desestimó la petición de Vallarino, ya que la fiscal Morcillo aclaró que sólo interrogará al testigo en lo concerniente a Muradas. La fiscal también solicitó que el rostro del testigo no fuera visible en la pantalla de transmisión y que solo se escuche su voz. Otra deferencia es que declaró en un salón aparte y no en la sala de audiencia. Con él estaba un funcionario del juzgado. Alvarado, que pactó un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía, se identificó como un empresario y aportó detalles sobre las transacciones entre Odebrecht y la Banca Privada de Andorra (BPA). Su nombre figuró como directivo y apoderado de la sociedad Mengil International Ltd., registrada en Belice a través del abogado Ramsés García, cuyas oficinas estaban en Pueblo Nuevo. Reconoció que participó en la trama como “testaferro”, porque un amigo se lo pidió. Ese amigo es uno de los acusados. Mengil, que llegó a tener importes por $12.8 millones en una sola cuenta, supuestamente se dedicaría a la compra y venta de combustible. De hecho, tenía un acuerdo de provisión con otra sociedad, llamada Aeon Group Inc. El acuerdo fue firmado por Alvarado y por Timothy Scorah Lynn, quien también tiene acuerdo con la fiscalía. Alvarado aportó a la fiscalía los nombres de los beneficiarios reales de Mengil y remarcó que nunca tuvo comunicación directa con los bancos. Alegó que nunca tuvo conocimiento de los depósitos realizados con las cuentas hasta el año 2014, cuando uno de los aforados le informó que había cambio de planes, que el negocio no se iba a llevar a cabo y que sería cerrada la cuenta bancaria en el BPA. Alexander Allard, abogado del andorrano Francesc Xavier Pérez Giménez, un supuesto asesor financiero del BPA en Uruguay. La defensa del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) también había manifestado interés en contrainterrogar a Campos, pero Varela no es enjuiciado por la juez Marquínez. Aunque está imputado por esta causa, Varela es procesado por la Corte Suprema, ya que (al igual que los hermanos Martinelli Linares) también parlamentario centroamericano, lo mismo que el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford. El juicio terminó antes de la 1:00 p.m., como había dispuesto la juez Marquínez. Debe reanudar este miércoles 28 de enero, a las 8:30 a.m., con el testimonio de más colaboradores de la fiscalía: Mauricio Cort y García y Olmedo Méndez Tribaldos. También debe presentarse el perito Antonio Lin. Eliana Morales Gil [email protected] Recordatorio desde la Asamblea: ‘Que el mundo no se olvide’ HOLOCAUSTO El pleno de la Asamblea Nacional se puso de pie para recordar a las víctimas del holocausto. Diputados, diplomáticos, miembros de la comunidad judía y representantes de organismos internacionales, entre otros, participaron en la sesión especial con la que Panamá conmemoró este 27 de enero el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La jornada abrió con la lectura de la resolución que desde 2010 fija este recordatorio anual. Luego vino el minuto de silencio. El acto avanzó con la lectura del mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, a cargo de la coordinadora residente en Panamá, Ana Graca. Después, Simón Burnstein, sobreviviente del Holocausto, tomó la palabra desde el hemiciclo y narró su historia. “Mi familia y yo fuimos testigos de la persecución (...). Conseguimos escapar corriendo por la calle. De repente, una muchedumbre corría y gritaba de un lado para otro. Nos dijeron que estaban quemando un depósito con judíos adentro. Fue horrible. Había judíos ardiendo en la calle. Eran atrocidades (...)”, narró. Terminó con esta frase: “Que el mundo no se olvide de esta lección que nos dio el antisemitismo”. Mattanya Cohen, embajador de Israel en Panamá, afirmó en su discurso que “la obligación de nuestra generación es seguir recordando, seguir educando y hacer todo lo posible para que el holocausto nunca más vuelva a ocurrir”. Además, manifes que “tenemos la responsabilidad de actuar contra las fuerzas del antisemitismo, la intolerancia, el racismo en cualquiera de sus formas”. El embajador también advirtió que aún hoy hay quienes niegan la existencia del holocausto. Mencionó que comercios de la comunidad judía se han convertido en blanco de odio y consignas antisemitas. “Son asesinados únicamente por motivo de su fe y de su identidad”, añadió. Recordó el “brutal” atentado terrorista ocurrido en Sídney, Australia, durante la pasada Janucá. Janucá es una festividad judía, conocida como la Fiesta de las Luces, que recuerda la recuperación del Templo de Jerusalén y se celebra durante ocho días con el encendido de una menorá. ‘Fueron vidas...’ Después del embajador, tomó la palabra el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera. Catalogó al holocausto como una de las lecciones más dolorosas y trascendentales de la historia. “No fueron cifras, fueron vidas, fueron nombres, sueños, familias (...)”, narró. Herrera terminó de hablar y, enseguida, el Legislativo escuchó los himnos de Israel y Panamá. Tras la sesión, los asistentes se trasladaron al Salón Azul para la ceremonia de encendido de velas. Seis llamas marcaron el homenaje: niños, padres, madres, jóvenes, los Justos entre las Naciones y los sobrevivientes. llo no era violatorio de la Constitución. O Cedeño es un desmemoriado o cree que los demás lo somos. RORI. Este miércoles, la Comisión de Credenciales supuestamente retomará la discusión para modificar el reglamento interno de la Asamblea. Un buen comienzo para esta jornada sería analizar un descuento salarial para aquellos diputados que se van a litigar en horas laborales. Por algún lado hay que empezar.
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8A La Prensa Panamá, miércoles 28 de enero de 2026 Panorama En el espejo de Gaby Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] El exvicepresidente José Gabriel Carrizo se enfrenta a la justicia por presunto enriquecimiento injustificado. Regresó a Panamá sin juramentarse en el Parlacen, un trámite que ya había intentado concretar el año pasado junto al expresidente Laurentino Cortizo, sin éxito. El fuero regional quedó fuera de su alcance, al menos por ahora. Es cuestión de tiempo: la historia reciente muestra que ese refugio rara vez se descarta del todo. La atención mediática se concentra en el futuro judicial de quien fue el poder real de un gobierno marcado por escándalos de corrupción. Gaby encarna a esos “peces gordos” que la ciudadanía anhela ver tras las rejas en un país donde la impunidad es la norma. Pero es demasiado temprano —y también bastante ingenuo— asumir que eso ocurrirá. Sobran razones para el escepticismo. En Panamá quienes detentan poder y recursos suelen salirse con la suya. Odebrecht es un claro ejemplo: la certeza del castigo se convierte en certeza del escape o, al menos, en la posibilidad de quedarse con una buena parte del botín. Del caso contra Carrizo todavía se sabe poco. No está claro cuán sólidos son los elementos que maneja la Fiscalía Anticorrupción ni si se trata de un proceso judicial bien sustentado, de una puesta en escena con fines de distracción o de una combinación de ambos. Así, más que adivinar el desenlace, conviene detenerse en algunos rasgos de la breve y deshonrosa carrera política de Gaby que deberían servir de espejo —y advertencia— a los actuales funcionarios. 1. El poder de los contratos El Ministerio de la Presidencia de Gaby concentró todas las compras y contrataciones durante la pandemia y el olor a corrupción se sentía por doquier. La pandemia terminó, pero no las prácticas: persisten los contratos directos, las urgencias fabricadas y las licitaciones amañadas en beneficio de empresarios muy cercanos al poder. Mención aparte merecen quienes, como Félix Fallabella, se mantienen en la lista de favoritos pese a sus vínculos con individuos señalados por la OFAC por sus tentáculos con el régimen de Nicolás Maduro. 2. Amiguismo y conflictos de intereses Con Gaby llegó al poder un combo de amigos, socios y compinches que acaparó cargos estratégicos en el país y en el servicio exterior. Una maraña de amiguismo y de conflictos de intereses no reconocidos que le costó millones al Estado. Ahí están, como pruebas, la renovación del contrato de Panama Ports y el vergonzoso contrato minero. En el gobierno actual, esa mezcla indebida entre lo público y lo privado no solo persiste: se ha convertido en una constante. Es larga la lista de funcionarios y empresarios alineados —en intereses y bolsillos— con negocios como la reapertura de la mina, el etanol, entre muchos otros. 3. La Contraloría como cómplice Ninguno de los grandes escándalos del gobierno anterior habría sido posible sin la complicidad del entonces contralor, Gerardo Solís. La fiscalización de los recursos públiEl humedal bahía de Panamá abarca 85 mil 664 hectáreas, de las que 39 mil 703 corresponden a superficie terrestre, mientras que 45 mil 960 integran la superficie marina de la bahía. iStock Panamá refuerza la protección de sus humedales ante amenazas Yaritza Mojica [email protected] AMBIENTE Los humedales panameños, clave para la biodiversidad y la seguridad hídrica, enfrentan presiones crecientes mientras autoridades y comunidades buscan frenar su deterioro y fortalecer su protección. Los humedales de Panamá, al igual que en otras regiones del mundo, son ecosistemas fundamentales para el ciclo de vida de las especies pesqueras y la preservación del patrimonio natural. Sin embargo, estos espacios enfrentan crecientes amenazas como la destrucción de manglares, la sobrepesca, el uso de artes de pesca ilegales, la conversión de manglares en potreros y el relleno indiscriminado de humedales. En Panamá existen cerca de 40 humedales; sin embargo, estos tesoros naturales enfrentan diversas amenazas, entre ellas el incumplimiento de la normativa vigente, la falta de alternativas económicas sostenibles, el crecimiento urbano no planificado, los efectos del cambio climático, la contaminación y latransformacióndeáreasde humedal. Para hacer frente a estos desafíos, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y organizaciones vinculadas a la conservación desarrollan acciones orientadas a mejorar la planificación territorial, la educación ambiental y la gestión integrada de cuencas. Actualmente, Panamá cuenta con una amplia diversidad de humedales distribuidos en su territorio, varios de los cuales han sido reconocidos como Sitios Ramsar, es decir, humedales de importancia internacional. Entre ellos se encuentran el Golfo de Montijo, en la provincia de Veraguas; el humedal Damani–Guariviara, en la comarca Ngöbe Buglé; San San–Pond Sak, en la provincia de Bocas del Toro; la Bahía de Panamá, en la provincia de Panamá; Punta Patiño, y el Complejo de Humedales de Matusagaratí, ubicado en la provincia de Darién. Este último fue declarado en 2025 y es el sitio Ramsar más reciente del país. Precisamente, en conmemoración de la fecha en que se firmó el Convenio Ramsar, el 2 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales. Este año, el lema será: “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural”, destacando la estrecha relación entre estos ecosistemas, las comunidades y los saberes ancestrales que han contribuido históricamente a su conservación. Buscan frenar las amenazas a los humedales El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó que, como parte de las acciones para frenar estas prácticas, se está actuando con firmeza contra invasiones ilegales en áreas como Matusagaratí, además de reforzar la vigilancia y los procesos administrativos para garantizar la integridad de los humedales. Paralelamente, se trabaja con la comunidad científica para identificar nuevos humedales de importancia en el Golfo de San Miguel y otras zonas del Darién. El ministro recordó que todos los manglares del país están protegidos por ley y reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a su conservación. Según datos del Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia), Panamá cuenta con aproximadamente 187,064 hectáreas de manglares, lo que representa cerca del 5% de los manglares del continente americano. En cuanto a otras regiones, Navarro informó que en la bahía de Chame se cerró definitivamente un vertedero a cielo abierto y se paralizó un proyecto que ponía en riesgo los humedales de Punta Chame. Además, se mantienen inspecciones constantes y procesos administrativos contra quienes atenten contra los manglares y los recursos naturales de la zona. Sobre el uso de manglar para la producción de carbón, el ministro reconoció que no se ha erradicado completamente esta práctica, pero señaló quesetrabajaconlascomunidades para ofrecer alternativas sostenibles que permitan generar ingresos sin destruir el ecosistema. Respecto a la extracción de arena, indicó que se están revisando las concesiones existentes y evaluando el impacto de la extracción de arena marina sobre la degradación de las costas del Pacífico, advirtiendo que una explotación sin control podría afectar seriamente la inversión turística y la sostenibilidad ambiental del país. Con respecto a las multas, Navarro manifestó que la destrucción de manglares puede acarrear sanciones de hasta 300 mil dólares por hectárea, además de procesos penales, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquierdañoambientalatravés del 311 o las redes oficiales de la institución. 20 años de observación y vigilancia Sandy Mosquera, en representación del Comité Nacional de Humedales, afirmó que, desde su creación en 2006ydurante20años,elcomité ha desempeñado un papel fundamental como ente de discusión, observación, vigilancia y generación de información para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales del país, guiado por un firme compromiso con el bienestar de estos ecosistemas estratégicos. “A lo largo de estas dos décadas, su labor se ha enfocado en articular esfuerzos interinstitucionales para promover políticas públicas, apoyar el fortalecimiento de la discusión técnica y fomentar la cos murió en la Avenida Balboa… y aún no revive. Hoy tenemos en el cargo a un empresario, lobista y operador político que, en sus ratos libres, refrenda contratos según su conveniencia. Eso debería encender todas las alarmas. El desenlace judicial de Carrizo sigue en suspenso. Lo importante es que el foco mediático en su caso no sirva de cortina de humo para lo que ocurre hoy. Mirarse en el espejo de Gaby exigiría, por parte de los actuales funcionarios, una brújula ética de la que muchos no han dado señales. Lo que sí deja claro el caso del exvicepresidente es que el poder político no es eterno, pero en Panamá sus métodos de abuso siempre se reciclan. Representación política e interés ciudadano Más allá de las distintas teorías que se han expuesto para tratar de explicar la problemática de la representación política, lo cierto es que quien ha sido elegido democráticamente para ocupar un cargo de representación ANÁLISIS Rigoberto González ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] participación de comunidades y actores clave, reconociendo a los humedales como pilares de la biodiversidad, la seguridad hídrica, la mitigacióndelcambioclimáticoyel desarrollo sostenible de Panamá”, acotó. Entre las prioridades de trabajo para la conservación de estos ecosistemas en los próximos años se encuentran el seguimiento a los impactos que los afectan, como el turismo no regulado, la deforestación y las malas prácticas de pesca. Asimismo, MiAmbiente desarrolla estudios científicos mediante monitoreos físicos, químicos y biológicos a largo plazo, con el fin de comprender el comportamiento de estos ecosistemas y fortalecer su gestión. Documental: “Tesoro del Caribe” En el marco de esta conmemoración, Miambiente informó que se realizará la proyección del documental Tesoro del Caribe, una producción audiovisual informativa que aborda la riqueza ecológica de los arrecifes del Caribe y los desafíos que enfrentan los ecosistemas marino-costeros, estrechamente vinculados a los humedales costeros y a los medios de vida de las comunidades que dependen de ellos. El audiovisual aborda el descubrimiento, la exploración y la protección de Corona Caimán, un arrecife nuevo para la ciencia ubicado en la fosa de las Caimán, el puntomásprofundodelCaribe,y analiza los principales desafíos que enfrentan los ecosistemas marinos, así como las soluciones para su recuperación y conservación. La proyección del documental tendrá lugar el lunes 2 de febrero, a las 4:00 p.m., en El Ateneo de Ciudad del Saber, y está dirigida al público en general, organizaciones ambientales, comunidad académica, estudiantes y personas interesadas en la conservación de los humedales. popular, como el de diputado, debe tener como referencia, en el ejercicio de tal cargo, una serie de criterios propios de lo que se espera que sea un diputado. Así, por ejemplo, el diputado debe tener presente que, cuando propone un proyecto de ley, lo que se busca es afrontar y resolver un problema que afecta a una gran mayoría de la población. De igual manera, cuando formula una propuesta legislativa, esta debe ser el producto de consultas, estudios y análisis del tema objeto de dicha propuesta. Por otra parte, el diputado debe saber que proponer un proyecto de ley implica lograr, por parte de la ciudadanía, la identificación necesaria y suficiente con lo planteado, a fin de recibir un respaldo popular amplio. En definitiva, la propuesta legislativa debe ser sentida como una iniciativa legítima y necesaria por la ciudadanía. Pues bien, la propuesta legislativa promovida para tipificar como delito lo denominado “fraude de paternidad” pareciera no responder a ninguno de los criterios antes expuestos. Difícilmente existirán los miles y miles de panameños supuestamente víctimas de lo que se pretende convertir en delito. Por el contrario, lo que sí existe en nuestro país es un número considerable de casos de paternidad irresponsable, de hijos desamparados y privados incluso de lo mínimo para su manutención. Si a ello se suma la elevada incidencia de violencia doméstica y de violencia asociada a esa paternidad irresponsable, las cifras resultan alarmantes. Lo paradójico de todo esto es que, cuando hace poco se presentaron ante la Asamblea Nacional proyectos de ley para reforzar la lucha contra la corrupción, el argumento que imperó para rechazarlos fue que no hacían falta más leyes para enfrentar los actos de corrupción. Y ahora se presenta esta “brillante” iniciativa. Qué contradicción. Con razón alguien dijo, con notable acierto, que “cuando los gobiernos fueron cayendo gradualmente, los políticos tuvieron que buscar oficios honestos; algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos”. Qué sabio fue quien así se expresó.
9A La Prensa Panamá, miércoles 28 de enero de 2026 Panorama Un fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó el veredicto absolutorio a favor de 185 personas procesadas por el delito de peculado, relacionado con la compensación de buses tipo “diablos rojos”. Los magistrados José Hoon Justiniani, Manuel Mata Avendaño y Eyda Amarilis Juárez confirmaron en todas sus partes el fallo emitido por la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, el 25 de agosto de 2025, que también favoreció a los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT): Roberto Moreno Olivares, Juan Pablo Mora, Ricardo Fábrega y Ventura Vega, quienes ejercieron durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (20092014). Estos dos últimos son actualmente colaboradores cercanos del presidente José Raúl Mulino. Durante el juicio, realizado en 2025 y que se extendió por espacio de tres meses, la Fiscalía solicitó al tribunal un veredicto absolutorio para los exdirectivos de la ATTT y uno condenatorio para el resto de los procesados. Según el fallo del Tribunal Superior, la valoración realizada por la juez Águeda Rentería fue correcta al momento de analizar las pruebas aportadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por los abogados defensores. En su fallo, Rentería sostuvo que no se demostró que los funcionarios procesados omitieran deliberadamente sus deberes de control, ni que hubiesen facilitado de manera consciente un esquema fraudulento en beneficio de terceros. Tampoco se probó que la conducta de los imputados tuviera la intención de causar una lesión patrimonial. No obstante, en este caso, una auditoría de la Contraloría había determinado una lesión patrimonial calculada en 24 millones de dólares, debido a que muchos dueños de “diablos rojos” fueron compensados en más de una ocasión por el mismo vehículo. Incluso, se asignaron fondos a buses que ni siquiera estaban en servicio o que operaban rutas en el interior del país. En 2010, durante el gobierno de Martinelli, desde el Ministerio de la Presidencia se puso en marcha un millonario plan para modernizar el transporte público, cuyo objetivo era retirar de circulación a los “diablos rojos”. La estrategia consistía en reemplazarlos por los nuevos buses del sistema Metro Bus, servicio que posteriormente se complementó con los trenes del Metro. Tribunal confirma absolución a favor de 185 procesados CASO DIABLOS ROJOS El ministro y el equipo que coordinará la integración. Cortesía La comisión para integrar Minsa y CSS ya está definida Aleida Samaniego C. [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] POLÍTICAS PÚBLICAS El Gobierno designó a los miembros de la comisión que coordinará la integración entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, un proceso clave para reorganizar el sistema público de atención sanitaria. Luego de años de debates, diagnósticos y propuestas inconclusas, el proceso de integración de la atención en salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) comenzó a tomar forma con la instalación, el pasado 26 de enero, de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un órgano técnico encargado de coordinar, supervisar y dar seguimiento a uno de los cambios estructurales más relevantes del sistema público de salud panameño. La instalación de la Comisión marca el inicio formal de un proceso que busca reducir la fragmentación histórica entre ambas instituciones, optimizar recursos y ampliar el acceso a los servicios de salud, tanto para asegurados como para no asegurados. El plan arrancará como proyecto piloto en las provincias de Herrera y Los Santos, seleccionadas por sus características demográficas y geográficas, así como por experiencias previas de coordinación entre el Minsa y la CSS. La Comisión está presidida por Carlos Abadía, médico, experto en seguridad social y actual asesor del despacho superior del Minsa. Abadía cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, habiéndose desempeñado como viceministro de Salud y subdirector de la CSS, cargos desde los cuales se ha destacado como crítico recurrente de la fragmentación del sistema sanitario y de los problemas estructurales de la CSS. Abadía ha defendido públicamente la necesidad de del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). • Dra. Marlin Cedeño Vergara, directora nacional de Servicios de Salud de la CSS. • Dr. Luis Carlos Bravo, presidente del Patronato del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en representación de los patronatos. Esta composición busca equilibrar la rectoría del Minsa, la autonomía de la CSS, la sostenibilidad financiera del sistema y la participación de los actores que administran hospitales públicos bajo esquemas de patronato. No obstante, hace unos meses, dos gremios médicos señalaron la falta de participación de los médicos y de los pacientes en la comisión. Azuero como laboratorio de integración Las provincias de Herrera y Los Santos funcionarán como laboratorio para poner a prueba la integración funcional de los servicios. Según explicó Abadía, se trata de regiones con distancias manejables, una red de instalaciones que permite complementar servicios y una población que facilita evaluar resultados antes de una eventual expansión a otras áreas del país. Un elemento clave es que el Minsa ya cuenta con expediente clínico electrónico en todas sus instalaciones de estas provincias, lo que abre la puerta a procesos de interoperabilidad, mientras la CSS desarrolla soluciones temporales para reducir la brecha tecnológica que aún mantiene. La integración no implicará, al menos en esta fase, la fusión de presupuestos ni de estructuras administrativas, sino una coordinación funcional de los servicios. El plan también contempla el uso de telemedicina y la capacitación progresiva del personal de salud, incluidos médicos generales y personal de enfermería, ante la escasez de especialistas, una problemática que —según Abadía— no es exclusiva de Panamá, sino un fenómeno global que afecta a los sistemas públicos de salud. Respaldo institucional y marco legal El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que el Minsa, como ente rector del sistema sanitario, tiene la responsabilidad constitucional de garantizar una coordinación efectiva entre las instituciones públicas. “Estamos llamados a asegurar una coordinación que eleve el nivel de bienestar de cada panameño. Esta Comisión trabajará para que la articulación entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad en la atención diaria”, afirmó. Desde la CSS, el director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, Marcos Young, indicó que ya se han establecido mecanismos para la compensación de costos y la optimización de recursos concurrentes, de modo que ambas instituciones puedan coordinar la evaluación de los servicios sin comprometer la separación de sus presupuestos ni de sus estructuras orgánicas. La iniciativa se sustenta en el artículo 115 de la Constitución Política y en el Texto Único de la Ley 51 de 2005, reformado hasta 2025, que ordenan la integración orgánica y funcional de los sectores gubernamentales de salud. El objetivo de fondo es avanzar hacia un sistema público con cobertura nacional y acceso universal, bajo la rectoría del Minsa y con respeto a la autonomía de la CSS, en un contexto de crecientes presiones financieras y demanda de servicios por parte de la población. avanzar hacia un sistema integrado de salud, con redes hospitalarias articuladas, especialmente en el interior del país, y con el expediente clínico único como eje central para garantizar la continuidad de la atención. También ha participado activamente en el debate sobre las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad financiera tanto del sistema de salud como del sistema de pensiones, al que ha calificado en distintas ocasiones como resultado de décadas de mala gestión. Composición de la Comisión La Comisión no está conformada únicamente por el Minsa. En ella participan representantes de distintas instancias del Estado y de la sociedad civil, lo que refleja el carácter interinstitucional del proceso. La integran: • Franklin Oduber, asesor del presidente de la República, en representación del Ministerio de la Presidencia. • Rubilú Rodríguez, directora de Políticas Públicas
10A La Prensa Panamá, miércoles 28 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. de sus trayectos más peligrosos y mortíferos. Vinculado directamente con nuestro país, también identificó la necesidad de contrarrestar lo que su administración denominó la influencia maliciosa del Partido Comunista Chino en Panamá. Ambos asuntos fueron ampliamente abordados en su discurso de toma de posesión, delineando con claridad la estrategia a seguir. No fue casual que la primera gira del secretario de Estado, Marco Rubio, comenzara precisamente en Panamá para tratar estos temas, con resultados hoy conocidos. De manera paralela, la atención se centró en el déficit comercial estadounidense con el resto del mundo. Tras anuncios sucesivos y la implementación de incrementos significativos en los aranceles a economías como China, Europa e India, la administración optó por imponer un arancel mínimo estándar para todos los países, acompañado de la renegociación de intereses estratégicos con el objetivo de compensar dicho déficit. En este escenario, los Estados se vieron obligados a negociar bajo condiciones previamente fijadas. Posteriormente llegó el turno de los conflictos armados. La intervención de la administración Trump en diversas guerras siguió un patrón común: presionar a las partes involucradas para forzarlas a sentarse a la mesa de negociación. Incluso Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Escriben, pero no piensan Inteligencia artificial En los últimos años, los modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial han dejado de ser curiosidades académicas para convertirse en herramientas de uso cotidiano. Hoy se integran en rutinas profesionales, tareas creativas y procesos editoriales con una naturalidad pasmosa. Y, sin embargo, por más que los utilicemos a diario, no conviene olvidar una verdad sencilla: escriben, pero no piensan. Lo sé por experiencia propia. Utilizo estos modelos todos los días como apoyo en mi trabajo: revisan textos, sugieren estructuras más claras y detectan inconsistencias argumentales. En muchos sentidos, mejoran la forma. Pero no crean el fondo. Porque, aunque logren imitar el estilo, la voz o la lógica de una pieza editorial, no pueden aportar lo más importante: el criterio, la sensibilidad o el punto de vista que solo una persona puede generar. Hoy, los tres grandes modelos del mercado —GPT, Claude y Gemini— ofrecen capacidades notables. GPT, de OpenAI, es excepcional para estructurar ideas complejas y dar coherencia narrativa a un argumento técnico o extenso. Es como un buen editor ejecutivo: ordena, depura y sugiere. Claude, desarrollado por Anthropic, brilla por su respeto al tono original y su talento para sintetizar sin empobrecer. Gemini, de Google, se destaca por su visión panorámica, su capacidad de contraste y su habilidad para conectar un tema con sus implicaciones sociales o políticas. Cada uno tiene fortalezas específicas. Pero todos tienen una limitación común: ninguna inteligencia artificial —ni ahora ni a corto plazo— posee experiencia vital. Ninguna ha sentido el peso de una decisión difícil, ni ha aprendido del error, ni ha experimentado la ironía sutil de una contradicción humana. Su conocimiento es técnico y estadístico, no vivencial ni ético. La creatividad, entendida no solo como ocurrencia estética sino como capacidad de generar sentido, sigue siendo terreno humano. Solo una persona puede establecer una analogía nacida de su historia, encontrar una conexión entre temas que no parecían relacionados o construir un argumento persuasivo a partir de una intuición. La IA puede proponer, pero no decidir. Puede acelerar, pero no reemplazar. En Panamá y en el mundo, esta discusión no es menor. A medida que los modelos se incorporan a medios, empresas y espacios educativos, debemos distinguir entre delegar una tarea y renunciar al pensamiento. La ventaja competitiva no está en usar IA, sino en saber qué pedirle, qué aceptar y qué jamás delegar. Porque la tecnología puede ayudarnos a escribir mejor. Pero solo un ser humano puede decir algo que realmente valga la pena ser leído. ¿Cuáles son los valores de la ciudadanía panameña? Democracia Buscamos también introducir nuevas preguntas que permitan arrojar luces sobre asuntos que se han impuesto en la sociedad panameña. En 2023, apenas unos meses antes de las protestas antimineras, incorporamos una pregunta sobre el dilema entre medioambiente y crecimiento económico, que permitía vislumbrar el rechazo que podría generar la aprobación del contrato. En esta oportunidad, buscamos profundizar sobre algunos puntos y abordar nuevas problemáticas. ¿Qué entiende la ciudadanía panameña por democracia? Si el primer problema es la corrupción, ¿cuáles son las instituciones que son vistas como más vulnerables ante este problema? Vista la impopularidad de la actividad minera, ¿qué actividades económicas debería priorizar el país? Conociendo las altas tasas de violencia de género en el país, ¿qué opina la ciudadanía al respecto? ¿Cómo percibe la ciudadanía la inteligencia artificial? Un capítulo que fue profundamente reformado en esta edición es el relacionado con los valores de la ciudadanía panameña. Basándonos en una metodología ampliamente utilizada en el mundo, diseñada por el profesor de psicología social Shalom Schwartz, lo que buscamos fue establecer una escala de valores y, en segundo lugar, identificar diferencias sociodemográficas en ella. A menudo se habla de valores en abstracto, como si estos no fueran múltiples y a menudo objeto de arbitrajes por parte de los individuos. Tomemos como ejemplo una persona que obtiene una promoción o un aumento salarial en su trabajo, que le requiere mudarse y, así, alejarse de su familia, o acClaire Nevache Negociar bajo presión: lecciones de la era Trump Política exterior Hace poco más de un año dio inicio el segundo período del presidente Donald J. Trump al frente de la Presidencia de Estados Unidos. Enarbolando la bandera de America First, logró cautivar la voluntad de millones de estadounidenses, así como de importantes sectores conservadores y de ultraderecha a nivel internacional e, incluso, con el paso del tiempo, de un segmento más amplio de la opinión pública global. Desde el inicio, su administración estuvo marcada por una intervención directa en la resolución de viejos y prolongados conflictos a nivel internacional. Mediante métodos poco ortodoxos y disruptivos, logró en corto tiempo alterar dinámicas largamente estancadas, sacudiendo la parsimonia y el statu quo que caracterizaban la gestión de algunos de los principales problemas que atravesaba el mundo. ¿Cómo ha logrado esto con tanta rapidez? A través de una estrategia de negociación singular, basada en la presión constante y el replanteamiento forzado de escenarios. Al llegar nuevamente a la presidencia, dos temas marcaron su agenda internacional. El primero fue la migración irregular, que desbordaba las fronteras del continente y que, en Panamá, encontraba uno cuando parecía que los esfuerzos diplomáticos con Rusia estaban destinados al fracaso, el presidente decidió respaldar la aprobación de un proyecto de ley que contemplaba aranceles del 500% para Rusia y cualquier país que mantuviera relaciones comerciales con Moscú. El 23 de enero de 2026, por primera vez, representantes de las partes en conflicto se sentaron en la misma mesa junto a Estados Unidos. La crisis venezolana no fue ajena a esta lógica. Se ejerció una presión sostenida en los planos económico, político y militar, mientras hoy comienzan a conocerse detalles de las negociaciones que, tras bambalinas, condujeron al desenlace conocido. El último capítulo fue Groenlandia, que por largo tiempo había captado su interés. Durante semanas, el mandatario elevó el tono frente a la OTAN y Europa, llegando incluso a mencionar el uso de la fuerza militar como una posible vía. Sin embargo, durante los recientes encuentros en Davos se sentaron las bases para una nueva forma de cooperación estratégica en la isla más grande del planeta. Se puede estar de acuerdo o no con sus métodos; ignorar la lógica que los sustenta sería un error. La experiencia reciente demuestra que esta forma de negociación parte de la creación deliberada de escenarios de presión para romper inercias, redefinir costos y obligar a los actores a recalcular sus márgenes de maniobra. Para países como Panamá, comprender esta dinámica no es un ejercicio académico, sino una necesidad estratégica. Leer correctamente el contexto, anticipar los momentos de tensión y llegar a la mesa con claridad de objetivos será determinante para defender los intereses nacionales en un nuevo entorno internacional, donde la preparación y la firmeza pesan tanto como la voluntad de cooperar. Opinión EL AUTOR es estratega en tecnología, innovación y transformación digital. EL AUTOR es abogado. LA AUTORA es politóloga e investigadora del Cieps. Gabriel J. Perea tuar en contra de su ética personal porque su nuevo trabajo es responsable de graves daños ambientales. La decisión que tome la persona no implica que no ame a su familia, que no le importe su carrera profesional o que desprecie la naturaleza. Sin embargo, nos da una idea de la prioridad que tiene cada uno de estos valores para esta persona. Pues bien, según la encuesta del CIEPS, el primerísimo valor de la ciudadanía panameña es precisamente la benevolencia, es decir, la preocupación por el bienestar de su círculo cercano y conocido. Es aún más fuerte entre mujeres. Esto significa que, al momento de tomar decisiones vitales, probablemente pesará más que otras variables para la mayoría de las personas. El segundo valor en orden de prioridades es la autodirección, es decir, la posibilidad de tomar sus propias decisiones y ser independientes, y el tercero, el hedonismo, la búsqueda de diversión y de disfrute. De forma inversa, los valores que conforman las últimas prioridades de los panameños y las panameñas son los que tienen que ver con la autorrealización: la búsqueda de poder, vinculado con la riqueza y el estatus social, así como la atracción por la novedad y la aventura, están clasificados muy debajo de la escala, con la excepción de los hombres jóvenes. Esto nos retrata una sociedad bastante menos individualista de lo que se suele pensar. El estudio también revela importantes diferencias generacionales y entre sexos. Mientras más jóvenes son las personas, más abiertas al cambio; pero aunque las personas mayores son más conservadoras, tampoco lo son de manera muy radical. Por otro lado, entre las personas mayores de 50 años no hay mayor diferencia entre sexos. Las diferencias son mucho más marcadas entre los hombres y las mujeres más jóvenes, con una apertura al cambio mucho más marcada entre hombres que mujeres. La Encuesta de Ciudadanía y Derechos del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) ya tiene un lugar consolidado en el país. La semana pasada se lanzó el cuarto informe, con datos relacionados con el apoyo a la democracia, la valoración de los servicios públicos, la situación económica del país, las percepciones relacionadas con el embarazo en la adolescencia o los medios a través de los cuales se informa la ciudadanía panameña. Cada encuesta bianual cuenta con un tema coyuntural: la reforma constitucional en 2019, el trabajo después de la pandemia en 2021 y las elecciones venideras en la edición de 2023. En esta ocasión, el tema que decidimos abordar nos pareció imponerse: ¿cómo se sentía la ciudadanía panameña frente a los giros geopolíticos y al ver su principal infraestructura y símbolo de identidad en el centro de los conflictos internacionales? Las reuniones de trabajo previas nos permiten evaluar las preguntas que se aplicaron en las ediciones anteriores, a fin de determinar cuáles queremos mantener para obtener una línea de tiempo que nos permita evaluar cambios en la opinión pública. Constatamos, por ejemplo, la evolución de la percepción sobre la economía, la democracia o los principales problemas que afectan al país. Mientras que el principal problema prepandémico era la inseguridad, esta ha sido totalmente desplazada por otros como la corrupción, señalada como primer problema del país desde 2021, así como el desempleo y las condiciones laborales, identificado como segundo problema. La política exterior de Donald Trump ha impuesto una lógica de negociación basada en la presión, obligando a los Estados a recalcular intereses, costos y márgenes de maniobra estratégicos. Otto A. Escartin Romero La Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS explora cómo los panameños priorizan valores como la benevolencia y la autonomía, en un contexto de tensiones sociales, económicas y geopolíticas. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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