7A La Prensa Panamá, martes 13 de enero de 2026 Panorama Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. chino-panameña está agradecida por todas estas reacciones espontáneas. No me encontraba en el país en el momento en que se decidió tal atropello, pero al leerlo en las noticias me vino a la memoria la actitud de los faraones egipcios y de los vencedores romanos, de donde proviene la expresión latina damnatio memoriae, utilizada cuando se ordenaba la eliminación y condena de todo rastro de un personaje o de su memoria: sus imágenes y monumentos. Sin embargo, la historia ha demostrado que estos actos, lejos de borrar el pasado, terminan siendo inútiles. La motivación última de semejante salvajada no se justifica ni por la situación política que vivimos actualmente en Panamá ni por la inestabilidad democrática del mundo. Tampoco guarda relación con ninguna pretensión de hegemonía sobre el Canal de Panamá, que sirve a todas las naciones. Resulta imperativo acatar las órdenes presidenciales de reconstruir el monumento, porque este representa al pueblo chino, parte integral e importante de nuestra composición demográfica e histórica. Los Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El reto de un enero eterno Identidad gos jóvenes, representados por estudiantes del Instituto Nacional, quienes organizaron una marcha con la convicción de que el civismo era nuestra mejor arma. Esa certeza fue compartida por jóvenes como Ofelia Rodríguez y Carmen Vergara, quienes, ignorando la advertencia policial de que “las chicas no van”, marcharon custodiando los hilos de una insignia que no estaba hecha para la guerra. No era una bandera de gala con ojales metálicos; era un símbolo frágil de seda, sostenido apenas por cintas. Cuando esa seda se desgarró en Balboa, no se rompió únicamente una tela: se hirió la dignidad de un pueblo que ya no aceptaba ser extranjero en su propia tierra. Recordar es saber que la bandera fue rota; mantener viva la memoria es entender por qué esa fragilidad logró unir a todo un país. El saldo de 21 fallecidos y más de 300 heridos no es solo una cifra, sino el precio de nuestra integridad territorial. Esta memoria activa exige también rescatar la humanidad de sus protagonistas. No honramos el legado de 1964 si permitimos que la historia minimice el papel de mujeres como Ofelia, o si convertimos a Ascanio Arosemena en una figura inánime de piedra. Él no murió empuñando un arma, sino sosteniendo a un herido para que no cayera. Ese gesto —sencillo, solidario y profundamente humano— dice más sobre el patriotismo que cualquier consigna. La memoria de Ascanio nos recuerda que el héroe no es quien busca el conflicto, sino Emily V. Rujano Borrar de la memoria histórica Damnatio memoriae Hace escasas dos semanas, la noche del 29 de diciembre, por sugerencia y/o por orden de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, se destruyó el monumento que conmemoraba los 150 años de la presencia china en nuestro país, ubicado a un costado oeste del Puente de las Américas. Se trataba de un monumento construido en 2004 por la comunidad china, que incluía una pagoda, un arco y dos leones de piedra que custodiaban simbólicamente las construcciones del lugar. La reacción popular no se hizo esperar, incluyendo la del presidente José Raúl Mulino, quien calificó el acto de destrucción como “imperdonable” y solicitó su reconstrucción en el mismo sitio. La comunidad chinos originales y sus descendientes hemos convivido en estrecha colaboración en este país. No siempre ha sido una relación exenta de tensiones; ha tenido momentos álgidos, pero la fuerza del vínculo humano ha prevalecido. Hoy, los nombres y apellidos chinos circulan ampliamente en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos de este país multiétnico y multicultural. Un pequeño ejemplo personal: soy nieto de un chino que llegó a Panamá, junto con sus dos hermanos, a fines del siglo XIX, y que se casó con una mujer china nacida en el poblado de Matachín. De esa unión nació mi padre, quien creció en una de las Islas de las Perlas (San José), y cuyo padre finalmente se radicó en Jaqué, un pequeño poblado del Darién. Esta es también la historia de cientos de panameños con ancestros chinos que han contribuido, con la ética de su trabajo, sus conocimientos profesionales y su compromiso comunitario, a la construcción de la identidad del ser panameño. No se diga más: somos panameños-chinos. Opinión EL AUTOR es psicólogo clínico y orientalista. LA AUTORA es egresada del LLAC 2025. quien protege al prójimo en medio de él. Mantener viva la memoria implica una responsabilidad que el simple recuerdo suele evadir. Hoy, la soberanía ya no se disputa frente a alambres de púas, sino ante nuevas cercas invisibles: la indiferencia, la falta de integridad y una apatía ciudadana que es, en el fondo, una forma silenciosa de olvido. Cada vez que permitimos que la desidia gestione nuestro futuro, levantamos de nuevo los muros que los mártires ayudaron a derribar. Recordar el 9 de enero sin asumir sus consecuencias presentes es permitir que su sacrificio pierda sentido. El desafío del Panamá actual es transformar la conmemoración en coherencia. Mantener viva la memoria significa construir un país donde la ética no sea un discurso ocasional, sino una práctica cotidiana, defendida con la misma determinación con la que aquellos jóvenes sostuvieron su bandera. Cada esfuerzo por un país más transparente es una forma concreta de ejercer la soberanía que nos heredaron. La lucha de 1964 no terminó con los Tratados Torrijos-Carter; continúa en la fiscalización del ejercicio del poder y en la exigencia de un Estado que rinda cuentas a sus ciudadanos. Que la bandera que corona el Cerro Ancón no sea solo un punto fijo en el horizonte, sino un recordatorio de que la libertad es una responsabilidad que se ejerce cada día. Recordar es fácil; mantener viva la memoria exige decisión. Su lucha nos dio la tierra. Lo que todavía estamos decidiendo es si somos, día tras día, dignos de ella. Cada 9 de enero, Panamá recuerda. Se repiten los actos oficiales, las banderas a media asta y los discursos solemnes. Sin embargo, en medio de ese protocolo, surge una pregunta que no siempre estamos dispuestos a responder: ¿es lo mismo recordar que mantener viva la memoria? Una fecha puede permanecer intacta en el calendario mientras su sentido se desgasta en la práctica. Ahí comienza la verdadera pérdida. Para quienes hoy habitamos un país sin las cercas que dividieron nuestro territorio, esa diferencia es vital. La investigación de Wendy Tribaldos, plasmada en su libro 9 de enero de 1964: lo que no me contaron, nos permite revivir la crudeza de una gesta que el tiempo ha intentado suavizar. Al rescatar los detalles que la historia oficial ha simplificado, la gesta deja de ser una narración acartonada y se revela como lo que fue: una experiencia profundamente humana y dolorosa. Detrás de la movilización hubo liderazRamón Arturo Mon Cultura, un privilegio Festival de Jazz Hagamos pedagogía, que consiste en diagnóstico, pronóstico y solución. Danilo Pérez atribuye la reducción del Festival de Jazz de Panamá a la falta de apoyo de la Autoridad de Turismo y de la Alcaldía de Panamá, a la vez que agradece a MiCultura su respaldo, garantizado por ley, a un proyecto que se acerca con éxito a los veinticinco años de existencia. El diagnóstico: la mayoría de los panameños cree que la cultura es un privilegio, no un derecho. De allí que opinen que un festival como este, que tiene un impacto real en la vida de miles de jóvenes, debe ser costeado por la fundación que lo convoca o por la empresa privada. Para muchos —y eso le conviene al sistema— la cultura sobra. El pronóstico: poco a poco irá languideciendo. La asignación por ley de MiCultura no será suficiente; los días se irán acortando y el impacto irá menguando. Y eso que muchos músicos panameños estuvieron en el origen mismo del jazz y que varios de nuestros compatriotas han sido dignos exponentes del género. Pero eso no basta para un amplio sector de la sociedad. La solución pasa por ser más pedagógicos. El Festival es, en sí mismo, una muestra de la importancia del jazz, pero los entusiastas de la ignorancia han logrado instalar en la conciencia social la idea de que la cultura es una yeyesada, no una vaina del pueblo. La responsabilidad es compartida entre MiCultura, Meduca y la voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo: “Entre todos la matamos y ella sola se murió”. Espero que el pronóstico sea fallido y que seamos capaces de enseñar que la cultura es asunto de todos. En ella nos jugamos la memoria reflexiva que necesitaremos para los tiempos complejos que se nos vienen encima. Por el “apellido” del Festival nos estamos haciendo todas estas preguntas, pero no lo duden: muchas iniciativas culturales se han perdido —y se pierden— por ser anónimas, y eso también destruye el tejido cultural del país. EL AUTOR es escritor. Pedro Crenes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón centralización, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría de la Administración y los municipios. La reforma de 2025 se ejecutó “a tambor batiente”, sin un diagnóstico serio de las debilidades reales de la justicia comunitaria ni de las necesidades de la población. Al parecer, el único objetivo era la sustitución masiva de los jueces de paz. El resultado, como se evidenció en enero de 2026, ha sido el caos operativo. La Ley 467 de 24 de abril de 2025, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 25, establece que el nombramiento de nuevos jueces comunitarios debe realizarse de forma escalonada, bajo supuestos específicos: • En corregimientos donde no existiera un juez o mediador nombrado. • En aquellos lugares donde los períodos de los jueces actuales estuvieran por terminar. • Donde el nombramiento original no se hubiese efectuado siguiendo el proceso de selección previsto en la Ley 16 de 2016. Es fundamental subrayar que los jueces y mediadores seleccionados bajo la Ley 16 de 2016 debieron permanecer en sus cargos hasta culminar sus períodos. No obstante, el Ministerio de Gobierno optó por un “borrón y cuenta nueva”, contrario a lo establecido en la propia Ley 467. La norma no autorizaba una remoción masiva, sino un proceso de transición ordenado. Además, la remoción de un juez comunitario exige un procedimiento adInstitucionalidad vs. control político Justicia comunitaria En abril de 2025, al sancionar la Ley 467, que subrogó la Ley 16 de 2016, mediante la cual se instituyó la justicia comunitaria de paz, el presidente de la República calificó la normativa anterior como un desastre. Afirmó que los jueces actuaban a su antojo y que todos debían ser reemplazados por “inútiles”. Lo que el Ejecutivo no comprendió es que el problema no radicaba en los jueces ni en la letra de la ley, sino en la ausencia de liderazgo institucional por parte del Ministerio de Gobierno y en la inexistencia de una política pública, dotada de presupuesto, dirigida a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de la cohesión social. Los verdaderos responsables fueron las entidades llamadas a capacitar, vigilar, dotar de presupuesto y sancionar las malas prácticas. Basta recordar que la Ley 16 creó una Comisión Interinstitucional coordinada por el Ministerio de Gobierno que rara vez se reunía, reflejando la inercia de instituciones como la Secretaría Nacional de Desministrativo específico, que fue ignorado, al igual que los protocolos para las nuevas designaciones. Las violaciones a la Ley 467 son múltiples: se nombraron jueces sin concurso y se destituyó a quienes contaban con estabilidad y períodos vigentes. Esto constituye un claro acto de extralimitación de funciones. Todo indica que el trasfondo es el control de las planillas y el dominio político. Controlar las Casas de Justicia Comunitaria en todo el país facilita objetivos partidistas y el control de la población a nivel local. Ante esta situación, corresponde a la Asamblea Nacional exigir rendición de cuentas sobre la implementación de la ley y a la Corte Suprema de Justicia resolver con celeridad los amparos de garantías constitucionales presentados. La ciudadanía, por su parte, tiene la responsabilidad de exigir el cumplimiento de los espacios de participación previstos en la Ley 467, como la Comisión de Evaluación y Supervisión Disciplinaria, donde puede intervenir directamente en la selección de los jueces. El respeto a la institucionalidad comienza en la base. Invertir en una justicia comunitaria es invertir en democracia y paz social. La participación ciudadana no es un adorno en el proceso de selección, sino el pilar que asegura que cada Casa de Justicia sea un espacio de diálogo y no una oficina de represión o control político. Solo mediante la vigilancia ciudadana y una selección transparente, sin tintes partidistas, será posible reconstruir la confianza en la justicia más primaria. LA AUTORA es abogada. Magaly Castillo
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