8A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. debería avergonzarnos: niños y adultos con discapacidades severas que nunca han sido inscritos en el programa Ángel Guardián. Familias que desconocen que existe una transferencia de B/.80.00 mensuales para personas en su situación. El programa, creado mediante la Ley 39 de 2012, cuenta con apenas 19,107 beneficiarios a nivel nacional. La dimensión del problema quedó expuesta con la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), presentada en noviembre de 2025: 781,478 panameños viven con algún tipo de discapacidad, el 18% de la población. Uno de cada seis ciudadanos. Las mujeres representan el 58.4% de este grupo. La principal razón por la que no recibieron atención médica fue la falta de dinero, y apenas el 1.9% accedió a institutos especializados. ¿Por qué tantos quedan fuera del sistema? Las barreras son múltiples: desconocimiento de los programas, trámites burocráticos complejos, falta de documentos de identidad y familias abrumadas por la supervivencia diaria. Completar la Ficha Única de Protección Social resulta inalcanzable para quienes apenas pueden salir de sus hogares. Desde un enfoque de derechos humanos, esta situación constituye una violación sistemática. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Panamá, establece la obligación del Estado de identificar activamente a quienes requieren protección, y no esperar a que ellos lleguen a las ventanillas insLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿A qué nos estamos acostumbrando en Azuero? Crisis En Azuero, la crisis del agua ha dejado de ser una emergencia para convertirse en una rutina. Y ese es, quizá, el síntoma más preocupante. Nos estamos adaptando a una realidad objetivamente alarmante y a una incertidumbre constante sobre algo tan básico como el acceso a agua potable y segura. Ya fue anunciado el inicio de la desinfección de las tuberías, y el mensaje busca transmitir calma. Pero la pregunta sigue siendo inevitable: ¿esa agua es realmente apta para el consumo humano? Desinfectar una red no equivale automáticamente a garantizar potabilidad. Si la fuente sigue contaminada, la potabilidad no está asegurada; aunque el sistema esté “limpio”, el agua sigue siendo no apta para consumo. Esta crisis también obliga a preguntarnos por las prioridades, no solo en la agenda pública, sino como sociedad. En medio de la escasez y la incertidumbre, es válido cuestionar qué ponemos primero: ¿las fiestas, los eventos y la sensación de normalidad, o la garantía de agua potable segura? Esta no es solo una pregunta para las autoridades; también interpela a los ciudadanos y a lo que estamos dispuestos a exigir o a tolerar. La adaptación ciudadana tiene, además, un lado incómodo: la falta de cuestionamiento. Nos acostumbramos a hervir el agua, a comprar botellones y a agradecer anuncios técnicos sin exigir respuestas claras. Esa pasividad —comprensible— termina validando una gestión que no garantiza lo mínimo: agua potable. Cuando no se pregunta, no se cuestiona y no se exige, se normaliza. Puede que el gobierno central avance despacio; lo que aún no queda claro es si las autoridades de la península saben cuáles son sus prioridades. Aceptar esta situación como algo inevitable es peligroso. El acceso a agua potable no es un favor ni una concesión temporal: es un derecho. Exigir información clara, parámetros verificables y soluciones reales no es confrontación, es responsabilidad ciudadana. Adaptarse puede ser humano, pero callar ante lo inaceptable nunca debería serlo. El gremio que espero (antes de que el abanico me caiga encima) Docencia promiso. La precariedad no es una virtud profesional ni un valor pedagógico. Mi profesión debería ofrecer posibilidades reales de crecimiento, estabilidad y proyección. Cuando esto no ocurre, muchos docentes recurren a actividades adicionales —como la venta de revistas de productos de belleza u otros artículos— para complementar sus ingresos. No es motivo de burla ni de vergüenza; es un síntoma estructural que merece análisis serio, no romanticismo ni discursos vacíos. Por ello, el gremio que espero no se limita a reclamar, sino que forma y empodera. Gremios que impulsen seminarios de ética profesional, liderazgo educativo, pensamiento crítico y educación financiera. Porque dignificar al docente no es convertirlo en mártir, sino dotarlo de herramientas para decidir mejor, negociar con conocimiento y ejercer su profesión con mayor autonomía. Un docente formado es más libre, incluso frente a quienes dicen representarlo. No espero gremios convertidos en partidos políticos ni en vitrinas ideológicas. Espero realismo. Vivimos y trabajamos en un sistema capitalista; puede criticarse, pero hacerlo exige coherencia. Señalar contradicciones no constituye un ataque ideológico, sino una observación práctica: la incoherencia debilita cualquier causa. Defender al docente implica reconocer su derecho a prosperar dentro del sistema en el que ejerce, sin culpas ni dobles discursos. Tampoco rechazo la protesta ni la huelIndhira Londoño Los invisibilizados de San Miguelito Pobreza multidimensional Durante los últimos diez años, he cruzado de manera anónima las veredas empinadas de San Miguelito. Lo que comenzó como un compromiso solidario se ha convertido en una ventana hacia una realidad que las estadísticas apenas logran capturar. Cada visita me confronta con la misma pregunta: ¿cuántos panameños permanecen invisibles para el sistema de protección social? Las cifras más recientes son contundentes. Según el Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes presentado en 2024, hay 475,498 menores viviendo en pobreza multidimensional en Panamá: uno de cada tres niños del país. Más preocupante aún: el porcentaje aumentó de 32.8% en 2018 a 34% en 2022. Pese a los esfuerzos institucionales, hay más niños pobres multidimensionales hoy que hace seis años. San Miguelito concentra las contradicciones de nuestro modelo de desarrollo. Este distrito, el segundo más poblado del país, con más de 350,000 habitantes, presenta vulnerabilidad extrema: más de la mitad de sus viviendas son informales, la mayoría de su población percibe bajos ingresos y cerca de la mitad habita en comunidades de ladera expuestas a deslizamientos. El Banco Mundial lo ha descrito como el área con mayor desarrollo informal de la ciudad de Panamá. Pero las estadísticas macro no cuentan la historia completa. En las visitas a hogares vulnerables, acompañados por líderes comunitarios y unidades de la Policía Nacional, hemos encontrado una realidad que titucionales. Las propuestas de acción deben ser urgentes. Primero, implementar censos comunitarios de personas con discapacidad, con equipos móviles que realicen inscripciones in situ. Segundo, simplificar requisitos documentales, permitiendo que organizaciones comunitarias certifiquen vulnerabilidad. Tercero, crear unidades de enlace entre el MIDES y los centros de salud para que todo diagnóstico de discapacidad severa active automáticamente un proceso de inscripción. Cuarto, establecer metas territoriales que obliguen al sistema a buscar activamente a los beneficiarios. La pobreza multidimensional infantil no se resuelve únicamente con transferencias monetarias, pero estas representan un piso mínimo de dignidad para familias que enfrentan carencias simultáneas en salud, vivienda, educación y servicios básicos. Cada niño con discapacidad que permanece fuera del radar institucional es un recordatorio de que nuestro sistema de protección social sigue operando bajo una lógica de demanda, cuando debería funcionar bajo una lógica de garantía universal de derechos. He abordado solo una dimensión de la crisis. No he hablado del derecho a la educación de niños con discapacidad, de las escuelas sin rampas y sin docentes especializados, ni de aquellos que nunca fueron matriculados. Cada uno de estos temas merece un análisis profundo. Después de una década entrando a San Miguelito, he aprendido que la pobreza más cruel es la que permanece invisible. Es hora de que el Estado vaya a buscar a quienes más necesitan, en lugar de esperar que los más necesitados vengan a él. Opinión LA AUTORA es abogada. LA AUTORA es presidenta de FUDESPA y mentora de Jóvenes Unidos por la Educación. LA AUTORA es profesora de filosofía. Kaitlein Pamela Marciaga Díaz ga. Lo que cuestiono es su uso automático, carente de estrategia y reflexión. La protesta, para ser legítima y eficaz, debe ser pensada, explicada y orientada a objetivos claros. La excelencia profesional también se expresa en la manera de exigir derechos, no solo en los derechos que se exigen. Incluso para luchar hay que ser inteligentes. Espero, además, gremios que cuiden la imagen pública del docente. Cada acto colectivo construye o erosiona credibilidad. La autoridad profesional no se impone por el volumen de la voz, sino por la coherencia, la solidez de los argumentos y la consistencia ética. Un gremio serio no necesita escándalos para ser escuchado; necesita ideas bien articuladas y conducta ejemplar. Insisto: este es mi ideal. No una acusación personal ni una receta universal. Sé que el sistema es complejo y que los cambios no son inmediatos. Pero también sé que una profesión que no define sus propios estándares termina aceptando los que otros le imponen. Y yo no quiero que la docencia sea definida por la resignación. Y entonces despierto. Despierto en mi aula, con el calor pegado a la piel, el abanico flojo recordándome que en cualquier momento puede caerse encima y el techo crujiendo como metáfora demasiado real. Afuera, el ruido continúa. Adentro, la clase empieza. Suspiro, tomo asistencia y continúo. Porque mientras el gremio que espero no exista del todo, desde mi aula todavía puedo intentar ejercer la excelencia que reclamo. Y antes de que el abanico me caiga encima… se vale soñar. Tranquilos. Esto no es una proclamación de superioridad moral ni un manual de cómo deben ser las cosas. Es, sencillamente, mi ideal personal sobre lo que espero de mi profesión y de los gremios que dicen representarla. No me creo perfecta, no pretendo serlo y tampoco me incomoda que alguien piense lo contrario. Pensar distinto, al menos en teoría, debería seguir siendo parte esencial del ejercicio docente. Mi deseo para la docencia es claro: quiero que ser docente vuelva a asociarse con excelencia profesional, respeto social y solvencia digna, no con el escándalo recurrente ni con la normalización de la precariedad. No hablo de lujos ni de privilegios extraordinarios, sino de una vida coherente con la responsabilidad intelectual, ética y social que implica educar. Aspirar a vivir mejor de mi trabajo no me hace menos ética; me hace consecuente con el valor real de mi profesión. Espero de mi profesión exigencia y, de los gremios, representación responsable. No me interesa que se les conozca por el ruido, la confrontación permanente o los titulares negativos. Aspiro a gremios reconocidos por la calidad de sus propuestas, por su liderazgo académico y por su capacidad de elevar el nivel del debate educativo. No todos los gremios son iguales, pero es innegable que ciertas dinámicas públicas han terminado por opacar la labor docente más de lo que la fortalecen. No creo que el docente deba vivir en sacrificio perpetuo para demostrar com- San Miguelito concentra una pobreza invisible que excluye a niños y personas con discapacidad del sistema de protección social, revelando fallas estructurales en políticas públicas y derechos. Nivia Rossana Castrellón Una reflexión personal sobre la docencia, la precariedad y el rol de los gremios, entre el ideal profesional, la realidad cotidiana del aula y la necesidad de estándares propios. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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