5A La Prensa Panamá, domingo 25 de enero de 2026 Panorama Fotografía de archivo del concentrado de cobre que estuvo represado en la mina y posteriormente fue exportado. Cortesía Auditoría a la mina de Donoso entra en fase clave Reyna Katiuska Hernández [email protected] AMBIENTE El segundo informe de avance de la auditoría integral al proyecto Cobre Panamá confirma que el proceso se encuentra en etapa de análisis y validación técnica, tras contrastar información de campo con obligaciones ambientales, técnicas y legales. E l Ministerio de Ambiente (Miambiente) publicó el segundo informe de avance de la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón, documento que marca el ingreso del proceso a una fase de análisis detallado e integración multidisciplinaria de resultados, tras la primera inspección de campo. El documento, elaborado por SGS Panama Control Services Inc., corresponde al Informe Mensual No.02, que abarca el período del 8 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, y se centra en la verificación del cumplimiento de los 370 compromisos ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (ESIA), así como en los Términos de Referencia y componentes técnicos del proyecto minero. Según el informe, durante el período evaluado “se ejecutaron acciones dirigidas a consolidar la planificación operativa, el seguimiento técnico y la sistematización de las evidencias recabadas”. De acuerdo con Miambiente, en esta etapa el equipo auditor realizó el contraste de la información levantada en campo con la documentación técnica y normativa del proyecto, con el objetivo de sustentar conclusiones verificables, trazables y científicamente fundamentadas. El informe detalla además los avances en la planificación operativa de la auditoría, el seguimiento técnico de los distintos componentes mineros y la sistematización de evidencias recopiladas durante las inspecciones. El alcance de la auditoría integral, según el informe mensual, incluye la revisión de aspectos ambientales, técnicos, legales, laborales y tributarios, así como la identificación de riesgos actuales y pasivos ambientales potenciales asociados al proyecto. El documento establece que el objetivo del proceso es “realizar una verificación de cumplimiento, así como un diagnóstico detallado de la situación actual en términos ambientales, legales, laborales, tributarios, operacionales y de riesgos asociados al proyecto”, incluyendo “una evaluación de los pasivos ambientales a futuro”. No obstante, se aclara que el proceso no contempla la evaluación de arbitrajes internacionales ni disputas legales ajenas al cumplimiento de las obligaciones ambientales y operativas. El Ministerio de Ambiente aclaró que, actualmente, la auditoría se encuentra en una fase de análisis, integración y validación cruzada de información, por lo que los hallazgos identificados hasta el momento tienen carácter preliminar y están sujetos a verificación técnica y documental. El despacho que dirige Juan Carlos Navarro indicó que, una vez culminadas estas etapas, los resultados consolidados serán presentados en el informe final, el cual ofrecerá una evaluación objetiva del desempeño ambiental, técnico y normativo del proyecto. El Ministerio de Ambiente reiteró su compromiso con la transparencia y la aplicación rigurosa de la legislación ambiental, subrayando que la auditoría se desarrolla bajo estándares internacionales de independencia, trazabilidad y rigor técnico. La entidad aseguró que los resultados parciales y finales serán comunicados oportunamente conforme avance el proceso. Estatus de las operaciones mineras Actualmente, los arbitrajes internacionales que pesaban sobre el Estado tras el cierre de las operaciones de la mina de Cobre Panamá, en noviembre de 2023 —luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato entre el Estado y la filial de First Quantum Minerals— se mantienen suspendidos. En su lugar, se abrió un período de conversaciones que incluye la aprobación, en mayo de 2025, del Plan para la Preservación y Gestión Segura del proyecto, así como la auditoría integral que actualmente está en desarrollo. Como parte de estas medidas, el Gobierno también autorizó la exportación del concentrado de cobre acumulado tras el cierre, operación que generó $29 millones en regalías para el Estado. Otra de las acciones aprobadas contempla el procesamiento de material rocoso existente en la mina, lo que implicará la contratación de unas 700 personas. Puntualmente se procesarán más de 38 millones de toneladas de roca, cuyo tratamiento generará alrededor de 70 mil toneladas de cobre. No obstante, el Gobierno ha reiterado que esta actividad no supone la reactivación total de las operaciones mineras, sino una medida puntual vinculada a la gestión segura del sitio.
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