1A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 15 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15262 EL FUTURO SE CONSTRUYE HOY expomaquina.org EDICIÓN ESPECIAL Hoy por hoy Recoger la basura no es un acto de buena voluntad ni un ejercicio retórico. Tampoco se resuelve con comunicados bien redactados o promesas coyunturales. Es un problema estructural que no admite simplificaciones ni soluciones improvisadas, y mucho menos el uso político de una crisis que afecta directamente la salud y la dignidad de miles de personas en San Miguelito. Reducir el debate a un contratista o a una coyuntura contractual resulta insuficiente. En el distrito confluyen responsabilidades múltiples: una gestión municipal históricamente débil, una cultura deficiente en el manejo de desechos, limitaciones reales de vialidad y seguridad, rezagos persistentes en la cultura de pago y un Estado que, una y otra vez, reacciona tarde. Pensar que empresas harán inversiones significativas para prestar un servicio temporal mientras se define una concesión definitiva evidencia la ausencia de un diagnóstico serio y de políticas realistas. A ello se suma un vacío institucional que agrava la crisis. La Contraloría General no ha ofrecido explicaciones claras sobre por qué no ha refrendado contratos temporales para un serviChristiansen aprieta el paso rumbo al Mundial 4B Deportes Panorama Panamá podría ser evaluado para exención de visa de EUA 7A Economía MOP adjudica contrato de carretera por $312 millones 2B El puntaje más alto para entrar a medicina Carlos Etienne, egresado de Smart Academy Panamá, obtuvo el mayor puntaje de ingreso a medicina. A los 17 años, lideró un proceso altamente competitivo, con más de 2,100 aspirantes para solo 200 cupos. VEA 4A Ejecutivo y municipio chocan por la basura Yaritza Mojica [email protected] La crisis de la basura en San Miguelito derivó en un choque entre el Ejecutivo y la Alcaldía, luego de que el Consejo de Gabinete autorizara a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el servicio. La alcaldesa Irma Hernández rechazó la medida y alegó una vulneración de la autonomía municipal. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, resCRISIS El contralor Anel Flores admitió que contactó a la alcaldesa de San Miguelito para propiciar una reunión con la propietaria de la empresa cuyo contrato de recolección de basura está por vencer. paldó la decisión por razones sanitarias, mientras el contralor Anel Flores confirmó que no refrendará los con la dueña de la empresa cuyo contrato de recolección de basura vence este fin de semana. VEA 6A Anel Flores Archivo Fernando Boyd Galindo Archivo Irma Hernández Archivo Tercer día del juicio por las coimas de Odebrecht suma pruebas de varios países Juan Manuel Díaz [email protected] Durante el tercer día del juicio por las coimas de Odebrecht, la fiscalía inició la presentación de pruebas extraordinarias sustentadas en asistencias judiciales provenientes de Perú, Brasil, Estados Unidos, Singapur y Antigua y Barbuda, con el objetivo de acreditar delitos de peculado, corrupción y blanqueo de capitales. La documentación incluye miles de páginas, declaraciones de exdirectivos y colaboradores de la constructora brasileña y procesos vinculados a sobrecostos en obras públicas. La creciente presencia china en Panamá ofrece oportunidades comerciales, pero plantea riesgos geopolíticos y de soberanía. Así lo señala Leland Lazarus, investigador en relaciones entre Estados Unidos y China, especializado en América Latina y el Caribe. Habla sobre puertos, reglas desiguales y el papel estratégico del Canal. VEA 1B El Canal en la ecuación China–Panamá contratos temporales impulsado por Hernández y admitió que llamó a la alcaldesa para que se reuniera Las evidencias alcanzan a imputados como Ricardo Martinelli, Isabel Carmona, Gonzalo Monteverde, Andrés Sanguillén y Aaron Mizrachi, entre otros señalados en el expediente. VEA 2A cio esencial. La opacidad alimenta incertidumbre y paraliza decisiones urgentes. Que el Ejecutivo asuma ahora el control del servicio tampoco garantiza soluciones duraderas. La experiencia con la Autoridad de Aseo demuestra que trasladar responsabilidades no corrige fallas estructurales ni sustituye la planificación de largo plazo. La basura no se maneja con protagonismo político, sino con coordinación, reglas claras y decisiones sostenibles. Que, en medio de todo esto, las autoridades se enfrasquen en disputas mientras el problema persiste es, además de irresponsable, una de las expresiones más patéticas de la gestión pública.
2A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026 El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un fallo del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y condenó a ocho años de prisión al exministro de Obras Públicas Federico Suárez (2009– 2012) por el delito de peculado, en relación con la construcción de la Autopista Arraiján–La Chorrera. En el fallo No. 27 del 1 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decidió reformar la sentencia emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que había absuelto a todos los investigados en el caso de peculado vinculado a esta obra vial. En la resolución también se condenó a ocho años de prisión a Daniel Ochy, Alcides Velásquez, Miguel González Martínez y Lester Simón Mendoza, igualmente por el delito de peculado. Además, se impuso una pena de seis Exministro Federico Suárez, condenado por peculado en caso de proyecto vial JUSTICIA años de cárcel a Éder Antonio Márquez y Eduardo Antonio Rodríguez Asimismo, se confirmó la sentencia absolutoria a favor de Marco Antonio Saavedra. En abril de 2025, la jueza Agueda Rentería absolvió a todos los implicados en esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que no se logró acreditar de manera fehaciente la existencia de un perjuicio al Estado. No obstante, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación. Durante el juicio celebrado el 29 de febrero de 2024, el fiscal anticorrupción Ariel De Gracia solicitó un veredicto condenatorio contra los procesados, al considerar que los imputados ocasionaron una lesión patrimonial por un monto de $7.8 millones. La Autopista Arraiján–La Chorrera, que inicialmente tendría un costo de $152.6 millones, terminó costando $161.8 millones, tras la aprobación de varias adendas que incrementaron su valor. La fiscal del caso Ruth Morcillo y la jueza Baloisa Marquínez. Isaac Ortega Pruebas del exterior apuntan a peculado y blanqueo Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] En el tercer día del juicio Odebrecht, la Fiscalía presentó pruebas extraordinarias sustentadas en asistencias judiciales de Perú, Brasil, Andorra, Singapur, Antigua y Barbuda y Estados Unidos para reforzar su teoría de blanqueo de capitales. Durante el tercer día de audiencia del caso Odebrecht, la fiscal Ruth Morcillo comenzó en la tarde de ayer la presentación de pruebas extraordinarias sustentadas en asistencias judiciales provenientes de varios países. La primera de estas pruebas corresponde a una asistencia judicial proveniente de Perú, que consta de 2,500 páginas y guarda relación con los imputados Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde, vinculados a la sociedad Isabon. Otra de las pruebas aducidas por la fiscal es una asistencia judicial procedente de la República Federativa de Brasil, que incluye la declaración de Olivio Rodríguez, uno de los directivos de Odebrecht, así como la vinculación del imputado Andrés Sanguillén. Asimismo, la fiscal presentó una asistencia legal mutua del 25 de septiembre de 2020, remitida por la Fiscalía General de Singapur en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, aunque no detalló el contenido específico de ese documento. De igual forma, se incorporaron dos asistencias judiciales provenientes de Antigua y Barbuda, relacionadas con los investigados Eduardo Patrao, Humberto De León y Aaron Mizrachi, quienes forman parte del proceso. Por otra parte, se presentó como prueba el auto mixto del 2 de octubre de 2024, emitido por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, dentro de un proceso por el delito de peculado relacionado con los proyectos de remodelación de la vía Domingo Díaz y mejoramiento del Casco Antiguo, asignados a Odebrecht, en los cuales se evidencia la existencia de sobrecostos en la ejecución de ambas obras. Esta prueba incluye la declaración del imputado Fredy Barco Vera, quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la fiscalía, y quien detalló los sobrecostos asociados a los contratos otorgados a la empresa brasileña. También se incorporó la declaración del testigo protegido FEA 001-2020, cuya identidad ya fue revelada al tribunal. Con estas pruebas, la fiscalía busca establecer los delitos precedentes de peculado y corrupción, que posteriormente habrían derivado en el blanqueo de capitales. Adicionalmente, se presentó una asistencia judicial de los Estados Unidos, que consta de 10,939 páginas, relacionada con las investigaciones adelantadas en ese país contra la empresa Odebrecht. La jueza Baloisa Marquínez concedió un receso desde mañana viernes hasta el próximo miércoles, a fin de que los abogados defensores puedan revisar la documentación correspondiente a las pruebas extraordinarias y presentar sus objeciones. Para ello, se dispuso que el material estará disponible en formato digital, con el objetivo de facilitar su manejo y análisis. Federico Suárez. LP Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales concluyó la lectura del auto de llamamiento a juicio dentro del caso Odebrecht, en el que se vincula al expresidente panameño Ricardo Martinelli, al exministro Frank De Lima, así como a Jaime Lasso, Michelle Lasso y Aaron Mizrachi, todos imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con el pago de coimas por parte de la constructora brasileña. En el caso de Ricardo Martinelli, la trazabilidad de los hechos determina que su participación surge por haber recibido fondos en calidad de destinatario final, tanto a título personal como a través de sociedades como Richeliu Investment Company Inc. e Importadora Ricamar, S.A., dineros que estaban vinculados a la denominada Caja 2 de Odebrecht. Estos recursos provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas, creado para gestionar pagos ilícitos no contabilizados, canalizados a través de cuentas en el extranjero controladas por sociedades como Constructora Internacional del Sur, Kleinfeld Services Ltd., Innovation Research Engineering e Intercop Logistic Ltd., manejadas por Olivio Rodrigues. Posteriormente, los fondos eran transferidos a Caribbean Holding Services, desde donde se realizaban transacciones financieras y se emitían cheques de gerencia a favor de Martinelli. El auto judicial precisa que el Departamento de Operaciones Estructuradas funcionaba como una unidad autónoma dentro de Odebrecht, encargada de planificar, supervisar y ejecutar el pago de sobornos en distintos países, incluido Panamá. Asimismo, recoge los señalamientos realizados por Aaron Mizrachi el 2 de septiembre de 2020, quien durante su declaración indagatoria indicó que Martinelli era su cuñado desde hacía 17 años, razón por la cual recibió dinero a solicitud del exmandatario por parte de Odebrecht. También se citan las declaracionesrendidasen2017por André Rabello, entonces director de la filial de Odebrecht en Panamá, quien manifestó que los servicios de lobby en el país eran gestionadosporlafamiliaMartinelliy que las reuniones se realizaban en sus supermercados. A ello se suma la declaración de Mónica Moura, quien señaló que, a través de Rabello, conoció a Martinelli y negoció un contrato por 21 millones de dólares para la campaña presidencial de José Domingo Arias, así como para mejorar la imagen del gobierno de Martinelli. Moura también afirmó que en una ocasión el expresidente le entregó 500 Los señalamientos contra Martinelli, De Lima y Lasso por blanqueo de capitales mil dólares en efectivo cuando se quedó sin liquidez. En cuanto al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, la vinculación surge por haber recibido presuntamente, en calidad de destinatario final y real, dineros de procedencia ilícita pagados por Odebrecht medianteunesquemaestructuradoy sofisticado, que incluyó el uso de sociedades como Herzone Overseas Limited, Ralfim Limited e Inversiones Joluma, así como el presunto uso de testaferros. Según la investigación, estos fondos ingresaron al sistema financiero panameño desde cuentas ubicadas en el Principado de Andorra. Respecto a Jaime Lasso, miembro del Partido Panameñista, la causa detalla que recibió fondos provenientes de cuentas de sociedades que formaban parte de la Caja 2 de Odebrecht. Una vez recibidos, los recursos eran transferidos desde sociedades controladasporLasso,entreellas Poseidon Enterprises, hacia cuentas de la Fundación Don James, para posteriormente ser entregados mediante cheques al expresidente Juan Carlos Varela, bajo la justificación de aportes o donaciones a la campaña política del Partido Panameñista. En el caso de Michelle Lasso, hija de Jaime Lasso, se estableció que su vinculación al delito de blanqueo de capitales obedece a su condición de firmante y beneficiaria de la sociedad Poseidon Enterprises, la cual actuó como receptora de transferencias de dinero provenientes de la Caja 2 de Odebrecht, canalizadas a través de sociedades comoKleinfeldServiceseInnovation Services, fondos que posteriormente llegaron a la Fundación Don James y fueron utilizados en la campaña panameñista. Finalmente, la vinculación de Aaron Mizrachi emana de su condición de firmante autorizado y beneficiario final de cuentas bancarias asociadas a la sociedad Caribbean Holding Services Ltd., las cuales recibieron transferencias por sumas considerables provenientes de sociedades ligadas a la Caja 2 de Odebrecht. Estos pagos no contabilizados eran gestionados por el Departamento de Operaciones Estructuradas y ejecutados mediante intermediarios como Olivio Rodrigues, quien controlaba una red de sociedades con cuentas en el extranjero. También se leyeron los sobreseimiento dados a José Antonio Porta Álvarez, Alexander Castellaneta, Franco Castellaneta, Angelina Valero de Gámez, Marcos Jesús Gómez Alejandro Stanziola, Úrsula Banz Vallarino, María del Sol Rivera Vigas, Linda Gesto, Fernando Muradas, Maya Cikurel y el sobreseimiento definitivo dado a María Bagatelas Papadimitriu. Juan Manuel Díaz [email protected]
3A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026
4A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] METICHE. El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo que revisará cada aspecto de la licitación convocada por el Municipio de San Miguelito para encontrar un proveedor del servicio de recolección de basura. La alcaldesa Irma Hernández afirmó que no estaba enterada de nada de eso. ¿En qué parte de la Constitución dice que el Ejecutivo puede inmiscuirse unilateralmente en las licitaciones de los gobiernos locales? COMPROMISOS. El Ministerio de Trabajo ordenó el secuestro de las cuentas bancarias, bienes y facturas por cobrar de Revisalud para garantizar el pago de las prestaciones de sus trabajadores, que se calcula representan un monto de $1.5 millones. ¿Acaso hay algo que esta empresa haya hecho bien? ENTRADA. La magistrada María Cristina Chen admitió una demanda de nulidad contra el decreto del Meduca que permitió reemplazar a aquellos docentes que se declararon en huelga el año pasado. Esto no significa que haya una decisión de fondo, por lo que todavía no se puede anticipar cuál será la parte favorecida en este conflicto. AMISTAD. Ningún miembro de la junta directiva de la Asamblea acudió a la reunión convocada por el embajador Kevin Marino Cabrera con un grupo de diputados, particularmente aquellos que son parte del grupo de amistad interparlamentaria Estados Unidos-Panamá. Para algunos, esta fue la oportunidad de enviar el mensaje inequívoco de que todavía tieEntre 2,143 aspirantes, Carlos Etienne logra el primer lugar en Medicina Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Con 17 años, egresado de Smart Academy Panama de Brisas del Golf en San Miguelito, Carlos Etienne, hijo de una fisioterapeuta y un profesional del sector privado, destaca entre los mejores. Entre más de dos mil aspirantes, Carlos Etienne, de 17 años de edad, obtuvo el mayor puntaje de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, en uno de los procesos de selección más competitivos del país. De los 2,143 estudiantes que participaron en las pruebas de admisión, solo 200 lograron asegurar un cupo en la carrera de Medicina, y el resultado de Etienne encabezó la lista. El joven cursó sus estudios secundarios en Smart Academy Panama, donde también alcanzó el primer puesto académico. El interés de Etienne por la medicina se fue construyendo desde la infancia. Su madre, fisioterapeuta, le compartía con frecuencia experiencias relacionadas con el cuidado de los pacientes y la importancia del trato humano dentro de los hospitales. Aquellos relatos despertaron su curiosidad y, con el paso de los años, se transformaron en una vocación clara. A medida que avanzaba en su formación escolar, encontró en las ciencias un espacio en el que podía unir el conocimiento académico con el deseo de ayudar y escuchar a las personas. La decisión de estudiar Medicina se consolidó durante su último año de secundaria, en 2025. Consciente de la exigencia del proceso de admisión, Etienne optó por inscribirse en un curso propedéutico de medicina mientras aún asistía a clases en la escuela. El reto no fue menor: debía cumplir con las responsabilidades académicas del colegio y, al mismo tiempo, prepararse para evaluaciones de nivel universitario. La rutina implicó jornadas extensas de estudio, una organización rigurosa del tiempo y, en muchos casos, noches con pocas horas de descanso. Los resultados reflejaron ese esfuerzo. Carlos cerró su último año escolar con un promedio de 4.96, mientras que el promedio acumulado entre cuarto y quinto año —utilizado para el ingreso universitario— fue de 4.90. En los exámenes de admisión obtuvo 74 puntos en la Prueba de Capacidades Académicas (PCA) y 88 en el Prueba de Conocimientos Generales (PCG), alcanzando un puntaje total de 89.20, el más alto entre todos los aspirantes. Más allá de las cifras, Etienne reconoce que el camino estuvo marcado por la constancia y la fe. Considera que mantener una base espiritual sólida fue fundamental para enfrentar la presión del proceso y no abandonar el objetivo. Para quienes aspiran a estudiar medicina, su mensaje es claro: disciplina, sacrificio y perseverancia, incluso cuando los resultados parecen lejanos. A pesar de la exigencia académica, Etienne procuró mantener un equilibrio en su vida personal. Practica baloncesto, toca el violín, asiste regularmente a la Iglesia católica y comparte tiempo con sus amigos. Compatibilizar estas actividades con la preparación académica fue un desafío constante, pero sostiene que la organización y el apoyo de su entorno fueron claves para sostener el ritmo. Hoy, Etienne se prepara para iniciar una nueva etapa en la Facultad de Medicina con una mezcla de gratitud y responsabilidad. Su objetivo no se limita al éxito académico: aspira a formarse como un profesional comprometido con el servicio, capaz de combinar el rigor científico con la sensibilidad humana que, desde niño, aprendió a valorar. El proceso de selección El proceso de selección es detallado y tiene en cuenta tres factores clave: las pruebas PCA, que representa el 20% del puntaje total; la PCG, que constituye el 40%; y el promedio de los créditos de la educación secundaria, que abarca el 40% restante. De esta forma, los estudiantes que obtienen los puntajes más altos en estos tres componentes acceden a los cupos disponibles. En un contexto de alta demanda y cupos limitados, el resultado obtenido por Carlos Etienne refleja no solo un desempeño académico sobresaliente, sino también el nivel de preparación y compromiso que exige el ingreso a una de las carreras más competitivas del país. Su caso se suma al de otros estudiantes que cada año enfrentan un proceso riguroso, en el que la constancia, la disciplina y la planificación resultan determinantes. Para Etienne, este logro marca el inicio de una etapa formativa exigente, en la que el reto será sostener el mismo nivel de dedicación que le permitió alcanzar el primer lugar entre miles de aspirantes. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Carretera Brujas, paralela a la vía interoceánica. Cortesía La ACP sigue en espera del permiso de construcción de la alcaldesa de Arraiján CARRETERA La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reaccionó ante la negativa de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, de otorgar el permiso de construcción para llevar a cabo los trabajos de reparación de la carretera Brujas, vía que conduce a las esclusas de Cocolí. Ante consultas de La Prensa, la ACP reafirmó que el 25 de agosto de 2025 solicitó formalmente el permiso de construcción para intervenir la carretera Brujas, la única vía de acceso a las esclusas de Cocolí y a su corredor logístico. La ruta, esencial para las operaciones del Canal, continúa a la espera de trabajos de rehabilitación que, según la ACP, resultan urgentes para garantizar la continuidad del tránsito y la seguridad en esa zona estratégica. La institución recordó que, aunque cumplió con presentar la solicitud de permiso, la ACP se encuentra exenta del pago de impuestos municipales conforme al Título Constitucional y a su Ley Orgánica, una condición ratificada por la Corte. Por ello, subraya que no le corresponde cubrir tributos locales, pero sí cumplir con los procedimientos administrativos necesarios para ejecutar la obra. La Constitución, en su artículo 316, establece que la ACP no estará sujeta al pago de impuestos, derechos, tasas, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal. La controversia surgió luego de que Peñalba presentara un informe al Concejo Municipal recomendando desconocer la exención constitucional que ampara a la ACP. La propuesta abrió un debate dentro del municipio y tensó la relación con la administración canalera, que considera esta postura un intento de reinterpretar disposiciones legales ya definidas y aplicadas de manera consistente durante décadas. Mientras tanto, la ACP afirma que, pese a las reiteradas gestiones realizadas desde agosto, no ha recibido respuesta alguna de las autoridades locales. Esta falta de decisión mantiene detenida la reparación de la carretera Brujas, un retraso que preocupa a la entidad por los riesgos operativos y logísticos que implica para uno de los corredores más sensibles de la operación canalera. Esta no es la primera vez que la alcaldesa de Arraiján se ve envuelta en una controversia. El pasado 27 de diciembre ordenó la demolición del monumento chino en el Mirador de Las Américas. La Asociación China de Panamá denunció que, desde el año pasado, solicitaba una reunión con Peñalba para discutir la restauración del monumento, pero nunca obtuvo respuesta. Esteban Cheung, vocero del gremio, afirmó que la alcaldesa no los ha atendido desde el incidente ocurrido en diciembre. “La señora alcaldesa, Stefany Peñalba, es fiel a su estilo, y su estilo es no comunicarse”, expresó. Cheung añadió que “es sumamente extraño que, siendo alcaldesa, su manejo sea evadir y guardar silencio”, lo que —a su juicio— ha dificultado obtener una explicación clara sobre las razones que motivaron la demolición. nen visa. REGAÑO. Ayer, la juez Baloisa Marquínez pidió orden en la sala en varias ocasiones. En particular, le llamó la atención a Pedro Meilán, abogado del imputado Rodrigo Díaz. En el juicio del caso New Business, Marquínez no tuvo reparo en multar con $25 a Alejandro Pérez y Alma Cortés porque se la pasaban “conversando”. Ya saben. Carlos Etienne, de 17 años de edad, siempre soñó con ser médico. Elysée Fernández
5A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026
6A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026 Panorama Municipio y Gobierno Central chocan por control de la recolección de basura Yaritza Mojica [email protected] CRISIS La alcaldesa Irma Hernández rechazó la intervención de la AAUD y reveló que el contralor la llamó para pedirle atender a la dueña de la empresa. El contralor Anel Flores admitió el contacto, negó injerencia y reiteró que no refrendará los contratos “bajo presión”. La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, rechazó la decisión de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de asumir el servicio de recolección de basura en el distrito, al considerar que se trata de una medida improvisada que desconoce el trabajo técnico y la planificación desarrollados por el municipio para enfrentar uno de los problemas más sensibles que afectan a la población. La reacción de la alcaldesa se produjo este miércoles 14 de enero, cuando convocó a una conferencia de prensa a las 7:00 a.m., un día después de que la Junta Directiva de la AAUD aprobara la Resolución No. 01-2026, del 13 de enero de 2026, mediante la cual se autoriza a su administrador general, Ovil Moreno, a ejecutar un plan de contingencia y asumir la recolección y disposición de los residuos sólidos en San Miguelito. La resolución también establece que la AAUD asumirá la titularidad del cobro y la recaudación de la tasa de aseo en el distrito. Esta medida afecta a unos 70 mil usuarios que mantenían contrato con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), cuyo contrato de concesión, vigente desde 2001, vence el próximo 18 de enero. De los clientes que mantenía Revisalud, el 65% no cumple con el pago de la tasa de aseo. Según fuentes de la Alcaldía de San Miguelito, en reiteradas ocasiones se solicitó a la empresa información financiera, específicamente sobre la recaudación de la tasa de aseo, sin que esta fuera remitida. La medida tomó por sorpresa a Hernández, quien aseguró que desconocía la decisión y sostuvo que se ha vulnerado la autonomía municipal, por lo que evalúa la presentación de acciones legales. “San Miguelito merece respeto, soluciones planificadas y un servicio de aseo eficiente que responda a las necesidades reales de sus vecinos”, afirmó. Licitación en curso y contratos temporales La intervención de la AAUD ocurre mientras el Municipio de San Miguelito desarrolla, de manera paralela, un proceso de licitación pública para adjudicar una nueva concesión del servicio de recolección de basura, ante el vencimiento del contrato con Revisalud, tras 25 años de concesión. Ante la falta de una adjudicación definitiva, el Consejo Municipal de San Miguelito aprobó la contratación temporal de tres empresas por un monto total de $3.8 millones, con el fin de garantizar el servicio durante seis meses a partir del 19 de enero. Según la alcaldesa, estos recursos ya fueron aprobados por el Consejo Económico Nacional (CENA) y solo falta el refrendo de la Contraloría General de la República. Las empresas seleccionadas son Roca Atlántica, S.A.; Eco-Septic Panamá, Corp.; y Volquetes y Transporte Corro–Voltranc, las cuales, de acuerdo con Hernández, ya realizaron inversiones, contrataron personal, alquilaron equipos y coordinaron rutas con las juntas comunales, quedando pendiente únicamente el aval de la Contraloría. Respecto a los contratos pendientes, el contralor general de la República, Anel Flores, explicó que estos ingresaron a la Contraloría el martes 13 de enero, lo que hace inviable su revisión y refrendo inmediato. “No puedo firmar algo que no ha llegado. Pretender que yo firme en los últimos días es llevar esto a una crisis para presionar al contralor, y eso no va a suceder”, advirtió. El contralor reiteró que no es posible refrendar los contratos antes del 18 de enero y cuestionó que el municipio solicite que el Gobierno Central asuma el pago de los $3.8 millones, mientras retiene los ingresos por la tasa de aseo. “No se puede pretender recibir los ingresos sin asumir los gastos. Eso no es correcto”, subrayó. Cuestionamientos por llamada del contralor Durante su conferencia de prensa, la alcaldesa Hernández reveló que el pasado 4 de diciembre recibió una llamada del contralor general, solicitándole que atendiera a la propietaria de la empresa Revisalud. “El contralor me llamó para solicitarme una reunión con la dueña de Revisalud, con el fin de escuchar sus consideraciones. Y yo me pregunto si eso es parte del debido proceso, si es lo correcto y si es ético”, cuestionó Hernández. Añadió que le preocupa si esa llamada guarda relación con la falta de refrendo de los contratos temporales. “¿Cuáles son los intereses detrás de sostener una reunión como esta por parte de la Contraloría?”, planteó. La alcaldesa no confirmó si dicho encuentro llegó a realizarse. Respuesta del contralor Por su parte, el contralor reconoció que contactó a Hernández para facilitar un encuentro con la propietaria de Revisalud, identificada como Sandra Vélez, quien se encontraba en Panamá y, según indicó, llevaba semanas intentando obtener una cita con la alcaldesa. “Yo llamé con mucho respeto para que se escuchara a la persona. No tengo ningún interés. Lo único que hice fue servir de puente para que pudiera ser atendida”, afirmó Flores en una entrevista concedida al programa Mesa de Periodistas, de TVN. El contralor negó que su actuación represente una injerencia indebida y aseguró que Revisalud no participó ni tiene intención de participar en nuevas licitaciones en el país. Incertidumbre en el distrito La alcaldesa también criticó que la Junta Directiva de la AAUD, presidida por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ignore el trabajo previo del municipio y genere incertidumbre entre los residentes, al no aclarar si la intervención será temporal o permanente, cómo se cobrará la tasa de aseo ni qué empresas prestarán el servicio. Asimismo, Hernández cuestionó la capacidad operativa de la AAUD para atender simultáneamente los distritos de Panamá y San Miguelito, cuya compleja topografía y población superior a 300 mil habitantes representan un desafío adicional. Mientras tanto, la AAUD asumió la operación completa del servicio con el objetivo de evitar una crisis sanitaria, en medio de un escenario marcado por tensiones institucionales y falta de consenso sobre el manejo de uno de los servicios públicos más sensibles del distrito. Cronología del problema de la basura en San Miguelito ENERO DE 2001: Revisalud obtiene una concesión por 25 años para la recolección de residuos en San Miguelito. AGOSTO DE 2023: Revisalud incorpora la tasa de aseo en la factura de luz de ENSA . SEPTIEMBRE DE 2023: Minsa multada con $15 mil a Revisalud. ABRIL DE 2024: El Minsa impone una segunda multa a Revisalud por $50 mil debido a una crisis sanitaria. JULIO DE 2025: El Municipio publica el pliego para una nueva concesión por 20 años, con un valor de referencia de $315 millones. NOVIEMBRE DE 2025: La Alcaldía denuncia que la efectividad de recolección de Revisalud cae del 75 % a menos del 40 %. DICIEMBRE DE 2025: Se agrava la crisis de basura; los desechos aumentan de 300 a 520 toneladas y se activa el Plan Limpieza. ENERO DE 2026: La AAUD interviene en la recolección de residuos en el distrito. ENERO DE 2026: La Junta Directiva de la AAUD aprueba asumir el control total del servicio. ENERO DE 2026: La alcaldesa Irma Hernández solicita derogar la resolución y el Contralor, Anel Flores denuncia presión por la falta de refrendo de contratos de transición. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ordenó el secuestro de fondos de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), luego de que incumpliera con la consignación de más de 1.5 millones de dólares correspondientes a la liquidación de sus trabajadores de aseo, tras el vencimiento de su contrato de concesión el próximo 18 de enero de 2026. La ministra Jackeline Muñoz acudió a las oficinas de la empresa, que encontró cerradas y sin presencia de directivos, mientras los trabajadores se mantenían en paro desde el 13 de enero exigiendo el pago de sus prestaciones. Revisalud había informado inicialmente que consignaría los fondos en la caja de conciliación del Mitradel, pero posteriormente alegó no contar con los recursos. Ante el incumplimiento, el Ministerio respaldó la solicitud de secuestro presentada por el sindicato, medida que ya fue ejecutada por varios bancos, permitiendo iniciar los trámites para que los trabajadores accedan a los fondos retenidos. Muñoz aclaró que el secuestro cubre solo las prestaciones vencidas y no incluye la quincena pendiente, que debe ser cancelada antes del vencimiento del contrato. El Mitradel reiteró que no permitirá la vulneración de los derechos laborales y mantiene conversaciones con trabajadores y dirigentes sindicales paMitradel ejecuta secuestro de fondos a Revisalud por incumplir pagos laborales ra garantizar el pago total de lo adeudado, en un escenario marcado por protestas, paro laboral e incertidumbre. El conflicto laboral se desarrolla en medio de la crisis del servicio de recolección de basura en San Miguelito, marcada por el vencimiento del contrato de concesión y la intervención del Estado en el manejo del servicio. La falta de respuesta de la empresa y la incertidumbre sobre los pagos pendientes han intensificado la tensión social, mientras las autoridades reiteran que el Estado hará valer los mecanismos legales disponibles para proteger a los trabajadores afectados. Yaritza Mojica [email protected] La ministra Jackeline Muñoz ante los trabajadores. Cortesía El exdiputado y líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, criticó al contralor general de la República, Anel Flores, por su actuación en medio de la crisis de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, acusándolo de aplicar una “doble vara” al refrendar los contratos de aseo en el municipio. Vásquez señaló que el contralor tiene una opción clara ante la situación: “dejar trabajar sin refrendo a las empresas encargadas de la recolección de basura en San Miguelito, tal como se hace en otras áreas de la ciudad de Panamá, o refrendar los contratos de la Alcaldía o de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) antes del lunes”. En un tono fuerte, el exdiputado expresó: “él está decidiendo, lamentablemente, con el hígado y con las Juan Diego Vásquez acusa a Anel Flores de aplicar un doble estándar tripas”, sugiriendo que las decisiones del contralor no están basadas en criterios técnicos, sino en motivaciones emocionales o subjetivas. Vásquez, quien preside la coalición Vamos -de la cual Hernández es parte- ha sido un firme defensor de la autonomía local y, en sus declaraciones, recalcó que las decisiones tomadas por el contralor reflejan una “falta de objetividad” que solo contribuye a agravar la situación. Aleida Samaniego C. [email protected]
7A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026 La licitación es para suministrar alimentos en las cárceles de Colón. Archivo Comida en cárceles: DGCP avala licitación que pone en riesgo las arcas del Estado Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA PENITENCIARIO El Estado pagaría millones por gramos de alimentos crudos, pese a que la licitación exige porciones cocidas. Al cocinarse, los alimentos pierden peso, ampliando la diferencia entre lo ofertado y lo servido. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió una resolución que define el rumbo de la licitación por $33 millones para el servicio de alimentación en los centros penales de Colón: la decisión permitirá que el Estado pague cientos de dólares por gramos de carne cruda, aun cuando el pliego de cargos exige porciones de carne ya cocida. El documento de la DGCP, fechado el 13 de enero de 2026, resuelve la acción de reclamo presentada por el Consorcio C&J Food Services Panamá contra el informe evaluador del proceso de licitación que busca garantizar el suministro de alimentos en el sistema penitenciario. En la competencia participaron dos grupos principales: el Consorcio Alimentando Panamá S.A., que obtuvo la máxima puntuación, y el Consorcio C&J Food Services, cuya propuesta fue inicialmente descalificada por la comisión evaluadora. La controversia escaló cuando el Consorcio C&J Food Services denunció que la propuesta de su competidor no cumplía con los estándares nutricionales mínimos. Según el reclamo, el informe de la comisión evaluadora fue parcial y omitió que el Consorcio Alimentando Panamá S.A. presentaba deficiencias en el gramaje de las carnes. El núcleo del debate técnico se concentró en la conversión de carne cruda a porción cocida, un detalle vital para la salud de los internos. El consorcio reclamante alegó que la propuesta ganadora ofrecía 90 gramos de carne cruda, una cantidad técnicamente insuficiente para alcanzar las 3 onzas cocidas que exige la normativa. De acuerdo con los términos del pliego, el incumplimiento de los ciclos de menús y del análisis nutricional constituye causal de rechazo de plano, dada la importancia de los derechos humanos y de una alimentación balanceada. Sin embargo, la DGCP determinó que la facultad de validar estos detalles técnicos corresponde a los comisionados evaluadores, quienes poseen la idoneidad necesaria para verificar el cumplimiento de la Resolución No. 579 del Ministerio de Salud, la cual establecía los estándares del acto público. La entidad señaló que el proponente cuestionado, es decir, el Consorcio Alimentando Panamá, presentó una declaración jurada notariada en la que garantizó que, de ser adjudicado, cumpliría con todas las guías de alimentación vigentes. Por tanto, la DGCP consideró que no existían méritos suficientes para ordenar una nueva revisión de los aspectos técnicos de las porciones. En consecuencia, la resolución final confirma el informe de la comisión evaluadora y levanta la suspensión que mantenía paralizado el acto público. Con este fallo, se niegan todas las pretensiones del Consorcio C&J Food Services Panamá y se ordena el archivo del expediente. Al ser una decisión de única instancia, no admite más recursos legales, lo que permitirá que el Ministerio de Gobierno proceda con la adjudicación del servicio para el complejo de Colón bajo las normativas de transparencia y ética vigentes. Panamá podría ser evaluado para el plan de exención de visas de EUA REUNIÓN DIPLOMÁTICA Yasser Yáñez García [email protected] El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, señaló que Panamá podría ser considerado en el futuro para integrar el Programa de Exención de Visas para ingresar a Estados Unidos (EUA), tras la reunión sostenida el pasado martes 13 de enero en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Martínez-Acha, en su entrevista con Cuarto Poder, fue enfático en aclarar que se trata solo de una posibilidad en análisis y no de una decisión tomada. De acuerdo con el canciller, el diálogo, que duró alrededor de 45 minutos, se desarrolló en un ambiente “fluido y respetuoso”, con un reconocimiento explícito de Rubio al buen estado de los vínculos entre ambos países. “El nivel de las relaciones está en unas condiciones fantásticas”, afirmó, al subrayar que se abordaron temas de interés tanto para Panamá como para la región. En ese sentido, el jefe de la diplomacia panameña aseguró que Estados Unidos manifestó un interés marcado en apoyar proyectos de infraestructura en Panamá, a través de entidades como el Banco de Desarrollo de Estados Unidos (DFC). Entre los temas mencionados figuraron la interconexión con Colombia y proyectos vinculados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), aunque el canciller aclaró que se trata de procesos independientes que deberán seguir los canales institucionales correspondientes. Respecto al tema de la supuesta influencia china en Panamá, Acha indicó que no fue un asunto abordado en la reunión, ni tampoco la posible compra de puertos por parte de la firma BlackRock, al tratarse —en este último caso— de una transacción privada. El canciller reiteró que Estados Unidos sigue siendo el principal socio histórico de Panamá, al tiempo que el país aspira a mantener relaciones comerciales respetuosas con todas las naciones, incluida China. “Hay que reconocer que los Estados Unidos y China tienen a nivel internacional una competencia por usar la influencia, pero nosotros estamos claros sobre el futuro de Panamá, los intereses de nuestra nación”, aseveró. Como dio a conocer previamente el Departamento de Estado y la Cancillería, uno de los puntos centrales de la conversación fue la situación en Venezuela. Según Acha, Rubio explicó al canciller la estrategia de Estados Unidos hacia ese país, concebida a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo —según se indicó— de que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Los médicos especialistas se requieren para el interior del país, como en Bocas del Toro. Archivo CSS ofrece 70 plazas disponibles para contratar especialistas con sobresueldo y pago por turnos SALUD Aleida Samaniego C. [email protected] La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó su quinta convocatoria para la contratación de médicos especialistas, con el objetivo de reforzar la atención médica en el país y hacer frente a la falta de especialistas en diversas regiones, especialmente en el interior del país. Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, informó que se han habilitado más de 70 plazas para distintas especialidades, enfocadas principalmente en las provincias con mayores déficits de especialistas. Las regiones que más requieren este recurso humano son Bocas del Toro (14 plazas), Coclé (11), y Chiriquí (9). A estas se suman Colón y Panamá Este, con 11 plazas cada una; Azuero, con 10; y Veraguas, con 5. Estas zonas del país enfrentan una urgente necesidad de médicos especialistas, y la convocatoria busca atender esta carencia. Las especialidades solicitadas incluyen anestesiología, cardiología, cirugía vascular periférica, endocrinología, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología, medicina crítica e intensiva, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, oftalmología, pediatría, radiología, reumatología y urología. Young detalló que la oferta incluye un salario base de $2,500 mensuales, al que se suman beneficios como un sobresueldo del 40%, pago por turnos adicionales y beneficios de vivienda. Con esta iniciativa, la CSS pretende fortalecer los servicios de salud a nivel nacional y garantizar una mejor calidad en la atención médica de los pacientes, especialmente en las regiones más necesitadas. La convocatoria se presenta como una oportunidad para los profesionales de la salud de contribuir significativamente al sistema de atención pública en Panamá, mejorando las condiciones sanitarias y aliviando la presión sobre los centros de salud en las zonas más alejadas del país. La realidad: más médicos generales que especialistas Aunque Panamá supera el parámetro de médicos por habitante utilizado como referencia internacional, el país enfrenta problemas estructurales de cobertura en salud, con médicos desempleados o subempleados y una distribución desigual de especialistas. Así lo advirtió el doctor Paulino Vigil De Gracia, director nacional de Docencia e Investigación de la CSS. De acuerdo con el funcionario, uno de los errores más comunes en el debate público es interpretar de manera literal los indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La OMS no define un número obligatorio de médicos que deba tener cada país. Lo que se utiliza como referencia mínima es alrededor de 17 médicos por cada 10,000 habitantes. Panamá tiene aproximadamente 23 por cada 10,000, por lo que, en teoría, está por encima de ese parámetro”, explicó. Sin embargo, Vigil De Gracia advirtió que esta cifra, por sí sola, no refleja la realidad del sistema. “Ese número no indica si los médicos están bien distribuidos, no diferencia entre médicos generales, residentes, especialistas o subespecialistas, ni muestra si están concentrados en la capital o dispersos en el resto del país. Por eso puede resultar engañoso”, señaló. Uno de los principales problemas identificados es la concentración de médicos, especialmente de especialistas, en las zonas urbanas. Panamá no escapa a una tendencia global: las grandes ciudades concentran la mayor parte del recurso humano en salud, mientras que las áreas rurales y las comarcas enfrentan carencias persistentes. “En casi todo el mundo hay más especialistas en las capitales que en las áreas marginadas, y Panamá no es la excepción”, afirmó el director nacional de Docencia e Investigación de la CSS. Esta desigualdad impacta directamente en la calidad y oportunidad de la atención médica para miles de personas que viven fuera del eje urbano. Esta convocatoria de la CSS representa una oportunidad crucial para los médicos especialistas que deseen contribuir al fortalecimiento del sistema de salud en Panamá, especialmente en las regiones más necesitadas. A través de un esfuerzo conjunto entre la CSS y los profesionales de la salud, se busca no solo mejorar la cobertura y calidad de la atención, sino también equilibrar la distribución de los especialistas en todo el país. Ante la creciente demanda y las carencias en áreas rurales y comarcales, esta iniciativa se presenta como un paso vital hacia una atención médica más equitativa y accesible para todos los panameños. Números del contrato para comida en cárceles de Colón $33 Millones es el valor de la licitación para el servicio de alimentación en los centros penitenciarios de Colón. 90 gramos De carne cruda, incluye la propuesta ganadora, del Consorcio Alimentando Panamá, algo criticado por el Consorcio C&J Food Services,ya que es insuficientes para cumplir con la normativa de porciones cocidas.
8A La Prensa Panamá, jueves 15 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. debería avergonzarnos: niños y adultos con discapacidades severas que nunca han sido inscritos en el programa Ángel Guardián. Familias que desconocen que existe una transferencia de B/.80.00 mensuales para personas en su situación. El programa, creado mediante la Ley 39 de 2012, cuenta con apenas 19,107 beneficiarios a nivel nacional. La dimensión del problema quedó expuesta con la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), presentada en noviembre de 2025: 781,478 panameños viven con algún tipo de discapacidad, el 18% de la población. Uno de cada seis ciudadanos. Las mujeres representan el 58.4% de este grupo. La principal razón por la que no recibieron atención médica fue la falta de dinero, y apenas el 1.9% accedió a institutos especializados. ¿Por qué tantos quedan fuera del sistema? Las barreras son múltiples: desconocimiento de los programas, trámites burocráticos complejos, falta de documentos de identidad y familias abrumadas por la supervivencia diaria. Completar la Ficha Única de Protección Social resulta inalcanzable para quienes apenas pueden salir de sus hogares. Desde un enfoque de derechos humanos, esta situación constituye una violación sistemática. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Panamá, establece la obligación del Estado de identificar activamente a quienes requieren protección, y no esperar a que ellos lleguen a las ventanillas insLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿A qué nos estamos acostumbrando en Azuero? Crisis En Azuero, la crisis del agua ha dejado de ser una emergencia para convertirse en una rutina. Y ese es, quizá, el síntoma más preocupante. Nos estamos adaptando a una realidad objetivamente alarmante y a una incertidumbre constante sobre algo tan básico como el acceso a agua potable y segura. Ya fue anunciado el inicio de la desinfección de las tuberías, y el mensaje busca transmitir calma. Pero la pregunta sigue siendo inevitable: ¿esa agua es realmente apta para el consumo humano? Desinfectar una red no equivale automáticamente a garantizar potabilidad. Si la fuente sigue contaminada, la potabilidad no está asegurada; aunque el sistema esté “limpio”, el agua sigue siendo no apta para consumo. Esta crisis también obliga a preguntarnos por las prioridades, no solo en la agenda pública, sino como sociedad. En medio de la escasez y la incertidumbre, es válido cuestionar qué ponemos primero: ¿las fiestas, los eventos y la sensación de normalidad, o la garantía de agua potable segura? Esta no es solo una pregunta para las autoridades; también interpela a los ciudadanos y a lo que estamos dispuestos a exigir o a tolerar. La adaptación ciudadana tiene, además, un lado incómodo: la falta de cuestionamiento. Nos acostumbramos a hervir el agua, a comprar botellones y a agradecer anuncios técnicos sin exigir respuestas claras. Esa pasividad —comprensible— termina validando una gestión que no garantiza lo mínimo: agua potable. Cuando no se pregunta, no se cuestiona y no se exige, se normaliza. Puede que el gobierno central avance despacio; lo que aún no queda claro es si las autoridades de la península saben cuáles son sus prioridades. Aceptar esta situación como algo inevitable es peligroso. El acceso a agua potable no es un favor ni una concesión temporal: es un derecho. Exigir información clara, parámetros verificables y soluciones reales no es confrontación, es responsabilidad ciudadana. Adaptarse puede ser humano, pero callar ante lo inaceptable nunca debería serlo. El gremio que espero (antes de que el abanico me caiga encima) Docencia promiso. La precariedad no es una virtud profesional ni un valor pedagógico. Mi profesión debería ofrecer posibilidades reales de crecimiento, estabilidad y proyección. Cuando esto no ocurre, muchos docentes recurren a actividades adicionales —como la venta de revistas de productos de belleza u otros artículos— para complementar sus ingresos. No es motivo de burla ni de vergüenza; es un síntoma estructural que merece análisis serio, no romanticismo ni discursos vacíos. Por ello, el gremio que espero no se limita a reclamar, sino que forma y empodera. Gremios que impulsen seminarios de ética profesional, liderazgo educativo, pensamiento crítico y educación financiera. Porque dignificar al docente no es convertirlo en mártir, sino dotarlo de herramientas para decidir mejor, negociar con conocimiento y ejercer su profesión con mayor autonomía. Un docente formado es más libre, incluso frente a quienes dicen representarlo. No espero gremios convertidos en partidos políticos ni en vitrinas ideológicas. Espero realismo. Vivimos y trabajamos en un sistema capitalista; puede criticarse, pero hacerlo exige coherencia. Señalar contradicciones no constituye un ataque ideológico, sino una observación práctica: la incoherencia debilita cualquier causa. Defender al docente implica reconocer su derecho a prosperar dentro del sistema en el que ejerce, sin culpas ni dobles discursos. Tampoco rechazo la protesta ni la huelIndhira Londoño Los invisibilizados de San Miguelito Pobreza multidimensional Durante los últimos diez años, he cruzado de manera anónima las veredas empinadas de San Miguelito. Lo que comenzó como un compromiso solidario se ha convertido en una ventana hacia una realidad que las estadísticas apenas logran capturar. Cada visita me confronta con la misma pregunta: ¿cuántos panameños permanecen invisibles para el sistema de protección social? Las cifras más recientes son contundentes. Según el Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes presentado en 2024, hay 475,498 menores viviendo en pobreza multidimensional en Panamá: uno de cada tres niños del país. Más preocupante aún: el porcentaje aumentó de 32.8% en 2018 a 34% en 2022. Pese a los esfuerzos institucionales, hay más niños pobres multidimensionales hoy que hace seis años. San Miguelito concentra las contradicciones de nuestro modelo de desarrollo. Este distrito, el segundo más poblado del país, con más de 350,000 habitantes, presenta vulnerabilidad extrema: más de la mitad de sus viviendas son informales, la mayoría de su población percibe bajos ingresos y cerca de la mitad habita en comunidades de ladera expuestas a deslizamientos. El Banco Mundial lo ha descrito como el área con mayor desarrollo informal de la ciudad de Panamá. Pero las estadísticas macro no cuentan la historia completa. En las visitas a hogares vulnerables, acompañados por líderes comunitarios y unidades de la Policía Nacional, hemos encontrado una realidad que titucionales. Las propuestas de acción deben ser urgentes. Primero, implementar censos comunitarios de personas con discapacidad, con equipos móviles que realicen inscripciones in situ. Segundo, simplificar requisitos documentales, permitiendo que organizaciones comunitarias certifiquen vulnerabilidad. Tercero, crear unidades de enlace entre el MIDES y los centros de salud para que todo diagnóstico de discapacidad severa active automáticamente un proceso de inscripción. Cuarto, establecer metas territoriales que obliguen al sistema a buscar activamente a los beneficiarios. La pobreza multidimensional infantil no se resuelve únicamente con transferencias monetarias, pero estas representan un piso mínimo de dignidad para familias que enfrentan carencias simultáneas en salud, vivienda, educación y servicios básicos. Cada niño con discapacidad que permanece fuera del radar institucional es un recordatorio de que nuestro sistema de protección social sigue operando bajo una lógica de demanda, cuando debería funcionar bajo una lógica de garantía universal de derechos. He abordado solo una dimensión de la crisis. No he hablado del derecho a la educación de niños con discapacidad, de las escuelas sin rampas y sin docentes especializados, ni de aquellos que nunca fueron matriculados. Cada uno de estos temas merece un análisis profundo. Después de una década entrando a San Miguelito, he aprendido que la pobreza más cruel es la que permanece invisible. Es hora de que el Estado vaya a buscar a quienes más necesitan, en lugar de esperar que los más necesitados vengan a él. Opinión LA AUTORA es abogada. LA AUTORA es presidenta de FUDESPA y mentora de Jóvenes Unidos por la Educación. LA AUTORA es profesora de filosofía. Kaitlein Pamela Marciaga Díaz ga. Lo que cuestiono es su uso automático, carente de estrategia y reflexión. La protesta, para ser legítima y eficaz, debe ser pensada, explicada y orientada a objetivos claros. La excelencia profesional también se expresa en la manera de exigir derechos, no solo en los derechos que se exigen. Incluso para luchar hay que ser inteligentes. Espero, además, gremios que cuiden la imagen pública del docente. Cada acto colectivo construye o erosiona credibilidad. La autoridad profesional no se impone por el volumen de la voz, sino por la coherencia, la solidez de los argumentos y la consistencia ética. Un gremio serio no necesita escándalos para ser escuchado; necesita ideas bien articuladas y conducta ejemplar. Insisto: este es mi ideal. No una acusación personal ni una receta universal. Sé que el sistema es complejo y que los cambios no son inmediatos. Pero también sé que una profesión que no define sus propios estándares termina aceptando los que otros le imponen. Y yo no quiero que la docencia sea definida por la resignación. Y entonces despierto. Despierto en mi aula, con el calor pegado a la piel, el abanico flojo recordándome que en cualquier momento puede caerse encima y el techo crujiendo como metáfora demasiado real. Afuera, el ruido continúa. Adentro, la clase empieza. Suspiro, tomo asistencia y continúo. Porque mientras el gremio que espero no exista del todo, desde mi aula todavía puedo intentar ejercer la excelencia que reclamo. Y antes de que el abanico me caiga encima… se vale soñar. Tranquilos. Esto no es una proclamación de superioridad moral ni un manual de cómo deben ser las cosas. Es, sencillamente, mi ideal personal sobre lo que espero de mi profesión y de los gremios que dicen representarla. No me creo perfecta, no pretendo serlo y tampoco me incomoda que alguien piense lo contrario. Pensar distinto, al menos en teoría, debería seguir siendo parte esencial del ejercicio docente. Mi deseo para la docencia es claro: quiero que ser docente vuelva a asociarse con excelencia profesional, respeto social y solvencia digna, no con el escándalo recurrente ni con la normalización de la precariedad. No hablo de lujos ni de privilegios extraordinarios, sino de una vida coherente con la responsabilidad intelectual, ética y social que implica educar. Aspirar a vivir mejor de mi trabajo no me hace menos ética; me hace consecuente con el valor real de mi profesión. Espero de mi profesión exigencia y, de los gremios, representación responsable. No me interesa que se les conozca por el ruido, la confrontación permanente o los titulares negativos. Aspiro a gremios reconocidos por la calidad de sus propuestas, por su liderazgo académico y por su capacidad de elevar el nivel del debate educativo. No todos los gremios son iguales, pero es innegable que ciertas dinámicas públicas han terminado por opacar la labor docente más de lo que la fortalecen. No creo que el docente deba vivir en sacrificio perpetuo para demostrar com- San Miguelito concentra una pobreza invisible que excluye a niños y personas con discapacidad del sistema de protección social, revelando fallas estructurales en políticas públicas y derechos. Nivia Rossana Castrellón Una reflexión personal sobre la docencia, la precariedad y el rol de los gremios, entre el ideal profesional, la realidad cotidiana del aula y la necesidad de estándares propios. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==