1A La Prensa Panamá, martes 13 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 13 de enero de 2026 - Año 46 - Nº 15260 Hoy por hoy Que el juicio Odebrecht haya comenzado no equivale a justicia consumada. Es, más bien, el primer paso de un camino largo, complejo y aún lleno de obstáculos. Falta escuchar pruebas, resolver incidentes, dictar sentencias y, sobre todo, lograr que esas decisiones se cumplan. La historia reciente obliga a no confundir el arranque con el desenlace. ¿Tiene la ciudadanía motivos para la esperanza? Sí, aunque moderados. Durante años, la expectativa dominante era que este juicio jamás se celebraría. La estrategia de dilación parecía destinada a imponerse una vez más. Ese pronóstico falló. El juicio inició, y ese hecho, por sí solo, rompe una inercia de impunidad que parecía inamovible. Ahora corresponde mantenerse alerta. Las defensas no han agotado su repertorio de recursos: nulidades, alegatos de doble juzgamiento, amparos y reclamos de violaciones al debido proceso ya asoman como intentos de fragmentar o interrumpir el juicio. No sería una novedad: antes lograron la prescripción de delitos y la exclusión de exministros. En este contexto, la jueza Baloisa Marquínez ha mostrado firmeza y control. Su desempeño inicial habilita una expectativa razonable. No es tiempo de triunfalismos, pero tampoco de resignación. Panamá llega a Lima con seis cartas y dos ilusiones en juego 4B Deportes Panorama El mercado laboral castiga al médico general 7A Economía La APP Panamericana Este confirma financiamiento 2B CSS denuncia otra red paralela que habría causado pérdidas por $10 millones Una investigación interna reveló un patrón fraudulento que incluyó alteración de sistemas, creación de relaciones laborales ficticias y pensiones indebidas con alto impacto económico. VEA 1B Arrancó el juicio de la mayor trama de sobornos de la historia del país Juan M a nuel Díaz [email protected] A la séptima fue la vencida. El juicio por el caso Odebrecht inició ayer lunes 12 de enero de 2026 con la jueza Baloisa Marquínez al frente, quien rechazó objeciones preliminares de la defensa y ordenó avanzar un proceso que durante años permaneció estancado en la etapa previa al debate oral. Comparecieron 23 imputados, algunos de manera presencial y otros por vía virtual, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, así como exministros, empresarios, banqueros y operadores financieros. Todos se declararon inocentes de los cargos, principalmente En una audiencia transmitida en directo, la jueza Baloisa Marquínez ordenó avanzar el juicio Odebrecht, una causa que pone a prueba la capacidad del sistema judicial frente a la corrupción de alto nivel. por blanqueo de capitales. El juicio se apoya en el auto de llamamiento a juicio del 7 de noviembre de 2022, un documento de 407 páginas, integrado a un expediente de gran dimensión que acumula 2,757 tomos y más de 1.3 millones de páginas. La investigación se remonta a 2015, cuando se presentó la denuncia inicial, y fue reactivada tras las confesiones de la constructora brasileña sobre pagos ilícitos en la región. La audiencia, transmitida en directo por el canal de YouTube del Órgano Judicial, se extendió por casi nueve horas. El proceso se reanuda este martes 13 de enero, a partir de las 9:00 a.m. VEA 2A, 3A Y 4A Aleida Samaniego [email protected] Panamá enfrenta reservas críticas de sangre por debajo del 40%, advirtió el Ministerio de Salud, que alertó sobre riesgos para emergencias y cirugías, especialmente antes de días festivos, y llamó a reforzar la donación voluntaria. La premio Nobel de la Paz y líder venezolana, María Cristina Machado, pidió al papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el “avance sin demora” de la transición a la democracia en Venezuela. Tras reunirse ayer con el papa, Machado sostendrá el jueves un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. Mientras tanto, el régimen chavista anunciaba más liberaciones de presos políticos. VENEZUELA Tras reunirse con el papa, Machado visita la Casa Blanca Bancos de sangre por debajo del 40% encienden alerta sanitaria La audiencia se celebró en el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, en el Palacio Gil Ponce en Ancón. Isaac Ortega Baloisa Marquínez, la juez. LP ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA
2A La Prensa Panamá, martes 13 de enero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Martinelli se conectó de forma telemática. Martinelli, desde Colombia y junto a funcionaria legislativa El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, imputado en el caso Odebrecht, siguió el inicio del juicio desde Colombia, donde permanece asilado, acompañado por su abogada Jessica Canto. En la primera jornada del proceso por corrupción y blanqueo de capitales, Martinelli se conectó por vía digital a la audiencia, transmitida en directo por el canal de YouTube del Órgano Judicial. Durante el acto, el exmandatario interrumpió a la jueza Baloisa Marquínez antes de que se completara la identificación de las partes y se presentó sin esperar turno. Al ser consultado sobre su responsabilidad penal, respondió que se declaraba inocente. Previo al juicio, Martinelli difundió en redes sociales una imagen junto a Canto y publicó un mensaje en el que cuestionó la existencia del debido proceso en Panamá. El exmandatario se encuentra en Colombia desde el año pasado para evadir una condena superior a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Su abogada es funcionaria de la Asamblea Nacional y percibe un salario mensual de $5,000. El juzgado sustentó el llamamiento a juicio de Martinelli en el esquema de sobornos de Odebrecht documentado mediante cooperación internacional, en particular el acuerdo de la constructora con autoridades de Estados Unidos, que detalla pagos corruptos por más de $59 millones en Panamá entre 2010 y 2014. El auto judicial describe el uso de la División de Operaciones Estructuradas, creada para canalizar coimas a través de sociedades oshore y cuentas no registradas. La vinculación de Martinelli también guarda relación con el caso de sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, condenados en 2022 en Nueva York a 36 meses de prisión por conspirar para blanquear $28 millones de Odebrecht. Durante ese proceso confesaron que actuaron por instrucciones de su padre. La investigación en Panamá se originó, además, en diligencias realizadas en Suiza, donde se detectaron operaciones financieras vinculadas a empresas del entramado de Odebrecht y a cuentas controladas por los hijos del exmandatario. La fiscal Ruth Morcillo y su equipo a su llegada a la audiencia en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, en el Palacio de Justicia Gil Ponce, en Ancón. Elysée Fernández Arranca el juicio con acuerdos de pena Juan Manuel Díaz [email protected] Dos acuerdos de pena fueron validados por la jueza Baloisa Marquínez antes del inicio formal del juicio Odebrecht, proceso que acumula 14 pactos de este tipo. Finalmente, a las 9:13 a.m. de ayer lunes 12 de enero de 2026, se inició el juicio del caso Odebrecth. Dos acuerdos de pena fueron validados por la jueza Baloisa Marquínez antes de la apertura formal de la histórica audiencia, relacionada con el blanqueo de las coimas que la constructora brasileña Norberto Odebrecht (hoy Novonor S.A.) admitió haber pagado en Panamá entre 2010 y 2014. Receso Para analizar las solicitudes presentadas por los abogados de Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa, la jueza decretó recesos y ordenó el desalojo temporal de la sala. Aunque no trascendieron los detalles ni las penas pactadas, el Ministerio Público, encabezado por la fiscal Ruth Morcillo, expresó su aval, al igual que Carlos Antúnez, abogado del Ministerio de Seguridad Pública, querellante en el proceso. Con estos, suman 14 los acuerdos de pena y colaboración aprobados por el tribunal. Se informó que al menos uno incluye la devolución de dinero proveniente de fondos de Odebrecht. Durante la sesión, se presentaron múltiples incidentes. Carlos Carrillo, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, quien participó por videollamada, alegó violación al debido proceso al no permitirse la repregunta de testigos ubicados en Brasil, entre ellos Mónica Moura, Fernando Miglaccio, Olivio Rodríguez, Luis Eduardo Da Rocha y André Rabello, cuyas declaraciones vinculan a funcionarios del gobierno de Martinelli con la recepción de fondos ilícitos. Marquínez desestimó el planteamiento y decidió continuar con el juicio. Moura declaró ante la fiscalía que recibió dinero para trabajos de imagen del gobierno, pagados a través de sociedades controladas por Odebrecht. Más incidentes Otro reclamo fue presentado por Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi, quien solicitó la exclusión de su defendido con base en un fallo del Primer Tribunal Superior. La fiscal Morcillo respondió que esa decisión está apelada ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que no está en firme. También José Antonio Kuan, abogado del exministro Frank De Lima, promovió un incidente de nulidad alegando falta de pruebas y señalando que los bienes cautelados a su cliente fueron devueltos tras acreditarse su origen lícito. En la audiencia estuvieron presentes, de manera presencial, los exministros Demetrio Papadimitriu, Frank De Lima, Carlos Duboy y Federico Suárez, así como el exdiputado Jorge Alberto Rosas, Michelle Marie Lasso y Juan Carlos 407 páginas, que sustenta la formulación de cargos por blanqueo de capitales. El auto recoge 21 incidentes —incluidos alegatos de nulidad, doble juzgamiento y falta de competencia— que fueron rechazados, y detalla la vinculación individual de cada procesado en el entramado de sobornos operado por Odebrecht con funcionarios panameños. A las 5:58 p.m., la jueza Marquínez declaró el cierre de la sesión. El proceso continuará este martes 13 de enero, a partir de las 9:00 a.m. Rosas O’Donnell. Participaron de forma virtual José Domingo Arias, Ricardo Francolini, Aaron Mizrachi Malca, Aurora Muradás, Jaume Pamies, Jaime Lasso y Navin Bhakta. La jueza integró además al proceso a Gonzalo Monteverde y María Carmona, quienes no habían sido notificados previamente. Todos los imputados se declararon inocentes. En la jornada vespertina, el tribunal inició la lectura del auto de llamamiento a juicio del 7 de noviembre de 2022, un documento de Cómo el auto judicial reconstruye el esquema de coimas Eliana Morales Gil [email protected] Tras iniciarse el juicio ayer, el proceso entró en la lectura del auto de llamamiento a juicio, un documento de 407 páginas que expone cómo operó en Panamá el esquema de sobornos de la constructora brasileña y por qué el tribunal estima que existen indicios suficientes de blanqueo de capitales. El Auto Mixto No. 09, fechado el 7 de noviembre de 2022, cerró la fase intermedia del proceso y envió a juicio a decenas de personas naturales y jurídicas, mientras concedió sobreseimientos a otros imputados. El expediente menciona a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, detalla pagos ilícitos por más de $59 millones entre 2010 y 2014 y sitúa el origen del caso en una denuncia presentada en 2015. El tribunal incorporó cooperación penal de Brasil y el acuerdo de Odebrecht con Estados Unidos, describió la llamada Caja 2, el uso de sociedades oshore, testaferros y contratos ficticios, y reafirmó que el blanqueo es un delito autónomo, base sobre la cual se sostiene el juicio. ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA
3A La Prensa Panamá, martes 13 de enero de 2026 ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA LAURENTINO CORTIZO (2019-2024) JOSÉ R.MULINO (2024-PRESENTE) MARTÍN TORRIJOS (2004-2009) 2006 COSTO INICIAL: $54.2 MILLONES COSTO FINAL: $65.3 MILLONES SISTEMA DE RIEGO REMIGIO ROJAS, EN CHIRIQUÍ 11 de octubre: Se constituye Constructora Internacional del Sur en el Registro Público. RICARDO MARTINELLI (2009-2014) 2009 COSTO: $11.4 MILLONES CANALIZACIÓN DEL RÍO CALDERA COSTO: $52.6 MILLONES CINTA COSTERA 2 COSTO INICIAL: $139 MILLONES COSTO FINAL: $384.5 MILLONES TÚNEL DE SANEAMIENTO DE LA BAHÍA DE PANAMÁ 2010 COSTO INICIAL: $1,447 MILLONES CISTO FINAL: $2,090 MILLONES LÍNEA 1 DEL METRO DE PANAMÁ 2011 2012 COSTO INICIAL: $776.9 MILLONES COSTO FINAL: $782.1 MILLONES CINTA COSTERA 3 COSTO: $157.8 MILLONES PROYECTO DE AGUA POTABLE COSTO INICIAL: $168.6 MILLONES COSTO FINAL: $181.5 MILLONES PATRIMONIO HISTÓRICO PANAMÁ VIEJO COSTO INICIAL: $122.5 MILLONES COSTO FINAL: $163.1 MILLONES CORREDOR COLÓN COSTO: $20.9 MILLONES PUENTE VEHICULAR DE LA VÍA LA AMISTAD Y ASCANIO VILLALAZ COSTO INICIAL: $94.3 MILLONES COSTO FINAL: $107.5 MILLONES RENOVACIÓN URBANA DE CURUNDÚ 2007 Infografía: LP - Fuente: Datos propios La huella de ODEBRECHT en Panamá AUTOPISTA PANAMÁ-COLÓN COSTO INICIAL: $283.7 MILLONES COSTO FINAL: $487.6 MILLONES CINTA COSTERA 1 PRECIO: $189.1 MILLONES 10 de agosto: ‘Lula’ visitó Panamá. 11 de mayo: ‘Lula’ visitó Panamá en calidad de invitado de honor de la inauguración de la cinta costera 2. 18 de agosto Se disuelve la Constructora Internacional del Sur 29 de noviembre La Fiscalía comunicó que la investigación tenía un avance del 80%, que se habían recuperado activos por $255.1 millones en dinero y bienes aprehendidos. Había 76 imputados. 2018 5 de mayo Laurentino Cortizo, del PRD, gana la Presidencia de la República 26 de junio Investigación de La Prensa dejó al descubierto que ‘Cachaza’ es el apodo de la persona que recibió más beneficios de Odebrecht después de Aguia, quien habría obtenido más de $26 millones en transacciones desde el 2009 hasta 2014. A Cachaza le habrían desembolsado $16 millones. 5 de noviembre Se revela la filtración de chats de WhatsApp privados del expresidente Juan Carlos Varela. 12 de noviembre La procuradora Kenia Porcell renunció al cargo, en medio del escándalo por los Varelaleaks, filtración que dejó al descubierto el supuesto tratamiento selectivo en el caso Odebrecht. La renuncia se hizo efectiva el 31 de diciembre. 2019 24 de enero Formulan cargos a 17 personas por el caso. Se menciona a los hijos de Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. 11 de mayo Se da a conocer que Odebrecht aportó $16 millones a la campaña presidencial de José Domingo Arias. 27 de julio Rodrigo Tacla Durán, exabogado de Odebrecht, revela a el diario El País que Odebrecht hizo aportes a la campaña electoral del presidente de ese entonces, Juan Carlos Varela, por medio de Michelle Lasso. 9 de noviembre Un juzgado validó el acuerdo firmado por el Ministerio Público y Odebrecht. 11 de diciembre Carlos Duboy, entonces gerente de Tocumen, S.A., admitió haber recibido donaciones de Odebrecht que tuvieron como destino al Partido Panameñista. 26 de julio El Ministerio Público firmó un acuerdo con Odebrecht, en el que la empresa pagaría una multa de $220 millones y suministraría información clave para el caso. 2017 17 de marzo El Ministerio Público Federal de Brasil solicita información a Panamá acerca de cuentas bancarias, beneficiarios y transacciones de sociedades vinculadas a Odebrecht, entre ellas, Constructora Internacional del Sur. 19 de junio Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, fue arrestado por corrupción y pago de sobornos para obtener contratos en Brasil y otros países. 18 de septiembre El entonces excontralor Alvin Weeden presentó una de denuncia para que se investigara lavado de activos por sociedades ligadas a Odebrecht. Octubre El Ministerio Público, entonces a cargo de Kenia Porcell, responde parcialmente la solicitud de información de Brasil. 25 de mayo: El entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, recibió a su homólogo panameño, Martín Torrijos. Un día antes, se había reunido con empresarios en Sao Paul, Brasil. JUAN C. VARELA (2014-2019) 2014 COSTO INICIAL: $233.8 MILLONES COSTO FINAL: $300 MILLONES TERCERA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA COSTO: $382.3 MILLONES CARRETERA SANTIAGO-VIGUÍ 2015 Costo: $2062 millones LÍNEA 2 DEL METRO Costo: $569 millones RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN 2 DE ENERO 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 Eduardo Ulloa asume como procurador general de la Nación. La jueza Baloisa Marquínez dicta auto de llamamiento a juicio para decenas de imputados en el caso Odebrecht. 12 DE MARZO Se le impone la medida de impedimento de salida del país a Jaime Lasso. 25 DE MAYO Se dan cambios en la fiscalía. Zuleyka Moore fue trasladada a otro despacho. 2 DE JULIO El expresidente Juan Carlos Varela es indagado por el caso. Se le imputaron cargos por la supuesta comisión de lavado de dinero, y se le impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país. 3 DE JULIO El expresidente Ricardo Martinelli no acude al llamado a indagatoria por el proceso. Presentó incapacidad médica. Se le imputaron cargos por la supuesta comisión de lavado de dinero, y se le impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país. 6 DE JULIO Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares fueron detenidos en Guatemala por solicitud de EU, quien los requiere en extradición por supuesta conspiración para lavar dinero por el caso Odebrecht. 12 DE ABRIL El Ministerio Público informó que envió la vista fiscal del caso al Órgano Judicial. Pidió juicio para 50 personas y 1 jurídica por blanqueo de capitales, y sobreseer provisionalmente a otras 29. 15 DE OCTUBRE Cierre de la investigación. Por esos días se informó que el expediente concluyó con 101 investigados: 61 estructuradores, 22 testaferros y 18 beneficiarios finales. De esos 18 beneficiarios finales, 14 eran funcionarios. 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2 de febrero Condenan en Brasil al publicista Joao Santana, exasesor político del excandidato presidencial José Domingo Arias, del partido Cambio Democrático. 18 de febrero Es aprehendido Fernando Migliaccio Da Silva, quien que controlaba las cuentas de Constructora Internacional del Sur. 21 de diciembre Sale a la luz pública el acuerdo pactado entre Estados Unidos y Odebrecht, donde la empresa admitió haber pagado al menos $59 millones en sobornos en Panamá. 28 de diciembre Se crea la Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo de las fiscales: Tania Sterling, Vielka Broce, Zuleyka Moore y Ruth Morcillo. 18 de marzo Condenan a Marcelo Odebrecht. 2016 2021 COSTO: $27.6 MILLONES CARRETERA VERAGUAS CHIRIQUÍ Y COMARCA NGÄBE BUGLÉ COSTO: $100.5 MILLONES CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL MUNICIPIO DE PANAMÁ COSTO INICIAL: $211 MILLONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE JUAN DÍAZ 2013 COSTO INICIAL: $679.4 MILLONES COSTO FINAL: $880.8 MILLONES AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN 1 DE AGOSTO DE 2023 Primer intento de iniciar el juicio, fijado por el juzgado. Sin embargo, se aplaza porque aún no se ha completado la valoración de pruebas. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Segunda fecha tentativa de inicio de juicio, también frustrada por retrasos en el análisis y admisión de pruebas. 15 DE JULIO DE 2024 * Nueva fecha anunciada para el inicio del juicio, con alternativa el 16 de septiembre 2024. No se realiza por falta de asistencias judiciales internacionales y pruebas. 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 El tribunal fija otra fecha para iniciar el juicio. Se suspende nuevamente, esta vez por falta de testimonios clave trazados desde el extranjero. 20 DE ENERO DE 2025 El juicio estaba programado para iniciar pero se suspende de nuevo por ausencia de asistencias judiciales (Brasil, México) y testigos claves no disponibles. 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 Sexto aplazamiento del juicio. Se decide posponer la audiencia ordinaria porque no se ha logrado notificar al expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, para que comparezca. 12 DE ENERO DE 2026 Se inicia la audiencia ordinaria del juicio por el caso Odebrecht, liderada por la jueza Baloisa Marquínez.
4A La Prensa Panamá, martes 13 de enero de 2026 Panorama Equipo de abogados de la defensa particular. Isaac Ortega Los imputados Juan Manuel Díaz Mónica Palm [email protected] Los imputados enfrentan cargos por blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, financiamiento ilegal de campañas, asociación ilícita y ocultamiento de fondos, derivados del esquema de sobornos de Odebrecht en Panamá. El juicio del caso Odebrecht comenzó el lunes 12 de enero de 2026 con la comparecencia de 23 imputados. Un grupo asistió de forma presencial a la sala de audiencias del Palacio de Justicia Gil Ponce, mientras que otros participaron por vía virtual. Todos enfrentan cargos vinculados al esquema de sobornos y blanqueo de capitales atribuido a la constructora brasileña en Panamá. Estos son los 23 imputados y la razón principal por la que forman parte del proceso: 1. Ricardo Martinelli Berrocal Expresidente de la República (2009–2014). El expediente lo vincula al esquema de sobornos de Odebrecht a través de la Caja 2, mediante transferencias directas y el uso de sociedades como Richeliu Investment Company Inc. e Importadora Ricamar. Declaraciones de delatores, de su cuñado Ronny Mizrachi y de sus hijos, quienes confesaron ante un juez en Nueva York haber recibido al menos $28 millones, lo señalan como destinatario final de fondos ilícitos. Odebrecht también obtuvo durante su gobierno contratos emblemáticos como la Línea 1 del Metro, dos tramas de la cinta costera y múltiples obras viales. Martinelli asistió de manera virtual. Se le vio acompañado de su abogada Jessica Canto. 2. José Domingo Arias Villalaz Exministro y candidato presidencial en 2014.Las asistencias judiciales de Estados Unidos, Brasil y Andorra documentan que Odebrecht financió la campaña de Cambio Democrático para las elecciones de 2014 cuando Arias era el candidato presidencial. Los pagos se canalizaron mediante cuentas administradas por los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, contratados por el partido. Santana declaró que la contratación y el esquema de pagos se acordaron en reuniones con Martinelli. 3. Federico José Suárez Cedeño Exministro de Obras Públicas (2009–2012). Testimonios lo vinculan a la recepción de dinero de Odebrecht fuera de Panamá, a través de Cort Business Brokers & Consultors Inc. El expediente señala operaciones inmobiliarias simuladas para ocultar el origen de los fondos y resalta que, bajo su gestión, el MOP adjudicó a Odebrecht Cinta Costera III, Patrimonio Histórico y aceleró pagos de la autopista Madden–Colón. 4. Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu Exministro de la Presidencia (2009–2012). Según el expediente, recibió fondos de Odebrecht mediante sociedades vinculadas a sus padres. Pagos realizados desde la Banca Privada de Andorra (BPA) se presentaron como operaciones comerciales ficticias. Un informe policial de Andorra cifra los desembolsos en al menos $4.3 millones. 5. Riccardo Francolini Arosemena Exbanquero, exsocio de Martinelli y expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros. La investigación lo identifica como beneficiario de varias sociedades oshore que recibieron fondos de Odebrecht, entre ellas Fidcross Holding, que captó $4 millones. Testigos declararon que Francolini giraba instrucciones sobre la triangulación del dinero y participó en operaciones con cuentas en Asia y Panamá. 6. Rodrigo Alonso Díaz Paredes Ejecutivo de Mundial de Valores y exmiembro del CEN del Partido Revolucionario Democrático. El auto de llamamiento a juicio indica que cuentas bajo su control recibieron $11.7 millones provenientes de la Caja 2 de Odebrecht, a través de sociedades como Inversora Villa Loly y Logaro, S.A. 7. Frank De Lima Gercich Exministro de Economía y Finanzas. Se le atribuye el uso de varias sociedades para introducir fondos ilícitos desde Andorra. Testaferros y delatores declararon que los pagos buscaban agilizar desembolsos estatales a favor de Odebrecht. El expediente recoge acuerdos de colaboradores que aceptaron haber recibido sobornos destinados al exministro. 8. Jaime Lasso Del Castillo Médico, lobista y exembajador; figura cercana a Juan Carlos Varela. El expediente documenta depósitos de Odebrecht a sociedades y fundaciones vinculadas a Lasso, que luego se destinaron a campañas políticas. Declaraciones indican transferencias que, en conjunto, alcanzaron unos $10 millones. 9. Michelle Marie Lasso Barraza Hija de Jaime Lasso. Firmante y beneficiaria de sociedades usadas para abrir cuentas en bancos utilizados por la Oficina de Operaciones Estructuradas. Declaró que actuó siguiendo instrucciones de su padre. 10. Aaron ‘Ronny’ Mizrachi Malca Cuñado de Martinelli. Su sociedad Caribbean Holding Services Ltd. recibió fondos de Odebrecht que luego se redirigieron a Martinelli y otros beneficiarios. En indagatoria, afirmó que recibió el dinero por solicitud directa del expresidente. 11. Carlos Duboy Sierra Exministro de Vivienda y extesorero del Partido Panameñista. Figura como representante legal de una sociedad que recibió transferencias vinculadas a campañas políticas, en un esquema que el expediente califica como triangulación de donaciones. 12. Navin Mohan Bhakta Empresario y socio de los Martinelli Linares.Vinculado a la compra de un helicóptero financiado con fondos de la Caja 2 y a sociedades que sirvieron como garantía para préstamos bancarios. 13. Juan Francisco Mutio Cerdeiras Operador financiero uruguayo. Participó en la creación de estructuras usadas para mover fondos de Odebrecht hacia sociedades fachada. Aparece como beneficiario final de Sherkson International, S.A. 14. Juan Antonio Niño Pulgar Banquero. Beneficiario de cuentas en sociedades señaladas por recibir dinero vinculado a Odebrecht. El primer indicio surge de una asistencia judicial remitida por Suiza. 15. Cristina Lozano Bonet Ligada a BPA Serveis. Participó en la creación y administración de sociedades oshore para ocultar beneficiarios finales. 16. Fransec Pérez Gimenez Asociado a BPA Serveis. Figura en el expediente por la triangulación financiera para encubrir el origen de los fondos. 17. Jaume Pamies Dolade Vinculado a BPA Serveis. Participó en la estructuración de sociedades utilizadas en el esquema de Odebrecht. 18. Jorge Alberto Rosas Rodríguez Abogado de Rosas & Rosas. Las cuentas de la firma se usaron para manejar pagos no contabilizados de Odebrecht. 19. Juan Carlos Rosas O’Donnell Socio de Rosas & Rosas. El expediente señala que la firma trianguló fondos provenientes de la Oficina de Operaciones Estructuradas. 20. Rosa Marie Molino Paz Integrante de Rosas & Rosas. Vinculada al manejo de cuentas utilizadas para pagos y transferencias de la constructora. 21. Aurora Muradás Fraiz Expareja de Martinelli. Beneficiaria de pagos registrados en el sistema Drousys bajo el código “periquita”, destinados a cubrir gastos personales. 22. Gonzalo Eduardo Monteverde Accionista de sociedades utilizadas para triangular fondos de la Caja 2. Figura junto a otros beneficiarios en estructuras que recibieron dinero de proyectos estatales. 23. Liz Elena De Sousa De acuerdo con las conclusiones del tribunal, De Sousa habría figurando como beneficiaria de sociedades que fueron alimentadas con dineros ilícitos. Su función operativa fue clave para esconder el origen real de las transferencias y de los verdaderos beneficiarios finales. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia debe procesar a las figuras que forman parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen): el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el exministro Jaime Ford y Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA Eliana Morales Gil [email protected] Jorge Rosas, uno de los imputados. Isaac Ortega Las condenas en América Latina El escándalo de corrupción protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht derivó en condenas judiciales firmes en varios países de América Latina, luego de investigaciones que documentaron el pago de aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos distribuidos en al menos 12 países. Los casos abarcaron delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, con impactos profundos en los sistemas políticos y judiciales de la región. Brasil fue el epicentro del caso a través de la Operación Lava Jato. Decenas de empresarios y políticos fueron procesados y condenados. Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía, recibió una pena de 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción activa, lavado de dinero y asociación criminal. Tras cumplir parte de su condena, accedió a beneficios derivados de un acuerdo de colaboración con la justicia, lo que le permitió continuar su pena bajo arresto domiciliario. Posteriormente, su condena fue reducida y en 2023 dio por cumplida la sentencia. Otros exejecutivos también fueron sancionados. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo preso 580 días por una condena relacionada con el caso, que más tarde fue anulada por vicios procesales. Perú registró uno de los balances judiciales más amplios. La fiscalía reportó 65 condenas vinculadas a la trama de sobornos. En 2024, el expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión, tras ser extraditado desde Estados Unidos, por recibir pagos ilícitos para la adjudicación de tramos de la carretera Interoceánica. El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos, al acreditarse el financiamiento ilegal de campañas electorales. El expresidente Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por este caso, mientras que Pedro Pablo Kuczynski continúa procesado, sin sentencia firme. En Ecuador, la justicia dictó en 2017 una de las primeras condenas contra un alto funcionario en ejercicio. El entonces vicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita, tras comprobarse el cobro de sobornos vinculados a Odebrecht. Otros integrantes de la red también recibieron condenas. En Colombia, se impusieron penas a exfuncionarios y excongresistas. El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales aceptó cargos y fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. El exsenador Otto Bula recibió una pena similar, mientras que la Corte Suprema condenó al exsenador Antonio Guerra a 11 años y cinco meses de cárcel. Las autoridades estiman que en el país se repartieron unos 20 millones de dólares en sobornos. En otros países, los resultados han sido dispares. En República Dominicana, hubo condenas en 2021 contra un exministro y un empresario, pero estas fueron anuladas en 2024 por la Suprema Corte, dejando al país sin sentencias firmes. En Guatemala, el excandidato presidencial Manuel Baldizón se declaró culpable en Estados Unidos y cumplió una condena por lavado de dinero; a su regreso enfrenta procesos locales. En México y Venezuela, aunque se abrieron investigaciones relevantes, no se han dictado condenas judiciales firmes relacionadas con Odebrecht.
5A La Prensa Panamá, martes 13 de enero de 2026
6A La Prensa Panamá, martes 13 de enero de 2026 Paulino Vigil De Gracia, director de Docencia e Investigación de la Caja de Seguro Social. Elysée Fernández Médicos generales: formación larga, empleo incierto y bajos salarios Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA Paulino Vigil De Gracia, director nacional de Docencia e Investigación de la CSS, advirtió que, pese al número de médicos, Panamá enfrenta desempleo médico, escasez de especialistas y mala distribución del recurso humano. Aunque Panamá supera el parámetro de médicos por habitante utilizado como referencia internacional, el país mantiene problemas estructurales de cobertura en salud, con médicos desempleados o subempleados y una distribución desigual de especialistas. Así lo advirtió el doctor Paulino Vigil De Gracia, director nacional de Docencia e Investigación de la Caja de Seguro Social (CSS). De acuerdo con el funcionario, uno de los errores más comunes en el debate público es interpretar de manera literal los indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La OMS no define un número obligatorio de médicos que deba tener cada país. Lo que se utiliza como referencia mínima es alrededor de 17 médicos por cada 10 mil habitantes. Panamá tiene aproximadamente 23 por cada 10 mil, por lo que, en teoría, está por encima de ese parámetro”, explicó. Sin embargo, Vigil De Gracia advirtió que esta cifra, por sí sola, no refleja la realidad del sistema. “Ese número no indica si los médicos están bien distribuidos, no diferencia entre médicos generales, residentes, especialistas o subespecialistas, ni muestra si están concentrados en la capital o dispersos en el resto del país. Por eso puede resultar engañoso”, señaló. Uno de los principales problemas identificados es la concentración de médicos, especialmente de especialistas, en las zonas urbanas. Panamá no escapa a una tendencia global: las grandes ciudades concentran la mayor parte del recurso humano en salud, mientras que las áreas rurales y las comarcas enfrentan carencias persistentes. “En casi todo el mundo hay más especialistas en las capitales que en las áreas marginadas, y Panamá no es la excepción”, afirmó el director nacional de Docencia e Investigación de la CSS. Esta desigualdad impacta directamente en la calidad y oportunidad de la atención médica para miles de personas que viven fuera del eje urbano. A esta situación se suma la falta de integración plena entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS. Según Vigil De Gracia, esta desarticulación provoca escenarios en los que una provincia puede contar con especialistas de una institución, pero no de la otra, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema. “La integración entre el Minsa y la Caja ayudaría significativamente a mejorar la distribución de los especialistas en todo el país”, sostuvo. Poca demanda para especializarse Paradójicamente, mientras persiste la escasez de especialistas en áreas clave, muchas plazas de formación no logran llenarse. Vigil De Gracia explicó que esta situación responde a múltiples factores, entre ellos la prolongada duración de la formación médica, el sacrificio personal y familiar que implica, y la percepción de que la remuneración económica no compensa ese esfuerzo. “Formarse como especialista puede tomar entre 10 y 14 años. Mientras tanto, profesionales de otras carreras ya llevan varios años trabajando y generando ingresos”, indicó. Añadió que existe una percepción generalizada de que los médicos ganan grandes sumas de dinero, lo cual no siempre se ajusta a la realidad, especialmente en los primeros años de ejercicio profesional. Según detalló, un médico interno percibe en promedio unos 2 mil dólares mensuales; un médico residente, entre 2,500 y 2,700 dólares; y un especialista recién graduado, alrededor de 3 mil dólares. “Con 20 o 25 años de experiencia, un especialista puede llegar a ganar entre 5 mil y 6 mil dólares, pero muchas otras profesiones alcanzan esos ingresos mucho antes”, puntualizó. Especialidades como cardiología, cuidados intensivos, ginecología, pediatría y anestesiología registran baja demanda. En concursos recientes, varias plazas quedaron vacantes por falta de aspirantes. “El año pasado, en cardiología, se abrieron ocho plazas y solo cinco tuvieron aspirantes”, ejemplificó. Ante este escenario, la CSS ha comenzado a implementar estrategias para incentivar la formación de especialistas y mejorar su distribución. Entre las medidas adoptadas figuran la apertura de más plazas y el otorgamiento de licencias con sueldo a médicos generales que deseen especializarse, con el compromiso de regresar a laborar a las mismas áreas donde ya están nombrados. “Si un médico general en Bocas del Toro gana una plaza de especialidad, se forma y luego regresa a esa región como especialista, estamos garantizando una mejor distribución del recurso humano”, explicó Vigil De Gracia. No obstante, aclaró que estos esfuerzos no tendrán resultados inmediatos, ya que la formación de un especialista puede tomar entre tres y cinco años. Saturación del internado médico Otro problema crítico es la saturación del internado médico. Actualmente, seis universidades forman médicos en el país, lo que genera una gran cantidad de egresados que deben ingresar al internado para obtener la idoneidad profesional. Sin embargo, los hospitales del Minsa y la CSS no cuentan con la capacidad operativa ni docente para recibirlos a todos. “Tenemos más internos de los que deberíamos, según la cantidad de camas y pacientes. Además, existen deficiencias en la capacidad docente para supervisarlos adecuadamente”, advirtió el funcionario. Cada año se forman alrededor de 750 médicos idóneos, lo que significa que cada dos años unos 1,500 médicos generales ingresan al mercado laboral. Muchos de ellos enfrentan dificultades para conseguir empleo estable, terminan subempleados o aceptan trabajos mal remunerados. “Ahí es donde se está formando el problema de no empleo, subempleo o empleo mal pagado entre los médicos generales”, advirtió Vigil De Gracia. Para el director de Docencia e Investigación de la CSS, la solución pasa por una planificación integral del sistema. Esto incluye regular el ingreso a las carreras de medicina, fortalecer el internado médico y priorizar la formación de especialistas según las necesidades reales del país. “Formar más médicos usando el argumento de la OMS no es correcto. Panamá ya tiene suficientes médicos generales; lo que necesita es una mejor distribución y más especialistas”, afirmó. Reiteró que tanto la CSS como el Minsa han advertido sobre la situación actual y la necesidad de una planificación más responsable. “Estamos convencidos de que la integración institucional y una mejor planificación de la formación médica son claves para garantizar una atención de salud equitativa y de calidad para toda la población”, sostuvo. Para Vigil De Gracia, el problema no se resolverá aumentando la cantidad de médicos sin una planificación adecuada. Panamá, enfatizó, ya cuenta con suficientes médicos generales, pero requiere una mejor distribución del recurso humano y una mayor formación de especialistas según las necesidades reales del país, para evitar que continúe la paradoja de médicos sin empleo estable y comunidades sin acceso oportuno a atención médica especializada. Tal Cual Mónica Palm [email protected] MILAGRO. Muchos creían que este día no llegaría jamás. Pero llegó. Este lunes 12 de enero de 2026 inició en Panamá el juicio por los sobornos de Odebrecht. Algunos abogados defensores (como Alfredo Vallarino, Carlos Carrillo, Pedro Meilán…) pusieron a prueba la paciencia de la juez Marquínez, repitiendo que había que garantizar la participación de André Ravello, Olivio Rodríguez y Fernando Migliaccio, cuyo testimonio fue requerido a través de asistencias judiciales a Brasil. La juez replicó que los testigos no tienen por qué ratificar en la audiencia aquello que ya declararon en la etapa de instrucción y que consta en el expediente. Por tanto, se negó a suspender el acto. Qué fácil era cobrar millones de dólares en coimas, pero qué difícil es que entiendan que hay que celebrar el juicio. ÉMULO. Ángel Álvarez fue abogado sustituto de Juan Carlos Varela y ahora lo es de Ricardo Martinelli Berrocal. Ya son demasiadas similitudes. Cuesta creer que sea simple casualidad. REVÉS. Como lagartija en baldosa quedaron los abogados defensores cuando se percataron de que la juez no tenía intención de suspender el juicio de Odebrecht. La mayoría apostaba a que, como Marquínez es relatora en otra audiencia que se celebra a la vez (la de la operación Fisher), tendría que buscar una fecha alterna para Odebrecht. Pero Marquínez explicó que el juicio por los sobornos se llevará a cabo de lunes a jueves, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Entonces, no sería raro verla los viernes y fines de semana atendiendo sus responsabilidades en la operación Fisher. Eso estaría fantástico. Los abogados deben estarse mordiendo los puños de la rabia… SOPORTE. La “asesora II” de la Asamblea, Jessica Canto, apareció virtualmente en el juicio de Odebrecht, al lado del loco imputado. Ambos siguieron la audiencia por Zoom desde Colombia, en un día laborable y en las mismas horas en las que se supone debe estar atendiendo los delicados asuntos por los que mensualmente cobra $5,000 de la planilla legislativa. ¿Acaso no tiene más nada que hacer? Cualquier día de estos se conecta a la sesión desde el yate. TEATRO. CarlosCarrillo, abogado de Martinelli, reclamó ante la jueza Marquínez porque no podrá interrogar a varios testigos brasileños. Si Carrillo tenía tanto interés en esa comparecencia, ¿por qué su cliente contrató abogados en Brasil para que el juez Dios Toffoli impidiera las declaraciones de los delatores que se encuentran en ese país? Así son: tiran la piedra y esconden la mano. Panorama
7A La Prensa Panamá, martes 13 de enero de 2026 Panorama Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. chino-panameña está agradecida por todas estas reacciones espontáneas. No me encontraba en el país en el momento en que se decidió tal atropello, pero al leerlo en las noticias me vino a la memoria la actitud de los faraones egipcios y de los vencedores romanos, de donde proviene la expresión latina damnatio memoriae, utilizada cuando se ordenaba la eliminación y condena de todo rastro de un personaje o de su memoria: sus imágenes y monumentos. Sin embargo, la historia ha demostrado que estos actos, lejos de borrar el pasado, terminan siendo inútiles. La motivación última de semejante salvajada no se justifica ni por la situación política que vivimos actualmente en Panamá ni por la inestabilidad democrática del mundo. Tampoco guarda relación con ninguna pretensión de hegemonía sobre el Canal de Panamá, que sirve a todas las naciones. Resulta imperativo acatar las órdenes presidenciales de reconstruir el monumento, porque este representa al pueblo chino, parte integral e importante de nuestra composición demográfica e histórica. Los Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El reto de un enero eterno Identidad gos jóvenes, representados por estudiantes del Instituto Nacional, quienes organizaron una marcha con la convicción de que el civismo era nuestra mejor arma. Esa certeza fue compartida por jóvenes como Ofelia Rodríguez y Carmen Vergara, quienes, ignorando la advertencia policial de que “las chicas no van”, marcharon custodiando los hilos de una insignia que no estaba hecha para la guerra. No era una bandera de gala con ojales metálicos; era un símbolo frágil de seda, sostenido apenas por cintas. Cuando esa seda se desgarró en Balboa, no se rompió únicamente una tela: se hirió la dignidad de un pueblo que ya no aceptaba ser extranjero en su propia tierra. Recordar es saber que la bandera fue rota; mantener viva la memoria es entender por qué esa fragilidad logró unir a todo un país. El saldo de 21 fallecidos y más de 300 heridos no es solo una cifra, sino el precio de nuestra integridad territorial. Esta memoria activa exige también rescatar la humanidad de sus protagonistas. No honramos el legado de 1964 si permitimos que la historia minimice el papel de mujeres como Ofelia, o si convertimos a Ascanio Arosemena en una figura inánime de piedra. Él no murió empuñando un arma, sino sosteniendo a un herido para que no cayera. Ese gesto —sencillo, solidario y profundamente humano— dice más sobre el patriotismo que cualquier consigna. La memoria de Ascanio nos recuerda que el héroe no es quien busca el conflicto, sino Emily V. Rujano Borrar de la memoria histórica Damnatio memoriae Hace escasas dos semanas, la noche del 29 de diciembre, por sugerencia y/o por orden de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, se destruyó el monumento que conmemoraba los 150 años de la presencia china en nuestro país, ubicado a un costado oeste del Puente de las Américas. Se trataba de un monumento construido en 2004 por la comunidad china, que incluía una pagoda, un arco y dos leones de piedra que custodiaban simbólicamente las construcciones del lugar. La reacción popular no se hizo esperar, incluyendo la del presidente José Raúl Mulino, quien calificó el acto de destrucción como “imperdonable” y solicitó su reconstrucción en el mismo sitio. La comunidad chinos originales y sus descendientes hemos convivido en estrecha colaboración en este país. No siempre ha sido una relación exenta de tensiones; ha tenido momentos álgidos, pero la fuerza del vínculo humano ha prevalecido. Hoy, los nombres y apellidos chinos circulan ampliamente en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos de este país multiétnico y multicultural. Un pequeño ejemplo personal: soy nieto de un chino que llegó a Panamá, junto con sus dos hermanos, a fines del siglo XIX, y que se casó con una mujer china nacida en el poblado de Matachín. De esa unión nació mi padre, quien creció en una de las Islas de las Perlas (San José), y cuyo padre finalmente se radicó en Jaqué, un pequeño poblado del Darién. Esta es también la historia de cientos de panameños con ancestros chinos que han contribuido, con la ética de su trabajo, sus conocimientos profesionales y su compromiso comunitario, a la construcción de la identidad del ser panameño. No se diga más: somos panameños-chinos. Opinión EL AUTOR es psicólogo clínico y orientalista. LA AUTORA es egresada del LLAC 2025. quien protege al prójimo en medio de él. Mantener viva la memoria implica una responsabilidad que el simple recuerdo suele evadir. Hoy, la soberanía ya no se disputa frente a alambres de púas, sino ante nuevas cercas invisibles: la indiferencia, la falta de integridad y una apatía ciudadana que es, en el fondo, una forma silenciosa de olvido. Cada vez que permitimos que la desidia gestione nuestro futuro, levantamos de nuevo los muros que los mártires ayudaron a derribar. Recordar el 9 de enero sin asumir sus consecuencias presentes es permitir que su sacrificio pierda sentido. El desafío del Panamá actual es transformar la conmemoración en coherencia. Mantener viva la memoria significa construir un país donde la ética no sea un discurso ocasional, sino una práctica cotidiana, defendida con la misma determinación con la que aquellos jóvenes sostuvieron su bandera. Cada esfuerzo por un país más transparente es una forma concreta de ejercer la soberanía que nos heredaron. La lucha de 1964 no terminó con los Tratados Torrijos-Carter; continúa en la fiscalización del ejercicio del poder y en la exigencia de un Estado que rinda cuentas a sus ciudadanos. Que la bandera que corona el Cerro Ancón no sea solo un punto fijo en el horizonte, sino un recordatorio de que la libertad es una responsabilidad que se ejerce cada día. Recordar es fácil; mantener viva la memoria exige decisión. Su lucha nos dio la tierra. Lo que todavía estamos decidiendo es si somos, día tras día, dignos de ella. Cada 9 de enero, Panamá recuerda. Se repiten los actos oficiales, las banderas a media asta y los discursos solemnes. Sin embargo, en medio de ese protocolo, surge una pregunta que no siempre estamos dispuestos a responder: ¿es lo mismo recordar que mantener viva la memoria? Una fecha puede permanecer intacta en el calendario mientras su sentido se desgasta en la práctica. Ahí comienza la verdadera pérdida. Para quienes hoy habitamos un país sin las cercas que dividieron nuestro territorio, esa diferencia es vital. La investigación de Wendy Tribaldos, plasmada en su libro 9 de enero de 1964: lo que no me contaron, nos permite revivir la crudeza de una gesta que el tiempo ha intentado suavizar. Al rescatar los detalles que la historia oficial ha simplificado, la gesta deja de ser una narración acartonada y se revela como lo que fue: una experiencia profundamente humana y dolorosa. Detrás de la movilización hubo liderazRamón Arturo Mon Cultura, un privilegio Festival de Jazz Hagamos pedagogía, que consiste en diagnóstico, pronóstico y solución. Danilo Pérez atribuye la reducción del Festival de Jazz de Panamá a la falta de apoyo de la Autoridad de Turismo y de la Alcaldía de Panamá, a la vez que agradece a MiCultura su respaldo, garantizado por ley, a un proyecto que se acerca con éxito a los veinticinco años de existencia. El diagnóstico: la mayoría de los panameños cree que la cultura es un privilegio, no un derecho. De allí que opinen que un festival como este, que tiene un impacto real en la vida de miles de jóvenes, debe ser costeado por la fundación que lo convoca o por la empresa privada. Para muchos —y eso le conviene al sistema— la cultura sobra. El pronóstico: poco a poco irá languideciendo. La asignación por ley de MiCultura no será suficiente; los días se irán acortando y el impacto irá menguando. Y eso que muchos músicos panameños estuvieron en el origen mismo del jazz y que varios de nuestros compatriotas han sido dignos exponentes del género. Pero eso no basta para un amplio sector de la sociedad. La solución pasa por ser más pedagógicos. El Festival es, en sí mismo, una muestra de la importancia del jazz, pero los entusiastas de la ignorancia han logrado instalar en la conciencia social la idea de que la cultura es una yeyesada, no una vaina del pueblo. La responsabilidad es compartida entre MiCultura, Meduca y la voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo: “Entre todos la matamos y ella sola se murió”. Espero que el pronóstico sea fallido y que seamos capaces de enseñar que la cultura es asunto de todos. En ella nos jugamos la memoria reflexiva que necesitaremos para los tiempos complejos que se nos vienen encima. Por el “apellido” del Festival nos estamos haciendo todas estas preguntas, pero no lo duden: muchas iniciativas culturales se han perdido —y se pierden— por ser anónimas, y eso también destruye el tejido cultural del país. EL AUTOR es escritor. Pedro Crenes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón centralización, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría de la Administración y los municipios. La reforma de 2025 se ejecutó “a tambor batiente”, sin un diagnóstico serio de las debilidades reales de la justicia comunitaria ni de las necesidades de la población. Al parecer, el único objetivo era la sustitución masiva de los jueces de paz. El resultado, como se evidenció en enero de 2026, ha sido el caos operativo. La Ley 467 de 24 de abril de 2025, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 25, establece que el nombramiento de nuevos jueces comunitarios debe realizarse de forma escalonada, bajo supuestos específicos: • En corregimientos donde no existiera un juez o mediador nombrado. • En aquellos lugares donde los períodos de los jueces actuales estuvieran por terminar. • Donde el nombramiento original no se hubiese efectuado siguiendo el proceso de selección previsto en la Ley 16 de 2016. Es fundamental subrayar que los jueces y mediadores seleccionados bajo la Ley 16 de 2016 debieron permanecer en sus cargos hasta culminar sus períodos. No obstante, el Ministerio de Gobierno optó por un “borrón y cuenta nueva”, contrario a lo establecido en la propia Ley 467. La norma no autorizaba una remoción masiva, sino un proceso de transición ordenado. Además, la remoción de un juez comunitario exige un procedimiento adInstitucionalidad vs. control político Justicia comunitaria En abril de 2025, al sancionar la Ley 467, que subrogó la Ley 16 de 2016, mediante la cual se instituyó la justicia comunitaria de paz, el presidente de la República calificó la normativa anterior como un desastre. Afirmó que los jueces actuaban a su antojo y que todos debían ser reemplazados por “inútiles”. Lo que el Ejecutivo no comprendió es que el problema no radicaba en los jueces ni en la letra de la ley, sino en la ausencia de liderazgo institucional por parte del Ministerio de Gobierno y en la inexistencia de una política pública, dotada de presupuesto, dirigida a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de la cohesión social. Los verdaderos responsables fueron las entidades llamadas a capacitar, vigilar, dotar de presupuesto y sancionar las malas prácticas. Basta recordar que la Ley 16 creó una Comisión Interinstitucional coordinada por el Ministerio de Gobierno que rara vez se reunía, reflejando la inercia de instituciones como la Secretaría Nacional de Desministrativo específico, que fue ignorado, al igual que los protocolos para las nuevas designaciones. Las violaciones a la Ley 467 son múltiples: se nombraron jueces sin concurso y se destituyó a quienes contaban con estabilidad y períodos vigentes. Esto constituye un claro acto de extralimitación de funciones. Todo indica que el trasfondo es el control de las planillas y el dominio político. Controlar las Casas de Justicia Comunitaria en todo el país facilita objetivos partidistas y el control de la población a nivel local. Ante esta situación, corresponde a la Asamblea Nacional exigir rendición de cuentas sobre la implementación de la ley y a la Corte Suprema de Justicia resolver con celeridad los amparos de garantías constitucionales presentados. La ciudadanía, por su parte, tiene la responsabilidad de exigir el cumplimiento de los espacios de participación previstos en la Ley 467, como la Comisión de Evaluación y Supervisión Disciplinaria, donde puede intervenir directamente en la selección de los jueces. El respeto a la institucionalidad comienza en la base. Invertir en una justicia comunitaria es invertir en democracia y paz social. La participación ciudadana no es un adorno en el proceso de selección, sino el pilar que asegura que cada Casa de Justicia sea un espacio de diálogo y no una oficina de represión o control político. Solo mediante la vigilancia ciudadana y una selección transparente, sin tintes partidistas, será posible reconstruir la confianza en la justicia más primaria. LA AUTORA es abogada. Magaly Castillo
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==