2A La Prensa Panamá, viernes 16 de enero de 2026 El presidente José Raúl Mulino defendió la intervención del Ejecutivo en la recolección de basura en San Miguelito, respaldándola en el artículo 235 de la Constitución y en la ley que rige a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que faculta actuar ante problemas de orden público y salubridad. Mulino rechazó que la decisión responda a disputas políticas y aseguró que el objetivo es garantizar el servicio y evitar una crisis sanitaria. Además, afirmó que los fondos de la tasa de aseo ya no serán entregados al Municipio, aunque esta información fue refutada por la alcaldesa Irma Hernández, quien aclaró que esos ingresos siempre fueron directamente para la empresa concesionaria, no al gobierno local. En tanto, el administrador la AAUD, Ovil Moreno, indicó que en 14 días de trabajo continuo se lograron recoger más de 3,500 toneladas de basura y se atendieron más de 250 puntos críticos o “pataconcitos” en el distrito, lo que permitió estabilizar la situación que había dejado calles y comunidades con acumulación de desechos. Asimismo, afirmó que a partir de la intervención el distrito pasó de estar “totalmente colapsado” a un escenario controlado en la recolección de residuos. Mulino justifica las acciones del Ejecutivo Algunos puntos de San Miguelito en la mañana de ayer, jueves 15 de enero de 2025. Isaac Ortega Tras cita solicitada por el contralor, Revisalud pidió extender su contrato Aleida Samaniego C. [email protected] Yaritza Mojica [email protected] La alcaldesa Irma Hernández reveló que la empresa solicitó la prórroga en medio de la crisis de basura y de tensiones por la intervención del Ejecutivo en San Miguelito. La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reveló que la dueña de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), empresa encargada del servicio de recolección de basura en su distrito, solicitó una adenda de seis meses para continuar operando. La petición fue presentada en una reunión mediada por el contralor general de la República, Anel Flores, lo que, según la alcaldesa, pone en evidencia los intereses políticos que subyacen en esta situación. Hernández detalló que la dueña de Revisalud, identificada como Sandra Vélez, solicitó esta extensión para prolongar su contrato en un contexto en el que la gestión de la empresa ha estado envuelta en problemas de incumplimiento y deficiencia en el servicio. La alcaldesa en una entrevista en Radio Panamá expresó su sorpresa por la intervención del Contralor, quien actuó como “puente” entre ambas partes, cuando, según ella, no había necesidad de su mediación. “Si la dueña de Revisalud hubiera solicitado la reunión directamente con nosotros, no habría problema”, subrayó. Una solicitud que no convence Aunque la solicitud de la adenda fue presentada como una necesidad administrativa para continuar el servicio de recolección de basura, la alcaldesa considera que se trata de un intento por prolongar la permanencia de una empresa con un historial cuestionado. “No sé si se puede llamar trabajo, pero lo cierto es que la empresa no ha logrado solucionar el problema de la basura en San Miguelito”, comentó Hernández, quien también señaló que su administración ya había iniciado el proceso de licitación para buscar alternativas al servicio de Revisalud. La solicitud de la adenda, según Hernández, es solo un capítulo más de la estrategia del Gobierno Central para intervenir en los servicios municipales, un proceso que ella considera destinado a debilitar el control local sobre los recursos y los servicios que históricamente han sido gestionados por las alcaldías. Para la alcaldesa, el Contralor, al mediar en la solicitud de la adenda, está actuando como un “intermediario” en un proceso que debería haberse gestionado exclusivamente a nivel municipal. ¿Un ataque político? La reunión mediada por el Contralor, lejos de ser un simple acto administrativo, se ha convertido en un punto de fricción política para la alcaldesa. Hernández no dudó en señalar que detrás de la solicitud de la adenda y la intervención del Contralor se ocultan intereses políticos. “No solo estamos hablando de un servicio de recolección de basura, sino de un intento por desestabilizar mi gestión como alcaldesa e interferir con el liderazgo político que hemos logrado construir en San Miguelito”, sostuvo. El malestar de la alcaldesa se extiende a lo que considera una falta de coordinación y respeto por parte del Gobierno Central. Hernández indicó que el Ejecutivo no se ha comunicado formalmente con su administración para coordinar soluciones a la crisis de la basura, lo que ha dejado a su equipo en una situación de incertidumbre respecto a los próximos pasos a seguir. La solicitud de la adenda de Revisalud y el papel del Contralor en la mediación, según la alcaldesa, no son más que un reflejo de la tendencia centralizadora del Gobierno. Para Hernández, si se permite que el Gobierno Central tome el control de los servicios de recolección de residuos en San Miguelito, lo que vendrá después será un proceso de centralización total de las funciones municipales. “¿Qué sigue después? ¿Será que nos quitarán el control de otros servicios? ¿Cómo quedará la autonomía municipal?”, se preguntó. Hernández ha sido una férrea defensora de la autonomía de los gobiernos locales, insistiendo en que el fortalecimiento de las alcaldías es clave para que los servicios públicos sean más eficientes y estén más cerca de la ciudadanía. Sin embargo, la intervención del Gobierno Central en el tema de la basura, que había sido manejado por la alcaldía, es vista como un ataque a esa autonomía. A pesar de las presiones y las tensiones políticas, Hernández subrayó que su compromiso con la comunidad de San Miguelito sigue intacto. Según la alcaldesa, la solicitud de la adenda es solo una pieza más en un rompecabezas político que busca frenar su liderazgo y desestabilizar su administración. No obstante, Irma Hernández se mantiene firme en su lucha por defender la autonomía del municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. “Lo que realmente le importa a la gente no es quién recoge la basura, sino cómo lo hacen. La gente necesita saber que los fondos que pagan por la tasa de aseo se están utilizando de manera correcta, no para sostener un servicio deficiente”, afirmó. La alcaldesa también recordó que su administración ya está avanzando en la creación de un sistema de recolección de residuos más eficiente y sostenible, que no dependa de empresas con un historial dudoso. Cuatro de los nueve concejales del distrito de San Miguelito respaldaron públicamente la intervención de la AAUD para asumir el control de la recolección de basura, marcando distancia de las decisiones administrativas de la alcaldesa Irma Hernández. En conferencia de prensa, los ediles defendieron la medida como una acción necesaria para garantizar la continuidad del servicio. El Concejo Municipal de San Miguelito está compuesto por nueve representantes, con una correlación de fuerzas fragmentada. El grupo que respaldó la intervención del Ejecutivo está integrado por Juan Barsallo (PRD, presidente del Concejo), Sheyla Grajales (Molirena), Darío González (Realizando Metas) e Iván Cheribín (libre postulación). Del otro lado quedan los ediles más cercanos a la alcaldesa Hernández y a la coalición Vamos, que cuestionan la intervención por considerar que vulnera la autonomía municipal. Esta división interna ha convertido la crisis del aseo en un conflicto político abierto dentro del gobierno local. Una parte de los concejales sale en defensa de la intervención del Ejecutivo Yaritza Mojica [email protected] Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama CRISIS DE LA BASURA Denuncia por violación de la autonomía municipal La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra la Resolución No. 1 de 2026 emitida por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que autoriza a esa entidad a asumir el servicio de recolección de basura en el distrito, alegando que no fue convocada ni tomada en cuenta como autoridad municipal en la toma de esa decisión, en contravención a la Ley 51 de 2010 y a su artículo 11, que establece la participación del alcalde en decisiones operativas del aseo urbano. Hernández sostiene que la medida vulnera la autonomía municipal y busca frenar una acción adoptada sin la debida participación local. JuanManuel Díaz [email protected] ¿Quién recogerá la basura después del 19 de enero? Una reunión sin respuestas Yaritza Mojica [email protected] Al final de la jornada de ayer jueves, la alcaldesa Irma Hernández expresó su inconformidad tras una reunión de casi tres horas con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, y el Concejo Municipal, en la que —según afirmó— no se presentó un plan claro sobre cómo se manejará la recolección de basura a partir del 19 de enero, cuando vence el contrato de Revisalud. Hernández aseguró que no fue formalmente invitada al encuentro y que salió con “más preguntas que respuestas”, sin definiciones sobre el cobro de la tasa de aseo ni sobre la operación del servicio. También cuestionó que la AAUD evalúe utilizar las mismas empresas temporales propuestas por la Alcaldía y que no obtuvieron refrendo de la Contraloría, lo que —dijo— refuerza sus sospechas de improvisación y motivaciones políticas detrás de la intervención del Ejecutivo. Irma Hernández, junto a su equipo legal, acudió a los tribunales. LP
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