2A La Prensa Panamá, jueves 22 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Aaron Mizrachi. Archivo Ronny Mizrachi queda fuera del caso por un fallo de septiembre de 2025 La juez penal Baloisa Marquínez excluyó a Aaron Ronny Mizrachi Malca del juicio del caso Odebrecht, luego de que su abogado aportara copia de un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que anuló los cargos en su contra por blanqueo de capitales. Previamente, la Fiscalía Especial Anticorrupción advirtió a la juez Marquínez que ese fallo había sido apelado, recurso que todavía no ha sido decidido por la Corte Suprema de Justicia. Pero la juez analizó la petición de Basilio González, abogado de Mizrachi, que insistió que su defendido no podía ser enjuiciado hasta que se resolviera esa apelación. La juez le dio la razón. La decisión fue adoptada ayer. Nueve días antes, cuando inició el juicio, Mizrachi se había declarado inocente. Hasta ahora, Mizrachi no ha acudido personalmente al juicio. Sus intervenciones han sido a través de la plataforma virtual Zoom. Señalamientos Ronny Mizrachi es cuñado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (también enjuiciado en esta causa) y padre del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Él mismo admitió que su sociedad Caribbean HoldingServices Ltd., recibió dinero de Odebrecht, el cual posteriormente redireccionó a Martinelli Berrocal y sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares; Riccardo Francolini; el expresidente Juan Carlos Varela y la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A. Francolini, Varela y José Domingo Arias también están imputados, aunque Francolini -como Ronny Mizrachi- fue excluido del juicio este miércoles, pero en su caso por haber pactado un acuerdo de pena. Varela tampoco está presente en la sala de la juez Marquínez, ya que a él lo procesa la Corte Suprma, por su condición de parlamentario centroamericano. La decisión que lo salvó El fallo del 1 de septiembre de 2025, suscrito por los magistrados Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, del Primer Tribunal Superior, se sostiene que la Fiscalía Especial Anticorrupción incurrió en un “error de ausencia de especificación sobre el modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi, lo cual -según el tribunal- encuadra plenamente en la causal de nulidad contenida en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial. Los magistrados sostienen que no se precisó la fecha, modo y lugar en que ocurrió la conducta imputada a Mizrachi, ni se estableció de manera clara su participación individual en los hechos investigados. Con fundamento en el artículo 1138 del Código Judicial, se admitió la decisión del trámite a favor de Mizrachi. Juan Manuel Díaz [email protected] Defensas despliegan pruebas y juez decreta un día de receso Unas 50 pruebas extraordinarias fueron presentadas por los abogados defensores en el juicio por los sobornos de Odebrecht en la tarde de ayer, como parte de una estrategia orientada a desvirtuar los cargos por blanqueo de capitales y buscar la exoneración de sus representados. Más temprano, los abogados defensores de todos los imputados se habían opuesto a las pruebas extraordinarias presentadas por la fiscalía, así como a la incorporación de un testigo protegido. Las objeciones se centraron en la supuesta falta de idoneidad de los intérpretes que tradujeron documentos procedentes de Estados Unidos, Singapur, Perú, Andorra y Antigua y Barbuda, además de cuestionamientos sobre su autenticidad y certificación. Las defensas también rechazaron las pruebas aportadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, vinculadas al proceso seguido contra Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ya condenados en Brooklyn. Alegaron que parte del material probatorio carece de apostilla, sellos oficiales o corresponde a copias simples, lo que —según los abogados— vulnera garantías del debido proceso. Entre las pruebas presentadas, Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhatka, aportó siete documentos, incluidas certificaciones de la Autoridad de los Servicios Públicos relacionadas con Corporación de Energía del Istmo. En tanto, Rolando Rodríguez, defensor de Demetrio Papadimitriu, presentó siete pruebas, entre ellas un informe de auditoría de la Contraloría, firmado por el contralor Anel Flores, que —según la defensa— descarta un posible enriquecimiento injustificado. Por su parte, Arturo Saurí, abogado de Carlos Dubois, solicitó una prueba pericial mediante la comparecencia del perito forense Erasmo Moreno. Aníbal Salas pidió la declaración del gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, mientras que Sidney Sitton, en representación de Aurora Muradaz, solicitó la comparecencia del perito Eliseo Ábrego, autor de un informe de actuación financiera. La defensa del expresidente Ricardo Martinelli, a cargo de Carlos Carrillo, presentó 17 pruebas extraordinarias, entre ellas el alegato de que a su cliente no se le levantó el principio de especialidad para investigarlo por el caso Odebrecht. También aportó una certificación del Tribunal Electoral sobre los fondos manejados en su campaña presidencial, así como copias de fallos emitidos en Brasil que anulan actuaciones del caso Lava Jato. Asimismo, la defensa de Federico Suárez presentó tres pruebas, incluido un informe de auditoría privada sobre las actividades del Grupo Suárez y el Grupo Martinelli. Tras la presentación, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso hasta mañana, para que la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presente sus objeciones a las pruebas aportadas por la defensa. Riccardo Fancolini y Ricardo Martinelli en el período 2009-2014. Archivo Francolini acepta delito de blanqueo y pagará $1.9 millones Juan Manuel Díaz Mónica Palm [email protected] La jueza Baloisa Marquínez validó un acuerdo de pena con Riccardo Francolini que implica 30 meses de cárcel que pueden ser conmutados por días multa e, incluso, por trabajo comunitario. La juez penal Baloisa Marquínez validó un acuerdo de pena pactado con el imputado Riccardo Francolini Arosemena, al reanudarse ayer el juicio por los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá entre 2010 y 2014. Como parte del acuerdo, Francolini reconoce la comisión del delito de blanqueo de capitales. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo indicó que la sanción impuesta es de 30 meses de prisión y la devolución de $1.9 millones. Dado que la pena de prisión es inferior a 60 meses, Francolini podrá pedir su sustitución por el pago de días multa o incluso por trabajo comunitario. Para eso tendría que solicitar una audiencia ante un juez de cumplimiento, quien deberá aprobar cualquier reemplazo o modificación a la sanción impuesta este miércoles por la juez Marquínez. Francolini no estaba presente en la sala. Su participación fue por Zoom. Este es el segundo acuerdo de pena alcanzado por Francolini, en un proceso por blanqueo de capitales. Antes pactó uno (que también era de colaboración) en el denominado caso New Business, sobre la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos públicos. Este acuerdo también fue validado en su momento por la juez Marquínez. Así inició la jornada El juicio debía iniciar a las 8:30 a.m., pero la fiscal anticorrupción Morcillo comunicó de inmediato a la juez Marquínez que el día antes, 20 de enero, se concretó el acuerdo, luego de que la abogada de Francolini expresara que su cliente aceptaba una salida “alternativa” del proceso. Por tanto, la juez ordenó desalojar la sala y se quedó únicamente con las partes involucradas: la fiscal Morcillo, el abogado del Ministerio de Seguridad Pública (que participa como querellante) y la abogada defensora del imputado, Marcela Arauz. Un fallo adoptado en septiembre pasado salva a Ronny Mizrachi: la juez Marquínez lo excluye del juicio de Odebrecht. ¿De qué se le acusa? Francolini, exbanquero y socio de Martinelli Berrocal, fue presidente de la junta directiva del estatal Caja de Ahorros durante todo el mandato presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). La Fiscalía Anticorrupción probó en su investigación que Francolini era el beneficiario de varias sociedades que recibieron fondos de Odebrecht, en cuentas fuera de Panamá. Solo una sociedad (Fidcross Holding) captó $4 millones. Además del caudal de pruebas, está la declaración del comerciante Ramón Carretero Napolitano, quien hace años pactó un acuerdo de pena con la fiscalía y se presume que actualmenparticipó en esta triangulación porque se lo pidió Francolini, apelando a una vieja amistad entre ambos. Al final, era él quién giraba las instrucciones y disponía del dinero. Francolini también era cliente de Cort Business Brokers & Consultors, la firma del abogado Mauricio Cort y García, quien confesó ser un intermediario entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y varios contratistas, incluyendo Odebrecht. En España, Cort ha sido señalado como “testaferro” de los Martinelli. La firma de Cort recibía la plata de Odebrecht en una cuenta en BPA y luego la transfería a una sociedad en la que Francolini tenía 33% de participación (y en la que también tenía interés el exministro Federico Suárez). Francolini trabajó alguna vez en la constructora familiar de Suárez, empresa en la que Martinelli fue socio. Cort también tiene un acuerdo de colaboración y de pena con la fiscalía. Los otros acuerdos ‘in extremis’ Este sería el tercer acuerdo de pena alcanzado por la fiscalía y los abogados defensores desde el inicio del juicio, el pasado 12 de enero. El primer día, la juez Marquínez validó los acuerdos a favor de Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa. En esa ocasión, se informó que uno de los procesados aceptó devolver la suma de $500,000 y cumplir una pena de 40 meses de prisión. El juicio es retransmitido por prensa.com, aunque se interrumpió la transmisión mientras se llevó a cabo la audiencia de validación de acuerdo. te está en Venezuela, donde se recupera de las heridas que sufrió en un accidente de avioneta en septiembre de 2025. En una declaración indagatoria rendida el 9 de octubre de 2020, en la embajada de Panamá en La Habana, Cuba, Carretero contó que permitió que Odebrecht transfiriera fondos a una cuenta suya en un banco chino, a nombre de Jiu Shun International. Luego movió la plata a la cuenta en Panamá de Corporación Logística del Caribe, S.A., también de su propiedad. Carretero declaró que ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA
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