1A La Prensa Panamá, lunes 12 de enero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 12 de enero de 2026 - Año 45 - Nº 15259 Hoy por hoy El inicio del juicio Odebrecht esta semana coloca al sistema de justicia frente a una prueba que trasciende lo penal. No se trata solo de juzgar hechos del pasado, sino de responder a una exigencia presente: demostrar que la ley alcanza a todos y que la impunidad no es la norma. Durante años, la dilación procesal erosionó la confianza ciudadana y proyectó hacia afuera la imagen de un país incapaz de cerrar sus grandes casos de corrupción. Hoy, esa percepción debe empezar a revertirse. La seguridad jurídica que requieren las inversiones —en especial las extranjeras— no se sustenta únicamente en estabilidad macroeconómica o reglas claras, sino en la certeza de que los delitos se sancionan y que el poder no garantiza impunidad. Un Estado que no castiga la corrupción de alto nivel debilita su credibilidad institucional y encarece su futuro. El juicio Odebrecht es, por tanto, una oportunidad decisiva: o se consolida el principio de responsabilidad, o se confirma que en Panamá la justicia sigue siendo selectiva. La democracia, la economía y la confianza internacional dependen de que esta vez el sistema responda. Ellas.pa Agatha Christie, 50 años sin la maestra del misterio 5B Lucca González llega a Lima tras un año intenso en 4B Deportes Panorama EUA despliega 50 marines para entrenamiento de panameños 7A Economía Grupo de universidades compran el Santa Fe 2B Proponen eliminar el carácter vitalicio al servicio de escolta a expresidentes Un anteproyecto impulsado por el diputado Jhonathan Vega, que será discutido en la Comisión de Gobierno, fija un límite de 10 años al servicio de escolta de los expresidentes. VEA 6A Gómez: Odebrecht muestra los más altos niveles de corrupción Juan Manuel Díaz [email protected] El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, señaló que el caso OdeBLANQUEO DE CAPITALES El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, sostiene que no existe riesgo de prescripción debido al tiempo y a las actuaciones procesales continuas. El juicio se ha aplazado seis veces. brecht, cuyo juicio inicia hoy, evidencia los niveles más altos de corrupción, con esquemas de carácter transnacional y modalidades propias de la delincuencia organizada, lo que ha obligado al Ministerio Público a desplegar investigaciones complejas y cooperación internacional sostenida. El proceso llega a juicio por séptima ocasión, tras seis suspensiones previas, y se sustenta en un expediente de 2,973 tomos. En esta etapa están llamados a juicio 27 imputados ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, mientras que otros cuatro deberán ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia por ostentar fuero penal al ser diputados del Parlacen: el expresidente Juan Carlos Varela, el exministro Jaime Ford y los hermanos Ricardo AlSupercopa Barça celebra otro título ante el Madrid El presidente del Barcelona, Joan Laporta (centro), y los jugadores celebran con el trofeo tras ganar la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2), en Yeda, Arabia Saudita. Este es el título número 16 del equipo dirigido por el alemán Hansi Flick. El brasileño Raphinha fue designado como el jugador más valioso de la Supercopa. VEA 4B EFE La Zona Libre de Colón cerró 2025 con un giro en el último trimestre, luego de que hasta septiembre el valor de sus transacciones acumulaba una caída. El repunte de las reexportaciones permitió mejorar el resultado anual, aunque el balance dejó una señal clara: se movió más carga, pero a menor valor, en un año marcado por aranceles de Estados Unidos y tensión geopolítica. VEA 1B COMERCIO Petroleras aumentarán inversiones en Venezuela La ZLC se recuperó en la rectafinal del año 2025 Estados Unidos afirma que, tras reuniones con grandes petroleras, se acelerarán inversiones para aumentar la producción y reactivar infraestructura energética en Venezuela. El plan genera dudas por el deterioro operativo del país. VEA 3B COMBUSTIBLE Desfile de Mil Polleras, perosin agua certificada A días cinco días del desfile de las Mil Polleras que celebrará este sábado 17 de eneero en Las Tablas, las provincias de Herrera y Los Santos siguen sin agua potable certificada. Aunque las plantas operan, la población depende de cisternas mientras autoridades esperan resultados de laboratorio y plazos oficiales. VEA 7A CRISIS HÍDRICA berto y Luis Enrique Martinelli Linares. La Fiscalía Anticorrupción busca probar delitos de blanqueo de capitales, dentro de un entramado de corrupción vinculado a la adjudicación de proyectos de infraestructura. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, lunes 12 de enero de 2026 Panamá se sumó ayer al grupo de países que rechazan un nuevo recuento de votos de las elecciones presidenciales en Honduras ordenado por el poder Ejecutivo de ese país encabezado por Xiomara Castro. A través de un comunicado, la Cancillería panameña informó que se adhiere al manifiesto firmado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. De igual forma, este bloque de países repudió las acciones violentas ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y condenó “todo acto de violencia política que busque alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño”. Reafirmaron su reconocimiento a la proclamación realizada por el máximo ente electoral de Honduras a favor del candidato Nasry Asfura, cuyo triunfo —indicaron— se produjo tras elecciones validadas por misiones internacionales, las cuales “confirmaron la voluntad de millones de hondureños”. Los países firmantes también instaron a todas las fuerzas políticas a respetar el orden democrático, con el Panamá y otros países rechazan acción electoral del Ejecutivo en Honduras ELECCIONES fin de garantizar una transición pacífica. El sábado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una reunión del Consejo de Ministros, que iniciara “de inmediato” un conteo “de todos los votos” de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, pese a que el ente electoral ya había declarado a los ganadores de los comicios. El CNE proclamó el 24 de diciembre a Nasry Asfura como presidente electo, con el 40,26 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,54%, mientras que la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, obtuvo el 19,19% de los sufragios. Septiembre de 2022, algunos de los fiscales que han trabajado en el caso Odebrecth. La fiscal Ruth Morcillo participará hoy en la audiencia. Archivo Caso Odebrecht, la hora del juicio Juan Manuel Díaz [email protected] José González Pinilla [email protected] JUSTICIA Con un expediente de 2,973 tomos, 27 imputados y acusaciones por blanqueo de capitales y delincuencia organizada, arranca el juicio Odebrecht, uno de los mayores casos de corrupción del país. A 10 años de iniciadas las investigaciones en el caso Odebrecht, el Ministerio Público presentará unas 160 pruebas, más de 60 testigos y 12 asistencias judiciales para sustentar la acusación por blanqueo de capitales a través de sociedades fantasmas, en un juicio que arranca hoy y que ya se ha suspendido en seis ocasiones. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, considera -sin embargo- que no existe riesgo de prescripción, debido a la naturaleza de los delitos investigados y a las múltiples actuaciones procesales realizadas a lo largo del proceso, las cuales han interrumpido de manera continua los plazos legales. Por esta razón, sostuvo que el caso se encuentra plenamente vigente y en condiciones de avanzar a juicio. El expediente consta actualmente de 2,973 tomos, lo que refleja la magnitud del proceso, la pluralidad de imputados y la complejidad de las diligencias desarrolladas durante la última década. Consultado por La Prensa, Gómez estimó que el caso Odebrecht no es un hecho aislado, sino una muestra de los niveles más altos de corrupción que han operado en el país, caracterizados por esquemas transnacionales, uso de estructuras societarias ficticias y mecanismos propios de la delincuencia organizada. Reveló que en este caso se tramitaron 146 asistencias judiciales internacionales, lo que demuestra la necesidad de acopiar información proveniente de otras jurisdicciones y, por ende, la urgencia de adecuar las normas legales para facilitar ese acopio, eliminando formalidades que hoy dificultan la obtención de pruebas. El procurador explicó que una de las principales limitantes en este tipo de investigaciones es la legislación bancaria especial, que establece un plazo de cinco años para acceder a información bancaria archivada una vez finalizada la relación con el cuentahabiente. Reconoció que esta restricción retrasa el análisis de la trazabilidad del dinero y afecta la capacidad investigativa del Ministerio Público. Lo que pretende probar la fiscalía La Fiscalía Anticorrupción busca demostrar que funcionarios panameños, directivos de Odebrecht y testaferros movilizaron millones de dólares en coimas, que luego fueron introducidos en el sistema financiero nacional para asegurar la adjudicación de proyectos de infraestructura a la empresa brasileña. Entre las pruebas figura el acuerdo alcanzado por Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el cual la empresa admitió que entre 2010 y 2014 pagó $59 millones en sobornos, incluidos pagos a funcionarios panameños. Otra de las pruebas admitidas es el acuerdo de culpabilidad alcanzado por los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares con las autoridades estadounidenses, contenido en la sentencia expedida el 27 de mayo de 2022 por el juez Richard Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York. En ese acuerdo, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal —uno de los imputados en este proceso— admitieron que conspiraron para blanquear $28 millones en sobornos de Odebrecht, utilizando el sistema bancario estadounidense, aunque sostuvieron que actuaron siguiendo instrucciones de su padre. Ambos fueron condenados a tres años de prisión, expulsados de Estados Unidos y se les confiscaron $18.9 millones. En esta etapa del proceso están llamados a juicio 27 imputados ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Otros cuatro deberán ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, al ostentar fuero penal electoral por su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen): el expresidente Juan Carlos Varela, el exministro Jaime Ford y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. En el juicio que inicia hoy solo será procesado Ricardo Martinelli Berrocal, mientras que sus hijos serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia, debido a su condición de diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Acuerdos de colaboración Entre las pruebas también figuran los acuerdos de colaboración pactados con Olivio Rodríguez Junior y Luis Eduardo Da Rocha Soares, entre otros, que acreditan pagos ilícitos en beneficio de exfuncionarios y políticos panameños, así como los mecanismos utilizados para las transferencias. Asimismo, la fiscalía incorporó la declaración de Fredy Barco Vera, quien explicó cómo Odebrecht incrementaba sus ingresos mediante sobreprecios en contratos con el Estado, en proyectos como el Saneamiento de la Bahía, la Autopista Madden-Colón y la Cinta Costera III, particularmente a través del encarecimiento de materiales como el acero. El Ministerio Público también alcanzó un acuerdo de colaboración con el abogado Mauricio Cort, quien declaró que recibía instrucciones del exministro de Obras Públicas Federico Suárez y de los hermanos Martinelli Linares para abrir sociedades y cuentas bancarias en Andorra, con el fin de ocultar los fondos destinados al pago de sobornos. La Fiscalía Anticorrupción ha incluido, además, asistencias judiciales provenientes de Brasil, Colombia, República Dominicana, Portugal, Estados Unidos, Suiza, Andorra, Uruguay, Perú, Austria y Barbuda, entre otros países. Otra prueba relevante es el testimonio de Carlos Ho, exdirector de proyectos del Ministerio de Obras Públicas, quien relató que Odebrecht entregaba dinero en efectivo y mediante tarjetas de crédito. También fue admitido el acuerdo de colaboración de Wu Yu Sheng con las autoridades brasileñas, relacionado con la sociedad Apple Power Limited, que transfirió fondos a B.K. Rekhatek en beneficio del sujeto apodado “Cachaza”, por instrucción de Vinicius Veiga Borin, responsable de la Caja Dos de Odebrecht. Recursos dilatorios Desde que se inició la investigación en 2015, tras una denuncia presentada por el excontralor Alvin Weeden (q.e.p.d.), el Ministerio Público ha enfrentado más de 120 recursos, incluidos incidentes de nulidad, falta de competencia, doble juzgamiento y habeas corpus, cuya tramitación obligó a suspender diligencias en varias etapas del proceso. Solo en la audiencia preliminar de septiembre de 2022, la jueza Baloisa Marquínez resolvió 21 incidentes de nulidad, relacionados con alegaciones de falta de competencia y doble juzgamiento. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia y el Primer Tribunal Superior de Justicia mantienen en trámite dos amparos de garantías constitucionales. En la Corte reposa un amparo vinculado a Aaron Mizrachi Malca, mientras que el Primer Tribunal debe resolver otro presentado por el exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu. Xiomara Castro dice que las declaraciones de Donald Trump perjudicaron a su candidata Rixi Moncada. EFE Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Una trama global que empezó en Brasil El caso Odebrecht se originó en Brasil como una derivación de la Operación Lava Jato, una investigación iniciada en 2014 para desmantelar una red de corrupción vinculada a la petrolera estatal Petrobras. Lo que comenzó como un caso de lavado de dinero terminó revelando un sistema transnacional de sobornos, mediante el cual la constructora brasileña Odebrecht pagó coimas a funcionarios y políticos de múltiples países para obtener contratos de obras públicas. La empresa creó una estructura paralela conocida como la División de Operaciones Estructuradas, dedicada exclusivamente al pago y ocultamiento de sobornos a través de sociedades offshore, cuentas bancarias en paraísos fiscales y transferencias internacionales. En diciembre de 2016, Odebrecht firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza, en el que admitió haber pagado más de $788 millones en sobornos en al menos 12 países de América Latina y África.
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6A La Prensa Panamá, lunes 12 de enero de 2026 Panorama El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores (Hugo Chavez y Nicolás Maduro)”. “Pero ya no más!”, espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que “la mayoría de esos cubanos están muertos por el último ataque de Estados Unidos” y Venezuela ahora cuenta con el ejército “más poderoso” del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse. Así, “¡no habrá más petróleo, ni dinero (de Venezuela) para cuba!”: “¡cero! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, añadió el republicano, que desde la captura de Nicolás Maduro vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto. Tras aludir a que Cuba proporcionó “a los dos últimos dictadores” venezolanos “servicios militares” a cambio del petróleo y el dinero que ha permitido a la isla “sobrevivir” durante muchos años, Trump se congratuló de que “la mayoría” de los militares cubanos murieron tras el ataque perpetrado por fuerzas estadounidenses la semana pasada en Venezuela, que Trump: ‘Cuba no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela’ BLOQUEO acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Tras esa operación, “Venezuela ya no necesita protección” de los cubanos, “los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años”, agregó el presidente y magnate estadounidense. Porque Venezuela -abundó- ahora cuenta con Estados Unidos y su ejército, “con diferencia” el “más poderoso del mundo”, para “protegerlos”. “Y los protegeremos”, aseguró Trump. La operación ‘Resolución Absoluta’ del pasado día 3, como se bautizó a la maniobra de Estados Unidos para deponer a Nicolás Maduro al frente de Venezuela, causó al menos la muertes de 56 militares, 32 de ellos cubanos, según el Gobierno de La Habana. VEA 3B Personal del Servicio de Protección Institucional (SPI). Cortesía Proponen poner fin al servicio de escolta vitalicio de los expresidentes Eliana Morales Gil [email protected] EFE LEGISLACIÓN El anteproyecto propone que el servicio se otorgue por un plazo máximo de 10 años, contados a partir del cese de funciones presidenciales. En la lista de proyectos que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional debe discutir en los próximos días figura una propuesta que busca poner límites al servicio de escolta oficial que reciben los expresidentes de la República, un beneficio de carácter vitalicio. La iniciativa fue presentada por el diputado Jhonathan Vega, de la bancada independiente Vamos, y plantea una reforma integral al régimen de escolta y seguridad personal para los exmandatarios, con el argumento de ajustar ese esquema a criterios de racionalidad, proporcionalidad y control del gasto público. El anteproyecto propone que el servicio se otorgue por un plazo máximo de 10 años, contados a partir del cese de funciones presidenciales. Solo en situaciones excepcionales, cuando exista una amenaza comprobada, la protección podría prorrogarse de forma temporal, previa evaluación del Ministerio de Seguridad Pública y con la autorización del presidente de la República. Además, se fija un límite de hasta cuatro escoltas por expresidente y se establece que el servicio solo podrá utilizarse para fines estrictamente vinculados a la seguridad personal. Cualquier uso con propósitos políticos, empresariales o particulares conllevaría la suspensión inmediata del beneficio. Secretaria solo por dos años El texto también reconoce el derecho a un servicio de secretaría durante los dos años posteriores al término del mandato presidencial, con personal adscrito al Ministerio de la Presidencia y considerado servidor público. Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es su aplicación retroactiva. De aprobarse, todos los expresidentes quedarían sujetos al nuevo marco legal, sin importar el período en que ejercieron el cargo. Para ello, la propuesta deroga la Ley 55 de 1996, que estableció el servicio de escolta de carácter indefinido para los expresidentes de la República. Desde 1989, cuando se restableció la democracia, Panamá ha tenido ocho presidentes. Guillermo Endara encabezó el primer gobierno del período democrático, entre 1989 y 1994, y falleció en 2009. Le siguieron Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo y el actual mandatario, José Raúl Mulino. Martinelli está asilado en Colombia desde el año pasado para esquivar su condena por blanqueo de capitales producto del caso New Business. El fallo de 2023 Cada cierto tiempo, el tema vuelve a la escena pública. En un fallo de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia dio un espaldarazo a la vigencia del servicio de escolta de carácter indefinido para los expresidentes, así como al acceso a un servicio de secretaría durante los cinco años posteriores a la finalización de su mandato. Con ese fallo, los magistrados desestimaron una demanda de inconstitucionalidad contra ese régimen, al considerar que no cumplía con los requisitos formales exigidos por el Código Judicial. La acción fue presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien cuestionó el carácter amplio del régimen de protección previsto en la Ley 55 de 1996 y sus normas reglamentarias. En particular, alegó que los decretos ejecutivos 434 y 435, ambos del 24 de junio de 2014, que reglamentaron dicha ley, establecieron cantidades “exorbitantes” de escoltas asignados a los expresidentes. Según el planteamiento del demandante, la aplicación de esos decretos implicaría destinar al menos 30 agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) por cada expresidente, considerando que se trata de un servicio permanente que opera las 24 horas del día y requiere turnos rotativos de personal. La Ley 55 de 1996 también concede seguridad por un plazo de 10 años a quien haya ejercido el cargo de primera dama y por cinco años a los hijos del expresidente. ‘Un mínimo de 12 escoltas’ Antes de dejar el gobierno, en junio de 2019, el entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela, emitió el Decreto Ejecutivo 172, del 10 de junio de 2019, que modificó el decreto ley que creó en 1999 el Servicio de Protección Institucional, para incluir como beneficiarios del servicio de escolta, además de los expresidentes, al cónyuge y a los hijos. Ese decreto también elevó la cantidad de agentes del SPI asignados a los expresidentes, al pasar de “hasta 12” a “un mínimo de 12”, y dejó a discreción del Ejecutivo la posibilidad de variar temporalmente el número de unidades según el nivel de riesgo. Asimismo, prevé la asignación de escoltas a familiares dentro del primer grado de consanguinidad y excluye del beneficio a los expresidentes que sean condenados por la comisión de un delito mediante sentencia debidamente ejecutoriada. En la exposición de motivos del anteproyecto, Vega sostiene que “se trata de consolidar una democracia donde el servicio público sea exactamente eso: un servicio, y no una fuente de privilegios duraderos”. Añade que, con esta modificación, “se envía un mensaje claro a la ciudadanía: en Panamá no hay ciudadanos de primera y segunda clase, y quienes han dirigido los destinos de la nación se reintegran plenamente a la comunidad, sujetos a las mismas normas que todos”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos hizo los comentarios en su red social Truth Social. EFE Tal Cual Mónica Palm [email protected] DÍA D. ¿Cuántas veces hemos escrito una glosa diciendo que empieza el juicio de los sobornos de Odebrecht? Ha pasado tanto tiempo desde que inició la instrucción del caso que la empresa incluso cambió de nombre. ¿Será que esta vez sí sucederá? ¿O los imputados y sus abogados todavía tendrán en su bolsa de trucos otros ardides para seguir postergando este proceso hasta que muera por causas naturales? DUDA. La onda expansiva de Odebrecht es tal que ha alcanzado otros procesos. El Órgano Judicial informó que por dos días se suspendería la audiencia del caso Fisher y todo parece indicar que la razón es que la relatora del tribunal es Baloisa Marquínez, quien también es la jueza del caso Odebrecht. Pero esa suspensión es solo de dos días. ¿Por qué? Muy probablemente se deba a que, de esa forma, se evita suspender innecesariamente el caso Fisher en caso de que surja uno de esos eventos que hacen necesario fijar una nueva fecha para el juicio de Odebrecht. Sea lo que sea que suceda, seguramente no nos sorprenderá. IMPUNIDAD. Juicios como el de Odebrecht no se celebrarían si existiera una norma como la que ahora propone Martinelli: que, si transcurridos cinco años desde el inicio de la investigación no hay una sentencia ejecutoriada en firme, se declare la nulidad del caso. Esa es una norma hecha a la medida de aquellos que pueden gastar su dinero en abogados que presenten recursos dilatorios. Él sabe bastante de eso. APODERADO. Ruth Morcillo es la fiscal del caso Odebrecht. Recientemente se conoció que fue transferida a otro puesto, por lo que ya no será fiscal anticorrupción. Aunque ese movimiento no la excluye (de momento…) del juicio de Odebrecht, sí la aparta de otros casos, como el de Blue Apple. Uno de los imputados en este proceso es Jorge “Churro” Ruiz, cuyo abogado defensor era nada menos que el actual procurador, Luis Carlos Gómez Rudy. Ya va siendo hora de conocer cuáles son las razones para transferir a la fiscal Morcillo. Si el procurador no tiene tiempo, puede hacerlo a través de un comunicado. Ese doble estándar deja muchas dudas.
7A La Prensa Panamá, lunes 12 de enero de 2026 Panorama El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a 48, 18 y 15 meses de prisión a un grupo de siete personas por el delito de peculado en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP). A través del edicto No. 19, fijado en el tablero del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se informó a las partes sobre la sanción de 48 meses de cárcel impuesta a Marta Valdés, Gloria Burgos y Jaime Rivera por el delito de peculado doloso. En tanto, se aplicó una condena de 18 meses de prisión a Marcelis Medina y de 15 meses de cárcel a Xiomara Macías, Henry Sáez y Gina Yipson por el delito de peculado culposo. La investigación se inició en 2019, tras detectarse el otorgamiento irregular de 59 préstamos para la adquisición de viviendas en el área de Arraiján, gestionados por una promotora. Durante las pesquisas se determinaron irregularidades en la documentación aportada. La fiscalía estableció que las fichas de la Caja de Seguro Social, las cartas de trabajo e incluso las cartas de referencia presentadas para acceder a los préstamos habían sido alteradas o falJuzgado condena a exfuncionarios del Banco Nacional de Panamá por peculado JUSTICIA sificadas. Además, se comprobó que varias de las cartas laborales correspondían a empresas ficticias. En una inspección realizada por el banco al proyecto habitacional, se constató que las viviendas tenían un valor real de $35 mil, muy por debajo de los $62 mil y $75 mil en los que habían sido valuadas. Inicialmente, el caso fue declarado nulo por el Juzgado Quinto Penal Liquidador; sin embargo, el Segundo Tribunal de Justicia revocó esa decisión y ordenó llamar a juicio a los implicados. Entre los sancionados figuran exfuncionarios del BNP, quienes, junto con particulares, se asociaron para la obtención irregular de los préstamos. Mirada general del paso del río La Villa, entre las provincias de Herrera y Los Santos. Alexander Arosemena Azuero sigue sin agua potable: faltan pruebas y certificaciones Aleida Samaniego C. [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] CRISIS HÍDRICA Los principales núcleos de población en Azuero suman casi ocho meses sin agua potable certificada. Aunque las plantas operan, las autoridades mantienen restricciones mientras avanzan pruebas y certificaciones oficiales. Las provincias de Herrera y Los Santos cumplen casi ocho meses sin acceso a agua potable directamente del grifo. Aunque las plantas potabilizadoras que abastecen la región de Azuero fueron suspendidas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) tras las intensas lluvias de mayo de 2025 y la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, posteriormente retomaron operaciones bajo estrictos controles. Sin embargo, el agua que actualmente llega a los hogares no ha sido certificada como potable. Las autoridades sanitarias no han autorizado su consumo humano, por lo que la población continúa dependiendo de agua embotellada, camiones cisterna y otras fuentes alternas para cubrir una necesidad básica. La situación ocurre luego de que, en distintos momentos, las autoridades anunciaran que el problema estaría resuelto primero en noviembre y, posteriormente, en diciembre. Sin embargo, ambas fechas transcurrieron sin que el agua fuera certificada como potable, mientras el tiempo sigue corriendo y la población de Herrera y Los Santos continúa sin poder consumir el agua que llega a sus hogares. Desde hace varios meses, el Idaan ejecuta labores de desinfección y limpieza en las plantas potabilizadoras de la región. En las últimas semanas, los trabajos se han intensificado con el objetivo de avanzar en la normalización del sistema, en medio de la cercanía del Desfile de las Mil Polleras, previsto para el sábado 17 de enero. No obstante, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que la certificación de potabilidad depende de pruebas de laboratorio cuyos resultados pueden tardar algunos días. Aun así, aseguró que el monitoreo de la calidad del agua es permanente. Equipos del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Saneamiento (Disapas) se mantienen en campo realizando evaluaciones continuas. “Nadie va a decirle a la población que consuma el agua si no estamos 100% seguros de que es potable”, subrayó el ministro, al precisar que solo los informes técnicos permitirán autorizar oficialmente su consumo. La fecha límite Por su parte, el director del Idaan, Rutilio Villarreal, indicó que el 2 de febrero es la fecha límite establecida para culminar todas las intervenciones en la región de Azuero. Aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma y que se trata de una operación inédita en el país. Villarreal explicó que aún resta cerca del 40 % del plan de intervención, siendo la ciudad de Chitré el punto más complejo, debido a la magnitud del sistema. Señaló, además, que los niveles de materia orgánica en el río han disminuido de manera sostenida desde septiembre y que actualmente se ubican dentro de los rangos históricos. No obstante, recalcó que esta mejora no implica bajar la vigilancia. “Seguimos aplicando protocolos de monitoreo constante, junto con el Ministerio de Ambiente en la estación del río Estibaná, para mantener controles y activar alertas tempranas”, precisó. Mientras las autoridades aseguran avances técnicos y cumplimiento de cronogramas, miles de residentes en Herrera y Los Santos continúan sin poder beber el agua que sale de sus propios grifos, tras casi ocho meses de restricciones. La normalización del sistema sigue supeditada a los resultados de laboratorio y a certificaciones oficiales, en un contexto en el que el acceso al agua potable —un servicio esencial— permanece condicionado. La situación vuelve a evidenciar la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento en Azuero y la necesidad de soluciones estructurales que eviten que emergencias similares se prolonguen durante meses, trasladando el costo y la incertidumbre a la población. Las familias de Azuero esperan volver a llenar sus tanques y abrir el grifo sin miedo. Han sido meses de espera, de filas y de un aprendizaje forzado sobre el valor del agua. Hoy, mientras el Idaan avanza hacia la restauración del servicio, la región entera recuerda que la sequía y la contaminación no se vencen solo con maquinaria, sino también con planificación, conciencia y compromiso institucional Unos 50 infantes de la Marina de Estados Unidos participarán en un programa de entrenamiento conjunto en Panamá, que se desarrollará en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino. El adiestramiento iniciará este lunes 12 de enero y se extenderá hasta el 26 de febrero de 2026, con la participación de 61 agentes especializados del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública, los marines estadounidenses permanecerán en el país durante todo el desarrollo del programa. La entidad precisó que este ejercicio se realiza en el marco de la “histórica cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos”, con el objetivo de fortalecer las capacidades técniEUA despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas SEGURIDAD cas, tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad panameños. El Ministerio destacó que estos entrenamientos están orientados a mejorar la interoperabilidad, la preparación profesional y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales. Además, señaló que, junto con los ejercicios PANAMAX, contribuyen al fortalecimiento de la seguridad nacional, así como a la protección del Canal de Panamá y de los intereses estratégicos del país. La presencia de personal militar estadounidense en el istmo se ha visto reforzada tras el aumento de la cooperación en materia de seguridad, acordada mediante un memorándum firmado en abril de 2025 entre ambos Estados. En su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump ha dirigido una política frontal hacia América Latina y el Caribe en cuanto a reducir la migración de sur a norte, minimizar una supuesta “influencia maligna” de China en la región y, más recientemente, impulsar una “lucha contra el narcotráfico” en la región. José González Pinilla [email protected] La Fiscalía Anticorrupción linvestigó a varios funcionarios por peculado en perjuicio del Banco Nacional de Panamá. Cortesía Miembros de estamentos de seguridad de Panamá reciben entrenamiento del Comando Sur. Cortesía/Minseg
8A La Prensa Panamá, lunes 12 de enero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. enfrentan sobrecostos que duplican presupuestos iniciales; mientras las grandes mineras globales dudan en comprometer capital a nuevas operaciones, Panamá cerró una mina que ya estaba construida, operando y generando producción. El timing no podría ser más desastroso. La industria del cobre enfrenta una realidad implacable: desarrollar una nueva mina desde el descubrimiento hasta la producción toma, en promedio, 18 años. Los depósitos fáciles ya fueron explotados. Los nuevos yacimientos son de menor capacidad, más profundos y más complejos. Europa está prácticamente cerrada a la minería. Estados Unidos carece de la capacidad de fundición. Incluso expandir minas existentes es extraordinariamente difícil y costoso. BHP estima que invertir $5,000 millones en Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, apenas mantendrá la producción actual. Frente a esta realidad global, la decisión panameña de cerrar Cobre Panamá parece aún más inexplicable. No estamos hablando de un proyecto teórico o de una promesa de inversión futura. Hablamos de una operación que representaba inversión extranjera directa por más de $10,000 millones, la mayor en la historia panameña. Hablamos de miles de empleos directos y decenas de miles indirectos, de desarrollo de capacidades locales y de encadenamientos productivos que beneficiaban a proveedores panameños en todo el país. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Inversión democrática o premio político? Financiamiento público El financiamiento público electoral, o como se le conoce popularmente “subsidio electoral”, en Panamá tiene como fundamento el fortalecimiento de la democracia a través de reglas claras de equidad, transparencia y legitimidad en la competencia política. Este mecanismo permite que partidos grandes y pequeños dispongan de un piso mínimo de recursos, disminuyendo la dependencia de aportes privados y favoreciendo la pluralidad política. Adicionalmente, al estar bajo la supervisión del Tribunal Electoral y de la ciudadanía, contribuye a prevenir la infiltración de recursos ilícitos, como los provenientes del narcotráfico, la corrupción o el financiamiento extranjero indebido. También incentiva la formación política, la participación de mujeres y jóvenes, y el fortalecimiento institucional de los partidos más allá de los períodos electorales. En cuanto a su sostenibilidad, el modelo panameño asigna un monto equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Estado. Este nivel de financiamiento puede considerarse razonablemente positivo, dado que busca garantizar la igualdad de condiciones en la competencia. Sin embargo, su eficacia no debe medirse únicamente por el porcentaje asignado, sino por la capacidad de los partidos de traducir esos recursos en educación política, mayor inclusión y transparencia. Por ello, se vuelve necesario establecer mecanismos de seguimiento y evaluación periódica que midan si este financiamiento está cumpliendo con los fines que lo justifican. De no ser así, podría revisarse hacia un porcentaje menor, siempre bajo el principio de no debilitar la democracia representativa ni abrir nuevamente la puerta al dominio del dinero privado y potencialmente ilícito. En definitiva, el financiamiento público electoral debe verse como una inversión en la confianza ciudadana, que solo se legitima plenamente si se acompaña de transparencia, fiscalización y resultados visibles en la calidad de la democracia panameña. Los ciudadanos debemos estar vigilantes, ya que muchos perciben o interpretan este financiamiento público como un subsidio o “premio” que recibe el partido o el candidato ganador, en lugar de un instrumento para fortalecer la democracia. Esta visión puede disminuir la legitimidad del mecanismo, aun cuando exista seguimiento y control. Por ello, es fundamental que el Tribunal Electoral y los partidos comuniquen claramente el destino y los resultados de los fondos, mostrando que su propósito central es fortalecer la institucionalidad y consolidar la democracia panameña, y no otorgar ganancias a los políticos. ‘Novus ordo seclorum’ Multipolaridad Por otro lado, el retorno de Rusia como actor disruptivo, con un énfasis revisionista del orden liberal impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea, ha contribuido a debilitar y fragmentar aún más el sistema internacional. El sistema comercial global vivió sus años más expansivos durante la primera década del siglo XXI. No obstante, tras el auge de las cadenas de suministro transnacionales y el dominio del multilateralismo, emergió un creciente disenso respecto a la globalización. A partir de 2010 se produjo un auge del proteccionismo y del nacionalismo económico, reflejado en movimientos políticos populistas como el Brexit —la salida del Reino Unido de la Unión Europea— y en la política exterior estadounidense de “America First”, expresión del distanciamiento del liberalismo tradicional, de las uniones supranacionales y del multilateralismo. La Unión Europea y el Mercosur El 9 de enero de 2026, la mayoría de los países miembros de la Unión Europea respaldaron el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la Unión Europea y el Mercosur, aunque Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría votaron en contra. El Parlamento Europeo deberá ahora aprobarlo; sin embargo, al ser la Comisión Europea —liderada por Ursula von der Leyen— la entidad competente en materia comercial, se espera que esta viaje próximamente a Sudamérica para la firma oficial del acuerdo. Entre los principales argumentos en contra del ALC se encuentran el rechazo político y el creciente descontento hacia tratados percibidos como lesivos para la soberanía nacional. Las protestas de los agricultores europeos contra el acuerdo trascienden el ámbito agrícola. Representan tensiones estructurales propias de un orden mundial en transición y reflejan los cuestionamientos a la globalización liberal y a sus efectos adversos en las democracias avanzadas. En otras palabras, el consenso posglobalización se ha erosionado, y sectores estratégicos perciben que el libre comercio ya no los favorece, lo que debilita la legitimidad interna de la Unión Europea como potencia normativa global. Invierno de descontento en Irán Medio Oriente atraviesa un nuevo ciLuis Credidío Se te salió el cobre Inversión extranjera Mientras el mundo se apresta a enfrentar una crisis de suministro de cobre sin precedentes, Panamá observa detrás de la barrera, habiendo cerrado voluntariamente una de las minas de cobre más importantes del hemisferio occidental. La decisión de cerrar la operación de First Quantum en Cobre Panamá en 2023 no fue simplemente un error económico: fue un acto de autosabotaje nacional en vísperas de la mayor bonanza en la historia moderna del cobre. Los datos son contundentes. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) proyecta que la demanda mundial de cobre crecerá explosivamente durante las próximas dos décadas. La electrificación global, impulsada por vehículos eléctricos, energía renovable, centros de datos e inteligencia artificial, requerirá entre seis y siete millones de toneladas adicionales de cobre anualmente para 2030. Esta demanda simplemente no existe en ningún plan minero actual. Goldman Sachs, BHP, Wood Mackenzie y otras firmas analíticas coinciden: nos dirigimos hacia una escasez estructural en el suministro del cobre. Los precios, inevitablemente, se multiplicarán. Aquí radica la tragedia panameña. Mientras Chile invierte $83,000 millones para apenas incrementar su producción de 5.3 a 5.5 millones de toneladas para 2033; mientras proyectos como QB2, en Chile, El argumento ambiental, aunque políticamente efectivo, ignora que toda actividad económica moderna depende del cobre. Cada computadora, cada vehículo eléctrico, cada turbina eólica, cada panel solar, cada centro de datos requiere cobre. La electrificación que todos proclamamos desear es imposible sin este metal. Cerrar nuestra propia producción no reduce la demanda global: simplemente traslada la explotación a jurisdicciones con estándares ambientales frecuentemente inferiores a los de First Quantum en Panamá. Desde una perspectiva de economía política, el cierre de Cobre Panamá representa el triunfo del populismo sobre la racionalidad económica. Friedrich Hayek nos advirtió sobre los peligros del constructivismo social: la creencia de que sociedades complejas pueden ser diseñadas según ideales abstractos, ignorando el conocimiento disperso que solo emerge a través de procesos de mercado. El contrato de concesión, negociado durante años entre múltiples administraciones, representaba precisamente ese conocimiento acumulado sobre condiciones técnicas, económicas y ambientales. Desecharlo debido a la presión callejera fue rechazar la institucionalidad misma. Más grave aún: el precedente establece que ninguna inversión de largo plazo es segura en Panamá. Si un contrato respaldado por múltiples gobiernos, revisado por la Corte Suprema y operando exitosamente puede ser cancelado unilateralmente, ¿qué inversionista serio considerará proyectos multimillonarios aquí? La inseguridad jurídica tiene costos invisibles, pero devastadores. Mientras el precio del cobre se prepara para duplicarse o triplicarse en los próximos años, Panamá habrá dejado escapar una oportunidad histórica. No por falta de recursos minerales, sino por falta de visión económica y coraje político. Opinión EL AUTOR es expresidente de la Junta Nacional de Escrutinio (1994–1998, 1999). EL AUTOR es director de la Fundación Libertad. EL AUTOR es internacionalista. Roberto Lombana clo de intentos de cambio político con las protestas iniciadas a finales de diciembre de 2025. Los iraníes han salido a las calles ante el desplome de la moneda y las severas condiciones económicas, elevando las tensiones regionales e internacionales. Esto ocurre luego de que el presidente estadounidense advirtiera a los líderes iraníes que no reprimieran a la población civil, señalando que, de hacerlo, Estados Unidos respondería en consecuencia. De prosperar, estas protestas no solo pondrían fin a más de 45 años de un régimen autoritario, sino que también recordarían la Primavera Árabe y el peso que tiene la movilización ciudadana cuando exige el fin de décadas de opresión en una de las regiones más inestables del planeta. La transición a la democracia en Venezuela El presidente estadounidense Donald Trump ha sostenido que uno de sus objetivos es convertir al hemisferio occidental en un espacio más seguro. Sin embargo, puede argumentarse que, desde la perspectiva de seguridad de la actual administración, aún resulta prioritario estabilizar Venezuela hasta convertirla en un país atractivo para la inversión extranjera. Ello se acompaña de presiones para modificar la política interna de países como Cuba o Colombia, sobre los cuales Trump ha sido particularmente explícito. En este contexto, las relaciones interamericanas han entrado en una nueva fase, donde uno de los objetivos centrales de Washington es limitar la influencia china y rusa en el hemisferio occidental. Nuevo orden mundial Con el fin del libre comercio apolítico, los fracasos de las organizaciones internacionales y la creciente desconfianza hacia los gobiernos supranacionales para proteger los intereses de sus ciudadanos, las potencias globales ya no son socios predecibles para los mercados emergentes y el Sur Global. El mundo se encuentra en una búsqueda constante de alternativas, mientras los poderes tradicionales reconfiguran sus estrategias de influencia dentro de un sistema multipolar. Este escenario ha derivado en una renegociación del orden liberal basado en reglas y en una creciente primacía de las políticas domésticas sobre la gobernanza internacional. Desde la época de la unipolaridad estadounidense, posterior al fin de la Guerra Fría, el mundo ha transitado hacia un sistema de relaciones internacionales más fragmentado y menos ordenado. El gobierno del presidente Joe Biden marcó un punto de inflexión en el liderazgo global de Estados Unidos, un liderazgo que ya mostraba signos de desgaste. A inicios de la década de 2000, Estados Unidos era la potencia dominante no solo en el ámbito militar, sino también en el financiero y el tecnológico. Sin embargo, con la crisis financiera de 2008, la fragilidad del sistema financiero internacional evidenció que ese liderazgo ya no era incuestionable. Este proceso, sumado al resurgimiento de la República Popular China (RPC) como una de las principales potencias mundiales y al desgaste financiero que representaron las guerras de Afganistán e Irak, acentuó la polarización interna estadounidense. Aunque ello no provocó que Estados Unidos dejara de ser un actor central, sí visibilizó profundas divisiones en torno al orden mundial dentro de la comunidad internacional. Esencialmente, la transición de la RPC de potencia emergente a actor estructural del sistema internacional —especialmente en el comercio mundial— redireccionó la manera de estudiar las relaciones internacionales y el sistema jurídico internacional en su conjunto. Se configuró así una nueva lógica de competencia estratégica que redefinió el equilibrio global entre las naciones. China expandió su influencia a través de su rol como la “fábrica del mundo” —basta revisar la procedencia de los productos en nuestros hogares para constatar que casi todos tenemos algo hecho en China—, el proyecto de inversión de la Franja y la Ruta, y el crecimiento sostenido de su poder militar y tecnológico. Panamá cerró una de las mayores minas de cobre del hemisferio justo cuando el mundo entra en una escasez histórica del metal clave para la electrificación y la transición energética global. Surse Pierpoint Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
1B La Prensa Panamá, lunes 12 de enero de 2026 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Último trimestre impulsó la recuperación de la ZLC Tras un saldo negativo hasta septiembre, la ZLC cerró el año con un repunte en reexportaciones, más movimiento de carga y ajustes operativos ante la presión de aranceles. La Zona Libre de Colón operó en 2025 con mayor rotación de mercancía y márgenes más estrechos, en medio de la incertidumbre global que reconfiguró rutas y decisiones de compra. Archivo Alex E. Hernández V. [email protected] Especial para La Prensa La actividad comercial de la Zona Libre de Colón (ZLC) cerró 2025 con un comportamiento marcado por contrastes. Tras un desempeño negativo durante los primeros nueve meses del año, el último trimestre mostró una recuperación significativa, impulsada principalmente por el repunte de las reexportaciones, en un contexto internacional condicionado por tensiones geopolíticas, ajustes financieros y cambios en la dinámica del comercio global. Hasta septiembre de 2025, el valor de las transacciones dentro de la ZLC registraba una caída acumulada de 8.2%, con un movimiento comercial entre importaciones (compras) y reexportaciones (ventas) que alcanzó los 17,106 millones de dólares en los primeros nueve meses del año. Este resultado reflejaba la incertidumbre generada por los elevados aranceles impuestos por Estados Unidos a China, Brasil y otros países, lo que ralentizó el comercio regional y llevó a muchos operadores a adoptar una postura más cautelosa. El comportamiento comenzó a cambiar a partir de octubre. Ese mes, las reexportaciones alcanzaron 3,231.2 millones de dólares, con un crecimiento de 151.4% frente a octubre de 2024 y un incremento de 229.4% en comparación con el mismo mes de 2023. La tendencia positiva se mantuvo en noviembre y se consolidó en diciembre, permitiendo que el cierre del año mostrara una recuperación frente al desempeño observado hasta septiembre. De acuerdo con el informe anual, el movimiento comercial total de la Zona Libre de Colón entre enero y diciembre de 2025 alcanzó 27,886.3 millones de dólares, un aumento de 11.9% frente a 2024, cuando se registraron 24,911.6 millones. Las reexportaciones sumaron 16,117.8 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 11.9%, mientras que las importaciones cerraron en 11,768.5 millones de dólares, reflejando una contracción de 7.3% en valor. En términos físicos, el movimiento de carga acumulado entre enero y diciembre de 2025 alcanzó 2,414.4 miles de toneladas métricas, lo que representó un incremento de 9.3% respecto al año anterior. Las importaciones concentraron 1,396.2 miles de toneladas métricas, con un crecimiento de 18%, mientras que las reexportaciones movilizaron 1,018.2 miles de toneladas métricas, con una leve contracción de 0.8%. Ajuste logístico Este comportamiento — más carga, pero menor valor— fue explicado por Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, antigua Asociación de Usuarios de la ZLC, quien señaló a La Prensa que el entorno geopolítico y financiero internacional influyó directamente en la dinámica comercial de la zona franca. “Sobre las cifras de 2025, en mi opinión no hay contradicción entre la caída en valor y el aumento en volumen. En la Zona Libre de Colón se movió más carga, pero a precios más bajos. Los precios internacionales bajaron, los fletes se normalizaron frente a años anteriores y los márgenes estuvieron más ajustados en toda la región”, explicó Eisenman. Añadió que el empresario hoy opera bajo una lógica distinta. “Con un costo del dinero más alto, ya no es eficiente tener inventario inmovilizado. La competencia está en qué tan bien manejas tu logística, tu cadena de suministros y la velocidad con la que rotas la mercancía, no en cuánto inventario tienes guardado. Se trabaja con stocks más livianos, más movimiento y mayor disciplina financiera”, indicó. Según Eisenman, este cambio explica por qué se observaron más operaciones y mayor volumen físico, pero un menor valor total acumulado. “No es una caída de actividad, es un mercado más racional y eficiente”, subrayó. Un ejemplo de esta dinámica se observó en rubros de alto volumen pero bajo valor unitario, como los juguetes, cuyo peso en la carga movilizada fue significativo, aunque su aporte al monto total resultó menor que el de mercancías como equipos electrónicos. El empresario explicó que varias compañías adquirieron inventario para la temporada navideña, pero parte de esa mercancía debía transitar por Estados Unidos y no podía hacerlo debido a los altos aranceles. Ante ese escenario, agregó, algunos importadores recurrieron a empresas instaladas en la Zona Libre de Colón para almacenar la carga mientras se estabilizaba la coyuntura. Además, la situación interna en Nicaragua, Costa Rica y Venezuela afectó la confianza de los empresarios de esos mercados para adquirir nuevos productos, lo que redujo el dinamismo de la demanda y llevó a operar con mayor cautela en las órdenes de compra y la rotación de inventarios. Venta y compra En el renglón de las importaciones, China se mantuvo como el principal proveedor en 2025, concentrando el 40.6% del valor total importado, aunque con precios más bajos frente a 2024. Le siguió Estados Unidos, con una participación de 8.8%, en un año marcado por los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump, que alteraron los flujos comerciales y elevaron costos en determinados rubros. Bélgica y Vietnam, ambos la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, lo que abrió interrogantes sobre el rumbo económico del país. Sobre este punto, Eisenman señaló que todo dependerá del desenlace de la situación actual, aunque destacó el potencial del mercado venezolano. “Desde el punto de vista económico, una vez se recupere la confianza, Venezuela es un mercado de alto consumo. Desde Panamá y desde la Zona Libre se pueden suplir muchos productos e insumos que ese mercado va a necesitar, lo que podría impulsar el comercio regional”, afirmó. El cierre de 2025 confirmó que, más allá de la volatilidad del entorno internacional, la Zona Libre de Colón continuó adaptándose a un comercio más eficiente, con mayor rotación de mercancía y un uso estratégico de su plataforma logística, a la espera de que el contexto global permita una recuperación más sostenida en valor. De cara a 2026, las perspectivas apuntan a un escenario más favorable para la Zona Libre de Colón, en parte por el aumento en la cantidad de empresas que operan dentro del complejo, que actualmente ronda las 2,800, por encima del promedio cercano a 2,600 observado en los últimos años. También se destaca la incorporación de Panamá al Mercosur como una oportunidad para dinamizar el movimiento comercial, no solo a través de importaciones y reexportaciones, sino con la posibilidad de atraer actividades de manufactura ligera dentro de la zona franca, ampliando su oferta más allá del almacenamiento y la redistribución. Los empresarios de la zona franca ven como positivos los cambios operativos orientados a mejorar la eficiencia y la trazabilidad, como la automatización de permisos de entrada y la actualización de los registros de propiedades para identificar con mayor claridad a propietarios y arrendatarios. En paralelo, nuevas construcciones han provocado traslados de oficinas que pueden generar la percepción de menor actividad en algunas áreas tradicionales, aunque la inscripción de más de 200 nuevas compañías en el último año sugiere un dinamismo empresarial al alza. En conjunto, el desempeño de la Zona Libre de Colón en 2025 reflejó un proceso de ajuste frente a un entorno internacional más complejo, en el que el crecimiento en volumen convivió con presiones a la baja en valor. La evolución de 2026 dependerá de la estabilización del contexto geopolítico, la normalización de los flujos comerciales y la capacidad del complejo para capitalizar los cambios operativos y las nuevas oportunidades regionales sin perder competitividad. COMERCIO EXTERIOR con 3.6%, México con 3.4% y Japón con 3.2% completaron el grupo de los cinco principales proveedores. En conjunto, estos países concentraron más del 60% de las importaciones de la ZLC, aunque con una tendencia común de mayor rotación de mercancía y menor valor unitario frente al año anterior. Las reexportaciones fueron el principal motor de la recuperación. Panamá encabezó los destinos con una participación de 16.6%, seguido por Venezuela (7.6%), Colombia (7.2%), Costa Rica (6.2%) y Guatemala (6.1%). En comparación con 2024, estos mercados mostraron un mayor dinamismo en volumen, aunque con márgenes más estrechos, en línea con el ajuste general de precios en la región. Estados Unidos también figuró entre los destinos relevantes, con una participación de 5.5% del total reexportado. Sin embargo, el comercio hacia ese mercado estuvo condicionado por las medidas arancelarias, lo que llevó a muchos operadores a redireccionar mercancía hacia otros países o a utilizar la Zona Libre como centro de almacenamiento mientras se esperaba una mejora en la coyuntura internacional. Venezuela se mantuvo en 2025 como uno de los principales compradores de mercancías desde la Zona Libre de Colón, tanto en valor como en volumen físico. No obstante, el futuro de ese mercado quedó marcado por la incertidumbre tras Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, antigua Asociación de Usuarios de la ZLC, señaló que los empresarios han ajustado sus operaciones a la nueva realidad internacional.. Archivo EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 88.73 251.85 Elevación sobre el nivel del mar en pies
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