1A La Prensa Panamá, viernes 16 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 16 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15263 Hoy por hoy Después de las declaraciones de ayer del presidente José Raúl Mulino y otros actores, queda claro que la crisis de la basura en San Miguelito dejó de ser solo un problema de gestión para convertirse en un tinglado político. Para enturbiar el asunto, el propio presidente ofreció información errónea sobre el mecanismo de cobro de la tasa de aseo —que no ingresa al municipio, sino que va directamente a la empresa concesionaria— y deslizó insinuaciones sobre supuestos “negocitos”, sin aportar pruebas. No sorprende que la alcaldesa Irma Hernández, miembro de la coalición Vamos, no cuente con el favor del Ejecutivo ni del contralor general, Anel Flores, quien terminó asumiendo un rol impropio como intermediario entre la Alcaldía y la empresa Revisalud, que solicitaba una prórroga ante el vencimiento del contrato. Ese antecedente ayuda a entender la renuencia a refrendar los contratos temporales promovidos por el municipio. A ello se sumó el respaldo de concejales de partidos tradicionales a la posición del Ejecutivo. Así, mientras la situación persiste y se administra con parches, la política termina por ensuciar lo que debió afrontarse con seriedad, no con cálculo ni vendettas. Motta y Ordóñez finalizan con 73 golpes en LAAC 2026 4B Deportes Panorama Riesgo Político 2026: Panamá y la presión de las potencias 5A Economía Puertos locales movilizaron 9.9 millones de TEUs en 2025 1B San Miguelito: la basura escala a los tribunales Yartiza Mojica [email protected] La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó una demanda de nulidad contra las acciones de la Autoridad de Aseo, Urbano y Domicliario (AAUD) ordenadas por el Consejo de Gabinete, al considerar que vulneran la autonomía municipal. CRISIS En una reunión gestionada por el contralor, Revisalud pidió una prórroga al contrato que expira el domingo. Hernández reveló, además, que la empresa Revisalud solicitó una prórroga de seis meses para continuar con el servicio de recolección de basura, cuyo contrato vence el 18 de enero de 2026. La petición fue planteada tras una reunión solicitada por el contralor general, Anel Flores, en la que participaron representantes de la empresa. En medio del conflicto, el presidente José Raúl Mulino justificó la intervención del Ejecutivo invocando la Constitución y la ley, y afirmó que el Municipio dejaría de recibir la tasa de aseo, cuando en realidad ese cobro va directamente a la empresa concesionaria, no al gobierno local. Mientras tanto, el director de la AAUD, Ovil Moreno, aseguró que la intervención permitió reducir los llamados “pataconcitos” en distintos puntos del distrito. VEA 2A Panamá Jazz Festival Tres días de piano, contrabajo y swing Danilo Pérez, fundador y director artístico del Panamá Jazz Festival, encabezó ayer la inauguración de la vigésima tercera edición del evento en Ciudad del Saber, que reúne a músicos nacionales e internacionales y se extenderá hasta el sábado 17 de enero, con conciertos, jam sessions y actividades educativas para todo público. VEA 5A Cortesía María Corina Machado tras el encuentro en Washington. EFE “Sepan que contamos con el presidente Donald Trump para la libertad de Venezuela”. Con esa frase, pronunciada ante un grupo de venezolanos que la esperaba a la salida del Capitolio, María Corina Machado resumió el mensaje central de su encuentro a puerta cerrada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizado ayer jueves en la Casa Blanca. La reunión, discreta y sin exposición mediática, marcó el primer contacto directo entre ambos y se produjo en medio de un escenario político excepcional tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una transición tutelada por Washington. Machado, además, presentó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz. VENEZUELA Cuatro azucareras interesadas en el etanol; una ligada al contralor Anel Flores Odebrecht: Fiscal presenta 22 tomos de las pruebas de EUA Machado : ‘Contamos con el presidente Donald Trump’ Cuatro empresas azucareras —Central Azucarera La Estrella, Azucarera Nacional, Central Azucarero La Victoria y Central Azucarero Alanje— manifestaron interés en producir etanol. La información fue revelada por Paula Mesé, de la Secretaría Nacional de Energía, durante un foro en la Asamblea Nacional. Central Azucarero Alanje está vinculada a la familia del contralor Anel Flores. VEA 6A Durante el cuarto día del juicio por Odebrecht, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó 22 tomos de pruebas enviadas por Estados Unidos (EUA), considerados elementos clave para sustentar las acusaciones de blanqueo de capitales contra los imputados. VEA 3A JUICIO
2A La Prensa Panamá, viernes 16 de enero de 2026 El presidente José Raúl Mulino defendió la intervención del Ejecutivo en la recolección de basura en San Miguelito, respaldándola en el artículo 235 de la Constitución y en la ley que rige a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que faculta actuar ante problemas de orden público y salubridad. Mulino rechazó que la decisión responda a disputas políticas y aseguró que el objetivo es garantizar el servicio y evitar una crisis sanitaria. Además, afirmó que los fondos de la tasa de aseo ya no serán entregados al Municipio, aunque esta información fue refutada por la alcaldesa Irma Hernández, quien aclaró que esos ingresos siempre fueron directamente para la empresa concesionaria, no al gobierno local. En tanto, el administrador la AAUD, Ovil Moreno, indicó que en 14 días de trabajo continuo se lograron recoger más de 3,500 toneladas de basura y se atendieron más de 250 puntos críticos o “pataconcitos” en el distrito, lo que permitió estabilizar la situación que había dejado calles y comunidades con acumulación de desechos. Asimismo, afirmó que a partir de la intervención el distrito pasó de estar “totalmente colapsado” a un escenario controlado en la recolección de residuos. Mulino justifica las acciones del Ejecutivo Algunos puntos de San Miguelito en la mañana de ayer, jueves 15 de enero de 2025. Isaac Ortega Tras cita solicitada por el contralor, Revisalud pidió extender su contrato Aleida Samaniego C. [email protected] Yaritza Mojica [email protected] La alcaldesa Irma Hernández reveló que la empresa solicitó la prórroga en medio de la crisis de basura y de tensiones por la intervención del Ejecutivo en San Miguelito. La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reveló que la dueña de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), empresa encargada del servicio de recolección de basura en su distrito, solicitó una adenda de seis meses para continuar operando. La petición fue presentada en una reunión mediada por el contralor general de la República, Anel Flores, lo que, según la alcaldesa, pone en evidencia los intereses políticos que subyacen en esta situación. Hernández detalló que la dueña de Revisalud, identificada como Sandra Vélez, solicitó esta extensión para prolongar su contrato en un contexto en el que la gestión de la empresa ha estado envuelta en problemas de incumplimiento y deficiencia en el servicio. La alcaldesa en una entrevista en Radio Panamá expresó su sorpresa por la intervención del Contralor, quien actuó como “puente” entre ambas partes, cuando, según ella, no había necesidad de su mediación. “Si la dueña de Revisalud hubiera solicitado la reunión directamente con nosotros, no habría problema”, subrayó. Una solicitud que no convence Aunque la solicitud de la adenda fue presentada como una necesidad administrativa para continuar el servicio de recolección de basura, la alcaldesa considera que se trata de un intento por prolongar la permanencia de una empresa con un historial cuestionado. “No sé si se puede llamar trabajo, pero lo cierto es que la empresa no ha logrado solucionar el problema de la basura en San Miguelito”, comentó Hernández, quien también señaló que su administración ya había iniciado el proceso de licitación para buscar alternativas al servicio de Revisalud. La solicitud de la adenda, según Hernández, es solo un capítulo más de la estrategia del Gobierno Central para intervenir en los servicios municipales, un proceso que ella considera destinado a debilitar el control local sobre los recursos y los servicios que históricamente han sido gestionados por las alcaldías. Para la alcaldesa, el Contralor, al mediar en la solicitud de la adenda, está actuando como un “intermediario” en un proceso que debería haberse gestionado exclusivamente a nivel municipal. ¿Un ataque político? La reunión mediada por el Contralor, lejos de ser un simple acto administrativo, se ha convertido en un punto de fricción política para la alcaldesa. Hernández no dudó en señalar que detrás de la solicitud de la adenda y la intervención del Contralor se ocultan intereses políticos. “No solo estamos hablando de un servicio de recolección de basura, sino de un intento por desestabilizar mi gestión como alcaldesa e interferir con el liderazgo político que hemos logrado construir en San Miguelito”, sostuvo. El malestar de la alcaldesa se extiende a lo que considera una falta de coordinación y respeto por parte del Gobierno Central. Hernández indicó que el Ejecutivo no se ha comunicado formalmente con su administración para coordinar soluciones a la crisis de la basura, lo que ha dejado a su equipo en una situación de incertidumbre respecto a los próximos pasos a seguir. La solicitud de la adenda de Revisalud y el papel del Contralor en la mediación, según la alcaldesa, no son más que un reflejo de la tendencia centralizadora del Gobierno. Para Hernández, si se permite que el Gobierno Central tome el control de los servicios de recolección de residuos en San Miguelito, lo que vendrá después será un proceso de centralización total de las funciones municipales. “¿Qué sigue después? ¿Será que nos quitarán el control de otros servicios? ¿Cómo quedará la autonomía municipal?”, se preguntó. Hernández ha sido una férrea defensora de la autonomía de los gobiernos locales, insistiendo en que el fortalecimiento de las alcaldías es clave para que los servicios públicos sean más eficientes y estén más cerca de la ciudadanía. Sin embargo, la intervención del Gobierno Central en el tema de la basura, que había sido manejado por la alcaldía, es vista como un ataque a esa autonomía. A pesar de las presiones y las tensiones políticas, Hernández subrayó que su compromiso con la comunidad de San Miguelito sigue intacto. Según la alcaldesa, la solicitud de la adenda es solo una pieza más en un rompecabezas político que busca frenar su liderazgo y desestabilizar su administración. No obstante, Irma Hernández se mantiene firme en su lucha por defender la autonomía del municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. “Lo que realmente le importa a la gente no es quién recoge la basura, sino cómo lo hacen. La gente necesita saber que los fondos que pagan por la tasa de aseo se están utilizando de manera correcta, no para sostener un servicio deficiente”, afirmó. La alcaldesa también recordó que su administración ya está avanzando en la creación de un sistema de recolección de residuos más eficiente y sostenible, que no dependa de empresas con un historial dudoso. Cuatro de los nueve concejales del distrito de San Miguelito respaldaron públicamente la intervención de la AAUD para asumir el control de la recolección de basura, marcando distancia de las decisiones administrativas de la alcaldesa Irma Hernández. En conferencia de prensa, los ediles defendieron la medida como una acción necesaria para garantizar la continuidad del servicio. El Concejo Municipal de San Miguelito está compuesto por nueve representantes, con una correlación de fuerzas fragmentada. El grupo que respaldó la intervención del Ejecutivo está integrado por Juan Barsallo (PRD, presidente del Concejo), Sheyla Grajales (Molirena), Darío González (Realizando Metas) e Iván Cheribín (libre postulación). Del otro lado quedan los ediles más cercanos a la alcaldesa Hernández y a la coalición Vamos, que cuestionan la intervención por considerar que vulnera la autonomía municipal. Esta división interna ha convertido la crisis del aseo en un conflicto político abierto dentro del gobierno local. Una parte de los concejales sale en defensa de la intervención del Ejecutivo Yaritza Mojica [email protected] Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama CRISIS DE LA BASURA Denuncia por violación de la autonomía municipal La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra la Resolución No. 1 de 2026 emitida por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que autoriza a esa entidad a asumir el servicio de recolección de basura en el distrito, alegando que no fue convocada ni tomada en cuenta como autoridad municipal en la toma de esa decisión, en contravención a la Ley 51 de 2010 y a su artículo 11, que establece la participación del alcalde en decisiones operativas del aseo urbano. Hernández sostiene que la medida vulnera la autonomía municipal y busca frenar una acción adoptada sin la debida participación local. JuanManuel Díaz [email protected] ¿Quién recogerá la basura después del 19 de enero? Una reunión sin respuestas Yaritza Mojica [email protected] Al final de la jornada de ayer jueves, la alcaldesa Irma Hernández expresó su inconformidad tras una reunión de casi tres horas con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, y el Concejo Municipal, en la que —según afirmó— no se presentó un plan claro sobre cómo se manejará la recolección de basura a partir del 19 de enero, cuando vence el contrato de Revisalud. Hernández aseguró que no fue formalmente invitada al encuentro y que salió con “más preguntas que respuestas”, sin definiciones sobre el cobro de la tasa de aseo ni sobre la operación del servicio. También cuestionó que la AAUD evalúe utilizar las mismas empresas temporales propuestas por la Alcaldía y que no obtuvieron refrendo de la Contraloría, lo que —dijo— refuerza sus sospechas de improvisación y motivaciones políticas detrás de la intervención del Ejecutivo. Irma Hernández, junto a su equipo legal, acudió a los tribunales. LP
3A La Prensa Panamá, viernes 16 de enero de 2026 Panorama Fiscalía incorpora asistencia judicial clave de Estados Unidos Juan Manuel Díaz [email protected] Documentos y confesiones recabados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos constituyen una pieza clave del proceso, al detallar el esquema de sobornos, las rutas del dinero y la participación de intermediarios y funcionarios vinculados al caso Odebrecht. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó ayer jueves 15 de enero una asistencia judicial proveniente de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitada como parte de la investigación del escándalo Odebrecht y considerada una de las pruebas clave del Ministerio Público. Durante el desarrollo del cuarto día del juicio de Odebrecht, la fiscal Morcillo detalló que se trata de 22 tomos de documentos originales, en inglés y portugués, relacionados con las investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre la empresa brasileña. Cada tomo tiene una extensión aproximada de 500 páginas, con su respectiva traducción, a fin de que los abogados de los imputados puedan analizarlos. La prueba fue gestionada a través del Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) suscrito entre Panamá y Estados Unidos, en el cual reposará una copia de la documentación. Tras la presentación de los 22 tomos, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso de 30 minutos para que cada abogado pudiera revisar la versión física de las pruebas. La jueza Marquínez dispuso que el próximo miércoles 21 de enero, cuando se reanude el juicio, los abogados defensores podrán presentar sus objeciones a las pruebas aportadas por la fiscalía. Ese mismo día, también tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas extraordinarias. Pruebas revelan de imputados: Morcillo A su salida de la sesión de este jueves, la fiscal Ruth Morcillo señaló que las pruebas presentadas ante el tribunal constituyen elementos fundamentales para demostrar la vinculación de los imputados en la presunta trama de blanqueo de capitales. Morcillo reveló, además, que durante el desarrollo de la investigación se ha logrado la recuperación de $10 millones 692 mil mediante acuerdos de pena alcanzados con varios de los imputados. Asimismo, indicó que los pagos realizados al Estado panameño por parte de la empresa Odebrecht ascienden a $74 millones 701 mil. Cabe recordar que la constructora brasileña acordó el pago de una multa de $220 millones como compensación por las afectaciones causadas al erario público. La fiscal también adelantó que la próxima semana el proceso podría entrar en la fase de evacuación de pruebas, para que estas sean valoradas por el Tribunal como parte del juicio. El juicio del caso Odebrecht inició el pasado lunes 12 de enero de 2026, con la comparecencia de 23 imputados. El caso Odebrecht se originó a partir de una investigación internacional sobre una red de sobornos creada por la constructora brasileña para asegurar contratos de obras públicas en varios países de América Latina, incluido Panamá. El esquema fue revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en 2016 documentó pagos ilícitos por cientos de millones de dólares a funcionarios y políticos a través de un sistema financiero internacional, utilizando cuentas offshore y empresas fachada. A partir de esa investigación, Odebrecht admitió los hechos ante la justicia estadounidense, firmó acuerdos de cooperación y proporcionó información clave que dio pie a procesos penales en distintos países, entre ellos Panamá, ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA
4A La Prensa Panamá, viernes 16 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] TIC-TAC.En la agenda de la juez Baloisa Marquínez, el juicio de Odebrecht está programado para celebrarse hasta el 13 de febrero. Eso es viernes de carnaval y seguramente no habrá oportunidad de extender la fecha del juicio, ya que el Órgano Judicial siempre suspende los términos durante los cuatro días de parranda. Qué ironía que sean unos carnavales los que quizá se interpongan en un proceso contra una compañía brasileña y su comparsa de coimeros. DISTANCIA. Ayer le preguntaron al presidente sobre el proyecto que “regula” la reelección de rectores en las universidades oficiales. Mulino respondió que no está de acuerdo “con ninguna ley de reelección de nadie” y agregó que “no se debería reelegir a nadie en ningún puesto donde intervenga la decisión del votante”. Hay que enviarle copia de ese audio a Martinelli. DOBLE DISCURSO. Hace unos meses, el contralor Flores justificó que el Minsa delegara la limpieza de nueve hospitales a Hombres de Blanco, pese a la inexistencia de un contrato que legalizara la prestación del servicio. Flores defendió esa actuación alegando que no podía “parar” los trabajos de limpieza hospitalaria “con el problema de dengue que tenemos”. Sin embargo, a la alcaldesa Irma Hernández le dijo que no refrendaría “bajo presión” los contratos para recoger la basura en ese distrito. ¿Quién lo entiende? Al Minsa le otorga el refrendo después de que el contratista favorito del ministerio prestó el servicio y, en cambio, se rasga la camisa con la alcaldesa. Lo que es bueno para uno debería ser bueno para otro. DIFERENCIAS. El contralor sostiene que la alcaldeBanderas panameñas como mensaje al mundo. Isaac Ortega Riesgo Político 2026: Panamá y la presión de las potencias Eliana Morales Gil [email protected] ESTUDIO REGIONAL El informe Riesgo Político América Latina 2026 ubica a Panamá entre las democracias mejor evaluadas de la región, aunque advierte retos en seguridad, deuda pública y presiones geopolíticas vinculadas al Canal. El informe Riesgo Político América Latina 2026 sitúa a Panamá entre los países con mejor desempeño democrático de la región, aunque advierte que enfrenta retos estructurales comunes a América Latina, asociados a crimen organizado, vulnerabilidad fiscal, y un entorno geopolítico internacional más exigente. El documento, dado a conocer el miércoles, menciona el Ranking de Democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit, donde Panamá ocupa el quinto lugar en América Latina y el puesto 47 a nivel mundial, con una calificación de 6,84 puntos, lo que lo ubica en la categoría de “democracia imperfecta”. El informe dice que este grupo mantiene elecciones competitivas y alternancia política, pero presenta debilidades en calidad institucional, confianza ciudadana y desempeño del Estado. Seguridad En lo que respecta a seguridad, el estudio registra que Panamá contabilizó 21 eventos vinculados a economías criminales en 2024, relacionados principalmente con migración irregular, tráfico de armas, contrabando y pesca ilegal. Estas cifras ubican al país en un nivel inferior al de Colombia, Perú o Ecuador, pero lo integran dentro de los corredores regionales afectados por actividades ilícitas transnacionales, en particular por su rol logístico y de tránsito. El informe también incluye a Panamá en el mapa regional de homicidios. Aquí cita datos de InSight Crime respecto a que el país registró en 2024 una tasa de 12,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra se sitúa por debajo de varios países del Caribe y Centroamérica, pero por encima de economías sudamericanas como Chile, Argentina y Uruguay. La deuda: ‘triple candado’ En el ámbito fiscal, Panamá aparece con una deuda pública equivalente al 59% del PIB, un nivel intermedio dentro de Centroamérica. En consecuencia, el estudio dice que este nivel de endeudamiento se inscribe en el patrón regional que denomina “triple candado”, una figura que describen como de escaso espacio fiscal, deuda elevada y limitada capacidad recaudatoria, factores que reducen la capacidad de respuesta de los Estados ante choques externos o demandas sociales crecientes. En noviembre pasado, La Prensa reportó que la deuda pública del país aumentó $5,023 millones entre enero y octubre de 2025. Significa que, en promedio, el istmo sumó casi $700 mil por hora a sus compromisos financieros. En ese momento, los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reflejaban que la deuda pública total alcanzaba $58,832 millones al cierre de octubre. Tapón del Darién El estudio también menciona a Panamá en el capítulo sobre instrumentalización política de la migración. Por su ubicación geográfica, el país forma parte de los corredores de tránsito regionales, particularmente en lo que respecta al Tapón del Darién. El informe señala que los flujos migratorios en América Latina dejaron de gestionarse exclusivamente bajo criterios humanitarios y se utilizan cada vez más como variables de presión política y diplomática, lo que genera tensiones adicionales para los países de tránsito. El presidente Mulino presume haber acabado con la migración a través del Darién, un tema que también está relacionado con la dura política migratoria impuesta por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La geopolítica: el Canal En el plano geopolítico, el informe ubica a Panamá entre los países más expuestos a la reconfiguración del sistema internacional. El documento señala que el segundo mandato de Trump, la intensa rivalidad entre Estados Unidos y China y el debilitamiento del multilateralismo incrementan la presión sobre territorios estratégicos. “En Panamá, Donald Trump llegó a afirmar que China “operaba” el Canal y amenazó “recuperarlo” para frenar su vinculación con Beijing”, se lee en el informe que también hace referencia a la Doctrina Donroe, actualización de la Doctrina Monroe producto de la estrategia de seguridad de Washington implementada en diciembre de 2025, sumada a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. La investigación no asigna a Panamá un rol protagónico en conflictos producto de choques entre países, pero sí lo incluye dentro del grupo de países que deberán gestionar con cautela sus relaciones exteriores para evitar quedar atrapados en disputas de alineamiento geopolítico. Sobre el informe, los autores y la institución Riesgo Político América Latina 2026 es una publicación anual del Centro UC de Estudios Internacionales (Ceiuc), de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha divulgado durante seis años consecutivos y se presenta como una herramienta de análisis para gobiernos, empresas e inversionistas que operan en la región. La edición 2026 fue coeditada por Jorge Sahd K. y Daniel Zovatto. Sahd K. es director del Ceiuc y especialista en relaciones internacionales y geopolítica. Zovatto es investigador senior del centro y analista en democracia, gobernabilidad y procesos electorales en América Latina. Juan Manuel Díaz [email protected] Bernando Meneses al momento de ser capturado en su residencia en Arraiján Archivo Meneses seguirá detenido: Tribunal de Apelaciones niega cambio de medida cautelar JUSTICIA El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta por un juez de garantías al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, y negó la solicitud presentada por su defensa para sustituirla por medidas menos severas. La defensa técnica había solicitado reemplazar la detención por reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país, entrega del pasaporte y restricción de acercamiento a las oficinas del Ifarhu. No obstante, el Tribunal consideró que dichas alternativas no resultaban suficientes frente a los riesgos procesales identificados. El fallo fue emitido por un Tribunal integrado por las magistradas Yanelka Quijano, quien lo presidió, Giovannina Antinori y Naida Cáceres, en el marco del proceso que se sigue contra Meneses por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. Durante la audiencia de apelación, celebrada el jueves 15 de enero, el Tribunal, tras escuchar los argumentos de las partes, sustentó su decisión en que la medida cautelar impuesta es proporcional a la gravedad de los hechos investigados, contribuye a minimizar los riesgos procesales y garantiza los fines del proceso penal. En la diligencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción Azucena Aizpurúa, mientras que la defensa particular del imputado fue ejercida por la abogada Nadia Castillo. Las investigaciones contra Meneses se originaron a partir de una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, que detectó una serie de presuntas irregularidades en la administración del Ifarhu durante el quinquenio pasado. sa envió los contratos para refrendo el 13 de enero. Hernández replicó que no, que lo hizo el día 8. Ni en eso se ponen de acuerdo. FFP. El presidente anunció que este viernes viaja a Paraguay, retorna el sábado a Panamá y el domingo parte al Foro Económico de Davos, en Suiza. Antes había dicho que también iría al Reino Unido. Cuando termine el mes de enero, habrá pasado más tiempo fuera que dentro del país.
5A La Prensa Panamá, viernes 16 de enero de 2026 Panorama Panama Jazz Festival Cortesía Ya inició el Panamá Jazz Festival 2026 CULTURA Diana Fernández [email protected] La vigésima tercera edición del Panamá Jazz Festival, evento musical organizado por el reconocido músico panameño Danilo Pérez, dio inicio ayer 15 de enero, en una jornada llena de música en Ciudad del Saber. “Este festival no pertenece a una sola persona ni a una sola institución, es una creación colectiva y por eso, me siento profundamente orgulloso de lo que hemos construido juntos. Sigamos soñando. Sigamos educando. Sigamos transformando” expresó Danilo Pérez, quien también es el director artístico del festival, durante la conferencia de prensa de inauguración. Esta nueva edición se extenderá hasta mañana sábado 17 de enero con actividades para todas las edades; conciertos gratuitos a la 1:00 p.m. en La Plaza de Ciudad del Saber, conciertos vespertinos 3:00 p.m., conciertos nocturnos a las 8:00 p.m. en Teatro Ateneo, Jam Sessions en Rock and Folk desde las 10:0 p.m. y el gran concierto de cierre en el cuadrángulo Central de Ciudad del Saber el sábado 17 de enero a las 3:00 p.m. Este 2026 el festival rinde homenaje al maestro Gladstone “Bat” Gordon, figura emblemática del jazz panameño. La agenda completa se encuentra disponible en La agenda panamajazzfestival.com La carretera que conduce hacia las esclusas de Cocolí requiere mejoras. Cortesía ACP invoca la Constitución; Arraiján condiciona aval Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] POLÉMICA El artículo 316 de la Constitución señala que la ACP no estará sujeta al pago de impuestos, tasas, derechos, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal. El Consejo Municipal de Arraiján realizó ayer 15 de enero una sesión extraordinaria en la que aprobó un acuerdo, condicionado, para exonerar del pago de impuestos a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad que mantiene desde agosto de 2025 una solicitud pendiente de aprobación para un permiso de construcción ante ese municipio para la carretera Brujas–Cocolí, el acceso principal a las esclusas del Pacífico. La decisión, adoptada tras meses de fricciones entre el gobierno local y la administración canalera, abre la puerta a reactivar un proyecto considerado estratégico, cuyo estancamiento había generado inquietud en sectores empresariales y logísticos. Representantes de la ACP han acudido en repetidas ocasiones a las sesiones del Consejo Municipal de Arraiján en busca del visto bueno para la obra, pero la alcaldesa del distrito, Stefany Peñalba —ausente durante semanas en las reuniones del gobierno local— se había mantenido firme en que, mientras no se cancelara el impuesto correspondiente, no se otorgaría el permiso de construcción. Este jueves, tras ese prolongado silencio institucional, la alcaldesa reapareció en la sesión del Consejo Municipal. Norma constitucional No obstante, la ACP está legalmente exenta del pago de impuestos municipales, amparo que proviene tanto de su Ley Orgánica como del Título Constitucional y que ha sido reafirmado en fallos de la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, a la entidad canalera no le corresponde cubrir tributos locales, aunque sí está obligada a cumplir con todos los procedimientos administrativos que exige el municipio para avanzar en la obra. De hecho, el artículo 316 de la Constitución establece que la Autoridad del Canal de Panamá no estará sujeta al pago de impuestos, tasas, derechos, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal. Consultada por La Prensa, la representante del corregimiento de Cerro Silvestre, Yohana Saldaña, subrayó que, como lo establece la ley, se dio el trámite para la exoneración del pago de impuestos a la ACP. Su mensaje fue directo: “Tratamos de hacer las cosas bien. Nada está por encima de la Constitución. Ella [la alcaldesa] tendrá un manejo muy diferente al nuestro”, afirmó durante la entrevista. El Consejo Municipal aprobó la medida con cinco de los nueve ediles a favor, mientras que los representantes de Vacamonte, Burunga, Arraiján cabecera y Juan Demóstenes Arosemena no acudieron a la sesión. Polémico discurso Durante la reunión, la alcaldesa cuestionó públicamente lo que calificó como presiones externas de la ACP, a la que acusó de utilizar canales mediáticos para influir en el debate local. “La Alcaldía no funciona con ningún tipo de presiones, y mucho menos mediáticas. Eso sí es político, como lo ha hecho la ACP al difundir información en redes sociales y con periodistas”, afirmó. También rechazó las versiones que la señalan de interferir en la operación canalera: “Están diciendo que la alcaldesa de Arraiján está interfiriendo en el Canal, cuando estamos hablando de una calle. La ACP no construye calles”. Peñalba recordó que el pasado octubre remitió a la presidenta del Consejo Municipal una nota en la que explicaba los fallos legales que, según ella, sustentaban la postura de la Alcaldía respecto al cobro de impuestos. “Es importante aclarar que quien exonera es el Consejo Municipal, y esa es una atribución exclusiva del Consejo Municipal”, dijo ante los ediles, subrayando que su rol no incluye la facultad de suspender o liberar pagos tributarios. La alcaldesa insistió en que su oposición inicial a la exoneración para la ACP respondía a razones de necesidad financiera en el distrito. “No podemos darnos el lujo de exonerar cuando, como arraijaneños, necesitamos el dinero”, enfatizó. Finalmente, el Consejo Municipal aprobó el acuerdo que exonera a la ACP del pago de impuestos, tasas y derechos vinculados al proyecto para reparar puntos críticos de la carretera Brujas. No obstante, la alcaldesa enfatizó que la medida no se extiende a los contratistas que ejecuten la obra. “Queda exonerada la ACP; sin embargo, si la ACP contrata a un contratista, este sí deberá pagar los impuestos de construcción como todo el mundo”, sentenció. Antes de cerrar la sesión, lanzó un último mensaje: “La Alcaldía no funciona con presiones mediáticas ni con publicaciones exageradas. Hemos dejado claro el tema. Es un asunto resuelto”. Consultada por este medio, la ACP respondió con una referencia directa a la Constitución: “El Canal de Panamá ha tenido conocimiento de la decisión del Concejo Municipal de Arraiján y se encuentra evaluándola a la luz del Título XIV de la Constitución Nacional”. José Raúl Mulino, presidente de la República. Anel Asprilla Presidete Mulino sanciona la ley para pagar los Cepadem a jubilados CERTIFICADOS Aleida Samaniego C. [email protected] El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de los ministros Juan Carlos Orillac y Felipe Chapman, sancionó este jueves 15 de enero la Ley 506, que autoriza el pago de los Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a jubilados y pensionados con décimos pendientes entre 1972 y 1983. Esta medida, que pondrá fin a una deuda histórica, llega después de décadas de espera, pero genera dudas sobre la efectividad del proceso. El pago comenzará en junio de 2026 mediante el uso de Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), un mecanismo que busca garantizar el desembolso. Los certificados serán transferibles, exentos de impuestos y no podrán ser embargados, pero el proceso plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para implementarlo sin errores. Además, si el beneficiario ha fallecido, los herederos podrán acceder al pago mediante un trámite sencillo. El Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de coordinar todo el proceso. No obstante, las promesas del gobierno sobre la organización del pago y la garantía de información clara deberán ser evaluadas con cautela, dado el historial de malas experiencias con pagos similares. El titular de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que los certificados serán entregados mediante citas que se agendarán de forma digital. “Este pago se realiza en cumplimiento de la Ley 727 de 2021 y del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la segunda mitad del año pasado, reafirmando el respeto del Estado al orden jurídico y a los derechos adquiridos. No se trata de una decisión discrecional, sino de una obligación legal que el Estado debe honrar”, señaló Chapman.
6A La Prensa Panamá, viernes 16 de enero de 2026 La propuesta plantea añadirle hasta un 10% de etanol a las gasolinas para su uso obligatoriio en todo el país. El producto se sacaría de la plantación de caña de azúcar en distintos puntos del país. ArchivoAzucarera ligada al contralor, una de las interesadas en etanol Eliana Morales Gil [email protected] COMBUSTIBLE VERDE En un foro surgió que Central Azucarero Alanje, vinculada a la familia del contralor Anel Flores, quien ha reconocido su participación accionaria en la industria azucarera del país. Los biocombustibles, su impacto y el proyecto de ley 443, que dispone que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener un 10% de bioetanol anhidro, formaron parte de los temas que se analizaron este jueves 15 de enero en la Asamblea Nacional. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que preside el diputado Ernesto Cedeño, desarrolló un foro sobre el tema en el que participaron distintos actores de la sociedad. Representantes de la Secretaría Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo, de la Universidad de Panamá y de la empresa privada, entre otros, expusieron su visión sobre el asunto. Paula Mesé, especialista técnica en temas energéticos de la Secretaría Nacional de Energía, fue la primera en tomar la palabra. Al igual que la mayoría de los expositores, ponderó los beneficios de los biocombustibles y, particularmente, del etanol. Inició su presentación describiendo la industria de los combustibles y la dependencia de los productos derivados del petróleo. “Consumimos 340 millones de litros de combustible anualmente”, manifestó, al tiempo que agregó que “todo es importado”. Definió al bioetanol anhidro como un alcohol que se obtiene a partir de la caña de azúcar a través de un proceso. El resultado, agregó, “es alcohol más eficiente, más limpio (...) promueve la eficiencia del motor”. Completó su idea con una cita en la que lo presentó como un amortiguador de precios en escenarios de alza del combustible. “En momentos en que la gasolina ha estado por arriba de los $3, el etanol hubiese hecho una diferencia en el precio”, dijo. Fomento del agro También sostuvo que se espera que fomente inversión dentro del sector agrícola como generador de empleo. “Vamos a estar alineados con estándares internacionales de calidad del producto”, dijo. La discusión se dio en el auditorio Carlos Titi Alvarado de la Asamblea. El resto de los expositores también defendió las bondades ambientales y energéticas del etanol, con excepción de Rodrigo González, representante de la empresa distribuidora de vehículos Ricardo Pérez. A su juicio, el debate debe ir mucho más allá de lo teórico y de lo técnico, y analizar el impacto que tiene sobre el usuario. Manifestó estar de acuerdo con el efecto energético del biocombustible; no obstante, alegó que tenía preguntas importantes, pues recordó que Panamá cuenta con un parque vehicular “maduro y de muchísimas generaciones”. Pidió una ley que genere una transición energética flexible, gradual y consecuente con la realidad del mercado. Las cuatro empresas En el periodo de preguntas, la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, y miembro de la comisión, planteó varias interrogantes, entre ellas quiénes son las empresas interesadas en formar parte del proyecto del etanol, es decir, las que tienen la intención de realizar inversiones en plantas de biocombustibles. Paula Mesé, de la Secretaría Nacional de Energía, respondió que las cuatro empresas son: Central Azucarera La Estrella, S.A.; Azucarera Nacional, S.A.; Central Azucarero La Victoria y Central Azucarero Alanje. No obstante, hizo la salvedad de que no son las únicas que participarán. Explicó que se están proponiendo dos tipos de permisos: uno para plantas de biocombustible y otro para almacenamiento de bioetanol. “Cada uno va a tener sus requisitos y sus obligaciones. Todas aquellas personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos pueden obtener un permiso de planta de biocombustible”, agregó. Mesé añadió que se ha invitado a otros ingenios, que han participado en las reuniones, pero hasta ahora no han manifestado interés en participar. De acuerdo con cálculos de Rodrigo Cardenal, presidente de la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), sumado a los 250 millones de dólares que se necesitarían para adquirir las tierras adicionales, también se requerirán más de 120 millones de dólares para la instalación de las fábricas o destilerías, que actualmente no existen, para transformar la materia prima en etanol, junto con el capital para adquirir maquinaria y contratar personal. Cardenal fue otro de los que participó en el foro de la Comisión de Comercio. La empresa de la familia del contralor La Central Azucarero Alanje es de la familia del contralor Anel Flores. En noviembre de 2024, la sociedad registró cambios en su junta directiva, luego de que una reunión extraordinaria de accionistas aprobara la remoción de Anel Humberto Flores de la Lastra (el contralor) del cargo de director y presidente, y en consecuencia se nombró a Alejandro Bosco Flores de la Lastra, su hermano, como nuevo director presidente. Enlamismareunióntambién se designó a Andrés Alberto Flores Icaza, su hijo, como director tesorero y a Nicolás Alejandro Flores Arauz como director vocal, según consta en el acta protocolizada e inscrita en el Registro Público. El contralor no ha negado su nexo con la industria azucarera de Panamá. En diciembre pasado, durante una de las conferencias de prensa semanales del presidente José Raúl Mulino, recordó que es accionista importante de una de las cuatro centrales azucareras del país. En esa oportunidad descartó cualquier conflicto de interés. Días antes, había hablado del tema en Panamá en Directo. “Por supuesto”, dijo cuando le preguntaron si una de las empresas que se beneficiarían con el proyecto era la de él. Recordó que este es un tema que tiene “muchísimos años”. “Esto arrancó en el gobierno de (Ricardo) Martinelli, luego en el de (Juan Carlos) Varela, y de un plumazo se acabó. El etanol ya es una realidad en todo el mundo”, sustentó. ¿Y los productores? La diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, también puso sobre la mesa sus consideraciones sobre la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. Dijo que leyó todo el proyecto, pero que tiene dudas y preocupaciones, pues no ve “nada” que proteja al productor panameño. “Ni al grande ni al mediano”. “Yo lo que veo es una gran protección para quien va a preparar la fórmula o para quien va a vender el producto, porque la protección está en que es obligatorio (...)”. Cuestionó la obligatoriedad de la propuesta y advirtió sobre la falta de mecanismos específicos que garanticen beneficios para los productores nacionales. El primer debate de este proyecto se dará durante los próximos días. El debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) volvió a empantanarse este miércoles 14 de enero, luego de que los comisionados acordaran suspender las sesiones por dos semanas ante las profundas diferencias que genera la propuesta del Tribunal Electoral (TE), especialmente la que plantea eliminar la opción del voto plancha, contenida en el artículo 424 del Código Electoral. La decisión, aprobada este miércoles 14 de enero mediante votación durante una mesa de trabajo solicitada por los propios comisionados, busca dar tiempo para un análisis más detenido de los cambios propuestos por el TE a los artículos 424 y 452, que redefinen el sistema de votación y la forma de adjudicar curules en los circuitos plurinominales. Sin embargo, el trasfondo político apunta a la resistencia de varios sectores a desmontar un mecanismo “históricamente favorable” a los partidos tradicionales. La propuesta del Tribunal Electoral (TE) mantiene la figura de lista abierta, elimina la casilla de voto plancha y apuesta por un sistema Eliminación del voto plancha empantana discusión en la Comisión de Reformas Electorales CÓDIGO ELECTORAL que obligue al elector a marcar candidatos de manera individual, permitiendo incluso el voto cruzado entre partidos. Para sus defensores, el cambio fortalecería la rendición de cuentas y la relación directa entre el elector y el candidato; para sus detractores, podría alterar el equilibrio político y debilitar la representación partidaria. Las sesiones ordinarias se retomarán el 29 de enero de 2026, en un ambiente marcado por la polarización y la falta de consensos en la mesa. Además del sistema de votación, la CNRE discute el quinto y último bloque de reformas, que incluye temas políticamente sensibles como la revocatoria de mandato, el sistema de reservas de candidaturas y el nuevo método de elección de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen). La suspensión fue aprobada con 11 votos a favor, entre ellos los del PRD, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Realizando Metas, Molirena, Partido Popular, MOCA, representantes de la Libre Postulación, la Fiscalía General Electoral y los sectores de Academia y Empresa Privada del Foro Ciudadano. No asistieron FAD, Alianza ni el sector de ONG del Foro, mientras que el área de los trabajadores se retiró antes de la votación. Una vez concluidas las deliberaciones, la CNRE deberá consensuar un proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Nacional. José González Pinilla [email protected] Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) el pasado 14 de enero de 2026. Cortesía/TE Panorama
7A La Prensa Panamá, viernes 16 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Pero en los foros económicos todo es optimismo, gráficas, proyecciones y discursos con voz de “vamos bien”. Es como esas dietas que uno anuncia en Instagram: ensalada, agua con limón, frases motivacionales. Pero el único que dice la verdad es el pantalón. Y si no cierra… no hay PowerPoint que lo arregle. Pareciera que nuestra economía es un “en vivo” sobre maquillaje con un fondo creado por IA. Nos maquillamos para gustarle a los organismos internacionales, para salir bien en la foto, para no incomodar a los mercados. Y en ese proceso, nos olvidamos completamente del pueblo. Ya estamos viendo que atraer millones sin un país acorde a lo que vendemos no se traduce en prosperidad. Y los inversionistas extranjeros lo saben. Seguimos dependiendo del Canal de Panamá como si fuera una vaca infinita. Todo gira alrededor de él: el discurso, la narrativa, la esperanza. Mientras tanto, el resto de la economía se deja a la buena voluntad del sector privado, como si el desarrollo fuera un hobby y no una política pública. Tenemos una sobrepoblación de gurús financieros, analistas de LinkedIn, economistas de frases bonitas y Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Integrar el sistema de salud: una discusión que Panamá pospuso Minsa-CSS abarque desde la prevención de enfermedades hasta la rehabilitación del enfermo, y que derive en el logro de una salud global en una mayoría significativa de los habitantes del país. En una nueva publicación de La Prensa del 8 de diciembre de 2025, bajo la firma de la periodista Aleida Samaniego, titulada ‘ABC de la integración MINSA– CSS: lo que cambia, quién la dirige y por qué se impulsa’, se manifiesta que la integración MINSA-CSS está en proceso, con metas claras de eficiencia y equidad en la salud pública panameña, y que su éxito dependerá de la transparencia, la gestión equilibrada de recursos y la supervisión constante, así como de la participación activa de los actores involucrados, para garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a toda la población. Quienes dirigen el proceso deben tener presente que la transparencia se logra mediante una comunicación clara y proactiva, abordando problemas e ideas nuevas tan pronto como surjan; manteniendo expectativas definidas; centralizando fuentes de verdad; utilizando herramientas adecuadas; fomentando una cultura de confianza y vulnerabilidad, además de honestidad y claridad. Para lograr una gestión equilibrada de recursos se requiere planificación integral; gestión de recursos y tareas; control y seguimiento continuo; gestión de riesgos para mantener el equilibrio de la triple restricción (alcance, costos y tiempo); comunicación constante; y la creación Julio Toro Lozano El país aprobado en los informes, pero reprobado en la calle Contradicciones Panamá se ha convertido en ese estudiante que saca buenas notas, brillamos en rankings, nos felicitan los organismos internacionales, nos aplauden desde afuera, pero cuando uno sale a la calle, la realidad no coincide con el boletín. La noticia sobre el “Panama rezagado” publicada por el periodista Alex Hernández el pasado 11 de enero en La Prensa confirma el sentir real del panameño de a pie: que somos potencia en rankings, pero en la práctica… todavía no. ¿Nos estamos quedando atrás o los otros países se pusieron las pilas? Todo se mide en términos que suenan elegantes: inversión extranjera directa, estabilidad macroeconómica, confianza del mercado, grado de inversión. Palabras grandes, muy grandes… tan grandes que ya no caben en la nevera del panameño promedio. Porque la verdad es esta: Los empleadores piden uno de 22 con 30 años de experiencia, salarios para vivir pero en la casa del árbol, al que trata de emprender lo que le cae es una pelonera entre el banco, la DGI, el municipio y la situación actual y en el país de los millones hay familias que comen una sola vez al día. expertos en nada. Pero seguimos sin un modelo serio de diversificación económica, sin una estrategia clara para integrar a los jóvenes, sin un plan para transformar informalidad en productividad. Eso sí: tenemos rankings. Una salida está en invertir en los jóvenes: educación técnica a nivel nacional sin recorte de presupuesto; formación en oficios, tecnología, logística, agroindustria y servicios locales que sí generen empleo inmediato. Apostar por el turismo interno, comunitario y sostenible, ¿Por qué no vender el Chorro de Olá en Europa?; ¿Estamos yendo a las escuelas a dar educación fiscal básica para que los niños entiendan, participen y exijan?; apoyo a la innovación y su inclusión en mercados internacionales que le digan a ese joven que ¡si se puede!; y si la cura del cáncer la tiene ese niño que debe cruzar el rio en una soga para llegar a la escuela?. Y no me malinterpreten: atraer inversión es importante. Pero la inversión que no mejora la vida de la gente es como un puente bonito donde no hay carros ni peatones: se ve bien en la foto, pero no cumple su finalidad. El problema no es que Panamá quiera gustarle al mundo. El problema es que se olvidó de gustarle a su propio pueblo. Y tarde o temprano, ese pueblo —como el pantalón— va a decir la verdad. Opinión EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es médico. de un ambiente seguro basado en la confianza, el respeto y la empatía, apoyándose en métodos participativos, empoderamiento, incentivos, equilibrio de tareas, adaptabilidad y evaluación continua. El tercer elemento para lograr el éxito corresponde a la supervisión constante, que se realiza mediante el monitoreo, medición y control del progreso del proyecto, para asegurar el cumplimiento de objetivos, cronograma y presupuesto, identificando desviaciones y tomando acciones correctivas a tiempo. Ello implica visibilidad diaria, comunicación efectiva y gestión proactiva de riesgos para garantizar la calidad y el éxito final. En el artículo en cuestión se señala que la integración dependerá de cómo se implementen las medidas, del equilibrio entre eficiencia y protección de los cotizantes, y del seguimiento constante para que los beneficios lleguen efectivamente a toda la población. Me permito agregar que el éxito, a partir de la fase actual del proyecto y con las tareas pendientes, dependerá de una comunicación buena y constante con todos los grupos de interés, en especial con la comunidad en general, principal beneficiaria del proyecto. Esto implica transmitir avances y dificultades del plan, con la participación destacada de personal de planificación, profesionales de la comunicación y los líderes del proyecto. Acciones como estas ayudarán en gran medida a ganar la confianza de la comunidad y, por consiguiente, su apoyo. Una comunidad —colaboradores, usuarios y población general— instruida, enterada y consciente del valor de la propuesta tiende a colaborar y apoyar. Hace casi dos décadas —y con un atraso de al menos 30 años— en Panamá ya reflexionábamos sobre la necesidad de poner en práctica, a escala nacional, un sistema integrado de salud que beneficiara a toda la población. Esa preocupación quedó plasmada en un artículo de opinión de mi autoría, publicado en La Prensa el 27 de mayo de 2008, titulado La fusión MINSA-CSS. En ese texto analizaba las características propias de cada una de las instituciones que se pretendía integrar y advertía que dichas particularidades debían ser consideradas cuidadosamente para que el proceso tuviera éxito. No se trataba de una observación menor: la experiencia demuestra que menos del 50% de las fusiones —incluso en el ámbito empresarial— logran los resultados esperados cuando no se planifican con rigor técnico e institucional. Planteaba que para lograr que la unión alcanzara su cometido era necesario elaborar un plan de trabajo que incluyera la visión de futuro y la estrategia para enfrentarla; demostrar liderazgo y compromiso de las partes; ofrecer un valor agregado; definir resultados inmediatos esperables y un plan de comunicación que incluyera la forma en que se realizaría, así como la gestión de riesgos. Al integrar dos sistemas de salud, se busca sinergia: el surgimiento de una nueva institución que brinde mayores y mejores planes de beneficios en salud, incluyendo una cobertura integral que Pareciera que nuestra economía es un “en vivo” sobre maquillaje con un fondo creado por IA. Nos maquillamos para gustarle a los organismos internacionales, para salir bien en la foto, para no incomodar a los mercados. Tomás Gabriel Sucre La integración MINSA-CSS vuelve a la agenda pública como una apuesta estructural cuya viabilidad dependerá de planificación, transparencia, supervisión constante y comunicación efectiva con la ciudadanía. Panamá frente a sus brechas digitales Inclusión tecnológica Panamá avanza con rapidez en el uso de Internet y de las tecnologías digitales. Cada vez más personas se comunican por redes sociales, realizan pagos en línea o acceden a servicios digitales del Estado. Este panorama proyecta la imagen de un país conectado y moderno. Sin embargo, cuando se observa con mayor detenimiento, surgen brechas digitales que revelan profundas desigualdades entre territorios, grupos sociales y niveles educativos. En las zonas urbanas, el acceso a Internet es cada vez más común y las conexiones han mejorado en velocidad y estabilidad. En contraste, muchas comunidades rurales y comarcales aún enfrentan limitaciones importantes o carecen de conectividad adecuada. Esta diferencia no solo afecta la comunicación cotidiana: también condiciona el acceso a educación, salud, empleo y participación en la vida digital del país. Estar conectado no siempre significa estar incluido. Para comprender estas brechas con mayor claridad, se creó el Observatorio TIC de la Universidad Tecnológica de Panamá. Esta iniciativa retoma y actualiza la experiencia acumulada en esfuerzos previos como el Observatorio Panameño de Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la estrategia Panamá Hub Digital, que en su momento aportaron diagnósticos clave sobre el uso de la tecnología en el país. A partir de esas lecciones, el Observatorio TIC busca ofrecer una lectura más integrada y actualizada del ecosistema digital panameño, basada en datos confiables y comparables. Los primeros análisis muestran tanto avances importantes como desafíos estructurales. Panamá presenta un uso intensivo de redes sociales y un crecimiento sostenido de los servicios digitales, pero enfrenta un déficit de talento tecnológico, una baja participación de mujeres en áreas vinculadas a la tecnología y un rezago en la conectividad de centros educativos públicos. Además, gran parte de la población cuenta solo con habilidades digitales básicas, lo que limita el aprovechamiento de nuevas oportunidades en la economía digital. Analizar estas brechas no es solo un ejercicio académico. Contar con información clara y actualizada permite orientar mejor las políticas públicas, fortalecer la educación digital y diseñar estrategias que promuevan una inclusión más equitativa. En un país cada vez más conectado, el desafío central no es únicamente ampliar el acceso, sino cerrar las brechas que impiden que la tecnología beneficie a todas las personas por igual. EL AUTOR es investigador en la Universidad Tecnológica de Panamá e integrante de Ciencia en Panamá. Jayguer Vásquez Torres Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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