2A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026 El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un fallo del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y condenó a ocho años de prisión al exministro de Obras Públicas Federico Suárez (2009– 2012) por el delito de peculado, en relación con la construcción de la Autopista Arraiján–La Chorrera. En el fallo No. 27 del 1 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decidió reformar la sentencia emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que había absuelto a todos los investigados en el caso de peculado vinculado a esta obra vial. En la resolución también se condenó a ocho años de prisión a Daniel Ochy, Alcides Velásquez, Miguel González Martínez y Lester Simón Mendoza, igualmente por el delito de peculado. Además, se impuso una pena de seis Exministro Federico Suárez, condenado por peculado en caso de proyecto vial JUSTICIA años de cárcel a Éder Antonio Márquez y Eduardo Antonio Rodríguez Asimismo, se confirmó la sentencia absolutoria a favor de Marco Antonio Saavedra. En abril de 2025, la jueza Agueda Rentería absolvió a todos los implicados en esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que no se logró acreditar de manera fehaciente la existencia de un perjuicio al Estado. No obstante, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación. Durante el juicio celebrado el 29 de febrero de 2024, el fiscal anticorrupción Ariel De Gracia solicitó un veredicto condenatorio contra los procesados, al considerar que los imputados ocasionaron una lesión patrimonial por un monto de $7.8 millones. La Autopista Arraiján–La Chorrera, que inicialmente tendría un costo de $152.6 millones, terminó costando $161.8 millones, tras la aprobación de varias adendas que incrementaron su valor. La fiscal del caso Ruth Morcillo y la jueza Baloisa Marquínez. Isaac Ortega Pruebas del exterior apuntan a peculado y blanqueo Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] En el tercer día del juicio Odebrecht, la Fiscalía presentó pruebas extraordinarias sustentadas en asistencias judiciales de Perú, Brasil, Andorra, Singapur, Antigua y Barbuda y Estados Unidos para reforzar su teoría de blanqueo de capitales. Durante el tercer día de audiencia del caso Odebrecht, la fiscal Ruth Morcillo comenzó en la tarde de ayer la presentación de pruebas extraordinarias sustentadas en asistencias judiciales provenientes de varios países. La primera de estas pruebas corresponde a una asistencia judicial proveniente de Perú, que consta de 2,500 páginas y guarda relación con los imputados Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde, vinculados a la sociedad Isabon. Otra de las pruebas aducidas por la fiscal es una asistencia judicial procedente de la República Federativa de Brasil, que incluye la declaración de Olivio Rodríguez, uno de los directivos de Odebrecht, así como la vinculación del imputado Andrés Sanguillén. Asimismo, la fiscal presentó una asistencia legal mutua del 25 de septiembre de 2020, remitida por la Fiscalía General de Singapur en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, aunque no detalló el contenido específico de ese documento. De igual forma, se incorporaron dos asistencias judiciales provenientes de Antigua y Barbuda, relacionadas con los investigados Eduardo Patrao, Humberto De León y Aaron Mizrachi, quienes forman parte del proceso. Por otra parte, se presentó como prueba el auto mixto del 2 de octubre de 2024, emitido por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, dentro de un proceso por el delito de peculado relacionado con los proyectos de remodelación de la vía Domingo Díaz y mejoramiento del Casco Antiguo, asignados a Odebrecht, en los cuales se evidencia la existencia de sobrecostos en la ejecución de ambas obras. Esta prueba incluye la declaración del imputado Fredy Barco Vera, quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la fiscalía, y quien detalló los sobrecostos asociados a los contratos otorgados a la empresa brasileña. También se incorporó la declaración del testigo protegido FEA 001-2020, cuya identidad ya fue revelada al tribunal. Con estas pruebas, la fiscalía busca establecer los delitos precedentes de peculado y corrupción, que posteriormente habrían derivado en el blanqueo de capitales. Adicionalmente, se presentó una asistencia judicial de los Estados Unidos, que consta de 10,939 páginas, relacionada con las investigaciones adelantadas en ese país contra la empresa Odebrecht. La jueza Baloisa Marquínez concedió un receso desde mañana viernes hasta el próximo miércoles, a fin de que los abogados defensores puedan revisar la documentación correspondiente a las pruebas extraordinarias y presentar sus objeciones. Para ello, se dispuso que el material estará disponible en formato digital, con el objetivo de facilitar su manejo y análisis. Federico Suárez. LP Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales concluyó la lectura del auto de llamamiento a juicio dentro del caso Odebrecht, en el que se vincula al expresidente panameño Ricardo Martinelli, al exministro Frank De Lima, así como a Jaime Lasso, Michelle Lasso y Aaron Mizrachi, todos imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con el pago de coimas por parte de la constructora brasileña. En el caso de Ricardo Martinelli, la trazabilidad de los hechos determina que su participación surge por haber recibido fondos en calidad de destinatario final, tanto a título personal como a través de sociedades como Richeliu Investment Company Inc. e Importadora Ricamar, S.A., dineros que estaban vinculados a la denominada Caja 2 de Odebrecht. Estos recursos provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas, creado para gestionar pagos ilícitos no contabilizados, canalizados a través de cuentas en el extranjero controladas por sociedades como Constructora Internacional del Sur, Kleinfeld Services Ltd., Innovation Research Engineering e Intercop Logistic Ltd., manejadas por Olivio Rodrigues. Posteriormente, los fondos eran transferidos a Caribbean Holding Services, desde donde se realizaban transacciones financieras y se emitían cheques de gerencia a favor de Martinelli. El auto judicial precisa que el Departamento de Operaciones Estructuradas funcionaba como una unidad autónoma dentro de Odebrecht, encargada de planificar, supervisar y ejecutar el pago de sobornos en distintos países, incluido Panamá. Asimismo, recoge los señalamientos realizados por Aaron Mizrachi el 2 de septiembre de 2020, quien durante su declaración indagatoria indicó que Martinelli era su cuñado desde hacía 17 años, razón por la cual recibió dinero a solicitud del exmandatario por parte de Odebrecht. También se citan las declaracionesrendidasen2017por André Rabello, entonces director de la filial de Odebrecht en Panamá, quien manifestó que los servicios de lobby en el país eran gestionadosporlafamiliaMartinelliy que las reuniones se realizaban en sus supermercados. A ello se suma la declaración de Mónica Moura, quien señaló que, a través de Rabello, conoció a Martinelli y negoció un contrato por 21 millones de dólares para la campaña presidencial de José Domingo Arias, así como para mejorar la imagen del gobierno de Martinelli. Moura también afirmó que en una ocasión el expresidente le entregó 500 Los señalamientos contra Martinelli, De Lima y Lasso por blanqueo de capitales mil dólares en efectivo cuando se quedó sin liquidez. En cuanto al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, la vinculación surge por haber recibido presuntamente, en calidad de destinatario final y real, dineros de procedencia ilícita pagados por Odebrecht medianteunesquemaestructuradoy sofisticado, que incluyó el uso de sociedades como Herzone Overseas Limited, Ralfim Limited e Inversiones Joluma, así como el presunto uso de testaferros. Según la investigación, estos fondos ingresaron al sistema financiero panameño desde cuentas ubicadas en el Principado de Andorra. Respecto a Jaime Lasso, miembro del Partido Panameñista, la causa detalla que recibió fondos provenientes de cuentas de sociedades que formaban parte de la Caja 2 de Odebrecht. Una vez recibidos, los recursos eran transferidos desde sociedades controladasporLasso,entreellas Poseidon Enterprises, hacia cuentas de la Fundación Don James, para posteriormente ser entregados mediante cheques al expresidente Juan Carlos Varela, bajo la justificación de aportes o donaciones a la campaña política del Partido Panameñista. En el caso de Michelle Lasso, hija de Jaime Lasso, se estableció que su vinculación al delito de blanqueo de capitales obedece a su condición de firmante y beneficiaria de la sociedad Poseidon Enterprises, la cual actuó como receptora de transferencias de dinero provenientes de la Caja 2 de Odebrecht, canalizadas a través de sociedades comoKleinfeldServiceseInnovation Services, fondos que posteriormente llegaron a la Fundación Don James y fueron utilizados en la campaña panameñista. Finalmente, la vinculación de Aaron Mizrachi emana de su condición de firmante autorizado y beneficiario final de cuentas bancarias asociadas a la sociedad Caribbean Holding Services Ltd., las cuales recibieron transferencias por sumas considerables provenientes de sociedades ligadas a la Caja 2 de Odebrecht. Estos pagos no contabilizados eran gestionados por el Departamento de Operaciones Estructuradas y ejecutados mediante intermediarios como Olivio Rodrigues, quien controlaba una red de sociedades con cuentas en el extranjero. También se leyeron los sobreseimiento dados a José Antonio Porta Álvarez, Alexander Castellaneta, Franco Castellaneta, Angelina Valero de Gámez, Marcos Jesús Gómez Alejandro Stanziola, Úrsula Banz Vallarino, María del Sol Rivera Vigas, Linda Gesto, Fernando Muradas, Maya Cikurel y el sobreseimiento definitivo dado a María Bagatelas Papadimitriu. Juan Manuel Díaz [email protected]
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