11A La Prensa Panamá, lunes 19 de enero de 2026 países pequeños y estratégicos como Panamá, la moraleja no es ideológica, sino pragmática: cuando se normaliza el lenguaje de la fuerza, nadie está completamente a salvo de la presión. Panamá conoce de primera mano lo que significa ser un punto neurálgico para Estados Unidos. El Canal, arteria del comercio global, ha sido históricamente un símbolo de soberanía recuperada y, al mismo tiempo, un recordatorio de la asimetría entre ambos países. Las alusiones de Trump a “recuperar” el Canal, aunque se enmarquen en discursos políticos, exageraciones o malentendidos históricos, despiertan una memoria colectiva sensible. No se trata solo de palabras: son señales que obligan a evaluar escenarios, fortalecer consensos internos y blindar la institucionalidad que garantiza la neutralidad y la administración panameña de la vía interoceánica. El paralelo con Venezuela, aun cuando se mueva en el terreno de la retórica y los temores, funciona como espejo. Si un país con vastos recursos energéticos y peso regional puede ser objeto de amenazas persistentes, ¿qué queda para una nación pequeña cuya relevancia reside precisamente en su posición estratégica? La respuesta no es el alarmismo, sino la previsión. Poner las barbas a remojar implica diversificar relaciones, reforzar el derecho internacional, cuidar la credibilidad democrática y eviSocialistas, somos todos Colectivismo Suele ocurrir que, cuando se pregunta a las personas sobre su posición ideológica o política, una parte se inclina hacia la derecha, mientras otra, algo menor, se declara abiertamente socialista o colectivista. Lo curioso es que muchos de los que se identifican con la derecha lo hacen solo como una reacción —como un antisocialismo— más que por una convicción liberal o individualista. En América Latina esto es particularmente evidente: la izquierda marxista ha dejado un rastro de ruina, corrupción y autoritarismo allí donde ha gobernado. Y así, el rechazo a esos regímenes suele llevar a muchos a declararse “de derecha”, sin comprender del todo lo que eso implica. Cada intento de socialismo, sin importar su disfraz, termina en una u otra forma de autoritarismo. Es la consecuencia inevitable del colectivismo: toda ideología que subordine al individuo al grupo, que niegue la propiedad o la libertad en nombre del “bien común”, desemboca en persecución y control. No hay excepciones. Por eso, aunque muchos se identifiquen con la derecha, la pregunta más importante no es qué rechazan, sino qué entienden por derecha. Si concebimos a la izquierda como la ideología que usa la coacción y la fuerza del Estado para imponer su visión del mundo, deberíamos entender a la derecha —en su sentido clásico y liberal— como aquella que defiende la libertad individual: la de expresarse, de asociarse, de producir y de disponer de lo propio. Sin embargo, incluso quienes dicen defender estas ideas suelen actuar de manera contraria. Décadas de educación estatista, de discursos políticos y de una cultura impregnada de paternalismo han condicionado nuestras mentes hacia el colectivismo, aunque no queramos admitirlo. Un ejemplo claro son los millones de venezolanos que huyeron del socialismo chavista. Muchos de ellos aborrecen al régimen, pero en su discurso cotidiano repiten las mismas ideas que los llevaron a huir: creen que el Estado debe resolverlo todo, garantizar empleos, controlar precios, ofrecer salud y educación “gratuitas”, castigar a los ricos o decidir por ellos dónde y cómo vivir. Creen que los deseos se convierten en derechos simplemente porque alguien los proclama, y que esos “derechos” deben ser pagados por otros, sin cuestionar quiénes son esos otros ni qué consecuencias tiene ese modelo. Así, se defiende la educación pública, aunque no eduque; la salud estatal, aunque no sane; el control de precios, aunque destruya la producción; o los subsidios que eternizan la dependencia. Se exige que el gobierno determine el precio “justo”, que construya viviendas, que el agua y la luz sean “gratis” porque son derechos humanos. Pero ¿dónde queda la libertad en todo eso? Quien defiende la libertad no puede, al mismo tiempo, pedir que el Estado decida por él. Quien dice creer en la propiedad privada no puede exigir que el gobierno le quite a unos para darle a otros. Esa contradicción revela una verdad incómoda: muchos de los que se creen de derecha siguen pensando como socialistas. Son hijos de una cultura colectivista, aunque se perciban de derecha. Por eso, antes de declararnos “de derecha”, deberíamos preguntarnos si realmente creemos en la libertad o solo en una versión edulcorada del mismo socialismo que decimos detestar. Porque, al final, el socialismo no empieza cuando se estatizan las empresas, sino cuando se estatiza la mente. Confianza ciudadana y Estado de Derecho: lo que se juega el caso Odebrecht Corrupción como la existencia misma del Estado de derecho en nuestro istmo. De hecho, la extensa lista de procesados —que incluye figuras notorias como los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, familiares de altos funcionarios como Aaron Mizrachi y empresarios como Juan Niño Pulgar— ha calado profundamente en la percepción popular sobre la impunidad asociada a la ostentación del poder político y económico. De llegar a sentencias condenatorias, el caso Odebrecht representaría una forma de justicia restaurativa para la República y para los numerosos ciudadanos que viven en una desigualdad que nos ata al subdesarrollo. Los actos de corrupción, así como la posterior evasión y dilatación de la justicia, han puesto en evidencia severos problemas estructurales del sistema político panameño y de las instituciones que convergen con el poder. Una condena, aunque tardía, demostraría que nadie está realmente por encima de la ley, ni las grandes corporaciones ni los altos funcionarios, contribuyendo a frenar el progresivo debilitamiento de la confianza ciudadana en la justicia. Seguidamente, se abriría un proceso de sanación a nivel ciudadano, dado que la recuperación de la confianza pública implicaría un alivio frente a los resultados de los grandes casos de corrupción del país. No es un secreto que muchos panameños tengan la sensación de que estos procesos de alto perfil casi siempre quedan impunes, lo que genera apatía y deslegitima el sistema deLuis Credidío Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar Geopolítica El viejo refrán popular encierra una advertencia que atraviesa generaciones: cuando un peligro alcanza a otro, no es momento de burla ni de indiferencia, sino de reflexión y prevención. En el escenario geopolítico actual, la tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela, con la sombra latente de una posible acción militar, debería encender alarmas en otros países de la región. Panamá, por su historia, su ubicación estratégica y la importancia del Canal, no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado. Las recientes declaraciones y amenazas del presidente Donald Trump, tanto sobre Venezuela como sobre el Canal de Panamá, han reavivado temores y preguntas incómodas: ¿qué tan preparados estamos para escenarios de presión extrema?, ¿qué lecciones debemos extraer cuando el vecino parece arder? Durante años, la retórica dura de Trump hacia Venezuela alimentó la idea de una acción directa para capturar a Nicolás Maduro. Más allá de los hechos verificables, esa narrativa —repetida en discursos y redes— instaló en la región la percepción de que Washington estaba dispuesto a cruzar líneas si consideraba que sus intereses estratégicos lo exigían. El solo planteamiento de una intervención, incluso como amenaza, tuvo efectos reales: tensó alianzas, polarizó a los gobiernos y recordó que el poder militar sigue siendo una herramienta vigente en el arsenal estadounidense. Para tar dependencias que limiten el margen de maniobra. La relación entre Panamá y Estados Unidos no es de antagonismo; es compleja y, en muchos ámbitos, mutuamente beneficiosa. La cooperación en seguridad, comercio, logística y finanzas ha sido clave para ambos. Basta mirar las monedas en el bolsillo para recordar que el balboa vale lo mismo que el dólar. Pero la madurez de esa relación exige claridad y firmeza cuando se trata de soberanía. Panamá debe hablar con una sola voz, apoyarse en los tratados vigentes y en el consenso nacional que reconoce al Canal como patrimonio inalienable. Al mismo tiempo, debe invertir en diplomacia profesional y comunicación estratégica para desactivar narrativas que confundan o presionen. El refrán también invita a mirar hacia adentro. La mejor defensa frente a presiones externas es un Estado sólido: instituciones transparentes, economía resiliente y cohesión social. La corrupción, la desigualdad y la improvisación política son combustible para cualquier incendio. Si Panamá descuida estas áreas, se vuelve más vulnerable al chantaje y a la instrumentalización de su importancia estratégica. En definitiva, no se trata de asumir que el fuego llegará inevitablemente, sino de reconocer que el humo ya se percibe. Las amenazas —reales o retóricas— son recordatorios de que la historia no ha terminado. Panamá haría bien en aprender de los sobresaltos regionales y reforzar su casa común. Porque cuando las barbas del vecino parecen arder, la prudencia no es miedo: es responsabilidad. EL AUTOR es miembro de la Fundación Libertad. EL AUTOR es trabajador independiente. EL AUTOR es internacionalista. José Jauregui mocrático. Las sentencias condenatorias, por ende, enviarían el mensaje de que la justicia sí funciona, incentivando una mayor participación cívica y promoviendo un mayor respeto por las instituciones. Adicionalmente, un fallo condenatorio justo mejoraría el clima para la inversión extranjera y la innovación. El dinamismo económico requiere certeza jurídica, reglas claras y tribunales confiables. Cuando impera la impunidad, el riesgo país aumenta, se encarece el financiamiento y se ahuyenta tanto al capital como a la innovación. Los tentáculos del esquema de sobornos de Odebrecht manipularon la política nacional, generando inestabilidad y desconfianza en la democracia. Está probado que la empresa utilizó recursos para financiar campañas de forma ilícita, bajo la apariencia de donaciones. Este no fue solo un delito electoral, sino una distorsión estructural de la democracia, al capturar decisiones públicas y condicionar el futuro del país. Un castigo efectivo tendría un efecto disuasivo, al establecer consecuencias reales para quienes pretendan repetir estas prácticas. El caso Odebrecht podría convertirse en un punto de inflexión para la República de Panamá, especialmente en un contexto de constante escrutinio internacional en materia de credibilidad y transparencia. Si bien una condena no resolvería todos los problemas nacionales, sí representaría un paso firme en la dirección correcta, fortaleciendo al órgano más importante del Estado: el encargado de administrar justicia. En conclusión, hacer justicia en el caso Odebrecht no es únicamente castigar culpables, sino sanar el sistema, fortalecer la democracia y trazar el camino hacia un desarrollo más justo y transparente, en el que la impunidad cueste más que la justicia. El caso Odebrecht marca un antes y un después tanto en la justicia como en la sociedad panameña, pues evidencia la magnitud de una corrupción endémica que ha corroído la institucionalidad y la estructura sociopolítica de la República, llevándonos a un limbo cívico en el cual una gran parte de los ciudadanos desconfía de nuestras instituciones políticas y, por consiguiente, de los políticos. Entre los años 2010 y 2014, la constructora brasileña Odebrecht pagó coimas a altos funcionarios del gobierno y a sus allegados a cambio de concesiones de obras públicas. El complejo esquema implicaba obras con sobrecostos, cuyos excedentes eran utilizados para pagar sobornos tanto a funcionarios gubernamentales como a sus intermediarios. Este caso volvió a poner en evidencia las debilidades y los abusos de poder que habían convertido al sistema legal panameño en una maquinaria para mover y lavar dineros de procedencia ilícita, dado que existían conexiones entre sociedades anónimas que canalizaban fondos y pagos, tanto en Panamá como en otras jurisdicciones, vinculadas a Odebrecht. El 12 de enero de 2026 se dio inicio al juicio del caso Odebrecht, luego de la dilatación del proceso y de los múltiples reveses que han debilitado aún más a la ya enfermiza justicia panameña. El Auto Mixto N.º 09, emitido por el respectivo Juzgado Liquidador, ha dado lugar a una nueva etapa del proceso penal, pero también representa una oportunidad para mejorar la confianza ciudadana y fortalecer tanto la percepción Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela reavivan alertas en la región y obligan a Panamá a reforzar soberanía, diplomacia y cohesión interna ante escenarios de presión externa. Italo Barrera Rodríguez La resolución del caso Odebrecht pondrá a prueba la credibilidad de la justicia panameña y su capacidad para enfrentar la corrupción, restaurar la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho. Opinión
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