8A La Prensa Panamá, lunes 12 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. enfrentan sobrecostos que duplican presupuestos iniciales; mientras las grandes mineras globales dudan en comprometer capital a nuevas operaciones, Panamá cerró una mina que ya estaba construida, operando y generando producción. El timing no podría ser más desastroso. La industria del cobre enfrenta una realidad implacable: desarrollar una nueva mina desde el descubrimiento hasta la producción toma, en promedio, 18 años. Los depósitos fáciles ya fueron explotados. Los nuevos yacimientos son de menor capacidad, más profundos y más complejos. Europa está prácticamente cerrada a la minería. Estados Unidos carece de la capacidad de fundición. Incluso expandir minas existentes es extraordinariamente difícil y costoso. BHP estima que invertir $5,000 millones en Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, apenas mantendrá la producción actual. Frente a esta realidad global, la decisión panameña de cerrar Cobre Panamá parece aún más inexplicable. No estamos hablando de un proyecto teórico o de una promesa de inversión futura. Hablamos de una operación que representaba inversión extranjera directa por más de $10,000 millones, la mayor en la historia panameña. Hablamos de miles de empleos directos y decenas de miles indirectos, de desarrollo de capacidades locales y de encadenamientos productivos que beneficiaban a proveedores panameños en todo el país. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Inversión democrática o premio político? Financiamiento público El financiamiento público electoral, o como se le conoce popularmente “subsidio electoral”, en Panamá tiene como fundamento el fortalecimiento de la democracia a través de reglas claras de equidad, transparencia y legitimidad en la competencia política. Este mecanismo permite que partidos grandes y pequeños dispongan de un piso mínimo de recursos, disminuyendo la dependencia de aportes privados y favoreciendo la pluralidad política. Adicionalmente, al estar bajo la supervisión del Tribunal Electoral y de la ciudadanía, contribuye a prevenir la infiltración de recursos ilícitos, como los provenientes del narcotráfico, la corrupción o el financiamiento extranjero indebido. También incentiva la formación política, la participación de mujeres y jóvenes, y el fortalecimiento institucional de los partidos más allá de los períodos electorales. En cuanto a su sostenibilidad, el modelo panameño asigna un monto equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Estado. Este nivel de financiamiento puede considerarse razonablemente positivo, dado que busca garantizar la igualdad de condiciones en la competencia. Sin embargo, su eficacia no debe medirse únicamente por el porcentaje asignado, sino por la capacidad de los partidos de traducir esos recursos en educación política, mayor inclusión y transparencia. Por ello, se vuelve necesario establecer mecanismos de seguimiento y evaluación periódica que midan si este financiamiento está cumpliendo con los fines que lo justifican. De no ser así, podría revisarse hacia un porcentaje menor, siempre bajo el principio de no debilitar la democracia representativa ni abrir nuevamente la puerta al dominio del dinero privado y potencialmente ilícito. En definitiva, el financiamiento público electoral debe verse como una inversión en la confianza ciudadana, que solo se legitima plenamente si se acompaña de transparencia, fiscalización y resultados visibles en la calidad de la democracia panameña. Los ciudadanos debemos estar vigilantes, ya que muchos perciben o interpretan este financiamiento público como un subsidio o “premio” que recibe el partido o el candidato ganador, en lugar de un instrumento para fortalecer la democracia. Esta visión puede disminuir la legitimidad del mecanismo, aun cuando exista seguimiento y control. Por ello, es fundamental que el Tribunal Electoral y los partidos comuniquen claramente el destino y los resultados de los fondos, mostrando que su propósito central es fortalecer la institucionalidad y consolidar la democracia panameña, y no otorgar ganancias a los políticos. ‘Novus ordo seclorum’ Multipolaridad Por otro lado, el retorno de Rusia como actor disruptivo, con un énfasis revisionista del orden liberal impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea, ha contribuido a debilitar y fragmentar aún más el sistema internacional. El sistema comercial global vivió sus años más expansivos durante la primera década del siglo XXI. No obstante, tras el auge de las cadenas de suministro transnacionales y el dominio del multilateralismo, emergió un creciente disenso respecto a la globalización. A partir de 2010 se produjo un auge del proteccionismo y del nacionalismo económico, reflejado en movimientos políticos populistas como el Brexit —la salida del Reino Unido de la Unión Europea— y en la política exterior estadounidense de “America First”, expresión del distanciamiento del liberalismo tradicional, de las uniones supranacionales y del multilateralismo. La Unión Europea y el Mercosur El 9 de enero de 2026, la mayoría de los países miembros de la Unión Europea respaldaron el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la Unión Europea y el Mercosur, aunque Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría votaron en contra. El Parlamento Europeo deberá ahora aprobarlo; sin embargo, al ser la Comisión Europea —liderada por Ursula von der Leyen— la entidad competente en materia comercial, se espera que esta viaje próximamente a Sudamérica para la firma oficial del acuerdo. Entre los principales argumentos en contra del ALC se encuentran el rechazo político y el creciente descontento hacia tratados percibidos como lesivos para la soberanía nacional. Las protestas de los agricultores europeos contra el acuerdo trascienden el ámbito agrícola. Representan tensiones estructurales propias de un orden mundial en transición y reflejan los cuestionamientos a la globalización liberal y a sus efectos adversos en las democracias avanzadas. En otras palabras, el consenso posglobalización se ha erosionado, y sectores estratégicos perciben que el libre comercio ya no los favorece, lo que debilita la legitimidad interna de la Unión Europea como potencia normativa global. Invierno de descontento en Irán Medio Oriente atraviesa un nuevo ciLuis Credidío Se te salió el cobre Inversión extranjera Mientras el mundo se apresta a enfrentar una crisis de suministro de cobre sin precedentes, Panamá observa detrás de la barrera, habiendo cerrado voluntariamente una de las minas de cobre más importantes del hemisferio occidental. La decisión de cerrar la operación de First Quantum en Cobre Panamá en 2023 no fue simplemente un error económico: fue un acto de autosabotaje nacional en vísperas de la mayor bonanza en la historia moderna del cobre. Los datos son contundentes. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) proyecta que la demanda mundial de cobre crecerá explosivamente durante las próximas dos décadas. La electrificación global, impulsada por vehículos eléctricos, energía renovable, centros de datos e inteligencia artificial, requerirá entre seis y siete millones de toneladas adicionales de cobre anualmente para 2030. Esta demanda simplemente no existe en ningún plan minero actual. Goldman Sachs, BHP, Wood Mackenzie y otras firmas analíticas coinciden: nos dirigimos hacia una escasez estructural en el suministro del cobre. Los precios, inevitablemente, se multiplicarán. Aquí radica la tragedia panameña. Mientras Chile invierte $83,000 millones para apenas incrementar su producción de 5.3 a 5.5 millones de toneladas para 2033; mientras proyectos como QB2, en Chile, El argumento ambiental, aunque políticamente efectivo, ignora que toda actividad económica moderna depende del cobre. Cada computadora, cada vehículo eléctrico, cada turbina eólica, cada panel solar, cada centro de datos requiere cobre. La electrificación que todos proclamamos desear es imposible sin este metal. Cerrar nuestra propia producción no reduce la demanda global: simplemente traslada la explotación a jurisdicciones con estándares ambientales frecuentemente inferiores a los de First Quantum en Panamá. Desde una perspectiva de economía política, el cierre de Cobre Panamá representa el triunfo del populismo sobre la racionalidad económica. Friedrich Hayek nos advirtió sobre los peligros del constructivismo social: la creencia de que sociedades complejas pueden ser diseñadas según ideales abstractos, ignorando el conocimiento disperso que solo emerge a través de procesos de mercado. El contrato de concesión, negociado durante años entre múltiples administraciones, representaba precisamente ese conocimiento acumulado sobre condiciones técnicas, económicas y ambientales. Desecharlo debido a la presión callejera fue rechazar la institucionalidad misma. Más grave aún: el precedente establece que ninguna inversión de largo plazo es segura en Panamá. Si un contrato respaldado por múltiples gobiernos, revisado por la Corte Suprema y operando exitosamente puede ser cancelado unilateralmente, ¿qué inversionista serio considerará proyectos multimillonarios aquí? La inseguridad jurídica tiene costos invisibles, pero devastadores. Mientras el precio del cobre se prepara para duplicarse o triplicarse en los próximos años, Panamá habrá dejado escapar una oportunidad histórica. No por falta de recursos minerales, sino por falta de visión económica y coraje político. Opinión EL AUTOR es expresidente de la Junta Nacional de Escrutinio (1994–1998, 1999). EL AUTOR es director de la Fundación Libertad. EL AUTOR es internacionalista. Roberto Lombana clo de intentos de cambio político con las protestas iniciadas a finales de diciembre de 2025. Los iraníes han salido a las calles ante el desplome de la moneda y las severas condiciones económicas, elevando las tensiones regionales e internacionales. Esto ocurre luego de que el presidente estadounidense advirtiera a los líderes iraníes que no reprimieran a la población civil, señalando que, de hacerlo, Estados Unidos respondería en consecuencia. De prosperar, estas protestas no solo pondrían fin a más de 45 años de un régimen autoritario, sino que también recordarían la Primavera Árabe y el peso que tiene la movilización ciudadana cuando exige el fin de décadas de opresión en una de las regiones más inestables del planeta. La transición a la democracia en Venezuela El presidente estadounidense Donald Trump ha sostenido que uno de sus objetivos es convertir al hemisferio occidental en un espacio más seguro. Sin embargo, puede argumentarse que, desde la perspectiva de seguridad de la actual administración, aún resulta prioritario estabilizar Venezuela hasta convertirla en un país atractivo para la inversión extranjera. Ello se acompaña de presiones para modificar la política interna de países como Cuba o Colombia, sobre los cuales Trump ha sido particularmente explícito. En este contexto, las relaciones interamericanas han entrado en una nueva fase, donde uno de los objetivos centrales de Washington es limitar la influencia china y rusa en el hemisferio occidental. Nuevo orden mundial Con el fin del libre comercio apolítico, los fracasos de las organizaciones internacionales y la creciente desconfianza hacia los gobiernos supranacionales para proteger los intereses de sus ciudadanos, las potencias globales ya no son socios predecibles para los mercados emergentes y el Sur Global. El mundo se encuentra en una búsqueda constante de alternativas, mientras los poderes tradicionales reconfiguran sus estrategias de influencia dentro de un sistema multipolar. Este escenario ha derivado en una renegociación del orden liberal basado en reglas y en una creciente primacía de las políticas domésticas sobre la gobernanza internacional. Desde la época de la unipolaridad estadounidense, posterior al fin de la Guerra Fría, el mundo ha transitado hacia un sistema de relaciones internacionales más fragmentado y menos ordenado. El gobierno del presidente Joe Biden marcó un punto de inflexión en el liderazgo global de Estados Unidos, un liderazgo que ya mostraba signos de desgaste. A inicios de la década de 2000, Estados Unidos era la potencia dominante no solo en el ámbito militar, sino también en el financiero y el tecnológico. Sin embargo, con la crisis financiera de 2008, la fragilidad del sistema financiero internacional evidenció que ese liderazgo ya no era incuestionable. Este proceso, sumado al resurgimiento de la República Popular China (RPC) como una de las principales potencias mundiales y al desgaste financiero que representaron las guerras de Afganistán e Irak, acentuó la polarización interna estadounidense. Aunque ello no provocó que Estados Unidos dejara de ser un actor central, sí visibilizó profundas divisiones en torno al orden mundial dentro de la comunidad internacional. Esencialmente, la transición de la RPC de potencia emergente a actor estructural del sistema internacional —especialmente en el comercio mundial— redireccionó la manera de estudiar las relaciones internacionales y el sistema jurídico internacional en su conjunto. Se configuró así una nueva lógica de competencia estratégica que redefinió el equilibrio global entre las naciones. China expandió su influencia a través de su rol como la “fábrica del mundo” —basta revisar la procedencia de los productos en nuestros hogares para constatar que casi todos tenemos algo hecho en China—, el proyecto de inversión de la Franja y la Ruta, y el crecimiento sostenido de su poder militar y tecnológico. Panamá cerró una de las mayores minas de cobre del hemisferio justo cuando el mundo entra en una escasez histórica del metal clave para la electrificación y la transición energética global. Surse Pierpoint Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==