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1A La Prensa Panamá, jueves 22 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 22 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15269 Hoy por hoy El acuerdo de pena alcanzado por Riccardo Francolini vuelve a exponer una de las paradojas más incómodas del caso Odebrecht en Panamá. A pesar de las reiteradas declaraciones de inocencia de varios imputados, hoy no existe duda de que la constructora brasileña no fue mezquina al repartir coimas. Los acuerdos de pena, las confesiones previas y el volumen probatorio confirman que operó un sistema estructurado de corrupción. El caso de Francolini resulta revelador. Se trata de su segundo acuerdo de pena en procesos por corrupción y de una figura estrechamente vinculada al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y a su entorno político y financiero, incluidos sus hijos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, quienes ya cumplieron condenas en Estados Unidos por recibir sobornos de Odebrecht. Pensar que alguien con ese nivel de cercanía y poder desconocía las prácticas que imperaban en ese entorno resulta, como mínimo, poco creíble. Aunque Ellas.pa Feria del Sancocho Panameño 6B Panamá sale con la misión de vencer a México en el Rommel 5B Deportes Panorama Comisión de Gobierno excluye agenda anticorrupción 4A Francolini pacta acuerdo; Mizrachi queda fuera del caso Juan Manuel Díaz [email protected] El imputado Riccardo Francolini aceptó la comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht en un acuerdo que implica una sanción de $1.9 millones y una pena de 30 meses de prisión. Dado que esa pena es menor a los 60 meses, puede pedir a un juez de cumplimiento días multa o trabajo comunitario. El acuerdo fue validado por la jueza Baloisa Marquínez. También ayer, en el cuarEl exsocio de Ricardo Martinelll aceptó el delito de blanqueo de capitales en el proceso de los sobornos. to día de audiencia, Marquínez excluyó a Aaron Ronny Mizrachi del proceso basándose en un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que anuló los cargos en su contra por blanqueo de capitales. VEA 2A Wilfredo Jordán [email protected] En el Foro Visión Coclé 2026, organizado por La Prensa y Mi Diario, cuatro panelistas analizaron la redefinición económica de la provincia. Gabriel Díez Montilla, Eric Molino Ferrer, Maru Gálvez y Víctor Concepción Perén debatieron empleo, inversión privada, agroexportación, turismo y minería. El encuentro puso sobre la mesa el impacto laboral, la informalidad y la reactivación productiva, así como la necesidad de reglas claras PERSPECTIVA ECONÓMICA Foro Visión Coclé: empleo y sectores clave en debate Riccardo Francolini LP Aaron Mizrachi LP Víctor Concepción Perén, Eric Molino Ferrrer, Maru Gálvez y Gabriel Díez. Anel Asprilla San Miguelito: Flores reduce de $50 mil a $1,000 el límite de refrendo Yasser Yáñez Yaritza Mojica [email protected] La Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, redujo de $50 mil a $1,000 el límite para el refrendo delegado en el Municipio de San Miguelito, encabezado por la alcaldesa Irma Hernández. Además, la entidad centralizó el trámite de planillas en su sede principal, tras cuestionamientos por el manejo de fondos municipales. La decisión se da en medio de la disputa entre el Ejecutivo y el Municipio de San Miguelito por la recolección de basura, luego de que el contralor se negara a refrendar contratos y solicitara a Hernández atender la situación con la empresa Revisalud. En Davos, Donald Trump descartó usar la fuerza para anexionar Groenlandia y habló de un principio de acuerdo, aunque mantuvo un tono intimidante hacia los aliados. El anuncio se produjo tras reunirse con Mark Rutte, secretario general de la OTAN. El giro calmó los mercados, en un contexto geopolítico que también mantiene bajo atención estratégica al Canal de Panamá. VEA 9A Y 2B De la amenaza al acuerdo: Trump negocia Groenlandia en Davos para impulsar el crecimiento regional. El foro sirvió como espacio de diálogo sobre los retos estructurales de Coclé y las perspectivas económicas hacia 2026, con énfasis en bienestar, desarrollo sostenible, cohesión social territorial y competitividad provincial a largo plazo. VEA 1B el acuerdo está previsto en la ley, el desenlace es decepcionante. Francolini, confeso en dos ocasiones, evita una condena proporcional mediante un arreglo que combina la devolución de $1.9 millones y una pena de 30 meses. A ello se suma la suspensión del proceso contra Aaron Mizrachi, tras un amparo concedido con anterioridad, un hecho que acentúa la fragmentación del juicio. El problema no es jurídico, sino institucional: cuando la corrupción se negocia o se diluye sin consecuencias ejemplares, la justicia pierde capacidad disuasiva. JUICIO ODEBRECHT

2A La Prensa Panamá, jueves 22 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Aaron Mizrachi. Archivo Ronny Mizrachi queda fuera del caso por un fallo de septiembre de 2025 La juez penal Baloisa Marquínez excluyó a Aaron Ronny Mizrachi Malca del juicio del caso Odebrecht, luego de que su abogado aportara copia de un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que anuló los cargos en su contra por blanqueo de capitales. Previamente, la Fiscalía Especial Anticorrupción advirtió a la juez Marquínez que ese fallo había sido apelado, recurso que todavía no ha sido decidido por la Corte Suprema de Justicia. Pero la juez analizó la petición de Basilio González, abogado de Mizrachi, que insistió que su defendido no podía ser enjuiciado hasta que se resolviera esa apelación. La juez le dio la razón. La decisión fue adoptada ayer. Nueve días antes, cuando inició el juicio, Mizrachi se había declarado inocente. Hasta ahora, Mizrachi no ha acudido personalmente al juicio. Sus intervenciones han sido a través de la plataforma virtual Zoom. Señalamientos Ronny Mizrachi es cuñado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (también enjuiciado en esta causa) y padre del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Él mismo admitió que su sociedad Caribbean HoldingServices Ltd., recibió dinero de Odebrecht, el cual posteriormente redireccionó a Martinelli Berrocal y sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares; Riccardo Francolini; el expresidente Juan Carlos Varela y la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A. Francolini, Varela y José Domingo Arias también están imputados, aunque Francolini -como Ronny Mizrachi- fue excluido del juicio este miércoles, pero en su caso por haber pactado un acuerdo de pena. Varela tampoco está presente en la sala de la juez Marquínez, ya que a él lo procesa la Corte Suprma, por su condición de parlamentario centroamericano. La decisión que lo salvó El fallo del 1 de septiembre de 2025, suscrito por los magistrados Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, del Primer Tribunal Superior, se sostiene que la Fiscalía Especial Anticorrupción incurrió en un “error de ausencia de especificación sobre el modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi, lo cual -según el tribunal- encuadra plenamente en la causal de nulidad contenida en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial. Los magistrados sostienen que no se precisó la fecha, modo y lugar en que ocurrió la conducta imputada a Mizrachi, ni se estableció de manera clara su participación individual en los hechos investigados. Con fundamento en el artículo 1138 del Código Judicial, se admitió la decisión del trámite a favor de Mizrachi. Juan Manuel Díaz [email protected] Defensas despliegan pruebas y juez decreta un día de receso Unas 50 pruebas extraordinarias fueron presentadas por los abogados defensores en el juicio por los sobornos de Odebrecht en la tarde de ayer, como parte de una estrategia orientada a desvirtuar los cargos por blanqueo de capitales y buscar la exoneración de sus representados. Más temprano, los abogados defensores de todos los imputados se habían opuesto a las pruebas extraordinarias presentadas por la fiscalía, así como a la incorporación de un testigo protegido. Las objeciones se centraron en la supuesta falta de idoneidad de los intérpretes que tradujeron documentos procedentes de Estados Unidos, Singapur, Perú, Andorra y Antigua y Barbuda, además de cuestionamientos sobre su autenticidad y certificación. Las defensas también rechazaron las pruebas aportadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, vinculadas al proceso seguido contra Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ya condenados en Brooklyn. Alegaron que parte del material probatorio carece de apostilla, sellos oficiales o corresponde a copias simples, lo que —según los abogados— vulnera garantías del debido proceso. Entre las pruebas presentadas, Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhatka, aportó siete documentos, incluidas certificaciones de la Autoridad de los Servicios Públicos relacionadas con Corporación de Energía del Istmo. En tanto, Rolando Rodríguez, defensor de Demetrio Papadimitriu, presentó siete pruebas, entre ellas un informe de auditoría de la Contraloría, firmado por el contralor Anel Flores, que —según la defensa— descarta un posible enriquecimiento injustificado. Por su parte, Arturo Saurí, abogado de Carlos Dubois, solicitó una prueba pericial mediante la comparecencia del perito forense Erasmo Moreno. Aníbal Salas pidió la declaración del gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, mientras que Sidney Sitton, en representación de Aurora Muradaz, solicitó la comparecencia del perito Eliseo Ábrego, autor de un informe de actuación financiera. La defensa del expresidente Ricardo Martinelli, a cargo de Carlos Carrillo, presentó 17 pruebas extraordinarias, entre ellas el alegato de que a su cliente no se le levantó el principio de especialidad para investigarlo por el caso Odebrecht. También aportó una certificación del Tribunal Electoral sobre los fondos manejados en su campaña presidencial, así como copias de fallos emitidos en Brasil que anulan actuaciones del caso Lava Jato. Asimismo, la defensa de Federico Suárez presentó tres pruebas, incluido un informe de auditoría privada sobre las actividades del Grupo Suárez y el Grupo Martinelli. Tras la presentación, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso hasta mañana, para que la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presente sus objeciones a las pruebas aportadas por la defensa. Riccardo Fancolini y Ricardo Martinelli en el período 2009-2014. Archivo Francolini acepta delito de blanqueo y pagará $1.9 millones Juan Manuel Díaz Mónica Palm [email protected] La jueza Baloisa Marquínez validó un acuerdo de pena con Riccardo Francolini que implica 30 meses de cárcel que pueden ser conmutados por días multa e, incluso, por trabajo comunitario. La juez penal Baloisa Marquínez validó un acuerdo de pena pactado con el imputado Riccardo Francolini Arosemena, al reanudarse ayer el juicio por los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá entre 2010 y 2014. Como parte del acuerdo, Francolini reconoce la comisión del delito de blanqueo de capitales. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo indicó que la sanción impuesta es de 30 meses de prisión y la devolución de $1.9 millones. Dado que la pena de prisión es inferior a 60 meses, Francolini podrá pedir su sustitución por el pago de días multa o incluso por trabajo comunitario. Para eso tendría que solicitar una audiencia ante un juez de cumplimiento, quien deberá aprobar cualquier reemplazo o modificación a la sanción impuesta este miércoles por la juez Marquínez. Francolini no estaba presente en la sala. Su participación fue por Zoom. Este es el segundo acuerdo de pena alcanzado por Francolini, en un proceso por blanqueo de capitales. Antes pactó uno (que también era de colaboración) en el denominado caso New Business, sobre la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos públicos. Este acuerdo también fue validado en su momento por la juez Marquínez. Así inició la jornada El juicio debía iniciar a las 8:30 a.m., pero la fiscal anticorrupción Morcillo comunicó de inmediato a la juez Marquínez que el día antes, 20 de enero, se concretó el acuerdo, luego de que la abogada de Francolini expresara que su cliente aceptaba una salida “alternativa” del proceso. Por tanto, la juez ordenó desalojar la sala y se quedó únicamente con las partes involucradas: la fiscal Morcillo, el abogado del Ministerio de Seguridad Pública (que participa como querellante) y la abogada defensora del imputado, Marcela Arauz. Un fallo adoptado en septiembre pasado salva a Ronny Mizrachi: la juez Marquínez lo excluye del juicio de Odebrecht. ¿De qué se le acusa? Francolini, exbanquero y socio de Martinelli Berrocal, fue presidente de la junta directiva del estatal Caja de Ahorros durante todo el mandato presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). La Fiscalía Anticorrupción probó en su investigación que Francolini era el beneficiario de varias sociedades que recibieron fondos de Odebrecht, en cuentas fuera de Panamá. Solo una sociedad (Fidcross Holding) captó $4 millones. Además del caudal de pruebas, está la declaración del comerciante Ramón Carretero Napolitano, quien hace años pactó un acuerdo de pena con la fiscalía y se presume que actualmenparticipó en esta triangulación porque se lo pidió Francolini, apelando a una vieja amistad entre ambos. Al final, era él quién giraba las instrucciones y disponía del dinero. Francolini también era cliente de Cort Business Brokers & Consultors, la firma del abogado Mauricio Cort y García, quien confesó ser un intermediario entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y varios contratistas, incluyendo Odebrecht. En España, Cort ha sido señalado como “testaferro” de los Martinelli. La firma de Cort recibía la plata de Odebrecht en una cuenta en BPA y luego la transfería a una sociedad en la que Francolini tenía 33% de participación (y en la que también tenía interés el exministro Federico Suárez). Francolini trabajó alguna vez en la constructora familiar de Suárez, empresa en la que Martinelli fue socio. Cort también tiene un acuerdo de colaboración y de pena con la fiscalía. Los otros acuerdos ‘in extremis’ Este sería el tercer acuerdo de pena alcanzado por la fiscalía y los abogados defensores desde el inicio del juicio, el pasado 12 de enero. El primer día, la juez Marquínez validó los acuerdos a favor de Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa. En esa ocasión, se informó que uno de los procesados aceptó devolver la suma de $500,000 y cumplir una pena de 40 meses de prisión. El juicio es retransmitido por prensa.com, aunque se interrumpió la transmisión mientras se llevó a cabo la audiencia de validación de acuerdo. te está en Venezuela, donde se recupera de las heridas que sufrió en un accidente de avioneta en septiembre de 2025. En una declaración indagatoria rendida el 9 de octubre de 2020, en la embajada de Panamá en La Habana, Cuba, Carretero contó que permitió que Odebrecht transfiriera fondos a una cuenta suya en un banco chino, a nombre de Jiu Shun International. Luego movió la plata a la cuenta en Panamá de Corporación Logística del Caribe, S.A., también de su propiedad. Carretero declaró que ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA

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4A La Prensa Panamá, jueves 22 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] SARDINAS. Ayer, en la Asamblea, no había salones suficientes para acoger las reuniones de las distintas comisiones. Las de Gobierno y de Credenciales habían reservado el Salón Azul: la primera para las 11 a. m. y la segunda para la 1 p. m. Como la sesión de la Comisión de Gobierno se extendió más de la cuenta, los diputados de la de Credenciales tuvieron que aguardar su turno, apiñados en un pasillo. Esta falta de espacio se resolvería si algún día exigieran a Benicio y Pineda que devuelvan las oficinas VIP. DÍA DE CAMPO. La Comisión de Comercio de la Asamblea, que preside el diputado Ernesto Cedeño, se va de gira a la mina de Donoso el próximo fin de semana. Si ya el presidente Mulino dijo que cualquier acción que se tome para reactivar esa concesión no será llevada a la Asamblea, ¿cuál es el propósito? DESDÉN. El proyecto que presentó Betserai Richards, que garantiza que en cada región de salud exista por lo menos un centro, subcentro o policlínica con horario extendido, contó con el voto de todos los presentes en el pleno, sin distinción. Incluso Benicio hizo una de sus raras apariciones para apoyarlo públicamente. Los únicos que votaron en contra fueron Camacho y el suplente de Shirley. Como eso no beneficia al mentor de ambos, no les interesa en absoluto. LLAMADO. José Pérez Barboni está pidiendo una auditoría de oficio a la Unachi. Está muy bien, pero no tendría que haber esperado a que circulara un cheque falso de esa universidad para solicitar la intervención de la Contraloría. REINCIDENTE. Es la segunda vez que Riccardo Francolini admite la comisión del delito de blanqueo de capitales. Y no deberá pisar la cárcel, ya que la sanción que acordó ayer, en el juicio de Odebrecht, es de 30 meses de prisión, lo que sería conmutable por días multas. Por lo menos no salió huyendo, como aquel tocayo que Sesión de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, ayer. Eliana Morales Comisiones evitan discutir reglamento y proyectos anticorrupción Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Los diputados Augusto Palacios y Yamireliz Chong solicitaron alterar el orden del día para incluir la discusión de un grupo de proyectos relacionados con el reglamento interno; la solicitud fue rechazada. Dos de las comisiones más relevantes de la Asamblea Nacional, la de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y la de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, sesionaron ayer. Aunque ambas encararon una agenda extensa y diversa, ninguna abordó dos asuntos cruciales para la agenda pública: los proyectos de ley anticorrupción y las iniciativas orientadas a reformar el reglamento interno de la Asamblea, una norma que define las reglas de juego de ese órgano del Estado. La Comisión de Gobierno, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas, concentró la jornada en el trámite de objeciones presidenciales a varios proyectos de ley y en el inicio del primer debate de propuestas que introducen cambios al Código Penal. En la sesión se presentaron informes sobre objeciones a iniciativas relacionadas con el régimen municipal, programas de protección temporal para niños y adolescentes privados del cuidado parental, incentivos de empleo para personas en proceso de resocialización y medidas para prevenir la pérdida de alimentos y promover la seguridad alimentaria. Además, la comisión abrió el primer debate de proyectos vinculados a delitos de hurto pecuario, asociación ilícita y tráfico de personas menores de edad, entre otros. Lo mismo de siempre: sin debate sobre el reglamento Mientras tanto, la Comisión de Credenciales, a cargo de la también oficialista Dana Castañeda, dedicó la sesión a la consideración de nombramientos para el Órgano Judicial y para juntas directivas de entidades públicas. Por ejemplo, esta comisión avaló la designación de Gimara Aparicio Ortega como magistrada suplente de Carlos Villalobos, así como la de Juan Carlos Tatis como suplente de Gisela Agurto. La comisión también dio luz verde a varios nombramientos realizados por el Ejecutivo en juntas directivas de empresas estatales y otras instituciones. Es así como le dieron el visto bueno a René Gómez Valladares Jurado para la directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, al igual que a Álvaro Naranjo para el Fondo de Ahorro de Panamá. Cuando el secretario de la comisión se disponía a abordar el siguiente punto de la agenda, los diputados Augusto Tuto Palacios y Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, solicitaron alterar el orden del día para incluir la discusión de un grupo de proyectos de ley relacionados con el reglamento interno de la Asamblea. Palacios pidió la palabra para sustentar la propuesta y recordó que la revisión de esta normativa constituye un compromiso asumido tanto por la comisión como por los 71 diputados. “Les pido el respaldo para que el orden del día se pueda incluir dentro de esta sesión, por una buena vez, el reglamento interno”, agregó. Recordó cómo el tema se dilató en octubre pasado. Ernesto Cedeño, de la bancadaSeguimos,dijoqueestá de acuerdo con que se discuta el tema, pero en la próxima reunión. Cuando los comisionados se disponían a votar la propuesta, la presidenta de la comisión, Dana Castañeda, solicitó un receso. Apenas se retomó la sesión, la propuesta fue descartada porque según la presidenta de la comisión, debía tener cinco firmas. La comisión siguió debatiendo sobre el nombramiento de Oscar Vallarino como directivo del Banco Hipotecario Nacional y otros asuntos de la agenda. Algunas propuestas Entre los cambios propuestos al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) destacan eliminar el voto secreto en las decisiones del pleno, abolir la exoneración de impuestos para la importación de autos de los diputados, hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los legisladores y prohibir la contratación de familiares (nepotismo). Además, se plantea reducir de 15 a 10 las comisiones permanentes de trabajo y establecer la regla de que “el diputado que no trabaja, no cobra”, aplicando descuentos salariales a quienes acumulen ausencias injustificadas. Los promotores de la reforma, en su mayoría diputados que llegaron al Palacio Justo Arosemena en julio de 2024, como Alexandra Brenes (Vamos) y José Pérez Barboni (Movimiento Otro Camino), entre otros, han dicho que el reglamento vigente otorga un poder excesivo al presidente de la Asamblea y ampara prácticas opacas que minan la confianza ciudadana. Eliana Morales Gil [email protected] Benicio Robinson muestra el diario durante la sesión de la comisión. Archivo Diputados archivan denuncia contra el presidente Mulino La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó y ordenó archivar una denuncia contra el presidente José Raúl Mulino por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, luego de que el año pasado confesara que, durante el proceso previo a su habilitación como candidato presidencial en 2024, advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que “les prendería el país por las cuatro esquinas” si no le permitían competir. Los diputados alegaron, entre otras cosas, la falta de prueba idónea. Algunos, como Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, y Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuestionaron al denunciante porque solo se limitó a aportar una noticia como prueba: la portada de La Prensa del 22 de noviembre de 2025. La noticia en cuestión recogió declaraciones de Mulino durante una visita a Costa Rica. La votación quedó así: seis votos a favor, uno en contra y una abstención. El comentario del presidente de la República, hecho público durante un discurso en el Teatro Nacional de Costa Rica tras recibir una condecoración oficial, en su momento abrió un debate sobre las presiones políticas ejercidas durante el proceso electoral pasado. La Comisión de Credenciales abordó el tema después de las 6:30 p.m. de ayer, luego de una larga jornada en la que analizó los perfiles de personas designadas por el Ejecutivo como magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y como directivos de empresas e instituciones del Estado. Cedeño fue el primero en tomar la palabra. Después de decir que no votó por Mulino y que considera que debe mejorar su gestión, sostuvo que no puede avalar un acto que viola el debido proceso. Dijo que el delito se tiene que probar y que el recorte de un periódico no es suficiente. “Él [Mulino] tiene intactos sus derechos y garantías fundamentales”, añadió. Enseguida dijo que un recorte de un periódico no es prueba. La denuncia fue presentada por el abogado José Luis Galloway Logan, quien citó el discurso de Mulino en Costa Rica tras recibir la orden Juan Mora Fernández. Después de Cedeño, habló Benicio Robinson. Lo primero que dijo es que la denuncia no tenía “ni pies ni cabeza”. Periódico en mano contó que no era abogado pero que tres miembros de su familia sí lo eran. “Siempre he dicho que los abogados lo que hacen es enredar todo para que nada salga bien”. Robinson abrió su exposición con quejas y críticas. “Mañana sale una denuncia en La Prensa diciendo que fulano es ladrón y ya todo el mundo cree que es ladrón”, dijo, al lamentar que, en su caso, una denuncia se sustentara únicamente en una publicación periodística. Defendió la existencia de prueba idónea. Luego dijo que la denuncia no contaba con su voto. La única que votó en contra de que se archivara la denuncia fue Yamireliz Chong, de Vamos. “No me han entregado nada que diga que se necesita una prueba idónea en el caso de presidente”, dijo. Sustentó que para nadie es un secreto que fue el mismo Presidente de la República quien admitió en Costa Rica lo que les había dicho a los magistrados del Tribunal Electoral. “No era presidente en ese momento, pero la única instancia que puede investigar si esas palabras fueron ciertas o no es la Asamblea Nacional (…)”, argumentó. Siguió. “Que el presidente de mi país vaya a otro país a alardear —o no— de lo que hizo siendo candidato y, en este caso, de algo tan delicado como coaccionar a quienes tienen que cuidar la democracia, para mi consideración es grave”. lo metió en estos líos. Decían que venían con las zapatillas del pueblo, pero al final no dejaron ni los cordones. JUNIOR. La Presidencia de la República ha informado que, acompañando al presidente Mulino en Davos, están la primera dama y los ministros Chapman, Moltó e Icaza. Sin embargo, ahora sabemos que en la comitiva también está su primogénito, homónimo y colega. Qué bueno es hacer net working como hijo de papi…

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8A La Prensa Panamá, jueves 22 de enero de 2026 El Ministerio de Salud (Minsa) planificará la extensión de horarios en los centros de salud en función de la disponibilidad de recursos, personal y demanda de atención, tras la aprobación el martes, en tercer debate, del proyecto de Ley No.19., el denominado 24/7. Así lo informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien explicó que la ampliación no se aplicará de manera generalizada, sino de forma selectiva, de acuerdo con las necesidades específicas de cada región, corregimiento y distrito. La medida forma parte del compromiso asumido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, de “poner al paciente primero” y mejorar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud. Boyd Galindo precisó que el Minsa viene trabajando desde el año pasado en un esquema técnico para implementar horarios extendidos en los centros que más lo requieren. Con la aprobación del proyecto de ley, la institución queda facultada para definir de manera logística dónde se aplicará la medida. “Con la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley No. 19, los diputados han dejado abierta la posibilidad de que el Minsa determine de manera logística dónde se implementará la extensión de horarios, lo que nos permitirá invertir de forma adecuada los recursos del Estado”, señaló el titular de la cartera de Salud. Subrayó que cada centro de salud será evaluado antes de incorporarse al esquema de horario extendido. Entre los criterios que se tomarán en cuenta figuran la disponibilidad de personal médico y de enfermería, los insumos, los medicamentos y el presupuesto asignado, así Ampliación de horarios en los centros de salud dependerá de recursos y demanda PROYECTO DE LEY como la demanda de atención en cada zona. Una vez se vayan incorporando nuevas instalaciones al sistema de horario extendido, el Ministerio de Salud informará oportunamente a la población cuáles centros estarán habilitados para atender consultas y urgencias fuera del horario regular. Actualmente, el Minsa cuenta con 120 centros de salud en el país que operan con horario extendido, bajo un modelo de atención ajustado a las necesidades locales. Este esquema se aplica principalmente en áreas donde existe una mayor demanda de servicios después de la jornada laboral y en comunidades con acceso limitado a hospitales. Según explicó Boyd Galindo, el objetivo es fortalecer el primer nivel de atención, reducir la presión sobre las salas de urgencias hospitalarias y ofrecer alternativas cercanas para la atención primaria. Como parte de esta estrategia, el Minsa procurará que en cada región de salud exista, al menos, una instalación de atención primaria con horario extendido, a fin de garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos y mejorar la cobertura del sistema público. La ministra Lucy Molinar presentó ayer un informe sobre los resultados del año lectivo 2025 y las proyecciones y desafíos para 2026. Cortesía/Meduca Molinar da detalles sobre la reforma a la ley orgánica Yaritza Mojica [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN La ministra de Educación explicó que la propuesta se construirá por etapas y confirmó que ya se han desarrollado 10 reuniones, de un total de 18 encuentros previstos antes de que culmine el mes. Todos los sectores participarán, aseguró. La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de una reforma a la Ley Orgánica de Educación, aunque dejó claro que el proceso no será apresurado ni impuesto. “Hay un plan, pero no queremos forzar la marcha. Las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes”, subrayó. Esta reforma, que plantea una modificación integral a la Ley 47 de 1946, fue anunciada el pasado 2 de enero por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su discurso ante la Asamblea Nacional, en el que señaló que, a lo largo de este año, se abrirá un diálogo nacional con miras a la redacción de una nueva ley de educación que sustituya la normativa vigente desde hace casi ocho décadas. La iniciativa busca modernizar el sistema educativo panameño y adecuarlo a las exigencias del mundo actual. Ante este escenario, Molinar enfatizó que una ley educativa no puede tratarse como un instrumento político coyuntural, ya que define el futuro de generaciones enteras. “En una ley educativa nos jugamos el futuro de cientos de miles de personas. Con esto no podemos jugar a ver quién aplaude más”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la propuesta se construirá por etapas y confirmó que ya se han desarrollado 10 reuniones, de un total de 18 encuentros previstos antes de que culmine el mes. En este proceso participarán todos los sectores: sociedad civil, gremios docentes, actores políticos y otros grupos vinculados al ámbito educativo. Ante la consulta sobre si ya están definidos los tiempos para iniciar las discusiones de la reforma educativa, la ministra explicó que existe una hoja de ruta, pero reiteró que el proceso no será acelerado. “Hay un plan, pero no queremos forzar la marcha. Las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes”, afirmó. Molinar subrayó que en materia educativa es necesario tomar decisiones responsables, aunque no siempre sean populares. “Hay que hacer lo que es correcto, aunque mucho de eso no nos guste”, expresó. La ministra rconfirmó que el proceso se desarrollará por etapas y que, antes de presentar cualquier proyecto de ley, se escuchará a todos los sectores involucrados. Comisión de Educación presenta su hoja de ruta Paralelamente, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, a través del diputado y presidente, Jorge Bloise, anunció el inicio formal de una hoja de ruta para debatir una reforma integral al sistema educativo panameño, en coordinación con el proceso que impulsa el Órgano Ejecutivo. La Comisión de Educación instalará este viernes, en la sede del Parlatino, mesas de trabajo y un ciclo de conferencias con expertos en educación nacionales e internacionales, con el objetivo de construir un diagnóstico integral de la Ley 47. Sobre el inicio de discusiones paralelas en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Molinar fue enfática en que no habrá procesos enfrentados. “Aquí no va a haber calle arriba y calle abajo. Eso no va a pasar”, afirmó. Detalló que el Meduca sostendrá reuniones con la Asamblea para alinear criterios y avanzar de manera coordinada. “El derecho de nuestra juventud a una mejor educación está por encima de cualquier particularidad”, añadió. En relación con la capacitación docente, explicó que la reforma apunta a una ley marco que garantice la formación continua sin imponer rigideces innecesarias. “No queremos una camisa de fuerza. Hoy la ley dice que tienen que capacitarse en tal fecha, pero ¿qué pasa si esa fecha cambia? La ley debe establecer que la capacitación docente es un deber permanente”, precisó. Molinar también aseguró que el proceso no cederá ante presiones de grupos particulares y que el acompañamiento de la sociedad civil será clave. Según explicó, al concluir esta primera fase de consultas se elaborará un documento base —o “documento matriz”— que servirá como punto de partida para la redacción de la propuesta que será presentada al Ejecutivo. Para ello, el Meduca cuenta con un equipo técnico encargado de recopilar, cotejar y estructurar los aportes recibidos, antes de entrar en la etapa de afinación final del proyecto. El 19 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) celebró una sesión extraordinaria en la que se rechazaron por mayoría los cinco puntos que buscaban la separación temporal de la secretaria ejecutiva, María del Carmen Terrientes de Benavides. De esta manera, no se abrió ninguna investigación disciplinaria en su contra. Los temas discutidos incluyeron la acreditación de la carrera de Enfermería de la Universidad de Panamá, el manejo de informes técnicos, la reincorporación de la Universidad de las Américas (Udelas), y las ausencias de miembros del Consejo. Ninguna de las propuestas alcanzó los votos necesarios para avanzar con investigaciones formales. La reunión estuvo marcada por tensiones internas, con la ministra de Educación, Lucy Molinar, señalando posibles conflictos de interés: “Si un rector de una universidad actúa como abogado en procesos vinculados al Consejo, hay un conflicto de interés donde se mire”. También se deFracasa intento de investigar y separar a la secretaria ejecutiva del Coneaupa PROCESO ADMINISTRATIVO nunciaron filtraciones de información confidencial y se criticó la falta de reuniones regulares, lo que acumuló más de 30 temas pendientes. El acta de la reunión concluyó que “ninguno de los señalamientos alcanzó la mayoría requerida para iniciar procedimientos disciplinarios”, lo que reflejó la división interna y la falta de consenso en el Consejo. A pesar de la decisión, Molinar destacó que la situación no terminaba ahí y llamó a “ordenar la casa” para preservar la credibilidad del Coneaupa, señalando: “El Coneaupa es demasiado importante para el país como para permitir que salga herido”. Aleida Samaniego C. [email protected] Molinar presidió la sesión extraordinaria del Coneaupa, en la que se trató el tema de Terrientes (en la foto). Archivo Centro de salud de Torrijos Carter, en el distrito de San Miguelito. Cortesía CosPAE apunta a la formación docente La presidenta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Ocupacional (CosPAE) Carmen S. de Broce, propuso la elaboración de una nueva ley de educación, en lugar de una reforma a la normativa vigente. Entre las prioridades que debería abordar la nueva ley, destacó en primer lugar la formación y actualización docente, seguido de la reducción de la burocracia y la centralización en la toma de decisiones, y la infraestructura educativa, especialmente en zonas que requieren atención urgente.  Panorama

9A La Prensa Panamá, jueves 22 de enero de 2026 La creciente relevancia de Groenlandia refleja cómo territorios condicionados por el clima se transforman en activos estratégicos en el nuevo tablero geopolítico.En la foto, Nuuk, la ciudad más grande de la isla. EFE Davos 2026 y el pulso geopolítico sobre territorios y rutas clave Luis Credidío ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS La seguridad nacional se impone como argumento político para justificar presiones estratégicas, redefinir fronteras de influencia y desplazar el multilateralismo en la toma de decisiones internacionales. El 8 de abril de 1941, Estados Unidos ocupó la isla de Groenlandia para defenderla de una posible invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ocupación se extendió hasta 1945, pero no significó el retiro total de la presencia estadounidense en la isla ártica, ya que Washington mantiene hasta hoy una base militar en Pitu’k, en Qaanaaq. Para la administración estadounidense, la historia parece rimar: Estados Unidos ha recurrido antes a este tipo de maniobras, como ocurrió con la adquisición de las Islas Vírgenes, entonces bajo soberanía danesa. Aunque Dinamarca y Estados Unidos negociaron en tres ocasiones la compra de ese territorio, fue solo tras el estallido de la Primera Guerra Mundial y bajo la amenaza de ocupación que la transacción se concretó, en 1917, por 25 millones de dólares en oro. Hoy, sin embargo, el contexto es distinto. La administración del presidente Donald Trump no cuenta con la cooperación voluntaria de Dinamarca ni, mucho menos, de Groenlandia. Tampoco dispone de un Senado dispuesto a aprobar una operación de esta naturaleza, ya que la Constitución exige una mayoría calificada de 67 senadores para ratificar un tratado, además de la aprobación presupuestaria del Congreso. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de 2026, en Davos, Trump afirmó que busca negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia, alegando razones de seguridad nacional e internacional estratégica. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de 2026, en Davos, el presidente Donald Trump afirmó que busca negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia, alegando razones de seguridad nacional e internacional estratégica. Dinamarca reiteró que no puede negociar la soberanía de Groenlandia, al tratarse de una línea roja en materia de integridad territorial. En ese contexto, Trump había amenazado con imponer aranceles a importaciones europeas como mecanismo de presión política. Sin embargo, tras anunciar que se había establecido “el marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia y comprometerse a no usar la fuerza, el mandatario retiró esa amenaza arancelaria, lo que fue interpretado como un repliegue táctico sin renunciar al objetivo estratégico. La reacción de los mercados financieros fue inmediata. Tras el anuncio del marco de negociación y la retirada de las presiones comerciales, Wall Street registró alzas superiores al 1% en sus principales indicadores. Más que un giro de fondo, este comportamiento refleja una desescalada táctica destinada a reducir la incertidumbre económica, manteniendo intacta la lógica de fondo: la seguridad nacional como principio rector desde el cual se combinan presión, negociación y ajuste estratégico. De acuerdo con BBC News Mundo, la Unión Europea había respondido con medidas más concretas, como la suspensión del proceso de aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos firmado en julio de 2025, lo que representaría una nueva escalada en unas relaciones transatlánticas ya tensionadas. Queda claro que, para la administración Trump, los reclamos territoriales — presentados como un freno al avance de China y Rusia— no son negociables y forman parte de la nueva normalidad internacional. Como ha señalado Daniel Zovatto, el debilitamiento del multilateralismo y del orden liberal basado en reglas ha dado paso a una lógica de poder duro y de zonas de influencia. Davos confirmó que las reglas ya no son universales y que la política exterior de las potencias se rige, cada vez más, por interpretaciones unilaterales de la seguridad nacional. El Canal de Panamá en el nuevo tablero geopolítico El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó en Davos, ante una consulta de EFE, que no teme un aumento de tensiones en torno al Canal de Panamá. No obstante, el caso de Groenlandia ofrece un precedente revelador: la presencia militar estadounidense no ha impedido una escalada de presiones políticas y económicas para ampliar el control estratégico sobre el territorio. En este contexto, debe considerarse que el aumento de ejercicios militares estadounidenses en Panamá —posible tras la firma del Memorándum de Entendimiento de 2025— no ha sido suficiente para contrarrestar la influencia china en el comercio global. Esto abre la posibilidad de que resurjan reclamos estadounidenses sobre el Canal bajo el argumento de la seguridad nacional, la protección de rutas estratégicas y la rivalidad sistémica con China. Así, el Canal deja de ser solo una infraestructura de tránsito para convertirse en un activo geopolítico disputado. Estrategias ante la fragmentación del viejo orden En Davos 2026, el primer ministro canadiense Mark Carney sintetizó el momento actual al afirmar: “Estamos en medio de una ruptura, no de una transición… los grandes poderes han comenzado a usar la integración económica como arma”. La realidad es que el respeto a las reglas internacionales depende hoy de la correlación de fuerzas. Este escenario obliga a Estados medianos y pequeños, como Panamá, a repensar sus estrategias: fortalecer autonomía, diversificar alianzas y asumir que el sistema internacional ha dejado de ser predecible. Del clima prehistórico a la geoestrategia del siglo XXI Luis Aguirre ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] En sus orígenes prehistóricos, Panamá inició su debut y formación paulatina hace tres millones de años. Movimientos telúricos lo hicieron emerger a la superficie del mar. Poco a poco se consolidó como un puente entre lo que eran, por un lado, las playas de Costa Rica a los pies del Barú y, por el otro, las costas selváticas del actual territorio emberá en Colombia. Con ello, Panamá interrumpió el movimiento de corrientes marítimas que fluían del norte del planeta hacia el sur y viceversa. Los geólogos coinciden en que, una vez completada la formación del istmo y bloqueado el intercambio de aguas entre el Atlántico y el Pacífico, se inició la glaciación ártica a gran escala y las edades de hielo modernas. ¿Por qué? Las corrientes de agua tibia, al rebotar ahora contra Panamá y recalentarse en el golfo de México, fueron enviadas de regreso hacia el norte polar. Tal como ocurre cuando se deja abierta la puerta de un congelador y la humedad exterior genera escarcha que termina convirtiéndose en hielo, esa dinámica contribuyó a la expansión de los hielos en Groenlandia, entonces una isla de menor tamaño. Panamá, sin proponérselo, amplió su huella geológica hasta el Ártico. Veamos, parte por parte, la magnitud de lo que significó el surgimiento de Panamá, no solo para Centroamérica, sino también para Groenlandia y para el planeta entero. El nacimiento del istmo fue resultado del choque lento y profundo de las Seguridad ¿Cúpula Dorada para repeler a China o Rusia? Tras su encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de “conversaciones adicionales” en materia de seguridad. Se refirió a la construcción de la llamada Cúpula Dorada, un nuevo sistema de defensa antimisiles de gran escala que estaría desplegado en parte en Groenlandia para neutralizar misiles que puedan venir de Rusia o China. placas Cocos, Caribe y Suramericana. Desde volcanes submarinos emergió una franja de tierra que selló el paso oceánico y dividió el mar en dos. Este cierre obligó al Atlántico a redirigir sus aguas cálidas hacia el norte, consolidando la Corriente del Golfo, un flujo invisible que transporta calor y humedad desde el trópico hasta latitudes polares, suavizando el clima europeo y alimentando los procesos de glaciación en el Ártico. La paradoja climática es clara: el calor tropical, canalizado hacia el norte, generó acumulaciones masivas de nieve y hielo que transformaron de manera permanente el hemisferio norte. Al mismo tiempo, el istmo modificó la vida en el continente americano mediante el Gran Intercambio Biótico, permitiendo el tránsito de especies entre norte y sur, mientras alteraba la salinidad de los océanos, volviendo al Atlántico más salino y al Pacífico relativamente más dulce. Hoy, esta conexión ancestral adquiere una nueva dimensión geopolítica. Panamá, por el control del Canal y su rol logístico global, y Groenlandia, por su ubicación estratégica en el Ártico, el deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas, vuelven a situarse en el centro de las disputas entre potencias. Unidos por una prehistoria climática común, ambos territorios convergen ahora en un escenario donde el control de rutas, recursos y espacios estratégicos redefine el equilibrio del poder global. ‘Tenemos todo lo que queríamos’: Donald Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en Davos (Suiza) que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Washington trabaja con la OTAN “es realmente fantástico”: “Tenemos todo lo que queríamos”. En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de “un acuerdo para la seguridad nacional e internacional” y “a largo plazo”. “Es un acuerdo con el que todos están felices”, aseguró a su salida de una cena que ofreció en el Centro donde se celebra el Foro Económico Mundial de Davos, donde ayer fue el orador principal. Preguntado sobre el periodo de vigencia del acuerdo, afirmó que “no tiene plazo, es para siempre”. EFE. DAVOS, SUIZA El Canal de Panamá, la ruta por donde pasa casi el 5% del comercio mundial. Alexander Arosemena Donald Trump en Davos. EFE

10A La Prensa Panamá, jueves 22 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. en una adicción constante al contenido breve: redes sociales, televisión, radio, relaciones personales e incluso espacios laborales donde se explota a los colaboradores con prácticas arcaicas. El resultado es una rotación constante: personas que entran y salen, una demanda que nunca se agota, dopamina en aumento y una velocidad que no se detiene. Gran parte de esta reflexión surge no solo de mi propia adicción reconocida a las redes, sino también de un video que vi recientemente. En él, el actor Matt Damon relataba cómo la industria cinematográfica ha cambiado: hoy se exige que las películas ofrezcan acción desde los primeros minutos para captar la atención del público. Además, la trama debe explicarse varias veces, porque el espectador ya no logra mantener la concentración durante períodos prolongados. “Se nos pide que la trama de una película se explique tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está con sus teléfonos mientras la ve”, explicó el actor. ¿De qué huimos? En otro tiempo, el abuso de susLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Eslabón perdido Contrataciones públicas $441,375.00 a la empresa ligada a la familia de Brands, cuyos $10 millones recibidos de Etesa entre 2019 y 2024 están siendo penalmente cuestionados. Según entiendo, hace unos días y posterior a la aprobación de ese traslado, Etesa consideró congelar estos pagos hasta que exista una decisión judicial y mientras avanzan las investigaciones. ¿Pero entonces por qué Etesa había presentado pocos días antes la aprobación de ese traslado de partida para pagar ese cuestionado monto? Resulta que, en la Comisión de Presupuesto, el representante de Etesa no tenía idea de quién era el representante legal de la empresa, aunque sí sabía que se trataba de la misma sociedad vinculada al proceso judicial, asegurando que Etesa ya estaba colaborando con las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público. Aun así, ese traslado de partida de $441,375.00, posiblemente congelado a raíz de la presión ciudadana, había sido solicitado y, peor aún, aprobado por la Comisión de Presupuesto. Víctor Orobio, abogado de Héctor Brands, en una entrevista sobre la aprehensión de su cliente, dijo: “Si yo tengo mi plata, yo me doy mis lujos”, y tiene razón. Porque resulta que esos casi $10 millones suministrados al entorno de Brands en cinco años (a un promedio de $2 millones al año solamente por esos contratos con Etesa) fueron entregados a través de Julio Ernesto Linares Esclavos sin grilletes Ocio A finales del siglo XX y en lo que va del presente siglo XXI, hemos experimentado un fenómeno tan silencioso como inquietante. Se nos ha arrebatado la libertad sin que apenas lo notáramos. Cada vez es más común ver cómo nos imponemos a nosotros mismos jornadas de trabajo excesivas y nos sumergimos, sin resistencia, en el vasto océano de las redes sociales. Hace no mucho tiempo, los instantes de ocio eran fundamentales para el bienestar de las personas. Hoy, en cambio, el ocio ha sido satanizado. Tomarse un respiro es mal visto; dedicar tiempo al descanso parece, para muchos, una pérdida imperdonable. Nuestro día a día se ha convertido en una tormenta incesante de trabajo, horas extra interminables, pantallas omnipresentes, contenido fugaz y estilos de vida cada vez más estresantes y acelerados. ¿A qué se debe todo esto? ¿Es completamente nuestra culpa? Es cierto que los medios de comunicación y la sociedad han sufrido profundas transformaciones. Sin embargo, estos cambios han convertido la vida cotidiana tancias era una vía de escape. Hoy, las redes sociales y la tecnología cumplen ese papel, generando una dependencia creciente. Anestesían a la sociedad e impiden disfrutar del tiempo a solas. Actividades como leer, escribir, dibujar, caminar, observar un atardecer o incluso conversar se han vuelto difíciles de sostener. Siempre un teléfono en la mano, una televisión encendida, una computadora incluso en vacaciones. El ocio se extingue, y con él, parte del bienestar colectivo. Recurriendo a la tecnología, evitamos aquello que no nos gusta de nosotros mismos o de nuestras vidas. Para cerrar, recurro a Friedrich Nietzsche, en Así hablaba Zaratustra (De la guerra y los guerreros): “Todos los que sois amigos de la actividad frenética sin pausa y de lo rápido, lo nuevo y lo extraño, no os soportáis a vosotros mismos y vuestra diligencia es triste afán de olvidaros de vuestra propia persona. Si tuvieseis más fe en la vida, os abandonaríais menos al instante. ¡No tenéis contenido suficiente para esperar, ni siquiera para la pereza!” Al final, la pereza y el ocio forman parte esencial de la salud mental. Disfrutarlos no debería ser un pecado. Opinión EL AUTOR es diseñador y poeta. EL AUTOR es abogado. contrataciones aparentemente lícitas. Y si no lo fueron —y aquí confieso que no soy abogado penalista—, ¿dónde están las aprehensiones, acusaciones e imputaciones a la contraparte, es decir, al representante del Estado que resultó ser el corruptor? Aclaro que, según entiendo, la imputación contra Brands y su entorno tiene que ver solamente con esos $10 millones que les entregó Etesa y no, por ejemplo, con supuestas contrataciones que hizo cuando fue director de Pandeportes y que bordean los $600 millones, algo bastante inusual dado el desconocimiento ciudadano de obras deportivas de esa magnitud y en medio de una pandemia que el gobierno pasado justificaba todos los días como la culpable de su fracasada ejecución y desastrosa gestión. O con supuestos $28 millones que se manejaron en sus cuentas, de acuerdo con informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pero regresando a nuestro tema central, si no hay corruptor, no puede haber un corrupto. Si los $10 millones ligados al exdiputado y exdirector de Pandeportes son ilícitos, tiene que existir ese eslabón en Etesa para que pudiese existir un proceso contra él. Salvo que, en medio de la confidencialidad y la estrategia investigativa, se estén haciendo las diligencias pertinentes para que las personas vinculadas en Etesa a una aparente entrega de dinero inusual —como lo serían $10 millones en cinco años, de ser el caso— sean ubicadas y formen parte de esta supuesta trama criminal que mantiene a la familia Brands bajo medidas cautelares. El exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, ha sido imputado por el delito de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, junto con algunos de sus familiares y allegados. Enormes transferencias de dinero fueron usadas para la compra de joyas, relojes, brazaletes, pagos de tarjetas de crédito y de autos, entre muchos otros gastos. Se trata de supuestos fondos no justificados que obtuvo, siendo servidor público, electo y nombrado. ¿Pero cómo obtuvo ese dinero? Supuestamente, una auditoría de la Contraloría General de la República muestra que el exdiputado no puede justificar un incremento patrimonial de $649,262.00 correspondiente al quinquenio 2019-2024. Porque en este período, aparentemente, se encontrarían patrones de inconsistencia financiera y transnacional de una sociedad de su entorno familiar que hacía negocios con la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), habiendo obtenido en esos cinco años contrataciones que bordean los $10 millones. Pero hay algo que llama la atención. Todo contrato con el Estado se presume legal, hasta que alguna investigación demuestre lo contrario. Incluso a principios del pasado mes de diciembre, Etesa solicitó traslados de partida por unos $13 millones que fueron aprobados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y que incluían, además, La hiperconectividad, el trabajo sin pausa y la adicción al contenido breve están erosionando el ocio, convertido hoy en un acto casi prohibido. Jocsan Fernández La imputación contra Héctor Brands reabre preguntas sobre contrataciones estatales, controles institucionales y la ausencia visible del presunto corruptor en un caso que involucra fondos públicos. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía Odebrecht Al parecer, a este aleccionador refrán no le hacen caso los bancos panameños mencionados durante la lectura del auto de llamamiento a juicio en el caso Odebrecht, toda vez que todos y cada uno de ellos facilitaron la apertura de cuentas y recibieron sin mayor cuestionamiento las sumas millonarias que se detallan en el escándalo de lavado de dinero más grande y vergonzoso de la historia reciente del país. Se trata de los mismos bancos que, en cambio, a usted o a mí nos exigen hasta el segundo apellido de nuestros tatarabuelos cuando intentamos abrir una cuenta para depositar apenas cien dólares. Sin prejuicios de ninguna índole y mediante el más elemental escrutinio del sentido común, dichas entidades bancarias se constituyen en un eslabón imprescindible del entramado de transferencias que tipifica este delito. Que yo sepa, de acuerdo con el seguimiento realizado por los investigadores del caso, todo el dinero circuló a través del sistema bancario. Ni un solo dólar fue hallado, por ejemplo, enterrado en los tradicionales caletos utilizados por la vieja mafia colombiana. De hecho, resulta inexplicable que el Ministerio Público, a cargo de las investigaciones de este emblemático caso, no haya requerido la comparecencia de altos directivos de estas entidades bancarias privadas panameñas, mencionadas con pelos y señales en los expedientes. Bien sea a nivel de junta directiva, accionistas, asesores, auditores u oficiales subalternos, su indagatoria resulta indispensable, al menos para explicar su ambiguo y sospechoso proceder en esta trama. Por definición, el lavado de dinero se refiere al proceso de disfrazar el origen de fondos obtenidos ilícitamente para que aparenten ser legales y legítimos. Su objetivo es integrar esos recursos en el sistema financiero formal, dificultando la distinción entre dinero limpio y dinero sucio. El término lavado tiene su origen en Estados Unidos en la década de 1920, cuando mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para ocultar la procedencia ilícita del dinero. La expresión fue utilizada judicialmente por primera vez en 1982, tras la confiscación de fondos supuestamente blanqueados provenientes del narcotráfico colombiano. Desde entonces, los bancos se han convertido en objetivos privilegiados del lavado de dinero, debido a su infraestructura sofisticada, alcance internacional y legitimidad percibida. Los delincuentes explotan estas vulnerabilidades para mover y ocultar fondos ilícitos dentro del prestigioso sistema bancario, que encaja como muñecas rusas en sus oscuros intereses. Es por ello que, en el sentir del ciudadano común, existe una percepción generalizada de que la actividad bancaria panameña está contaminada por la corrupción. Si por el sistema financiero nacional circulan miles de millones de dólares mal habidos, ¿cómo es posible que no se hayan diseñado ni aplicado controles efectivos para impedirlo, a la vista de la Superintendencia de Bancos y de las autoridades en general? Tómese lo anterior como una reflexión necesaria sobre la urgencia de incorporar mayor integridad, transparencia y responsabilidad en el sistema bancario panameño, a fin de que no resulte tan difícil —al menos para los ciudadanos— distinguir entre honrados y maleantes, dentro y fuera de las entidades financieras. EL AUTOR es pintor y escritor. Joaquín González J. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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