5A La Prensa Panamá, viernes 16 de enero de 2026 Panorama Panama Jazz Festival Cortesía Ya inició el Panamá Jazz Festival 2026 CULTURA Diana Fernández [email protected] La vigésima tercera edición del Panamá Jazz Festival, evento musical organizado por el reconocido músico panameño Danilo Pérez, dio inicio ayer 15 de enero, en una jornada llena de música en Ciudad del Saber. “Este festival no pertenece a una sola persona ni a una sola institución, es una creación colectiva y por eso, me siento profundamente orgulloso de lo que hemos construido juntos. Sigamos soñando. Sigamos educando. Sigamos transformando” expresó Danilo Pérez, quien también es el director artístico del festival, durante la conferencia de prensa de inauguración. Esta nueva edición se extenderá hasta mañana sábado 17 de enero con actividades para todas las edades; conciertos gratuitos a la 1:00 p.m. en La Plaza de Ciudad del Saber, conciertos vespertinos 3:00 p.m., conciertos nocturnos a las 8:00 p.m. en Teatro Ateneo, Jam Sessions en Rock and Folk desde las 10:0 p.m. y el gran concierto de cierre en el cuadrángulo Central de Ciudad del Saber el sábado 17 de enero a las 3:00 p.m. Este 2026 el festival rinde homenaje al maestro Gladstone “Bat” Gordon, figura emblemática del jazz panameño. La agenda completa se encuentra disponible en La agenda panamajazzfestival.com La carretera que conduce hacia las esclusas de Cocolí requiere mejoras. Cortesía ACP invoca la Constitución; Arraiján condiciona aval Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] POLÉMICA El artículo 316 de la Constitución señala que la ACP no estará sujeta al pago de impuestos, tasas, derechos, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal. El Consejo Municipal de Arraiján realizó ayer 15 de enero una sesión extraordinaria en la que aprobó un acuerdo, condicionado, para exonerar del pago de impuestos a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad que mantiene desde agosto de 2025 una solicitud pendiente de aprobación para un permiso de construcción ante ese municipio para la carretera Brujas–Cocolí, el acceso principal a las esclusas del Pacífico. La decisión, adoptada tras meses de fricciones entre el gobierno local y la administración canalera, abre la puerta a reactivar un proyecto considerado estratégico, cuyo estancamiento había generado inquietud en sectores empresariales y logísticos. Representantes de la ACP han acudido en repetidas ocasiones a las sesiones del Consejo Municipal de Arraiján en busca del visto bueno para la obra, pero la alcaldesa del distrito, Stefany Peñalba —ausente durante semanas en las reuniones del gobierno local— se había mantenido firme en que, mientras no se cancelara el impuesto correspondiente, no se otorgaría el permiso de construcción. Este jueves, tras ese prolongado silencio institucional, la alcaldesa reapareció en la sesión del Consejo Municipal. Norma constitucional No obstante, la ACP está legalmente exenta del pago de impuestos municipales, amparo que proviene tanto de su Ley Orgánica como del Título Constitucional y que ha sido reafirmado en fallos de la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, a la entidad canalera no le corresponde cubrir tributos locales, aunque sí está obligada a cumplir con todos los procedimientos administrativos que exige el municipio para avanzar en la obra. De hecho, el artículo 316 de la Constitución establece que la Autoridad del Canal de Panamá no estará sujeta al pago de impuestos, tasas, derechos, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal. Consultada por La Prensa, la representante del corregimiento de Cerro Silvestre, Yohana Saldaña, subrayó que, como lo establece la ley, se dio el trámite para la exoneración del pago de impuestos a la ACP. Su mensaje fue directo: “Tratamos de hacer las cosas bien. Nada está por encima de la Constitución. Ella [la alcaldesa] tendrá un manejo muy diferente al nuestro”, afirmó durante la entrevista. El Consejo Municipal aprobó la medida con cinco de los nueve ediles a favor, mientras que los representantes de Vacamonte, Burunga, Arraiján cabecera y Juan Demóstenes Arosemena no acudieron a la sesión. Polémico discurso Durante la reunión, la alcaldesa cuestionó públicamente lo que calificó como presiones externas de la ACP, a la que acusó de utilizar canales mediáticos para influir en el debate local. “La Alcaldía no funciona con ningún tipo de presiones, y mucho menos mediáticas. Eso sí es político, como lo ha hecho la ACP al difundir información en redes sociales y con periodistas”, afirmó. También rechazó las versiones que la señalan de interferir en la operación canalera: “Están diciendo que la alcaldesa de Arraiján está interfiriendo en el Canal, cuando estamos hablando de una calle. La ACP no construye calles”. Peñalba recordó que el pasado octubre remitió a la presidenta del Consejo Municipal una nota en la que explicaba los fallos legales que, según ella, sustentaban la postura de la Alcaldía respecto al cobro de impuestos. “Es importante aclarar que quien exonera es el Consejo Municipal, y esa es una atribución exclusiva del Consejo Municipal”, dijo ante los ediles, subrayando que su rol no incluye la facultad de suspender o liberar pagos tributarios. La alcaldesa insistió en que su oposición inicial a la exoneración para la ACP respondía a razones de necesidad financiera en el distrito. “No podemos darnos el lujo de exonerar cuando, como arraijaneños, necesitamos el dinero”, enfatizó. Finalmente, el Consejo Municipal aprobó el acuerdo que exonera a la ACP del pago de impuestos, tasas y derechos vinculados al proyecto para reparar puntos críticos de la carretera Brujas. No obstante, la alcaldesa enfatizó que la medida no se extiende a los contratistas que ejecuten la obra. “Queda exonerada la ACP; sin embargo, si la ACP contrata a un contratista, este sí deberá pagar los impuestos de construcción como todo el mundo”, sentenció. Antes de cerrar la sesión, lanzó un último mensaje: “La Alcaldía no funciona con presiones mediáticas ni con publicaciones exageradas. Hemos dejado claro el tema. Es un asunto resuelto”. Consultada por este medio, la ACP respondió con una referencia directa a la Constitución: “El Canal de Panamá ha tenido conocimiento de la decisión del Concejo Municipal de Arraiján y se encuentra evaluándola a la luz del Título XIV de la Constitución Nacional”. José Raúl Mulino, presidente de la República. Anel Asprilla Presidete Mulino sanciona la ley para pagar los Cepadem a jubilados CERTIFICADOS Aleida Samaniego C. [email protected] El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de los ministros Juan Carlos Orillac y Felipe Chapman, sancionó este jueves 15 de enero la Ley 506, que autoriza el pago de los Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a jubilados y pensionados con décimos pendientes entre 1972 y 1983. Esta medida, que pondrá fin a una deuda histórica, llega después de décadas de espera, pero genera dudas sobre la efectividad del proceso. El pago comenzará en junio de 2026 mediante el uso de Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), un mecanismo que busca garantizar el desembolso. Los certificados serán transferibles, exentos de impuestos y no podrán ser embargados, pero el proceso plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para implementarlo sin errores. Además, si el beneficiario ha fallecido, los herederos podrán acceder al pago mediante un trámite sencillo. El Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de coordinar todo el proceso. No obstante, las promesas del gobierno sobre la organización del pago y la garantía de información clara deberán ser evaluadas con cautela, dado el historial de malas experiencias con pagos similares. El titular de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que los certificados serán entregados mediante citas que se agendarán de forma digital. “Este pago se realiza en cumplimiento de la Ley 727 de 2021 y del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la segunda mitad del año pasado, reafirmando el respeto del Estado al orden jurídico y a los derechos adquiridos. No se trata de una decisión discrecional, sino de una obligación legal que el Estado debe honrar”, señaló Chapman.
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