1A La Prensa Panamá, lunes 19 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 19 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15266
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3A La Prensa Panamá, lunes 19 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 19 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15266 Hoy por hoy Lo ocurrido en San Miguelito con la recolección de basura es la consecuencia directa de años de ineficiencia, indiferencia y apatía de las autoridades llamadas a fiscalizar, corregir y proteger a la población. Durante 25 años se toleraron incumplimientos, alertas sanitarias y un servicio deficiente,mientrasmilesde residentes convivían con basura, malos olores, alimañas y riesgos para su salud. Nadie puede alegar desconocimiento: las imágenes fueron constantes en los medios de comunicación y en las redes sociales. El vencimiento del contrato de Revisalud deja al descubierto un grave vacío de planificación y una alarmante falta de previsión del Estado. Llegar al final de una concesión sin una solución clara constituye una irresponsabilidad institucional que no puede repetirse en ningún otro distrito del país. Ahora corresponde cambiar la forma de gestionar los servicios públicos, en particular el manejo de los desechos sólidos. Cambiar implica fiscalizar a tiempo, exigir resultados, transparentar los contratos y asumir responsabilidades. San Miguelito no necesitamáspromesasnimedidas improvisadas. Necesita un Estado que funcione, aprenda de sus errores y garantice que una crisis como esta no vuelva a repetirse. Ellas pa Un año más de tradición en el Desfile de las Mil Polleras 8B Barría debuta con gol en el empate ante Bolivia 6B Deportes Panorama Becas Ifarhu 2026: Riesgo de quedar fuera del proceso 8A Economía Panamá promociona el café geisha en Madrid 4B Corte Suprema ratifica sanción a Odebrecht Mónica Palm [email protected] La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la multa de $350,000 impuesta a CNO, S.A. (Odebrecht) por incumplir normas antilavado en Panamá. La Sala Tercera concluyó SUJETOS NO FINANCIEROS El fallo rechazó la demanda de nulidad y confirmó que la sanción de $350 mil a la constructora brasileña es legal y proporcional. que la Superintendencia de Sujetos No Financieros actuó dentro de sus facultades al sancionar deficiencias en la selección de personal, la política de “conozca a su empleado” y la capacitación en prevención de blanqueo de capitales. El fallo rechazó la demanda de nulidad y confirmó que la sanción es legal y proporcional. VEA 4A Tras la salida de Revisalud, cambian las tinas. Cortesía El reloj llegó a cero para Revisalud. Hoy 19 de enero venció la concesión de 25 años que permitió a la empresa manejar la recolección de la basura en San Miguelito, un servicio marcado por fallas recurrentes, sanciones sanitarias y reclamos de los vecinos. El fin del contrato deja al distrito ante un escenario de transición forzada, con acumulación de desechos, riesgos para la salud pública y una respuesta de emergencia por parte del Estado. VEA 8A DESECHOS Habilitan 16 plantas para exportar alimentos Basura, crisis y vacío de poder tras el fin del contrato de Revisalud Panamá mantiene 52 trámites activos para habilitar la exportación de alimentos hacia 21 mercados y ya logró que 16 plantas fueran aprobadas para vender en el exterior, según la Agencia Panameña de Alimentos (APA). Las habilitaciones abarcan rubros como cárnicos, lácteos, pesqueros y avícolas, y forman parte de una estrategia para ampliar la oferta exportable y sostener el acceso a COMERCIO Europa se activa Soldanos daneses en Groenlandia Soldados daneses desembarcaron ayer en Nuuk, Groenlandia. El Ministerio de Defensa danés dijo que continuará con su mayor presencia mediante ejercicios militares junto con varios aliados de la OTAN en Groenlandia y sus alrededores. Ayer hubo en Bruselas una reunión de emergencia de embajadores de la Unión Europea en respuesta a la amenaza del presidente Donald Trump. VEA 4A EFE Lula da Silva llegará a Panamá en plena coyuntura Odebrecht La visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el 28 de enero, coincidirá con el desarrollo del juicio del caso Odebrecht en Panamá. Lula participará en un foro económico regional y se reunirá con el presidente José Raúl Mulino, en un contexto marcado por el mayor escándalo de corrupción transnacional de América Latina. VEA 6A destinos internacionales. Aun así, una parte importante de los procesos sigue pendiente por etapas administrativas y técnicas, como cuestionarios, inspecciones in situ y respuestas formales de las autoridades sanitariasdelospaísesdestino.Gremios exportadores advierten que los retrasos en permisos restan competitividad y piden acelerar las aprobaciones para convertir más trámites en exportaciones efectivas. VEA 1B
4A La Prensa Panamá, lunes 19 de enero de 2026 vvvvvvvv Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama EFE Donald Trump. EFE Interés de Trump por Groenlandia polariza el inicio del foro de Davos DISPUTA El presidente estadounidense, Donald Trump, acaparará la atención durante el Foro Económico Mundial (WEF) que comienza hoy lunes en la localidad suiza de Davos y que estará marcado por el incremento de la tensión entre EU y Europa por los planes de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia. Trump coincidirá en el evento con los mandatarios de algunos de los ocho países europeos y miembros de la OTAN -Dinamarca, Alemania, Noruega, Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Finlandia- a los que amenazó con un arancel de hasta el 25% por participar en maniobras militares en Groenlandia y ello hasta que se alcance un acuerdo que le permita comprar la gran isla ártica. Además de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Finlandia, Alexander Stubb, y el canciller alemán, Friedich Merz, el encuentro contará con la participación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya ha advertido de que los aranceles afectarían a la relación transatlántica. El Foro de Davos, que se celebra hasta el próximo viernes, tendrá lugar “en el contexto geopolítico más complejo desde 1945”, dijo esta semana, al presentar la agenda del evento, el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende. Trump viajará a Davos acompañado de la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el Foro, con al menos cinco secretarios de la Administración. La investigación administrativa de la SSNF —entonces denominada Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros— se inició el 16 de enero de 2017. Archivo Corte mantiene sanción contra Odebrecht por incumplir normas antilavado Mónica Palm [email protected] REGULADOR La multa, impuesta en 2020 por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, se debió a fallas en la selección de personal y en la política de “conozca a su empleado”. La Corte Suprema de Justicia decidió mantener en firme la multa de $350,000 impuesta a la empresa CNO, S.A. (uno de los nombres que utiliza la constructora brasileña Norberto Odebrecht), por incumplir normas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales en Panamá. La multa fue aplicada originalmente por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) en el año 2020, al considerar que la empresa desatendió la obligación de seleccionar adecuadamente a su personal y de establecer una política de “conozca a su empleado”, destinada a capacitar a sus trabajadores, particularmente a aquellos que desempeñan cargos relacionados con el análisis de clientes, la recepción de dinero, el manejo de información y los controles clave. Frente a esta sanción, Odebrecht reaccionó presentando una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que se declarara la nulidad de la Resolución IPS-002-2020 del 13 de febrero de 2020, emitida por la SSNF, así como de la Resolución JD-003-2021, del 5 de agosto de 2021, dictada por la junta directiva de la misma entidad reguladora. La primera impuso la multa y la segunda rechazó el recurso de apelación, confirmándola. El 30 de junio de 2025, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró que dichas resoluciones no son ilegales; por tanto, la multa quedó en firme. El fallo fue adoptado por los magistrados Cecilio Cedalise, María Cristina Chen Stanziola y Eugenio Urrutia, este último en calidad de suplente de Carlos Reyes, quien se apartó del caso por ser hermano de Alberto Carlos Vásquez Reyes, secretario ad hoc de la superintendencia. ¿Por qué se inmiscuye la superintendencia? La investigación administrativa de la SSNF —entonces denominada Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros— se inició el 16 de enero de 2017. Su objetivo era verificar si la constructora cumplía con las obligaciones legales para prevenir delitos financieros, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Para entender la motivación de la superintendencia, es necesario considerar el contexto de la época. El 21 de diciembre de 2016, tres semanas antes de la apertura de la investigación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Odebrecht acordó el pago de $2,000 millones en multas a Estados Unidos, Brasil y Suiza por haber pagado sobornos en 12 países, incluido Panamá. Aquella confesión de la constructora trajo como consecuencia que el Ministerio Público conformara la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht, integrada por cuatro fiscales: Tania Sterling, Vielka Broce, Zuleyka Moore y Ruth Morcillo. Era el 28 de diciembre de 2016. Actualmente, solo Morcillo continúa vinculada a la causa y encabeza la acusación en el juicio que se celebra desde el pasado lunes 12 de enero, contra 25 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales por presuntamente haber recibido sobornos de citaciones específicas y continuas sobre prevención del lavado de dinero. Además, varios documentos presentados estaban en otro idioma y no fueron traducidos al español, lo que impidió que fueran valorados como prueba válida. En cuanto al monto de la sanción, los magistrados indicaron que la multa aplicada corresponde al mínimo establecido por la normativa para este tipo de faltas, descartando así el argumento de que se tratara de una sanción desproporcionada. Con esta decisión, la Corte Suprema declaró que la resolución administrativa no es ilegal y negó todas las pretensiones de la empresa. ¿Sí o no? Aunque este proceso se ha extendido por más de ocho años, se desconoce si ya está cerrado. ¿Pagó Odebrecht a la SSNF? Un cuestionario enviado a la institución no fue respondido. Odebrecht, empero, no acumula un buen historial en cuanto al pago de multas. Con la Fiscalía Especial Anticorrupción acordó una multa de $220 millones, pagadera en 12 años. El acuerdo fue suscrito el 1 de agosto de 2017 y, a la fecha, la empresa ha abonado poco más de $74.4 millones. De la multa de $220 millones acordada con el Ministerio Público, $100 millones corresponden al uso del sistema financiero panameño para el blanqueo de sobornos. la constructora brasileña. Durante la supervisión, la SSNF solicitó a la empresa documentos relacionados con sus políticas internas, especialmente aquellas vinculadas al control y la supervisión de sus empleados, así como los programas de capacitación obligatoria en materia de prevención de delitos financieros. Según el informe oficial, la documentación entregada no fue suficiente para demostrar que la empresa cumplía con lo exigido por la ley. La sanción impuesta fue una multa de $350,000 Ante ello, CNO, S.A. llevó el caso a la Corte Suprema, argumentando que la multa era ilegal. La empresa alegó que sí contaba con políticas internas y programas de capacitación, que las pruebas presentadas no fueron valoradas adecuadamente y que incluso se le sancionó por aspectos que —según su defensa— no formaban parte de la supervisión inicial. No obstante, la Sala Tercera concluyó que la superintendencia tenía facultad legal para revisar todos los aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, incluida la política de conocimiento del empleado y la capacitación del personal, aun cuando estos no se hubieran detallado expresamente desde el inicio del proceso. El fallo también señala que la empresa no logró probar de manera clara que sus empleados recibieran capaFE DE ERRORES En la columna Tal cual del 15 de enero de 2026, se escribió: “El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo que revisará cada aspecto de la licitación convocada por el Municipio de San Miguelito para encontrar un proveedor del servicio de recolección de basura”. Sin embargo, quien anunció que revisará la licitación del Municipio de San Miguelito es el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno. En el noticiero Telemetro Reporta, Moreno dijo que verificará los pliegos y toda la información de la licitación, “para mejorarlos”. Moreno explicó que a él lo instruye la junta directiva de la AAUD, que preside el ministro de Salud, Fernando Boyd.
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6A La Prensa Panamá, lunes 19 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DÉJÀ VU. ¿No sienten a veces que en nuestro país todo gira en una increíble espiral? Mulino viajó recientemente a Brasil y ahora se anunció que Lula vendrá a Panamá, para participar en el foro económico de la CAF. Ese no es el único fantasma del pasado. El Ejecutivo supuestamente se alista para hacer compras a AgustaWestland (o a lo que sea en que han disfrazado a esa antigua filial de Finmeccanica); el MOP vuelve a hacer negocios con MECO; las computadoras del Meduca; la desproporcionada compra de alimentos en las cárceles… Todo comienza a parecerse tanto a lo sucedido en el gobierno de Martinelli que es difícil saber si lo que vemos en el juicio Odebrecht pertenece a la primera temporada o es parte de los avances de la siguiente. ALERTA. Por cierto, muchos ya no recuerdan que, en el juicio de Odebrecht, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) es parte querellante. A uno de los abogados que representa al Minseg en el juicio parece que se le olvidó en qué consiste este rol, ya que manifestó a la juez Marquínez que apoyaba la solicitud de los abogados defensores para declarar un receso. Habrá que prestar mucha atención para saber en qué lado de la cancha está jugando. TINACO. Todo el país está viendo la pelea librada entre la alcaldesa de San Miguelito, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el contralor de la República, pero resulta que quien podría tener la última palabra en este conflicto es la Corte Suprema de Justicia. La alcaldesa Irma Hernández presentó una demanda de nulidad contra la resolución del 13 de enero de 2026, mediante la cual la junta directiva de la AAUD dispone asumir los trabajos de recolección de basura y la titularidad de los derechos de cobro y recaudación de la tasa de aseo en ese distrito. ¿Qué pasaría si, al admitir la demanda, se decide ordenar la suspensión provisional de los efectos de la resolución impugnada? ¿Acaso las tres compañías que quería contratar la alcaldesa esDe izq a Der: Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli, Luiz Inácio Lula da Silva y Federico Suárez, todos quedaron involucrados en el caso Odebrecht. LP/Archivo Lula visitará Panamá en pleno juicio del caso Odebrecht Eliana Morales Gil [email protected] RELACIÓN BILATERAL Lula participará en el Foro Económico, organizado por el Banco CAF, en alianza con Panamá, encuentro que reunirá a jefes de Estado, ministros, empresarios y organismos multilaterales. La visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Panamá el próximo 28 de enero coincidirá con uno de los momentos judiciales más relevantes del país: el juicio del caso Odebrecht. El proceso penal, que inició el lunes 12 de enero y concluye el 13 de febrero próximo, si los abogados defensores no logran suspenderlo, investiga el esquema de sobornos que pagó la constructora brasileña para quedarse con millonarios contratos de obras públicas en Panamá, uno de los capítulos locales del mayor caso de corrupción transnacional de América Latina. Lula participará en el Foro Económico de América Latina, organizado por el Banco de Desarrollo y el Caribe (CAF), en alianza con el gobierno de Panamá, encuentro de alto nivel que reunirá a jefes de Estado, ministros, empresarios y organismos multilaterales para discutir crecimiento, integración regional e inversión. El pasado fin de semana la casa presidencial de Brasil confirmó la visita de Lula al istmo. El pasado jueves 15 de enero, Lula y Mulino hablaron por teléfono. Conversaron de la crisis en Venezuela y de la visita del mandatario suramericano al país. Los dos presidente sostendrán un encuentro en Ciudad de Panamá para hablar de comerció, inversión y cooperación, según un comunicado de prensa del gobierno de Brasil. Lula y Torrijos La coincidencia de la visita no pasa inadvertida. En Brasil, el país de Odebrecht nació el escándalo. Lula gobernaba cuando la empresa alcanzó su mayor expansión regional, incluyendo a Panamá. El mandatario brasileño estuvo vinculado durante años al entramado judicial que rodeó a Odebrecht. En Brasil, Lula fue investigado y procesado en medio de la operación Lava Jato, que examinó el pago de sobornos a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos. Cumplió 580 días de prisión por una condena relacionada con el caso, pero en 2021 esa sentencia quedó anulada por vicios procesales. Lula reaparece en la memoria pública local por dos antecedentes clave. El primero, una visita oficial en agosto de 2007, durante el gobierno de Martín Torrijos, cuando promovió la cooperación en infraestructura y biocombustibles. En ese momento llegó a Panamá acompañado por una delegación cercana a los 100 empresarios brasileños, entre ellos representantes del sector construcción e infraestructura. Eran tiempos de bonanzas en Panamá. Se acababa de aprobar en referéndum la ampliación del Canal y se perfilaba como uno de los mayores polos de inversión pública de la región. Torrijos lo recibió en el Palacios de Las Garzas y lo condecoró con la orden que lleva el nombre de su padre, General Omar Torrijos. Durante la visita se firmaron acuerdos de cooperación en biocombustibles, asistencia judicial, transferencia de personas condenadas, genética bovina y compromisos para fomentar inversiones y explorar un acuerdo para evitar la doble tributación. Ese viaje de 2007 es relevante porque coincide con la expansión regional de Odebrecht, entonces el conglomerado brasileño más poderoso en obras públicas de América Latina. No obstante, la constructora se había instalado en el país un año antes, en 2006. Lula y Martinelli Volvió a Panamá en 2011, ya como expresidente, para participar en la inauguración de la segunda etapa de la cinta costera, una obra ejecutada por Odebrecht durante el gobierno de Ricardo Martinelli Martinelli. Las tres etapas de la cinta costera fueron construidas por Odebrecht. La etapa uno costó $189.1 millones; la dos, $52.6 millones; y la tres, $776.9 millones. En el juicio que se desarrolla actualmente, el Ministerio Público sostiene que la constructora brasileña pagó sobornos para asegurar millonario contratos, mientras que los defensores de los imputados han negado irregularidades y cuestionado la solidez de las pruebas. Dos de los investigados son los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Sin embargo, Varela es diputado del Parlamento Centroamericano, por lo que su caso le compete a la Corte Suprema de Justicia, organismo que por ley procesa a los diputados. EFE. CIUDAD DE GUATEMALA Imagen de video del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León. EFE Presidente de Guatemala declara el estado de sitio tras ola de violencia de las pandillas ATAQUE A LA SEGURIDAD El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó ayer domingo el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles. La decisión, divulgada por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que ayer domingo fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros. El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones. El mandatario subrayó durante su mensaje a la nación que “no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”. De acuerdo al presidente, la estrategia “contra los criminales está teniendo éxito” y por ello “están desesperados”. En el mismo contexto, según Arévalo de Leon, los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y “en represalia a los exitosos operativos” ayer domingo para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad. “Quiero decirlo alto y claro que no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”, añadió. El mandatario recalcó que la declaración del estado de sitio no alterará las “vida cotidiana” de la población ni la “movilidad de la población”, más allá de la suspensión de la jornada educativa programada para hoy lunes en el ámbito privado y público. tán listas para recoger la basura? TEMBLEQUE. Las delegaciones que asistieron al Desfile de las Mil Polleras hicieron caso y no aparecieron con carros alegóricos. Eso permitió que el evento transcurriera con más orden y celeridad. Lo que no se entiende es por qué había una tarima presidencial, si ni el presidente ni la primera dama estaban allí. ¿Será que se enteraron del viaje de Mulino en la conferencia de prensa del jueves, como el resto? Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Panamá, José Raúl Mulino. Cortesía
7A La Prensa Panamá, lunes 19 de enero de 2026 Panorama Cinco municipios concentraron más de un tercio de los $11.5 millones en transferencias extraordinarias giradas por el MEF entre 2024 y 2025. Ilustración generada con inteligencia artificial. LP Así repartió el MEF las transferencias extraordinarias a municipios Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS Cinco municipios concentraron el 34% de los $11.5 millones que asignó el MEF en transferencias extraordinarias. Chame encabeza el ‘ranking’; le siguen Pedasí, Aguadulce, Pinogana y Bugaba. En el club de los beneficiados con transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Chame destronó a Pedasí y a Aguadulce, que figuraban en la lista de los favoritos del gobierno al momento de repartir fondos extraordinarios. Chame, un municipio de la provincia de Panamá Oeste, cuyo alcalde es Francisco León Fu, quien llegó al cargo postulado por los partidos oficialistas Realizando Metas (RM) y Alianza, recibió $1.2 millones en transferencias extraordinarias, de acuerdo con información del MEF aportada a los diputados de Vamos. El alcalde de este municipio recibió seis desembolsos: $450 mil en tres transacciones efectuadas en diciembre de 2024 y otras tres en septiembre de 2025 que sumaron $750 mil. El mapa de poder político en Chame, además del alcalde León, se completa con el diputado del circuito 13-3, Edwin Vergara, del Partido Panameñista, una zona donde el exdiputado José María Herrera también mantiene influencia política. Herrera es miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros y padre de la ministra de Cultura, Maruja Herrera. En las elecciones de 2024 fue postulado por el Partido Revolucionario Democrático, RM y el Molirena; sin embargo, no ganó. Pedasí En el ranking de los cinco municipios más beneficiados con los fondos del MEF, después de Chame aparece Pedasí, que recibió $1 millón distribuido en cuatro transferencias entre diciembre de 2024 y abril de 2025. El alcalde de Pedasí es Miguel Batista, del partido Cambio Democrático (CD), quien en una reciente entrevista con La Prensa descartó cualquier interferencia política detrás de las transferencias del MEF. Explicó que los fondos se destinaron a resolver problemas urgentes de agua y a mejorar caminos de producción. “Es más rápido actuar desde el municipio”, aseguró. Consultado sobre si algún diputado ayudó a gestionar los fondos, respondió: “El político soy yo. No necesité a ningún diputado”. Aguadulce En tercer lugar aparece Aguadulce, que recibió $950 mil. Este territorio es feudo del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y presidente electo del Partido Panameñista. A este municipio de Coclé le asignaron seis transacciones: cuatro en diciembre de 2024 que sumaron $600 mil y otras dos en septiembre y noviembre de 2025 por $350 mil. El alcalde de este municipio es Cristian Eccles, quien en los comicios de 2024 fue candidato suplente de Jorge Herrera. Herrera, además de ser reelecto como alcalde, también consiguió la reelección como diputado. En esta ocasión optó por la Asamblea y delegó la administración de la comuna en Eccles. Pinogana Pinogana, en Darién, ocupa el cuarto lugar, con $900 mil. La alcaldesa de Pinogana es Jannelle Dadineth González, de Cambio Democrático, quien además ejerce otro rol: presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa). En los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, Amupa recibió $7.8 millones de la siguiente manera: el 1% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que le corresponde por ley, y otro 1% proveniente del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, según documentos oficiales. Sin embargo, pese a manejar dos fuentes de financiamiento, Amupa no ha presentado informes de rendición de cuentas al MEF desde que se implementó la normativa. “A la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha recibido informes mensuales, trimestrales o anuales”, advirtió la institución. Bugaba Completa el top cinco Bugaba, en Chiriquí. Este distrito, gobernado por un alcalde de Cambio Democrático, obtuvo $850 mil, según los registros del MEF. En diciembre de 2024 recibió tres transferencias que sumaron $450 mil. En marzo de 2025 y septiembre de ese mismo año accedió a otros $400 mil. El alcalde de este distrito es Rafael “Tito” Quintero. Los diputados de esta zona son Ricardo Vigil y Ariana Coba, del Partido Panameñista. Ambos llegaron por primera vez al Palacio Justo Arosemena en las elecciones de mayo de 2024. El 34% de los recursos Estos cinco municipios concentraron cerca del 34% de los $11.5 millones que destinó el MEF en transferencias extraordinarias. En conjunto, estos distritos recibieron alrededor de $3.9 millones, mientras que más de una veintena de municipios y juntas comunales accedieron a una sola transferencia o a montos considerablemente menores. El calendario de pagos revela que los recursos no se distribuyeron de manera regular a lo largo del periodo, sino que se concentraron en fechas específicas. El 6 de diciembre de 2024 fue el día con mayor volumen de transferencias, con más de $3 millones asignados a por lo menos 15 municipios y juntas comunales en una sola jornada. Un segundo momento importante se produjo el 19 de septiembre de 2025, cuando se registraron múltiples transferencias simultáneas, incluidas algunas de las más altas del periodo. Ese día, por ejemplo, Chame recibió $750 mil, Bugaba $400 mil y varios municipios adicionales accedieron a partidas de $150 mil y $250 mil. En una carta dirigida a la bancada Vamos, fechada el 15 de enero de 2026, el ministro Felipe Chapman informó que el MEF efectuó transferencias por un total de $11.59 millones, las cuales, añadió, se realizaron “dentro del marco constitucional y legal”. Según el documento, en 2024 se transfirieron $6.9 millones, mientras que en 2025 se asignaron $4.69 millones. Josimar Camaño, representante de Chilibre. LP Chilibre, el corregimiento pobre del distrito capital que quedó fuera de las partidas extraordinarias del MEF GOBIERNOS LOCALES Eliana Morales Gil [email protected] Chilibre forma parte del distrito capital, integra la cuenca del Canal de Panamá y tiene más de 50 mil habitantes. Sin embargo, según los índices oficiales, figura entre los corregimientos urbanos con mayor pobreza del país. Para su representante, Josimar Camaño, ese binomio por qué el territorio queda atrapado entre decisiones que se toman más allá de su despacho. “Chilibre… apareció como número uno de pobreza… sigue en la misma problemática”, dice Camaño, militante del Partido Panameñista, al describir una situación que, según él, no se puede explicar solo desde el ámbito local. “Son problemas que ya son de Estado, de gobierno central”, insiste. En efecto, es uno de los corregimientos urbanos con mayor número de personas en condición de pobreza multidimensional, de acuerdo con un análisis elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo en 2020, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lejos de las partidas extraordinarias La exclusión del corregimiento de las transferencias extraordinarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) profundizó esa percepción de abandono. Mientras el gobierno del presidente José Raúl Mulino justificó esos recursos como un apoyo a municipios con altos niveles de pobreza, Chilibre no recibió ninguna partida adicional. Camaño atribuye esa decisión a su ubicación administrativa. “Cuando ven al corregimiento de Chilibre, que es parte de la Alcaldía de Panamá, piensan que nosotros tenemos todo el dinero”, afirma. Luego remarca: “Aquí en Chilibre hay pobreza, hay pobreza extrema”. El representante aclara que no desconoce las necesidades del interior del país, pero cuestiona que se excluya a comunidades pobres dentro del distrito capital. “Que miren estos corregimientos, que también tienen necesidades básicas y muy complejas a la vez”, plantea. La deuda del Municipio de Panamá Del lado del Municipio de Panamá, dice, el respaldo tampoco ha sido significativo. Según el representante, en 2025 el Municipio aprobó a la junta comunal 16 proyectos para Chilibre, pero llegó 2026 y nada de lo prometido se ha concretado. Ninguno. Esas iniciativas estaban orientadas a resolver problemas básicos de la comunidad, como el acceso a agua potable y mejoras de infraestructura. Cuando consulta por las razones de los retrasos, la respuesta, dice, se repite: “Siempre es el proceso burocrático en Contraloría”. Reconoce que la fiscalización es necesaria, pero subraya el impacto del tiempo perdido. “Imagínense, ya estamos en 2026 y pocos de esos proyectos se han ejecutado”. Las obras ejecutadas directamente por la Alcaldía de Panamá también son escasas. Camaño menciona solo tres intervenciones en calles y veredas. “Solamente tres en Chilibre”, precisa, y enumera las comunidades beneficiadas: Los Ocueños (Jalisco), Vientofranco y Don Bosco. “Es lo único que se ha ejecutado… por parte de proyectos directamente de la Alcaldía de Panamá”, recalca. Ser parte de la cuenca del Canal de Panamá A las limitaciones presupuestarias se suma una condición estructural: Chilibre está íntegramente dentro de la cuenca del Canal de Panamá. “Somos 100 % cuenca del Canal de Panamá”, recuerda el representante. Aunque reconoce la importancia de proteger el recurso hídrico, sostiene que esa condición se ha convertido en una barrera para el desarrollo. “Nos restringen en muchos aspectos”, afirma. Según Camaño, esas restricciones desalientan la inversión privada y limitan el comercio. “Aquí son pocos los comercios que hay”, dice, y subraya una carencia básica: “Aquí no hay banco”. Servicios de salud y ‘la calle de la muerte’ El acceso a la salud refleja otra capa del problema. Chilibre cuenta con dos centros de salud, pero, según el representante, no están equipados ni operan plenamente. “Supuestamente hay dos turnos de atención”, explica, pero relata que a partir de la tarde los pacientes ya no consiguen cupo. Durante años, añade, una urgencia médica implicaba salir del corregimiento por la vía Transístmica, conocida entre los residentes como “la calle de la muerte”. La transición Cuando asumió el cargo, en julio de 2024, Camaño dice haber encontrado una junta comunal con múltiples irregularidades. “Hemos encontrado diferentes temas”, afirma. Por ejemplo, en los informes habían bienes registrados pero que no aparecieron de forma física. “Inmediatamente remitimos eso a la Contraloría”, añade. También menciona deudas con la Caja de Seguro Social y la ausencia de sistemas de información. “No encontramos ningún sistema… todas las computadoras en blanco”, relata. Entre 2019 y 2024, la junta comunal de Chilibre fue manejada por Yoira Perea, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), condenada por peculado en perjuicio del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE). Frente a ese escenario, sostiene que su administración intenta sostener tres ejes: consulta ciudadana, participación y rendición de cuentas. Pero insiste en que la voluntad local no basta cuando las decisiones clave se toman en otras instancias del Estado. “No esperemos los últimos años para hacer cosas”, adviertió en su despacho, ubicado a orillas de la carretera en Chilibre.
8A La Prensa Panamá, lunes 19 de enero de 2026 Panorama El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recordó que el Concurso General de Becas contempla causales específicas de eliminación y descalificación que pueden derivar en la pérdida del beneficio, tanto durante el proceso de selección como después de que la beca haya sido adjudicada. La entidad subrayó que uno de los motivos más graves de exclusión es la presentación de información falsa o la alteración de documentos durante el registro. Según el Ifarhu, cualquier inconsistencia en los datos suministrados por el aspirante —incluidos los relacionados con el ingreso familiar— puede ocasionar la descalificación automática del concurso. En los casos en que la beca ya haya sido otorgada, la institución advirtió que la detección de información falsa conllevará la cancelación inmediata del beneficio, sin importar el tiempo transcurrido desde su adjudicación. Esta medida aplica tanto para errores intencionales como para omisiones que afecten la veracidad de la inBecas Ifarhu 2026: Riesgo de quedar fuera por datos falsos o papeles alterados EDUCACIÓN formación presentada. Las autoridades del Ifarhu insistieron en que los aspirantes deben completar el formulario de postulación con total transparencia y apegarse a los requisitos establecidos, ya que los datos suministrados son objeto de verificación durante y después del proceso de selección. El Concurso General de Becas 2026 para Estudiantes Distinguidos mantiene habilitado su período de inscripción hasta el viernes 23 de enero, fecha límite para completar el registro. El instituto reiteró que el cumplimiento estricto de las normas es indispensable para evitar sanciones que puedan comprometer la continuidad de los estudios de los beneficiarios. Gran cantidad de basura se acumulaban en las calles del distrito de San Miguelito a pocos días de que culminará el contrato de concesión de recolección de desechos. Isaac Ortega Basura, sanciones y millones cobrados: así se fue Revisalud Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] CRISIS SANITARIA Tras 25 años de concesión, el contrato de Revisalud para la recolección de basura en San Miguelito venció dejando a su paso sanciones sanitarias. y millonarios cobros cuestionados. Desde este 19 de enero, el distrito de San Miguelito entra en una nueva etapa marcada por la incertidumbre. Un día después de que venciera oficialmente el contrato de concesión para la recolección de desechos sólidos, firmado hace 25 años con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), el panorama que queda al descubierto es el de un servicio cuestionado, múltiples alertas sanitarias documentadas en informes oficiales y una población que, durante años, ha convivido con la acumulación de basura, malos olores y riesgos para la salud. El contrato, suscrito el 18 de enero de 2001, otorgó a Revisalud la responsabilidad de recolectar, tratar y disponer los desechos sólidos en uno de los distritos más poblados del país. Su vencimiento no llega acompañado de un balance positivo, sino respaldado por informes técnicos emitidos entre 2023 y 2024 por el Ministerio de Salud (Minsa) y el Municipio de San Miguelito, que documentan incumplimientos contractuales, sanciones sanitarias y una cobertura de recolección que no alcanza ni el 60%. Para miles de residentes de San Miguelito, el problema de la basura no es nuevo. En calles, veredas, quebradas y áreas cercanas a escuelas y comercios, la acumulación de desechos se ha convertido en una escena cotidiana. Bolsas rotas, vertederos improvisados y lixiviados corriendo por las cunetas han sido parte del paisaje urbano, especialmente en las zonas más vulnerables. Esta realidad fue descrita en el Informe Complementario No. 041601/SA/DSP/ RSSM/017, fechado el 2 de mayo de 2023 y elaborado por la Sección de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud de San Miguelito. El documento alertó sobre la existencia de vertederos a cielo abierto, descargas de lixiviados sobre líneas de agua potable, cunetas y accesos a planteles escolares y comercios, así como la proliferación de ratas, moscas, cucarachas y gusanos, vectores que representan un riesgo directo para la salud pública. Los informes sanitarios advierten que estas condiciones afectan de manera particular a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, al tiempo que deterioran el entorno urbano y la calidad de vida de comunidades enteras. Pese a las deficiencias documentadas, la empresa recibió millones de dólares en concepto de tasa de aseo. De acuerdo con registros oficiales, entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, Revisalud cobró alrededor de 6.5 millones de dólares, sin contar subsidios adicionales otorgados por el Municipio de San Miguelito ni fondos provenientes de los ministerios de Salud y Educación. Según el expediente administrativo, estos pagos han sido cuestionados debido a que no todos fueron formalizados mediante adendas contractuales refrendadas por la Contraloría General de la República, tal como exige la cláusula 17 del contrato original y la Ley Orgánica de la Contraloría. Esta situación ha generado interrogantes sobre el manejo de fondos públicos y el nivel de control ejercido durante distintas administraciones municipales. Los señalamientos contra la empresa no se limitan al estado visible de las calles. Los informes oficiales detallan que Revisalud incumplió obligaciones contractuales esenciales, entre ellas la recolección adecuada de residuos hospitalarios y escolares, así como la prestación del servicio en zonas de difícil acceso y áreas de extrema pobreza, labores que ya estaban contempladas en el contrato original de 2001. A esto se suma una deuda cercana a los 3 millones de dólares con el Municipio de San Miguelito, correspondiente al pago mensual mínimo de 12 mil 500 dólares, según certificaciones de la Dirección de Auditoría Interna Municipal. También se documenta el incumplimiento de pagos a las juntas comunales y la falta de inscripción de la flota vehicular en el municipio, lo que genera incertidumbre sobre el traspaso de bienes al finalizar la concesión. Sanciones y alerta sanitaria Durante 2023, la empresa fue sancionada en al menos dos ocasiones por la Dirección Regional de Salud de San Miguelito, mediante las Resoluciones No. 035 del 13 de junio de 2023 y No. 050 del 25 de julio de 2023, con multas de 5 mil dólares cada una, debido a deficiencias sanitarias que afectaban tanto a la comunidad como a los trabajadores del servicio. La situación alcanzó su punto más crítico en enero de 2024, cuando el Minsa declaró alerta sanitaria en el distrito de San Miguelito, mediante la Resolución No. 003 del 25 de enero de 2024, ante la acumulación de desechos sólidos. La resolución advirtió que, de no adoptarse medidas correctivas, el Estado aplicaría controles sanitarios para proteger la salud de la población, conforme al Código Sanitario. Ese mismo mes, el Informe Técnico de Oficio No. 01-2024, elaborado por la Sección de Saneamiento Ambiental de la Región de Salud de San Miguelito, recomendó rescindir de manera definitiva el contrato, al concluir que los incumplimientos atentaban contra la salud pública y el ambiente. El documento señaló que siete de los nueve corregimientos del distrito presentaban una acumulación grave de basura, afectando comercios, escuelas y avenidas de alto tránsito. Además,entreel5yel17dejulio de 2024, una supervisión técnica sanitaria de la Alcaldía de San Miguelito reveló que la empresa solo cumplía con el 55.67% de la recolección programada, según su propio plan operativo. El informe concluyó que las rutas y los horarios no se cumplían, que existía un alto volumen de denuncias ciudadanas y que la empresa no entregó información clave, como el tonelaje recolectado y el inventario detallado de la flota por rutas, lo que dificultó una supervisión efectiva y transparente del servicio. ¿Y ahora qué? Con el contrato ya vencido, San Miguelito enfrenta una decisión crucial. La forma en que las autoridades municipales y nacionales manejen esta transición será determinante para recuperar la confianza de la población y garantizar un servicio esencial para la salud y la dignidad de los residentes. Más allá de la empresa que asuma la recolección de basura en adelante, el caso deja una lección clara: la falta de fiscalización oportuna y de decisiones firmes termina trasladando el costo a la ciudadanía, que es quien convive a diario con la basura, los malos olores y los riesgos sanitarios. El fin del contrato de Revisalud no es solo el cierre de un ciclo administrativo de 25 años. Es también una oportunidad para replantear cómo se gestionan los servicios públicos, cómo se protege la salud de la población y cómo se exige rendición de cuentas cuando se trata de recursos que pertenecen a todos. No obstante, el Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir temporalmente la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, ante el colapso del servicio y el riesgo que esto representa para la salud pública. La decisión se adoptó tras constatar que la suspensión de la recolección de residuos estaba generando una acumulación peligrosa de desechos, afectando a más de 200 mil habitantes del distrito. Según el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, las acciones ejecutadas hasta el momento han sido de carácter provisional y no garantizan una solución sostenible, especialmente ante la falta de contratos refrendados con las empresas que debían iniciar operaciones a partir del 19 de enero El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que el Gobierno Nacional activó una respuesta de emergencia, destinando cerca de 700 mil dólares para atender la situación, con el objetivo de prevenir brotes de enfermedades y una posible crisis sanitaria. Boyd Galindo explicó que, al vencerse el contrato de la empresa anteriormente responsable del servicio, no existe una estructura operativa capaz de continuar con la recolección de manera inmediata, razón por la cual se facultó a la AAUD para asumir el control del servicio durante los próximos meses, mientras se avanza en un proceso de licitación pública. El fin del contrato de Revisalud abre una etapa decisiva para San Miguelito. Más allá del cambio en la recolección de basura, lo que está en juego es la capacidad del Estado para garantizar un servicio básico, proteger la salud pública y responder a una población que por años ha vivido entre desechos, riesgos sanitarios y promesas incumplidas. El Concurso General de Becas 2026 finaliza el pasado viernes 23 de enero. Archivo
9A La Prensa Panamá, lunes 19 de enero de 2026 Antiguo edificio para trabajadores solteros de la nómina norteamericana de la Panamá Canal Company, tomada en agosto de 1955 . (Fuente: U.S. National Archive and Records Administration) De edificio para civiles solteros a mercado de artesanías Juan Posada ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] MEMORIA URBANA De antiguos alojamientos para civiles estadounidenses a mercado cultural, el terreno del actual Mercado de Artesanías de Balboa resume décadas de transformación urbana y memoria histórica panameña. El Mercado de Artesanías de Balboa (MAB), hoy un espacio vibrante de intercambio cultural y comercial, ocupa un terreno cuya historia dista mucho de su función actual. Los Bachelor Quarters de Balboa En el terreno donde hoy se emplaza el MAB existieron dos edificios tipo barraca, identificados como 0852 y 0853. Formaban parte del sistema de alojamiento para hombres civiles solteros (Bachelor Quarters), empleados por la Panama Canal Company bajo nómina estadounidense. Estaban ubicados sobre la entonces Balboa Road, actual avenida Arnulfo Arias Madrid, en ruta hacia El Chorrillo. Eran construcciones sencillas de madera, de dos niveles, diseñadas bajo un esquema austero y funcional. Las habitaciones eran pequeñas, y los baños y áreas de estar eran de uso compartido. El alquiler mensual incluía servicios básicos, aunque los residentes debían proveerse de sus artículos personales. La evidencia cartográfica y fotográfica sugiere que estos edificios fueron construidos a inicios de la década de 1940, en un momento de intensa actividad vinculada a la operación del Canal durante la Segunda Guerra Mundial. Vida cotidiana entre lo ordinario y lo excepcional Las primeras referencias documentales sobre estos edificios provienen de la prensa local. Anuncios clasificados publicados en The Panama American durante la década de 1940 muestran a residentes ofreciendo automóviles en venta. Otra nota estuvo dedicada a reseñar la detención de jóvenes panameños y norteamericanos por alteración del orden público, en un caso que terminó en absolución. También, en 1948, se publicó el fallecimiento en una de sus habitaciones de un contratista norteamericano de 51 años, víctima de una falla cardíaca. Estos hechos, aunque aislados, recuerdan que incluso los espacios concebidos como meramente funcionales están atravesados por tensiones, vulnerabilidades y dramas propios de toda vida urbana. Deterioro, abandono y desaparición Los edificios continuaron en uso, aunque con un mantenimiento cada vez más precario, hasta mediados de la década de 1970. Con el paso del tiempo, adquirieron un apodo revelador: Termite Manor (“La Mansión de las Termitas”), reflejo tanto de su deterioro físico como del cambio en la percepción social que los rodeaba. La entrada en vigor de los Tratados Torrijos-Carter en 1978, que contemplaban la reducción progresiva del personal estadounidense en la Zona del Canal, aceleró su abandono. Para 1980, imágenes aéreas muestran que solo uno de los edificios permanecía en pie. Este último vestigio habría sido ocupado informalmente por personas sin hogar, lo que dio origen a un nuevo y más despectivo sobrenombre: Roach Manor (“La Mansión de las Cucarachas”). Poco después, el edificio fue demolido, desapareciendo del paisaje urbano de Balboa. Stevens’ Circle: el germen cultural Mientras los antiguos edificios para civiles solteros entraban en decadencia, a poca distancia comenzaba a gestarse otra forma de apropiación del espacio urbano. En una pequeña plaza del paseo El Prado —frente al Comisariato y la oficina de correos de Balboa— surgió el Stevens’ Circle, nombrado oficialmente en 1962 en honor a John F. Stevens. Durante la década de 1970, este espacio se transformó en un mercado artesanal informal. Artistas, joyeros, peleteros y artesanos guna, junto con organizaciones de la sociedad civil, comenzaron a exhibir y vender sus productos en un ambiente creativo, festivo y bohemio. Con el tiempo, las autoridades regularon la actividad, otorgando licencias únicamente a quienes vendían lo que ellos mismos elaboraban y organizando el espacio con áreas delimitadas para cada comerciante. A pesar de su éxito, el mercado funcionaba a la intemperie y sin servicios básicos, una limitación cada vez más evidente a medida que crecía su popularidad. Del terreno abandonado al Mercado de Artesanías de Balboa Fue en este contexto que la Alcaldía de Panamá, bajo la administración de Mayín Correa, impulsó la construcción de un mercado de artesanías formal. Para ello se aprovechó el terreno anteriormente ocupado por los edificios 0852 y 0853, transformándolo en una plaza de mercado con áreas de estacionamiento. El 25 de junio de 1998 se inauguró oficialmente el Mercado de Artesanías de Balboa. La nueva infraestructura mejoró de manera sustancial las condiciones de trabajo de los artesanos y la experiencia de los visitantes, incorporando baños, accesos universales y espacios adecuados para la venta. Hoy, el MAB es un referente cultural y turístico de la ciudad, donde convergen tradición, identidad y economía local. Su historia recuerda que los espacios urbanos no son estáticos: cambian, se degradan y se resignifican. Allí donde antes hubo barracas funcionales y luego abandono, hoy hay color, memoria viva y cultura. Esa transformación silenciosa también forma parte de la historia de Panamá. Foto actual del Mercado de Artesanías de Balboa, ubicado en los terrenos que ocupaba el edificio 0852 Panorama
10A La Prensa Panamá, lunes 19 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. que las escuelas y universidades no sean meras aulas, sino espacios de transformación. Aunque el marco legal existe, comunidades costeras ya enfrentan inundaciones más frecuentes, mientras agricultores y ganaderos padecen sequías prolongadas. Estos desafíos nos recuerdan que se requiere una educación ambiental que conecte la teoría con la práctica y prepare a la ciudadanía para responder a las urgencias socioambientales que vive el país. Hoy, más que nunca, la educación ambiental debe ser preventiva y no solo reactiva. La crisis climática exige una formación que trascienda lo conceptual y se integre de manera transversal en todas las asignaturas y actividades, asegurando que la información científicalleguedeformaclarayútilalascomunidades. En áreas rurales, donde la deforestación compromete la subsistencia, y en barrios urbanos afectados por la contaminación de ríos y quebradas, la educación ambiental se convierte en una verdadera herramienta de resiLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¡Y llegó la singularidad! IA Con el fervor de los creyentes, escribí dos o tres columnas en La Prensa relacionadas con el tema más trascendental de nuestra época: la próxima llegada del salto cultural más dramático de El derecho al olvido oncológico: una deuda pendiente Seguros de salud existentes como el cáncer. Por otro lado, la Americans with Disabilities Act de 1990 protege contra la discriminación laboral por discapacidad e impacta en ciertas prácticas de seguros, exigiendo ajustes razonables en algunos casos. No obstante, ninguna de estas leyes establece un derecho al olvido explícito para eliminar la consideración de historiales médicos durante evaluaciones de riesgo fuera del ámbito regulado por la ACA, lo que puede derivar en formas de discriminación indirecta. En América Latina, los avances son más recientes y variables, dependiendo en gran medida de la existencia de sistemas públicos de salud. Chile fue pionero con la Ley 21.656 de 2024, que establece un plazo de cinco años desde la remisión completa sin recaídas y declara nulas las cláusulas discriminatorias en seguros y productos financieros. Colombia adoptó la Ley 2475 de 2025, que fija cuatro años sin recaídas para adultos y dos años en casos de diagnóstico infantil, e incluye medidas de confidencialidad, no discriminación en empleo, educación y servicios financieros, así como sanciones por incumplimiento. En Panamá no existe legislación vigente sobre este derecho. Las aseguradoras privadas, reguladas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, siguen considerando el cáncer como condición preexistente, lo que genera exclusiones, rechazos o primas adicionales incluso años después de la recuperación. El sistema público ofrece cobertura sin discriminación, pero su saturación limita las opciones para tratamientos avanzados o la rapidez en la atención. Los principales problemas que enfrentan los sobrevivientes incluyen: rechazo total o exclusión específica de coberturas relacionadas con el cáncer; recargos elevados en primas cuando se acepta la póliza; dificultades para renovar, cambiar o contratar nuevos seguros; barreras en productos financieros vinculados (préstamos hipotecarios y créditos); y limitaciones en coberturas de tratamientos innovadores o seguimientos prolongados. Un avance relevante es el Proyecto de Ley 350, “Que establece el Derecho al Olvido Oncológico y dicta otras disposiciones”, aprobado recientemente por unanimidad en la CoTomás Cristóbal Alonso Educar para transformar: Panamá ante el reto ambiental Ambiente “La educación ambiental convierte la conciencia ciudadana en acción concreta hacia la sostenibilidad”. Cada 26 de enero, el Día Mundial de la Educación Ambiental nos invita a detenernos y reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad. ¿Somos realmente conscientes de que la educación ambiental dejó de ser un tema accesorio y se convirtió en un mandato legal y moral? La Ley 38 de 2014 obliga a que la enseñanza ambiental y la gestión de riesgos formen parte de todo el sistema educativo; de allí la tarea de garantizar liencia. Por ello, debería ser tan esencial como aprender a leer o escribir. Panamá ha dado pasos firmes hacia la sostenibilidad. Es reconocido como líder azul y, durante la conferencia Our Ocean, se anunció que conserva el 54.33% de su zona económica exclusiva. El país alberga la mayor diversidad de especies de manglar del continente americano, con 12 de las 65 especies puras identificadas en el mundo. Además, posee una de las mayores precipitaciones de la región, una cobertura boscosa del 68% del territorio y un 43% de esos bosques protegidos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), lo que lo posiciona como una nación carbono negativa. Estos logros no son solo cifras: constituyen un patrimonio vivo que exige protección y compromiso colectivo. En el plano internacional, Panamá se alinea con la Declaración de Berlín de la Unesco (2021), que impulsa la educación para el deOpinión LA AUTORA es escritora. LA AUTORA es doctora en educación ambiental. EL AUTOR es abogado. Beatriz Valdés misión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Esta aprobación se dio tras la incorporación de modificaciones sustantivas sugeridas por una subcomisión y luego de consultas con representantes de Apadea, la Asociación Bancaria, la Superintendencia de Bancos, asociaciones de pacientes y especialistas en oncología. Actualmente, el proyecto está a la espera de su presentación en Texto Único y de su segundo debate en el Pleno. El proyecto establece un plazo general de cinco años sin recaídas desde la finalización del tratamiento activo (artículo 3), pero incorpora una tabla oficial de referencia con plazos reducidos para tipos de cáncer de bajo riesgo o etapas tempranas (artículo 5), como: cáncer de mama in situ: 1 año; melanoma in situ: 1 año; cáncer cervical CIN III/in situ: 1 año; cáncer testicular seminoma puro etapa I: 3 años. En otros casos, los plazos varían hasta 8, 10 o 18 años, según el nivel de riesgo. La aplicación del plazo específico requiere una certificación médica expedida por un comité especializado compuesto por hematólogo, oncólogo médico, radiooncólogo y/o cirujano oncólogo, según corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 2. Una vez transcurrido el plazo determinado, ninguna entidad bancaria, crediticia o de seguros podrá considerar antecedentes oncológicos para imponer cláusulas, condiciones más gravosas, exclusiones o discriminaciones (artículos 4 y 6); dichas estipulaciones se considerarán nulas. Asimismo, se incorporan derechos irrenunciables en la Ley de Seguros (Ley 12 de 2012), en materia bancaria (Decreto Ley 9 de 1998) y en la regulación de empresas financieras (Ley 42 de 2001). Asociaciones de aseguradoras y bancos han alertado sobre posibles efectos económicos, como el incremento en las primas, y han sugerido restringir la aplicación únicamente a seguros relacionados con créditos, argumentando que la no obligación de declarar podría vulnerar el principio de buena fe en la suscripción de riesgos. No obstante, el proyecto busca equilibrar la protección de derechos con salvaguardas técnicas, como la certificación médica y la tabla científica. Desde la óptica de los derechos humanos, El derecho al olvido oncológico es una disposición legal diseñada para proteger a las personas que han superado un cáncer, impidiendo que su historial médico sea utilizado como base de discriminación en el acceso a seguros de salud, de vida y otros productos financieros, así como en préstamos bancarios e hipotecas. Tras un periodo determinado sin recaídas, generalmente cinco años desde la finalización del tratamiento activo, estas personas no están obligadas a declarar sus antecedentes oncológicos, y las entidades no pueden rechazar la solicitud, aumentar primas ni imponer condiciones más onerosas únicamente por ese motivo. La meta principal consiste en eliminar el estigma y la discriminación, además de promover la plena integración social, laboral y económica. Según estudios científicos, casi todas las recaídas se producen durante los primeros cinco años después de recibir tratamiento. Superado ese periodo, el riesgo es similar al de cualquier persona en la población general. La iniciativa surgió en el marco del Europe’s Beating Cancer Plan (2021), que instó a losEstadosmiembrosdelaUniónEuropeaa coordinar medidas para facilitar el acceso a seguros y crédito a supervivientes de cáncer antes de 2025. Francia, pionera desde 2016, revisó su marco en 2022 y redujo determinados plazos a cinco años. A partir de entonces, varios países —entre ellos Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España (2023), Italia, Rumanía, Chipre y Eslovenia— han adoptado leyes, códigos o acuerdos sectoriales; no obstante, los plazos, el alcance y las excepciones varían según la jurisdicción. En Estados Unidos, la Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) de 2010 impide que se rechace cobertura médica o se cobren primas más altas por condiciones preMelitza Tristán aprobar la medida reforzaría el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Panamá, que prohíbe la discriminación en el acceso a la salud en sus artículos 2 y 12. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a servicios médicos sin discriminación, y la Observación General No. 14 del Comité DESC recalca que negar seguro de salud por motivos de salud constituye una infracción grave. En casos de cáncer, excluir a personas se considera estigmatización y violación del principio de igualdad. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad amplía estas protecciones al reconocer el cáncer como discapacidadtemporalopermanente.Discriminaren seguros de salud afecta el tratamiento y la reintegración social, y contradice los principios de dignidad y equidad. Para una implementación eficaz y sostenible se sugiere: agilizar los debates restantes mediante una mesa técnica multipartita que incluya al gobierno, Apadea, asociaciones de pacientes y oncólogos; mantener y fortalecer la tabla de plazos basada en evidencia científica internacional (por ejemplo, guías de la UICC), con periodos menores para cáncer pediátrico o de bajo riesgo; crear mecanismos de compensación como un fondo de reaseguro estatal o incentivos fiscales, similar al modelo francés; designar a la Superintendencia de Seguros como ente fiscalizador con sanciones y canales de denuncia ágiles; lanzar campañas de sensibilización sobre el bajo riesgo posterior a cinco años; extender las protecciones a los ámbitos laboral y educativo (actualmente no incluidos en el proyecto), garantizando la confidencialidad de los datos médicos; y establecer un observatorio anual para monitoreo y ajustes normativos. La aprobación del Proyecto 350 posicionaría a Panamá como referente regional en equidad oncológica, equilibrando derechos individuales con viabilidad económica y avanzando hacia una sociedad más inclusiva. sarrollo sostenible hacia 2030. Este compromiso reconoce a las comunidades como protagonistas de las soluciones ambientales. Sin embargo, muchas políticas públicas terminan engavetadas por falta de continuidad, inversión o voluntad política. ¿Por qué se paralizan cuando lo responsable es corregir y avanzar? Educar para transformar implica entender que el futuro no se construye en silencio, sino en acción. La sostenibilidad no es un discurso: es una práctica que empieza en la escuela, se profundiza en la universidad y se consolida en la comunidad. La triple emergencia planetaria no espera. La educación ambiental nos recuerda que el verdadero cambio no depende solo de leyes o estadísticas, sino de una voluntad colectiva consciente de que la riqueza natural también es una gran responsabilidad. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Gerente General la historia de la humanidad: cuando la capacidad—velozyadmirable—delascomputadorassetransformeenunaauténticainteligencia, si bien artificial, de tal magnitud que cuesta manejar en la imaginación esa realidad. Pareciera que, de manera premonitoria, la ciencia ficción viniese abriendo una trocha para que el futuro se encargara del resto. Esta inteligencia artificial, que se gestaba desde Turing (quien hace 90 años inventó la computadora para servir a su patria durante la II Guerra Mundial) en muchos centros tecnológicos, prometía nacer con todos los atributos que le tomó a la evolución muchos millones de años en dotarnos. Para que el admirable cerebro del Homo sapiens sapiens alcanzara las capacidades que ya tiene la inteligencia artificial, habríamos tenido que sobrevivir como especie otros tantos millones de años. ¡Y sí! Ya llegó lo que, en mis más optimistas expectativas, se esperaba para el 2030: fue anunciado por el inventor, genio de múltiples aristas, Elon Musk, en los últimos días; la inteligencia artificial pasó, en seis lugares distintos del planeta, la Prueba de Turing, la que determinaría tajantemente que la IA superaba con mucho, mucho, mucho a la inteligencia de los humanos. La llegada de la singularidad, como Ray Kurzweil bautizó este fenómeno hasta ahora por venir, cambiará de forma radical, maravillosa y dolorosa a la vez, la calidad de vida y la longevidad de nuestra especie. Entre la poca información que se ha venido esparciendo en los medios sobre la IA, domina el miedo. Miedo a cambios que serán irreversibles y, por el momento, en importante medida, impredecibles. Yo, que me he mantenido en las filas de este movimiento por casi veinte años, habiendo alcanzado una edad cuando ya no esperaba estar viva para la llegada de la singularidad, solo quiero ver cómo nos brinda lo bueno, lo positivo, soluciones a muy corto plazo a las enfermedades, la vejez y hasta a la innecesaria muerte con que venimos encadenados al mundo.
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