1A La Prensa Panamá, lunes 26 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 26 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15273 Hoy por hoy La insistencia de las defensas en excluir la declaración de Olivio Rodrigues revela más de lo que pretende ocultar. No se trata de una prueba aislada ni de un testimonio marginal. Rodrigues fue parte de la estructura financiera de Odebrecht y tuvo acceso directo al funcionamiento de lospagos ilícitos, en un nivel que le permitió conocer cómo se autorizaban, canalizaban y justificaban las coimas. Su valor no radica en señalar nombres, sino en explicar el sistema. Es cierto que el caso Odebrecht no depende de una sola declaración. Existen confesiones, acuerdos de pena y abundante evidencia documental que acreditan la existencia del esquema corrupto. Pero el testimonio de Rodrigues tiene una cualidad distinta: ordena los hechos, conecta piezas dispersas y aporta contexto interno a una trama que, de otro modo, queda fragmentada. Ese es el motivo de la resistencia casi unánime. No se teme a la prueba que acusa, sino a la que explica. En procesos complejos, entender el mecanismo suele ser más decisivo que acumular documentos. Excluir esa voz no borra la verdad; solo retrasa el momento de enfrentarla. Ellas.pa Luke Thompson, la nueva estrella de ‘Los Bridgerton’ 4B Metro y Oeste reeditan el duelo en el beis juvenil 8A Deportes Panorama El debate del RORI de la Asamblea queda rezagado 4A Economía 60 procesos por salvaguardas a productos de Estados Unidos 1B Odebrecht, la prueba clave que incomoda Juan Manuel Díaz [email protected] AUDIENCIA En general, las defensas quieren impedir que la declaración del delator Olivio Rodrigues sea considerada, pese a tratarse de un elemento central del caso. El caso Odebrecht vuelve a girar alrededor de una paradoja que ya no sorprende: el proceso avanza no para definir responsabilidades, sino para discutir qué pruebas pueden quedar fuera. Así, la declaración de Olivio Rodrigues se ha convertido en el punto más sensible del expediente hasta ahora. No por su irrelevancia, sino precisamente por lo contrario. Se trata de un testimonio que describe el funcionamiento del esquema de sobornos desde dentro y que conecta pagos, intermediarios y decisiones políticas. Rodrigues formó parte del engranaje financiero de Odebrecht y tuvo acceso directo a la operativa de los pagos ilícitos. Por ello, su declaración es considerada una pieza central para reconstruir cómo se autorizaban y canalizaban las coimas en Panamá. VEA 2A 130 mil vehículos circulan con placa vencida por retrasos Retrasos en la licitación y emisión de nuevas placas mantienen unos 130 mil vehículos circulando con placas vencidas y miles de automóviles nuevos sin identificación. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), responsable del proceso, no ha informado una fecha para normalizar la entrega ni la causa del retraso. VEA 6A Yaritza Mojica [email protected] Ministro propone crear un filtro para estudiar Medicina en centros privados ENTREVISTA Aleida Samaniego C. [email protected] En una entrevista con La Prensa, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, puso sobre la mesa un dato que marca un punto de quiebre en el debate sobre la formación médica en Panamá: el Estado evalúa exigir un examen de admisión también en las universidades privadas que imparten la carrera de Medicina. Boyd Galindo expuso que el país requiere entre 400 y 500 nuevos médicos por año, mientras que el número de estudiantes que inicia Fernando Boyd Galindo. Archivo la carrera y el de egresados supera ampliamente esa capacidad. El cuello de botella se produce en el internado, donde el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social no cuentan con suficientes plazas ni personal docente para absorber a todos los graduados. Frente a esta propuesta, las universidades privadas han rechazado la posibilidad de regular el ingreso, al considerar que el problema radica en la falta de planificación y financiamiento del sistema público de salud. VEA 5A Casco Antiguo Celebración en La Playita La Alcaldía de Panamá, a cargo de Mayer Mizrachi, reabrió al público Playa Prieta, ahora denominada La Playita de Las Garzas, en el Casco Antiguo. El alcalde estuvo acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; la ministra de Cultura, Maruja Herrera; la administradora de la ATP, Gloria De León; y la directora del Inadeh, Yaijara Pittí. Ante las críticas de los vecinos, el municipio anunció normas de uso y medidas para proteger el valor histórico y ambiental del área. Carlos Moore Imagen reconstruida de Olivio Rodrigues. LP
2A La Prensa Panamá, lunes 26 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Equipo legal de los imputados previo a una de las sesiones de la audiencia que se celebra en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en el palacio Gil Ponce, en Ancón. Isaac Ortega Odebrecht: defensa se opone a la declaración de Olivio Rodríguez Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO Olivio Rodríguez es una figura clave en el caso Odebrecht porque su testimonio se ubica en el nivel operativo del esquema financiero, donde los sobornos dejaron rastro documental y técnico. El brasileño Olivio Rodrigues Junior era un operador financiero independiente de Odebrecht. No estaba formalmente en la nómina de la constructora, pero controlaba una red de sociedades offshore utilizadas para blanquear los sobornos entregados a funcionarios y políticos de hasta 12 países, incluyendo Panamá. Por tanto, conocía muy bien la identidad de los sobornados y quiénes eran los beneficiarios reales de las sociedades receptoras. Su declaración (recogida en un documento de mil páginas) es una de las pruebas extraordinarias que presentó la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo y que el bloque de abogados defensores intenta, al unísono, impedir que sea admitida en el juicio por blanqueo de capitales que empezó el pasado 12 de enero, en la sala que preside la juez Baloisa Marquínez. Olivio, el delator Olivio Rodrigues es uno de los tres ejecutivos que, en representación de Odebrecht, acudieron a una audiencia especial el 9 de noviembre de 2017, en la sala del juez Óscar Carrasquilla, para validar sus acuerdos de colaboración eficaz con la Fiscalía Especial Anticorrupción. Los otros dos fueron André Campos Rabello y Luis Eduardo Da Rocha Soares. En dicho acuerdo, los delatores adquirieron el compromiso de aportar información sobre sociedades, beneficiados, testaferros, montos y transacciones que realizó la constructora brasileña a cambio de contratos con el Estado panameño. Aquel día, ante el juez Carrasquilla, Rodrigues explicó que Odebrecht mantenía “filiales” en Panamá, entre las que mencionó a Constructora Internacional del Sur y Select Engineering Inc. Calculó que a través de tres cuentas corrientes a nombre de Constructora Internacional del Sur circularon unos $39 millones en coimas. Los pagos se realizaban a través del tristemente célebre Departamento de Operaciones Estructuradas, que en la práctica no era otra cosa que la oficina de coimas de Odebrecht. Como parte de su acuerdo de colaboración eficaz, Rodrigues aportó información de los beneficiarios de los pagos que se hacían desde la División de Operaciones Estructuradas a cuentas bancarias de varias sociedades bajo su control: Klinfield Services Ltd., Innovation Research Engineering and Development Ltd., Select Engineering Consulting & Services, Aeon Group y Trident Inter Trading Ltd. Posteriormente, se hacían transferencias a otras sociedades, hasta que el dinero llegaba a su beneficiario final. También explicó que la oficina utilizaba el sistema informático “Drousys”, para coordinar los pagos e inventar operaciones y contratos ficticios, para que todo pareciera real. En el sistema, los usuarios y beneficiarios se registraban con un seudónimo. El de Olivio era “Gigo”, aunque posteriormente lo cambió a “Maverick”. Entre otras cosas, Rodrigues contó que, en el año 2010, transfirió $3.2 millones a Kadair Investment, una sociedad inscrita en Islas Vírgenes Británicas, cuyo beneficiario final resultó ser Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del presidente de aquella época Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). El exmandatario es uno de los enjuiciados por la juez Marquínez. Sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique (que ya estuvieron presos en Nueva York por conspirar para blanquear las coimas de Odebrecht) también están imputados en esta causa, pero ellos serán procesados por la Corte Suprema de Justicia, dado que ambos son diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Abogados objetan El pasado miércoles 21 de enero, luego de un receso de cinco días, la juez Marquínez reanudó el juicio con intención de escuchar las objeciones de los abogados defensores a las pruebas extraordinarias aportadas por la fiscal Morcillo (que, en total, representaban casi 11 mil fojas). La primera en presentar sus objeciones fue Guillermina Mcdonald, abogada de Navin Bhatka. Alegó que no hay certeza de la autenticidad de los documentos aportados por la fiscalía. Mcdonald también se opuso a las pruebas aportadas por Estados Unidos y que contienen las investigaciones realizadas en ese país sobre Odebrecht. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Odebrecht acordó pagar una multa de $2,000 millones por utilizar su sistema financiero para mover y blanquear las coimas. También los abogados Rolando Rodríguez y Erasmo Muñoz, defensores de Demetrio Jimmy Papadimitriu y Jaime Lasso, respectivamente, se opusieron a la admisión de las pruebas, por motivos similares a los aducidos por McDonald. El argumento fue replicado por Ángel Álvarez y Gustavo Pereira, quienes representan a Ricardo Martinelli y Juan Carlos Rosas, respectivamente. El pasado viernes, el juicio se suspendió luego que Abdiel Almengor, de la firma Infante & Pérez Almillano (Ipal), no se presentó ni remitió una excusa. Ipal representa al español Jaumes Pamies Dolande, por lo que esta ausencia dejó al imputado en situación de indefensión. La juez sancionó a Almengor con una multa de $100. Desde que inició el juicio, Marquínez ha validado tres acuerdos de pena: los de Francisco Pérez Ferreira, Juan Carlos Espinosa y Riccardo Francolini. También la juez excluyó del proceso a Aaron Ronny Mizrachi, ya que el Primer Tribunal Superior anuló los cargos en su contra en septiembre pasado. La fiscalía apeló esa decisión, la cual todavía no ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia. El juicio se reanuda este lunes 26 de enero, a las 8:30 a.m. Corresponde escuchar las objeciones de la fiscal Morcillo a las pruebas extraordinarias presentadas por los defensores. Cuando concluya esta etapa, la juez debe decidir cuáles son las pruebas extraordinarias que podrán ser utilizadas en el juicio. La Asamblea Nacional abrirá la puerta a una discusión poco frecuente en el terreno fiscal: el costo de menstruar. Un anteproyecto de ley presentado el pasado 13 de enero propone eximir del ITBMS a los productos de gestión menstrual, como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, bajo el argumento de que no se trata de artículos de lujo, sino de una necesidad básica de salud e higiene. La iniciativa, impulsada por el diputado Augusto Palacios Muñoz, de la bancada Vamos, plantea modificar el artículo 1057 V del Código Fiscal para incluir estos insumos dentro de las exenciones tributarias. En su exposición de motivos, el documento argumenta que el tema ha permanecido fuera del diseño de las políticas públicas, pese a su impacto directo sobre más de la mitad de la población. Habla de una realidad “históricamente invisibilizada” que afecta “de manera directa y transversal a las mujeres”. El texto insiste en que la menstruación no puede seguir tratándose como un asunto secundario dentro del ordenamiento jurídico y tributario. “Los artículos destinados a la gestión menstrual no son productos de lujo; son insumos esenciales para la higiene, la prevención de enfermedades y la participación plena de las mujeres”, se lee en la propuesta que será debatida en la Comisión de Economía y Finanzas, instancia legislativa que preside el diputado Eduardo Gaitán, de Vamos. La brecha económica El anteproyecto pone el foco en el precio. Según el documento, el ITBMS encarece el acceso a estos productos y amplía la brecha económica, sobre todo en contextos de vulnerabilidad. “Esta situación impacta de manera especialmente severa a las mujeres y niñas”, dice. Productos de gestión menstrual podrían quedar libres de impuestos PROPUESTA La iniciativa define como productos de gestión menstrual a todos aquellos diseñados para “absorber, recoger o contener el flujo menstrual”, sin importar el material con el que se fabriquen. La lista incluye toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y artículos análogos. El documento también vincula la medida con principios constitucionales como la dignidad humana, la igualdad ante la ley y el derecho a la salud. Plantea que mantener el gravamen sobre estos insumos puede resultar contrario a esos fundamentos, por lo que propone reconocerlos como bienes de primera necesidad. Más impuestos para el tabaco Para compensar el impacto fiscal de la exención, el anteproyecto incorpora un ajuste impositivo sobre productos derivados del tabaco y cigarrillos electrónicos, con una tarifa del 20%. La exposición argumenta que el consumo de estos bienes representa uno de los principales factores de riesgo para la salud pública y genera presión sobre el sistema sanitario. La propuesta de ley también menciona experiencias internacionales. Cita a países como Colombia, México, Ecuador, Reino Unido y Australia, que ya eliminaron impuestos a estos productos al considerar que su gravamen constituye una forma indirecta de discriminación económica por razón de género. Eliana Morales Gil [email protected] Imagen de IA sobre productos de gestión menstrual. LP Olivio Rodrigues LP
3A La Prensa Panamá, lunes 26 de enero de 2026
4A La Prensa Panamá, lunes 26 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BURLA. El monto de la multa al abogado Abdel Almengor, de la firma Infante & Pérez Almillano (Ipal), es tan irrisorio que, en la práctica, no es una sanción, sino la tarifa que se puede pagar para suspender un juicio por blanqueo de capitales. Lo más risible es que la juez Marquínez otorgó un plazo de 20 minutos para que alguien de esa firma apareciera, y eso tampoco funcionó. Ipal ni siquiera tiene la excusa de que nadie les avisó, ya que eso lo estaba viendo todo Panamá, puesto que era transmitido por el Órgano Judicial en tiempo real. Sería razonable pensar que esa ausencia fue intencional. AFÁN. Algo que hasta ahora había pasado casi desapercibido es que, como parte de su acuerdo de colaboración eficaz, Odebrecht entregó los nombres de 46 sociedades anónimas y sus respectivas cuentas bancarias, que fueron las receptoras de los fondos de la Caja 2. Ahora tienen sentido las pataletas de la defensa de los acusados para excluir las pruebas que fueron levantadas en Brasil. FRENEMIES. Si hace seis meses hubieran preguntado qué era más probable: que Bolota le dejara un ojo morado a Betserai o que votara a favor de un proyecto de ley suyo, ¿usted qué habría contestado? Pues Betserai ha confirmado que ahora se llevan de lo más bien y que Bolota incluso apoyó su propuesta para extender el horario de los centros de salud. O encontraron un punto de convergencia o Bolota sabe que, más adelante, necesitará un favor de Betserai. INVESTIDURA. Mañana, Balbina Herrera toma posesión como secretaria general y representante legal del PRD. Ahora se verá si ese partido va a seguir votando con los adláteres de Martinelli en la Asamblea La Comisión de Credenciales, presidida por la diputada Dana Castañeda. Elysée Fernández Reforma al reglamento interno de la Asamblea queda relegada Eliana Morales Gil [email protected] COMISIÓN DE CREDENCIALES La Comisión de Credenciales prioriza ratificaciones del Ejecutivo y la elección del subcontralor, mientras vuelve a postergar el debate sobre los cambios al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Primero las ratificaciones de funcionarios designados por el Ejecutivo y la elección del subcontralor, después los cambios al reglamento. Esta es la fórmula que ensaya la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, que preside la diputada oficialista Dana Castañeda. El tema quedó claro el pasado miércoles 21 de enero, durante la última sesión de este organismo legislativo. Ese día, los nueve comisionados trataron una agenda de 11 puntos que incluyó la ratificación de dos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia; los nombramientos de designados por el presidente José Raúl Mulino en juntas directivas de varias instituciones oficiales, como la Autoridad Marítima de Panamá y el Fondo de Ahorro de Panamá, entre otros; así como las reglas para analizar los perfiles de los candidatos a subcontralor y el análisis de una denuncia presentada contra Mulino. Ese miércoles, la comisión sesionó hasta las 7:00 p.m. Los diputados Augusto Palacios y Yamireliz Chong solicitaron alterar el orden del día para incluir el debate de proyectos de ley que modifican el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), pero la propuesta no fue aceptada. De acuerdo con sus colegas, no contaban con las cinco firmas necesarias para que eso ocurriera. “Les pido el respaldo para que el orden del día se pueda incluir dentro de esta sesión, por una buena vez, el reglamento interno”, expresó Palacios. Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), pidió que, después de abordar la agenda del miércoles, comenzara el prometido debate. Pero no. Al final de la sesión, Castañeda dijo que verán el asunto después de la elección del subcontralor, una tarea que la Asamblea tiene pendiente. De hecho, la Comisión de Credenciales aprobó ese día una resolución que describe el procedimiento para analizar los perfiles de los 21 candidatos al cargo, que está vacante desde septiembre del año pasado. “La hoja de ruta es justamente esa. Estamos agotando las ratificaciones. Teníamos pendiente (la ratificación) de los magistrados suplentes. Y la del subcontralor. Inmediatamente, el único tema que queda pendiente es el del reglamento interno, el cual vamos a discutir dándole la prelación que necesita. Y que sean los votos los que decidan sobre los cambios que se requieran”, dijo. Los bloques La presidenta de la comisión recordó que el debate debe retomarse en el segundo bloque. En octubre de 2025, la comisión acordó analizar los temas en seis bloques. Por el momento, hay un proyecto que contiene 16 iniciativas presentadas por diputados de distintas bancadas. Sin embargo, quedaron por fuera propuestas relevantes, como el descuento salarial a aquellos diputados que se ausenten del pleno y la prueba antidoping obligatoria. Arquesio Arias, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), respaldó a Castañeda en la estrategia para debatir los cambios a las reglas con que opera el Legislativo. “Nunca hemos dicho que no se incluya (el debate). Al final hay que dejarle claro al país que aquí cada diputado tiene un voto. Todo lo que pase o no pase… al final es con votos”, añadió. En 2021, Arias enfrentó una investigación en la Corte Suprema de Justicia por la supuesta comisión de delitos sexuales, pero el tribunal lo declaró no culpable. Compromiso del presidente de la Asamblea Los cambios al RORI también forman parte de los compromisos que adquirió el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, durante el camino para llegar a la silla. El 1 de julio de 2025 obtuvo el respaldo de los diputados de Vamos y otras fracciones, como Seguimos, a cambio de poner en agenda proyectos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas, pero hasta ahora no ha cumplido esa promesa. El pasado 2 de enero, durante su discurso a la Nación, se comprometió a impulsar la reforma a la Ley de Carrera Legislativa y a la Carrera Administrativa. Informó que se firmó un convenio con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que brindará asesoría y acompañamiento técnico para concretar una agenda de modernización del Palacio Justo Arosemena. Esta incluye la digitalización de los procesos administrativos y de Recursos Humanos, que actualmente se realizan de forma manual, así como la instalación de relojes biométricos y cámaras de seguridad para un mayor control y eficiencia en los registros. Yasser Yáñez [email protected] Foto de archivo de otra de las operaciones recientes de los ejercicios Panamax. Cortesía Cuatro helicópteros Black Hawk de EUA llegarán a Panamá para entrenamientos MANIOBRAS Panamá recibirá a partir de hoy cuatro helicópteros Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, como parte de las actividades de cooperación bilateral en materia de seguridad, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) a través de un comunicado. Las aeronaves —dos HH60 y dos UH-60— permanecerán en el país hasta el 26 de febrero. De acuerdo con el comunicado oficial, los helicópteros participarán en entrenamientos conjuntos con personal especializado del Senan, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto a Infantes de Marina de Estados Unidos. Las maniobras se desarrollarán en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino. Panamá y Estados Unidos mantienen desde hace años ejercicios conjuntos, entre ellos el Panamax, enfocados en la protección de la vía interoceánica y de los intereses nacionales. Según el Senan, estos entrenamientos buscan fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado, en coordinación con aliados internacionales, como parte de una estrategia preventiva y de preparación ante amenazas transnacionales. La institución subrayó que todas las actividades se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional. En abril de 2025, Panamá firmó un acuerdo en materia de seguridad firmado con Estados Unidos que amplía la presencia militar estadounidense de carácter temporal en territorio panameño y descarta la instalación de bases castrenses de ese país. El documento de 22 puntos, suscrito en el marco de una visita a Panamá del secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, “permite la presencia temporal de personal y contratistas estadounidenses para actividades como entrenamiento, ejercicios y cooperación en seguridad, pero no contempla la instalación de bases militares permanentes”. o si va a tomar distancia. DESCARO. ¿Dónde estaba la comisión evaluadora de los actos públicos convocados por la Alcaldía de San Miguelito para contratar maquinaria? Solo había que saber leer y escribir para darse cuenta de que, según la información que consta en el Registro Público, esas son empresas del mismo grupo económico. Ni siquiera tuvieron el recato de poner dignatarios distintos. Algunos datos a tener en cuenta 9 Es el número de comisionados que integran la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional. 11 Son los puntos que incluyó la agenda de la Comisión de Credenciales tratada el pasado 21 de enero. 21 Es el número de candidatos que aspiran al cargo de subcontralor general de la República, cargo que por ‘Constitución’ debe nombrar el pleno de la Asamblea Nacional, integrado por 71 diputados.
5A La Prensa Panamá, lunes 26 de enero de 2026 Panorama El Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) asumieron el compromiso de ofrecer una solución definitiva a la situación de 132 estudiantes de Medicina beneficiarios de programas de becas en universidades particulares. El anuncio se produjo tras una reunión con representantes de estas casas de estudios, en la que se acordó un trabajo coordinado para garantizar que los alumnos puedan mantenerse matriculados y continuar su formación académica sin interrupciones. Las autoridades buscan destrabar atrasos administrativos y financieros que han puesto en riesgo la continuidad de los estudios de los futuros médicos, afectados por la falta de refrendos y pagos pendientes. El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, informó que ambas instituciones revisarán de manera individual cada expediente como parte del proceso para obtener los refrendos de la Contraloría General de la República. Explicó que se han realizado varias reuniones técnicas para sustentar la documentación necesaria y cumplir con los parámetros exigidos por el ente fiscalizador. Zambrano Chang aseguró que el Minsa cuenta con el respaldo de las universidades involucradas, lo que permitirá que los estudiantes formalicen su matrícula mientras se completa el trámite administrativo. El funcionario transmitió un mensaje de tranquilidad a los becarios y afirmó que el trabajo interinstitucional permitirá que continúen su carrera sin mayores contratiempos. Por su parte, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, señaló que la entidad da seMinsa e Ifarhu acuerdan con centros privados mantener becas de Medicina guimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y que cada caso será evaluado de forma individual, debido a que los expedientes presentan situaciones distintas. Detalló que se trata de 132 estudiantes de cuatro universidades privadas, correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, y que, en la medida en que los recursos lo permitan, se pondrán al día las obligaciones financieras con los centros de estudios superiores. “Nuestro compromiso es cumplir con el debido proceso y honrar, en el menor tiempo posible, cada una de las obligaciones”, subrayó Godoy. La entidad explicó que, tras la eliminación del programa de auxilios económicos, los beneficiarios deben migrar a un nuevo esquema de becas socioeconómicas, un proceso que actualmente se encuentra en revisión legal. De acuerdo con el Ifarhu, desde enero de 2025 rige un nuevo reglamento que suprime los auxilios económicos, lo que impide continuar los pagos bajo esa figura. A esto se suma que existe un grupo de estudiantes que, pese a haber sido seleccionado como beneficiario, no llegó a firmar contrato, una omisión administrativa que en la actualidad agrava la situación. Para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, los aspirantes deben aprobar una prueba de admisión y solo se otorgan 200 cupos por año. Elysée Fernández Ministro Boyd sobre estudios de Medicina: ‘Debe haber un filtro’ Aleida Samaniego [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Autoridades de salud analizan aplicar un examen de admisión en universidades privadas, similar al de la Universidad de Panamá, para regular el ingreso a la carrera de Medicina, ante la falta de cupos de internado y la sobreoferta de médicos. El Ministerio de Salud (Minsa) evalúa establecer un sistema de filtros obligatorios para regular el ingreso a las facultades de Medicina, similar al que aplica la Universidad de Panamá (UP), ante el crecimiento sostenido de egresados, la insuficiencia de plazas para el internado y las deficiencias detectadas en la formación académica de nuevos médicos. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en una entrevista con La Prensa, reconoció que cada año se gradúan más médicos de los que el sistema público puede absorber para completar su formación práctica, requisito indispensable para obtener la idoneidad profesional. Tanto el Minsa como la Caja de Seguro Social (CSS) enfrentan limitaciones para ofrecer plazas de internado, una situación que está generando tensiones cada año. “Cada año se gradúan más médicos y no tenemos suficientes plazas para todos”, admitió el titular de Salud. El problema —explicó— no se limita únicamente a la falta de cupos, sino que revela una desarticulación entre la oferta universitaria y las necesidades reales del país. Según las proyecciones oficiales, Panamá requiere entre 400 y 500 nuevos médicos por año. Sin embargo, el número de estudiantes que inicia la carrera supera ampliamente esa cifra, lo que genera una sobrepoblación de egresados sin espacios para completar su formación clínica. Ante este escenario, Boyd Galindo sostuvo que una de las principales propuestas que analiza la mesa técnica —integrada por decanos de universidades, autoridades del sector salud y equipos académicos— es regular el ingreso a las facultades mediante un examen de admisión estandarizado, similar al que aplica la UP. “Debe haber un filtro inicial. Para estudiar Medicina se requiere vocación y conocimientos básicos”, sostuvo. El ministro explicó que la Medicina es una profesión particular, ya que es una de las pocas en las que el Estado participa directamente en el proceso de habilitación profesional. Mientras un abogado o un arquitecto puede ejercer con su título y su idoneidad, un médico necesita obligatoriamente completar su internado en una institución pública para poder ejercer. “Eso nos obliga a planificar cuántos médicos podemos formar y cuántos podemos recibir. No es solo un tema académico, es un tema de política pública”, subrayó. La falta de planificación también ha impactado el modelo de internado. Boyd Galindo indicó que en muchos países ya no existen dos años de internado, sino un esquema de un año de internado y un año de externado, modelo que Panamá deberá revisar. Pero, más allá de la duración, cuestionó la calidad del proceso formativo. Recordó que el internado es un período estrictamente docente, diseñado para que el médico adquiera destrezas prácticas bajo supervisión directa. Sin embargo, el aumento de internos ha desbordado la capacidad de los hospitales docentes. “Antes, un médico supervisaba a tres o cuatro internos. Hoy hay salas con 20 o 25. ¿Cómo se forma así un médico? ¿Cómo examinan todos a un mismo paciente? Eso no cumple ningún propósito docente”, advirtió. Quejas y deficiencias A la sobrecarga de internos se suman las deficiencias académicas de algunos egresados. Boyd Galindo reveló que ha recibido numerosas quejas de docentes y directores de hospitales sobre el bajo nivel de preparación de médicos recién graduados. “Me han dicho que lo que están recibiendo es preocupante. Un médico mal preparado no es como un profesional de otra carrera. Un error aquí puede costar una vida”, afirmó. Como parte de las medidas correctivas, el Minsa elevó recientemente el puntaje mínimo para aprobar el examen de certificación básica de Medicina —requisito para ingresar al internado— de 41 a 45 puntos, y se prevé aumentarlo hasta 70. Los resultados oficiales obtenidos por estudiantes de universidades privadas en el examen de certificación básica fueron uno de los detonantes para impulsar el debate sobre la regulación del ingreso. “No se trata de señalar a una universidad en particular, sino de estandarizar la formación y controlar el crecimiento sin planificación”, aclaró. La propuesta de establecer filtros de admisión busca, además, asegurar que los cupos disponibles en hospitales y centros de salud sean utilizados de manera eficiente y que los estudiantes que ingresen a la carrera tengan mayores probabilidades de completar exitosamente su formación. “Tenemos que ponernos todos de acuerdo: universidades, Estado y sector salud. Si no ordenamos esto ahora, el sistema va a colapsar”, advirtió. Para el ministro, elevar los estándares no implica cerrar oportunidades, sino garantizar que quienes accedan a la carrera cuenten con la preparación y la vocación necesarias. “Tenemos que poner la vara alta. Eso va a beneficiar a los estudiantes, a los hospitales y, sobre todo, a los pacientes”, concluyó. Hospitales sin cupos ni supervisión suficiente Sobre el tema, el director nacional de Docencia e Investigación de la CSS, Paulino Vigil De Gracia, advirtió que los hospitales ya no tienen capacidad para recibir a más internos ni garantizar una formación adecuada. Señaló que en los últimos dos años una gran cantidad de aspirantes al internado ha quedado fuera por falta de cupos y por la imposibilidad de cumplir con los estándares mínimos de atención a pacientes durante el año de práctica. “Eso ya se sobrepasó”, afirmó, al advertir que también existe una seria limitación en la capacidad docente para supervisar a los estudiantes. Vigil De Gracia cuestionó, además, los argumentos que plantean la necesidad de formar más médicos con base en cifras de la Organización Mundial de la Salud y sostuvo que Panamá ya cuenta con una proporción adecuada de profesionales, y lo que se requiere son especialistas. Según explicó, actualmente se gradúan cerca de 750 médicos idóneos por año, lo que implica que cada dos años se incorporan alrededor de 1,500 nuevos médicos al mercado laboral. “No puede ser que se sigan formando médicos sin control, porque el problema lo vamos a ver pronto”, advirtió, al subrayar la necesidad de regular el ingreso y mejorar la distribución de los profesionales de la salud. Postura de universidades particulares En octubre de 2025, cuando el tema fue abordado por primera vez por el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPP) emitió un comunicado de prensa en el que rechazó de manera enfática la posibilidad de regular el ingreso de estudiantes a las facultades de Medicina. Según la AUPP, limitar el acceso a la formación médica no resolverá los problemas del sistema de salud y podría incluso agravarlos, al afectar a las provincias y comarcas con menor cobertura de servicios médicos. La asociación reconoce la preocupación del Minsa por la limitada capacidad del Estado para absorber a todos los egresados en las plazas de internado, requisito indispensable para obtener la idoneidad médica y ejercer profesionalmente. Sin embargo, la AUPP asegura que esta dificultad refleja un problema estructural en la planificación y el financiamiento del sistema público de salud, y no una sobreoferta de médicos. El debate sobre la regulación del ingreso a las facultades de Medicina queda así abierto, con posiciones encontradas entre el Estado y las universidades particulares. Mientras el Minsa y la CSS insisten en la necesidad de ordenar la formación médica para evitar el colapso del sistema de internado y garantizar estándares mínimos de calidad, las casas de estudio privadas advierten sobre posibles efectos adversos en el acceso a la educación y la cobertura de salud. La discusión, que involucra planificación académica, capacidad hospitalaria y política pública, apunta a convertirse en uno de los temas clave de la agenda sanitaria del país en los próximos meses. Reunión entre autoridades del Minsa e Ifarhu con representantes de las universidades particulares. Archivo
6A La Prensa Panamá, lunes 26 de enero de 2026 Según la Ley 214 del 4 de mayo de 2021 se estableció que en Panamá las placas vehiculares metálicas tendrían una vigencia de cinco años, empezando con las emitidas en 2021, las cuales eran válidas hasta diciembre de 2025. Isaac Ortega Retraso de la ATTT tiene miles de autos en la calle con placa vencida Yaritza Mojica [email protected] TRÁNSITO VEHICULAR La iniciativa plantea modificar el artículo 1057 V del Código Fiscal para incluir estos insumos dentro de las exenciones tributarias. Como renta sustitutiva se proponen más impuestos al tabaco. Panamá enfrenta un problema en la emisión de placas vehiculares, situación que ha dejado al menos 125,000 vehículos circulando con placas vencidas y unos 5,000 autos nuevos en las calles sin placa asignada, según denuncias de conductores afectados. La Ley 214 del 4 de mayo de 2021 estableció que las placas vehiculares metálicas en Panamá tendrían una vigencia de cinco años, comenzando con las emitidas en 2021, las cuales fueron válidas hasta diciembre de 2025. La norma también introdujo el uso de calcomanías anuales para validar la placa, en lugar de cambiar la lámina metálica cada año, con el objetivo de promover la sostenibilidad y reducir costos. En este contexto, para el año 2026 la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) debía implementar un nuevo diseño de placa vehicular, con vigencia de 2026 a 2030, tal como lo establece la normativa. Sin embargo, se ha registrado un retraso en el diseño y la emisión de las nuevas placas, situación que no ha sido explicada oficialmente por la entidad. El problema, que se ha venido agravando desde finales de 2025, se debe principalmente a que la ATTT no ha culminado el proceso de licitación para el nuevo diseño de placas. Esta licitación debió completarse antes de la expiración de las placas vigentes; no obstante, su atraso podría prolongar la circulación de vehículos sin placa o con placas vencidas durante todo el año 2026. Conductores advierten que esta situación genera preocupación, ya que la falta de diligencia administrativa se ha trasladado a los compradores de autos nuevos, quienes deben tramitar placas por primera vez, así como a los propietarios que deben renovar este mes. Ambos grupos se ven obligados a gestionar salvoconductos municipales para poder circular, además de enfrentar incertidumbre con aseguradoras y contratos vehiculares. La Prensa consultó a la ATTT sobre este problema; sin embargo, la entidad indicó que el tema se encontraba en trámite con la Escuela Vocacional de Chapala, institución autorizada por ley para la confección de las placas. Hasta el momento, la ATTT no ha informado una fecha concreta para la disponibilidad de las nuevas placas. El pasado viernes 23 de enero se conoció que la entidad mantenía reuniones internas para abordar la situación. Por su parte, la Escuela Vocacional de Chapala señaló que no tiene autorización para brindar información pública sobre licitaciones ni sobre el estado del proceso de placas. No obstante, una fuente conocedora del proceso, que solicitó reserva de su idetidad por no estar autorizada a hablar, explicó que es la ATTT la entidad responsable de definir los lineamientos, tiempos y procedimientos del proceso. La fuente aclaró que existe confusión pública sobre la responsabilidad en los retrasos, ya que Chapala no recibe adjudicaciones de licitación, sino que, por mandato legal, se encarga únicamente de la confección de las placas como parte de su mecanismo de financiamiento. La licitación, precisó, corresponde exclusivamente a la adquisición del material, la cual se adjudica a una empresa externa. Asimismo, señaló que la demora no es atribuible al ente confeccionador, el cual también resulta afectado por la situación, al depender de la venta de placas para su sostenimiento institucional, que incluye programas de alimentación, salud y educación para unos 200 estudiantes. Inquietud de los conductores Ante este escenario, las preocupaciones de los conductores se centran en el aumento de retenes policiales que podrían derivar en multas, ya que las normas de tránsito continúan exigiendo portar una placa vigente y su respectiva calcomanía anual. Además, persisten dudas sobre cómo las aseguradoras y los contratos vehiculares manejarán la cobertura y el registro de autos nuevos que circulan sin placa vigente. La ATTT ha advertido en ocasiones anteriores que circular con placas vencidas puede acarrear sanciones que incluyen multas de 50 dólares y, en caso de reincidencia dentro de un periodo de 24 horas, la retención del vehículo. La tormenta de hielo y nieve ha afectado dos tercios de la geografía de EUA. EFE Protestas se toman Mineápolis, desafiando las gélidas temperaturas INMIGRACIÓN EFE. WASHINGTON, EUA Cientos de personas protestaron ayer en el centro de Mineápolis por la muerte de Alex Pretti, que falleció el sábado a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración, y pidieron nuevamente poner fin a las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Varias grupos desfilaron por la ciudad pese a las máximas de 3 grados (-16 grados centígrados) y se congregaron en torno al Ayuntamiento o al Centro de Gobierno de Hennepin, condado que forma parte de Mineápolis y que es donde falleció Pretti. Medios locales también mostraron concentraciones de gente protestando en la vecina ciudad de Saint Paul, en el entorno del edificio Federal Whipple, cuartel general de los miles de agentes que ha enviado Washington desde principios de enero para llevar a cabo redadas contra inmigrantes. Durante todo el día, grupos de ciudadanos acudieron también al lugar donde falleció Pretti, en la avenida Momento en que la ministra Molinar participaba de la reunión. Tomada de @MeducaPma ‘No podemos vivir con un programa de estudios de hace 14 años’: ministra de Educación REFORMA EDUCATIVA Aleida Samaniego C. [email protected] La ministra de Educación, Lucy Molinar, insistió en la necesidad urgente de actualizar los programas de estudio del país, en un momento que calificó como “justo y necesario” para impulsar reformas académicas tras años de retraso. Según Molinar, existen modificaciones curriculares que llevan hasta 14 años sin revisión, un atraso que, aseguró, “ya no es sostenible frente a los cambios acelerados que ha experimentado el mundo en la última década”. “No estamos a tono con los tiempos; no podemos vivir con un programa de estudios que hoy lleva mi firma de hace 14 años. Eso no puede ser. Un país que se da ese lujo es un país que no piensa en su gente joven”, enfatizó la titular de Educación, subrayando la urgencia de modernizar el sistema educativo en beneficio de las nuevas generaciones. Sus declaraciones tuvieron lugar durante una reunión con directores de escuelas oficiales en Veraguas el sábado, en la que habló sobre el rediseño curricular. Molinar destacó que desde 2014 hasta la fecha, el mundo ha experimentado transformaciones radicales, mientras que el sistema educativo panameño ha permanecido rezagado, lo que hace indispensable un proceso de actualización permanente que permita a los estudiantes enfrentarse a los retos contemporáneos. En ese contexto, el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación (Meduca), presentará este año una reforma a la Ley Orgánica de Educación, con el objetivo de adecuarla a las nuevas realidades académicas y sociales del país. La iniciativa busca que los programas educativos reflejen los avances tecnológicos, metodológicos y científicos que impactan la formación de los estudiantes. De forma paralela, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional ha iniciado, de manera independiente, una ronda de conferencias con expertos internacionales para conocer las tendencias y actualizaciones educativas, especialmente en la región. Este proceso permitirá al parlamento discutir y ajustar las reformas con base en experiencias comparadas y mejores prácticas internacionales. Será esta comisión legislativa la encargada de debatir en primera instancia las reformas que se propongan en materia educativa, antes de que se integren al marco legal nacional. Según fuentes del Meduca, la intención es que los cambios sean sostenibles, flexibles y adaptables, de modo que los programas no queden obsoletos nuevamente en una década. La ministra Molinar enfatizó que la educación es un pilar estratégico para el desarrollo del país, y que postergar la modernización de los programas académicos equivale a comprometer el futuro de las nuevas generaciones. “No podemos seguir con un sistema que no responde a los retos actuales ni prepara a nuestros jóvenes para el mundo que les espera”, recalcó. Los especialistas que participan en las conferencias organizadas por la Asamblea Nacional han coincidido en que la actualización educativa no solo debe enfocarse en contenidos académicos, sino también en competencias digitales, pensamiento crítico, innovación y sostenibilidad, áreas fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes en el siglo XXI. Con estas iniciativas, Panamá busca recuperar el tiempo perdido y asegurar que su sistema educativo esté alineado con las tendencias globales, al mismo tiempo que responde a las necesidades locales. La expectativa es que estas reformas permitan un aprendizaje más dinámico, inclusivo y conectado con la realidad social y tecnológica del país, fortaleciendo la preparación de los jóvenes para enfrentar los desafíos del futuro. Nicollet, para depositar flores y honrar su memoria. Las autoridades del estado y de Minéapolis que las protestas registraron momentos tensos, pero hasta el momento han sido mayoritariamente pacíficas. La ciudad cuenta actualmente con un gran despliegue policial y, en determinadas zonas, de la Guardia Nacional a petición del propio estado, para garantizar la seguridad. Agentes de inmigración abatieron a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE. Pretti falleció tras interponerse entre agentes migratorios y dos mujeres que protestaban contra sus operaciones. Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso. El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, aseguró que Pretti trató atacar a los agentes y de blandir su arma, pese a que ninguna de las múltiples imágenes del sucesos muestran nada semejante, y la propia secretaria del departamento, Kristi Noem, acusó al hombre de “terrorismo doméstico”. Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.
7A La Prensa Panamá, lunes 26 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. munidades que las valoren como propias. En ese marco cobra sentido el 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, que no debería entenderse como una fecha protocolaria, sino como un llamado a repensar cómo educamos, decidimos y convivimos con la naturaleza. La figura de Jane Goodall (1934) ofrece una brújula ética. Más allá de su legado científico con los chimpancés, su aporte reside en demostrar que la empatía, la observación rigurosa y la acción constante pueden transformar la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Su programa Roots & Shoots resume una pedagogía poderosa: aprender, servir y actuar. No basta con indignarse; hay que organizarse. No basta con amar la naturaleza; hay que defenderla con hechos. Inspirados en ese espíritu surge la visión de una Escuela de Educación Ambiental “Jane Goodall”, concebida no como un edificio aislado, sino como un modelo de formación continua, presente en territorios críticos como la península de Burica, una de las últimas fronteras de biodiversidad especial de Panamá. Allí, donde bosques fragmentados con especies endémicas conviven con potreros y asentamientos humanos, la educación ambiental debe ser realista y esperanzadora. Debe demostrar que conservar no es renunciar al desarrollo, sino rediseñarlo. En ese contexto, enseñar que un mono aullador no es solo un animal, sino un indicador de salud ecosistémica; que un bosque nuboso no es tierra ociosa, sino Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Ese problema de la basura es mío también Manejo de residuos visual de una ciudad que ha convertido en paisaje —algo normal— que desechos y residuos estén a la vista de todos. En este caso, no solo como un problema estético, sino también ambiental, de olores y de expansión de enfermedades. Y, si bien ciertas zonas de la ciudad y del país están más afectadas que otras, esta problemática pareciera discriminar menos que otras cuestiones en el país. En cuanto al tratamiento, cerca del 35% de los desechos termina en botaderos ilegales, ríos, quebradas, playas o en quemas al aire libre. Como muestra práctica y cercana del problema, las provincias de Los Santos y Herrera han enfrentado una grave crisis de contaminación del agua potable, un bien básico, debido al vertido de residuos porcinos sin tratamiento adecuado. Por otro lado, aquel porcentaje que termina en sitios legales se deposita en dos principales rellenos sanitarios (Cerro Patacón y Río de Jesús) y en más de 60 vertederos a cielo abierto. El primero de los rellenos sanitarios, Cerro Patacón, sufre múltiples incendios que siguen generando problemas en la calidad del aire de la capital y no parece haber solución a la vista. Al igual que con el asunto de las basuras en las calles, se ha normalizado por completo que en ciertas épocas del año el humo afecte la salud de la población, en particular de las 6,000 personas que viven cerca de allí, pero también de Sergio García Rendón Educación ambiental: la ruta correcta Día Mundial Hace décadas, en las aulas panameñas donde crecí, el ambiente era un tema marginal. Se hablaba de cárcavas o del agujero en la capa de ozono como curiosidades aisladas, sin comprender que formaban parte de un sistema vivo y vulnerable. Hoy, aunque términos como biodiversidad o cambio climático circulan con facilidad, seguimos perdiendo bosques, contaminando ríos y normalizando la destrucción como si fuese el precio inevitable del progreso. La paradoja es clara: sabemos más, pero actuamos menos. El verdadero reto no es la información, sino la formación. La educación ambiental auténtica no se limita a repetir conceptos; forma conciencia, construye ética y enseña a ver las conexiones invisibles entre bosque y agua, suelo y alimento, política y bienestar colectivo. Sin ella, ciudadanos, empresarios y gobernantes terminan siendo parte del problema, no de la solución. Panamá, país megadiverso y profundamente vulnerable, necesita con urgencia una cultura ambiental arraigada. No basta con leyes si no hay ciudadanos capaces de exigir su cumplimiento. No basta con áreas protegidas si no hay coinfraestructura natural que garantiza agua limpia aguas abajo; que el manglar no estorba, sino que protege costas y sustenta pesquerías. Esa es la educación que transforma percepciones y prácticas. Pero esta tarea no puede recaer únicamente en maestros idealistas o iniciativas aisladas. Requiere compromiso colectivo. El sector privado y los medios deben entender que la responsabilidad ambiental no es marketing, sino prevención. La política pública debe dejar de tratar el ambiente como un trámite burocrático y reconocerlo como una inversión estratégica. El sistema educativo debe integrar la ecología con enfoque local, vinculando aula y territorio. Y los medios deben elevar el debate, sin normalizar la destrucción. Como advirtió Jane Goodall, el mayor peligro para nuestro futuro es la apatía. Este 26 de enero, Panamá enfrenta una decisión clara: ¿formaremos consumidores pasivos del territorio o guardianes conscientes de un patrimonio natural irrepetible? La respuesta no está en los discursos, sino en las decisiones cotidianas: en lo que enseñamos, en lo que exigimos y en lo que protegemos. La escuela “Jane Goodall” no aspira a ser un monumento, sino una promesa: que con educación, empatía y acción aún es posible construir un Panamá donde la naturaleza no sea el fondo de la historia, sino su protagonista. Instamos a cada ciudadano, desde cualquier oficio, a convertirse en el mejor maestro de la mejor educación ambiental, aquella que enseña a respetar, amar y proteger la naturaleza y todos los elementos físicos y biológicos que la constituyen. No es pedir mucho: es pedir lo mínimo que todos debemos aportar. Opinión EL AUTOR es biólogo y presidente de Proyecto Primates Panamá. EL AUTOR es investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). toda la capital, como si no hubiera nada por hacer frente a ello, como si fuera un asunto sobre el que el destino ya hubiera decidido. En cuanto a los vertederos, 58 de ellos se suman a 630 cementerios como lugares que están en crisis ambiental, según Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización. En sus palabras, se trata de una problemática nacional que requiere acciones urgentes y políticas públicas sostenidas, dado que están saturados o colapsados, impactando en la salud pública, el ambiente y la dignidad humana. Con todo esto, resulta innegable que las basuras son un problema que compete a toda la ciudadanía; que aspectos como la salud y el bienestar general se ven influenciados negativamente por ello; pero también actividades económicas como el turismo, que se supone crucial para la economía del país. Y es quizás por eso —por ser un problema que, como la educación y la salud, atañe a todos— que su atención revela la idea que las élites políticas y la sociedad panameña en su conjunto tienen hoy sobre lo público, sobre eso que debiera ser tratado como de todas las personas por igual. Ninguna sociedad puede avanzar en su desarrollo sin acuerdos fundamentales y cooperación en torno a las bases de la calidad de vida de sus habitantes. Es lo mínimo: equivale a cuidarse a uno mismo y al futuro. No es un asunto de derechas o izquierdas, de un bando o de otro, porque si hay algo que requiere cooperación interinstitucional y capacidad de advertir la urgencia es el tratamiento integral de los desechos y las basuras. Ante la duda, quienes han hecho el trabajo de diagnosticar, planificar y dar visibilidad a esta situación deberían ser respaldados no solo por las instituciones y las élites políticas y económicas, sino también por la ciudadanía en general. Panamá y su ciudadanía tienen un serio problema de disposición, recolección y tratamiento de basuras. Para comenzar, el promedio de producción de desechos de una persona en Panamá es de 1.2 kilos por día, como lo recoge un informe del Observatorio Panameño de Riesgos Ambientales (OPRA). Esta cifra está por encima de la media de la región (1.0 kilos por día), que ya es alta en comparación con el resto del mundo (0.8 kilos por día). Eso significa que en Panamá se generan 5,500 toneladas de basura al día, algo así como el peso de 40 cruceros de Royal Caribbean, y que anualmente son casi dos millones de toneladas. Aunque, por supuesto, puede haber diferencias entre distintas zonas del país, por ejemplo entre áreas urbanas y rurales, lo cierto es que las personas en el país producen en promedio más basura de lo usual, lo que se agrava cuando tan solo un 5% de esos desechos entra en un proceso de reciclaje. En segundo lugar, la percepción de la ciudadanía con respecto a la recolección de basuras es negativa. Según la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS, recientemente publicada y a la que se puede acceder en línea, 6 de cada 10 personas en Panamá creen que es malo o muy malo el servicio. Dicha cifra está respaldada, además, por la evidencia Ariel Rodríguez Vargas La crisis de la basura en Panamá no es solo un problema técnico o municipal, sino un reflejo de debilidades institucionales, hábitos ciudadanos y falta de cooperación sostenida. Don Justo Arosemena, ¿cómo le explico? Liberalismo Cerca de cumplirse 130 años de su desaparición física, plantearse la tarea de explicarle el Panamá de hoy a Justo Arosemena no sería un tedioso ejercicio de introspección o recapitulación histórica, sino uno de vergüenza intelectual. No porque el presente sea incomprensible, sino porque muchas de las cosas que hoy dejaron de sorprendernos o indignarnos, por simple repetición, fueron advertidas hace más de un siglo con una claridad que preferimos ignorar. Arosemena no fue un prócer decorativo ni un nombre útil para avenidas. Fue, sobre todo, un pensador que entendió algo esencial para América Latina: que el problema no era solo político, sino estructural y moral. Que, sin instituciones fuertes, sin reglas claras y sin una ciudadanía capaz de pensar más allá de la emoción inmediata, cualquier proyecto republicano estaba condenado a deteriorarse con el paso del tiempo. El liberalismo que defendía no era una consigna ni una pose ilustrada, sino un sistema incómodo de límites, responsabilidades y distribución racional del poder. Esta recreación de la escena del crimen social en la que vivimos implicaría reconocer que muchas de sus ideas no fracasaron por ingenuas, sino por impopulares. Su ideal liberal, pensado como equilibrio entre libertad individual, Estado funcional y bien común, fue desplazado por salidas rápidas y cómodas. Emociones desbordadas, moralismos oportunistas y decisiones políticas cortoplacistas dieron paso a una versión caricaturesca del orden: centralismo con dependencia excesiva, discursos morales vacíos y una profunda desconfianza hacia cualquier idea que exija disciplina colectiva y responsabilidad individual. Panamá es un caso ejemplar de esa contradicción. Un país con todas las ventajas conocidas por propios y extraños, pero atrapado en una crisis permanente de identidad. No somos del todo centroamericanos, ni sudamericanos, ni caribeños; somos los tres y ninguno al mismo tiempo. Esa indefinición cultural ha sido aprovechada para justificar la improvisación. Donde debía haber proyecto, hubo parche barato y mal puesto. Donde debía haber política pública, hubo ocurrencia sin pensar en consecuencias. Donde debía haber racionalidad, se premió la viveza. Arosemena entendía que el federalismo no era una excentricidad, sino una respuesta lógica a esa realidad: acercar el poder a la gente, reducir la burocracia inútil y permitir que cada región se gobernara según sus necesidades reales. Esa idea chocó, y sigue chocando, con una cultura profundamente conservadora en lo político, aunque se disfrace de modernidad. Una cultura que prefiere el control concentrado, la moral dogmática y el discurso fácil, incluso cuando eso implique desigualdad, abandono de lo necesario y la corrupción como estandarte. Esta ilustración también obligaría a hablar del populismo, no como accidente, sino como consecuencia. Cuando el liberalismo se vacía de contenido y se reduce a una etiqueta, deja un espacio perfecto para que la emoción suplante a la razón. En ese vacío, el resentimiento se organiza, el miedo se capitaliza y la moral se convierte en el látigo con el que se defiende lo indefendible. Explicarle el 2026 no sería contarle una anécdota, sino hacerle una confesión colectiva. Decirle que su mayor error no fue pensar demasiado grande, sino asumir que las ideas sobreviven solas al desgaste de la mediocridad. Y aceptar que cada uno de nosotros, aunque sea en una fracción mínima, ha sido funcional a la deriva. Porque si algo dejó claro Arosemena es que las repúblicas no colapsan de golpe: se desgastan lentamente cuando el pensamiento incómodo se abandona y demasiada gente decide que no hacer nada también es una forma de participar. EL AUTOR es amigo de la Fundación Libertad. Juan Fernández García Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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