1A La Prensa Panamá, miércoles 14 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 14 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15249 Hoy por hoy El juicio Odebrecht no solo examina responsabilidades individuales. Mide si el Estadopanameñoescapazde romper una cadena —o incluso una tradición— de impunidad que atraviesa las contrataciones públicas, el financiamiento político y el sistema financiero, y que ha sobrevivido a gobiernos, partidosypromesasdecambio. Pero el proceso también interpela a la sociedad. Durante años se toleró el lavado de reputaciones mientras se lavaba dinero, se normalizaron intermediarios, se celebraron obras sin exigir cuentas y se miró hacia otro lado cuando la corrupción financiaba campañas. Esa tolerancia contribuyó a que la impunidad se volviera endémica en Panamá. Ese examen ocurre, además, en un contexto preocupante. El Ministerio Público ha sido ignorado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo en su reclamo de herramientas legales y recursos para fortalecer la lucha anticorrupción. A ello se suman mensajes de impunidad, como las rebajas de pena en casos de corrupción, que debilitan la disuasión y refuerzan la percepción de que delinquir desde el poder sigue teniendo bajo costo. Si este juicio no logra fijar una recomposición de la institucionalidad, Odebrecht no será un punto de inflexión, sino otra oportunidad perdida. Panamá confirma su poder en el golf infanto/juvenil 4B Deportes Panorama Jueces de paz separados denuncian a Montalvo 2A Economía Pensiones fraudulentas: ‘Esto apenas comienza’ 1B Mientras en Venezuela se habla de liberar presos políticos, una madre en Veraguas y sus hijos hacen vigilia para que liberen a su esposo, Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en junio de 2025. VEA 5A Así operó el esquema de sobornos en Panamá Juan Manuel Díaz [email protected] El segundo día del juicio por el caso Odebrecht se caracterizó por la lectura del auto de llamamiento a juicio, un documento de más de 400 páginas en el que el tribunal El tribunal comenzó a detallar el uso de sociedades, testaferros y pagos ilícitos que sustentan las acusaciones por blanqueo de capitales contra varios imputados. comenzó a detallar cómo la constructora brasileña canalizó, ocultó y blanqueó fondos ilícitos en Panamá. Durante la audiencia, el tribunal expuso los principales mecanismos utilizados por Odebrecht para pagar coimas y ocultar su origen, entre ellos el uso de sociedades de fachada, cuentas bancarias en distintas jurisdicciones y estructuras financieras creadas exclusivamente para canalizar sobornos. En el auto se vincula a varios imputados, entre ellos el excandidato presidencial José Domingo Arias, los exministros Federico Suárez y Demetrio Papadimitriu, así como Ricardo Francolini, exbanquero y expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, señalados por presuntamente recibir o facilitar fondos de procedencia ilícita ligados a la constructora brasileña. VEA 2A Crisis y movilizaciones ¿Vuelve el león y el sol a Irán? Las protestas en Irán estallaron a finales de diciembre de 2025, impulsadas por la crisis económica, la pérdida del poder adquisitivo y el endurecimiento de la represión política, junto a un descontento social acumulado durante años. En manifestaciones en el exterior, algunos opositores han retomado la bandera histórica de Irán —previa a 1979— como símbolo de rechazo al régimen teocrático instaurado tras la caída del sha. VEA 1B EFE Irma Hernández Archivo Yaritza Mojica yaritza.mojica @prensa.com El Ejecutivo decidió anoche tomar el control total del servicio de recolección de basura en el Municipio de San Miguelito, liderado por la alcaldesa Irma Hernández. Para ello, el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir la recolección de residuos en el distrito. El Gobierno alegó que la medida busca evitar una crisis de aseo y riesgos a la salud pública que afectarían a más de 280 mil residentes. El contrato del municipio con la empresa Revisalud vence el próximo 18 de enero, y Hernández había realizado gestiones para que En un auditorio de la Asamblea Nacional abarrotado de público, ayer comenzó el primer debate del proyecto de ley 447, iniciativa que elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). Se trata de una propuesta del Ejecutivo que abrió un otras empresas se encargaran del servicio. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que actualmente no existe una estructura capaz de resolver el problema, más allá de la AAUD, que presta el servicio en la capitalVEA 4A intenso intercambio de posturas entre el Gobierno, que la defiende como un modelo más técnico y eficiente, frente a los que la rechazan. En la sala habían activistas, exministras y diputados que advierten un posible retroceso en derechos, mayor centralización de poder y riesgos para la autonomía institucional. VEA 4A Ejecutivo asume el control de la basura en San Miguelito Arranca el primer debate a proyecto que revive el Inamu ASAMBLEA ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA Milagros Vergara y su lucha para que el chavismo libere a su esposo
2A La Prensa Panamá, miércoles 14 de enero de 2026 La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, enfrenta una querella penal ante la Procuraduría General de la Nación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. La acción legal fue interpuesta por el abogado Justino González, en representación de tres exjueces de paz, quienes acusan a la funcionaria de abuso de autoridad y omisión del cumplimiento de funciones. Según los documentos remitidos al Ministerio Público, la ministra habría desatendido los procedimientos legales establecidos para el proceso de transición de la justicia comunitaria, que pasó de la jurisdicción municipal al Ministerio de Gobierno a partir del 1 de enero de 2026. El conflicto surge por la supuesta designación irregular de nuevos jueces comunitarios en distintos distritos del país. Los querellantes sostienen que la ministra realizó nombramientos “a dedo”, desplazando de manera abrupta a funcionarios que mantenían periodos legales vigentes, en contravención de la Ley 467 de 2025 y su decreto reglamentario. Estas normas establecen que los jueces designados bajo el marco anterior debían mantenerse en sus cargos hasta concluir sus respectivos mandatos, salvo causa legal justificada para su remoción. Los denunciantes Uno de los episodios más delicados señalados en la denuncia es el caso de Vanessa Elizabeth Vergara Espinosa, quien se desempeñaba como jueza comunitaria en Playa Leona. A pesar de que contaba con fuero maternal —una protección constitucional que impide la destitución de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia—, fue reemplazada sin justificación legal, según el relato de los querellantes. El recurso sostiene que la Jueces de paz separados acusan a Montalvo de hacer nombramientos irregulares JUSTICIA COMUNITARIA ministra Montalvo fue advertida de esta condición y aun así mantuvo la decisión, lo que consideran un acto arbitrario y contrario al orden constitucional. Además de los señalamientos por abuso de autoridad, la ministra es acusada de omitir deliberadamente sus responsabilidades como máxima autoridad administrativa del sistema de justicia comunitaria. De acuerdo con la querella, el Ministerio de Gobierno debía ejecutar un plan de transición ordenado, con capacitaciones, descarga procesal y convenios con los municipios para evitar interrupciones en la prestación del servicio. Sin embargo, el reporte jurídico afirma que el proceso se desarrolló de forma improvisada, dejando varias Casas de Justicia Comunitaria sin personal y afectando el acceso de los ciudadanos a mecanismos de resolución de conflictos. Casos en otras provincias Las afectaciones se replicaron en distritos como Panamá, La Chorrera, Colón y Chiriquí, impactando a más de 20 jueces comunitarios que fueron removidos de sus puestos. Entre los querellantes también figuran Miguel Palma y Giselle del Carmen Aguilera, quienes aseguran que las decisiones tomadas por la ministra no fueron simples fallas administrativas, sino acciones deliberadas para generar vacantes y facilitar nuevas designaciones al margen de la ley. Esta situación, afirman, ha deteriorado la estabilidad del sistema y la confianza en la administración de justicia. La acción legal presentada no solo busca determinar responsabilidad penal, sino también obtener una reparación económica para las víctimas. La querella incluye una demanda civil que solicita una indemnización de 50 mil dólares para cada afectado, destinada a cubrir tanto los perjuicios materiales —entre ellos honorarios y gastos judiciales— como el daño moral ocasionado a su reputación. Los denunciantes advierten que el supuesto uso ilegal del poder público para favorecer a terceros y desplazar a funcionarios legítimos constituye un precedente grave que, a su juicio, debe ser investigado a fondo por el Ministerio Público. Montalvo, por su parte, ha dicho que el proceso de transición de los nuevos jueces de paz ha sido transparente y ordenado. Frank De Lima José Domingo Arias Jorge Rubén Rosas Issac Ortega El entramado de los sobornos Juan Manuel Díaz [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Durante el segundo día del juicio Odebrecht, el tribunal expuso cómo operó el esquema de sobornos y blanqueo en Panamá, en un proceso marcado por demoras, montos millonarios y alcance internacional. El segundo día del juicio del caso Odebrecht en Panamá, el tribunal avanzó en la lectura del auto de llamamiento a juicio y comenzó a revelar, con detalle, cómo operó el esquema de sobornos y blanqueo de capitales de la constructora brasileña en el país. El contenido del documento judicial —de más de 400 páginas— funciona como un mapa del sistema utilizado para canalizar coimas, ocultar su origen y dispersar los fondos, y explica por qué el juzgado considera que existen indicios suficientes para llevar a los imputados a juicio por el delito de blanqueo de capitales. El tribunal avanzó en la lectura del auto y quedaron expuestas las principales rutas utilizadas para canalizar, ocultar y dispersar los fondos ilícitos entregados por Odebrecht en concepto de coimas. Entre estos esquemas se encontraba el uso de sociedades de fachada para la recepción y transferencia de fondos que se recibían de la empresa brasileña. Entre ellas se mencionaron Innovation Research Engineering and Development LTD., Erie Providers Corp., Deltora Enterprises, Kleinfeld Services LTD. y Meinl Bank (Antigua), revelándose que dicha entidad bancaria albergaba una gran cantidad de cuentas bancarias abiertas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. El auto judicial precisa que el Departamento de Operaciones Estructuradas operaba como una unidad autónoma dentro de la empresa, encargada de gestionar, supervisar y ejecutar los pagos de sobornos que la constructora realizaba en distintos países, incluido Panamá. En la sesión de este martes también se acreditó la instrumentalización de múltiples sociedades offshore, constituidas no solo en la jurisdicción de la República de Panamá, sino también en otras como Islas Vírgenes Británicas y Bahamas, las cuales fueron utilizadas para abrir cuentas bancarias en Suiza y Panamá. A su vez, se precisó que otra técnica utilizada para enmascarar la procedencia de los fondos fue el uso de servicios de accionistas y directores nominativos, es decir, la intermediación de firmas de abogados para el manejo de sociedades destinadas al blanqueo de capitales. El uso indebido de estas figuras propició estructuras permisivas para la creación de sociedades y la apertura de cuentas bancarias con el objetivo de ocultar o distanciar a los beneficiarios finales. Se mencionó la creación de sociedades como Aragon Finance Corp., que tenían como beneficiarios finales a Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, destacándose que a dicha sociedad se le transfirieron fondos de procedencia ilícita provenientes de al menos dos sociedades controladas por Odebrecht. Testaferros, contratos ficticios y pagos en efectivo Por otro lado, se detectó el uso de testaferros, entre los que se mencionó a Liz Elena De Sousa, de nacionalidad brasileña y actualmente prófuga en este caso. Otros son Maya Cikurel y Juan Mutio Cerdeira, de nacionalidad uruguaya, así como Paulo César de Miranda y Barry Williams. Esta práctica quedó evidenciada, entre otros elementos, a través de la declaración del colaborador Vinicius Vega Borin, mediante la cual se pudo determinar que algunas sociedades utilizaban personas interpuestas para alejar o distanciar al verdadero beneficiario final de los fondos ilícitos, dificultando su identificación. Otra estrategia usada por Odebrecht para ocultar la procedencia de los dineros fue la entrega de dinero en efectivo. Ello se corroboró a través de la declaración de colaboradores brasileños, quienes señalaron que la firma de abogados Rosas & Rosas fue utilizada para proveer servicios de producción de efectivo, mediante una estructura financiera montada por el Departamento de Operaciones Estructuradas para el pago de coimas y sobornos. De la lectura del auto de llamamiento a juicio también se desprende el uso de contratos comerciales falsos, diseñados para simular la compra de servicios o materiales inexistentes, con el fin de justificar la entrega de dinero y dar apariencia de legalidad a las transferencias. Vinculación de los imputados Durante la lectura del auto de llamamiento a juicio se expuso la vinculación de los imputados, entre ellos el excandidato presidencial José Domingo Arias; el exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rodrigo Díaz Paredes; el exministro de Obras Públicas Federico Suárez; el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu; y el exbanquero y expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini. En el caso de Arias, la acusación sostiene que durante la campaña presidencial 2009–2014 del partido Cambio Democrático, Odebrecht realizó pagos a dicha campaña mediante distintas estructuras, que posteriormente fueron enviados a cuentas manejadas por João Santana y Mónica Moura, publicistas contratados por el partido, quienes brindaban sus servicios a través de la empresa Polis S.A. Arias ha negado estas acusaciones, alegando que los contratos fueron firmados antes de ser nominado como candidato presidencial. Arias ha negado estas acusaciones, alegando que estos contratos fueron firmados antes de ser nominado como candidato presidencial y que estos fueron firmados por otras personas. Con relación a Rodrigo Díaz Paredes, se le vincula con la sociedad Mundial de Valores S.A., que operó un puesto de bolsa, negocios accidentales y administración de inversiones en la República de Panamá desde mayo de 2004, y que recibió fondos de la empresa Odebrecht. En este caso, se determinó que Mundial de Valores recibió el dinero ilícito, colocado por Kleinfeld Services LTD., en su cuenta No. 36242191, que mantenía en el Citibank de Nueva York (Estados Unidos), cuenta bancaria utilizada por la entidad para el manejo de algunas transacciones, pago de proveedores internacionales, en temas de tecnología computacional y bases de datos. En cuanto al exministro Federico Suárez, se estableció que intervino junto a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares para beneficiar a Odebrecht, agilizando el pago de 50 millones de dólares adeudados por la fase 2 del proyecto Autopista Madden–Colón, entre julio y diciembre de 2009. La declaración del colaborador Mauricio Cort refuerza esta acusación, al vincular transferencias desde Aeon Group y Kleinfeld Services LTD. con los intereses de Suárez. Respecto al exministro Demetrio Papadimitriu, se le atribuye haber recibido fondos de sociedades filiales de Odebrecht como Constructora Internacional del Sur S.A., Kleinfeld Services LTD. y Aeon Group. Entre las empresas ligadas a Papadimitriu que habrían recibido estos fondos figuran Dushkin S.A. y Demetering S.A., sociedades en las que, aunque otros figuran como beneficiarios finales, los documentos incorporados demuestran que Papadimitriu fungía como presidente y tesorero. En cuanto a Francolini, el auto detalla que, como beneficiario de las cuentas bancarias de Fidcross Holding S.A. y Amatis Equities, recibió 500 mil dólares de Kleinfeld Services LTD. y 100 mil dólares de Innovation Research Engineering and Development LTD., ambas ligadas a Odebrecht. También habría recibido fondos de Jiu Shun International, que luego fueron transferidos a Corporación Logística del Caribe, todos identificados como de procedencia ilícita. Un proceso largo, fragmentado y con alcance internacional El auto de llamamiento a juicio recuerda que el proceso se originó a partir de una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015 por Alvin Weeden Gamboa, fallecido en 2023, y que el expediente incorporó cooperación jurídica internacional con Brasil, así como el acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A nivel mundial, Odebrecht y sus conspiradores admitieron el pago de aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en al menos 12 países, mientras que en Panamá los pagos superaron los 59 millones de dólares entre 2010 y 2014. El tribunal reafirma que el blanqueo de capitales es un delito autónomo, por lo que no es estrictamente necesaria una condena previa por el delito precedente para procesar a los implicados, un punto central que sostiene la viabilidad del juicio pese a prescripciones y sobreseimientos previos. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA
3A La Prensa Panamá, miércoles 14 de enero de 2026 Panorama Alcaldesa frena rehabilitación de vía hacia esclusa de Cocolí La Alcaldía de Arraiján vuelve a situarse en el centro de la controversia por mantener detenido el permiso que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) requiere para rehabilitar la carretera Bruja–Cocolí, única vía de acceso terrestre a las esclusas de Cocolí. La falta de autorización mantiene paralizado el proyecto desde agosto de 2025 y ha generado crecientes tensiones institucionales. La situación se evidenció nuevamente ayer, cuando la alcaldesa Stefany Peñalba se ausentó por segunda semana consecutiva de la sesión del Consejo Municipal de Arraiján. Durante la reunión, representantes de la ACP reiteraron su preocupación por el avanzado deterioro de la vía y advirtieron que su estado actual representa un riesgo para la operación segura del Canal. Indicaron que han acudido en múltiples ocasiones al Consejo Municipal para gestionar el permiso de construcción, sin recibir una respuesta formal. La ACP explicó que solicitó el permiso el 25 de agosto de 2025 y que, hasta la fecha, no ha logrado reunirse con la alcaldesa para discutir directamente el tema. A ello se suma el desacuerdo por un cobro municipal que la alcaldía exige como condición para avanzar. Según la ACP, no existe sustento legal para dichos pagos, ya que la Constitución le concede exenciones fiscales. No obstante, el municipio estaría solicitando más de 17 mil dólares por impuestos, licencia de construcción y otros servicios. El conflicto mantiene paralizada una obra que la ACP considera estratégica para la seguridad y continuidad de sus operaciones, mientras el Consejo Municipal sigue a la espera de una explicación oficial. PANAMÁ OESTE Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Stefany Peñalba. Cortesía Tal Cual Mónica Palm [email protected] LIAR LIAR. Al declararse “inocente” y “no responsable” de los delitos que se le imputan, Martinelli dejó a sus dos hijos mayores como unos mentirosos, ya que ambos confesaron en Nueva York que conspiraron para blanquear hasta $28 millones en coimas de Odebrecht porque su padre se los pidió. Algún asistente de la fiscalía anticorrupción ya debería estar empacando para ir a hablar con el juez de Brooklyn. MANDAMÁS. Zaira Latorraca es la nueva presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP). Se salvó de que su designación en esa instancia no exija ratificación de la Asamblea. De lo contrario, habrían salido a relucir las razones por las que se le negó ese beneplácito legislativo cuando intentó ser magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. De paso, habría quedado en evidencia el mal tino del presidente de la República al designarla en el TACP. AFÁN. RM solicitó que la exfiscal Anilú Batista sea removida del cargo de secretaria general de la Procuraduría General de la Nación. Nadie les ha hecho caso. Después de todo, ¿por qué les preocupa tanto quién ocupa ese puesto? LOBBY. El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, fue avistado ayer en la Asamblea. Tranquilos: fue a participar en la discusión, en primer debate, del proyecto que reconvierte al Ministerio de la Mujer en un instituto, y no a buscar votos para su eventual reelección en el cargo. ZAMBO. El terreno del malogrado Mirador de las Américas es propiedad de la Caja de Ahorros, que lo había dado en concesión a la comunidad chino panameña. El gerente del banco indicó que participará en la reconstrucción del monumento. El primer paso debería ser habilitar un cordón sanitario para que la alcaldesa de Arraiján, mazo en mano, no ingrese. #RealidadAutismo ANTE PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE TAREAS EVALÚE SI LA FORMA EN QUE SE LE ESTÁ ENTRENANDO ES LO SUFICIENTEMENTE CLARA. #Reali ANTE PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE TAREAS EVALÚE SI LA FORMA EN QUE SE LE ESTÁ ENTRENANDO ES LO SUFICIENTEMENTE CLARA.
4A La Prensa Panamá, miércoles 14 de enero de 2026 Panorama La Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. Eliana Morales Gil ¿Reforma o retroceso? Proyecto que quita el Ministerio de la Mujer enciende debate Eliana Morales Gil [email protected] LEGISLATIVO El proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Inamu abrió un tenso debate en la Asamblea. Se advirtió sobre posibles retrocesos en derechos y se cuestionó el diseño institucional . El auditorio Carlos Titi Alvarado, de la Asamblea Nacional, estaba a reventar este martes 13 de enero. La escena tenía un rasgo inequívoco: la mayoría de los asientos estaban ocupados por mujeres. Muchas. De distintas edades, tonos de piel y trayectorias. Todas habían llegado para presenciar el primer debate del controvertido proyecto de ley 447, que revive el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y elimina el Ministerio de la Mujer. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo a través de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, mantiene en alerta a decenas de mujeres que advierten que derogar el Ministerio de la Mujer supone un retroceso para el país. Carles, sin embargo, dice lo contrario: que el Inamu abre la puerta a “una ley más técnica, más ágil y más efectiva frente a la violencia y la desigualdad”. La ministra expuso ese argumento como parte de un discurso que leyó ante un público expectante, con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, en primera fila. Después de recordar la importancia que tiene la mujer en su vida, Herrera pidió a la comisión tomarse el tiempo necesario para debatir la propuesta. “Este debate no debe centrarse en el nombre o en el rango administrativo, sino en qué modelo institucional responde mejor a la problemática que viven miles de mujeres en nuestro país. Este proyecto no debilita; por el contrario, blinda el presupuesto, garantiza la continuidad del personal técnico, fortalece la interinstitucionalidad y amplía la capacidad técnica y territorial”, sustentó la ministra. Más discursos Era apenas el comienzo. Por el podio, a pocos pasos de la larga mesa donde se sentaron los diputados de la comisión, pasaron activistas de las causas femeninas, políticas, exministras y dirigentes comunitarias, incluidas representantes de comunidades indígenas, entre otras. Lourdes Ellington, de la comarca Ngäbe Buglé, fue la segunda en expresarse. Vestida con el atuendo tradicional de su pueblo, lo primero que dijo fue que tenía “un periódico para hablar”, pero que había decidido ser breve. “Nuestras voces no son escuchadas en nuestro territorio”, dijo. Pidió un instituto “más eficaz”, con “más oportunidades” y mejores espacios para construir políticas públicas. “Estamos en un barco a la deriva en los territorios indígenas”, planteó. Pilar Castro, vicepresidenta de la Secretaría de la Mujer del oficialista partido Realizando Metas (RM), le dio un espaldarazo a la propuesta del Gobierno. Dijo que la creación del Inamu “representa eficiencia institucional y responsabilidad con los recursos públicos”. “No elimina derechos, elimina burocracia; no silencia voces, las acerca al territorio y a la gente. (…) Las mujeres somos más que un ministerio”, añadió. También habló Juana Herrera, quien dirigió este ministerio cuando, en 2023, el gobierno de Laurentino Cortizo le dio vida a la institución. “Defender el Ministerio de la Mujer es defender los derechos humanos”, empezó. Recordó que el Ministerio de la Mujer fue el resultado de las luchas históricas del movimiento femenino en Panamá. Enseguida hizo un recuento de su gestión al frente de la institución. “Hoy se pretende desmantelar lo avanzado bajo el pretexto de optimizar el Estado”, aseguró. También criticó varios artículos del proyecto. Entre ellos mencionó el artículo 32, que —dijo— deroga el fondo de inversión. Y así fue cuestionándolos uno a uno. ¿Autonomía? El proyecto 447 propone una reorganización profunda de la institucionalidad estatal en materia de derechos de las mujeres. Aunque el texto insiste en que la reforma no supone un retroceso y apela al principio de no regresividad, el diseño legal plantea interrogantes sobre la autonomía política del nuevo ente, la concentración de poder en el Ejecutivo y la sostenibilidad del enfoque de género como política de Estado. Otro punto sensible es el mecanismo de nombramiento de la directora o director general del Inamu. Aunque la terna provendrá del Consejo Nacional de la Mujer, la designación quedará en manos del presidente de la República y deberá ser ratificada por la Asamblea Nacional, lo que refuerza la dependencia política del cargo. Herrera también cuestionó que, pese a que Panamá cuenta con el presupuesto más alto de los últimos años ($34,901 millones), al Ministerio de la Mujer solo se le asignaron $7 millones. La palabra del Defensor del Pueblo Luego intervino el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc. Planteó que han identificado aspectos “que pudieran estar vulnerando no solo los derechos, sino también las conquistas de las mujeres”. Prometió enviar por escrito un análisis sobre el principio de la no regresividad, un estándar del derecho constitucional y de los derechos humanos que impide al Estado dar marcha atrás en el nivel de protección ya alcanzado, así como sobre la jerarquía institucional, su peso político y la autonomía técnica y sustantiva del nuevo ente. Y así las voces se multiplicaron. La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia tiene como presidenta a la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos. Después de decir que se trataba de “un proyecto emocional”, a la luz de los discursos de las mujeres que intervinieron, Brenes manifestó que lo fundamental es garantizar que no exista un retroceso en los derechos de las mujeres. Anunció que el próximo encuentro de la comisión será el 20 de enero a la 1:00 p.m. De hecho, este martes se decretó sesión permanente, una figura que mantiene abierto el proceso de discusión. También intervino el diputado Ernesto Cedeño, secretario de la comisión, quien calificó de “inaceptable” la propuesta del Ejecutivo. Añadió que el proyecto resulta “más débil” que el marco legal aprobado en 2008, cuando se creó por primera vez el Instituto Nacional de la Mujer. Anunció que votaría en contra. Una lluvia de aplausos estremeció el auditorio. Yaritza Mojica [email protected] Trabajadores de Revisalud. Cortesía Trabajadores de aseo paralizan labores en San Miguelito; reclaman indemnización SERVICIO DE BASURA Los trabajadores de aseo de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud) se mantienen en paralización de labores desde ayer, luego de que la concesionaria del servicio de recolección de desechos en San Miguelito —cuyo contrato vence el próximo 18 de enero— no respondiera oficialmente sobre el pago de sus indemnizaciones. Jenny Carrión, secretaria de Defensa de la Unión de Trabajadores de Empresas de Servicios de Aseo y Limpieza (Untesal), señaló que ayer retomaron el paro de labores tras vencerse, al mediodía, el plazo otorgado a la empresa para cumplir con el pago de las indemnizaciones, sin que se realizara la consignación correspondiente, pese a la intervención del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) el lunes 12 de enero. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, durante una inspección a la empresa ubicada en Milla 8, aseguró que la institución se mantendrá vigilante ante el vencimiento del contrato de la prestataria del servicio, con el objetivo de garantizar que no se vulneren los derechos laborales, incluso en el caso de que la empresa cese operaciones o decida abandonar el país. La funcionaria recalcó que los pagos a los trabajadores deben quedar debidamente resguardados en Panamá. Al finalizar la inspección, la ministra reiteró a la empresa Revisalud que el plazo para subsanar las irregularidades señaladas vencía el martes 13 de enero, al mediodía, y advirtió que, de mantenerse el incumplimiento, se aplicarían las sanciones correspondientes conforme a la normativa laboral vigente. Sin embargo, “el plazo se venció y Revisalud no cumplió”. Ante esta situación, “no saldrá ningún camión recolector ni trabajador hasta que se dé una respuesta concreta. El tiempo se venció y no llegó el dinero. Estamos nuevamente en pie de guerra”, afirmó Carrión. Según la dirigente sindical, la deuda supera los 2 millones de dólares y corresponde a la liquidación de cerca de 250 trabajadores, muchos de ellos con más de 25 años de servicio, incluidos exempleados de la extinta Dimaud, cuyos trabajadores fueron absorbidos obligatoriamente por concesiones anteriores. Carrión indicó que el pago debía realizarse este martes, luego de que la empresa alegara retrasos por días festivos en Colombia, país desde donde supuestamente se enviarían los fondos. No obstante, aseguró que la empresa no mantiene recursos en Panamá y que todos los ingresos son transferidos al extranjero. La dirigente también denunció la ausencia de acercamientos por parte de las empresas que asumirán temporalmente el servicio de recolección durante los próximos seis meses, contratadas por el Municipio de San Miguelito. “No sabemos quiénes son, nadie nos ha contactado y no han considerado a los trabajadores actuales”, reclamó. Asimismo, señaló que 12 trabajadores ganaron demandas por despido injustificado ante los tribunales, los cuales ordenaron su reintegro o el pago de salarios caídos, multas y prestaciones; fallos que —según indicó— tampoco han sido cumplidos por Revisalud. Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que Revisalud envió un comunicado en el que indicó la suspensión de sus operaciones, a pesar de haber cobrado en diciembre, por adelantado, la tasa de aseo correspondiente hasta el 18 de enero. Esto, según la empresa, se debe a la orden del Mitradel de pagar las indemnizaciones a los trabajadores. Hernández afirmó que Revisalud es responsable de pagar más de 1.5 millones de dólares en concepto de indemnizaciones por derechos adquiridos a los trabajadores de aseo. “La empresa tiene que cumplir con el pago a sus trabajadores; Revisalud es la única responsable de honrar estas obligaciones”, enfatizó. La alcaldesa solicitó que se realicen todas las investigaciones correspondientes sobre este caso y que se establezcan las responsabilidades. “Necesitamos todo el apoyo del Ministerio de Trabajo para resolver este problema”, subrayó. Hasta el momento, los trabajadores se mantienen concentrados en el sector de Milla 8, a la espera de que alguna autoridad se acerque para mediar en el conflicto. Advirtieron que las acciones de protesta continuarán mientras no se garantice el pago completo de las indemnizaciones y el respeto a sus derechos laborales.
5A La Prensa Panamá, miércoles 14 de enero de 2026 Panorama Olmedo Núñez, junto a su esposa Milagros. Cortesía La angustiosa espera del marino panameño detenido en Venezuela Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] TESTIMONIO Desde Veraguas, Milagros Vergara vive la incertidumbre por la detención en Venezuela de su esposo, el marino panameño Olmedo Núñez, desaparecido desde junio de 2025. Desde Veraguas, Milagros Vergara aún guarda en la memoria la última vez que vio partir a su esposo, el marino panameño Olmedo Núñez, un mecánico naval con siete años de experiencia y cuatro de trabajar fuera del país. “Él se dedica al mantenimiento de los barcos”, recuerda. No obstante, en marzo de 2025, Olmedo salió rumbo a los Países Bajos para un nuevo contrato que lo llevaría hasta Trinidad y Tobago, pero el viaje se truncó en una zona cercana a Venezuela. “Cuando iban hacia Trinidad y Tobago, pasaron cerca de Venezuela y ahí se trancó el viaje. Ahí fue donde lo detuvieron”, relata. La voz se le quiebra al repetir esa palabra: detenidos. Era 11 de junio de 2025 cuando Olmedo le escribió para decirle que las Fuerzas Armadas venezolanas estaban revisando la embarcación. “Las Fuerzas Armadas en la embarcación, haciendo revisión”, insiste, como si reviviera la escena que él le describió desde el mar. La angustia Los días siguientes se convirtieron en una vigilia permanente. Cada llamada tardaba más; cada mensaje llegaba con más distancia. Hasta que el 19 de junio se produjo el silencio definitivo. “Perdimos contacto totalmente. Comunicación no hubo más”, cuenta. Ese día quedó grabado para siempre en su calendario mental. Durante meses, Milagros solo pudo especular sobre el paradero de su esposo. No sabía en qué cárcel estaba, si tenía acceso a comida, si lo habían golpeado o si seguía vivo. Las noches eran largas y los días se consumían entre visitas a oficinas públicas y correos enviados a la Cancillería panameña. “Nosotros hemos estado en comunicación con la Cancillería. Ellos nos indican que están haciendo lo posible para traerlo de regreso”, explica, aunque admite que esa frase se volvió una rutina: “Es lo que siempre recibimos”. El 9 de octubre ocurrió algo inesperado: el teléfono sonó. Era Olmedo. “No sabría decirle cómo ni por qué medio, pero nos pudo llamar”, afirma. Hablaron durante diez minutos, un tiempo que se sintió eterno y, a la vez, insuficiente. “Dijo que estaba bien, que estaba comiendo y que esperaba que eso terminara pronto. Preguntó por su familia, por su mamá, su hermano, sus hijos”, recuerda Milagros, como si repasara palabra por palabra lo que ha guardado como un tesoro. Interrogantes “Él solamente habló de cómo estaba él y preguntó por su familia”. Desde ese día, el silencio volvió a instalarse. La familia insiste en que Olmedo es un trabajador especializado, sin vínculos políticos ni militares. “Mi esposo es mecánico. Toda su vida ha sido mecánico, lo que son barcos”, afirma Milagros. Y cuando le preguntan si él pertenecía a alguna entidad de seguridad, responde sin dudar: “No. Mecánico de barco. Le daba mantenimiento a la embarcación”. Mientras lidian con la incertidumbre, Milagros y sus hijos —dos niños de diez y cuatro años— tratan de sostener la rutina familiar. Los pequeños preguntan por su padre y Milagros busca palabras para explicar lo inexplicable. “Es injusto que esté allá, solo por darle una mejor calidad a sus hijos”, lamenta. La Cancillería panameña, asegura, se comunica ahora “a diario”. A veces por teléfono, otras por mensajes, pero siempre en busca de novedades que nunca llegan. Un leve respiro El único respiro llegó cuando las autoridades panameñas mencionaron el caso de Olmedo en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la semana pasada, en medio de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. La vigilia de Milagros: la larga y tortuosa espera por el marino panameño detenido en Venezuela “Fue como una esperanza, o de repente acabar con nuestra agonía”, cuenta Milagros. “Sentimos una emoción muy grande, saber la ayuda y la necesidad de querer resolvernos”. El 6 de enero, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador y representante permanente de Panamá, Eloy Alfaro de Alba, reiteró que el país no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. En esa misma intervención pidió la liberación de todos los presos políticos detenidos en ese territorio, incluido el panameño Olmedo Núñez. La mención elevó el caso al plano diplomático internacional y colocó el nombre del marino panameño en la agenda pública global. Pero ese alivio momentáneo no cambia la realidad: Olmedo sigue detenido en Venezuela, sin información clara sobre su situación y sin comunicación con su familia desde octubre. Tampoco figura, según les dijeron, en las listas de liberados recientes. Por eso, Milagros vuelve a repetir su ruego ante cualquier autoridad que la escuche: “Que, por favor, lo liberen y lo dejen estar con su familia. Que traten de ayudarnos a que lo traigan de regreso, que busquen todos los medios”. Yasser Yáñez García [email protected] El canciller panameño, Javier Martínez-Acha y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tomada de @SecRubio Martínez-Acha y Rubio coversan sobre seguridad y temas regionales POLÍTICA EXTERIOR El canciller panameño, Javier Martínez Acha se reunió ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, en Washington, en un encuentro en el que ambas partes resaltaron la solidez de la relación bilateral y exploraron nuevas áreas de cooperación. Según informó el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio expresó su “profundo agradecimiento” por la alianza mantenida con Panamá durante el último año, subrayando “la estrecha cooperación que ha impulsado las prioridades compartidas” en la región. De acuerdo con el comunicado, publicado en el sitio web del Departamento de Estado, durante la reunión, Rubio y Martínez-Acha, dialogaron sobre las oportunidades para profundizar la colaboración en temas de interés mutuo, en particular la ampliación de la cooperación en materia de seguridad para enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico y la delincuencia transnacional. Rubio también destacó las medidas adoptadas por Panamá para proteger su infraestructura crítica, un aspecto que consideró clave para la estabilidad regional. Asimismo, manifestó el interés de Estados Unidos en fortalecer la cooperación con Panamá en los esfuerzos regionales orientados a promover la estabilidad en Venezuela. De igual forma, el canciller panameño sostuvo reuniones con Bethany Aquilina Brez, vicepresidenta encargada de la Oficina de Política Exterior de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Martínez Acha había adelantado la realización de este encuentro el pasado viernes, durante la conmemoración de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, ocasión en la que afirmó que Estados Unidos sigue siendo el principal socio de Panamá. En ese contexto, destacó que entre ambos países existe “una relación muy fluida, basada en el respeto y la cooperación, especialmente en materia de seguridad”. Odebrecht: Panamá no aprendió nada Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] Tras 20 años de su llegada a Panamá, 11 años de investigación y seis audiencias fallidas, arrancó finalmente el juicio Odebrecht. En países como Brasil —epicentro del escándalo—, Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Guatemala ya hubo condenas. Aquí comenzamos tarde y con varias rutas de escape que el sistema activa cuando la justicia se acerca al poder. Detallo algunas. Ruta de escape #1: no están todos los que son Al inicio del caso había más de 80 personas implicadas. Más de la mitad quedó por fuera. Hay 29 sobreseídos y 14 acuerdos de pena con sabor agridulce: por un lado, implican confesiones de culpabilidad; por el otro, algunos arreglos, francamente, dan pena. Los cargos por corrupción de servidores públicos ya prescribieron. El fuero electoral, por ejemplo, salvó al exministro y excandidato presidencial Rómulo Roux. En conclusión, quienes están en el juicio no representan todo el engranaje de la corrupción. Si esto fuera un partido de fútbol, la justicia empezó perdiendo. Ruta de escape #2: la “cueva de ladrones” Odebrecht confirma que la función principal del Parlacen —organismo al que el expresidente Ricardo Martinelli llamó una “cueva de ladrones”— es blindar a los señalados en casos de corrupción. Este escondite es utilizado por el expresidente Juan Carlos Varela, el exministro Jaime Ford y los hijos de Ricardo Martinelli: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. A los diputados del Parlacen los juzga la Corte Suprema de Justicia. En Estados Unidos, los hermanos Martinelli Linares confesaron haber lavado 28 millones de dólares en coimas de Odebrecht por instrucciones de su padre. Allá hubo condena. En Panamá, aún no hay siquiera fecha para su proceso. Ruta de escape #3: la cercanía al poder La justicia en Panamá rara vez ha sido independiente del poder político. Los Varelaleaks expusieron públicamente su selectividad. Pero en el gobierno de José Raúl Mulino no se necesita una filtración para verla a diario y a todo color. ¿De verdad creen que la serie de absoluciones, revocatorias de condenas y rebajas de pena a los allegados del presidente y su gabinete es casual? Este contexto es importante, porque entre los imputados por Odebrecht hay personas muy cercanas al Palacio de las Garzas. Está, por ejemplo, el exministro Frank De Lima, cuya abogada en este caso es hoy ministra de Gobierno y cuya esposa trabaja en la Presidencia. También figura Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli y padre del alcalde capitalino. En este tipo de casos es donde verdaderamente se pondrá a prueba la independencia de la justicia. Ruta de escape #4: los facilitadores de la corrupción Las prácticas delictivas de Odebrecht abarcan varios gobiernos y salpican a distintos partidos políticos. Pero el lavado de activos requiere de otros actores que facilitan la corrupción: grandes firmas de abogados que crearon sociedades para ocultar beneficiarios finales y bancos que recibieron dineros sin la debida diligencia. Muchos se escaparon por esa vía. Además, la penetración de Odebrecht en Panamá necesitó una importante complicidad social: gremios, empresas y asociaciones que le permitieron lavar su imagen y colarse como un actor respetable. Así como se lava dinero, se lava reputación. Conviene tomar nota mientras asistimos al muy publicitado retorno de First Quantum Minerals. Ruta de escape #5: no aprendimos nada Panamá no aprendió nada del caso Odebrecht. Las contrataciones públicas siguen siendo el nudo gordiano de la corrupción: empresas con escándalos judiciales, como Meco, Bagatrac y Rodsa, continúan ganando contratos millonarios y, lejos de corregir el rumbo, el país retrocede en transparencia. La identidad de los beneficiarios finales de contratos estatales superiores a 500 mil dólares es confidencial. ¿Cómo sabremos si quienes hoy ganan contratos — incluidas empresas del entorno de panameños sancionados recientemente por la OFAC— fueron también grandes donantes de campaña del presidente José Raúl Mulino? Ese fue exactamente el esquema que utilizó Odebrecht en las campañas electorales de 2009 y 2014. Y ese mecanismo sigue operando, bien aceitado, mientras usted lee este artículo. El juicio por fin empezó. Pero aún no hay nada que celebrar. Las cosas no se definen por cómo empiezan, sino por cómo terminan. Si la justicia no logra rescatar lo poco que queda de institucionalidad, el veredicto ya está escrito: Panamá no aprendió nada.
6A La Prensa Panamá, miércoles 14 de enero de 2026 Panorama La influenza y el virus respiratorio sincitial (VSR) lideran actualmente el número de casos en Panamá. Ambos virus, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), circulan de forma simultánea, de acuerdo con su más reciente alerta epidemiológica. En la alerta emitida el 9 de enero, la OPS recomendó a los países de las Américas mantenerse vigilantes y fortalecer la preparación de los servicios de salud ante esta circulación simultánea, ya que podría generar una mayor presión sobre hospitales y centros de salud. En la región, la positividad por influenza se mantiene por encima del 10% en el hemisferio norte, con incrementos sostenidos en América del Norte y América Central, y niveles cercanos al 20% en el Caribe, donde predomina la circulación de influenza A(H3N2). El más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) detalla que la influenza alcanzó una positividad del 29.7%, superando el umbral de alerta y mostrando una tendencia al alza. En la semana epidemiológica No. 52 (del 21 al 27 de diciembre) se confirmaron cuatro defunciones y se actualizóunamuertecorrespondiente a la semana No. 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre), lo que eleva a 114 el total de fallecimientos La influenza y el virus sincitial circulan de manera simultánea en Panamá SALUD registrados en 2025. Del total de defunciones, el 85.1% de las personas no estaba vacunado contra la influenza, mientras que el 92.1% presentaba factores de riesgo, como edad avanzada, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, inmunosupresión y afecciones respiratorias crónicas. En tanto, el VSR registró una positividad del 23%, por encima del umbral estacional y de la curva epidémica. Este virus continúa afectando principalmente a niños pequeños y es una de las principales causas de infecciones respiratorias en este grupo etario. El jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Blas Armién, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y a acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente en el caso de niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La formación médica inicia en las aulas y se consolida en los hospitales, antes del internado y la especialización. Elysée Fernández El ABC de la formación médica Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Paulino Vigil De Gracia explicó las etapas de la formación médica en Panamá y advirtió sobre la sobreoferta de médicos generales, el déficit de especialistas y la saturación del internado. En medio del debate sobre la formación médica, la saturación de profesionales de la salud y las limitaciones del sistema hospitalario, el director nacional de Docencia e Investigación de la Caja de Seguro Social (CSS), Paulino Vigil De Gracia, ofreció una explicación detallada y pedagógica sobre las diferencias entre un médico interno, un médico general, un médico residente y un médico especialista, con el objetivo de aclarar una confusión frecuente tanto en la población como entre los propios estudiantes de medicina. Vigil De Gracia subrayó que no todo el que se gradúa de una facultad de Medicina se convierte automáticamente en un médico idóneo, aunque posea un diploma universitario que indique “doctor en medicina”. Según explicó, ese título marca el cierre de la formación académica universitaria, pero no habilita legal ni profesionalmente al egresado para ejercer la medicina de manera independiente. “El estudiante culmina seis años en la facultad de Medicina y recibe su diploma universitario, pero todavía no es médico idóneo. Ese paso es necesario para continuar la carrera, pero aún falta formación práctica obligatoria”, explicó el funcionario de la CSS. Ese periodo adicional corresponde al internado médico, una etapa de dos años que se realiza en hospitales del sistema público, bajo la supervisión directa de médicos especialistas que actúan como tutores. Durante este tiempo, el interno integra los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad con la atención directa de pacientes, siempre bajo supervisión. “El médico interno es parte del engranaje del sistema de salud. Ayuda muchísimo, trabaja y atiende, pero no es idóneo y debe estar siempre supervisado”, precisó Vigil De Gracia, quien advirtió que actualmente existe un número de internos que supera la capacidad real de tutores disponibles, lo que genera tensiones en los hospitales docentes. Una vez completados los dos años de internado, el profesional recibe los diplomas correspondientes emitidos por el Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS. Con esos documentos y el título universitario, el egresado acude al Consejo Técnico de Salud, entidad que certifica la idoneidad profesional. Solo en ese momento, aclaró el director nacional de Docencia e Investigación de la CSS, la persona se convierte formalmente en médico general. “El médico general ya es idóneo. Puede trabajar tanto en el sector público como en el privado y está capacitado para resolver gran parte de los problemas de salud de la población”, indicó. ¿Cuándo se aspira a la residencia? Es a partir de esta etapa cuando el médico general puede aspirar a una residencia médica, el proceso de formación para convertirse en especialista. Para ello, debe concursar por una plaza y, de obtenerla, ingresar a un programa de residencia que puede durar entre tres y varios años, dependiendo de la especialidad. Durante la residencia, el médico, ya idóneo, se forma de manera intensiva en un hospital docente, bajo la guía de especialistas, hasta completar su entrenamiento. “Por ejemplo, un médico general que entra a una residencia de pediatría debe cumplir tres años adicionales de formación. Al concluirlos, entonces sí se convierte en pediatra”, detalló Vigil De Gracia. De esta forma, el recorrido completo de la formación médica en Panamá sigue un camino claramente definido: estudiante de medicina, médico interno, médico general, médico residente y, finalmente, médico especialista. Cada etapa, recalcó, es indispensable y no puede omitirse sin afectar la calidad de la atención en salud. Más allá de la explicación técnica, el director nacional de Docencia e Investigación de la CSS envió un mensaje de advertencia sobre la situación actual de la formación médica en el país. Reconoció que en Panamá se forman buenos médicos, pero alertó que se están graduando más profesionales de los que el sistema de salud puede absorber, especialmente en el nivel de médicos generales. “Estamos formando más médicos de los que necesitamos. Esto está generando un problema serio, sobre todo en el internado médico, porque todos los egresados requieren esos dos años obligatorios y no tenemos la capacidad suficiente”, señaló. Esta sobreoferta, añadió, ha derivado en una realidad preocupante: médicos generales desempleados, subempleados o con condiciones laborales inadecuadas. A juicio de Vigil De Gracia, el verdadero déficit del país no está en los médicos generales, sino en los médicos especialistas. “Donde tenemos el gran problema es en la formación de especialistas. Ahí sí necesitamos más”, enfatizó, al tiempo que señaló que esta carencia impacta directamente en la integración del sistema de salud y en la sobrecarga de los hospitales de alta complejidad. Finalmente, el funcionario destacó la urgencia de fortalecer la atención primaria de salud como un pilar fundamental para reducir la presión sobre los especialistas y mejorar la eficiencia del sistema sanitario. “El trabajo que hacen los médicos de atención primaria, sean generales o especialistas, es clave y debemos reforzarlo”, subrayó. La Asamblea Nacional abrió, de manera oficial, el periodo de postulaciones para el cargo de subcontralor general de la República, según lo establece la Resolución No. 28 del 12 de enero de 2026, aprobada por el pleno legislativo. El anuncio marca el inicio del proceso para escoger a quien acompañará al contralor en la supervisión del uso de los fondos públicos y la fiscalización del Estado. De acuerdo con la convocatoria, los ciudadanos interesados tendrán cuatro días hábiles, contados a partir del miércoles 14 de enero de 2026, para presentar su postulación. Los aspirantes deberán acudir personalmente a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, en la Plaza 5 de Mayo, donde deberán entregar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 279 de la Constitución. Entre los requisitos exigidos se encuentran la presentación del currículum vitae, el certificado de nacimiento original, el certificado de información de antecedentes personales y una copia autenticada del título universitario. Estos documentos buscan validar que el aspirante cumple con las condiciones constitucionales para ejercer un cargo clave en la estructura de control estatal. Asamblea abre convocatoria para escoger al subcontralor de la República ADMINISTRATIVO La recepción de documentos se realizará del jueves 15 al martes 20 de enero de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Con esta apertura, la Asamblea Nacional activa un proceso que, además de técnico, podría convertirse en un nuevo punto de interés político, dado el rol estratégico que juega la Subcontraloría en la vigilancia del gasto público. Este proceso se activa pocos meses después de que, el 17 de septiembre de 2025, la Contraloría General de la República informara a la ciudadanía sobre la renuncia de Eli Felipe Cabezas al cargo de subcontralor. La institución confirmó entonces que había aceptado la dimisión, un movimiento que dejó vacante una de las posiciones clave en el andamiaje de fiscalización estatal y que ahora impulsa a la Asamblea Nacional a abrir una nueva convocatoria para su reemplazo. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Palacio Justo Arosemena. Isaac Ortega Las autoridades recomiendan el uso de mascarillas. Elysée Fernández
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