8A La Prensa Panamá, domingo 18 de enero de 2026 riódica, diaria? ¿O será que subcontratarán a otras empresas? De ser así, ¿cuál es la experticia? ¿Cómo será su contratación? ¿Directa? ¿Cuáles son los nombres de estas empresas? ¡Cuánto secretismo e improvisación! En San Miguelito hay que recoger la basura, de eso no hay duda. Es un tema urgente de salud pública. La pregunta del millón es: ¿por qué este gobierno tardó casi dos años en darse cuenta de esta necesidad? ¿Por qué no se le prestó el apoyo adecuado e inmediato a la autoridad encargada de esta faena? ¿Será porque no es integrante del partido político reinante? Todo parece indicar que esta acción fue planeada con mucha argucia. Los golpes enseñan, alcaldesa. ¡Aprenda! El pueblo de San Miguelito la eligió porque creyó sin ver. Basta de tantos aspavientos, demostrando talentos como batutera en desfiles patrios o de moda, donde la preocupación parece ser demostrar que se puede ver mejor perdiendo unos kilitos, asistida por una buena nutricionista. ¡Basta de interactuar tanto en redes sociales mostrando obras insignificantes solo para convertirse en la influencer más cotizada! Gestione mejor su inteligencia emocional. No se pelee con tuti il mundi. No sea puente roto. No imite a altas autoridades de gobierno que se presentan groseras y rofeonas. Eso la desacredita por completo. La Policía: respeto, vocación y gratitud Generalizaciones injustas En Panamá se ha vuelto habitual hablar de la Policía desde la desconfianza, el enojo o el prejuicio. Cada error, cada abuso, que debe investigarse y sancionarse, termina proyectándose injustamente sobre toda una institución. Así, las acciones de unos pocos pesan más que el trabajo silencioso y constante de miles de policías que cumplen su deber con honestidad. Esta generalización no solo es injusta; es peligrosa. Todos los días, sin excepción, hombres y mujeres policías salen a las calles para proteger nuestras vidas, nuestras familias y nuestros bienes. Lo hacen bajo el sol, la lluvia, en la madrugada o en zonas donde muchos no se atreverían a entrar. Mientras la mayoría continúa con su rutina, ellos enfrentan riesgos reales para que la sociedad pueda vivir con un mínimo de orden y tranquilidad. Ellos son personas. Tienen padres, hijos, parejas. También sienten miedo. También se cansan. Y aun así, se colocan un uniforme y asumen una responsabilidad que pocos estarían dispuestos a cargar. Tuve la oportunidad de formarme en una escuela militar en los Estados Unidos, y aprendí algo que nunca olvidé: proteger y servir no es un lema, es una disciplina y un compromiso hacia el bienestar de los demás. Implica entrenamiento riguroso, control emocional, respeto por la vida humana y un profundo sentido del deber. Esa misma vocación existe en muchos policías panameños que rara vez reciben reconocimiento, pero con frecuencia reciben desprecio. Exigir rendición de cuentas es correcto. Nadie está por encima de la ley. Pero destruir la legitimidad de toda una institución por fallas individuales no fortalece a la sociedad; la debilita. Sin su presencia, y cuando se pierde el respeto por quienes mantienen el orden, se abre espacio para el caos, y los primeros en sufrirlo son siempre los más vulnerables. Por supuesto que deben señalarse los abusos y corregirse los errores. Nadie está por encima de la ley. Pero una cosa es exigir rendición de cuentas y otra muy distinta es generalizar, deshumanizar y deslegitimar a toda una institución. Cuando perdemos el respeto por quienes mantienen el orden, lo que realmente ponemos en riesgo es nuestra propia seguridad como sociedad. La Policía no es un enemigo: es un pilar fundamental de la convivencia, la paz social y el Estado de Derecho. Tal vez sea momento de cambiar la narrativa. De agradecer más y quejarnos menos. De reconocer que, aunque imperfecta, la Policía está compuesta por personas que también tienen familias, sueños y miedos, y que cada día eligen ponerse un uniforme para proteger a otros. Una sociedad fuerte no es la que desprecia a quienes todos los días arriesgan su vida para cuidar la nuestra, sino la que exige excelencia con respeto y reconoce el sacrificio con gratitud. La Policía también es Panamá. El negocio de la miseria en las cárceles panameñas Corrupción penitenciaria camino, se castiga dos veces. Panamá cuenta con un sistema bancario sólido, con pagos digitales ampliamente extendidos y con experiencia en trazabilidad financiera. Resulta entonces difícil de justificar que cada persona privada de libertad no tenga una cuenta individual oficial, supervisada por el Estado, donde sus familiares puedan transferir fondos de manera directa, segura y sin intermediarios criminales, enlazada a un comisariato. En la mayoría de las cárceles estatales y federales de Estados Unidos, cada persona privada de libertad cuenta con una cuenta individual oficial, conocida como inmate trust account. A estas cuentas, los familiares pueden transferir dinero de forma directa, electrónica y trazable, a través de plataformas autorizadas por el propio sistema penitenciario. El dinero solo puede utilizarse para fines específicos (productos, comunicaciones, acceso a kioscos de internet). ¿Por qué no se puede hacer aquí? La tasa promedio allá es de 10% de comisión; la población carcelaria no debe ser una excusa. El punto clave es este: no hay intermediarios criminales. El Estado controla el flujo del dinero. Y cuando el Estado controla, las mafias no cobran. No se trata de otorgar privilegios. Se trata de cerrar una puerta al crimen organizado. Porque cuando el Estado no controla el flujo de dinero dentro de las cárceles, alguien más lo hace. Y ese alguien no responde a la ley, sino a la lógica de la extorsión y la violencia. La venta de productos en el penitenciario, además, se ha convertido en un espacio opaco, donde los precios suelen ser elevados y el acceso desigual. Sin control efectivo ni mecanismos financieros oficiales, el comisariato deja de ser un servicio y pasa a ser un negocio montado sobre la necesidad. La cárcel priva de libertad, pero no debería condenar al hambre, a la humillación ni al abuso económico. Regular las transferencias mediante cuentas oficiales por detenido permitiría, de inmediato, varios avances concretos: eliminar intermediarios ilegales, reducir la corrupción interna, transparentar el uso de fondos, proteger a las familias y debilitar una fuente constante de financiamiento de Iván Araúz Ramos Ver para creer: basura y poder San Miguelito “Ver para creer” es una frase popular que significa que se necesita una prueba visual para aceptar que algo es verdad o existe. Tiene un origen bíblico, en las dudas del apóstol Tomás sobre la resurrección de Jesús, aunque la visión cristiana, a menudo, la contrapone con creer para ver. En Panamá, la ciudadanía está… como Santo Tomás. ¡No creemos porque no vemos! Un porcentaje de la población, hace casi dos años, invirtió la frase: creyó para ver. Creyó que todo cambiaría para mejor; creyó que habría mucho chen chen para el pueblo; creyó que se acabaría la impunidad y la corrupción; creyó que no habría nepotismo; creyó que el gobierno sería transparente y con rendición de cuentas… ¡craso error! El presidente anuncia una nueva ordenanza en su conferencia semanal: la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) será la encargada de recoger toda la basura en el distrito de San Miguelito. ¡Cristo del perpetuo socorro! ¡Si no han podido recoger bien la del distrito de Panamá! Por múltiples razones. No tienen el equipo suficiente y el existente no está en buenas condiciones; el personal es poco y trabaja con las uñas; no cuentan con herramientas ni con el equipo de seguridad adecuado para su protección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué planificación existe? ¿Rutinaria, peEs hora de sumar, no de restar. Usted necesita el apoyo de los representantes de su distrito. Coordine y programe con ellos obras reales que beneficien a la población de San Miguelito, ejecútelas y trate de culminarlas. Hay tanto por realizar, pero sola no lo logrará. Usted quiso ser política, entonces aplique correctamente la política. Hay proyectos hermosos que, con esfuerzo, podría lograr. Por ejemplo: ¿Tiene problemas con la basura?Planee y ejecute, junto a los representantes, capacitaciones por barriadas sobre cómo manejarla, clasificarla y depositarla adecuadamente. En muchos países se instalan en las viviendas sistemas trituradores de residuos orgánicos, conocidos como garbage disposal o food waste disposer, que reducen la basura más insalubre y maloliente. Las grandes ciudades cuentan con torres miradores turísticas, con tiendas de souvenirs. Busque un área adecuada e involucre a estudiantes de último año de Arquitectura mediante convenios interinstitucionales para el diseño del proyecto. Integre también a los emprendedores del distrito y ayude a que la economía informal se transforme en formal. Demuéstreles a esas autoridades irrespetuosas que usted es una mujer joven con estatura de gigante, no como ellos, personajes diminutos provenientes del país de Lilliput. El futuro político del país está en gente joven como usted, que se atrevió a lanzarse al ruedo político y enfrentarse a los yetis políticos criollos de siempre. ¡No nos decepcionen! Por estas razones, es de suma importancia volver a confiar, y no caer nuevamente en el simple y doloroso ver para creer. EL AUTOR es abogado. LA AUTORA es arquitecta. EL AUTOR es profesional multidisciplinario: ingeniero industrial, internacionalista y abogado. Octavio Vallarino Arias mafias carcelarias. También facilitaría auditorías, controles y políticas públicas basadas en datos reales, no en rumores. Desde una perspectiva de seguridad, esta medida no debilita al Estado: lo fortalece. Desde una perspectiva social, reduce tensiones dentro de los centros penitenciarios. Y desde una perspectiva ética, envía un mensaje claro: la dignidad humana no se suspende tras los barrotes. El Ministerio de Gobierno tiene la capacidad administrativa para impulsar este cambio. No requiere reformas constitucionales ni grandes inversiones, solo voluntad política y decisión. Seguir postergándolo equivale a aceptar que el crimen organizado gestione una parte esencial de la vida carcelaria. Panamá debe decidir si quiere cárceles controladas por el Estado o economías paralelas controladas por mafias. El dinero, incluso en prisión, debe circular bajo la ley. Todo lo demás es complicidad por omisión. Porque cuando el Estado no regula, la miseria se convierte en negocio. Y ese es un lujo que un país que se dice democrático no debería permitirse. Mientras el país observa un acto público por más de 200 millones de dólares para la preparación y suministro de alimentos en las cárceles, resulta legítimo y necesario plantear una pregunta adicional: ¿por qué el comisariato penitenciario no está sujeto al mismo estándar de licitación pública, transparencia y competencia? Si el Estado reconoce que la alimentación de las personas privadas de libertad requiere controles, pliegos, supervisión y rendición de cuentas, es coherente sostener que el comisariato — donde circulan millones de dólares provenientes directamente de las familias más vulnerables— también debe licitarse. Dejarlo fuera de procesos públicos formales no solo perpetúa la opacidad, sino que abre la puerta a abusos de precios, desigualdad en el acceso y capturas informales del negocio por actores no fiscalizados. La lógica debe ser una sola: donde hay dinero inducido por la necesidad, debe haber control público. Hablar de cárceles en Panamá suele incomodar. Se habla de seguridad, de castigo, de control. Pero rara vez se habla de algo fundamental: el dinero. No el dinero del narcotráfico o del crimen organizado en abstracto, sino el dinero cotidiano, pequeño y vital, que las familias envían a sus seres queridos privados de libertad para sobrevivir dentro del sistema penitenciario. Hoy, en muchas cárceles del país, el acceso a ciertos alimentos, bebidas, artículos de aseo y limpieza a la venta dentro de los penales es un hecho, aunque no existe evidencia de concesiones o licitaciones en Panamacompra para esta actividad. Ese no es el debate ahora, ni tampoco los artículos que entran de contrabando y están prohibidos. El problema comienza cuando el Estado no ofrece un mecanismo oficial, transparente y directo para que las familias transfieran recursos a los detenidos. Ese vacío ha sido ocupado, como suele ocurrir, por mafias. En la práctica, miles de familias se ven obligadas a recurrir a intermediarios informales para enviar dinero, usando plataformas como Yappy u otros métodos digitales no regulados por el sistema penitenciario. ¿El resultado? Comisiones que van desde 20% hasta 40% del monto enviado (dependiendo del perfil), dinero que no alimenta a un detenido, sino que engorda redes de corrupción, pandillas internas y economías criminales toleradas por la omisión del Estado. Este no es un problema menor ni anecdótico. Es una forma sistemática de extorsión, ejercida sobre los sectores más vulnerables del país: madres, abuelas, parejas y hermanos que apenas logran reunir lo necesario para enviar 20 o 40 dólares. Cuando hasta casi la mitad de ese dinero se pierde en el La crisis de la basura en San Miguelito revela improvisación, falta de planificación y una ciudadanía cansada de promesas que no se traducen en resultados concretos. Diana Peña
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