2A La Prensa Panamá, domingo 18 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó un cargamento de cinco toneladas de drogas en las inmediaciones de playa Bongo, en la isla de El Rey, en el archipiélago de Las Perlas. La droga fue incautada durante el seguimiento dado a una embarcación que, al notar la presencia de la patrullera del Senan, se dio a la fuga y encalló sobre un área rocosa de la playa Bongo. Se informó que de la embarcación salieron varios individuos que se internaron en un área boscosa de la isla, por lo que los agentes del Senan procedieron a realizar una serie de patrullajes en el área para dar con su ubicación. Durante una revisión de la embarcación encallada, las autoridades ubicaron un total de 5,356 paquetes de droga que se encontraban dentro de 120 sacos de color negro. Este es el primer gran decomiso de drogas efectuado por las autoridades en el año 2026. Durante el año 2025, las autoridades antidrogas incautaron unas 107 tonelaEl Senan decomisó cinco toneladas de drogas en Isla del Rey NARCOTRÁFICO das de drogas, que en su mayoría fueron ubicadas en embarcaciones y en contenedores en tránsito por los diferentes puertos del país. Los estamentos de seguridad han redoblado la vigilancia en las costas del Pacífico panameño, tras el incremento de la producción de cocaína en Colombia. Según datos estadísticos, una de las rutas más usadas por las redes del narcotráfico pasa por el archipiélago de Las Perlas, ya que existen muchas islas que son usadas para depositar la droga y luego llevarla a tierra firme para que siga su viaje a Estados Unidos y Europa. Federico Suárez lideraba el MOP cuando se dieron las irregularidades en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). Archivo Las razones de los jueces para condenar a Pepe Suárez y Daniel Ochy Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA El exministro y el empresario fueron encontrados responsables de peculado, junto a funcionarios fiscalizadores y técnicos del Estado, por un tribunal integrado por tres magistrados, que concluyó que actuaron de forma dolosa y causaron una lesión patrimonial millonaria. El fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que condenó al exministro del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Federico Suárez, y a otras cinco personas a penas de prisión, sostiene que permitieron la tramitación y aprobación de una adenda para la construcción de la autopista Arraiján–La Chorrera, lo que posibilitó el pago de trabajos fuera de las especificaciones contractuales, ocasionando una lesión patrimonial al Estado y actuando con dolo. En el caso del exministro Suárez, sancionado con ocho años de prisión, el fallo precisa que, como funcionario encargado del MOP, tenía la máxima autoridad y responsabilidad sobre la ejecución del contrato. Señala que permitió la implementación de la técnica de trituración del pavimento (rubblizing) antes de su aprobación formal en la adenda N.° 1, firmada el 31 de agosto de 2011, y que aprobó órdenes de cambio, evidenciando su conocimiento de las irregularidades. Su actuación fue considerada dolosa y directamente vinculada al perjuicio económico. En resumen, no se trató de una solución técnica para reducir costos, sino de una decisión irregular que avaló pagos fuera del contrato y favoreció al contratista. En cuanto a Daniel Ochy, miembro de la empresa Transcaribe Trading —a la que se le concedió el contrato para la ejecución de la obra— y condenado a ocho años de prisión, el fallo indica que su conducta se enmarca en la voluntad de facilitar la malversación de fondos públicos, al incumplir las especificaciones técnicas y lo estipulado en el pliego de cargos, generando un beneficio económico desmesurado y fraudulento que alcanzó los $7.9 millones. Respecto a Eder Antonio Márquez, sancionado a seis años de cárcel, el tribunal señala que, en su calidad de inspector de obras del MOP, firmó los soportes de cuentas relacionadas con la técnica rubblizing, así como aquellas vinculadas a las barreras tipo “New Jersey”, que no estaban contempladas inicialmente, permitiendo el desembolso de fondos públicos para trabajos que no cumplían con las especificaciones técnicas. Asimismo, en relación con Eduardo A. Rodríguez, condenado a seis años de prisión, el fallo establece que, como coordinador de proyectos del MOP, firmó el acta de recibo sustancial de la obra, aprobando trabajos que no cumplían con los estándares técnicos, además de autorizar múltiples cuentas que contribuyeron a la malversación de fondos públicos. Con relación a los fiscalizadores de la Contraloría General de la República, Lester Mendoza, Alcides Velásquez y Miguel González, ambos sancionados con ocho años de prisión, el tribunal precisa que firmaron informes de cuentas relacionadas con el proyecto que estaban fuera de las especificaciones contractuales, así como el acta de recibo de dichos trabajos. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales consideró que las pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por la Fiscalía Anticorrupción fueron suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los acusados, al concluir que actuaron de manera dolosa y no por negligencia, pese a estar llamados a proteger los bienes del Estado. Divergencia de criterios El fallo de los magistrados Manuel Mata Avendaño, José Hoo Justiniani y Eyda Amarilis Juárez difiere totalmente del veredicto emitido en primera instancia por la jueza Águeda Rentería, quien había dictado fallo absolutorio para todos los investigados. En su decisión de abril de 2025, Rentería sostuvo que “en lo concerniente al delito de peculado, no se ha logrado acreditar de manera fehaciente la existencia de un perjuicio al Estado, pese a las acciones censurables ocurridas”, y recordó que la carga probatoria recae sobre el Ministerio Público, por lo que, conforme al principio de presunción de inocencia, toda duda razonable debía resolverse a favor de los acusados. También señaló que la Fiscalía Anticorrupción no logró acreditar la responsabilidad penal de los implicados. Durante el juicio celebrado el 29 de febrero de 2024, el fiscal anticorrupción Ariel De Gracia solicitó un veredicto condenatorio, al considerar que los imputados ocasionaron una lesión patrimonial al Estado por $7.9 millones. Por su parte, el abogado Rosendo Miranda, defensor de Suárez, anunció que acudirá a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, alegando inconsistencias entre los criterios del juzgado de primera instancia y los del Tribunal Superior. Parte de la droga. Cortesía Aereonáutica intenta cubrir déficit de controladores La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó avances concretos para enfrentar el déficit de controladores de tránsito aéreo que afecta a Panamá, a través de programas de formación y la creación de nuevas plazas dentro de la institución. El director general de la AAC, Rafael Bárcenas, explicó que más de 2,000 personas aplicaron al programa de formación, de las cuales 90 aspirantes fueron seleccionados y comenzarán su capacitación a finales de este mes. A este grupo se suman 64 personas que culminarán su proceso formativo en marzo de 2025, tras más de un año de preparación especializada. Bárcenas reconoció que el país enfrenta un déficit de controladores aéreos, pero aseguró que ya se están dando pasos concretos para atender la situación, con resultados visibles a corto plazo. La formación de los nuevos controladores tiene una duración estimada de entre 14 y 16 meses, seguida por un proceso de certificación y entrenamiento en los puestos de trabajo. Paralelamente, la AAC ha solicitado la creación de aproximadamente 70 nuevas plazas para poder nombrar formalmente a quienes culminen su capacitación. Estas solicitudes fueron presentadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incluyen también ajustes salariales pendientes y el establecimiento de una estructura clara de crecimiento profesional. Según la AAC, la demanda registrada el año pasado fue de 105 nuevos controladores. Con la incorporación de 64 profesionales en 2026 se cubriría más del 60% de esa necesidad, mientras que los 90 aspirantes permitirán completar la demanda y crear un margen para rotaciones, vacantes y futuras jubilaciones. AERONAVEGACIÓN Yaritza Mojica [email protected] Rafael Bárces Cortesía
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